En México la armonización contable ha muerto. Aunque se afirme que la vigencia de su Ley prueba lo contrario. Sin embargo, existen otros signos que indican que la Ley General de Contabilidad Gubernamental es incumplible y, por lo tanto, carente de sentido. En el fondo, la aprobación de esta Ley solamente ratificó la vigencia de la colonización intelectual que padece nuestro país. Sí, había que insertarse en la tendencia internacional, no obstante que en Europa su proceso llevó varias décadas en su implementación y que las condiciones financieras, humanas y materiales eran totalmente distintas. Más había que estar acorde a efecto que México dejara de estar en la “cola” de la armonización contable. Pero con la aprobación de tal Ley solamente se demostró que se prefirió estar en la cola del león y no ser cabeza de ratón. Dado que se prefirió implementar no solamente un sistema de contabilidad sino aceptar la visión y postulados de organismos y países, líderes y desarrollados, tal como si su pensamiento fuera sinónimo de verdad y aplicable en todo lugar. Y además, excluyendo otras opciones para mejorar la práctica contable, y por ende, la de auditoría y fiscalización generada desde nuestro país.
Génesis. La Ley General de Contabilidad Gubernamental se aprobó el 31 de diciembre de 2008.
Desarrollo. Se otorgaron plazos para su implementación. Pero, José Armando Plata, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental, en junio de 2013, afirmó “Lo más grave es que los gobiernos locales una vez más no estarán listos (…) precisó que, para la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable, se tiene como plazo para los estados a más tardar el 30 de junio de este año (2013), y para los municipios, en junio del 2015 (…) plazos que difícilmente se van a cumplir” (México, en la cola de la armonización contable: IMCP, El Economista, 19 de junio de 2013, negritas del autor).
Y ciertamente, en años posteriores los avances reportados no fueron los esperados. Y luego, el Instituto Mexicano para la Competitividad, informó que de acuerdo con el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG 2018) “Todas las entidades de la República violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.
Entonces, ¿ha beneficiado a los entes públicos la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Nada se sabe de los beneficios no obstante su supuesta importancia. Al contrario, se conocen sus incumplimientos derivados de las revisiones y auditorías a los entes. E, incluso, académicos afirman “La LGCG implementada en México (…) al estar dirigida fundamentalmente al gobierno, su aplicación en instituciones públicas como las universidades ha afectado negativamente el desarrollo de algunos procesos universitarios, como la investigación y extensión (…) Por tanto, constituye necesidad para el contexto mexicano establecer regulaciones contables específicas para instituciones públicas como las universidades” (Una mirada a la LGCG mexicana, Luis Carlos Gámez, Roberto Joya y María Luz Ortiz, Retos de la Dirección, vol.9, No. 2 Camagüey jul-dic. 2015, negrita del autor).
O, ¿ha beneficiado a los mexicanos la Ley General de Contabilidad Gubernamental?
En el principio se afirmó que traería beneficios en la rendición de cuentas, transparencia, y apertura en la difusión de la información financiera. Es más, el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) Carlos Cárdenas, aseguraba “La Ley General de Contabilidad Gubernamental permitirá conocer con oportunidad el desvío de recursos públicos” (Ibídem, México, en la cola de la armonización contable). Pero en días recientes del mes de agosto del 2019, la Fiscalía General de la República acusó a Rosario Robles (ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social) de participar en desvío de recursos por 5 mil millones de pesos. Dado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la revisión de la Cuenta Pública del período 2013, cuando el gobierno federal a través de 11 dependencias usó a universidades públicas para triangular recursos y entregarlos a empresas irregulares. Un año después la ASF insistió en el tema y durante el período 2014-2016 detectó el mismo modus operandi que la llevó a presentar denuncias penales en los años 2016 y 2017. Y, “Esta semana, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y Animal Político han presentado una investigación que pretende continuar el camino trazado por la Auditoría” (Así inició la investigación de #EstafaMaestra, Animal Político, 7 septiembre de 2017). Lo anterior muestra que no se conoció con oportunidad el desvío de recursos. Las denuncias penales por parte de la ASF permanecieron en la invisibilidad; sólo hasta que periodistas y la asociación civil investigaron y publicaron los hechos, el desvío fue conocido por la sociedad. Es decir, la LGCG no sirvió para conocer el desvío de recursos con oportunidad.
El día 9 de agosto del 2019, se informa de la entrevista de Azucena Uresti, del Grupo Fórmula, con Juan Manuel Portal, ex auditor superior (que concluyó su mandato el 31 de diciembre de 2017), según reveló el portal Animal Político y diario Milenio, donde aseveró que Enrique Peña Nieto sabía de los desvíos de recursos de la Estafa Maestra, “en una reunión que tuvo con el ex presidente le entregó un informe verbal de las irregularidades”. De lo anterior cabe mencionar, el Auditor Superior de la Federación es el enlace con la Comisión de la ASF de la Cámara, y éste tiene prohibido “Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia” según su normatividad. De comprobarse tal afirmación del ex auditor superior, y de no haber informado a la Comisión de Vigilancia de tal reunión y en los términos que se celebró, se estaría demostrando que el ex titular del máximo Órgano Rector de Fiscalización en México alejó, alteró o desvío a la Institución respecto a la razón de ser de sus responsabilidades. Además, ¿Por qué tardó casi dos años en hacerlo público?
Mientras la LGCG establece que “tiene como objeto establecer la adecuada armonización del sistema de información financiera” (artículo 1). Y que toda la normatividad que gira alrededor de esta Ley enfatiza la armonía, coordinación, estar acordes. La realidad pública va en sentido contrario. La dicotomía prevalece en detrimento de la unión. Por una parte, congresos que aprueban leyes y servidores públicos que sólo les resta ejecutar (Aguilar, Luis. 2012). Por ello, la Ley General de Contabilidad Gubernamental al no estar produciendo los resultados esperados se acusa del fracaso a los servidores públicos (carecen de capacitación y no se redoblan esfuerzos). Más el problema en la Ley se encuentra en su origen. Por ejemplo, académicos se confunden y justifican “La armonización contable surge de la necesidad de contar con información comparable y consolidada en materia financiera, económica y presupuestal del sector público” (Ibídem, Una mirada a la LGCG). Y no, en México la aprobación surge por un acto reflejo, motivado por estar en consonancia con la tendencia internacional, pero el Congreso de la Unión adoleció no solamente de un diagnóstico de la realidad de la administración pública sino de la contabilidad y el sistema de rendición de cuentas.
Y la otra, la academia y los gremios de contadores afirman que la contabilidad constituye una ciencia. Pero un análisis serio y riguroso indicaría que la contabilidad carece de la estructura de la ciencia. Luego, es un error afirmar que la contabilidad sea una ciencia. Y también aseveran “Se caracteriza por reflejar la actividad económica, financiera, patrimonial y presupuestaria” (Ibídem). Y llama la atención el verbo reflejar. Se piensa que un reflejo plasma la realidad que vemos, tal como una fotografía y dado que la imagen es irrefutable se considera como verdad. Más también un reflejo o fotografía puede mentir derivado de la interpretación que cada uno le da. Porque la Administración Pública no es estática sino dinámica, y contiene áreas grises que no se manifiestan directamente por su complejidad y falta de determinación. Luego entonces, ¿la contabilidad gubernamental es reflejo de la realidad pública?
Muerte. La ministración de recursos presupuestales a los gobiernos locales y municipales ha estado bajo un permanente retraso, desde hace décadas. También ha sido frecuente que en octubre o noviembre se agotan los montos asignados a las partidas presupuestales, situación que se ha agravado recientemente al no haber recursos para pagar salarios ni prestaciones de fin de año. Y con la llegada del nuevo gobierno federal del Presidente López Obrador, arribó la austeridad republicana, los recortes a los presupuestos y el control presupuestal ejercido desde la Secretaría de Hacienda. Y pareciera encomiable lo que se está haciendo en materia presupuestal, sin embargo, hoy en día, los entes públicos en México se encuentran imposibilitados para cumplir con la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable. Por lo que incumplen con la LGCG. Y lo más importante, la armonización contable no está acorde a las necesidades de los entes públicos en México.
Propuesta. El Congreso de la Unión y las Legislaturas locales deben ejercer un poco de autocrítica sobre la decisión de haber aprobado la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y no es una osadía señalar que la pretensión de implementar la contabilidad privada en los entes públicos, ha sido un grave error. Porque lejos de contribuir a una mejor rendición de cuentas, transparencia y fiscalización se está perdiendo tiempo, recursos, y paradójicamente, lo único que avanza es la opacidad y parcialidad en el manejo de los fondos públicos.
Por ello, es preciso repensar la contabilidad, precisar la diferencia existente entre el sector público y privado, y su relación con un sistema de rendición de cuentas que debe ser amigable, simple y oportuno.