El concepto de déficit fiscal, déficit presupuestario o déficit público describe la situación por la que los gastos realizados por el Gobierno Central u otras entidades públicas en un determinado período generalmente un año, superan a sus ingresos. Por lo que es necesario que se tomen las medidas pertinentes para sanear las finanzas públicas a efecto de reducir el déficit fiscal, conscientes de que existen dos vertientes, la de los ingresos y la de los gastos.
Para disfrutar de finanzas públicas sanas se requieren, fuentes seguras de ingresos especialmente ingresos corrientes. Se debe contar también con una política fiscal clara y sencilla, sustentada especialmente en impuestos directos como el de la renta. Las medidas no deben ser en relación con los ingresos sino también en los gastos, para tener un déficit fiscal manejable Se determinó un déficit de un 5,2 % del PIB para el 2016.
El 2017 cerró con un déficit del 6.1 %. Para el 2018 se espera un déficit den 7.1 %. Es necesario señalar que el déficit fiscal se viene presentando hace varios años. Si bien el Gobierno actual no ha colaborado mucho para resolver esa situación. Es necesario que se realice un análisis de las finanzas públicas especialmente en lo que se refiere al Gobierno Central que presenta un déficit importante y casi inmanejable, dado que cerca de un 46% del Presupuesto Nacional está financiado con créditos e inclusive se financia gasto corriente.
La deuda del Gobierno Central representa un 49.2 % DEL PIB. Lo cual algunos economistas consideran inmanejable y que la deuda no debe debería superar el 40 % del PIB. La primera medida que debería aplicarse es disminuir la evasión de impuestos y el contrabando, que de acuerdo con estudios realizados representa entre el 5 % y el 7 % del PIB. Se podría lograr una disminución del 2 % del déficit fiscal, si toman acciones más efectivas y se aplican adecuadas las disposiciones que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa para combatir la evasión fiscal. Otra medida sería disminuir las exoneraciones que actualmente representan el 5,7 % del producto interno bruto (PIB).
Estado dejará de recaudar cerca de ¢2 billones en el 2018 por beneficios; en este gobierno se ha aprobado el mayor número de exoneraciones desde el 2002. Se de realizar la restructuración del sector público que con más de 330 entidades y 900 programas, tiene un accionar poco ágil y no se logran los resultados adecuados para mejor el desarrollo del país. Se debe definir sobre la situación salarial del sector público, y establecer un ley de empleo público que establezca el salario único y elimine las diferencias tan sustanciales en los salarios que se pagan el sector público, actualmente hay más 1.300 funcionarios que tienen salarios que oscilan entre 3 millones y 20 millones.
Se debe limitar el monto de las pensiones de privilegio. Lo había propuesto desde el año 2014. Se aplicó al régimen de pensiones de Hacienda. Falta el del Poder Judicial y el del Magisterio. Se debe reformar la Constitución Política para disminuir los aportes que se otorgan al Poder Judicial, a las Universidades y Municipalidades, para que estén acordes con la situación finanzas públicas.
Renegociar transitoriamente el aporte que se otorga a la educación superior mediante el FES, para que se otorgue un monto más razonable a la situación económica del país. Renegociar transitoriamente el aporte al Poder Judicial que está establecido en la Constitución Política, y lograr que ese Poder sea más austero en la realización de sus gastos. Eliminar el destino específico de algunos ingresos, El establecer recursos con finalidad específica o dar un destino específico a parte de los recursos del presupuesto nacional, va contra una adecuada técnica presupuestaria. Se debe eliminar la compra de vehículos de lujo, restringir los viajes al exterior, disminuir gastos de publicidad y propaganda y gastos protocolarios.
Realizar un análisis de lo que se paga en alquiler de edificios y ver si son necesarios esos alquileres. El sector público de Costa Rica requiere una solución de integración y unificación de sus plataformas electrónicas de compras públicas. Su objetivo es propiciar la transparencia y !a eficiencia de la contratación estatal, disminuir costos y obtener mejores precios en las compras que se realicen. Por lo que se debe propiciar que todo el sector público utilice el SICOP en el sistema de contratación pública de Costa Rica.
Una vez aplicadas esas medidas se debe definir sobre la reforma fiscal, que no sea regresiva y afecte más a la clase media y los pobres por lo que se debe sustentar más en el impuesto sobre la renta incluyendo el concepto de renta mundial y transformar el impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado (IVA), pero dejando en el 13 %. Dar un plazo de tres para aplicar el IVA a los servicios, dado que un reciente estudio de la Universidad Nacional que si bien crear el IVA puede ser una solución al déficit fiscal, sino se hace de manera ordenada traerá más pobreza a las clases menos favorecidas.
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Lic Bernal Monge Pacheco
Consultor