Introducción
En la presente monografía trataremos de explicar en forma ordenada el estudio realizado acerca de la unidad número cuatro perteneciente a la materia en cuestión: Derecho Constitucional; siendo el tema a tratar en la misma “Instituciones Constitucionales Argentinas”.
Para la realización del trabajo nos proponemos analizar cada uno de los temas que integran dicha unidad en forma clara y concisa, permitiendo al lector una rápida interpretación de los mismos.
Nuestros objetivos para poder llevarlo a cabo son:
- Realizar una lectura profunda y comprensiva de todo el material recolectado.
- Comentar entre todos los integrantes del equipo cada uno de los temas.
- Debatir grupalmente la forma de redacción de la monografía, adoptando una postura selectiva del material.
- Aportar la subjetividad de cada uno para la realización del trabajo definitivo.
Esperando cumplir con cada uno de los objetivos fijados para la confección de esta monografía, aquí tenemos el desarrollo de la misma.
Desarrollo
1. Los Tratados Internacionales
Los tratados son acuerdos de voluntad entre dos o más derechos internacionales, celebrados por escrito entre Estados y regidos por el derecho internacional.
Uno de los criterios para distinguir un tratado de cualquier otro convenio internacional es el siguiente:
- Cuando un acuerdo queda sometido a derecho interno de un Estado para regirse por sus disposiciones, ese convenio no es un tratado internacional.
Este criterio es útil para:
- Examinar a los convenios internacionales que no son tratados del mecanismo de celebración de tratados.
- Considerar que las provincias pueden celebrar convenios internacionales que no son tratados.
La Gestión de los Tratados
Normalmente un tratado recorre las siguientes etapas en nuestro derecho constitucional:
1. Negociación (P. Ejecutivo)
2. Firma (P. Ejecutivo)
3. Aprobación o rechazo (Congreso)
4. Ratificación (P. Ejecutivo)
Una etapa no obliga a cumplir la siguiente.
Existen otras modalidades: Hay tratados a los que un Estado puede “adherir”, sin haberlo negociado o firmado. El Estado adherente se incorpora al tratado negociado y firmado por otros Estados.
La adhesión es una figura frecuente en tratados cuyos Estados signatarios los dejan “abiertos” para que otros Estados se incorporen a ellos posteriormente.
El acto de celebración de un tratado requiere la concurrencia de voluntades de dos órganos: Presidente y Congreso.
Tanto el acto presidencial por el que concluye y suscribe un tratado, como el acto del Congreso por que se aprueba un tratado concluido (o lo desecha), son actos de naturaleza o contenidos políticos.
Clasificación de los Tratados
Los Tratados pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista:
Con respecto al número de Estados participantes
- Bilaterales: Son los que ligan a dos sujetos de derecho internacional.
- Multilaterales: Son los concluidos entre más de dos sujetos de derecho internacionales.
Con respecto a las formas de dar consentimiento para obligarse
- De debida forma: Son aquellos en los que la voluntad de obligarse se expresa por un acto del jefe de Estado.
- De forma simplificada: Son aquellos en los que obliga al Estado un funcionario de categoría inferior al jefe de Estado, mediante la sola firma.
Con respecto al objeto del Tratado
- Tratados de paz
- Tratados de extradición
- Tratados culturales
- Tratados fiscales
- Tratados sociales
- Tratados económicos
- Tratados consulares
- Tratados de amistad
- Tratados de navegación
- Tratados de tráfico aéreo
- Etc.
Con respecto al tipo de obligaciones que crea la doctrina
- Tratados Ley: Son aquellos en los que existen dos o más voluntades comunes con un mismo objeto.
- Tratados Contrato: Son aquellos en los que existen dos voluntades opuestas pero complementarias, una quiere vender una cosa mientras que a otra quiere comprar la misma cosa.
Con respecto al criterio para su participación
- Tratados abiertos: Son aquellos tratados que prevén la participación de contratantes que no han participado en la negociación, mediante la adhesión o la firma. Este punto ha sido mencionado anteriormente en la Gestión de los Tratados.
- Tratados cerrados: Son aquellos que permiten exclusivamente la participación de los negociadores y no prevén la incorporación de nuevos contratantes.
Tratados firmados por la República Argentina
Entre los principales Tratados que ha firmado la Argentina podemos mencionar:
- El Tratado Antártico: Firmado con once países en Washington el 1 de diciembre de 1959. El mismo fue ratificado por la ley 15502 en 1961.
- El Tratado con la República de Chile: Firmado el 5 de abril de 1972 y ratificado por la ley 19961 en el mismo año.
- El Tratado del Río de La Plata y su fuente marítima: Firmado con el Uruguay el 19 de noviembre de 1973 y ratificado por la ley 20645 en 1974.
- El Tratado de Yaciretá: Suscripto el 3 de diciembre de 1974 con el Paraguay, para construir la represa Yaciretá-Apipé. El mismo fue ratificado en 1974 con la ley 20646.
- El convenio suscripto en Panamá: Firmado con varias naciones americanas el 17 de octubre de 1975, con el cual se crea el ”Sistema Económico Latinoamericano” (SELA). Éste fue ratificado por la ley 21472 en el año 1976.
- El Tratado de Montevideo: Suscripto el 12 de agosto de 1980 y por el cual se crea la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). El mismo se ratificó por la ley 23254 en 1980.
2. Artículo 31
En general en todas las constituciones aparece una declaración expresa que legitima el principio de la supremacía constitucional.
Esa declaración está específicamente reconocida en nuestra ley fundamental en el Art. 31, el cual establece: “Esta constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859.”
Como mencionamos anteriormente un tratado entra en vigencia una vez ratificado. Solo después de haberse ratificado puede hablarse de Dualismo y Monismo.
- Monismo: Coloca al derecho internacional por encima de la Constitución. El monismo absoluto facilita la supremacía del derecho internacional. Se decía que en tiempos de guerra el derecho internacional prevalecía sobre la Constitución, por lo tanto en tiempos de paz, era a la inversa.
- Dualismo: En este caso nos encontramos frente a una supremacía constitucional sobre el derecho internacional, es decir, coloca a la Constitución por encima de los tratados internacionales.
En nuestro Régimen el derecho internacional jamás puede prevalecer sobre la Constitución puesto que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado un enfoque dualista.
La ley suprema de nuestra Nación es la Constitución Nacional, luego le siguen los tratados internacionales y por último las leyes.
3. La competencia del Congreso: Artículo 75
- Inciso22: Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; La Declaración Universal de Derechos Humanos; El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; La Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; La Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; La Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
Este inciso indica las atribuciones que posee el Congreso por las cuales puede aprobar o desechar tratados concluidos con las organizaciones internacionales, las otras naciones y los concordatos con la Santa Sede. Además se vuelve a mencionar que los tratados y concordatos poseen jerarquía superior a las leyes.
Siguiendo con la lectura del inciso puede observarse la lista de Tratados de Derechos Humanos, allí se menciona que éstos poseen jerarquía constitucional, es decir, que se hallan en el mismo nivel jerárquico que la Constitución Nacional puesto que complementan los derechos y garantías que en ella se establecen.
Para que los demás tratados y convenciones sobre Derechos Humanos puedan gozar de jerarquía constitucional, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Este tipo de tratados solo podrán ser denunciados, es decir, anulados por el Poder Ejecutivo Nacional con la previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
- Inciso 24: Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.
La aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo.
La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
En este inciso podemos observar que se hace referencia a la atribución del Congreso en cuanto a la aprobación de Tratados de Integración, que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales.
En el caso de que los tratados sean con Estados de Latinoamérica la aprobación de los mismos requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Un claro ejemplo de Tratados de Integración es el MERCOSUR o “Mercado Común del Sur” como lo indican sus siglas, el cual se constituye con la firma del ”Tratado de Asunción” el 26 de marzo de 1991. El Mercosur es un espacio económico sin fronteras internas entre la República Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; el cual establece para su concreción un programa de liberación comercial, de coordinación de las políticas macroeconómicas, un arancel externo común y otros instrumentos para la regulación del comercio.
Con respecto a Tratados con otros Estados éstos se aprobarán si se cuenta con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, luego de 120 días del acto declarativo.
4. Relaciones del Estado Argentino con los demás Estados y con las Organizaciones Internacionales
El Estado se relaciona con los demás Estados a través de tratados y acuerdos. Así lo establece el Artículo 99 Inciso 11, el cual menciona que el poder ejecutivo tiene la atribución de concluir y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules.
En el Artículo 27 también se hace referencia a las potencias extranjeras. El mismo establece que el Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las mismas por medio de tratados, que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución.
Esto quiere decir que en el caso de que haya un tratado anterior a una ley, ésta no puede prevalecer porque se impide que nuestro país altere unilateralmente al tratado, lo que equivale a una denuncia al mismo. Si hay una ley anterior a un tratado también prevalece el tratado, ya que es la última expresión de voluntad del Estado.
5. Relaciones del Estado con la Iglesia Católica.
A modo de introducción, partimos de tres conceptos fundamentales:
- Libertad de culto
- Iglesia
- Estado
La libertad de culto es la facultad de poder realizar las manifestaciones externas de las relaciones religiosas de la conciencia, o sea, del hombre con su creador. Las leyes que suprimen o dificultan la profesión y la práctica de esa fe, están en oposición con el derecho natural.
La Iglesia es una sociedad jurídicamente perfecta, universal, divina, visible, cuya finalidad es la salvación eterna de los hombres. En general, se denomina iglesia a la comunidad de fieles pertenecientes a determinada creencia religiosa. Al hablar de Iglesia nos referimos a la Iglesia Católica Apostólica Romana.
El Estado es una Sociedad perfecta independiente y soberana. Tanto el Estado como la Iglesia son sociedades necesarias y soberanas, cada uno en su órbita de acción.
Cada una de estas sociedades tienen sus tareas específicas y delimitadas:
- Las del Estado abarcan el orden temporal.
- Las de la Iglesia, el orden espiritual.
El dominio de ambas sociedades recae principalmente en los países católicos, sobre las mismas personas: el mismo individuo es súbdito de la Iglesia y del Estado.
El Derecho Constitucional Argentino resuelve el problema de la relación del Estado y la Iglesia, asumiendo una postura confesional.
El Estado posee tres posturas frente al poder religioso:
- Sacralidad o Estado sacral: El Estado tiene a su cargo volcar a los contenidos del bien común todos o la mayor parte de los ingredientes del bien espiritual.
- Secularidad o Estado secular: El Estado reconoce la realidad de un poder religioso institucionalizado políticamente.
- Laicidad o Estado laico: El Estado adopta una postura indiferente o neutral.
La confesionalidad del Estado argentino es la secularidad. Esta forma está dada en la Constitución Nacional por la “libertad de cultos sin igualdad de cultos”.
La norma fundamental de la confesionalidad está dada en la Constitución Nacional en el Artículo 2: “El Gobierna Federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
El status de la iglesia católica apostólica romana
El estado constitucional consiste en reconocer a la Iglesia como una persona jurídica de derecho público o de existencia necesaria.
Entre la Iglesia Católica y el Estado deba existir una relación de cooperación, con autonomía en el ámbito de las competencias.
6. El Patronato
La Constitución de 1853 estableció en el Art. 86 inc. 8 el régimen de Patronato para la Argentina.
La Corte definió al Patronato como la facultad que le corresponde al Gobierno de la República de presentar o nombrar alguna persona que se le confiere un beneficio eclesiástico y administrar los bienes comprendidos en el mismo.
Afirmó que las relaciones de la Iglesia con el Estado estaban colocadas por la Constitución bajo el imperio y jurisdicción de los poderes nacionales.
Hasta la reforma de 1994 la Constitución había previsto el régimen del Patronato. Pero a partir del acuerdo de 1966 con la Santa Sede, el Patronato no funciona aunque subsiste en la Constitución formal (ninguna reforma lo ha suprimido).
Hasta la vigencia del acuerdo con la Santa Sede la norma funcionaba de la siguiente manera:
- El senado presentaba una lista con una serie de candidatos.
- El Presidente daba al Sumo Pontífice la propuesta para designar uno de los candidatos.
- Normalmente el sumo Pontífice designaba al candidato propuesto.
- La bula Papal del nombramiento quedaba sujeta al pase del gobierno argentino.
Para el régimen del Patronato, los obispos no son ni fueron funcionarios del estado.
Como el Patronato, es un poder Nacional, las provincias no pueden ejercer actos de jurisdicción que alteren las relaciones entre el Estado y la Iglesia.
7. Acuerdo con la Santa Sede. Ley 17.032
El 10 de octubre de 1966, se suscribió un acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina. Dicho acuerdo fue firmado por la Ley 17.032 del 23 de noviembre de 1966 y ratificado el 28 de enero de 1967.
Con la Ley 17.032 también denominada Concordato, se suprime la necesidad del acuerdo previo a la designación de autoridades de la Santa Sede para desempeñarse en nuestro país, sustituyendo por la comunicación previa con aprobación automática de no mediar objeción (por parte del Estado Argentino) dentro de los treinta días de comunicada la designación.
Lo expresado anteriormente y algunos puntos más pueden apreciarse en la explicación de cada uno de los artículos pertenecientes a dicha ley:
Artículo I: Reconoce y garantiza la Iglesia, por parte del Estado Nacional, el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y publico ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia.
Artículo II: Dispone que la Santa Sede podrá contribuir nuevas circunscripciones eclesiásticas, así como modificar los limites de las existentes o suprimirlas, si lo considerase necesario o útil para la asistencia de los fieles.
Artículo III: El nombramiento de los obispos y los arzobispos es de competencia de la Santa Sede. Deben ser ciudadanos argentinos.
Antes de proceder al nombramiento, la Santa Sede debe comunicar al gobierno Argentino el nombre de la persona elegida para conocer si existe algún tipo de objeción. El Gobierno debe contestar dentro de los 30 días, de lo contrario, se interpretará el silencio, como una aceptación del apersona elegida.
Artículo IV: Se le reconoce a la Santa Sede el derecho de publicar las disposiciones relativas al gobierno de la Iglesia y el de mantener correspondencia en forma libre con los obispos, el clero y los fieles
Artículo V: EL episcopado Argentino puede llamar al país a congregaciones religiosas, sacerdotes seculares, si lo cree útil para incrementar la educación cristiana del pueblo. El gobierno Argentino (en armonía con las leyes), facilitará al personal eclesiástico y religioso extranjero el permiso de residencia y la carta de ciudadanía.
Artículo VI: En caso de que el Gobierno Argentino tenga alguna objeción sobre los artículo II y III, las altas partes deberán llegar a un entendimiento y resolver amistosamente las diferencias.
Artículo VII: El Convenio entrará en vigencia en el momento del canje de los instrumentos de ratificación.
Conclusión
Al igual que lo señalado en la introducción dicha monografía intentó reseñar los perfiles más importantes concernientes a la unidad número cuatro de esta materia.
Con respecto a la conclusión pueden mencionarse varios puntos que creemos convenientes destacar.
En primer lugar los Tratados han asumido una importancia cada vez más creciente en la vida internacional. En el siglo pasado el número de Tratados era relativamente reducido y en su mayoría versaban sobre temas de carácter político. Actualmente los Estados celebran diariamente Tratados sobre los temas más diversos.
Además por medio de los Tratados se tiende a mantener o afianzar las buenas relaciones con los Estados extranjeros.
En lo que respecta a la Iglesia, el Estado la reconoce como una persona jurídica de derecho público, y entre ambos debe establecerse una relación de cooperación.
El Estado argentino adopta una postura secular frente a la Iglesia, es decir, sostiene la religión de la mayoría.
Como conclusión final cabe destacar que esta monografía encierra un gran valor en el ámbito personal, puesto que es el resultado obtenido del análisis e interpretación del material adquirido, luego de varias horas de trabajo y dedicación.
Esperamos haber cumplido con todas las pautas requeridas por el profesor a cargo de dicha materia.
Anexos Periodísticos
Jueves 1 de Junio de 2000
La re-reelección en Perú: reunión del consejo permanente en Washington
Sin acuerdo en la OEA para sancionar a Perú
Brasil, México y Argentina, entre otros países, defendieron el principio de no intervención • Y no avalaron la postura más dura de EE.UU. • El tema, debilitado, pasa ahora a la Asamblea General.
Ana Barón. Washington. Corresponsal.
La mayoría de los países latinoamericanos, encabezados por México y Brasil y con igual criterio de Argentina, enarbolaron ayer el principio de no intervención y no dieron consenso para que el Consejo Permanente de la OEA decida sanciones contra el gobierno de Alberto Fujimori.
Se opusieron así a una iniciativa de EE.UU. para que se aplique contra Lima, la llamada resolución 1080, que castiga a los países donde se producen interrupciones abruptas del orden constitucional.
La reunión del Consejo Permanente que tuvo lugar en Washington decidió que el problemático proceso electoral peruano sea discutido más informalmente en la agenda que tratarán los cancilleres durante la reunión plenaria de la Asamblea, que se celebrará el fin de semana en Canadá.
El embajador de México, Claude Heller, fue el primero en rechazar la propuesta de EE.UU. argumentando que no correspondía aplicar la 1080 ya que ese instrumento fue concebido para casos en que los procesos constitucionales son interrumpidos por un golpe de Estado. Uruguay, Ecuador y Venezuela coincidieron. Más aún: el embajador de Brasil, Leite Barbosa, y el argentino, Juan José Arcuri, hablaron de la necesidad de establecer un equilibrio entre la defensa de la democracia y el principio de no intervención.
«Mi país ha seguido con particular atención el proceso electoral peruano, por el especial afecto y respeto que siente por el Perú, sin la intención de intervenir en sus asuntos internos, pero con el convencimiento de la significación que tiene para la región la consolidación de los procesos e instituciones democráticas», dijo Arcuri. Su discurso fue considerado como la primera prueba de que la entina ya no se alinea automáticamente con EE.UU.
En efecto, Buenos Aires no apoyó la propuesta de Washington y adoptó un perfil mucho más bajo que en el pasado. «No fue ni frío ni caliente», dijo luego un funcionario de la Casa Blanca al comentar el discurso de Arcuri.
La reunión de ayer comenzó con la presentación del crítico informe sobre las elecciones peruanas que hizo el jefe de la misión de los observadores electorales de la OEA, Eduardo Stein. El diplomático explicó que de acuerdo a los estándares internacionales, «el proceso electoral peruano está lejos de ser considerado como libre y justo».
Para la embajadora peruana Beatriz Ramacciotti, los comicios se celebraron en un marco de «plena normalidad», con la participación masiva del pueblo peruano, y acusó virulentamente a Stein de haber abusado de su mandato. En esas elecciones, segunda vuelta de los comicios realizados en abril, no se presentó el opositor Alejandro Toledo quien denunció que el proceso estaba viciado, posición que apoyaron los observadores de la OEA.
Al final de la reunión, muchos quedaron con la impresión que el tema morirá en la Asamblea de Canadá y luego EE.UU. decidirá si aplica sanciones unilaterales. «No creo que los ministros de relaciones exteriores encuentren otra fórmula en el marco de la OEA para sancionar a Perú», dijo a Clarín un diplomático latinoamericano que pidió no ser identificado.
Las organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch reaccionaron con preocupación. «Sinceramente yo pensé que iban a ser más firmes», comentó a este diario José Miguel Vivanco, su director para las Américas. «Esto es una vergüenza», afirmó un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que pidió no ser identificado.
No sería la primera vez que EE.UU. actúa unilateralmente si la OEA permanece neutral. Pero la profesora de la George Washington University y especialista en Perú, Cynthia McClintock, dijo que al Departamento de Estado no le será fácil decidir cuál es el mejor curso de acción. «En este momento hay una gran discusión entre las diferentes agencias del gobierno norteamericano. La posición del zar antidroga, Barry McCaffrey, y de la CIA no es la misma que la del Departamento de Estado o de la Casa Blanca», explicó la especialista.
«Fujimori ha sido muy eficaz en su lucha contra las drogas y contra la guerrilla y eso le ha creado vínculos con la oficina antidrogas y con la CIA que son muy fuertes», agregó. «(Vladimiro) Montesinos, el jefe de la inteligencia peruana, está muy ligado a la CIA. Perú es una pieza clave para la lucha contra el narcotráfico.»
Domingo 04 de junio de 2000
Iglesia: ¿Un Cambio de Hábitos?
La procesión va por dentro
El cardenal Primatesta apoyó la marcha contra el FMI y sacudió a la Iglesia. Su controversia con la actual jerarquía católica se hizo pública y arrastró a su secretario en la Pastoral Social. La fuerte presencia de los obispos en temas sociales da al Episcopado otro perfil y traza otra relación con el Gobierno.
Vicente Muleiro. De la Redacción de Clarín
El tono templado de las comunicaciones públicas de la Iglesia Católica y el susurro inadvertido de sus disputas intestinas se tornaron ruidosos en las últimas dos semanas. Ese cambio de hábitos llegó a su pico luego del apoyo público de la Pastoral Social al acto contra el FMI y el ajuste convocado el miércoles 31 por la CGT disidente que lidera Hugo Moyano. La figura del cardenal Raúl Primatesta, titular de la Pastoral Social, comenzó a dividir aguas con aquella adhesión que, ante el Gobierno aliancista y hacia adentro de la Iglesia, cargó con todo el peso de la novedad. La reacción del Episcopado, por su dureza, fue inusual y arrastró al secretario de la Pastoral Social, el laico Guillermo García Caliendo, un hombre de confianza de Primatesta.
No era nueva, sin embargo, la manera de plantarse de la Iglesia ante la crisis social y la deuda externa. En línea con el papa Juan Pablo II, y despejadas las pugnas con el antiguo bloque socialista, las jerarquías católicas insisten en que los organismos internacionales de crédito deben reducir la mole financiera que aplasta a los países pobres. En esa instancia han comenzado a disputar poder en las alturas de la economía global.
América latina contiene a casi la mitad de la grey. La Argentina es el décimo país en cantidad de católicos. La pauperización de la región y del país no pasa de largo por Roma y obliga a los pastores a plantarse: ¿serán los enfermeros de una agonía, como intermediarios del asistencialismo estatal o pugnarán por un cambio de tratamiento? ¿El modelo es curable o hay que cambiarlo? Según el Papa la incógnita doctrinaria está resuelta así: hay que salir del capitalismo salvaje. La fuerza de su autoridad y de su posición ante la deuda quedó escrita en el párrafo 52 de su documento «Hacia el Tercer Milenio».
Aquí, los obispos van adecuándose a la línea papal. El presidente Fernando de la Rúa escuchó al arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, en su primer tedéum patrio, el jueves 25 de Mayo, que algunas promesas y enunciados suenan a cortejo fúnebre: «Todos consuelan a los deudos, pero nadie levanta al muerto».
Cinco días después, el presidente de la Conferencia Episcopal, Estanislao Karlic, le entregaba a De la Rúa el documento de treinta páginas «Jesucristo, señor de la historia» donde en su punto 11 habla de la «enorme inequidad que interpela a todos» y define al cuadro social y a la pobreza como «verdaderas estructuras de pecado».
El Gobierno había lanzado su ajuste con reducción salarial y no recibía de la Iglesia palabras de consuelo. Sin embargo, esos dardos discursivos, que no mencionaban a la deuda externa ni apoyaban protestas, no habían sido tomados por el Gobierno como un ataque. La carta de Primatesta a Moyano, con su adhesión a la marcha y la designación de un observador en el mismísimo palco -el secretario García Caliendo- preocuparon mucho más.
Las fuentes del Episcopado son unánimes: Primatesta se había cortado solo en su apoyo. El obispo de Zárate, monseñor Rafael Rey, ubicado en un ala más progresita que Primatesta se molestó: «Fue una decisión personal del cardenal», dijo. Monseñor Karlic le pidió explicaciones por teléfono. Oficial y extraoficialmente la mayoría del Episcopado hizo todo lo que había que hacer para dejar en claro que la actitud de Primatesta era inorgánica.
Desde la Pastoral Social -la estratégica comisión que trama relaciones con políticos, sindicalistas y empresarios-, Primatesta venía prendiendo velas. Su criatura, la Mesa del Consenso, creada para fomentar el diálogo ante el agravamiento de la crisis social tras el efecto tequila, alumbrada por los encuentros «Constructores de la Sociedad» no consiguió la presencia que deseaba. El menemismo temía que desde allí se creara un discurso antimodelo. Ya en campaña De la Rúa apoyó la Mesa y como Presidente emitió señales positivas a reuniones en las que envió a sus funcionarios y concurrió personalmente. Luego el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, convocó a su propio diálogo multisectorial. Esto no le cayó bien al ex arzobispo de Córdoba. También recibía recriminaciones por un encuentro que realiza anualmente en Tanti, Córdoba, y que suele abrir el sindicalista Juan José Zanola.
Pero más controversias generaba la presencia de García Caliendo. En diciembre, cuando se hizo la última votación para la secretaría de la Pastoral Social, Caliendo fue objetado por varios obispos. Primatesta debió defenderlo con energía para mantenerlo por otro período de tres años. Caliendo ya se desempeñaba como colaborador de Primatesta en Córdoba. El año pasado su nombre circuló como posible candidato a legislador por el PJ. En su pueblo, Alta Gracia, se había desempeñado en el área de Turismo bajo una gestión peronista. También encabezó el despliegue político de Gustavo Beliz en Córdoba. Los obispos más moderados impugnaban su decidido color político y veían en él la marca de una excesiva ambición personal.
Una alta fuente oficial confió a Zona que el Gobierno siempre vio en la fuerte jugada de Primatesta de apoyar la marcha de la CGT rebelde «una apuesta personal». El titular de la Cámara de Diputados Rafael Pascual está convencido: «Esto lo hizo Primatesta solo». El diputado Jesús Rodríguez fue más duro: «La impresión que tiene el Gobierno de la puesta en escena política-sindical-eclesiástica es la de un aviador que tira la bomba atómica y después propone el planeamiento urbano de la misma ciudad que devastó».
La plana mayor del Gobierno da crédito a una buena relación entre el Episcopado y el gobierno de De la Rúa. Fue el secretario general del Episcopado, Guillermo Rodríguez Melgarejo, quien el jueves, a las 11, le comunicó al vicepresidente Carlos Álvarez, en ejercicio de la Presidencia, que el Episcopado saldría al cruce de las fuertes palabras de Caliendo en el acto del miércoles, en que llamó a resistir la política económica del FMI. Con desacostumbrado énfasis, el Episcopado «deploró» su actitud de hablar en el acto y lo acusó de «abuso de confianza» ya que solo había sido designado «observador» en la marcha. Caliendo renunció.
Su caída, dicen en medios religiosos, fue sonora porque ya estaba apuntado. En la rápida salida de Caliendo no se le quita mérito al mismo presidente De la Rúa, inquieto por ese discurso flamígero. Tampoco a su secretario de Culto, Norberto Padilla, designado en ese cargo clave con el visto bueno de la Iglesia.
Tras la turbulencia, el Episcopado que encabeza Karlic busca volver al perfil que más le importa ante el Gobierno y que se define como de «autonomía y cooperación», una figura extraída del Concilio Vaticano II desarrollado entre 1962 y 1965. Esa figura pretende conservar la identidad de la Iglesia sin que por eso sea ajena al destino de un país, sobre todo en relación con el bien común.
La actual camada de obispos que domina la cúpula de la Iglesia, repartida entre moderados como Karlic y Eduardo Mirás, y progresistas moderados como Rey y Jorge Casaretto, se dice escoriada con la «Iglesia en el poder» y por el alto precio pagado por la relación directa que el ex presidente Carlos Menem mantenía con Roma, aupado en su posición antiabortista. No quieren más ese estilo, «ni quieren una Iglesia corporativa y secreta en la que si un obispo insulta a un periodista hay que callarse en nombre de intereses sagrados» dice el padre Domingo Bresci de la diócesis porteña.
Ante el Gobierno, la Iglesia se mueve con buenas relaciones y actúa con cierta distancia. De la Rúa le ha dado todas las garantías posibles aunque eso no licue del todo la desconfianza que genera el tradicional laicismo radical, con su impronta anticlerical, y la integración de dirigentes de origen de izquierda en la Alianza.
Pero pese al aval del Papa para pregonar los pecados de la deuda externa, el Episcopado se mueve con cautela en ese terreno. Por eso molestó más el estilo directo que empleó Primatesta. En esa línea, también se notan diferencias terrenales con el nuevo nuncio apostólico, monseñor Santos Abril y Castello que presentó cartas credenciales a De la Rúa el 10 de mayo. Hasta que la situación cobró temperatura con el discurso de García Caliendo, el nuncio fue uno de los respaldos que mantenía Primatesta. Abril y Castello está en estricta sintonía con Roma y con las críticas a los efectos del neoliberalismo. Se supone que el Episcopado argentino, con respecto a la deuda externa subirá lentamente su presión. «La Iglesia argentina, con sus tiempos, con su metodología, está alineándose con la postura del Papa», dice Mario Cafiero, presidente de la Comisión Bicameral Jubileo 2000.
Lo que el Gobierno sí comienza a temer es la posibilidad de que gestos tan audaces como los de Primatesta generen una resurrección del peronismo no menemista. El ex gobernador Eduardo Duhalde se exhibió muy activo con la adhesión de Primatesta a la marcha. Su circulación pública presagió una pelea de espacios con su sucesor Carlos Ruckauf.
También Gustavo Beliz se apareció por la plaza. Desde ya que en la Iglesia y en el peronismo persisten sectores interesados en alimentarse mutuamente para reafianzar su papel en la sociedad. El Gobierno no descarta que algunos legisladores justicialistas presenten proyectos en línea con las objeciones que el Papa les hace a los organismos internacionales de crédito: ¿Qué mejor bendición se podría conseguir? El PJ se propone juntar un millón de firmas para apoyar la moción de Juan Pablo II de condonar la deuda. Los más entusiastas veían en las críticas de Primatesta al FMI el comienzo de un nuevo «frente nacional». La posibilidad de un entendimiento en esa línea depende mucho de cómo el Gobierno se ubique ante el tema. Si deja el espacio vacante habrá quienes lo ocupen.
La semana que pasó llevó estas cuestiones humanas y religiosas a la superficie. Los cambios de hábitos en la Iglesia argentina también tienen que ver con el estado público de una polémica que guardaba el estilo susurrado y dramático del confesionario.
Producción: Sergio Rubín, Eduardo De Miguel y Pilar Ferreyra.
Martes 11 de julio de 2000
Derechos humanos: posición frente a los juicios por la verdad
Desaparecidos: consulta de las FF.AA. a la Iglesia
Los máximos jefes militares se reunieron con monseñor Bergoglio • Quieren apoyo para crear una comisión que reúna datos sobre la represión • Y evitar que la Justicia cite a más militares
Los máximos jefes militares sondearon informalmente al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Bergoglio, sobre la posibilidad de que la Iglesia Católica apoye la eventual creación de «una mesa de diálogo» para intentar buscar una solución a la búsqueda de la verdad sobre el destino de los desaparecidos.
Durante el encuentro, que tuvo lugar hace más de un mes pero recién trascendió ayer, el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, explicó a Bergoglio la idea de crear esa mesa de diálogo integrada por representantes de las FF.AA. y organismos de derechos humanos con el apoyo de la Iglesia para intentar armar «una verdad completa» sobre la represión ilegal de los setenta y el accionar de la guerrilla.
De la reunión, que protocolarmente fue de cortesía, también participaron los jefes del Estado Mayor, general Juan Carlos Mugnolo; de la Armada, almirante Joaquín Stella; y de la Fuerza Aérea, brigadier Walter Barbero.
Ante el comentario de Brinzoni, Bergoglio dijo que es una idea que debería analizar la Conferencia Episcopal, confirmaron a Clarín fuentes militares, eclesiásticas y gubernamentales. Voceros del Episcopado dijieron que «la Iglesia está empeñada en contribuir a la reconciliación nacional y viene analizando de qué forma podría hacer un mejor aporte». La idea de la comisión no fue aún estudiada formalmente por los obispos.
Para llegar a la verdad, los militares retirados que lideraron las acciones del Ejército contra la guerrilla «necesitarían —habría dicho Brinzoni— de alguna garantía judicial de que no sufrirán represalias» y de consensos entre la Alianza y el PJ en el Congreso. Uno de los problemas para Brinzoni es que no existen archivos dentro del Ejército con información sobre la represión —los que había fueron destruidos en 1983, antes del retorno de la democracia— y los militares retirados que actuaron en esa época se niegan a colaborar.
Si bien no hubo ningún tipo de compromiso concreto de Bergoglio, Brinzoni quedó en seguir estudiando esta idea, y mientras tanto ordenó a su secretario general, el general Eduardo Alfonso, ponerse a disposición —el domingo— del suboficial retirado Armando Barrera, detenido en Bahía Blanca por negarse a declarar en el juicio por el destino de los desaparecidos abierto por la Cámara Federal de esa ciudad. Lo mismo hará próximamente por otro suboficial detenido en Mendoza.
Brinzoni tiene una vieja relación con Bergoglio. Así, a fines de abril, luego del problema creado por el respaldo del Ejército a los militares citados por la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lazcano, Brinzoni había dicho en una entrevista exclusiva con Clarín que «monseñor Jorge Bergoglio (arzobispo de Buenos Aires) ha dicho que no puede haber memoria enferma, debe haber memoria completa sobre nuestro doloroso pasado».
Es que la citación de militares —después de la rebaja de los salarios— sigue causando preocupación en los cuadros del Ejército y de la Armada y Brinzoni busca con esa movida algún tipo de contención.
Aunque el sábado Brinzoni comenzó una semana de vacaciones en Córdoba, sigue con atención la experiencia de búsqueda de la verdad iniciada en Chile.
En reserva, el equipo del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, sigue también con atención la experiencia chilena, que si bien «es muy difícil de aplicar en nuestro país, es un precedente valioso», explicó a este diario una fuente oficial.
Más que la experiencia chilena, Brinzoni estudia con más entusiasmo el proyecto de ley del diputado peronista Mario Cafiero que impulsa la creación de una comisión de notables en la que representantes de la Iglesia y otras religiones puedan recibir confesiones de militares que participaron de la represión ilegal.
El obstáculo más firme contra este proyecto son los organismos de derechos humanos, que insisten en buscar la verdad sobre los desaparecidos a través de los juicios que realizan las cámaras federales de Bahía Blanca, La Plata y una jueza federal de Córdoba.
La secretaria de Derechos Humanos del Gobierno, Diana Conti, constató a principios de año la negativa de los organismos a integrar una comisión de la verdad, aunque coincide con la necesidad de que la Iglesia juegue algún papel en este tema.
Mientras tanto, Conti se dedica a terminar un llamado Informe Conadep II con más datos sobre el destino de los desaparecidos, que se publicará a fin de año.
La prudencia de Conti también se debe a que el ex juez de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes y actual ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, es uno de los miembros del Gobierno más renuentes a buscar una salida que no sea la judicial a este problema.
De todos modos, Gil Lavedra no pierde de vista una apelación del teniente coronel Julián Corres presentada ante la Cámara de Casación, que eventualmente puede terminar en la Corte Suprema. Es así porque si deciden limitar o impedir la convocatoria a militares en actividad en los juicios por la verdad, amparándose en las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos, el Gobierno tendría un grave problema político que enfrentar.
Por eso Gil Lavedra querría que ante ese hipotético escenario se dejase «abierta una puerta» para que se siga investigando el destino de los desaparecidos. No por nada, en abril Gil Lavedra había dicho a este diario: «Estos episodios de Córdoba me hacen dudar de si los juicios son el mejor camino para llegar a la verdad».
Domingo 13 de agosto de 2000
Convocatoria a la mesa del consenso
La Iglesia quiere sumar
Sergio Rubin. Río Cuarto. Enviado especial.
Con los ojos puestos en los elevados índices de pobreza y desocupación y una reactivación que tarda en llegar, la Iglesia procuró ayer aquí inyectarle nuevos bríos al diálogo multisectorial que viene impulsando en los últimos años y que tiene por fin consensuar propuestas que ayuden a superar la crisis.
Fue en un aparte del XI Encuentro de Constructores de la Sociedad, un ámbito de estudio de los problemas políticos, económicos y sociales a la luz de la doctrina social del catolicismo. El foro, que comenzó el viernes, es organizado por el equipo de Pastoral Social del Episcopado.
Su presidente, cardenal Raúl Primatesta, alma máter de la iniciativa dialoguista, encabezó en la sede del obispado local una reunión de la llamada Mesa del Consenso, para el debate multisectorial.
Del cónclave participaron el secretario general de la CGT disidente, Hugo Moyano, secundado por el gremialista Horacio Ghilini; el empresario Pablo Challú, en representación de la UIA; el sindicalista Luis Cejas, por la CGT oficial; y los dirigentes de PyMes Osvaldo Cornide y Rolando Pietrantueno.
En la reunión se acordó apurar el consenso sobre las propuestas para reactivar la economía. Y se resolvió sumar a representantes de los partidos políticos y a dirigentes sociales del interior.
El encuentro, que abordó el tema «La revalorización de la política y la responsabilidad del político», finalizará hoy con unas conclusiones que reflejarían la inquietud de la Iglesia por el deterioro de la situación social.
Bibliografía Utilizada
Constitución de la Nación Argentina. Editorial A-Z.
Diario Clarín.
Ziulu, Adolfo (1era Edición). Derecho Constitucional. Argentina. Editorial Depalma.
