Por lo tanto, es de esperarse que los efectos que tendría la guerra
sobre la economía norteamericana sean muy similares a los que tendría
sobre la economía nacional.
Hay muchos economistas y analistas políticos que afirman que las guerras
son una manera de estimular la economía de un país en crisis. Con base
en este tipo de argumento, se podría pensar entonces que la reacción
norteamericana a los atentados terroristas de Septiembre es, al menos en
parte, motivada por la desaceleración de la economía norteamericana.
Vale la pena revisar la experiencia de la guerra más reciente para
cotejar el argumento contra las cifras.
La última guerra en la que participó Estados Unidos es la del Golfo
Pérsico. De
acuerdo con la versión norteamericana, el conflicto se inició con la
invasión de
Irak a Kuwait en Agosto de 1990. Se conformó entonces una fuerza militar
multinacional comandada por los Estados Unidos, irónicamente Afganistán
formó parte de esa alianza, para iniciar los ataques a Irak a mediados
de Enero en 1991. La guerra terminó cuando Irak aceptó las condiciones
impuestas por la alianza a finales de Febrero del mismo año.
Las cifras sobre el crecimiento económico de los Estados Unidos, en la
etapa que
circunda a la guerra del golfo, sugieren refutar la hipótesis sobre el
efecto
estimulador que tienen las guerras en la economía de un país. En los dos
años
anteriores al conflicto, el crecimiento anual de los Estados Unidos
había
alcanzado tasas cercanas al 4%.
Sin embargo, en los primeros dos trimestres de 1990, justo antes del
conflicto, la
economía norteamericana comenzaba a desacelerarse. Una vez invadido
Kuwait,
la economía norteamericana registró tasas de crecimiento más bajas e
incluso
negativas; tocando fondo justo durante el primer trimestre de 1991,
etapa
correspondiente a la intervención armada norteamericana y su desenlace.
Sin
embargo, la economía continuó con tasas de crecimiento negativas todavía
medio
año después de la solución del conflicto.
Los conflictos armados parecen coincidir con las etapas en que la
economía sufre
una desaceleración. Se puede argumentar que un país estaría más
dispuesto a
participar en una guerra al inicio de una crisis económica, cuando
aparentemente
tiene menos que perder. Sin embargo, la evidencia más reciente parece
indicar que
una guerra no ayudaría a encontrar la salida de una crisis económica,
por el
contrario alargaría su duración.
La privatización de una industria, por sí misma, no garantiza
eficiencia. Al menos esa parece ser una de las lecciones derivadas de la
experiencia de la industria azucarera en México.
Después de un largo y difícil proceso de privatización, el Gobierno
desincorporó más de 44 ingenios a finales de 1990, no sin antes otorgar
fuertes concesiones para concretar las ventas: permitió la integración
vertical de ingenios con empresas de otros sectores, otorgó
financiamiento a los compradores compartiendo riesgos con ellos, y en
algunos casos, vendió por debajo del precio de referencia.
En su momento dichas concesiones parecían justificarse fácilmente en
términos de ganancias esperadas de eficiencia. Por una parte, el
Gobierno contribuiría con su plan de estabilización económica, que se
basaba en mantener un presupuesto equilibrado a fin de combatir la
inflación, y por otra, induciría al sector privado a invertir recursos
en una industria cuya modernización resultaba impostergable ante la
inminente apertura
comercial.
Para procurar dichos objetivos, el Gobierno llevó a cabo un proceso de
desregulación de la industria azucarera de manera simultánea a la
privatización de la misma1. Éste proceso consistió principalmente en
liberalizar el mercado nacional del azúcar: se eliminaron cuotas de
producción, se permitió que los precios del endulzante se determinaran
más conforme a mercado, y se retiraron los subsidios que durante años se
habían otorgado a este sector.
Quizá pocos economistas hubieran dudado que estas medidas,
instrumentadas con oportunidad, apuntarían en la dirección correcta.
Finalmente, la modernidad y el desarrollo eficiente de la industria
azucarera mexicana debería darse en un marco económico de apertura y
competencia bajo la administración del sector privado. ¿Porqué entonces
el Gobierno se ve en la necesidad de expropiar más de la mitad de los
ingenios a poco más de una década de haberlos privatizado?
¿Rápida apertura?
Para entender los problemas actuales de la industria azucarera mexicana
se debe destacar que esta industria se desarrolló tradicionalmente como
resultado del control y la protección otorgada por el Estado.
La aplicación de precios de garantía para la caña de azúcar, el
establecimiento de aranceles y cuotas a la importación de azúcar y sus
substitutos, la administración del precio de venta del endulzante, y
subsidios directos a la operación de ingenios
propiciaron un crecimiento desproporcionado y deficiente del sector.
Por lo anterior, una hipótesis atractiva para explicar los actuales
problemas financieros de más de la mitad de los ingenios azucareros es
que la apertura comercial del mercado del azúcar y sus substitutos fue
demasiado rápida para permitir la reconversión industrial y laboral que
necesitaba el sector para poder competir internacionalmente.
Veamos esta hipótesis con mayor detalle.
Al momento de ser privatizados, los ingenios requerían fuertes
inversiones para modernizarse y poder competir en condiciones de libre
mercado: por una parte necesitaban reemplazar su capital físico obsoleto
por nueva tecnología de punta, y
por otra, debían adecuar sus relaciones productivas-laborales a las
nuevas condiciones de competencia.
Ambos cambios implicaban un largo y complejo proceso de transformación
del sector en su conjunto que requería de una apertura gradual del
sector.
Sin embargo, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) trajo consigo una reducción inmediata de los
aranceles y de las cuotas correspondientes al comercio del azúcar de
caña y sus substitutos, de manera que la industria azucarera mexicana no
tuvo oportunidad de efectuar los cambios mencionados.
Un vistazo rápido a los saldos de la balanza comercial de México con
Estados Unidos en los renglones correspondientes a la industria
azucarera sugiere que no fue la apertura comercial en sí, sino medidas
proteccionistas instrumentadas posteriormente a la misma, las que
contribuyeron a los problemas financieros de los ingenios.
La figura 1 muestra que poco después de la apertura comercial México
comenzó a exportar enormes cantidades de azúcar a los Estados Unidos.
A diciembre de 1994, año en que entró en vigor el TLCAN, México
presentaba un déficit comercial con Estados Unidos en la balanza
azucarera por 12.1 millones de dólares.
Sin embargo, un año después el panorama era completamente distinto: a
diciembre de 1995 el déficit se había convertido en un superávit por 64
millones de dólares.
Si bien la devaluación del peso contribuyó al notable aumento de las
exportaciones mexicanas de azúcar a los Estados Unidos en 1995, no cabe
duda que la tendencia continuó a la alza una vez que este efecto se
había asimilado.
A diciembre de 1998 México se beneficiaba de un superávit comercial por
122.5 millones de dólares, es decir, casi el doble del superávit
observado a diciembre 1995.
Sin embargo, la imposición de cuotas a la importación de azúcar
proveniente de México en Estados Unidos produciría el desplome de las
ventas a partir de 1998.
A diciembre de 1999 y 2000 los superávit comerciales fueron de 27 y 29.7
millones de
dólares, respectivamente, mientras que a agosto del presente año el
superávit comercial apenas llegó a 7.8 millones de dólares.
Las cifras anteriores parecen indicar que la azúcar mexicana había sido
muy bien recibida por el mercado estadounidense.
Se debe evitar caer en la interpretación, no obstante, de que la bonanza
de las exportaciones de azúcar mexicana a los Estados Unidos
necesariamente se tradujo en una ampliación del mercado de la misma
magnitud.
La figura 2 muestra que en México la importaciones de otros azúcares,
entre los cuáles
destaca el jarabe de maíz con alta concentración de fructuosa, crecieron
substancialmente durante la década de los años 90.
Desde 1991 se observa un déficit comercial por 10.4 millones de dólares
en este renglón, el cual llegó a 43.8 millones de dólares en 1994, y
rebasó los 96 millones de dólares en 1997.
A partir de entonces el déficit revirtió su tendencia alcista, de manera
que a agosto de
presente año se registra un déficit comercial por 65.4 millones de
dólares.
Según la SECOFI (ahora Secretaría de Economía), las importaciones
crecientes de
jarabe de maíz con alta concentración de fructuosa se desarrollaron en
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional y
ocasionaban daño a la industria azucarera nacional.
Por ello, a partir del 23 de enero de 1998, esta dependencia impuso
cuotas compensatoria definitivas entre 55.37 y 175.50 dólares por
tonelada métrica a las importaciones de este endulzante.
Esta medida explica la disminución de la magnitud del déficit comercial
de México con
Estados Unidos en el renglón de otros azúcares desde entonces.
¿Fue entonces esta rápida apertura comercial causante de los problemas
financieros que
actualmente enfrenta la industria azucarera en México? La información de
balanza comercial presentada sugiere que la apertura comercial propició
inicialmente un aumento de las exportaciones de azúcar mexicana a los
Estados Unidos, pero al mismo tiempo, redujo las ventas en el tamaño del
mercado interno, al darse la sustitución del azúcar por el jarabe de
maíz con alto contenido de fructuosa en los proceso productivos de
diversas industrias.
Por ello, no parece correcto responsabilizar a la velocidad de la
apertura comercial de los problemas financieros que actualmente
enfrentan más de las mitad de los ingenios mexicanos.
Después de todo, la industria azucarera mexicana penetró rápidamente en
el mercado
estadounidense, de la misma manera que la industria de la fructuosa
norteamericana hizo lo propio en los mercados mexicanos.
La medidas proteccionistas instrumentadas posteriormente a la apertura
comercial de los actuales parece haber influido mayormente en los
actuales problemas financieros de los ingenios.
Si la imposición de cuotas en Estados Unidos a las importaciones de
azúcar Mexicana resulta ser más efectiva que la aplicación de impuestos
compensatorios en México a las importaciones de jarabe de maíz de alta
fructuosa como parece que es el caso3, los excedentes de azúcar mexicana
no podrán ser colocados, y no por falta de competitividad, sino por una
restricción al comercio.
Impacto laboral
La industria azucarera ha sido por muchos años la agroindustria más
grande del País y una fuente muy importante de empleo en el campo. Sin
embargo, la modernización de los ingenios requeriría eliminar
redundancias y flexibilizar el trabajo.
¿Significa esto que la privatización de ingenios y la apertura comercial
necesariamente implican pérdida de empleos en este sector? El cuadro 1
muestra cifras sobre el personal ocupado y las horas-hombre trabajadas
en la División de Productos Alimenticios, Bebidas y Tabacos, y en la
subdivisión Elaboración de Azúcar y Productos Residuales de la Caña,
ambas pertenecientes al sector manufacturero, desde la entrada en vigor
del TLCAN a la fecha.
Dos características saltan a la vista en este cuadro.
La primera es que tanto el personal ocupado como el número de
horas-hombre trabajadas en la industria azucarera se han reducido
constantemente desde la apertura comercial. La segunda es que la
importancia relativa de la industria azucarera como generadora de empleo
en la División también se ha reducido desde entonces.
De la información anterior, y considerando que las producción de azúcar
mexicana ha presentado una tendencia alcista en la década de los años
90, se puede concluir que la industria azucarera se ha redimensionado
desde que entró en vigor el TLCAN con el fin de elevar la productividad
del trabajo en los ingenios.
Este redimensionamiento, sin embargo, no debe implicar necesariamente
pérdidas de empleos en el campo.
Dado que los ingenios son unidades productivas mitad industriales y
mitad agrícolas, elevar la eficiencia operativa en la primera no debe
ser contraria a promover el funcionamiento de la segunda: ingenios más
productivos podrán procesar mayores cantidades de caña en beneficio de
los cañeros.
El problema de fondo parece ser la colocación de la producción de azúcar
de los ingenios mexicanos que se requiere para sostener el nivel de
empleo en los campos cañeros.
Antes de la apertura comercial el mercado nacional era suficiente para
comprar esta
producción. Con la apertura se dio un cambio en la composición del
mercado, pero todavía era posible para México colocar su producción.
Sin embargo, las cuotas impuestas por los Estados Unidos a las
importaciones de azúcar proveniente de México dejaron a este País con un
excedente que no sólo afecta la solvencia de ingenios, sino que pone en
peligro una importante fuente de empleo en el campo.
Por lo anterior, el futuro cercano de la industria azucarera parece
depender en buena medida de las condiciones de comercio que prevalezcan
para la azúcar de caña y sus substitutos con los Estados Unidos.
Lo difícil no es entrar al juego de libre comercio, sino hacer respectar
las reglas para que se juegue de una manera justa, en beneficio de todas
las partes involucradas.
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Es licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), maestro en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en economía por la Universidad de Essex. Ha impartido cátedra en la UANL, donde se desempeñó como profesor-investigador de tiempo completo, y también ha enseñado en el ITAM por asignatura. Trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México) cuatro años antes de iniciar sus estudios doctorales en el Reino Unido. Sus principales áreas de investigación son temas de macroeconomía internacional, economía monetaria y desarrollo económico. Actualmente se desempeña como asesor de la Junta de Gobierno en el Banco de México, y también imparte el curso Macroeconomía Abierta y Finanzas Internacionales para estudiantes de postgrado en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Desde enero de 2005 es miembro del Comité Técnico del Indicador IMEF del entorno empresarial mexicano (IIEEM).
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