SOBREVIVIR A LOS IMPAGADOS

Autor: CEIN

Gestión Financiera

09-2005

En las relaciones comerciales con clientes y proveedores, numerosas pymes se tienen que enfrentar a situaciones de impago. Elegir correctamente el tipo de contrato y disponer de información acerca de la solvencia del deudor son herramientas clave para asegurar el cobro.

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Hacer frente a impagados es una situación ante la que cualquier pyme se ha enfrentado en alguna ocasión. El incumplimiento de los plazos de pago repercute directamente en la liquidez de la empresa, por lo que conseguir que el impacto de los impagados sea el menor posible es básico.

Antes de establecer la relación comercial, y con el fin de evitar situaciones de impago, es necesario adoptar dos medidas preventivas básicas: información y contrato firmado.

Un contrato es la base de los intercambios comerciales -cuál es el producto o servicio que se va contratar, plazos de entrega, precio, modo de cobro, etc.-. Un contrato que no recoja todas las condiciones, una redacción defectuosa, o un incumplimiento, por parte del acreedor, de cualquiera de los aspectos acordados puede dar lugar a problemas posteriores. En ocasiones, la base para prevenir la morosidad está en la correcta elección y utilización de los instrumentos mercantiles (cheque, pagaré, letra de cambio, recibo, etc.). Un error en una factura puede ser el desencadenante de un proceso de impago.

Si disponer de información es siempre importante, quizás más en este caso: hay conocer la empresa con la que se va establecer una relación comercial (sea cliente o proveedor) que implicará un pago aplazado. Existen compañías especializadas en la elaboración de informes comerciales, que permiten conocer el capital, solvencia, créditos, etc. de la empresa. Es aconsejable solicitar este tipo de informes a priori, esto es, antes de establecer la relación comercial, aunque también es posible recurrir a ellos a posteriori, ante la situación de impago, con el fin de asegurar que el deudor puede responder a las obligaciones de pago contraidas.

Pero en ocasiones el impago puede venir de una empresa, digamos, conocida, por lo que la información que proporciona el contacto directo con los clientes y proveedores actuales favorece la detección de detalles o indicios de situaciones anormales posteriores.

Si el impago llega, lo primero que hay que hacer es actuar de forma inmediata. Esto no quiere decir ser inflexible, ya que en muchos casos no existe mala voluntad por parte del deudor, y puede tratarse de una situación de falta de solvencia puntual.

Si se establece un acuerdo entre el deudor y el acreedor, la gestión del recobro puede ser amistosa. La gestión prejudicial incluye las actuaciones tendentes a facilitar el acuerdo antes de acudir a la reclamación judicial; normalmente es aconsejable que estas actuaciones las lleven a cabo servicios jurídicos especializados en la gestión de cobro de impagos. El acreedor puede también lograr el resarcimiento de la deuda por vía ejecutiva (gestión extrajudicial) antes de llegar a la gestión judicial de la deuda (por la vía civil o penal).

La Comisión Europea hace referencia a las "onerosas cargas administrativas y financieras que pesan sobre las empresas", principalmente pymes, debido a los plazos de pago excesivos y a la morosidad. Según la Comisión, estos problemas son "una de las principales causas de la insolvencia que amenaza la propia supervivencia de las empresas y se traduce en la pérdida de numerosos puestos de trabajo". Un problema añadido son los diferentes plazos de pago de los Estados miembros, así como las diferencias en las normas y prácticas de pago, que "son un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior" según la Comisión.

La Directiva 2000/35/CE establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación). Esta directiva define "morosidad" como el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago.

Según esta directiva, el acreedor tendrá derecho a intereses de demora si ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales, y cuando no haya recibido a tiempo la cantidad debida, a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso. Siempre que el deudor sea responsable de ese retraso, el acreedor tendrá derecho a reclamarle una compensación por todos los costes de cobro que haya sufrido a causa de su morosidad. Los Estados miembros podrán fijar una cantidad máxima en lo que se refiere a los costes de cobro para diferentes cuantías de deuda, respetando los principios de transparencia y proporcionalidad respecto a la deuda de que se trate.

Si en el contrato no se fija la fecha o el plazo de pago, el interés de demora será pagadero automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento, 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente. En el caso de algunos tipos de contrato, que deberá definir cada Estado miembro, se podrán fijar el plazo de exigibilidad del pago de los intereses en un máximo de 60 días, siempre que obliguen a las partes contratantes a no rebasar dicha demora o cuando fijen un tipo de interés obligatorio sustancialmente superior al tipo legal.

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