Medios de comunicación, campañas electorales y sensación de inseguridad

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Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología
ISSN 1315-0006 / Depósito legal pp 199202ZU44
Vol. 19 No. 2 (abril-junio, 2010): 297 - 329
La instrumentalización del delito: política,
empresas de comunicación e inseguridad*
Sobre cómo la inseguridad logró posicionarse
en el primer lugar de la agenda pública
en Venezuela
Keymer Avila**
Resumen
Se analizan las relaciones existentes entre los medios de comunica-
ción, las campañas electorales y la sensación de inseguridad. Tales
relaciones se explican a través de la experiencia de la última campa-
ña por las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela. Prime-
ramente se desarrolla un marco contextual y teórico, para luego ex-
poner cómo la inseguridad se ha convertido en el principal tema de la
agenda pública en el país.
Palabras clave: Medios de comunicación, inseguridad subjetiva,
campañas electorales, política criminal.
*Ponencia presentada en el “5° Congreso Internacional de Criminología Dr. Alfonso Quiroz Cuarón
intitulado “Criminología y Criminalidad en la era de la Globalización”, celebrado en noviembre de
2009 en el Centro Universitario de Ixtlahuaca, México. Un resumen de ésta fue expuesto también en
el “XVII Congrés d’ Estudiants de Ciències Penals 2010”, intitulado “Llibertat d’informació i d’expres-
sió. Sistema penal i mitjans de comunicació.” Este trabajo fue galardonado con el Premio de Estu-
dios Penales “Francisco Tomás y Valiente”, en su VII edición, otorgado por el Departament de Dret
Penal i Ciències Penals de la Universitat de Barcelona y la AIED, el 16 de abril de 2010, en Barcelona,
España. Queremos agradecer al Prof. Francesc Barata Villar por sus comentarios y orientaciones.
** Instituto de Ciencias Penales, Universidad Central UCV. Caracas, Venezuela.
E-mail: keymerguaicaipuro@gmail.com
Recibido: 11-11-09/ Aceptado: 06-02-10
The Instrumentalization of Crime: Politics,
Communications Enterprises and Insecurity
How Insecurity has Positioned Itself in First Place
on the Public Agenda in Venezuela
Abstract
This study analyzes the existing relationships between the communi-
cations media, electoral campaigns and the sensation of insecurity.
Such relationships are explained through the experience of the last
presidential election campaign held in Venezuela. First, a contextual
and theoretical framework is developed to later explain how insecu-
rity has become the main theme on the public agenda in the country.
Key words: Communications media, subjective insecurity, elec-
toral campaigns, criminal policy.
Nuestro análisis estará inmerso dentro del complejo y dinámico ambien-
te político venezolano, específicamente en la Venezuela del año 2006. ¿Por qué
el 2006? porque en este año ocurrieron dos fenómenos que se encuentran ínti-
mamente relacionados: por una parte era el año de las elecciones presidencia-
les (lo que en el contexto venezolano significaba la reelección o no de Hugo
Chávez como presidente); y por otro, en ese mismo período, la inseguridad ciu-
dadana se convierte en el primer tema de la agenda pública del país.
En estas líneas intentaremos hacer un análisis socio-político sobre estas
variables: medios de comunicación, sensación de inseguridad y campañas
electorales. Nuestro estudio estará sustentado en el legado teórico de la crimi-
nología crítica, el interaccionismo simbólico, la fenomenología, y especial-
mente se tomarán como bases los planteamientos de los investigadores
McCombs (2006) y Noelle-Neumann (1995). El primero estudió el impacto de
los medios de comunicación en el establecimiento de la agenda pública, y la
segunda estudió la opinión pública como forma de control social.
Ambos investigadores tuvieron como punto de partida de sus trabajos las
elecciones presidenciales, en el caso de McCombs las de EEUU, y en el de Noe-
lle-Neumann las elecciones federales de Alemania; buena parte de sus argu-
mentos y reflexiones fueron de gran utilidad para nuestro análisis. Sin embar-
go, es de advertir que para ello fue necesario contextualizar y reinterpretar sus
ideas, provenientes de países “centrales”, y observar hasta que punto se adap-
taban a nuestras realidades “periféricas” (Prebish, 1981).
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Primeramente daremos un vistazo panorámico y muy general del contex-
to político e institucional venezolano del año 2006, tamizando el mismo a tra-
vés de los análisis teóricos ya mencionados, haciendo énfasis en la política cri-
minal. Posteriormente, en la segunda parte, tomando como base el segui-
miento de cuatro casos emblemáticos, explicaremos como la inseguridad pasó
a tener un lugar protagónico en el debate político del país.
1. Contextos y pretextos
1.1. Pantallazo o intento de contexto socio-político
El actual sistema político venezolano (para algunos en construcción) tie-
ne como antecedente un sistema en el que la ciudadanía no confiaba. La ciuda-
danía no confiaba en los partidos políticos, en las instituciones ni en el gobier-
no. Dos hechos marcan nuestra historia reciente: en 1989 ocurre el llamado
Caracazo1y en 1992 hubo dos intentos para derrocar al gobierno. El sistema
representativo se pone en tela de juicio y aumenta progresivamente la absten-
ción electoral. Entra en crisis la democracia representativa y aparece de nuevo
el pensamiento antipartidista en la opinión pública. Todo esto prepara el esce-
nario para el “colapso electoral de los partidos políticos tradicionales en 1998,
el triunfo inmediato como presidente de quien había sido el protagonista de
una de las rebeliones militares del año 1992 [Hugo Chávez Frías] y la aproba-
ción de la Constitución de 1999, que sustituye la democracia representativa
por una democracia participativa y protagónica” (Rey, 2003).
La promulgación de la nueva Constitución de 1999 ha sido sólo el inicio
de una serie de cambios políticos y sociales que ha venido experimentando el
país, que si bien no pueden ubicarse sus inicios en este año, es a partir del mis-
mo cuando se aceleran tales procesos. Tres años más tarde, el 11 de abril de
2002 (11-A) hubo un Golpe de Estado en el que fue depuesto el Presidente y re-
instalado cuarenta y ocho horas después. Dos años más tarde -en 2004- se ce-
lebra un referéndum revocatorio presidencial, en el que sale victorioso nueva-
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 299
1 La sublevación popular denominada “El Caracazo” (febrero 1989) fue una
reacción de protesta en contra de la acentuación de las políticas neoliberales
con las cuales se inauguró el gobierno de ese año. La represión del gobierno
de Carlos Andrés Pérez fue dura y encarnizada, no existe certeza del número
real de víctimas, pues el gobierno dijo que hubo 200, Amnistía Internacional
refirió 500, mientras varias ONG´s aseguraron que la cantidad real alcanzaba
las 3000 víctimas. Según algunos estudiosos,este fenómeno abrió el camino
“para un uso más generalizado de la violencia por parte de la población” (Ló-
pez, 2005:36-37 y Sanjuán, 1997:232).
mente el Presidente. Finalmente, en el año 2006 culmina su primer mandato y
en diciembre se celebrarían las elecciones presidenciales en las que él partici-
paría como uno de los candidatos.
En cada una de estas coyunturas el papel de las empresas privadas de co-
municación ha sido protagónico, ante la crisis de los partidos políticos tradicio-
nales, éstas se han convertido en las representantes de los sectores más conser-
vadores y de la derecha nacional; de esta manera los empresarios han encontra-
do en los “medios” de comunicación un instrumento para lograr el posiciona-
miento de sus intereses en el país. Es así como los medios de comunicación pri-
vados se han constituido en una importante tribuna política para la oposición al
gobierno. Ya existe abundante literatura al respecto, sobre su participación en
actividades políticas relevantes y concretas de la oposición venezolana.
Así por ejemplo, el Observatorio Global de Medios, en su página web
(http://www.observatoriodemedios.org.ve), cuenta con varios informes y medi-
ciones sobre el favoritismo por la oposición de las principales empresas priva-
das de comunicación. En este mismo sentido se destaca la participación de es-
tas empresas en el Golpe de Estado del 11-A, Reporteros Sin Fronteras, duros
críticos del gobierno de Chávez, denunciaron el rol activo de los canales de te-
levisión y de la prensa privada durante el golpe. En su informe señalan:
“El 13 de abril, mientras los partidarios de Hugo Chávez salían a la calle y cir-
culaban rumores sobre la vuelta del Presidente, los canales privados de te-
levisión emitieron dibujos animados y telenovelas (…) [El] vice-ministro de
la Secretaría de la Presidencia del efímero gobierno de facto, afirmó haber
organizado una reunión entre varios patrones de la prensa y Pedro Carmo-
na, en la mañana del 13 de abril (…) …[éstos tomaron] la palabra, para pe-
dirle al Presidente que dejara en manos de todos ellos la gestión comunica-
cional del gobierno (…) …los directores de los medios de comunicación (…)
avalaron un gobierno que, en apenas cuarenta y ocho horas, llevó a cabo
una represión mucho más severa contra la prensa considerada próxima a
Hugo Chávez, que las emprendidas por éste contra la prensa privada” (Re-
porteros Sin Fronteras,2003: 5-6)2.
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2 El documental La Revolución no será transmitida realizado en 2003 por un
grupo de televisión irlandés hace una descripción de parte de los sucesos del
Golpe de Estado del 11-A, en éste también se denuncia la participación de las
empresas privadas de comunicación en el mismo. Está disponible en el web:
http://video.google.es/videoplay?docid=2192459744675391361. Serrano
(2008) en su libro Medios Violentos. Palabras e imágenes para el odio y la
guerra, donde analiza el papel de las empresas de la comunicación en situa-
ciones políticas concretas de distintos países (Ruanda, Yugoslavia, Haití, In-
dia, Chile, España, Somalia, Cuba, Colombia, Irán, EEUU, Afganistán, Israel,
Por su parte el gobierno ha tenido unas recíprocas relaciones virulentas
con las empresas privadas de comunicación, en una clara aversión política mu-
tua. Ante la relevancia que ha alcanzado la diatriba político-mediática con las
empresas privadas de comunicación, el gobierno ha creado nuevos medios de
comunicación del Estado, así como promovido el surgimiento de medios de
comunicación alternativos.
1.1.1. La reforma del sistema procesal penal y la política criminal
legislativa en Venezuela
Ya en el ámbito del sistema de justicia, el contexto en el que se manifesta-
ron las transformaciones del proceso penal pudieran encontrar un referente en
un trabajo sobre la reforma judicial en Venezuela realizado en 1998 por el PNUD,
denominado “Justicia y Gobernabilidad”, que llegó a las siguientes conclusio-
nes: 1. Se debe transformar la justicia; 2. La población no tiene confianza en esa
justicia; 3. El Poder Judicial es la institución con menor credibilidad en la opinión
pública; 4. La gente no denuncia porque no confía; 5. El estrato “E” de la pobla-
ción (los más pobres) prefieren tomar la justicia en sus propias manos; 6. El gran
problema de la justicia venezolana es la corrupción (Rodríguez, 2004:3).
Este escenario no es muy distinto en el resto de Latinoamérica, por ello se
han venido dando procesos de transformación en sus sistemas de justicia penal,
una reforma común ha sido el cambio del modelo procesal penal inquisitivo por
otro de carácter acusatorio. Proceso de reformas que no fue ajeno en Venezuela.
Pero más allá de esta incorporación a la reforma procesal penal de la re-
gión, la política criminal no ha sido precisamente uno de los fuertes del actual
gobierno, mucho menos en materia legislativa, en dónde pueden encontrarse
serias contradicciones con sus discursos político-ideológicos, sociales y de in-
clusión. Una breve, incompleta y superficial síntesis de lo que había hecho an-
tes del 2006 (período objeto de nuestro análisis) pudiera ser la siguiente: refor-
ma regresiva del Código Penal de 2005, en la que, aproximadamente 25 artícu-
los que fueron objeto de la reforma son inconstitucionales, por violentar princi-
pios y garantías fundamentales como: proporcionalidad, seguridad jurídica,
igualdad jurídica, culpabilidad, legalidad y presunción de inocencia;3las sub-
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 301
Indonesia y Kosovo) dedica un par de capítulos al caso Venezuela. En éstos
no sólo se refiere al Golpe de Estado del 11-A, también aborda la continuidad
de la militancia política de las empresas de comunicación durante los años
2005 al 2007.
3 Por ejemplo, en esta reforma se creó el delito de invasión, gracias al cual mu-
chos inquilinos y otras familias necesitadas y de escasos recursos son perse-
guidas y criminalizadas (sin contar el aumento de penas en los delitos contra
la propiedad).
secuentes reformas del COPP que cada vez lo asemejan más al inquisitivo Có-
digo de Enjuiciamiento Criminal; la promulgación de la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada, y la reformada Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y
el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, materias legislativas
de clara influencia norteamericana4, etc.
1.2. Inseguridad ciudadana y show penal: lo mediático sobre
lo real
Ya la Criminología Crítica ha explicado cómo la Política Criminal, instiga-
da por los medios de comunicación social, se caracteriza comúnmente por la
búsqueda de respuestas simbólicas e inmediatas a costa de los derechos hu-
manos (aumento de penas, más represión, disminución de derechos funda-
mentales, etc.). Su objetivo es brindarle a la población la sensación de que se
está haciendo algo, no importa que en el fondo estas políticas resuelvan real-
mente el problema o peor aún, lo profundicen; lo importante es el show, la apa-
riencia, tratar de crear una sensación de que se está atacando el problema de-
lictivo. Atacando, como si estuviésemos en una guerra. Una guerra, en la que
los enemigos son los más vulnerables de la sociedad, los excluidos, a quienes
se les dificultan todos los accesos al sistema y la satisfacción de sus derechos
básicos, pero a su vez tienen un derecho privilegiado para ser perseguidos y
castigados por el sistema penal. Lo peor del caso es que en la construcción de
este show del sistema penal, las propias víctimas del sistema son las que recla-
man más políticas simbólicas y represivas (Avila, 2006).5Y en este proceso el
papel de los medios masivos de comunicación social es fundamental.
en foco: la agenda de la violencia en la contemporaneidad latinoamericana
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4 Contradictoria y equivocadamente estas leyes fueron promulgadas en un
contexto de fuertes cuestionamientos sobre la participación de agentes de la
DEA en Venezuela, por vulneración de la soberanía nacional. En este mismo
año (2005) la ley contra actos de naturaleza terrorista quedó pendiente en se-
gunda discusión.
5 Dentro de este espectáculo penal no se toma en cuenta que la política crimi-
nal debe ser parte de una política social que la abarque, pues se considera
poco técnico y eficaz (lo que no debe significar tampoco que se pierda la con-
creción específica de políticas en esta materia); además, estos enfoques so-
ciales no dan la “sensación” de ofrecer soluciones “inmediatas” o “mágicas”, y
consecuencialmente no obtienen centimetraje mediático. Esta situación en
el caso del actual gobierno venezolano ha sido una debilidad, por no decir un
vacío, en su política criminal, ya que ha diluido el tema dentro de la generali-
dad de la política social, percibiéndose una ausencia de propuestas concre-
tas y específicas (de inmediato y mediato plazo) ante los serios problemas de
violencia urbana en Venezuela. Sobre este punto volveremos más adelante.
Autores como Del Olmo (2000)6y Zaffaroni (1998) consideran a los me-
dios de comunicación como los “aparatos de propaganda de los sistemas pe-
nales latinoamericanos (fábricas de la realidad)”, que hoy día son elementos in-
dispensables para el ejercicio de poder de todo el sistema penal. Esta lógica,
según el autor argentino, opera en dos niveles: el transnacional (que difunde
un discurso homogenizante globalizado que construye estereotipos mani-
queos, intervenciones violentas y autoritarias, miedos, etc…) y el nacional (que
obedece a las coyunturas locales).
Es así como los conocidos y populares discursos de “mano dura”, “lucha
contra el crimen”, “plomo al hampa”, “que se pudran en la cárcel”, terminan legiti-
mando políticas criminales represivas. Éstas en buena medida son el resultado no
sólo de concepciones autoritarias por parte de algunos actores políticos del Esta-
do, “sino también de la demanda que sobre sus gobiernos ejercen grupos de po-
der que a su vez operan sobre medios de comunicación que, aptos para gene-
rar una gran alarma social a partir de una difusión escandalizadora de los hechos
delictuales, emprenden campañas de ley y orden” (Arslanián, 1998:25)7.
Estas campañas de ley y orden crean, o más bien aumentan un senti-
miento de inseguridad que usualmente está muy por encima de los índices
reales.8Así podemos apreciar que existen dos niveles respecto al sentimiento
de inseguridad (o sensación de seguridad):
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 303
6 Del Olmo plantea que “el concepto de alarma social llega a guiar las decisio-
nes que en un momento determinado pueda tomar un Estado en materia de
política criminal, por lo cual se ha llegado a incorporar a los medios de comu-
nicación como parte del sistema penal contemporáneo” (Del Olmo: 82).
7 “Estas campañas tienen lugar mediante la “invención de la realidad” (distor-
sión por el aumento de espacio publicitario dedicado a hechos de sangre; in-
vención directa de hechos que no se produjeron), “profecías que se autoreali-
zan” (instigación pública a cometer delitos mediante meta-mensajes de “slo-
gans” tales como “la impunidad es absoluta”, “los menores pueden hacer
cualquier cosa”, “los presos entran por una puerta y salen por la otra”, etc.;
publicación de nuevos métodos para cometer delitos, de facilidades, etc.),
producción de indignación moral (instigación a la violencia colectiva, a la au-
to-defensa, glorificación de “justicieros”, presentación de grupos exterminio
como “justicieros”, etc.). Estas campañas tienen lugar (…) también cuando se
halla próximo un golpe de estado…” (Zaffaroni, 1998:133). No puede dejarse
de mencionar que Baratta señala también como característica de estas cam-
pañas realizar “una regular repartición de papeles de la víctima y del agresor,
respectivamente, en los grupos sociales garantizados y “respetables” y en
aquellos marginales y “peligrosos” (extranjeros, jóvenes, tóxicodependien-
tes, pobres, sin trabajo o sin calificación profesional)” (Baratta, 1997:84).
1. Nivel objetivo: situación real del fenómeno delictivo.
2. Nivel subjetivo: percepción que tienen las personas del fenómeno
delictivo.
Ambos niveles se encuentran vinculados, pero son independientes entre
sí; al producirse una disminución en el nivel objetivo no necesariamente se
producirá una disminución en el nivel subjetivo, tal como lo ha demostrado el
grueso de la investigación empírica en esta materia (Sozzo, 2000: 105; Del
Olmo, 2000; Pegoraro, 2002: 31).
Así por ejemplo, McCombs en el contexto estadounidense presenta varios
casos en los que no hay coincidencia alguna del nivel objetivo con los niveles
subjetivos provocados por los medios de comunicación9: Vietnam (en algunos
casos la cobertura se incrementó mientras el problema mostraba signos de me-
jora, o disminuyó mientras el problema se agravaba, apartándose de las tenden-
cias históricas de la década de los sesentas); la preocupación nacional por las
drogas en los años ochenta (la relevancia del tema en los medios informativos se
dio aún cuando no hubo cambio alguno en la incidencia real del uso de las dro-
gas a lo largo de ese período); el descubrimiento del medio ambiente entre 1970
y 1990 (el interés de la opinión pública sobre este tema no tenía relación con la
relevancia de estos problemas, que indicaban en la “realidad” una tendencia a la
baja en la contaminación global); el miedo a los ataques de tiburón en el verano
de 2001 (cuando en realidad los científicos marinos señalaron que no había
nada inusual en el número de ataques en aquel verano). El interés de la opinión
pública en todos estos casos, en cambio, sí guardo una correspondencia directa
con la cobertura mediática de los mismos (McCombs: 55-69).
Entre los casos estudiados por McCombs, son de especial interés para
nuestro análisis los relacionados con el tema de la inseguridad, cuyo estableci-
miento dentro de la agenda, en los años noventa, operaba con “extrema inde-
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8 “Las crisis de seguridad, pues, más que crisis, pueden ser construcciones po-
líticas sobre una situación de inseguridad que es crónica en el medio urbano”
Aniyar (1999:6-7; 2003:82).
9 En la citada obra de McCombs se encuentra la idea de “pseudo-entorno”,
creada por Walter Lippman (1922) -décadas anteriores a los trabajos de Ber-
ger y Luckman-, ésta es una visión del mundo que existe en nuestra mente, y
que es siempre incompleta frente a la realidad, y con frecuencia inexacta.
“Nuestro comportamiento es una respuesta a este pseudo-entorno, y no el
entorno real, afirmaba Lippmann (…) El resultado es que los medios informa-
tivos presentan una visión limitada de un entorno de mayor alcance (…) Los
medios construyen y presentan al público un pseudo-entorno que moldea de
forma significativa la manera en que éste ve el mundo” (McCombs: 55-58).
pendencia de cualquier realidad subyacente”. Mientras la preocupación públi-
ca por la delincuencia crecía hasta niveles inusualmente elevados, las medicio-
nes estadísticas de la realidad criminal indicaban que el índice de delincuencia
en realidad estaba bajando. “Por supuesto, una probable fuente de esa crecien-
te preocupación pública, en el momento de una delincuencia a la baja, fueron
las noticias sobre delincuencia de los medios informativos” (McCombs: 64).
Los casos de O.J. Simpson y el asesinato de la cantante latina Selena colabora-
ron en el mantenimiento de este interés, ambos ocuparon casi una sexta parte
de la cobertura sobre delincuencia del verano de 1994 al otoño del año si-
guiente. Según McCombs, podría argumentarse que la cobertura de estos dos
casos de asesinato tan espectaculares, explica buena parte de la preocupación
por la delincuencia entre el público. Más adelante señala:
“Los periódicos no son los únicos culpables, en este caso, la televisión, y qui-
zá más todavía los programas de entretenimiento que los informativos, pue-
den fomentar la inseguridad ciudadana y el miedo a la violencia (…) Se trata
de una afirmación respaldada por muchas pruebas, sobre el establecimiento
de la agenda a largo plazo de la televisión de entretenimiento (…) En resu-
men: la inseguridad ciudadana y la preocupación por la delincuencia como
problema social tienen mucho más que ver con la agenda mediática que con
las realidades de la delincuencia en el vecindario, el área metropolitana o el
conjunto del país” (Ibíd.:62-68).
En el ámbito latinoamericano Pablo Angarita (2000) nos ofrece otro
ejemplo: las noticias emitidas a través de las empresas de comunicación luego
de la muerte de Pablo Escobar. A finales de 1993 se difundió la idea de que Me-
dellín se había vuelto una ciudad segura después de la muerte de Escobar, y
esta opinión llegó a generalizarse. Sin embargo, las estadísticas no demostra-
ron tal información, por el contrario, el número de homicidios aumentó.
Por todo lo anterior es que la criminología crítica ha dado una “máxima
consideración” a la función de la opinión pública10 (entendida como “comu-
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 305
10 Concepto difícil de definir. Para Noelle-Neumann este concepto se ha disuelto
cada vez más hasta volverse totalmente inútil a efectos prácticos. La autora
presenta tres elementos que están relacionados con el proceso de la opinión
pública, investigables empíricamente: 1. la capacidad humana de percibir el
crecimiento o debilitamiento de las opiniones públicas; 2. las reacciones ante
esta percepción, que impulsan a hablar más confiadamente o a callarse; 3. el
temor al aislamiento que hace que la mayor parte de la gente tienda a some-
terse a la opinión ajena. Con estos tres elementos ella construye una defini-
ción operativa de la opinión pública: opiniones sobre temas controvertidos
que pueden expresarse en público sin aislarse (Noelle-Neumann:83-90).
nicación política de base”) y a los “procesos ideológicos y psicológicos que en
ella se desenvuelven, apoyando y legitimando el vigente derecho penal desi-
gual” (Baratta, 1998:217). Razón por la cual, procura la creación de una “con-
ciencia alternativa en el campo de la desviación y de la criminalidad”, a través
de una labor de “crítica ideológica, de producción científica y de información.”
Promoviendo la discusión de estos temas más allá de los académicos, llevando
el debate a la sociedad en general con especial énfasis en los más desposeídos
(Baratta, 1997: 218-219 y 231).
1.3. Del establecimiento de la agenda a la política pública
Como ya hemos señalado, McCombs lleva más de 40 años estudiando la
capacidad de los medios de comunicación para influir en muchos aspectos en
las agendas políticas, sociales y culturales, su teoría trata sobre el papel de la
comunicación de masas como fijadora de la agenda pública. Según este autor,
en casi todos los temas del repertorio público los ciudadanos ven una realidad
de segunda mano, que viene estructurada por las informaciones que dan los
periodistas de esos hechos y situaciones. Esta información viene seleccionada
y filtrada, desde la escogencia del tema, pasando por el espacio que se le dedi-
ca o la cantidad de tiempo o repeticiones que se hagan de la misma.
Por otra parte, se debe considerar también que los informativos necesi-
tan centrarse en unos pocos asuntos al día, ya que su capacidad es limitada, y
sólo tienen lugar para una pequeña fracción de las noticias que están disponi-
bles cada día. Centran la opinión sólo en un puñado de temas. Finalmente, el
público echa mano de esta información para organizar su propia agenda. “En
consecuencia, la agenda de los medios informativos se vuelve, en gran medi-
da, la agenda pública” (McCombs: 12-40,53)11.
en foco: la agenda de la violencia en la contemporaneidad latinoamericana
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11 McCombs, sin embargo, advierte sobre cualquier determinismo de su teoría:
“el establecimiento de la agenda no es un regreso a la teoría de la aguja hipo-
dérmica (o de la bala): no postula unos efectos todopoderosos de los medios.
Ni tampoco considera a los miembros de la audiencia unos autómatas, que
están esperando a que los medios informativos vengan y los programen.
Pero la agenda-setting sí que asigna un papel central a los medios informati-
vos a la hora de dar inicio al repertorio de la agenda pública. (…) …la informa-
ción que suministran los medios informativos juega un papel central en la
construcción de nuestras imágenes de la realidad” (McCombs: 31,41,43).
La influencia de los medios de comunicación sobre el estableci-
miento de la agenda pública, en una relación causa y efecto, ha sido tam-
bién corroborada en numerosos estudios de campo (en toda una varie-
dad de escenarios que van de España a Estados Unidos, pasando por Ale-
mania, Argentina y Japón, desde 1968 hasta ahora), así como en experi-
mentos controlados de laboratorio (McCombs: 47-52 y Noelle-Neumann:
35-37).
Noelle-Neumann en su estudio -a parte de los experimentos de labo-
ratorio que demuestran la influencia de la opinión pública sobre las perso-
nas- hace también un recorrido por clásicos de la teoría política occidental
y en ellos encuentra la incidencia de la opinión pública sobre los gobier-
nos. Ella describe, por ejemplo, como David Hume en 1739, señala cómo la
gente tiende a prestar atención a las opiniones y a amoldarse a las mismas,
siendo la opinión esencial para los asuntos del Estado. Hume se guía por el
principio que afirma: “el gobierno sólo se basa en la opinión”. Este princi-
pio “llegó a ser la doctrina de los padres fundadores de los Estados Uni-
dos.” La autora afirma con Hume que: “la perspectiva desde la que afronta-
mos el tema de la opinión se desplaza de la presión que ejerce sobre los in-
dividuos a la que ejerce sobre los gobiernos: exactamente el punto de vista
que Maquiavelo le presentó al príncipe (…) Actualmente reconocemos el
peso de la opinión pública en la esfera política” (Noelle-Neumann: 103-
106). Más adelante analiza la obra de Rousseau, en el que encuentra ideas
como las siguientes: “El príncipe debe decidir qué convicciones del pueblo
son lo suficientemente vívidas como para sostener una legislación”; “La
opinión, reina del mundo, no está sometida al poder de los reyes; ellos
mismos son sus primeros esclavos” (Rousseau, 1967 en Noelle-Neumann:
115-116). Sobre la influencia de la agenda pública en las políticas públicas
concretas volveremos más adelante.
Una vez acabado este breve recorrido teórico-contextual realizado
en esta parte introductoria, analizaremos a continuación el caso venezo-
lano.
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 307
2. “En Venezuela cunde la inseguridad
y la impunidad”
2.1. Cuatro crímenes que afectaron sectores con poder
de reclamo social12
En Venezuela a mediados del año 2006 -año de elecciones presidencia-
les-, las empresas de comunicación dieron una impresionante cobertura a cua-
tro casos: 1) Asesinato infame de 03 estudiantes universitarios en el sector
Kennedy (Caracas) por parte de cuerpos policiales; 2) Secuestro y posterior
asesinato de los hermanos Faddoul y su chofer; 3) Asesinato del influyente em-
presario Filippo Sindoni y 4) Asesinato del sacerdote Jorge Piñango, quien fue
encontrado muerto en la habitación de un hotel capitalino. Veamos brevemen-
te cada uno de ellos:13
A) Asesinato de tres estudiantes en el sector Kennedy: el 27 de junio
de 2005, seis estudiantes universitarios pasaban en un vehículo por el sector
en foco: la agenda de la violencia en la contemporaneidad latinoamericana
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12 Esto pudiera sonar un poco similar a “4 Crímenes, 4 Poderes” novela escrita por
Fermín Mármol León (ex director de la extinta Policía Técnica Judicial y ex Minis-
tro del Interior) a finales de la década del setenta (1979), que se convirtió en un
best seller en Venezuela; dos de los cuatro casos de la novela fueron llevados al
cine, se dice que por presiones las otras dos entregas no pudieron realizarse.
Esta novela está basada en cuatro crímenes que escandalizaron a la sociedad
venezolana de la década de los setenta; cada uno de ellos estaba vinculado con
distintos sectores de poder: el económico, el religioso (la iglesia católica), el mili-
tar y el político. En cada uno de estos casos los victimarios pertenecían respecti-
vamente a cada uno de estos sectores, lo que trajo como consecuencia que en
ninguno de ellos se enjuiciara a los verdaderos responsables. Estos casos se
convirtieron en unos “cangrejos” (casos que policial y judicialmente son de casi
imposible resolución). En este sentido, es necesario destacar que los casos que
se analizan a continuación son distintos, tienen una lógica inversa, en éstos son
las víctimas las que pertenecen a sectores con poder de reclamo social, lo que
trajo como consecuencia -entre otras- el rápido procesamiento de los mismos y
la condena de los responsables, tal como se explicará a continuación.
13 Para el presente análisis nos basamos en un trabajo en el que seguimos el
tratamiento mediático de estos casos durante todo el año 2006 en los princi-
pales medios impresos y audiovisuales del país: El Últimas Noticias, El Nacio-
nal, El Universal, El Mundo y los canales de T.V. más representativos y polari-
zados: Globovisión (identificado con la oposición y la derecha política) y Ve-
nezolana de Televisión (canal estatal pro gobierno); también nos hemos apo-
yado en el Informe Anual del Ministerio Público de ese mismo año en el cual
trabajamos directamente.
Kennedy, en Macarao, cuando se toparon con un grupo de personas armadas
(policías) ubicado en una alcabala (montada por averiguaciones sobre la muer-
te reciente de un policía en ese sector). Los estudiantes se asustaron porque
pensaron que eran delincuentes y aceleraron, emprendiendo la huida. Los fun-
cionarios comenzaron a disparar ráfagas. Luego comenzó una fuerte persecu-
ción hasta que dieron con los estudiantes y arremetieron en su contra. El Minis-
terio Público acusó a 24 funcionarios policiales por homicidio calificado efec-
tuado contra tres de estos estudiantes y por lesiones causadas contra los otros
tres. El juicio se inició en mayo de 2006 y culminó tres meses después con la
sentencia condenatoria contra todos los acusados. Las penas oscilaron entre 3
y 30 años de acuerdo al tipo de delito.
Durante todo el proceso el caso tuvo un lugar protagónico en los titulares de
las noticias, siendo aprovechado por los grupos de oposición para realizar movili-
zaciones en contra del gobierno. El discurso consistía en acusar al gobierno de
asesinar estudiantes, tratando de hacer un puente entre este caso y una supuesta
política represora en contra del sector estudiantil; entre la inseguridad ciudadana
por falta de políticas y un gobierno autoritario represor. A partir de este caso nace
de manera incipiente el movimiento estudiantil opositor14, que se fue nutriendo
luego en el 2006 con las protestas por el caso Faddoul15 y la reelección presiden-
cial; y finalmente en 2007 llegó a su cúspide con las protestas en contra de la no
renovación de la concesión para la señal abierta (pública) del canal RCTV, aunado
a la propuesta de reforma constitucional de ese año16.
B) Asesinato del influyente empresario Filippo Sindoni: el empre-
sario ítalo-venezolano Filippo Sindoni fue secuestrado el 28 de marzo de 2006
en el Estado Aragua, al día siguiente fue encontrado su cuerpo sin vida en el Es-
tado Lara. Por el asesinato de este empresario el Ministerio Público acusó a 8
personas (7 civiles y un funcionario policial) por los delitos de homicidio califi-
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 309
14 http://www.eluniversal.com/2005/07/04/expol_fot_04A574635.shtml
15 http://www.globovision.com/news.php?nid=25060, http://www.eluniversal.
com/2006/04/07/ccs_art_07401A.shtml, http://www.cadenaglobal.com/Noti-
cias/default.asp?Not=212925
16 Sobre el devenir del movimiento estudiantil opositor se han producido diver-
sos documentales, entre ellos: “Nuevas caras, el mismo objetivo” http://www.
dailymotion.com/Guarataro/video/x3q7re_nuevas-caras_news, “Estados Uni-
dos, la conquista del Este” (documental francés sobre las influencias del go-
bierno norteamericano y Otpor en países de la Europa del Este, analizado en
el contexto venezolano) http://www.aporrea.org/tiburon/n128728.html, “Mo-
vimientos estudiantiles, forjadores de país” http://bolivarenmexico.blogs-
pot.com/2009/02/documental-movimientos-estudiantiles.html
cado, secuestro, robo agravado de vehículo, uso indebido de uniformes, entre
otros. Un año y medio después del suceso los acusados fueron condenados
con penas que van desde los 2 hasta los 29 años de prisión.
C) Secuestro y posterior asesinato de los hermanos Faddoul y su
chofer: Jhon Bryan, Kevin y Jason Faddoul Diab (todos adolescentes e hijos de
un empresario libanés) y su chofer Miguel Rivas, fueron secuestrados desde el
23 de febrero de 2006, casi seis semanas después, el 04 de abril sus cuerpos
fueron encontrados sin vida en el Estado Miranda (a menos de una semana del
caso Sindoni). Seis de los 19 implicados admitieron los hechos en la audiencia
preliminar y los otros 13 fueron condenados después del juicio. Cuatro de los
condenados eran de la Policía Metropolitana, quienes trabajaban en conjunto
con el hampa común. Las sentencias condenatorias oscilaron entre 2 y 30 años
de prisión, las últimas fueron dictadas en abril de 2009. Como ya se ha mencio-
nado este caso fue un detonante para las movilizaciones de los estudiantes
opositores al gobierno junto a otros sectores políticos afines. La cúpula de la
Iglesia católica, importante sector adverso al gobierno, tuvo también varios
pronunciamientos sobre el tema.17
D) Asesinato del sacerdote Jorge Piñango: 22 días después del caso
Faddoul, el presbítero Jorge Piñango Mascareño fue hallado sin vida en la habi-
tación de un hotel capitalino. Los máximos jerarcas de la Iglesia venezolana in-
tentaron crear la matriz de opinión de que se trataba de un crimen del Estado
en contra de la Iglesia. El Fiscal General de la República para contrarrestar esta
matriz realizó una declaración (abundante en detalles forenses) en la que expli-
caba que las evidencias físicas encontradas mostraban claros signos de violen-
cia sexual, que indicaban la existencia de un móvil pasional18, descartándose
de esta manera el móvil político.19 Estas declaraciones fueron tomadas como
en foco: la agenda de la violencia en la contemporaneidad latinoamericana
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17 El monseñor Berlocco “afirmó que la Santa Sede y el papa Benedicto XVI es-
tán informados del asesinato de los hermanos Faddoul y su chofer, Miguel Ri-
vas. «También ha sido informado de estas manifestaciones pacíficas y senti-
das de la mayoría del pueblo venezolano», dijo. «Creo que esto es un mo-
mento de despertar de una conciencia y es un aspecto muy positivo para que
el pueblo venezolano reaccione y se puedan conseguir los anhelos de paz,
respeto a la vida y armonía de todo el pueblo venezolano»". http://www.eluni-
versal.com/2006/04/07/pol_art_07107B.shtml
18 http://terranoticias.terra.es/articulo/html/av2849346.htm
19 Sin embargo, la Iglesia mantuvo su posición durante meses después: “…convic-
ciones del pueblo cristiano chocan, desgraciadamente, con la cruda realidad na-
cional del momento (…) La criminalidad conmociona al país. Sin olvidar ningún
caso, no podemos menos de referirnos al Pbro. Jorge Piñango (…) quien para el
una ofensa a la dignidad del cura fallecido y por extensión también hacia la
misma Iglesia Católica. El acusado del crimen durante la audiencia manifestó
ante el tribunal su voluntad de admitir los hechos y fue condenado a cumplir
una pena de 15 años de prisión.
Pero ¿qué tenían estos casos en común?
2.2. Lo político-coyuntural: las empresas privadas
de comunicación y las elecciones presidenciales
Antes de explicar los puntos en común que comparten estos casos, es ne-
cesario tener en cuenta lo siguiente:
A) El Observatorio Global de Medios hizo seguimiento de la cobertura
mediática de la campaña electoral de 2006, el resultado fue el total “desequili-
brio en informaciones y contenidos de opinión” en los medios públicos y priva-
dos venezolanos.20 Los medios privados, según este informe, están plena-
mente identificados con la oposición.
B) McCombs ha estudiado las campañas presidenciales en EEUU desde
1968 y en todas ellas (1972, 1976, 1983, 1986) ha encontrado a la inseguridad,
la ley y el orden, entre los siete temas principales que dominaron las agendas
mediática y pública.21 La relevancia de los mismos para los votantes era “casi
idéntica a la que merecían en la cobertura informativa”.
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 311
momento de su homicidio era el Subsecretario de la Conferencia Episcopal.
La intención de algunos sectores de desprestigiar a la Iglesia y amedrentarla,
no tuvo eco en la población. La Iglesia, por su parte, sabe que la cruz y la per-
secución son consecuencias inseparables de la vocación profética y del disci-
pulado cristiano, y sabe también que “ la verdad nos hará libres ” (Jn 8, 32).
(…) Estamos en un año electoral, a escasos meses de las elecciones presi-
denciales. Las interrogantes y preocupaciones son muchas. La incertidum-
bre, el temor y la desconfianza parecen ser los rasgos psicológicos y las acti-
tudes sociopolíticas que definen el estado de ánimo general de los venezola-
nos. ¿Qué va a pasar en el país? es la pregunta más común, que genera an-
gustia y parálisis” Conferencia Episcopal, 12 de julio de 2006. http://www.dios-
bendice.org/nuestrosobispos14.htm Desde acá ya se asomaba la estrategia dis-
cursiva de la oposición, la cual será comentada más adelante.
20 http://www.observatoriodemedios.org.ve/investigaciones/nota_prensa.asp
21 No fue entonces una novedad de Tatcher y Reagan, ni de Giuliani o Bratton.
Löic Wacquant (2004) en su obra Las cárceles de la miseria describe la géne-
sis y todo el entramado político, económico y mediático de la versión neolibe-
ral del marketing político norteamericano intitulado como “tolerancia cero”,
modalidad de este tipo de discurso popularizado en la década de los noventa.
Tomando en cuenta estos dos factores podemos apreciar que el principal
punto en común que tienen los casos señalados en la sección anterior es la ins-
trumentalización de los mismos por parte de la oposición política para la cam-
paña electoral; lo que es tan grave como la inacción gubernamental respecto a
la “seguridad ciudadana” (PROVEA, 2008:364; 2007:333).
¿Qué otros puntos en común tienen estos casos?: 1) El repudio y consterna-
ción colectiva hacia ellos; 2) La participación de funcionarios policiales (con excep-
ción del caso del sacerdote); 3) Que las víctimas tenían poder de reclamo social
(Gabaldón/Birkbeck, 1996,1998) y lograban impacto mediático: estudiantes uni-
versitarios (clase media y “movimiento estudiantil”), los niños (factor emotivo)
–también estudiantes- eran hijos de empresarios al igual que Sindoni (clase alta y
sectores económicos), y por último se encontraba todo el poder de la Iglesia Cató-
lica; 4) Todos estos casos fueron instrumentalizados tácticamente por las empre-
sas de comunicación aliadas con la derecha política para generalizar estos hechos
convirtiéndolos en una gran “oleada de inseguridad”22.
¿Qué se buscaba concretamente con todo esto?
en foco: la agenda de la violencia en la contemporaneidad latinoamericana
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22 Fenómeno -que son sus matices y particularidades fue – muy similar al que se
dio en 2004 en Argentina con el caso Blumberg. Para detalles del caso ver:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6086000/6086240.
stm. Por otra parte, puede afirmarse también que con toda esta campaña se
hizo realidad el “thriller” de clase media alta proyectado en la película venezo-
lana -de corte racista y clasista- “Secuestro Express”, muy oportuna en año
electoral. http://www.divxonline.info/pelicula-divx/2924/Secuestro-express-
2005/. Es necesario complementar lo anterior explicando que durante estos
años el tema de los secuestros estuvo también muy presente en la opinión
pública. Así, por ejemplo, en la reforma del Código Penal de 2005, se le hicie-
ron varias modificaciones al delito de secuestro, cuyo resultado fue un tipo
delictivo sumamente complicado y plagado de errores técnicos y de dificulta-
des prácticas. De acuerdo a cifras oficiales, la tasa de secuestros pcmh en el
año 2000 era de 0,28 en el ámbito nacional, incrementándose en un 68,66%
al año siguiente con una tasa de 0,46. El ascenso se mantiene y así para 2002
y 2003 se registran 0,80 y 1,08 secuestros pcmh respectivamente (siendo
este último año el que ha presentado la cifra más alta de este período), bajan-
do en 2004 a 0,89; en el año 2005 se registra una tasa de 0,78 y finalmente en
el año 2006 se refleja una de 0,86. Para el año objeto de nuestro análisis, si
bien la cifra es alta -un 11% más que el año anterior- lo que representa un im-
portante y constante incremento de los secuestros durante este quinquenio,
en los años 2005 y 2006 el fenómeno no alcanzó su máxima expresión (PRO-
VEA,2006:343; 2007:341). A mediados de 2009, en sintonía con esta tradi-
ción, se ha promulgado la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión.
2.2.1. Objetivos políticos claramente definidos
A) Cohesionar a los seguidores de la oposición: cuando describimos
los casos hicimos mención de quienes fueron las víctimas directas, así como
los actores que tuvieron una reacción protagónica ante los mismos: la clase
media alta, los empresarios y la iglesia. Entre los años 2005 y 2006 hubo
32.968 homicidios en todo el territorio nacional (PROVEA, 2007:336), cuyas
víctimas pertenecen en su gran mayoría a las clases menos favorecidas (tanto
de los homicidios intraclase e intraraciales, como los ocasionados por la poli-
cía23), sobre ello ya existen abundantes investigaciones empíricas, así como
ríos de tinta que lo demuestran; si esto es así ¿por qué la escogencia de estos
cuatro casos dentro de este enorme universo de homicidios? Una explicación
pudiera ser que se buscaba el fortalecimiento, la integración, la cohesión de los
sectores de la oposición venezolana.
Esta idea se sustenta en los planteamientos de Noelle-Neuman, quien en
sus investigaciones demuestra cómo la opinión pública produce integración y
cohesión social. Según esta autora, la gente capta las opiniones mayoritarias
independientemente de las cifras de cualquier encuesta publicada; la mayor
parte de las personas se unen al punto de vista más aceptado aun cuando estén
seguros de su falsedad.24 Es así como se da el proceso de la espiral del silen-
cio, la gente se “traga” sus propias opiniones y se mantiene en silencio hasta
que, en un proceso de espiral, un punto de vista llega a dominar la escena pú-
blica y el otro desaparece de la conciencia pública al enmudecer sus partida-
rios. La espiral del silencio podría ser una de las formas de aparición de la opi-
nión pública. Podría ser un proceso por el que creciera una opinión pública
nueva, o por el que se propagara el significado transformado de una opinión
antigua (Noelle-Neumann: 22,30,60-62,85).25
El miedo al aislamiento, a la mala fama, a la impopularidad, lleva a la ne-
cesidad de consenso. Cuando la gente intenta evitar el aislamiento, no está
reaccionando hipersensiblemente ante trivialidades. Es un asunto vital que
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 313
23 El número de casos de ejecuciones extrajudiciales entre el 2000 y el 2007 fue
de 6364, fuente: Ministerio Público, extraído de Ávila, 2009:28.
24 Esto es lo que Tocqueville describió así: “Temiendo el aislamiento más que el
error, aseguraban compartir las opiniones de la mayoría”.
25 Más adelante la autora analiza las ideas de Gabriel Tarde, quién estudió la ca-
pacidad de y la tendencia humana a la imitación, él se refirió a una necesidad
humana de mostrarse de acuerdo en público con los demás. Sin embargo, el
motivo de querer evitar el aislamiento (es la fuerza que pone en marcha la es-
piral del silencio), según la investigadora alemana, parece mucho más fuerte
que la idea de la imitación.
puede suponer riesgos reales. La sociedad exige una rápida conformidad en
torno a las cuestiones que están experimentando cambios. Debe hacerlo para
mantener un grado suficiente de unidad que le permita permanecer integrada
(Noelle-Neumann: 13,23,80-81,87,103). Estos son los efectos de la opinión
pública, ya no sobre la agenda, sino sobre las personas. En los casos plantea-
dos el mensaje estaba dirigido a determinados sectores sociales quienes ter-
minaron movilizados ante el mismo. El factor emocional (rabia, miedo, dolor)
aunado a la identificación con las víctimas fueron elementos que pudieron con-
tribuir en la cohesión de estos sectores.
B) Que los sectores de la clase media producto del temor mediático crea-
ran desordenes callejeros, en la búsqueda de modelos de justicia privada, lo
que desestabilizaría al gobierno.
C) Consecuencialmente, se esperaba que el gobierno reaccionara de mane-
ra violenta y autoritaria, para resaltar de esta manera rasgos antidemocráticos.
D) Dar la mayor publicidad posible al deterioro y abusos de la institución po-
licial lo que innegablemente deslegitima al Estado y especialmente al gobierno.
E) Llevar al máximo los miedos colectivos para su manejo político-electoral.
Esto último se evidenció en la campaña de la oposición por las elecciones
presidenciales en diciembre de ese año, con consignas como la de su primer
pre-candidato presidencial que rezaba: “por una Venezuela sin miedo”26 ola
del segundo y definitivo que utilizó una canción cuyo coro era: “Atrévete”.27 En
una clara manipulación emotiva, en especial de los miedos de la gente; el bom-
bardeo giraba en torno a estas ideas: dictadura, represión, inseguridad, si sa-
les a la calle te matan, “cunde la impunidad”, etc, etc…
Por último, queremos advertir que, siguiendo los planteos de Noelle-
Neumann (Ibíd.:38), no creemos que el mensaje estaba destinado única y ex-
en foco: la agenda de la violencia en la contemporaneidad latinoamericana
314 / espacio abierto vol. 19 nº 2 (abril-junio, 2010): 297 - 329
26 “Se ha creado una sociedad dominada por el miedo. Miedo a ejercer y recla-
mar derechos, miedo a perderoanoobtener trabajo por razones políticas,
miedo a la delincuencia, miedo a la policía, miedo a perder beneficios socia-
les, miedo a la incertidumbre política y al destino de nuestra sociedad y de la
nación misma, miedo al futuro, miedo a perder la propiedad, miedo a las in-
vasiones, miedo al autoritarismo, miedo al autocratismo, miedo al militaris-
mo, miedo a la corrupción; miedo al miedo mismo. Esto no puede seguir así.
Aspiro, y estoy seguro que con esto expreso el sentimiento de todos, a que
podamos vivir en una Venezuela sin miedo.” Teodoro Petkoff, finales de abril
de 2006, http://movil.globovision.com/not.php?nid=26403 , http://www.ve-
nezuelasinmiedo.com/
27 http://www.youtube.com/watch?v=H5lC-zXH6NM
clusivamente a la oposición venezolana, si bien éste era su principal receptor,
la “señal” al ser “completamente abierta y pública”, podía producir “un cambio
de clima a favor o en contra de un partido, una persona o una idea determina-
da” si el mensaje “lo perciben en todas partes casi simultáneamente todos los
grupos de la población, todos los grupos de edad, todos los grupos de ocupa-
ción.” En Venezuela se intentó hacer dar este viraje, sin embargo la oposición
no logró los resultados buscados.
2.3. El posicionamiento de la “inseguridad” en la agenda
pública: lo subjetivo vs. lo “objetivo”
¿Cuál es el problema más importante al que se enfrenta hoy la nación?
Esta es la pregunta que se ha utilizado en las últimas siete décadas para sondear
los temas que han ocupado la atención del público (McCombs). Partiendo de
todo lo explicado hasta ahora, veamos a continuación como el tema de la inse-
guridad tomó el primer lugar de la agenda pública a partir del año 2006, especí-
ficamente desde el mes de abril en adelante (contemporáneo tanto con los casos
Sindoni, Faddoul y Piñango, como con el juicio del caso Kennedy).
Estos datos sobre las percepciones nacionales de los principales proble-
mas del país, hablan por sí solos.28 Sin embargo, para completar nuestro aná-
lisis consideramos necesario cruzar esta información con la “dimensión objeti-
va” relacionada con el fenómeno de la “inseguridad”: la tasa de los delitos na-
cionales (pcmh).
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 315
2006TEMAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Feb Abr Jul Sep Nov
2007 2008
DESEMPLEO 26,75 36 32,25 37 37,5 25,3 34,25 28 23 23 19 20 14,5 10,6
25,5 22,25 10,75 14,3 10,75 9,6 10,25 14 20 14 13 10 11 8,6
INSEGURIDAD 19,75 27,5 34,5 15 14,75 14 24,5 27 33 34 43 39 36,75 43,3
ECONOMÍA 10,5 10,25 10,75 12 12,5 15,6 13,25 12 9 10 10 10 12,25 17,3
CORRUPCIÓN 9 2,75 1,5 1,6 2,25 1,3 2,5 5 5 4 3 5 4,25 3
SITUACIÓN
POLÍTICA 2,5 5,5 20 22,25 34 15,25 14 10 15 12 16 21,25 16
28 Resulta interesante apreciar como el tema “situación política” también ganó su
espacio en la agenda: en el año 2002 logró un segundo lugar cuando venía prác-
ticamente de la nada, este año fue el Golpe de Estado contra Chávez; en 2004
fue el tema principal, posiblemente motivado por la campaña del referéndum
revocatorio presidencial; nuevamente en 2007 obtiene un segundo lugar, este
año fue bastante movido políticamente: creación del PSUV, no renovación de la
concesión a RCTV y las elecciones para la primera propuesta de reforma consti-
tucional. Es a partir del año 2002 que este tema ha cobrado protagonismo.
En el gráfico puede observarse claramente que los años en estudio
2005-2006 presentan la tasa de delitos más baja de los últimos catorce años:
877 y 881 respectivamente, en un período cuya tasa promedio es de 1021 deli-
tos pcmh. Incluso el año 2001 en el que la inseguridad se ubicó también como
el primer problema nacional (según los sondeos de opinión), en ese año la tasa
de delitos bajó de 977 a 915 delitos pcmh. Observándose -a primera vista- una
importante falta de correspondencia entre los niveles subjetivos y objetivos so-
bre la seguridad.
Sin embargo, aún este análisis estaría incompleto, ya que si bien la tasa
de delitos en general ha tenido una tendencia a la baja, ésta tiene una relación
inversa respecto al dramático aumento de la violencia delictiva, en especial en
lo que se refiere a los delitos de homicidio (PROVEA, 2009:354).29 Durante los
en foco: la agenda de la violencia en la contemporaneidad latinoamericana
316 / espacio abierto vol. 19 nº 2 (abril-junio, 2010): 297 - 329
DELITOS TOTALES
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Elaboración propia con datos del Centro para la Paz UCV.
29 El incremento de la violencia delictiva en el país es un fenómeno que viene
desde el siglo pasado (López: 38-39; Sanjuán: 232). El aumento de los homi-
cidios ha sido una constante de los últimos cincuenta años, así lo señala Bri-
ceño (1997:198): “Las muertes por homicidios y suicidios que para 1955 se
ubicaba en el lugar 16 de las causas de muerte en el país, pasa al sexto lugar
en 1993. La tasa promedio anual de homicidios para el quinquenio 1975-
1979 fue de 9,13 por cada 100.000 habitantes, para 1980-1984 de 12,1, de
10,7 para 1985-1989 y de 19 para 1990-1994, es decir, casi el doble que en el
quinquenio anterior.” Este sostenido aumento de la criminalidad violenta se
acelera en las últimas décadas. Así por ejemplo, en 1990, de los delitos regis-
trados 13% eran contra las personas, mientras que los homicidios sumaban
1%; diez años más tarde -en el año 2000-, los delitos cometidos contra las
personas llegaron a 21,8%, es decir, casi el doble que en la década anterior,
en tanto que los homicidios sumaron 3,4%. De todo lo anterior, lo importante
es destacar que los homicidios, han casi quintuplicado su ocurrencia nacio-
nal en los últimos 28 años, ya que su tasa en 1981 fue de 11 homicidios
pcmh, y en 2009 es de 52 (Sanjuán, 2003:121. Actualización de datos pro-
últimos años, la tasa de los homicidios se ha incrementado constante y preocu-
pantemente,30 lo que pudiese repercutir en los niveles subjetivos de la insegu-
ridad. Veamos las cifras:
Años 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tasa de homicidios
PCMH en Venezuela 25 33 32 38 44 37 37 45
Elaboración propia con datos del Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justi-
cia, cálculos del Centro para la Paz-UCV, extraídos del Informe Anual 2007 de PROVEA.
Observamos como entre el año 1999 y el 2000 la tasa de homicidios su-
bió 8 puntos, sin embargo en estos años fue el desempleo el primer punto en la
agenda pública con casi 09 puntos por encima de la inseguridad. En el año
2001 la tasa de homicidios bajó un punto, sin embargo la inseguridad subjetiva
se elevó 7 puntos, pasando por encima del desempleo en 2,25 puntos. Luego
entre el año 2001 y el 2003 hay de nuevo un aumento significativo en la tasa de
homicidios, esta vez de 6 puntos cada año (¡12 en total!), a pesar de ello en este
período el desempleo recuperó el primer lugar en la agenda; la sensación de
inseguridad bajó en 2002 diecinueve puntos y medio (19,5) y el año siguiente
bajó medio punto más, pasando de 34,5 en 2001 a 14,7 en 2003. En una total
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 317
pia). En América Latina las cifras también presentan un aumento constante:
“los niveles de homicidios en la región, por ejemplo, ascendieron a 44% du-
rante un período de 10 años entre 1984 y 1994. Consecuencialmente, en la
mitad de los países de América Latina y el Caribe los homicidios son la segun-
da causa principal de muerte para la población entre las edades de 15 y 25
años. Un informe (…) del Banco Mundial [del año 2001] divulgó que cada año
son asesinados 140.000 latinoamericanos. La extensión de esta violencia se
ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad en la región” (Tul-
chin/Garig, 2003:13-14).
30 Un aspecto importante a considerar dentro del incremento de la inseguridad
objetiva en Venezuela, y en especial del índice de homicidios, es la cantidad
de personas armadas que existen en el país. En julio de 2006, el Ministro de
Interior y Justicia declaraba que la cifra de armas de fuego en el país ascendía
a los 6 millones, lo que en estimaciones de PROVEA (2007:342) significaría
que en un período de tres años el número de armas se incrementó en un
20%. Esta ONG, siguiendo investigaciones sobre el tema, afirma que en el
país hay un arma de fuego por cada 5 personas; un indicador de este fenóme-
no pudiera ser el índice del delito de “porte ilícito de armas”, el cual se ha in-
crementado constantemente desde el año 2000.
incongruencia con los índices en aumento de los homicidios. Por lo tanto, se-
ñalar el triste aumento de la tasa de homicidios de 2006 como un factor deter-
minante en el posicionamiento de la inseguridad como el principal tema de la
agenda pública no sería del todo consistente. Esto corrobora nuestra hipótesis
del posicionamiento mediático de la inseguridad con independencia de los
reales niveles de violencia delictiva.
Es por ello que señalamos como un importante aspecto para el análisis la
forma como la oposición política, a través de los medios de comunicación priva-
dos, logró posicionar en el primer lugar de la agenda pública a la inseguridad.
Tema que ya desde los años 80 ha estado entre las principales preocupaciones de
los venezolanos (Santos, 1998) y que a partir del 2006 no ha dejado de estar en el
primer lugar de la agenda pública como el “principal problema del país”.31
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Tasa de
homicidios
Sensación de
inseguridad
Elaboración propia.
31 Entre 2007 y 2009 el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) refleja
que la mayoría de los venezolanos tiene a la inseguridad como el principal
problema del país. En una encuesta, realizada en marzo de 2009, que se llevó
a cabo a nivel nacional, con una muestra de 1.200 personas entrevistadas, el
86,1% de los encuestados señaló a la inseguridad como el principal proble-
ma del país (para mediados del 2008 también era el principal problema con
77%). Http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=Attach&type=post&i
d=post-2-12223086682.ibf, http://www.vtv.gob.ve/files/bar%C3%B3metro
%20IVAD-Seijas%20Mazo%202009_0.pdf
2.4. Las respuestas en materia político-criminal
El gobierno durante el año 2006 manifestó su incapacidad para sobrellevar
su campaña y su acción política en materia de “seguridad ciudadana”. Nunca admi-
tió que tanto en el plano de las percepciones (que a la larga construyen realidades)
como en el de la realidad concreta, la inseguridad (subjetiva y objetiva32)sehaido
acrecentando. Los funcionarios relacionados con la materia no trascendieron de la
discusión sobre las construcciones mediáticas, olvidando que más allá de ese de-
bate, ellos deben ejecutar políticas concretas. Pudiera decirse que el discurso pro-
positivo en esta materia fue inexistente,33 operándose una especie de “espiral del
silencio” en los principales actores políticos del gobierno respecto al tema de la in-
seguridad, favoreciendo al posicionamiento del discurso de la oposición.34
Es apenas dos años después de 2006, posiblemente tomando en cuenta
los resultados del referéndum constitucional de diciembre de 2007, que el Pre-
sidente Chávez toma en cuenta, por primera vez, el tema de la inseguridad en
su discurso: “…igual pasa con el tema de la inseguridad, que hasta cierto punto
yo siento que es como una deuda porque han pasado nueve años y hemos
avanzado poco, pero bueno, vamos a retomar impulso y ahora vamos a recu-
perar terreno y tiempo perdido.”35
De este modo la política criminal gubernamental se ha caracterizado es-
pecialmente por la inacción (con alguna excepción en el ámbito legislativo). La
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 319
32 Cuando nos referimos a la “inseguridad objetiva” nos concentramos espe-
cialmente en el aumento de la tasa de homicidios, ya que en general la tasa
delictiva ha disminuido, como ya hemos señalado.
33 Una importante excepción a esta afirmación fue la creación de la CONAREPOL
que detallaremos más adelante.
34 “En épocas de cambios drásticos es muy necesario prestar atención a cómo hay
que comportarse para no quedarse aislado. Cuando el orden de las cosas per-
manece estable, la mayor parte de la gente no choca con la opinión pública si no
viola las normas corrientes de decencia; ni siquiera caerá en un remolino de la
espiral del silencio. Lo que hay que hacer o dejar de hacer o decir es tan obvio
que la presión de la conformidad actúa como la presión atmosférica bajo la que
vivimos: no nos damos cuenta de ella. Pero en épocas prerrevolucionarias y re-
volucionarias se experimentan nuevas sensaciones. El apoyo de la opinión va
abandonando a los gobiernos hasta que éstos acaban derrumbándose; y los in-
dividuos, perdida la confianza y la seguridad de lo que hay que alabar o conde-
nar, intentan vincularse a las nuevas pautas. En esas épocas tan agitadas y bajo
estas presiones resulta más difícil entender el funcionamiento de la opinión pú-
blica y hallar palabras adecuadas para describirlo” (Noelle-Neumann: 107-108).
35 Febrero de 2008, en cadena nacional, tomado de PROVEA (2008:356).
política criminal y la seguridad ciudadana para un Estado que no quiera tener
un corte autoritario, ni caer en prácticas típicas de la derecha política, resulta
algo sumamente complejo y difícil de afrontar. En especial si se intenta ser
coherente con la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad y la
búsqueda de una mejor calidad de vida para todos.
En buena medida esta inacción gubernamental puede estar motivada tam-
bién por diluir el tema de la seguridad dentro de la política social general, perdien-
do su necesaria especificidad.36 Para PROVEA (2008:355) tanto en el Presidente
como en los altos funcionarios prevalece “la creencia de que la pobreza es la causa
eficiente de la violencia, por lo que la mejoría en los niveles de vida de la pobla-
ción, la promoción de procesos de inclusión social, la extensión de la ciudadanía y
la reducción del desempleo y el empleo informal, serían suficientes como para re-
componer la convivencia democrática de la sociedad venezolana. Tal creencia,
ampliamente extendida en la región, no se basa en teoría comprobada: por el
contrario, más aún en el caso de Venezuela, contribuye a reafirmar más una rela-
ción circunstancial entre pobreza-violencia, que la de causa-efecto.” Y en efecto,
durante los últimos diez años los índices de pobreza han disminuido notablemen-
te, pasando de un porcentaje de personas pobres a nivel nacional de 50,4 para
1998 a un porcentaje de 33,6 para el año 2007 (INE en PROVEA, 2008:367). Guar-
dando una relación inversamente proporcional con la tasa de homicidios.
Esta inacción es tal, que es sólo a partir del período estudiado cuándo
más se cuentan intervenciones en materia de seguridad ciudadana por parte
del gobierno.
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Intervenciones
en materia de
seguridad
ciudadana
Elaboración propia con datos de Centro para la Paz UCV.
36 Lo que no debe confundirse nunca con una política criminal independiente
de la política general
Veamos ahora alguna de las políticas con las que el gobierno reaccionó
ante este posicionamiento de la inseguridad dentro de la agenda del año 2006:
A. La CONAREPOL y la Ley de Policía Nacional: el 10 de abril -a los
días del escándalo del caso Faddoul y con Kennedy y Sindoni a cuestas- el Mi-
nisterio de Interior y Justicia crea la Comisión Nacional para la Reforma Policial
(CONAREPOL). Este espacio académico e interinstitucional trabajó en la formu-
lación de un modelo policial basado en el respeto de los DDHH. De esta manera
el gobierno concentró toda la demanda de seguridad en el tema policial. A pe-
sar de que, más allá de la construcción de la anterior coyuntura, la problemáti-
ca policial tiene vieja data en el país (más de 30 años)37; la policía venezolana
lleva tiempo descontrolada y los cambios de gobierno no han mejorado esa si-
tuación; los casos de ejecuciones extrajudiciales38 no son nuevos y las víctimas
de estos hechos son las personas más humildes de los barrios venezolanos (las
que tienen menos poder de reclamo social). Fue necesaria entonces la victimi-
zación de sectores con poder de reclamo social, con gran visibilidad mediática,
para que el gobierno se encargara de estos asuntos. Es en estos casos cuando
la influencia de los medios de comunicación sobre la agenda pública, y de esta
misma sobre la agenda política se hacen notorios.
Lo cierto es que todo esto reavivó el debate acerca de la necesidad de re-
glar la función policial y de ejercer mayores controles sobre la institución, me-
didas que los actores políticos del gobierno veían materializadas en la creación
de una Ley de Policía Nacional (LPN). Por su parte la CONAREPOL realizó impor-
tantes estudios y aportes en este sentido; sin embargo, al parecer, lamentable-
mente esto se quedó en publicaciones para bibliotecas y académicos especiali-
zados, ya que no se ha visto mayor voluntad del gobierno para aplicar muchas
de las propuestas de la mencionada comisión. Sólo dos años después fue con-
siderada la promulgación de la LPN, pero ésta era sólo una parte de todo el
conjunto de políticas que se habían trabajado en ese espacio. Como si la ley por
si sola fuese a solventar el complejo fenómeno de la inseguridad.39
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 321
37 “El venezolano de los 80 entre la preocupación por el avance de los
delitos y la insatisfacción por el trabajo y el comportamiento de las
instituciones policiales… (…) …la opinión pública comenzaba a percatar-
se de que la intimidación y el abuso de poder penetraban la metodología poli-
cial, sobre todo en el trabajo de calle realizado por los cuerpos de policía pre-
ventiva, y en las actividades de investigación y pesquisa efectuadas por el
Cuerpo Técnico de Policía Judicial” (Santos, 1998:199).
38 Sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y los órganos encargados
de la investigación penal, ver: Avila, 2009. En: http://www2.mp.ma.gov.br/
ampem/artigos/Artigos2009/2009_ARTIGO-0602Ano2009.pdf
El posicionamiento de la inseguridad como tema principal de la agenda
provocó una “urgencia” parlamentaria por aprobar la mayor cantidad de leyes
posible relacionadas con la materia. En la promulgación de leyes encontró el
gobierno la mejor respuesta a la presión mediática de sus adversarios. Mencio-
naremos las más relevantes sin entrar a considerar sus contenidos, lo que su-
peraría los objetivos de este estudio.
B) Ley de testigos y víctimas: fue presentada el 27 de junio por iniciati-
va del Fiscal General de la República ante la Asamblea Nacional, sancionada el
22 de agosto y entró en vigencia el 04 de noviembre de ese mismo año. Tiempo
record para el proceso legislativo regular: la ley duró cuatro meses para su
aprobación. En este caso a la agenda de la inseguridad se le agregaba todo el
peso del caso del asesinato del Fiscal Danilo Anderson (2004), que estuvo pla-
gado de escándalos, entre éstos uno de los más resaltantes fue el de un “testi-
go estrella” que -a mediados de 2006- necesitó de varias medidas de protec-
ción por parte del Ministerio Público. Esta ley tendría entonces una doble géne-
sis mediática.
C) Reforma del COPP: El 04 de octubre entró en vigencia una nueva re-
forma del Código Orgánico Procesal Penal, diseñada con el objeto de otorgar
mayores beneficios procesales a los penados. Esta fue una respuesta a las de-
mandas de la población penitenciaria del país que durante 2006, protagonizó
varias protestas solicitando beneficios procesales. Así entonces, esta ley tam-
bién correspondió a dos presiones mediáticas: la general matriz de la ola de in-
seguridad y las necesarias reformas del sistema penal y otra más específica re-
ferente al subsistema penitenciario.40
en foco: la agenda de la violencia en la contemporaneidad latinoamericana
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39 Otra de las recomendaciones tomadas en cuenta fue la creación del Consejo
General de Policía, creado en julio de 2009. Esta instancia asesora al Ministro
con competencia en materia de seguridad ciudadana cuya misión es coadyu-
var a la definición, planificación y coordinación de las políticas públicas en
materia del servicio de policía, así como en el desempeño profesional de los
policías. http://www.consejopolicia.gob.ve/
40 Es de destacar que dentro de esta reforma -que tuvo algunos avances en ma-
teria de ejecución penal- se derogó el artículo 493 que planteaba la obten-
ción de cualquiera de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena en
una gama de delitos, sólo luego de que el penado hubiera cumplido la mitad
de la condena. Esta derogación obedeció a la existencia de un recurso de nu-
lidad por inconstitucionalidad que cursaba ante la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia, conjuntamente con un amparo constitucional,
habiéndose dictado una medida cautelar en el año 2005, en la cual se sus-
pende la aplicación de este artículo hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
D) Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia: el 09 de noviembre fue propuesta por la Comisión Permanente
de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional y sancionada el 25 de ese
mismo mes. La aprobación expedita de esta ley se debió, por una parte a la “ola
de inseguridad”, pero por otra -seguramente de mayor peso-, también fue mo-
tivada por el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, en el mes de mayo, a favor de la desaplicación por inconstituciona-
lidad -solicitada en 2003 por el Ministerio Público- de varios artículos de la Ley
sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. Lo que dejó sin efecto el mandato
legal que permitía la detención inmediata de aquellas personas involucradas
en maltratos contra la mujer o la familia. Esta solicitud fue políticamente con-
traproducente para el Ministerio Público, quien fue objeto de todo tipo de acu-
saciones y descalificaciones por parte de movimientos feministas.
Tales fueron las reacciones de los movimientos feministas -muchos de
ellos aliados con sectores de la oposición- que a raíz de esta coyuntura, el Minis-
terio Público en conjunto con la Asamblea Nacional, anunciaron la creación de
100 despachos fiscales especializados para atender la problemática de la violen-
cia contra la mujer. Sin mayores estudios o análisis técnicos sobre las necesida-
des reales en esta área; esta decisión fue sólo una respuesta mediática a las pre-
siones de igual naturaleza realizadas por los grupos feministas. A las dos presio-
nes mediáticas señaladas habría que agregarle otra, tal vez de menor intensi-
dad, pero que igual estuvo presente: el caso de Linda Loaiza, joven que estuvo
tres meses secuestrada en un apartamento por un hombre de clase media alta,
quien la golpeó, violó y torturó sistemáticamente, ocasionándole gravísimas le-
siones. Por la ascendencia social del implicado, el caso tuvo todo tipo de dilacio-
nes, fue suspendido 29 veces, el expediente pasó por 20 tribunales y por 10 cor-
tes de apelaciones, etc… Este caso por sus características fue un escándalo que
ocupó a las noticias criminales desde el año 2004, fue apenas en mayo de 2006
(año de nuestro estudio sobre la “ola de inseguridad e impunidad”) cuando el
acusado fue condenado a 6 años de prisión ¿habría algún tipo de influencia del
contexto descrito hasta ahora para el cambio de ritmo en este caso?
3. Comentarios Finales
En las líneas anteriores hemos descrito cómo las empresas privadas de
comunicación posicionaron a la inseguridad como el principal problema del
país, influyendo directamente sobre la agenda política del gobierno. Este tipo
de experiencia, como ya hemos señalado, no es nada novedosa y ya abundante
literatura científica ha trabajado y demostrado estos procesos. Cuyos ambien-
tes más tradicionales son las campañas electorales. En todas ellas hay un pun-
to en común: los resultados de la política criminal motivada por alarmas, mie-
dos colectivos y demandas de mayor “seguridad”, son predominantemente
la instrumentalización del delito: política, empresas
de comunicación e inseguridad keymer avila 323
reactivos y regresivos para la protección de los derechos humanos y las liberta-
des ciudadanas. Si a esto le agregamos, por una parte, una intencionalidad po-
lítica clara de sus promotores para que se siga este camino, y por la otra tene-
mos a unos actores gubernamentales con poca capacidad de respuesta y expe-
riencia en estos temas y coyunturas, la situación se hace más delicada.
La conflictividad y violencia sociales son temas que ameritan una discu-
sión política profunda, seria y comprometida, que trascienda a las meras co-
yunturas electorales y shows mediático-partidistas. La instrumentalización de
estos temas por este tipo de coyunturas hace difícil crear condiciones para la
construcción y desarrollo de políticas democráticas de prevención y conten-
ción de la violencia. La política criminal no debe estar supeditada a los ritmos
de la agenda mediática.
En este sentido, es necesario que las instituciones gubernamentales no
sean tan fácilmente seducidas o inducidas por estas lógicas, el debate político
coyuntural es inevitable para el gobierno, pero la elaboración y ejecución de
políticas coherentes, democráticas e inclusivas, de protección de los derechos
fundamentales en el día a día de las personas, es su deber, además de ser el
principal motivo por el cual la gente les da el voto. Esto no sucede con las em-
presas privadas de comunicación, que obedecen a intereses particulares y que
no cuentan con la legitimidad de la votación popular.
Por último, no debe perderse de vista que quienes más sufren la violencia
y los conflictos son las grandes mayorías desposeídas y marginadas, los no
propietarios, los que son invisibilizados por los medios de comunicación, a
menos que éstos aparezcan como victimarios, es sólo en estos casos cuando
las empresas de comunicación les brindan un espacio preferencial.
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Ávila, Keymer. Medios de comunicación, campañas electorales y sensación de inseguridad [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/medios-de-comunicacion-campanas-electorales-y-sensacion-de-inseguridad/> [Citado el 16 de Agosto de 2018].
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