Desde 1992, el sector eléctrico peruano ha evolucionado de manera positiva. Las reformas introdujeron mayor competencia en los sectores de generación y contratos de electricidad, un poder de regulación independiente del Gobierno y una importante participación del sector privado, nacional e internacional.
El resultado para el consumidor es un servicio de electricidad seguro y de calidad, con precios estables y un coeficiente de electrificación creciente. Sin embargo, la transformación del sector aún no ha terminado. La integración con la Comunidad Andina (CAN) generará un sector eléctrico “más armonizado” con los otros países miembros.
Además, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) propone un libre comercio en todos los sectores (incluyendo el sector eléctrico), que podría resultar en reformas más radicales de las que hasta ahora se han realizado. En este artículo analizamos los cambios y reformas que se deberían considerar en un futuro cercano.
El sector eléctrico peruano actual
Al final de la década de 1980, el sector eléctrico peruano se encontraba en una seria situación de crisis. Los monopolios estatales afrontaron problemas financieros crónicos, desincentivando la inversión, y las consecuencias se tradujeron en un sector ineficiente y una cobertura eléctrica limitada y de pequeña confiabilidad, con tarifas inadaptadas.
Aunque los problemas financieros estaban ligados a la devaluación constante del sol y a una politización del sector, más que a una estructura sectorial totalmente deficiente, la solución elegida en las reformas incluía cuatro ejes importantes:
- La desintegración horizontal y vertical de Electroperú y Electrolima en nuevas empresas.
- La privatización parcial y progresiva de estas nuevas empresas.
- La libre competencia por los contratos de los grandes consumidores (> 1 MW).
- La creación de organismos reguladores independientes y la utilización del principio de los costos marginales en la computación de las tarifas reguladas.
En consecuencia, como se muestra en el cuadro 1, el sector eléctrico se desarrolló en un mercado muy desintegrado hacia el año 2001 (más de 30 empresas producían electricidad, 7 tenían infraestructuras de transmisión y 21 hacían la distribución). En dicho año, más del 50% de la energía producida fue vendida en el mercado libre, donde las especificaciones de los contratos estuvieron negociadas de manera privada.
La privatización del sector no fue total. Las principales empresas de generación (Electroperú) y de transmisión (Etecen) permanecieron en propiedad del Estado, como la mayoría de las distribuidoras rurales, onde la densidad y el consumo de los usuarios no atraían inversionistas privados.
«A pesar de que durante los años 1990 se podía debatir sobre varios aspectos de la privatización y desintegración, era indiscutible la necesidad de las reformas. Hoy, los cambios que la integración andina y el ALCA traerán no tienen un motivo directo en los problemas del sector eléctrico actual.»
Los indicadores de desempeño del sector indican un avance significativo en la década de 1990. El coeficiente de electrificación creció por encima del 70% en 1999 (se encontraba por debajo del 50% en 1990), las pérdidas de energía de las distribuidoras disminuyeron de 21% a 10% entre 1993 y 2000, y las ventas totales de energía se duplicaron, pasando de 7.603 GWh en 1990 a 15.525 GWh en 2000.
Para los consumidores, los precios resultan menos estables; así, los grandes consumidores pueden contratar a largo plazo, mientras que los pequeños consumidores ven cambiar el precio cada semestre, con el respectivo cambio de precios marginales de largo plazo. Finalmente, como el precio para el consumidor residencial es comparable con el nivel internacional –alrededor de 0,1 US$/kWh–, se puede concluir que las reformas fueron globalmente positivas para el país.
A pesar de que durante los años 1990 se podía debatir sobre varios aspectos de la privatización y desintegración, era indiscutible la necesidad de las reformas.
Hoy, los cambios que la integración andina y el ALCA traerán no tienen un motivo directo en los problemas del sector eléctrico actual. En tal sentido, en el caso del sector eléctrico, dichos procesos de integración son más bien actos de fe en el mercado, que pasos hacia soluciones de los problemas.