“… A nadie le gusta pensar, le gusta que le den todo pensado…” Adolf Hitler.
La última información sobre la inseguridad en Venezuela, disponible en los medios de comunicación, es el informe “El Delito como factor de inseguridad ciudadana”, y de allí extractamos: “… El 98% de los casos de homicidio [son] con armas de fuego… 60% de los cadáveres [tienen] heridas por más de cinco disparos… En el 36% de los casos registrados las víctimas son jóvenes de entre 15 y 29 años… De mantenerse la tendencia del Primer Semestre 2009, se registrarán unos 18.436 homicidios en el país al final del año… Venezuela tiene una media de 40 muertes diarias y 52 homicidios por cada 100.000 habitantes a final de 2008…” (INCOSEC): Un asesinato cada 37 minutos.
La proyección sensacional
Significa en otros términos que al cierre de este año y según esa proyección, la tasa en Venezuela será de 68 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que significará un incremento neto del 30% con referencia al año 2008.
Siendo así y manteniendo la misma relación y tendencia, de la tasa de 130 homicidios por cada 100.000 habitantes que se registra en la región capital según Roberto Briceño León, pasaremos a 169 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Es decir, si nos aventuramos en la proyección y manteniéndose sin mayores modificaciones las tendencias, para el final del año 2010 en la región capital con una población estimada de 2.163.610, la tasa será de 219 asesinatos por cada 100.000 habitantes y para el resto del país, con una población estimada en 28.113.041, sin mayores saltos o picos estadísticos, la cifra será de 88,4 asesinatos por cada 100.000; lo que arrojaría un total de asesinato igual o mayor a 24.851: Un asesinato cada 21 minutos.
Al amanecer del primero de enero del 2011, serían un total de 193.287 asesinados si al acumulado existente hoy de 150.000 asesinatos en diez años, se suman los ocurridos en estos dos últimos años proyectados; significa sin lugar a dudas, apenas a 152 días más de asesinatos diarios para alcanzar la cifra de 200.000 asesinados en doce años de revolución bolivariana.
Es sólo sensación, según el experto
“… Inseguridad ciudadana y show penal: lo mediático sobre lo real; lo ‘urgente y coyuntural’ devora lo importante y trascendental…” subtítulo del punto 1.3. de las reflexiones del Magna cum Laude UCV, abogado Keymer Ávila, integrante del equipo de expertos quien, además de Asistente del Fiscal General de la República, asesora al gobierno en materia de Policía Nacional.
Afirma en su profundo análisis: “… la Política Criminal, instigada por los medios de comunicación social, se caracteriza comúnmente por la búsqueda de respuestas simbólicas e inmediatas a costa de los derechos humanos… Su objetivo es brindarle a la población la sensación de que se está haciendo algo… lo importante es el show… Las empresas de comunicación dieron una impresionante publicidad a cuatro casos…: 1) Asesinato… en el sector Kennedy…; 2) Secuestro y… asesinato de los hermanos Faddoul y su chofer; 3) Asesinato… [de] Filipo Sindoni y 4) Asesinato del sacerdote Jorge Piñango… que alentaba la retoma de acciones callejeras con fines políticos… Allí se evidenció, nuevamente, la influencia que tienen las empresas de comunicación en la sensibilidad de las masas, utilizando como instrumento al fenómeno ‘inseguridad’ para manejar los miedos colectivos…”
“… ¿Qué tenían en común esos cuatro casos?: 1) El repudio y la consternación colectiva…; 2) Presunta participación de funcionarios policiales…; 3) Que las víctimas tenían poder de reclamo social…; 4) La intencionalidad política de las empresas de comunicación social para utilizar el dolor y generalizar estos hechos convirtiéndolos en una gran oleada de ‘inseguridad’…”
“… ¿Qué se buscaba con esto?… 1) Que el gobierno reaccionara de manera violenta y autoritaria… 2) Dar la mayor publicidad posible al deterioro y abuso de la institución policial… 3) Que los sectores de la clase media… crearan desórdenes callejeros… y 4) Llevar al máximo los miedos colectivos para su manejo político-electoral…” (Revista Electrónica de Ciencias Jurídicas RECJ.06.02.09)
La línea política
No fue entonces una ligereza la tajante afirmación de la Trabajadora Social egresada también de la UCV y actual detentadora del cargo de Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez: “… La idea en este momento es, primero, reducir la sensación de inseguridad que tiene el pueblo y darle herramientas como mayor formación de los policías, entre otras cosas…” (Semanario Informe, viernes 310709).
Esa afirmación oficial de que el problema de inseguridad en Venezuela es sólo una sensación, tiene entonces, a los efectos, un sustento pretendidamente técnico y se soporta, como hemos visto, en un pormenorizado análisis realizado, escrito y publicado en febrero de este año por un académico de las más altas calificaciones universitarias y profesionales, quien ejerce como vemos, entre otras actividades, el cargo de Asistente de la Fiscal General de la República.
Pero… siempre hay un pero
Para cualquiera fuere el ciudadano común, experto o no en la materia, que pretenda o intente comprender las interioridades del tan complejo y grave problema de la inseguridad que le afecta a él, a los suyos y a la comunidad –sea ésta una sensación o no–, frente a un texto supuestamente técnico firmado por alguien de tan especialmente acabadas calificaciones universitarias, si bien por una parte le resulta cuesta arriba y casi imposible poner en duda el contenido en sus términos, análisis, soportes y conclusiones; por la otra, le resulta muy complejo asimilarlo cuando algunos factores ajenos a los estrictamente técnicos, expresamente se introducen o mezclan en el contenido.
Frente a esos iniciales argumentos que hemos extractado del informe, que si bien pudieren ser muy válidos o validados detalles propios a los libretos discursivos en el juego políticos, o en descargo ante una evidenciada o manifiesta incompetencia, difícilmente pueden ser considerados o tomados en cuenta fuera de ese estricto ámbito: El político. por tanto, no en el orden técnico, puesto que un informe pericial de cualquier tipo, independiente de las altas calificaciones técnicas de su autor, tiene que ser y debe ser técnico; de allí el cuidado que se debe prestar en cuanto a los esquemas argumentales sobre los que se pretendan soportar algunos criterios o conclusiones.
El informe sobre la inseguridad, o es técnico o no lo es, y si es político, como pareciera ser el caso, no necesariamente es y puede ser considerado técnico. Y esto lo podremos dilucidar, comparando sus detalles con las realidades que vive a diario el ciudadano, con esos impresionantes hechos del cotidiano acontecer que le acogotan. Y no queda otra alternativa: Frente a la argumentación política, la contra-argumentación en el mismo campo y sentido.
Duda razonable
No estamos al cabo de saber si el asunto o la política de inseguridad de la cual se trata revela de: a) una secreta competencia revolucionaria con fines históricos, o más bien, quizás –a lo mejor– b) una transposición de términos en una dirigida acción revolucionaria y en vez matar a la pobreza, condicionando el ambiente social se hace la provisión de los medios necesarios y mediando un alimentado, consciente y voluntario laissez faire laissez passer se impulsa por una parte la inseguridad y por la otra, expresamente, se está dejando que los pobre se maten entre sí –a imagen y semejanza de lo que sucede entre la población penal recluida en las ergástulas que tienen por cárceles– en cuyo caso, bien entendido queda, falta mucho cadáver por ver y mucho por contar.
Fidel Castro, asumiendo por completo responsabilidades y derivados, en más de 612 meses de vigencia de su revolución, en los institucionalizados y públicos lugares denominados “El Paredón”, al mando directo o indirecto (vía Che Guevara) de los pelotones de fusilamiento y a la voz de fuego, ha llegado a asesinar a un total aproximado no menor a 20.000 seres humanos: Un promedio de 32 mensuales.
Las cifras de la revolución venezolana salvo este precedente revolucionario, no tienen otro en toda la historia latinoamericana: En la revolución de Hugo Chávez, sin nadie que asuma responsabilidades y derivados, sin “Paredón”, sin pelotones de fusilamiento, y sólo distribuyendo armas individuales, repartiendo y manteniendo el suministro de municiones entre los afectos, los allegados, los asociados, los salariados y los delincuentes comunes –y no tan comunes–, en menos de un cuarto de ese tiempo, 144 meses contados hasta el 31/12/2010, va camino a multiplicar por diez esa cifra record de fusilados hasta ahora en manos de Fidel Castro, con un promedio estimado de 1.342 asesinados mensuales.
Y si fuere el aspecto técnico la consideración
Puesto que el material sujeto a observación versa sobre el tema de la policía de investigación criminal y con un determinado objetivo destinado a imponer una futura y forzada adscripción del órgano de ejecución material de las operaciones y medidas de policía destinadas a la investigación de los delitos a la Fiscalía General de la República, bien vale la oportunidad para referir al autor del texto considerado, algunas acotaciones que, por cierto, siendo política, sin embargo no parecieran formar parte del interés de los expertos, de la investigación y del análisis en consideración.
1. La policía, independiente de la especialidad y del órgano de adscripción nacional, regional o local, por específicos principios y específicas normas vigentes en Venezuela, han estado y están adscritos y es función exclusiva de los órganos del poder Ejecutivo.
2. La Fiscalía General de la República o Ministerio Público, no es un órgano del poder Ejecutivo, en el nuevo texto constitucional, órgano del Poder Moral.
3. Las actuaciones o actos ejecutados por los funcionarios adscritos a los órganos de ejecución material de las operaciones y medidas de policía, en cualquiera fuere la situación o circunstancia, no son ni podrán ser consideradas jamás actos jurisdiccionales.
4. Existen diferencias muy substanciales entre la potestad para el misionamiento, mando, supervisión y control del órgano jerárquico de adscripción del funcionario policial actuante en cualquiera sea la circunstancia, y aquellas potestades propias y asignadas a unos u otros sean los órganos que por ley están llamados al ejercicio tutelar de y en las actividades de esos funcionarios de la policía, independiente de su adscripción orgánica.
5. Salvo que se modifique total y absolutamente el marco jurídico vigente, comenzando por el texto constitucional, no existe forma alguna que permita la adscripción de una Policía de Investigación Criminal a la Fiscalía General de la República.
6. La principal y más importante de las causas que han determinado y determinan o conforman la sostenida pérdida en las capacidades del Estado para el ejercicio del ius puniendi, como hemos sostenido por años en múltiples notas –y en la charla solicitada y dictada ante los Fiscales titulares el viernes 23 de mayo de 2003–, radica precisamente en el dirigido, continuo y sostenido solapamiento de actividades y de responsabilidades, donde en definitiva se materializan, toman forma, las tres características del sistema político y de la justicia en Venezuela: a) La evasión al conflicto; b) la ley del menor esfuerzo y c) la ausencia de rendición de cuentas.
Como queda suficientemente sustentado, el problema de la inseguridad en Venezuela, a pesar de todos los sesudos planteamientos, los elaborados informes y las expertas opiniones de los letrados y sus seguidores, es algo más que una simple sensación.