Como es de público conocimiento, actualmente los inversionistas tanto locales como extranjeros no se limitan a las oportunidades de negocio que se le presentan en una economía con fundamentos macroeconómicos estables, para sus decisiones empresariales, también toman en cuenta otros factores como la estabilidad jurídica de un país, los conflictos sociales, la corrupción, la inseguridad ciudadana, entre otros.
La corrupción es uno de los grandes lastres que impiden que una sociedad prospere y se desarrolle, y es deber del Estado el combatirla frontalmente y sancionarla, contando con la participación activa de la prensa y la ciudadanía denunciando los casos de corrupción, a fin de que se aplique la Ley.
Lamentablemente la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad, sea en el ámbito privado como en el sector público. Ello afecta la credibilidad de los ciudadanos sobre empresas privadas e instituciones públicas, donde se han detectado casos de corrupción lo que genera un impacto negativo en la economía de un país.
Uno de los casos de corrupción que afectan la economía de los países es el denominado lavado de activos, para efectos de ilustrar una de las acciones que vienen tomando para combatir este flageló voy a tomar como ejemplo el caso peruano.
Recientemente, el pasado 21 de febrero fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30730 conocida como Ley de bancarización, esta ley que limita el uso de efectivo en las compras de autos e inmuebles por montos iguales o mayores a 12 mil 450 soles entrara en vigencia a partir del mes de Agosto, es decir a seis meses de su publicación.
Según la citada Ley, la compra y venta de inmuebles o vehículos (terrestres, aéreos y marítimos), y las operaciones de adquisición, aumento o reducción en la participación del capital social de una empresa, por S/12,450 equivalentes a 3 unidades impositivas tributarias (UIT) o importes mayores deberán realizarse obligatoriamente a través del sistema financiero para ser consideradas legales.
El dispositivo legal señala que estas transacciones deberán hacerse vía depósitos a cuenta, giros, transferencia de fondos, órdenes de pago, tarjetas de créditos o de débito, cheques, remesas y cartas de crédito.
El documento indica que los notarios, jueces de paz o los funcionarios de registros públicos, se encargarán de verificar que se cumpla la Ley a través de una escritura pública. De no cumplirse con el mandato, la transacción no será formalizada y los notarios, jueces de paz o los funcionarios de registros públicos serán sancionados.
Respecto a la Ley de Aduanas, la ley de bancarización establece que los terceros vinculados a operaciones de comercio exterior, como las empresas financieras, aseguradoras y otros, estarán obligadas a informar y comparecer ante la autoridad aduanera, de no hacerlo serán sancionados conforme a la Ley General de Aduanas.
Sobre el particular debo expresar que me encuentro de acuerdo con la Ley N° 30730 porque no solo será un elemento que servirá para combatir el lavado de activos y la evasión tributaria, sino también para apoyar la formalización de la economía y la lucha contra la inseguridad ciudadana, con el consiguiente beneficio para la economía del país.