Influencias entre las grandes familias de negocios trasnacionales (ROTHSCHILD) y las Elites Políticas Españolas (1860-1899)

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Nunca el tema de la corrupción ha estado tan presente en los medios de comunicación de masas como ahora. La sociedad lo ve como el segundo mayor problema de España, según los datos del CIS de 2016.

A raíz de la crisis (que para otros autores es una estafa) financiera-económica de 2008 (que como sabemos ha degenerado en una crisis social, política y cultural en amplias zonas del globo), las sociedades de los Estados-nación desarrollados o en vías de desarrollo se han vuelto más contestatarias y vigilantes respecto a la opacidad política o, abiertamente, ante la corrupción; estas movilizaciones sociales van desde los Estados Unidos, pasando por Italia, Brasil, Grecia, China, Francia, etc., hasta España.

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Este incremento del interés social por dar una contestación a estos problemas  se hace cada vez más visible, como, por ejemplo, con el escándalo de las relaciones clientelares, conocidas coloquialmente como “puertas giratorias” entre altos cargos de las instituciones europeas y Goldman Sachs, tras legislar descaradamente a favor de los intereses de la banca de inversión y de valores, y no de los generales, como es el caso de Mario Draghi o Durao Barroso (entre otros muchos)[1].

Las relaciones entre el poder político y el poder económico configuran un tema de gran importancia a la hora de analizar las sociedades capitalistas, debido a que su estudio nos adentra en los oscuros vínculos entre la política, entendida desde las revoluciones liberales como el ámbito donde reside la soberanía nacional, es decir, los intereses generales de todos los ciudadanos del Estado-nación al que pertenezcan, y el mundo de los negocios, cuyo máximo afán es maximizar beneficios. Pese a esto, Juan Pan-Montojo advierte que hay que negar una relación determinista entre el poder económico y el poder político en el funcionamiento del sistema capitalista, pero también hay que rechazar la idea de la autonomía absoluta de la política respecto a los intereses económicos privados de ciertas élites, de ahí la complejidad del tema[2]. Para entender la actual corrupción, es vital hacer un enfoque histórico que permita comprender esta situación, porque como dice el equipo interdisciplinar francés dirigido por Yvonnick Denoël et Jean Garrigues, “la corrupción es tan antigua como el propio mundo[3]”.

Mi peculiar granito de arena a la historia de la corrupción se centrará en la etapa que abarca los años 1860 a los 1890, debido a que se trata del periodo en el que colapsó el boom del capitalismo español y posteriormente se fue recuperando muy poco a poco, me refiero a partir de la gran crisis de 1864. Esta etapa me llama tanto la atención debido a que los grandes negocios de la época, como el ferrocarril, el crédito a la Hacienda o las grandes concesiones mineras se hacían en torno al Estado. Sin el beneplácito del poder político, los grandes grupos trasnacionales como la Casa Rothschild o la Péreire no hubieran podido hacer tan fantásticos negocios, ni haber obtenido unos beneficios tan sustanciosos. A pesar de que están muy estudiadas por la historiografía las corruptelas de la monarquía y los políticos españoles como Salamanca, Mon, o Romanones (entre otros). Mi perspectiva se basará en las relaciones entre los grandes grupos financieros trasnacionales de la época, como eran la Casa Rothschild, los Péreire y el grupo Banco Nacional de París (B.N.P.), con las élites políticas de la época de ambos partidos hegemónicos, incluso con los políticos republicanos (como explicaré a lo largo de este trabajo en torno a la figura de Emilio Castelar), así como con diversos gobernadores del Banco de España e incluso algunos jueces. Como señalaré en el estado de la cuestión las élites de los grandes partidos (no todas, pero un número muy considerable sí, como Cánovas, Sagasta, Dato, Mon, Camacho, Canalejas y un largo etc.) se sentaron en los consejos de administración de las grandes casas trasnacionales que se beneficiaron de su legislación, como la documentada práctica de los sobornos que existieron durante el periodo, aunque estas prácticas son tanto anteriores como posteriores al periodo que voy a estudiar. Estos hechos atentan contra los principios básicos liberales de la defensa de los intereses generales de los ciudadanos, como desarrollaré más adelante en el estado de la cuestión. Estas prácticas político-económicas, pese a que eran (y en algunas partes son) muy comunes en Europa, atentaban contra uno de los pilares básicos de la Ilustración y el liberalismo.

He de decir que, para hacer justicia, no es este un caso más que avala la superada y rancia tesis del fracaso español. Esto era y es un problema trasnacional. Como sostiene Borja de Riquer, “Cánovas, Sagasta etc., se sentaron en los consejos de administración de las empresas ferroviarias que habían obtenido concesiones por sus gobiernos. Y no pasaba nada; hacían lo mismo que sus colegas franceses, británicos, alemanes, etc.”[4].

Las preguntas que estructuran el trabajo son: ¿en qué grado estas casas trasnacionales influenciaron a los políticos y condicionaron las leyes?, ¿las élites trasnacionales condicionan la senda de la historia? (como por ejemplo a la hora de financiar guerras, al acaparar muchos recursos estatales, o al hacerse dueños de grandes monopolios), ¿cómo percibía la sociedad y la clase política tales relaciones entre las finanzas y  la política?, ¿por qué la historiografía no le ha prestado atención a un tema de tal envergadura?, ¿se percibían los negocios y la política como una cosa idéntica?, ¿tiene la corrupción un carácter endémico al sistema capitalista?

El objetivo de mi investigación es formular preguntas de gran interés histórico, como las anteriores, e intentar responderlas tras un análisis crítico y contrastado de las fuentes consultadas.  Por ello, una de las partes fundamentales de este trabajo, consistirá en la investigación de los vínculos que unían a los altos cargos políticos y a esas grandes casas trasnacionales (sobre todo mediante la figura de Eugenio Baüer, el que fue corresponsal de la Casa Rothschild en España durante más de 40 años, dado que he encontrado abundante correspondencia privada en su archivo personal, que está disponible en el Archivo Histórico Nacional de Madrid), ya fueran mediante intereses clientelares, de amistad, o de pertenencia a fraternidades comunes. Además, quiero ampliar el foco sobre la familia republicana (sobre todo en la figura de Emilio Castelar), ya que dentro de la historiografía española permanece al margen de la práctica de las relaciones clientelares y he encontrado documentación que lo permite.

Parece ser que las cosas están cambiando ante la envergadura del problema, debido a que los científicos sociales están poniendo en marcha estudios que expliquen esas realidades opacas que hasta hace muy poco tiempo o no se sabían o no eran interesantes para gran parte de los científicos sociales y de la sociedad. Lo cierto es que la democracia no puede permitir ni hacer la vista gorda ante la corrupción, dado que de ser así, ésta claudicaría en favor de otro sistema mucho más perverso y oscuro para los intereses generales en un corto y medio espacio de tiempo, como sería la instalación de una plutocracia en el poder, debido a que se acomodarían los intereses de las oligarquías económicas en los parlamentos, en lugar de como defienden los postulados ilustrados y liberales los intereses generales de los ciudadanos de sus respectivas naciones.

“Todavía está por hacer una historia de la corrupción política en España” la tarea que queda a los investigadores del pasado y del presente de la corrupción política hispánica es ingente[5].

1   ESTADO DE LA CUESTIÓN

Ante la escasez de bibliografía sobre la corrupción política española con respecto a las redes financieras trasnacionales, he tenido que ampliar la búsqueda historiográfica para investigar más a fondo el objeto de estudio de este trabajo. Esta ampliación, se ha compuesto de bibliografía francesa, obras que hablan de la corrupción en Latinoamérica, así como  de nuevas obras en el panorama de la corrupción local, es decir, del caciquismo, debido a que cuenta con una larga tradición dentro de la historiografía española. Sin duda, estas nuevas obras han enriquecido considerablemente esta parte del texto.

A modo de inicio del estado de la cuestión, haré una breve mención de los antecedentes del periodo, acentuando los hechos históricos más importantes que permitieron el desarrollo de los grandes negocios trasnacionales (los cuales se articularon en torno al Estado) con el beneplácito y la ayuda de un número considerable de importantes políticos.

Con la llegada al gobierno de los progresistas en 1854 se puso en marcha un nuevo marco legal, debido a que abogaban por dar un impulso liberal a la economía española. Para solucionar ese problema los progresistas se sirvieron de la Ley de Ferrocarriles de 1855, en la que facilitaban dos subvenciones estatales a las compañías ferroviarias privadas que llevaran a cabo las obras; una equivalía a una parte proporcional de la inversión y la otra se asemejaba a un seguro de rendimientos a los accionistas de las compañías de ferrocarriles.  Además, los progresistas presentaron una nueva Ley Bancaria en 1856, que rompió con el sistema financiero anterior que estaba más regulado y era más conservador. Esta ley posibilitó la creación de sociedades de crédito, a las que se les permitió inundar el mercado de dinero dada la libertad de emitir moneda y bonos. Las principales empresas de ferrocarriles fueron creadas por algunas de estas nuevas instituciones financieras como el Crédito Mobiliario Español o la Sociedad Española Mercantil e Industrial, integradas por las grandes casas financieras europeas (respectivamente la Casa Rothschild y la Casa Péreire). Desde 1855 hasta 1866 se produjo una afluencia masiva de capitales extranjeros hacia la economía española; la mejor prueba es que en este periodo se construyeron casi 4000 km de vías férreas, un auténtico boom[6].

La promulgación en 1855 de la Ley de Bases del Ferrocarril suscitó de inmediato el interés en la banca Rothschild  (la rama francesa) y en la banca Péreire por hacer negocios con el ferrocarril. Estos grupos financieros propusieron al gobierno el modelo de banca de inversión influyendo considerablemente en dicha ley, además de condicionar magnamente en la Ley de Ferrocarriles del 55, ya que como ha demostrado Miguel Ángel López, el ingeniero industrial que se encargó de redactar dicha ley, Cipriano Segundo Montesinos, formó parte en los consejos de administración de la MZA, propiedad de los

Rothschild, además de obtener de éstos ciertas “gratificaciones” por el buen trabajo acometido[7]. Esta ley instauró un sistema regulador muy permisivo con las sociedades de crédito (las que crearon las compañías de ferrocarriles) al contrario que con los bancos. Dicha ley no ponía ningún límite al número de Sociedades, ni tampoco a su política inversora, ni de reservas, ni a respetar un encaje mínimo metálico; podían emitir  obligaciones a gran escala, funcionando como un auténtico banco de inversión, con lo que los pagos por medios fiduciarios (dinero que no se respalda con oro o plata, basado en la confianza) crecieron considerablemente en estos negocios[8].

En 1866 la estructura bancaria colapsó debido al excesivo riesgo en el crédito, dados los malos resultados de las empresas ferroviarias, en parte; por lo tanto, la gigantesca burbuja especulativa estalló. Si a esto le sumamos un gigantesco déficit público y una casi impagable deuda pública, nos podemos hacer una idea de la situación tan estremecedora que vivió el Estado español. El público sabedor de los acontecimientos fue inmediatamente a retirar sus fondos de los bancos y a reclamar la conversión de los billetes en oro, provocando el mayor pánico bancario de la historia de España. De este crack bursátil y consiguiente pánico bancario sobrevivieron los “peces” más grandes como los Rothschild y los Péreire, los cuales absorbieron a la competencia, ya que su estrategia en todos los negocios era tender hacia el monopolio, como lo demuestra un dato anecdótico y muy curioso. A pesar de que fueron grandes competidores durante todo el siglo XIX, en 1909, la nieta de Eugène, Noémie Halphen (Péreire), se casó con el banquero competidor Maurice de Rothschild, ampliando los círculos endogámicos que caracterizan a estas familias, dado que ambos linajes eran judíos[9].

La reconstrucción del sistema bancario llevó mucho tiempo, comenzó con la hegemonía del Banco de España, que desde 1874 contó con el monopolio de la emisión de dinero, con condiciones ventajosas ofrecidas por el Gobierno a los accionistas del Banco de España, ante la desesperación hacendística provocada por la Guerra Carlista y las revueltas cubanas. Dentro del Banco de España se integraron las grandes casas de financieros “franceses” y otros financieros nacionales, que eran los verdaderos financiadores de la deuda pública del Estado[10].

En la segunda parte del siglo XIX España fue el primer productor mundial de plomo y mercurio (Almadén, la gran joya del Estado, en manos de los Rothschild), el segundo de cobre y el cuarto en hierro (el de mayor calidad del mundo), zinc y estaño. Tras la “Gloriosa”, el Gobierno provisional aprobó la Ley minera de 1868, que supuso la liberalización y privatización del subsuelo español. Esta legislación también fue aprovechada por las grandes casas europeas de negocios como las enumeradas y otras nuevas, las cuales, como es natural, también mantuvieron muy buenas relaciones con ministros e importantes políticos españoles insertándolos en los consejos de administración de las empresas mineras, como demostraré a lo largo del texto[11].

Con este pequeño resumen quiero poner de relieve que en el Estado español durante el último tercio del siglo XIX se realizaron grandísimos negocios, para los cuales era imprescindible la convivencia con el poder político, debido a que los grandes negocios se hacían en torno al Estado, ya fuera por la construcción del ferrocarril, el crédito a la Hacienda pública o las concesiones mineras. De ahí que, a mi juicio, sea imprescindible estudiar esta época si queremos avanzar en la historia de la corrupción y en la comprensión de cómo se realizaban los grandes negocios en aquellas fechas.

Antes de nada hay que definir, qué es la corrupción. Ante la complejidad de dicho concepto, señalaré varias definiciones. En palabras de Borja de Riquer “la corrupción política es la obtención de un beneficio particular mediante un abuso ilegítimo del poder, con la implicación de conceder un trato de favor a los corruptores perjudicando a los intereses generales de la ciudadanía”. Para él es una señal de falta de transparencia en la administración afectada y una señal del mal funcionamiento del mercado, ya que la corrupción distorsiona la libre competencia al favorecer a unos en detrimento de otros[12]. Sin embargo, para el equipo interdisciplinar francés dirigido por Olivier Dard, Jens Ivo Engels, Andreas Fahrmeir y Frédéric Monier, la corrupción es la interferencia de los intereses privados en la esfera política, entendiéndose como una práctica inmoral, pues traiciona la idea trocal liberal del bien común tan fervientemente defendida por la Ilustración[13]. No obstante para la RAE corrupción significa:

  1. “Acción y efecto de corromper o corromperse.
  2. Alteración o vicio en un libro o escrito.
  3. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Corrupción de costumbres, de voces.
  4. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”[14].

Para el equipo interdisciplinar francés dirigido por Garrigues Jean Denoël d´Yvonnic, Pelloli Mattihey Lecadre Renauld, Jean-Paul Fhilippe, Nöel Pons, Yvan Stefanovitch y Jean-Michel Veme, la corrupción se extiende desde el Antiguo Régimen hasta la V República. El amiguismo, el favoritismo, el nepotismo, los regalos, los intercambios de servicios etc., son comunes en la corrupción y han sido comunes desde el ámbito local, hasta el poder supremo. Para estos autores el gran problema de la corrupción se basa en que viola uno de los principios fundamentales de la democracia, la igualdad de acceso de los ciudadanos a los mercados, empleos, servicios públicos etc., sin otras  consideraciones que la capacidad y el mérito[15]. Esta idea de igualdad de acceso de los ciudadanos tanto ante la ley, como ante los mercados, los contratos públicos, servicios públicos etc., es una de los principales preceptos que trae consigo la Ilustración y las revoluciones liberales que le suceden. Pues bien, la corrupción rompe con estos principios liberales al truncar el principio de la igualdad.

La vaguedad de la idea del interés general que se tenía a mediados del siglo XIX hace pertinente que nos adentremos en la idea que da Adam Smith sobre el bien común en su obra una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Smith defiende que no existen diferencias entre el interés común y los particulares, debido a que el interés general es una expresión de la voluntad general. Otra interpretación sobre este término es la que ofrece Rousseau en su obra Contrato Social. Para este autor, el interés general no puede resultar de la suma de intereses particulares; el interés general es una expresión de la voluntad general. “Si los ciudadanos deliberan, estando bien informados y sin contacto entre sí mismos, la suma del total de las pequeñas diferencias de opinión, resultarán siempre en la opinión general y la decisión será siempre buena[16]”.

Dada la escasez bibliográfica que existe al respecto de las relaciones clientelares entre las grades casas trasnacionales y el poder político español durante el último tercio del siglo XIX, me veo con la necesidad de sumar al estado de la cuestión otras perspectivas del fenómeno tanto a escala nacional como internacional.

Un estudio muy relevante en el tema es el realizado por el equipo interdisciplinar francés dirigido por Yvonnick Denoël et Jean Garrigues. Este estudio demuestra que la corrupción ha estado presente en Francia, indaga en la financiación de los partidos, el amaño de contratos, las relaciones con las trasnacionales armamentísticas. Sin duda es una obra muy novedosa e influyente en la historiografía reciente francesa, debido a que es una obra muy pionera que permite dar otras perspectivas a los acontecimientos históricos, denunciando que hay que indagar en los rincones oscuros de la historia. Es una de las obras más influyentes del momento porque da respuesta a uno de los mayores problemas que tiene la sociedad francesa, la historia de la corrupción y las múltiples caras que adopta esta[17].

Recientemente, en este año 2016, Borja de Riquer en su obra Cambó en Argentina ha mostrado a la sociedad la forma en la que se hacían los negocios en Argentina desde finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Riquer demuestra cómo las energéticas AEG, CHADE y SOFIA, gracias a las influencias que ejercían en la clase política argentina, lograron unas concesiones sumamente favorables a sus intereses. Un ejemplo paradigmático es el excepcional trato de favor que gozó la CHADE en España durante décadas, debido a que estaba dirigida por importantes políticos y hombres de negocios de la talla de Cambó, Ventosa, Urquijo, Gamazo, etc. Esto le permitió, entre otras cosas, ahorrarse dos tercios de los impuestos que les hubieran correspondido.

Como sostiene Riquer, lo importante para la CHADE y SOFIA era tener buenas relaciones con la clase política aunque supusiera después devolver los favores, el pago de sobornos o financiar a algún partido. El ejemplo que pone el autor para que nos hagamos una idea de hasta dónde llegaba la influencia de SOFIA, es el mantenimiento de sus actividades, como las venía haciendo desde hacía años, en un contexto como el peronista de masivas nacionalizaciones de empresas estratégicas para la economía argentina. Lo cierto es que dicha empresa fue la excepción. Además Riquer denuncia la doble moral de Cambó y Ventosa, en España eran hombres que de cara a la opinión pública se hacían ver como hombres regeneracionistas, muy diferentes a las desprestigiados lideres dinásticos, por ello hicieron todo lo posible para que los escándalos de corrupción que le afectaban en Argentina no salieran a la luz en España[18].

Desde una perspectiva nacional, Guillermo Cortázar en Alfonso XIII, hombre de negocios expone el caso de las sucesivas denuncias por corrupción que afectaban al monarca, sobre todo desde la oposición republicana, como es el caso de Blasco Ibáñez. Sin embargo, el autor trasmite la idea de que fue un hombre muy emprendedor y con grandes negocios muy diversificados, echando por tierra la visión del monarca como un personaje corrupto, defendiendo que no se encontraron pruebas que inculparan a Alfonso XIII en los casos de corrupción que se le achacaban. El autor sostiene que pese a que no se encontraron pruebas de la  presunta corrupción de Alfonso XIII, el primer gobierno de la II República tomó sus bienes, e insistió en la acusación de enriquecimiento ilícito. Cortázar sostiene que fue una acusación política, cuyo  fin era legitimar y asentar la joven república[19].

Javier Moreno Luzón en Romanones Caciquismo y Política Liberal se centra en las clientelas que le permitieron ser al conde de Romanones el mayor cacique de su provincia, además denuncia su legislación ya que ejecutó en pro de sus intereses privados mientras ostentaba cargos públicos. El autor sostiene que la figura de Romanones es el paradigma de cómo actuaban las élites políticas; es un buen ejemplo debido a que ejerció de Ministro, de presidente del Consejo de Ministros, del Congreso y del Senado etc. Moreno explica que Romanones era un experto formando clientelas dentro de las filas liberales, presionando a la Corona para conseguir sus objetivos y en el uso de la prensa para sus fines[20].

Otros autores han estudiado el último tercio del siglo XIX español desde la perspectiva de la historia económica, de ahí que sus interpretaciones tengan una clara inclinación economicista, algo que no debe resultar extraño dado que el objetivo de sus obras es hacer una historia económica. No obstante, es pertinente citar estas interpretaciones en esta parte del trabajo ya que permiten acercarnos a las problemáticas que motivan este trabajo de una forma indirecta y con una perspectiva diferente.

Tanto Albert Carreras como Jordi Maluquer hacen una interpretación del periodo (18601890) y de las grandes cuestiones historiográficas un tanto inclinadas hacía la preminencia de los factores económicos, ya que fían los acontecimientos a las necesidades del mercado, ya sea de la deuda pública, de la balanza de pagos o las demandas de la economía española. Ya que el objetivo de sus estudios es hacer una historia económica del periodo.

Como el objetivo de este texto no es ahondar en los problemas de la historiografía económica haré una síntesis de los postulados de estos autores, empezando por uno de los antecedentes más importantes que permitieron el desarrollo de los grandes negocios trasnacionales (que como he dicho anteriormente se hicieron en torno al Estado) con el beneplácito y la ayuda de un número considerable de importantes políticos. Carreras y Maluquer defienden que debido a la orografía y a la climatología la Península Ibérica, esta estaba muy mal comunicada, por ello para modernizar la economía española y mejorar las transacciones comerciales, los políticos españoles comprendieron que el país necesitaba revolucionar los transportes y ese papel lo jugó el ferrocarril. En 1844 se legisló una ley ferroviaria muy parecida a las leyes francesas o belgas, pero tuvo muy poco éxito, ya que faltaba el capital, la tecnología y la mano de obra cualificada para que prosperara ese proyecto; por ello en 1853 España contaba con 400 km de vías férreas, mientras Francia contaba 5000 km y el Reino Unido 11000 km. El panorama cambió totalmente con la llegada de los progresistas en 1854, estos deseaban dar un impulso al ferrocarril con la “ayuda” del capital extranjero.  Para ello los progresistas promovieron exenciones arancelarias a las ferroviarias, apoyo financiero del Estado y un nuevo marco legal atractivo al capital trasnacional, que incluía incluso subvenciones estatales. Dentro de esta línea de interpretación la legislación bancaria de 1856 posibilitó el desarrollo de las sociedades de crédito y bancos de emisión que a la par provocaron el boom del ferrocarril, ya que abrió la puerta a la afluencia masiva de capital, tecnología y capital humano extranjero. El dato más evidente es que en 1866 España contaba con 5000km de vías férreas. No obstante, tanto Maluquer como Carreras hacen una interpretación final crítica con el despilfarro de fondos públicos que supuso esa legislación y los aranceles, porque perjudicó gravemente a la industria española al poder importar las ferroviarias,   todos los materiales exentos de impuestos. Carreras sostiene que en 1855 la nueva ley de Bases del Ferrocarril suscitó de inmediato el interés de la banca francesa para hacer negocios en España, por ello tanto la casa Rothschild como los Péreire por medio de sus corresponsales en España propusieron al gobierno el modelo de banca de inversión que inspiró la ley de Sociedades de Crédito y la libertad de emisión. Además, argumentan que esta ley no ponía ningún límite a los inversores ni a sus sociedades, lo que produjo una gran burbuja especulativa que se truncó con la crisis de liquidez de las ferroviarias, desembocando en un pánico bursátil, llevando al pánico bancario y al crack del sistema, del cual sobrevivieron las entidades más fuertes, como las casas financieras trasnacionales Rothschild, la de los Péreire y en menor medida el grupo BNP[21].

La interpretación que hacen de la legislación que posibilitó la explotación del subsuelo y el boom de la minería española pasa por el déficit crónico y la situación de emergencia por la que vivía la hacienda española, sumado al nuevo impulso liberalizador de “La Gloriosa”. Según esta corriente interpretativa, estos hechos explican la Ley minera de 1868 (supuso en la práctica la desamortización del suelo), la cual posibilitó la afluencia extraordinaria de capital, tecnología y capital humano. El aspecto positivo que destacan sobre estos hechos es que equilibró la balanza de pagos, ya que sirvió para importar mercancías, con el consiguiente aumento de la economía.

No obstante, denuncian una fuerte crítica al resultado práctico de esta legislación, ya que provocó lo que Carreras denomina como “minas de economía de enclave”, salvo en el caso de Vizcaya donde los industriales locales formaron parte de la explotación minera y reinvirtieron el capital ganado (todo el valor añadido se iba a las empresas extranjeras y la economía nacional obtuvo poco más que los salarios de los mineros ya que recaudaron muy pocos impuestos)[22].

Por su parte, Gabriel Tortella (uno de los mayores expertos en la historia económica española) y Clara Eugenia Núñez realizan en su obra una interpretación parecida. En cuanto a la cuestión de la fiebre minera defienden que siguiendo los postulados de Vicens Vives o Nadal, los problemas financieros, la creciente demanda mundial de minerales y la ideología liberal y librecambista que llevaron consigo los revolucionarios del Sexenio (1868-1874) fueron los factores clave que influenciaron en esa legislación. En esta línea achacan los deficientes ingresos en impuestos por ejemplo, de las minas de Riotinto pese a su potencial y a los graves problemas hacendísticos, ya que necesitaban de los empréstitos que los dueños de las mineras les ofrecían; a este factor hay que sumarle las presiones de las embajadas de sus respectivos estados. Con respecto a la mina de Almadén, un yacimiento importantísimo a nivel mundial dado que desde el último tercio del XIX hasta la I Guerra Mundial, cabe señalar que el mercurio se utilizaba para amalgamar oro y plata, para la fabricación de explosivos, la fotografía, la industria eléctrica, etc. Almadén era la principal mina del mundo de mercurio, por lo tanto las reservas minerales de Almadén tuvieron un valor estratosférico. Los autores son bastante críticos con las medidas adoptadas por el gobierno, debido al altísimo valor que tenía el mercurio en el último tercio del siglo XIX y la primera década del siglo XX y a que en esta mina a diferencia de las demás, no necesitaba una afluencia masiva de capitales, porque su explotación se hubiera podido hacer ventajosamente por funcionarios del gobierno. No obstante, vuelven a achacar estos hechos a los problemas presupuestarios, si bien demuestran que los Rothschild, desde que mostraron tan magno interés por Almadén a principios del siglo XIX (fue el principal motivo del desembarco de la casa Rothschild en el Estado español), consiguieron los contratos gracias al amaño de las subastas, hasta que en 1868 les concedieron la exclusividad de Almadén, denunciando los autores que obtuvieron un trato de favor por parte de los políticos del Sexenio.

Con respecto al ferrocarril estos expertos publican una interpretación muy parecida a la de los anteriores autores alegando el entusiasmo que levantaba entre los progresistas el desarrollo de la red de ferrocarril, así como la afluencia masiva de capitales extranjeros.

Defienden que los “franceses” no solo aportaron el capital y el talento necesarios, sino también la iniciativa legislativa, como es el caso de la actuación de Kervengen, Millaud, Péreire, Weiswiller (corresponsal de la Casa Rothschild). Estos tomaron parte activa en la redacción de la Ley Bancaria de 1856[23].

Como ya he dicho líneas atrás, las relaciones entre las casas trasnacionales de negocios y el poder político es un tema escasamente estudiado. La primera obra cronológicamente que habla sobre las relaciones entre el capital trasnacional y el mundo de la política es un artículo de Antonio Escudero publicado en 1993 en la revista de Economía Aplicada. Bajo mi punto de vista es una obra importante ya que cambia la perspectiva que se tenía hasta la fecha de los negocios que se llevaron a cabo en el Estado español durante el siglo XIX, concretamente en el sector minero. Aunque se base en el Congreso de Historia Económica en Alicante de 1989 y en los postulados de Jordi Nadal, es uno de los primeros estudios críticos con el periodo. Hasta estas interpretaciones, las explicaciones hegemónicas obedecían a factores economicistas, los ya citados apuros de la Hacienda española; la falta de capitales.

Escudero trata de investigar cómo se realizaban los negocios en el último tercio del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Sostiene que la influencia de los lobbies mineros influenciaron mucho la política económica de la Restauración, ratificando para ese periodo “la teoría del mercado político”, es decir, echa por tierra la idílica idea liberal de que todos los contratos y los negocios que se adjudicaban los ganaba la empresa más competitiva en cada momento. Escudero acentúa que los lobbies, es decir, las empresas interesadas, establecían relaciones clientelares con los políticos que tenían mucha influencia en la toma de decisiones. Incluso demuestra que los políticos de la Restauración toleraron el fraude en los impuestos mineros, a pesar de que establecieron un régimen jurídico con una bajísima presión fiscal a las exportaciones de hierro, plomo y piritas.

En síntesis, Escudero defiende que la Ley Minera de 1868 fue muy beneficiosa para ciertos grupos financieros trasnacionales como los Rothschild (Riotinto, Peñarroya, Almadén, etc.), los Péreire y otros grupos mineros ingleses, ya que hasta 1893 se impuso un gravamen del 1% sobre los productos mineros brutos, aumentando hasta el 2% desde 1893 hasta 1900. Además, según sus cálculos, se demuestra que estos tipos impositivos tan bajos (ya que haciendo una historia comparada un canon del 10% era bastante moderado para la época, si los comparamos con los tipos impositivos que establecieron en Suecia, por ejemplo) sumados al masivo fraude fiscal contribuyeron a que el Estado dejara de recaudar el 60% de lo que debería haber recaudado por el canon de superficie y el producto en bruto.  El autor se basa en las tesis de Jordi Nadal para sostener que la legislación minera obedeció a las exigencias de los consorcios extranjeros acreedores del Estado, manteniendo esta influencia hasta 1920, cuando la perdieron a manos de los empresarios nacionales, los cuales consiguieron imponer los postulados económicos proteccionistas[24].

He de decir que la obra que me influyó decisivamente a decantarme por investigar las relaciones entre las grandes casas de negocios trasnacionales y las élites políticas españolas en el último tercio del siglo XIX fue La Casa Rothschild en España de Miguel Ángel López Morell[25]. Además de esta obra Miguel Ángel López Morell y José Mª O´Kean Alonso ahondaron en los aspectos más interesantes (para este trabajo) de las tesis desarrolladas en el libro anterior, es decir, las relaciones clientelares entre el mundo de los negocios y las élites políticas, así como también analizaron otros aspectos de la casa Rothschild como su organización trasnacional, sus corresponsales y socios, la circulación de la información etc. Los autores sostienen que hay que cambiar la interpretación de la economía española de la época, haciendo énfasis en la idea del mercado politizado (es decir, la antítesis a la ortodoxia liberal del libre mercado. Se produce a través de las influencias de los grandes lobbies sobre el poder político, decantando la legislación hacia los primeros, rompiendo así el libre mercado)  y acentuando la investigación en la integración de la élite política española en torno a los negocios Rothschild, debido a que formaron una especie de cacicato en torno a sus empresas y sus negocios financieros. Este “cacicato” les permitió el acceso a información privilegiada, reducir hasta 0 la tasa de riesgo en algunos negocios y la obtención de grandes beneficios[26]. No obstante en este tema profundizaré más adelante, en la parte de la aproximación analítica.

En el año 2007 la revista Ayer publicó su número 66 con el título “Poderes privados y recursos públicos”. Juan Pro Ruiz, en su capítulo “Poder político y poder económico en el Madrid de los moderados (1844-1854)”, publica que en la Década moderada, unas élites de políticos-empresarios ostentaron el poder, se imbricaron en las mismas redes clientelares, en los mismos espacios de sociabilidad y protagonizaron alianzas familiares y practicaron una cultura común. El autor sostiene que, en la medida en que las acciones del gobierno favorecían a unos individuos y perjudicaban a otros, se puso en marcha la lógica de los grupos de presión, los cuales se articulaban a través de las redes de relaciones clientelares establecidas en el entramado del partido político gobernante. Los grupos de presión influenciaron fuertemente las políticas y las acciones de los moderados; defiende que traficaron con información privilegiada, tomaron decisiones políticas descaradamente a favor de esos lobbies y realizaron concesiones arbitrarias. Pro Ruiz manifiesta que aunque estas prácticas en épocas posteriores se han considerado y se consideran prácticas corruptas, en la década moderada eran aceptadas con normalidad. Consideraban que el enriquecimiento durante su mandato político era lógico y respetable; la frontera entre lo que percibían como negocios legítimos y la corrupción se ha ido moviendo en cada época histórica, no habiendo todavía un consenso historiográfico. A pesar de que habría multitud de discursos en las Cortes denunciando como corruptelas las connivencias entre las decisiones políticas y los negocios privados, en la época se percibían como meros argumentos políticos oportunistas para deslegitimar al partido gobernante, procedentes de individuos que se habían quedado excluidos de aquellos negocios.

El autor señala que durante esta década los negocios principales de Mª Cristina y la camarilla fueron las concesiones del ferrocarril, Narváez fue el que fijó la reglas del juego con la Ley ferroviaria de 1844. Con ésta creaba un marco favorable para un rápido enriquecimiento, gracias a la especulación y las relaciones clientelares que se desarrollaron al amparo de estos negocios, que posibilitaban la convivencia entre el ámbito público y el privado. Un claro ejemplo de esto fue cuando el Estado le compró al marqués de Salamanca la línea Madrid-Aranjuez, una línea deficitaria, a un precio muy alto. Esta decisión sin duda fue muy perjudicial para los intereses generales de los españoles. Otro ejemplo que justifica la interpretación del autor es el conocido intento de construcción de la línea Madrid-Valencia propiedad de un conglomerado inglés, que contó con el apoyo del conde de Santa Olalla o el general Filiberto Portillo, figuras muy destacadas dentro de la familia moderada.

Pro Ruiz sostiene que tanto unos como otros se dieron cuenta de que para obtener éxito es sus negocios, era esencial tener buenas relaciones con la élite política moderada y con la reina. Durante el Bienio progresista de 1854-1856, las Cortes pidieron responsabilidades por la corrupción y el fraude del anterior gobierno de los moderados. El autor se basa en la prensa demócrata y progresista de 1853-1854 y en la posterior Comisión de investigación parlamentaria creada en 1854-1855. El resultado de dicha investigación fue la denuncia de muchas irregularidades y favoritismos en las concesiones ferroviarias, destacando la ya citada operación de la compra por parte del Estado del ferrocarril Madrid-Aranjuez al marqués de Salamanca, enumerando otros escándalos como la corrupción en las obras de canalización del Ebro a manos de la empresa Grimaldi, las irregularidades en la remodelación del puerto de Valencia, el tendido del telégrafo o la especulación urbanística a raíz de las desamortizaciones[27].

Por su parte Carmen García García en “Intereses públicos, intereses privados: los Péreire y sus aliados españoles (1856-1868)” centra su estudio en las relaciones que se establecieron entre los intereses de la Casa Péreire y la clase política española. Los Péreire se interesaron en hacer negocios en España a raíz de la legislación progresista de la revolución de julio de 1854, como la Ley de Ferrocarriles, o la Bancaria, con el objetivo  de obtener grandes beneficios en la construcción del ferrocarril y en el negocio de las  finanzas públicas y privadas. Por ello en 1852 crearon la Société Genéral de Crédit Mobilier, siguiendo la misma forma como habían extendido sus negocios por toda Europa del Este y Central. García sostiene que su carta de presentación fue la compra de 54 millones de deuda pública, así como establecer buenas influencias en la clase política española. Por ejemplo, en el Crédito Mobiliario Español incluyeron en su consejo de administración al duque de Alba o al duque de Rivas, así como establecieron buenas relaciones con el parlamentario Ignacio Olea, este recibió un paquete de acciones del

Crédit por su “buen hacer en la comisión del congreso”. La autora demuestra que Peruano Osuna, el suegro de Cánovas del Castillo, fue el primer presidente del Crédito Mobiliario. No obstante, estas prácticas que hoy denunciamos como ilícitas, en la década de 1850 y 1860 debían de contar con cierto consenso entre las clases dirigentes. Ello explicaría por qué Olea siguió ocupando su escaño en el Congreso de los Diputados tras su incorporación al consejo de administración del Crédito Mobiliario. Ninguna ley prohibía eso sostiene García: “Cuando en ciertos momentos, y así sucedió por ejemplo en diciembre de 1861, algún parlamentario planteó la posibilidad de proponer a las Cortes que se estableciese la incompatibilidad entre los cargos políticos y los puestos directivos de las compañías dedicadas a obras públicas, la prensa proclive a los intereses de los medios empresariales calificó la propuesta de «absurda y poco conveniente». Según la Gaceta de los Caminos de Hierro, una de las razones fundamentales del atraso español radicaba en la equivocada idea de que «las personas caracterizadas por su nobleza o por los destinos que desempeñaban se rebajaban ocupándose de negocios materiales». Una norma semejante como mucho debía aplicarse a los puestos del gobierno, pero de ninguna forma a los cargos de senador y diputado. Éstos nunca «sacrificarían los intereses del país a los relativamente pequeños que pudieran tener comprometidos en una sociedad»”[28]. Ese planteamiento estaba en la línea de los que pocos meses antes se habían recogido en el proyecto de ley sobre incompatibilidades de Posada Herrera, que había sido presentado a las Cortes el 28 de junio de 1860. En él se defendía que la independencia de los diputados no estaba en relación con su clase o profesión, sino con su manera de ser.

Como argumentos de fondo contra la propuesta antes mencionada, la Gaceta planteaba que en los países más avanzados las personas que destacaban en la vida política eran precisamente las que se dedicaba a las actividades industriales, debido a que siguiendo la cosmovisión de la cultura política moderada, los capacitados (es decir hombres que gracias a su capital pueden participar en el sistema electoral de forma activa, dado que ese capital se veía como fruto de la razón y de la capacidad de dicho individuo) son los individuos que mejor pueden representar a los intereses generales de la nación. Están interesados en el buen funcionamiento del sistema y además están asentados establemente en una localidad o ciudad (en la que poseen las propiedades). Si los cargos políticos abandonaban las empresas, «el público» retiraría su confianza en ellas y se pondría frenos al progreso material pues «se divorciarían los intereses de las empresas con los del país, que son los mismos».

La autora aclara que aparte de los apoyos que consiguieron los Péreire de ciertos parlamentarios, también contaron con algunos de sus socios parisinos de origen vasco como José Uribarren y su sobrino José Luis Abaroa. Estos banqueros vascos les ayudaron a abrirse puertas gracias a las amistades con las que contaban en Madrid, a cambio de acciones del Crédito Mobiliario. Una de las personalidades con la que entablaron muy buenas relaciones fue el general Serrano, que años después ocupó la presidencia de la ferroviaria Norte, la principal empresa Péreire en España. No consiguieron la importancia e influencia de sus máximos competidores los Rothschild, dado que estos reclutaron para sus filas a altas esferas gubernamentales. Sin embargo, los Péreire, antes de 1868, contaban en sus consejos de administración con el general Serrano, Luis González Bravo, Manuel Alonso Martínez y Laureano Figuerola. García demuestra que la compañía Norte mantuvo la exclusividad de acceso a Francia gracias a las gestiones en el Congreso de Luis González Bravo, el cual por su buen trabajo fue recompensado con un paquete de acciones del Crédito Mobiliario. Cuando estalló la gran crisis financiera y bursátil en 1864, las compañías de ferrocarriles buscaron desesperadamente nuevas ayudas del Estado; por ello en este contexto es cuando los Péreire incorporaron a sus consejos de administración a políticos de alta talla como los ya citados Serrano, Alonso Martínez y Figuerola. El duque de la Torre actuó como presidente de la ferroviaria Norte en 1868 Alonso Martínez ocupó la presidencia del Crédito Mobiliario. La autora demuestra que durante el gobierno unionista de 1865-1866, Martínez intentó un plan para solucionar los crónicos apuros hacendísticos, así como la activación de ayudas a las ferroviarias  y los arreglos de deuda pendientes. Además, señala que durante ese periodo de crisis tanto los Péreire como los Rothschild ofrecieron créditos a la Hacienda española, a cambio de la ayuda a los ferrocarriles, ya que en esos años ambas casas habían apartado sus antiguas rencillas y actuaban casi como aliados. La autora interpreta que la gravísima crisis hacendística obligó al Gobierno conservador a ceder ante las presiones de las compañías franco-inglesas (Rothschild, Péreire y otras minoritarias), tanto los gobiernos de finales del periodo Isabelino como los del Sexenio “democrático”, concedieron ayudas a las ferroviarias, revisando el impuesto que gravaba el tráfico ferroviario al 10%. Tras la grave crisis, los Péreire consiguieron salvar sus empresas, sustituyendo a los antiguos colaboradores vascos por destacados personajes de la vida política madrileña. Además de estas influencias contaron con la baza de la emergencia hacendística. García sostiene que las peculiaridades y estrechas relaciones entre los poderes públicos y privados constituyen un factor muy importante para conocer mejor la fase histórica en la que se construyó y desarrolló el Estado español[29].

A mi juicio, si se quiere hacer un buen análisis de las relaciones clientelares entre las casas Rothschild o Péreire y las élites políticas españolas del último tercio del siglo XIX español, es imprescindible combatir las interpretaciones estadocentristas, complementando las perspectivas de historia nacional como la desarrollada por Miguel Ángel López en el caso de la casa Rothschild, Antonio Escudero en el caso de los lobbies mineros o Carmen García en sus estudios sobre la casa Péreire; con otro tipo de interpretaciones de perspectiva trasnacional, pues permite una interpretación más rica. Buena prueba de ello es el estudio que hace Borja de Riquer sobre Cambó en Argentina. Además, la perspectiva trasnacional está levantando cada vez más inquietudes en las ciencias sociales. Al estudiar a las grandes casas europeas del siglo XIX se observan prácticas clientelares similares entre estas grandes redes de negocios trasnacionales y las élites políticas de los diversos estados-nación en los que operaban; por ejemplo, en casi todo el globo en el caso de los Rothschild, o en gran parte de Europa y América en el caso de los Péreire. Muchos historiadores han reconocido la utilidad de este tipo de enfoques para el estudio de los acontecimientos y procesos del pasado, sin pretender desplazar otros enfoques históricos, como las historias nacionales, sino complementándolos o, como máximo, cuestionando su relevancia en ciertos casos[30].

A partir de estos trabajos, parece claro que los grandes negocios en torno al Estado se realizaron desobedeciendo a las leyes del libre mercado, a los contratistas más eficientes, o a los más capacitados. Personalmente me decanto por la interpretación del mercado politizado siguiendo las tesis mencionadas líneas atrás de Antonio Escudero, de Miguel Ángel López, Juan Pro Ruiz y Carmen García. Esta postura ha ganado en mi mayor peso tras realizar una breve investigación sobre la obra de Riquer Cambó en Argentina. Cambó, Ventosa o Beltrán eran la cara más visible de energéticas como SOFIA, pero lo cierto es que eran dueños del 16% de las acciones, Credit Suisse (sociedad fundada por la Société Générale du Crédit Mobilier, es decir por los Péreire) era la dueña de la mayor parte de las acciones. Este indicio, me hace pensar que los sobornos y las relaciones clientelares entre las grandes compañías de negocios y las élites políticas de diferentes Estadosnación, eran usados de forma sistemática a la hora de hacer negocios. La visión idílica del libre mercado, donde los contratos se los adjudicaban a las empresas más competitivas, no deja de ser en la práctica, como han demostrado estos estudios más recientes, un mito de la ideología liberal. La historia ha demostrado que en realidad los grades negocios tanto en España, como en Inglaterra o Francia durante el siglo XIX se conseguían en los despachos. Esta nueva perspectiva es muy esclarecedora si se quiere entender el porqué de la aprobación de muchas leyes perjudícales para los intereses nacionales (explicado al principio de esta parte). Se me viene a la mente el clásico problema de la falta de aranceles a los materiales que demandaban las ferroviarias. Los profesores de instituto o bachiller lo explicaban fácilmente recurriendo a la “historia del fracaso y del excepcionalísimo español”. Como vemos, esto no es un caso único de la política y dela forma de hacer negocios en España. Es una forma de hacer negocios y política que afectaba a todos los Estados. Como sostiene el equipo interdisciplinar francés dirigido por Olivier Dard, Jens Ivo Engels, Andreas Fahrmeir y Frédéric Monier, a raíz de investigaciones recientes, demuestran que en Francia, en Gran Bretaña, en Argentina, etc., la corrupción política de la sociedad fue un fenómeno general, aumentando los casos especialmente desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX[31].

Este tema de estudio tan ambicioso e interesante para la sociedad actual está prácticamente virgen, de ahí que queden muchísimas respuestas sin resolver, algo obvio dadas las escasas investigaciones que existen actualmente. Algunas de ellas son: ¿En qué grado estas casas trasnacionales influenciaron a los políticos y a las leyes que éstos legislaron?, ¿las élites trasnacionales condicionan la senda de la historia?, ¿cómo percibía la sociedad tales relaciones entre las finanzas y de la política?, ¿por qué la historiografía no le ha prestado atención a un tema de tal envergadura?, ¿se percibían los negocios y la política como una cosa idéntica?, ¿por qué la historiografía no ha estudiado las relaciones clientelares que se establecieron entre algunos políticos republicanos y las grandes casas trasnacionales?, ¿tiene la corrupción un carácter endémico al sistema capitalista?

Hay otras cuestiones que trataré de dar respuesta en la siguiente parte del trabajo. Si como sostienen Carmen García y Juan Pro Ruiz, el enriquecimiento durante un mandato político era lógico y respetado, la frontera entre lo que se consideraban negocios legítimos e ilegítimos se ha ido moviendo en cada época histórica, no habiendo todavía un consenso historiográfico. Por este motivo, investigaré las leyes de incompatibilidades parlamentarias a lo largo del siglo XIX, prestando mayor atención a la legislación del último tercio del siglo XIX, así, podré estudiar qué prácticas acaecidas eran ilícitas o lícitas. ¿Cómo percibía la sociedad las influencias entre las grandes corporaciones y las élites políticas, las denuncias de corrupción de la oposición y los intentos de ésta de frenarlas en el último tercio del siglo XIX?, ¿qué tipo de relaciones clientelares se establecieron entre Emilio Castelar e Ignacio Baüer (corresponsal de los Rothschild en Madrid)? Además, intentaré ahondar en el funcionamiento de la casa Rothschild, gracias al acceso a correspondencia privada confidencial.

La historia de la corrupción es un tema casi virgen en la historiografía española y muy poco desarrollado en la europea. De ahí la urgente necesidad de que los historiadores y otros científicos sociales investiguemos sobre la historia de la corrupción política. Gran parte de la sociedad está deseosa de comprender la historia de la corrupción política, pues es la mejor y me atrevería a decir que la única forma de entender este fenómeno histórico que azota a la sociedad tan descaradamente en la actualidad, prueba de ello es que para los españoles es la segunda preocupación según los datos del CIS del 2016.

2   METODOLOGÍA Y FUENTES

Las fuentes que he usado han sido tanto de carácter primario como secundario, y la información extraída de ambas ha sido de vital importancia para la elaboración del trabajo.

FUENTES PRIMARIAS

El primer archivo que visité fue el Archivo Histórico del Banco de España, situado en Madrid. No obstante, la primera visita he de decir que me resultó un poco frustrante, debido a mis altas expectativas tras leer la guía del Archivo realizada por Teresa Tortella (dado que este archivo no dispone de un buscador telemático, ni una guía online). Comentaba que, en sus ingentes fondos, había mucha correspondencia privada entre todo tipo de empresas, que habían realizado negocios en España, y los órganos directivos del Banco, así como con ministros y otros funcionarios correspondientes a las carteras de Fomento y Economía. He de decir que la encargada del archivo tampoco facilitó mucho las cosas, con lo cual, tras dos días de frustrante búsqueda en el Archivo del Banco de España, decidí ir al Archivo General de la Administración (AGA), situado en Alcalá de Henares (Madrid), con la esperanza de encontrar allí correspondencia de ministros, diputados o funcionarios implicados en las redes de influencia de la casa Rothschild. Tras la ayuda y el amable trato de los funcionarios de dicho archivo, pronto me di cuenta de que allí no se encontraba la documentación que buscaba. Mi primer viaje académico a Madrid, sin duda, resultó decepcionante.

Tras unos días de abatimiento y de pensar cómo podía replantear el tema o incluso si debía de cambiarlo por otro que me permitiera acceder a fuentes más factibles, en una reunión con mis tutores, me animaron a que realizara una búsqueda de la tan ansiada correspondencia privada en el Portal de los grandes archivos españoles (PARES). Dicha búsqueda resultó satisfactoria, debido a que encontré correspondencia privada de Eduardo Dato con James Rothschild, así como de Daniel Weisweiller (primer corresponsal dela casa Rothschild en España). A estos descubrimientos se le sumaron otros nuevos. Después de un  detenido estudio de una pequeña guía que me dieron en el Archivo Histórico del Banco de España, encontré una caja que podría contener correspondencia privada. Estos hechos me llenaron de nuevas esperanzas.

En mi segundo viaje a Madrid, visité de nuevo el Archivo Histórico del Banco de España. A posteriori de una incansable búsqueda en la sección de Secretaria, encontré en el legajo 592 correspondencia entre González Breto y James Rothschild. Lo característico de estas fuentes, es que ilustran unas relaciones de negocios entre la matriz Rothschild de Londres y el que en esas fechas era el subgobernador del Banco de España. Después de un par de días en dicho archivo, me dispuse a hacer la misma búsqueda en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. En dicho archivo tras examinar la guía de documentos que no estaban digitalizados, es decir, los que no aparecían en PARES, descubrí que en 1937 la familia de Ignacio Baüer (segundo corresponsal de la casa Rothschild en España) había cedido todo su archivo personal a la Biblioteca Nacional. Tras una visión de tal magna y virgen documentación,  me di cuenta de que en aquellos fondos se encontraban centenares de cartas cuyo origen y destino era las matrices Rothschild de Londres y París, así como correspondencia con importantes políticos y hombres de negocio españoles. Sin duda, lo fascinante de esta documentación es que facilitará muchísima información sobre cómo llevaron a cabo la familia Rothschild los negocios en el Estado español, así como toda la red de clientelas que establecieron con las élites políticas españolas e importantes hombres de negocios españoles.

En un tercer viaje a Madrid, fui directamente a hacer acopio de la documentación que había localizado en mi segundo viaje, es decir la que se encontraba en el Banco de España y en el Archivo Histórico Nacional.

Para la otra parte de la investigación, es decir, la que se centra en una perspectiva cultural y jurídica de análisis de las redes clientelares entre el mundo de los grandes negocios y las élites políticas españolas del último tercio del siglo XIX, la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE) me ha servido para buscar información muy relevante. Esta información me ha permitido hacer un pequeño estudio de cómo se percibía en la época ideas como el soborno, el interés general o la corrupción, así como información sobre la percepción contemporánea de la pertenencia de las élites políticas decimonónicas españolas en los consejos de administración de las empresas contratistas. Tal información la he podido encontrar en los periódicos:

La Iberia  (30 de septiembre de 1868-14 de mayo de 1898),  se trata de un diario liberal progresista fundado en 1854 por Pedro Calvo Asensio (1821-1863), y que había dejado de publicarse en 1866, retoma su antiguo título tras el triunfo de La Gloriosa. Previamente, en los nueve primeros meses de 1868 se había publicado en su sustitución La Nueva Iberia. Al reaparecer La Iberia, el 30 de septiembre de 1868, lo hará siguiendo la secuencia y numeración que había dejado interrumpida el 21 de junio de 1866, y con la indicación del nombre (además del de su fundador) de su director, que no era otro que el de Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903), quien tras regresar del exilio y ser nombrado ministro del Gobierno provisional presidido por el general Serrano, será sustituido a partir del 22 de octubre por el antiguo redactor y también exdirector del diario: el cordobés Carlos Rubio Colell (1831-1871). En su reaparición había indicado que quedaba excusado decir que “los redactores de la Nueva y los de la antigua, son y han sido siempre los mismos”. Este diario, con el tiempo terminó por identificarse de tal forma con la personalidad de quien había sido su director, Práxedes Mateo Sagasta, “que se convirtió en su permanente órgano de prensa”. Entre 1876 y 1883 estuvo dirigido por un sobrino del propio Sagasta, Tirso Rodrigáñez Sagasta (1853-1935), que llegará a ser ministro de Hacienda tanto con su tío como con Canalejas. De 1884 a 1886 lo dirigirá el dramaturgo cómico Emilio Sánchez Pastor (1853-1935), que anteriormente había sido cronista parlamentario del diario. Superado por otros grandes diarios madrileños, La Iberia desaparece en plena guerra colonial, siendo la última entrega de su colección la correspondiente al 14 de mayo de 1898, tras cuarenta y cinco años en publicación.

La República (1/02/1884-28/11/1891), formó parte del órgano del partido republicano federal español, creado y sostenido por Enrique Pérez de Guzmán, marqués de Santa Marta, uno de los aristócratas revolucionarios españoles del siglo XIX, e inspirado por Francisco Pi y Margall. Al aparecer, el uno de febrero de 1884, se hace cargo de las suscripciones de La vanguardia, y en su programa, además de proclamarse demócrata y federal, se muestra defensor de la mejora de la clase trabajadora, así como antimilitarista, iberista, anticolonialista y respetuoso con las diferentes lenguas españolas y favorable a la autonomía política y financiera de municipios, provincias y regiFue dirigida, sucesivamente, por Telésforo Ojea y Somoza, Pablo Correa y Zafrilla y Enrique Vera y González. En sus últimos meses, bajo su cabecera, estampa las leyendas “Federación Ibérica”, “Confederación Ibero-América” y “Alianza Latina”.  Desaparece el 28 de noviembre de1891, por las desavenencias entre Pérez de Guzmán y Pi y Margall en torno a la frustrada coalición periodística republicana, señalando que algunas de ellas fueron históricamente antiguas naciones.

El Imparcial (1/01/1868-30/05/1933), fue considerado como el periódico más influyente en España en el último tercio del siglo diecinueve y primeros años del veinte, es fundado por Eduardo Gasset y Artime (1832-1884), apareciendo su primer número el 16 de marzo de 1867, como diario vespertino (hasta abril de 1868 no será matutino) de carácter informativo alejado del doctrinarismo propio de los periódicos de partido y fuertemente ideologizados, que llegará a ser considerado como el principal periódico de los que iniciaron la gran transformación de la moderna prensa española.

Desde una zona templada, nace afín a la Unión Liberal y como opositor al gobierno del general Ramón María Narváez, sufriendo suspensiones en su primer año de vida, como la que va del 11 al 22 de mayo. Desde sus columnas se gestará la coalición de liberales, progresistas, demócratas y antidinásticos que propiciarán la Septembrina, convirtiéndose en el órgano más influyente del Sexenio Democrático, como refleja el aumento de su tirada, desde el medio millar de ejemplares diarios iniciales a los 18.000, alcanzando al final de este periodo los 40.000, una de las cifras de circulación más altas en la prensa española de la época, convirtiéndose en el diario favorito de los lectores, a la vez que el más barato. Hostil al principio a la Restauración, termina integrándose en un “realismo político”, manteniendo su independencia desde una posición liberal amplia, según palabras de Seoane, y situándose frente al otro gran diario, el dinástico y canovista La época.  Sin embargo, su integración plena en el sistema forzará a sus dos principales periodistas, Araús y Fernández Flórez, liderar una primera escisión que originará la fundación, en 1879, de El liberal, que competirá desde una posición ideológica republicana y más a la izquierda.

Como gran órgano de opinión y una de las más importantes empresas periodísticas de la Restauración, El imparcial seguirá siendo uno de los diarios de mayor prestigio y circulación, dando la nota más intelectual de la prensa nacional. Su gran editorialista político por antonomasia será Manuel Troyano. Incorpora nuevos redactores, como Andrés Mellado, Mariano de Cavia o Eugenio Rodríguez de Escalera (Montecristo), uno de los principales cronistas sociales de la época, y José Ortega y Munilla, futuro yerno del fundador, tomará la dirección de Los lunes… La calidad de sus artículos políticos, económicos y literarios afianzará su influencia, de tal modo que se dirá que un artículo del diario puede llegar a derribar un gobierno, mientras que publicar en su suplemento literario se convierte en la mayor pretensión de los escritores españoles. En las páginas de Los lunes… se darán cita, entre otros, los principales escritores de la Restauración y los que más tarde integrarán la nómina de lo que se denominará generación del 98. Nos referimos a Juan Valera, Federico Balart, Manuel del Palacio, Ramón de Campoamor, Emilia Pardo Bazán, Jacinto Octavio Picón, Leopoldo Alas Clarín, Ramón María del Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Jacinto Benavente, Pío Baroja, Ramón Pérez de Ayala, Ramiro de Maeztu, Azorín…

El Motín (01/04/1881-27/12/1924), fue fundado por el republicano federal y periodista de ideas avanzadas José Nakens (1841-1926), cuyo nombre quedará vinculado al magnicidio de Antonio Cánovas del Castillo (1897) y, especialmente, al atentado de la boda real de 1906. Le acompañan en la fundación el también periodista Juan Vallejo Larrinaga (-1892), que asumirá la dirección en su primera etapa, así como el destacado dibujante y caricaturista Eduardo Sojo (1849-1908), quien, con el seudónimo Demócrito, introducirá la caricatura anticlerical contra el alto y bajo clero y que El motín publicará a doble página y en color en sus entregas de cuatro páginas, al que se suma en esta tarea el también destacado dibujante Eduardo Sáens Hermúa (1859-1898), con el seudónimo Mecachis. En sus páginas colaborará la plana mayor del republicanismo anticlerical madrileño, según María Dolores Sáinz, entre los que se encontró Miguel Sawa (18661910), y aunque no fue órgano de partido, defendió la unidad de los republicanos y, especialmente, a Manuel Ruiz Zorrilla, participando Nakens, en 1903, en la fundación del Partido Unión Republicana, del que se separará dos años después.

De carácter popular, y de marcada tendencia anticonservadora, como señala José Antonio Lleva Ruiz, sus lectores procedieron en gran parte del proletariado, llegando a alcanzar en la segunda década del siglo veinte los 20.000 ejemplares. Como editor, Nakens difunde también una colección de novelas a través de la Biblioteca de El Motín, y una serie de folletos bajo el título Biblioteca del Apostolado de la Verdad, así como unas Hojitas piadosas, que alcanzarán hasta los 100.000 ejemplares.

El Nuevo Régimen (17/01/1891-01/12/1927), Francisco Pi y Margall (1824-1901) fue su  fundador y director. A este “semanario federal” Pi y Margall le dedicará los últimos años de su vida política, periodística y literaria y, como casi su único redactor, en el plasmará su testamento ideológico. Comienza a publicarlo diez años antes de su fallecimiento, el diecisiete de enero de 1891, y su primer artículo sirve para presentar un esbozo del programa del Partido Federal (que en junio de 1894 redactará), como partido demócrata a favor del libre pensamiento, la libre conciencia y la soberanía popular; como republicano, a favor de la abolición de todo título hereditario, y federal, abogando por la autonomía de las regiones y municipios; y en el plano social, siendo favorable a las mejoras y condiciones de vida de las clases jornaleras. Desde las páginas del semanario, Pi y Margall, entusiasta del sistema federal estadounidense, se mostrará contrario a la aplicación de la doctrina Monroe en el litigio anglo-venezolano de 1895, criticará el belicismo y mostrará su oposición a la guerra de las Antillas, defenderá la autonomía e independencia de Cuba, y junto a parte del resto del republicanismo español y del Partido Socialista Obrero Español, defenderá y abogará por la paz en la Guerra de Cuba y denunciará el militarismo españolista del 98, teniendo por ello que sufrir la calumnia de “mal patriota”. Y en cuanto a la cuestión federal, en su último artículo, aparecido en el semanario el 23 de noviembre de 1901, tenderá puentes con el catalanismo liberal, a pesar de sus distancias insalvables con la versión tradicionalista de las Bases de Manresa de 1892.

Siglo Futuro (19/03/1875-30/04/1936), fundado por Cándido Nocedal (1821-1885), aparece el 19 de marzo de 1875 con el subtítulo de “diario católico” cuando la tercera guerra carlista (1872-1876) está en un momento enconado, pero no defenderá claramente esta causa hasta que, en 1879, aparezca El fénix, de Alejandro Pidal y Mon, y en 1881 La fe, el periódico de Vicente de Castro y Antonio Juan de Vildósola, con los que iniciará una enconada polémica en el seno del ultracatolicismo, que acabará años después en el cisma entre sus filas. Nocedal será en este tiempo jefe de prensa y representante en Madrid del pretendiente Carlos María de Borbón (1848-1909), pero el órgano oficial del carlismo lo ostentará el diario El correo catalán, que a partir de 1876 había fundado Luis María Llauder. Entre sus primeros y principales redactores y colaboradores estuvieron Leandro Ángel Herrero, Gabino Tejado, Francisco Navarro Villoslada, Manuel Tamayo y Baus, Francisco Mateos Gago, Juan Manuel Ortí y Lara, Zacarías Metola y José Fernández Montaña.

Nocedal entablará una batalla doctrinal no sólo con los periódicos ya citados de su mismo carácter ideológico sino con los propios obispos españoles a los que tacha de veleidades liberales, lo que dará lugar a que La fe  sea expulsada de las filas carlistas en 1881 a la vez que Pidal y Mon y su Unión Católica terminarán engrosando las filas del canovista Partido Conservador, ocupando su ala más a la derecha. A la muerte de Nocedal y después de un breve “directorio” carlista integrado por varios generales, Francisco Navarro Villoslada será nombrado jefe de Comunión Tradicionalista y su jefe de prensa, a la vez que Rafael Nocedal Romea –hijo de don Cándido- tomará las riendas del diario y lejos de ir hacia un encuentro con sus correligionarios, radicalizará su ideología antiliberal llegando al enfrentamiento directo y personal con el Carlos VII, y junto a otros 23 periódicos de la misma naturaleza publicará el Manifiesto de la Prensa Tradicionalista, siendo acusado por el mismo pretendiente de “rebelde y excitador de la rebeldía” a su causa, decretando su expulsión del Partido Tradicionalista. Fruto de esta escisión, en 1889, nace el Partido Integrista, del que El siglo futuro será su órgano central de prensa. El diario nocedalista ocupará pues a través de su furibundo antiliberalismo neocatólico la extrema derecha política y seguirá atacando a sus irreconciliables periódicos enemigos dentro de las propias filas ultramontanas y a los mismos prelados españoles de la Restauración, a través de su máxima de que el liberalismo era “pecado”.

A la muerte de Rafael Nocedal, que coincide con la del pretendiente Carlos VII, en 1909, Juan de Olozábal y Ramery asumirá la jefatura del Partido Integrista y al que le será transferida la propiedad del diario, que había iniciado una segunda época y numeración dos años antes y que seguidamente estampará junto a su cabecera un estampa del Sagrado Corazón de Jesús. Será nombrado director Manuel Senante Martínez y entre los principales redactores y colaboradores de entre siglos destacan Cristóbal Botella, Manuel Sánchez Asensio, Manuel Sánchez Cuesta (con el seudónimo Mirabal), Antonio María Sanz  Cerrada (Fray Junípero), Juan Marín del Campo (Chafarote) y como editorialista, Emilio Ruiz Muñoz. Jenaro Fernández Yáñez será su redactor-jefe, al que le sustituirá Jaime Maestro.

Además de la prensa citada anteriormente, el Archivo Histórico del Congreso de los Diputados, concretamente la sección de Diario de Sesiones-Serie Histórica, me ha servido de mucha utilidad para este trabajo, dado que como está digitalizado, me ha resultado muy rápido y cómodo localizar todas las leyes y proyectos de leyes desde mediados del siglo XIX, hasta la última ley electoral de dicho siglo, es decir, la de 1890.

Con dicha documentación, podré conocer que incompatibilidades políticas estaban establecidas legalmente. También podré investigar los debates parlamentarios acerca de las incompatibilidades políticas, mostrando especial atención, al igual que en las distintas leyes y proyectos de leyes de incompatibilidades, a las discusiones referidas a las incompatibilidades de los diputados y senadores con los contratistas del Estado.

METODOLOGÍA

Tras la lectura del libro de Miguel Ángel López Morell La Casa Rothschild en España (1812-1941), me surgieron  una serie de cuestiones previas a la investigación, algunos ejemplos son: ¿en qué grado estas casas trasnacionales influenciaron a los políticos y a las leyes que éstos legislaron?, ¿las élites trasnacionales condicionan la senda de la historia?

Estas preguntas las traté de responder buscando correspondencia privada entre las matrices de la casa Rothschild o sus corresponsales, y algunos políticos notables españoles. Tras una larga búsqueda en el Banco de España, comentada anteriormente, encontré correspondencia entre González Breto (el  que en esas fechas era el subgobernador del Banco de España) y James Rothschild. Tras un estudio contrastado y crítico, posibilitado por un previo estudiado de otras obras que tratan sobre la familia Rothschild y su forma de hacer negocios. He podido deducir, que las influencias de la familia Rothschild se extendían más allá de las élites políticas, estas, afectaban a empleados de otras grandes empresas en las que ellos tenían intereses, tal era el caso del Banco de España (estos aspectos los desarrollaré más adelante). Para intentar contrastar dichas fuentes y poder ampliar la investigación, me dirigí al Archivo Histórico Nacional. En este archivo, encontré como he dicho anteriormente centenares de cartas de Ignacio Baüer con las matrices Rothschild de Londres y París, así como con importantes políticos y hombres de negocios españoles. De estas fuentes, además de otras cosas que narraré más adelante, descubrí una serie de relaciones con otros hombres importantes políticamente hablando, como es el caso de Emilio Castelar. Ante la respuesta provisional a mis preguntas iniciales, me surgieron nuevos interrogantes: ¿cómo percibía la sociedad tales relaciones entre las finanzas y de la política?, ¿se percibían los negocios y la política como una cosa idéntica?

Para responder a estas preguntas, primigeniamente me he visto en la necesidad de acudir al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, con el fin de estudiar las leyes de incompatibilidades parlamentarias, a través del análisis de los proyectos de leyes electorales desde la década de 1850 hasta la última ley electoral del siglo XIX, es decir la de 1890. De esta forma, he podido dilucidar que prácticas políticas eran legales o ilegales. No obstante, para poder contrastar la información que me proporcionaba el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, acudí a analizar los diarios: La Iberia, El Fígaro, La República, El Imparcial, El Motín, El Nuevo Régimen o el diario  católico Siglo Futuro. Analizando críticamente estas fuentes después de documentarme de los inicios y clausuras de cada periódico, así como sus fundadores e ideología; he podido llegar a contestar provisionalmente las preguntas que me plante al principio de esta parte de la investigación. Sin embargo, me han surgido nuevos interrogantes que espero dar una respuesta en futuras investigaciones: ¿por qué la historiografía no ha estudiado las relaciones clientelares que se establecieron entre algunos políticos republicanos y las grandes casas trasnacionales?, ¿tiene la corrupción un carácter endémico al sistema capitalista?

3 PRIMEROS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1   CLIENTELAS ROTHSCHILD EN ESPAÑA

Para que exista la corrupción, ha de existir un corruptor y un corrompido. En esta parte del trabajo intentaré hacer una aproximación para que en una futura investigación más amplia y contrastada, se demuestre cómo se desarrollaron las redes clientelares desde una perspectiva centrada en los corruptores, es decir, desde las grandes casas trasnacionales. Además de cómo se establecieron esas influencias con la clase política, esas que tan buenos resultados les dieron.

Para ampliar el conocimiento que tenemos sobre las clientelas articuladas por los grandes hombres de negocios, profundizaré en el estudio de la todopoderosa casa Rothschild, es decir, el mayor conglomerado financiero, minero, comercial, del mundo en el siglo XIX y (casi con toda seguridad) en la actualidad, pese a su política de discreción después de lo acontecido en la II Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, a mi juicio es una de las familias más interesantes de toda la Edad Contemporánea. Ello explica el por qué la obra que me influyó decisivamente a decantarme por investigar las relaciones entre las grandes casas de negocios trasnacionales y las élites políticas españolas en el último tercio del siglo XIX fuera la obra de Miguel Ángel López Morell, La Casa Rothschild en España publicada en  el 2005.

Haciendo un breve resumen me centraré solo en la parte que atañe a este tema, es decir, las relaciones entre la Casa Rothschild y la clase política española, dado que el objetivo principal de la obra de Miguel Ángel es hacer una historia económica de la casa Rothschild en España. Por ello, como es lógico, dedica muy poco espacio en su obra a las relaciones entre los corresponsales de la casa trasnacional y las élites políticas españolas. El autor defiende que, además de los beneficios obtenidos por una gestión eficientísima y muy diversificada en sus respectivos negocios, existe otro tipo de factores que explican el porqué de la mayor dinastía de negocios por volumen de capital en el Estado español (así como en Europa). López demuestra y denuncia los habituales sobornos, como por ejemplo, el que realizaron en su primer contrato de Almadén en 1834 o el que hicieron en 1846 cuando Weisweiller (corresponsal en Madrid de la Casa Rothschild) sobornó a Mon para que resolviera los retrasos con el Tesoro Público. Además, el autor sostiene que los sobornos se repitieron al menos  con los empréstitos de 1868-1869 y 1871, así como con los trámites del contrato de Almadén de 1870 (con  una suma de 61.524 libras, una auténtica fortuna en aquella época; incluso demuestra que el ministro Alejandro Mon se reunió dos meses después de concederles el acuerdo, solicitando una pequeña parte del accionariado del negocio). El autor señala que de estas “gratificaciones” se beneficiaban altos funcionarios del ministerio de Hacienda, cuando no los propios ministros, aunque los corresponsales de la casa se cuidaron mucho de mantener sus nombres en el anonimato hasta en las cartas que enviaban a la matriz en París o Londres. El autor demuestra que la agencia tenía por costumbre reservar un 2 por mil de los beneficios netos para emplearlos en sobornos.

López Morell, en un segundo bloque, hace un sistemático estudio de la evolución de los consejos de administración de las mayores compañías de la casa Rothschild en España, como es el caso de la empresa ferroviaria MZA, la compañía petroquímica SEMI o una de las empresas mineras (Peñarroya), desde sus respectivas fundaciones hasta 1936. En el estudio se observan abundantes personalidades políticas del más alto nivel del bipartidismo español,  con mayoría de personalidades pertenecientes a las administraciones de Hacienda y Fomento, así como consejeros del Banco de España y otras  compañías financieras. Por desgracia, el autor no especifica la fecha exacta de los cargos que desempeñaron los políticos que enumeraré a continuación, dado que como es natural no era el objetivo de su estudio. En total, trece ministros de Hacienda: Juan Alvarado, Manuel Bermúdez de Castro, José Manuel Collado, Venancio González, Alejandro Llorente, José de Salamanca, José Canalejas, Amós Salvador; por dos veces, Juan Francisco Camacho, Pedro Salverría y Gabino Bugallal; por cuatro veces,  nueve ministros de Fomento: Albareda, Augusto Ulloa, Camacho, Salvador, García Prieto, Alejandro Pidal y Mon, Romanones y el conde de Xiquena; y hasta seis presidentes del Consejo de ministros: Mon, Romanones, Canalejas, Dato, García Prieto y Bugallal. Todos estos políticos formaron pate de los consejos de administración de las empresas Rothschild en prolongadas épocas, salvo en las fechas en que formaban parte del ejecutivo, excepto en algunos casos en los que algunos políticos no tuvieron remordimientos en ostentar ambos cargos. Sin embargo, gracias a la obra de José Manuel de Urquijo, podemos saber las fechas de los cargos que ostentaron estos patriotas tan peculiares.

José Manuel Collado, más conocido como el duque de Mandas, fue ministro de Hacienda del 30-07-1854  al 29-11-1854, de Gobernación y de nuevo de Hacienda durante ese mismo año.  De Fomento y Ultramar del 14-07-1856 al 12-10-1856[32]. Venancio González Fernández, fue ministro de Gobernación entre 8-02-1881 y 0-01-1882, luego en 1885 y en 1886; de Hacienda en 1888 y de Gobernación en 1892 y 189333. Alejandro Llorente fue ministro de Gobernación entre diciembre 1852 y enero 1853, de Hacienda en 1853, de Gracia y Justicia interino en 1853 y de Estado en 186434. José Salamanca ejerció de  ministro de Hacienda del 28-03-1847 al 4-10-184835. Juan Francisco Camacho ostentó el cargo de ministro de Hacienda en 1872,1874, 1881, 1883, 1885 y 188636. Augusto Ulloa desempeñó la función de ministro de Hacienda interino en 1859 y 1860, de Marina en 1863 y 1864, de Fomento en 1864, de Gracia y Justicia en 1871, de Ultramar interino en 1872, de Estado en 1872 y 1874, de Ultramar interino en 1874 y de Estado nuevamente en 187437. Alejandro Pidal Mon fue ministro de Fomento del 18-01-1884 al 27-11-188538.

El increíble trato de privilegio que se le dio en las Cortes a los intereses de los Rothschild muestra hasta dónde llegaban las influencias de la Casa y la parcialidad con la que legislaron los padres de la patria del momento. El autor señala que también incluyeron en los consejos de administración a gran cantidad de directivos de otros bancos comerciales (Vizcaya, Hispano, Banesto, Urquijo etc.), así como la presencia de auténticas dinastías familiares en los consejos, como los Miranbaud, los Urquijo, los Figueroa, los Mon o la familia Canalejas.

López argumenta que la tendencia ideológica de estos “amigos” era bastante irregular, aunque había una predisposición de aglutinar en torno suyo a políticos liberales, progresistas o de la antigua Unión Liberal, o del Partido Liberal si hablamos de la Restauración (aunque también abundaban bastantes conservadores). Además, también contaron con Cipriano Seguno Montesinos, el primer Ingeniero Industrial de España y uno de los redactores de la Ley de Ferrocarriles de 1855, o con miembros de los bufetes de abogados más prestigiosos de Madrid, como Manuel Cortina (el abogado más prestigioso de Madrid, también, fue el abogado de la reina Mª Cristina. Tras su muerte en 1879 le sustituyó Venancio González). Hay que aclarar que como es obvio las decisiones de las distintas compañías no las discutían en los consejos de administración, sino en el Comité de empresa donde se sentaban los mayores técnicos, o expertos del gremio, incluyendo como es natural a los más prestigiosos economistas[33].

En el 2008, Miguel Ángel López Morell y José Mª O´Kean Alonso hacen una indagación en los aspectos más interesantes (para este trabajo) del libro que público López en 2005, como son las clientelas que formó la casa Rothschild, así como también se adentran en su organización trasnacional, sus corresponsales y socios, la circulación de la información etc.

Los autores citados anteriormente, señalan en su obra que uno de los factores que permitió ese “cacicato” fue la intromisión de la élite de la clase política española en los consejos de administración de sus empresas. Según demuestran en la ferroviaria MZA, desde 1856 hasta 1935 un total de 13 ministros de Hacienda formaron parte de sus consejos de administración como Alvarado, Bermúdez de Castro, José Mª Collado, Venancio González, Alejandro Llorente, Salamanca, Canalejas, Salvador, Camacho, Salvatierra y Gabino Bugallal. Los consejeros procedentes del Banco de España en la Sociedad Española Mercantil e Industrial (la compañía financiera Rothschild en España) fueron Salvatierra y Camacho, que fueron gobernadores del Banco de España. Manuel María Álvarez simultáneamente fue consejero del Banco de España y de la MZA desde 1889 hasta 1898, García Prieto fue un caso similar desde 1920 a 1925. Así pues, en Peñarroya S.A. encontramos a Gonzalo y Álvaro Figueroa, conde de Romanones, José Canalejas y sus dos hijos. Según los autores estas personalidades de la vida política española contaron con una remuneración, como mínimo, de 10000 pesetas (de la época, que eran sin duda mucho dinero) al año, más 500 pesetas mensuales. López y O´Kean para el caso de Riotinto, demuestran que el diputado por Huelva Daniel Carballo formó parte de la dirección de la explotación minera, así como que Carballo fue el mayor cacique de la provincia, ya que influía en el encasillado de las circunscripciones de la provincia con absoluta autoridad desde que se hicieran con la compañía en los años ochenta del siglo XIX hasta 1923.

Los autores, a través del análisis de las cartas privadas entre la agencia y la matriz de París, han demostrado que los propios Bauer y Weisweiller reconocían tener en los ministerios personal encargado de remitir todos los borradores legislativos y las condiciones, teóricamente secretas, que presentaba la competencia para hacerse con contratos, como lo demuestra lo acaecido con la concesión de la mina de Almadén. Como sostienen los autores “en aquellos casos en los que no bastaban las relaciones personales y las prebendas, el tráfico de influencias y el soborno se manejaban como herramientas habituales”. Sin duda, gracias a los contactos a los que retribuían muy bien (pero cuya identidad se cuidaban mucho de desvelar, incluso a las matrices Rothschild) la familia Rothschild, no compitió en igualdad de oportunidades con los demás contratistas. Estas acusaciones tan graves las demuestran con el mayor soborno documentado, es decir, el de 1834 con el ministro Toreno, que ascendió a 1,3 millones de francos (toda una fortuna de la época) a cambio de la concesión de Almadén.

En otras ocasiones, los autores señalan que se llegó al caso en el que el propio Cánovas, en 1896, legisló en favor de reducir la competencia entre las grandes empresas competidoras Rothschild y la Péreire. Cánovas patrocinó un acuerdo entre ambas para que entre otras cosas, pactaran el precio y se repartieran los beneficios. Este hecho resulto ser muy negativo para los intereses de los consumidores, debido a que una vez rota la competencia entre ellas, los precios subieron. Sin duda, buena prueba de hasta qué punto los intereses Rothschild estaban bien guardados, se observa en la destitución por unas horas del ministro de Hacienda Urzáiz en 1917 a manos de Romanones, tras haber firmado dos reales órdenes en las que gravaba la exportación de cobre y de piritas. Naturalmente esta reforma se denegó ya que los intereses Rothschild estaban a buen recaudo[34].

Para ampliar el conocimiento que tenemos de las clientelas que articuló la casa Rothschild  [35]en España, intentaré  a través de la correspondencia privada de la propia matriz de Londres y sobre todo mediante la de su corresponsal en Madrid, Ignacio Baüer realizar una aproximación que establezca unos primeros pasos, que sirvan para futuras investigaciones que intenten estudiar y profundizar en el verdadero alcance de las relaciones clientelares que estableció la casa Rothschild tanto con los políticos citados por Miguel Ángel López, como con otros, además de otros hombres de la alta sociedad española. Por ello, el interés de esta parte del trabajo no es tanto el de aclarar si esas prácticas suponían un delito o una inmoralidad o profundizar en algún caso concreto, ya que para eso se requiere de una contrastación y documentación de cada caso. La verdadera motivación es la de abrir nuevas líneas de investigación (gracias al descubrimiento en el Archivo Histórico Nacional de documentación inédita y personal de Ignacio Baüer) respecto a la forma de gestionar los negocios de la familia Rothschild en España, así como las clientelas tanto políticas como de negocios que desarrollaron para auparse en lo más alto del podio patrio (al igual que en el resto del mundo) de los negocios financieros, mineros o comerciales.

Para intentar contestar a las preguntas señaladas más atrás, es decir, ¿en qué grado estas casas trasnacionales influenciaron a los políticos y a las leyes que éstos legislaron? y ¿las élites trasnacionales condicionaron la política española? En el Archivo Nacional de Madrid he localizado el archivo personal de Ignacio Baüer, el corresponsal de la casa Rothschild en Madrid, en este archivo además de documentos que acontecen a la familia de su esposa, escrituras, testamentos, etc., hay muchísima correspondencia privada de Baüer, tanto referente a asuntos personales, como asuntos de trabajo, es decir, de todos los negocios que llevó a cabo la casa Rothschild en España. 42

Por lo tanto en ese fondo documental hay cientos de cartas que tenían como destino y origen tanto las matrices Rothschild de París y de Londres (que son los centros logísticos más importantes de la “dinastía”) como otros hombres de la alta sociedad española ya fueran políticos u hombres de negocios. Las fechas de tal documentación abarcan desde la década de 1860 hasta las primeras décadas del siglo XX. Sin duda, en el Archivo Histórico Nacional hay muchísima documentación virgen que arroja luz sobre cómo era el funcionamiento interno de los negocios de la familia. El problema a mi juicio, es que para analizar tal documentación es necesario dominar perfectamente el francés ya que la mayoría de esa correspondencia está manuscrita en francés, también hay algunas cartas en inglés y castellano e incluso algunas (las más confidenciales) en hebreo, de ahí la dificultad de esta investigación.

Ante la falta de tiempo, fotocopié 10 cartas (para hacer una posterior traducción del francés al castellano) de uno de los muchos fajos de cartas que existen en el Archivo Histórico Nacional, con la mala suerte de que todas las cartas salvo una hablaban de temas meramente familiares, es decir, que no tenían nada que ver con asuntos de negocios. No obstante, fotocopié una carta muy interesante fechada  en el 20 de octubre de 1886, en la que Baüer responde a otro corresponsal de la casa Rothschild explicándole que ¿los hermanos P?[36], habían hecho un mal irreparable para la compañía, exponiéndole: “que singular manera de entrar en la Casa”. Además también dice textualmente dicho documento: “D. Venancio no encontró nada bueno”, se refiere al que en ese momento (20 de octubre de 1886) hacía 10 días que había dejado de ser Ministro de Gobernación. Otra frase de la susodicha carta es muy peculiar: “te telegrafié que la reina estuvo paseando por el jardín según sus costumbres”, esta frase da testimonio de hasta qué punto los corresponsales de la casa controlaban los movimientos de los actores políticos que tomaban decisiones sobre negocios en los que tenían intereses. Además en la carta aparecen nombres de grandes casas españolas como la de los Medina Sidonia “para los Medina-Sidonia”.[37]

En la misma caja también descubrí abundante correspondencia entre Baüer y el republicano Emilio Castelar en castellano. Como se sabe Emilio Castelar fue diputado desde 1869 hasta 1899, con el advenimiento de la Primera República en 1873 fue nombrado ministro de Estado, después presidente del Congreso de los Diputados y por último jefe del Estado el 7 de septiembre del mismo año. Además, tras la Restauración borbónica volvió a su escaño en las Cortes desde posiciones próximas al dinástico Partido Liberal[38].

De la correspondencia que he trabajado, la mayoría trata de temas familiares, de invitaciones a comidas, etc. No obstante en una carta privada fechada el 3 de diciembre de 1880 Emilio Castelar le pide a su muy amigo Baüer cuatro favores personales. Por el primero le solicita que interceda por un amigo suyo (Antonio Galdó), pidiéndole a Baüer que tomara cartas en el asunto para que contrataran a su amigo en la fábrica de refino de Alicante “El fundador de la fábrica de refino en Alicante no recordó para nada en sus colocaciones a mi recomendado Antonio Galdó, después de haber prometido lo contrario en una carta”, “Querido amigo mío, hágale, como decían en castellano viejo, hágale memoria”. El segundo favor que le pide es que intercediera nuevamente por otro amigo, un doctor llamado Zaboaula, para que consiguiera trabajo de médico en Madrid: “favorecer al médico, mi recomendado, el señor Zaboaula, pues queda vacante una plaza en la primera lección de Madrid ha finalizado lujaba para próxima promoción a causa del fallecimiento del titular, y ese nombramiento le vendría a Zaboaula como anillo en dedo”. De nuevo en el tercer favor que le pide al corresponsal Rothschild es que intercediera por otro amigo del republicano, un telegrafista que había sido apartado de su trabajo. En la cuarta petición, sin duda la más interesante, Castelar le expone a Baüer que había perdido dinero en la inversión de la línea ferroviaria que unía Ciudad Real y Mérida, por ello le pide a su amigo que intercediera en el consejo de administración de la compañía para solucionar tal problema: “He perdido yo también algo con la inversión de la línea de Ciudad Real a Mérida. Aquel consejo de Administración puede remediarlo. Podría vos interceder”[39].

Siguiendo con la búsqueda de fuentes que me permitieran conocer más cómo llevaron a cabo los Rothschild sus negocios en España, descubrí en el Archivo Histórico del Banco de España de Madrid tras una larga y complicada búsqueda, un legajo en el que existe documentación respecto a negocios que entabló la Casa Rothschild con el Banco de España. En ese legajo me encontré abundante correspondencia privada fechada en abril y mayo de 1874 entre James Rothschild (cabeza de la matriz londinense) y el Sr. José González Breto, el subgobernador del Banco de España en las fechas en que se produjo ese intercambio de correspondencia.[40]

En estas cartas claramente se observa un intercambio de favores, en los que estaban atraídos ambos personajes. James Rothschild estaba interesado en las informaciones que le dio González acerca de los movimientos del Banco de España, debido a que los Rothschild poseían un gran paquete de acciones del Banco de España, además, porqué eran muy frecuentes los negocios con el susodicho banco. La atracción de James Rothschild por esa información privilegiada, se debe a que la información en los negocios es una cosa imprescindible si se quiere maximizar las ganancias. Por su parte el subgobernador del Banco de España, estaba interesado en unas operaciones en el mercado de la plata.

En una carta fechada en el 3 de abril de 1877, James Rothschild informa a González del precio que tiene la plata en las bolsas (a 53 ½). No obstante, como este no quería vender a menos de 55$, James le comenta que intentará hacer un trato con los Baring (otro grupo competidor de la City londinense) para poder solucionar ese asunto. Después de despachar ese tema, James Rothschild le preguntó al subgobernador, si el Banco tenía obligaciones de la sesión anterior, pidiéndole que cambiara una operación (¿un préstamo al Banco de España?) de interior por exterior. Según argumenta Rothschild, daría lo mismo: “dar más como otros pues siendo lo mismo meramente deposito en garantía nada tendrá que ver los que hicieron el préstamo, con el cobro de intereses o amortiguación”. En otra carta fechada en el 5 de abril de 1877 siguen tratando los mismos temas; le comunica James Rothschild a González que había hablado con la casa Baring. No obstante, en la segunda parte de la carta James le sigue pidiendo información de las operaciones del Banco de España…

En otra correspondencia fechada el 1 de mayo de 1877 nuevamente hablan del mercado de la plata, pero sin lugar a dudas, lo interesante de esta carta es que demuestra el potencial servicio de informadores con el que contaba la casa Rothschild. Este servicio le permitía llegar a informaciones incluso antes que algunos gobiernos. La rapidez y fiabilidad de su red de informadores, sin lugar a duda, era uno de los mecanismo que les permitieron hacer grandes negocios, ya que la información era (y es) fundamental a la hora de actuar en las bolsas y en general en el mundo de los negocios. En la carta James explica a González que: “la Rusia en lugar de dirigirse hacia las provincias europeas de Turquía de donde procedió ¿el motivo? para la declaración de guerra, ataca por el lado de Asía. Podría suceder que Inglaterra llegara a ver en esto algún obstáculo para sus intereses en el oriente”[41] [42].

Ante esta investigación, me han surgido nuevas preguntas, que me incitan a hacer una nueva investigación con el objetivo de intentar responder a estas cuestiones.

¿Cómo percibía la sociedad tales relaciones entre las finanzas y de la política?, ¿se percibían los negocios y la política como una cosa idéntica?  

4.2 Prácticas políticas clientelares, ¿legales o ilegales?

Como he dicho anteriormente hay un vacío de estudios sobre la legalidad o ilegalidad de las prácticas clientelares que se desarrollaron durante el siglo XIX entre los políticos españoles y los grandes hombres de negocios, ni que decir de las imponentes grandes casas de negocios trasnacionales. Como es un tema tan novedoso y tan complejo, debido a las dificultades de acceso a las fuentes y por el movimiento continuo de la consideración social de qué era corrupción a lo largo del siglo XIX. Intentaré hacer un análisis jurídicopolítico y de esfera pública que me permita responder a las preguntas que motivan esta parte de la investigación.

Como he dicho en el estado de la cuestión, los únicos autores que dicen algo al respecto de estos interrogantes son: Juan Pro Ruiz en su estudio de la Década moderada, es decir, de 1844 a 1854, defiende que en dicha década el enriquecimiento durante un mandato político era lógico y respetable, además, sostiene que las denuncias de corruptelas sobre las decisiones políticas en favor de intereses privados, en la época, se percibían como meros argumentos oportunistas de la oposición para deslegitimar al partido gobernante[43].

Carmen García García en su obra “Intereses públicos, intereses privados” en la que estudia las décadas de 1850 y 1860, apunta a que las relaciones clientelares que estableció la casa de negocios trasnacional Péreire con ciertas élites políticas españolas debían de contar con cierto consenso entre las clases dirigentes[44].

Centrándonos en las cuestiones primordiales que nos atañen para esta investigación, es decir, arrojar luz sobre cómo se percibían las relaciones clientelares o las influencias entre los grandes capitalistas y las élites políticas españolas del último tercio del siglo XIX, es de una importancia estructural fijarnos en las leyes electorales que se sucedieron a lo largo de este periodo, poniendo el foco en las incompatibilidades parlamentarias, sobre todo las que atañen a los contratistas del Estado. De gran trascendencia para este trabajo son sin duda los Proyectos de Ley que presentaron José Polo y Gonzalo Morón, sin éxito, entre 1849-1851. En sus proposiciones, establecían las incompatibilidades de todos los funcionarios no residentes en Madrid, así como los que tuvieran un sueldo inferior a los 30000 reales. Morón, además, incluía a los alcaldes que contaran con más de un tercio del electorado del distrito por el que se presentaba, así como  a los contratistas del Estado y a los que contaran con un sueldo menor a 40000 reales. La inclusión de los contratistas evidenciaba el clima de desconfianza generado en los últimos años de la Década moderada por el círculo de especuladores y financieros situados en torno al Partido Moderado. A pesar de que estas leyes no se aprobaron, en 1856 se restableció la Ley electoral de 1846. No obstante, el debate sobre las incompatibilidades pervivió y hubo nuevas iniciativas legislativas a partir de la llegada de la Unión Liberal al poder. Polo en 1858 retomó sus proposiciones anteriores.

En 1862 el moderado Martín Herrera en su Proyecto de Ley, propuso de nuevo las incompatibilidades de los funcionarios fijadas por los Proyectos de Ley de Polo y Morón en 1849. La Comisión que estudió el Proyecto introdujo pequeños cambios, extendiendo las incompatibilidades de la Ley de 1846 a los contratistas y recaudadores del Estado, haciendo compatible el puesto de diputado con los de catedrático de la Universidad Central y consejero de instrucción pública. Algunos parlamentarios conservadores pusieron de ejemplo el caso italiano (contaba con una Ley de incompatibilidades más flexible) como referencia positiva; otros diputados más críticos, como Polo, defendieron en el Parlamento que había grandes diferencias entre el caso italiano y el español, ”mientras los italianos estaban viviendo todavía tiempos de pasión política y en esas circunstancias no era necesaria la incompatibilidad parlamentaria, pues los hombres defendían ante todo “sus opiniones” y no se dejaban arrastrar por la corrupción”[45].

En enero de 1866, tras el intento de pronunciamiento de Prim, el gobierno endureció la censura. En ese contexto Cándido Nocedal presentó una Proposición de Ley muy novedosa, que será muy interesante para el desarrollo de esta parte del trabajo, así como, la ideología que le motivaba a proponerla, pero, de estos asuntos, hablaremos más adelante. Su texto pretendía establecer las incompatibilidades absolutas, tanto en lo que se refería a los funcionarios como a los contratistas. Esto quedaba meridianamente claro en el artículo 1º de la Proposición de Ley “El cargo de Diputado es incompatible con todo empleo público o de la casa Real.  Para los efectos de esta ley, se consideran empleos públicos los que se confieren por nombramiento del Gobierno, aun cuando su retribución no este consignada en los presupuestos del Estado. Exceptúense únicamente los ministros de la Corona”[46]. El Congreso aprobó, tras una votación, la proposición de Nocedal, lo que supuso una dura derrota para el ejecutivo de O´Donell. Al final, una intervención de éste amenazando con la dimisión en pleno del gabinete llevó a suspender la discusión, anulando así esta Proposición de Ley, siendo la última iniciativa legislativa del periodo isabelino[47].

Tras la Revolución de 1868, desde la convicción de separar claramente el poder ejecutivo del legislativo y de convertir a los diputados en intérpretes del interés general, el dictamen de la Comisión presentó el dictamen sobre el  Proyecto de Ley electoral de 1870, el cual defendió el régimen de incompatibilidades absolutas entre los funcionarios y los diputados, extendiendo las prohibiciones a los contratistas del Estado, diputados provinciales y concejales. La Ley se aprobó definitivamente en 187155. Esta es la principal novedad que he podido observar, a pesar de que se venía debatiendo desde mediados del siglo XIX, por primera vez en España, se estableció la incompatibilidad parlamentaria a los contratistas del Estado y a sus fiadores.

María Sierra , Mª Antonia Peña y Rafael Zurita, hacen una excelente investigación sobre las incompatibilidades parlamentarias regían la vida política del siglo XIX español, centrando el enfoque sobre todo en la esfera política y en las incompatibilidades con respecto a los funcionarios, es decir, en la manipulación de elecciones, en el control del parlamento por parte del ejecutivo. Por ello esta investigación pionera es un buen punto de inicio  para poder dilucidar qué incompatibilidades parlamentarias estaban instauradas en el periodo cronológico que atañe a este trabajo. No obstante, en materia de incompatibilidades parlamentarias correspondientes a los contratistas y fiadores del Estado, está escasamente tratado. Debido a esto, para investigar más profundamente desde una perspectiva jurídico-política, las relaciones clientelares entre las élites de los partidos políticos del siglo XIX y el mundo de los negocios, es decir, las grandes casas de negocios trasnacionales, he necesitado investigar las leyes y los Proyectos de leyes, de esta forma he podido conocer que prácticas clientelares realizadas era legales o abiertamente ilegales.

El proyecto de Ley electoral presentado el 28 de junio de 1860 defendía en su artículo 8º que era incompatible el cargo de Diputado con todo empleo civil activo cuyo sueldo anual no lleguara a 30000 reales. En el artículo 11º, en el apartado cuatro, establece la incompatibilidad a los que al tiempo de haberse las elecciones tengan contratos pendientes con el gobierno o con cualquiera de los centros directivos de la Administración. En el apartado quinto, privaba del derecho de diputado a los que de resultas de contratos propios estén interesados en reclamar contra el Estado. Sin embargo, el Proyecto de Ley presentado por el ministro de la Gobernación Cánovas del Castillo el 4 de marzo de 1864 en su artículo 17º extendía las incompatibilidades a la persona que haga supuestos contratos de participación en ramos de la industria o de comercio, o que suponga poseer una propiedad territorial o ejercer una industria o profesión con el propósito de ser incluida en las listas electorales y las que ayude a otra a estos fines, incluirá en la multa de 10 a 100 duros y suspensión del derecho electoral[48]. No obstante, la Comisión el 2 de abril de 1864, en el artículo 1º, en el apartado tercero, extendió las incompatibilidades a los ingenieros de caminos, minas o montes en las provincias o distritos donde ejercieran sus funciones. En el apartado cuarto, a los contratistas y sus fiadores de obras o servicios públicos que fueran pagados con fondos estatales, provinciales o municipales en los distritos donde se ejecutaran las obras o se prestaran los servicios. En el artículo 2º exceptuaban de las incompatibilidades parlamentarias a los inspectores generales y subinspectores de los cuerpos de caminos, minas y montes, que por razón de su empleo tuvieran su residencia fija en Madrid, además de los ingenieros jefes de primera clase de los cuerpos mencionados, que teniendo igualmente su residencia en la corte por razón de su empleo como ingenieros, se hallasen desempeñando con un año de antelación[49].

En la Ley electoral decretada el 23 de junio de 1870, en el artículo 8º de nuevo establece que no podrán ser elegidos diputados o senadores, ni los contratistas o sus fiadores de obras y servicios públicos que se paguen con fondos estatales, provinciales o locales; además de los recaudadores de contribuciones y sus fiadores, así como los deudores con el Estado[50]. Tras la caída de la I República española y la reinstauración de la monarquía, se legisló el 23 de diciembre de 1878 una nueva ley electoral que estuvo vigente hasta el 26 de junio de 1890. La ley en su artículo 7º extiende las incompatibilidades parlamentarias a todos los contratistas de obras o servicios públicos de cualquier clase, que se costeen con fondos estatales o tengan como objetivo la recaudación de rentas públicas, y los que de resultas de tales contratas tengan pendientes contra el Gobierno reclamaciones de interés propio. Esta incapacidad también la extendió a los fiadores y consocios de los contratistas.

En el artículo 9º, en el apartado segundo, establece incompatibilidades a los ingenieros de caminos, montes y minas, con relación a los distritos o provincias donde ejercieren sus cargos por comisión del gobierno. En el apartado quinto, la extiende a los que se hallaren en el caso séptimo del artículo 8º por obras o servicios de cualquier clase de interés provincial o municipal, con relación a las provincias o distritos interesados en dichas obras o servicios. En el artículo 10º especifica que la incapacidad relativa que se establece en el punto anterior subsistirá hasta un año después de que hubiere cesado por cualquier causa[51].

La última ley electoral que rigió el siglo XIX español fue la Ley electoral del 26 de junio de 1890. Con respecto a las incompatibilidades parlamentarias solo se añadió con respecto a la anterior (es decir, la que estaba vigente desde el 23 de diciembre de 1878) lo que exponía en el artículo 3º, el apartado quinto: “Los que desempeñen o hayan desempeñado un año antes en el distrito o circunscripción en que la elección se verifique, cualquier empleo,  cargo o comisión de nombramiento del Gobierno, o ejercido autoridad de elección popular, en cuyo concepto se comprenden los Presidentes de las Diputaciones y los Diputados que durante el año anterior hubiesen desempeñado el cargo de individuos de las Comisiones provinciales. Se exceptúan los Ministros de la Corona y los funcionarios de la Administración central. Las incapacidades a que se refiere este núm. 3.9 se limitan a los votos emitidos en el distrito o en la circunscripción o a donde alcancen la autoridad o funciones de que haya estado investido el Diputado electo”[52].

Ante tales pruebas, desde una concepción puramente jurídica, he podido llegar a la conclusión gracias al análisis de dichas leyes y proyectos de leyes, que desde mediados de siglo XIX se penalizó las influencias del gobierno sobre los diputados, es decir, las influencias del poder ejecutivo sobre el legislativo, mediante la legislación de las leyes de incompatibilidades, las cuales prohibieron, entre otros, a los funcionarios ser diputados, ya que entendían que para el buen funcionamiento del sistema liberal el poder legislativo tenía que actuar independientemente, buscando la forma de respetar y potenciar los intereses generales de la nación, esto se ve tanto en las Proposiciones de Ley de 1849-1851 de José Polo y Gonzalo Morón, como en la Proposición de Ley de Herrera de 1862 o en las leyes que estuvieron vigentes desde 1870 hasta el final del siglo XIX. De igual modo, tras la década moderada (1844-1854) saltaron grandes casos de corruptelas en los que los principales políticos de la época estaban implicados. Para evitar que esta situación se repitiera,  numerosos Proyectos de Ley desde 1849 hasta 1870 se fueron presentando en el Congreso de los Diputados. En ellos que se establecían las incompatibilidades parlamentarias con todas las empresas contratistas y recaudadoras del Estado, tal es el caso de las mencionadas Proposiciones de Ley de José Polo y Gonzalo Morón, la de Herrera. En 1860 con la Proposición de Ley de Cánovas del Castillo y el dictamen de la Comisión parlamentaria se extendieron las incompatibilidades, además de a los contratistas, sus fiadores y los funcionarios, a todos aquellos que tuvieran algún tipo de contrato pendiente con cualquier administración, así como a los ingenieros de caminos, o de minas. Sin embargo, merece mención aparte la Proposición de Ley de Cándido Nocedal presentada en enero de 1866, en la que establecía las incompatibilidades parlamentarias absolutas tanto para los funcionarios, como para los contratistas y todos los individuos que tuvieran que ver con esos intereses.

No obstante estas ideas que defendían las distintas Proposiciones de Ley, no se establecieron como leyes propiamente hasta 1870, época en la que se legisló una Ley electoral que en materia de incompatibilidades establecían las incompatibilidades parlamentarias a todos los contratistas, consocios y fiadores de estos que realizaran servicios públicos. A raíz de mi investigación de las leyes de incompatibilidades parlamentarias, puedo decir, que todos los diputados españoles que a partir de 1870 formaran parte de los consejos de administración, o poseyeran intereses particulares en empresas que realizaran servicios al Estado, estarían cometiendo una ilegalidad manifiesta y penada. Sin embargo, como demostraré en el siguiente punto, a raíz de una “argucia legislativa”, era legal que los diputados poseyeran acciones o fueran consejeros de las grandes compañías trasnacionales cuyo régimen jurídico era sociedad anónima (S.A.). Por el contrario, los diputados o senadores que desarrollaran dichas prácticas en empresas cuyo régimen jurídico fuera de sociedad limitada (S.L.), estarían cometiendo explícitamente una ilegalidad penada.  En el siguiente apartado desarrollaré más esta idea, publicando ejemplos prácticos que acaecieron en la vida política española del último tercio del siglo XIX.

Para enriquecer la perspectiva jurídico-política anterior y responder de una forma más solvente las preguntas que motivan esta parte de la investigación, he necesitado realizar un análisis crítico de la esfera pública de la sociedad española del último tercio del siglo XIX.

La vaguedad de la idea del interés general que se tenía a mediados del siglo XIX, como he señalado anteriormente, hace necesario que nos adentremos en la investigación que realizó María Sierra en Elegidos y elegibles. Sierra hace un estudio profundo sobre la corrupción y qué se entendía por el interés general en la sociedad del siglo XIX, es decir, eso contra lo que atentaban las prácticas corruptas. Para los liberales españoles los intereses colectivos estaban lejos de ser el resultado de la suma de intereses individuales.

Como defendió el parlamentario Manuel Duran y Blas, “la representación no es una máquina aritmética destinada a recoger y contar las voluntades individuales. Es un procedimiento natural para extraer del seno de la sociedad la razón pública, única que tiene derecho a gobernar”[53]. Sierra interpreta que en líneas generales tanto conservadores como progresistas operaron bajo el horizonte aglutinante común del interés general. Lo cierto es que ese interés general legitimó a la autoridad política, ya que en teoría este interés nacional se construyó en oposición a los intereses individuales, parciales o de clase. Lo que importaba para ejercer un buen gobierno era evitar el conflicto de intereses entre los generales e individuales. El liberalismo reticente a la sociedad de masas impugnó la democracia en nombre de la voluntad general, ya que para esta cultura política los intereses generales ya estaban representados con el sufragio de los capacitados; a estos planteamientos le salieron numerosos detractores como Pablo Busto Elorza “pese a que el Senado es escogido por los capacitados nacionales, este tendería a favorecer a los intereses individuales y no generales”[54]. Demócratas y republicanos defendieron el sufragio universal masculino para instalar definitivamente los intereses generales en los Parlamentos. Para esta cultura política, si verdaderamente se querían guardar los intereses generales era de vital importancia contrarrestar tanto la influencia de la iglesia, como de las influencias locales (lo que se conoció posteriormente como caciquismo)[55].

La idea de la defensa de los intereses generales de la nación, en contra de los intereses abstractos o particulares, se observa claramente en el dictamen de la Comisión parlamentaria que estudió el Proyecto de Ley presentado en 1864 por Cánovas del Castillo. Esta Comisión estableció el 2 de abril de 1864 que la Ley de incompatibilidades “aconsejada por la experiencia y reclamada por la opinión pública, de cuyas manifestaciones se han hecho órganos diferentes Ministerios o celosos diputados, tiende a proteger la verdadera libertad de sufragio y a garantizar la independencia del congreso, elevando el prestigio de nuestras instituciones. La comisión ha creído deber reservar su mayor severidad para reprimir el verdadero abuso como la causa más fácil de corrupción, y la que tanto podría desprestigiar al congreso. El cargo de Diputado no ha de ser elemento ni medio de medro personal: un solo ejemplo de ese lastimoso abuso hace un daño irreparable que no bastan a compensar innumerables casos de patriótica abnegación. La Comisión entiende que el Diputado ejerce una misión más alta y más digna que los empleos, las condecoraciones y todos los cargos que puedan ofrecerse; que sus actos no solo llevar el sello de su independencia, sino rechazar también la injuriosa presunción de un interés bastardo. Únicamente cuando triunfen sus opiniones, cuando esa victoria le lleve a altos puestos políticos, podrá no admitir recompensa, sino participar sus ideas en la gestión de los negocios públicos, y aun entonces el país deberá juzgarle.

La Comisión no cree haber conjurado todos los peligros; antes entiende que esta ley necesita de un complemento que solo podría obtener con la formación de otra, que dando a los empleados la estabilidad compatible con una buena administración, evite exageradas pretensiones, consulte la Ilustración y los merecimientos, remedie el mal ocasionado por las injustificadas ambiciones y por las exigencias de favores inmerecidos, deje al Gobierno expedita su acción, y aleje de las mayorías la nota de corrupción , robusteciendo en el Congreso de los Diputados el prestigio que siempre mereció , y que por esos peligros ha parecido ponerse en duda por los enemigos de las instituciones. La Comisión se lisonjea con la esperanza fundada de qua el Gobierno de S. M., celoso de su opinión y de su gloria, llevara a cabo esa importante obra, comenzada por este proyecto de ley con universal aplauso”[56]. La Comisión hacia un llamamiento a los Diputados para velar por los intereses generales de la nación, en lugar de las ambiciones particulares, avisando del daño que hacía la corrupción a la legitimidad del sistema liberal.

Como he dicho en el anterior apartado, las influencias del gobierno respecto a los diputados, es decir, del poder ejecutivo sobre el legislativo, estaba muy extendida la idea de que era una práctica inadmisible, deleznable y corrupta. A pesar de que teóricamente, como queda claro en las leyes electorales, estas relaciones son ilegales; en la práctica este debate ocupó muchísimo tiempo en las sesiones parlamentarias y en las primeras planas de los periódicos, como denunciaba el periódico La Iberia en 1878: “pese a la Ley de incompatibilidades, el número de diputados empleados es muy alto. Para este gobierno la ley de incompatibilidades y la Constitución del Estado, son letra muerta. El número de diputados empleados es tal, que estos deciden ya en las votaciones. Unos con empleos, otros con distinciones honoríficas, otros con comisiones especiales, ello es que el gabinete ha ido agraciando poco a poco a casi todos los diputados sin respetar las leyes que esto prohíben”65. Este asunto junto al del amaño de elecciones por parte de las élites de los partidos políticos fue muy debatido y ocupó gran parte del foco mediático de la época, ya que no cabe duda que el amaño de elecciones era concebido a lo largo del siglo XIX como un acto de corrupción política[57], este tema está muy estudiado y no es el objetivo principal de este trabajo. Sin embargo, dilucidar si un político desempeñaba un cargo en el consejo de administración de alguna empresa que fuera contratista de alguna administración pública, a la vez que ejercía como diputado o senador, la práctica del soborno, del tráfico de influencias,  la revelación de secretos, era percibido por la sociedad española como algo deleznable, no se ha estudiado nada, o por lo menos yo no he encontrado ninguna obra que arroje luz a estos interrogantes.

Antes de dilucidar las relaciones entre las empresas trasnacionales y las élites políticas decimonónicas, considero necesario hacer una pequeña investigación cultural en cuanto a cómo se percibía la idea del soborno o la corrupción en la sociedad del siglo XIX español. Con esto también quiero evitar caer en anacronismos, algo que considero importantísimo cuando se investiga historia.

Respecto a la idea de soborno queda claro que es una práctica muy inmoral y reprochada culturalmente por la sociedad decimonónica española, tanto si se aplica al terreno del amaño de elecciones[58] como si va en contra del interés general de la nación. Así lo demuestran las publicaciones de El Imparcial de octubre de 1883[59] y de la República del 2 de febrero de 1888, respecto a las demandas de autonomismo de las Cámaras de Cuba y Puerto Rico. El artículo periodístico defiende que “la inmoralidad existe, ha existido y existirá; porque los empleados de todas clases y categorías que escogen al gobierno, entre ellos negociantes poco escrupulosos, explotadores avaros,  no repararán en el soborno, en defraudaciones, ni en comerciar con el patriotismo. No faltan tampoco negociantes y explotadores corrompidos en los centros coloniales, donde acuden aventureros, sin más idea que la del lucro”[60].

La publicación que hizo El Motín en 1890 también arroja luz sobre la percepción de la idea del soborno y la corrupción. Tras la invitación que realizó Emilio Castelar a los republicanos más izquierdistas de apoyar en las urnas a los fusionistas, estos le contestaron: “cada suplica, cada excitación de los fusionistas y sus aliados para que nos mezclemos en las urnas, es un ultraje a nuestro sentido moral y político, algo así como una tentativa a la corrupción, como un conato de soborno, como una invitación al delito, como algo, en fin, que nos inspira a la par indignación y repugnancia, que nos enfada y avergüenza”70. De igual modo, la publicación de El Nuevo Régimen de septiembre de 1891 también nos ayuda a despejar estos interrogantes. Tras el debate del impuesto de consumos un columnista defendió: “désele la forma que se le dé, subsistirán el matute y el soborno, la inmoralidad y la corrupción. Variará de forma, si la recaudación se modifica, pero continuará como hoy, y más que hoy, mañana, y siempre en progresión creciente”[61]. Pese a que estos artículos periodísticos no se refieren a las influencias entre las grandes corporaciones y las élites políticas españolas, estos artículos nos muestran que la idea de soborno estaba muy mal vista por la sociedad decimonónica española, se equiparaba a una práctica similar a la de la corrupción, que invitaba a la denuncia y a la indignación. Es obvio que se necesitan nuevas investigaciones para establecer algunas teorías solidas al respecto, dado que la idea planteada anteriormente está muy poco contrastada. No obstante, sirve para hacer una aproximación hipotética ante la práctica del soborno y la corrupción de todo tipo; sin duda es un buen punto de partida.

Con respecto a dilucidar desde un punto de vista de la esfera pública cómo percibía la sociedad española del siglo XIX si un político desempeñaba un cargo en el consejo de administración de alguna empresa que fuera contratista de alguna administración pública, a la vez que ejercía como diputado o senador, el tráfico de influencias,  la revelación de secretos o la administración desleal, es un tema mucho más escarpado y virgen. Hay muy pocas fuentes y además para las diferentes culturas políticas liberales en gran medida estas prácticas las percibían como algo casi cotidiano, de ahí, viene la dificultad de hacer una historia de la corrupción. En palabras de Borja de Riquer: “siempre ha sido difícil estudiar las relaciones entre la política y los intereses económicos”. La dificultad se debe a que el problema fundamental son las fuentes, dado que como es natural, una parte importantísima de esas realidades se nos escapan a no ser que la policía y los jueces hubieran intervenido los documentos y las pruebas que arrojaran luz sobre el tema[62].

Tras una intensa búsqueda por la Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional únicamente he encontrado dos artículos periodísticos muy esclarecedores, uno de ellos  critica específicamente las influencias entre las grandes casas trasnacionales y las élites políticas españolas del siglo XIX; el otro artículo denuncia la relación que mantiene un diputado con una empresa contratista, equiparando el caso con las prácticas que desempeña el gobierno, es decir el secuestro de los intereses generales por los políticos con intereses en las compañías contratistas. He de decir que los dos artículos están publicados en el diario ultracatólico El Siglo Futuro en la década de 1890. No es anecdótico que ningún diario liberal, demócrata o republicano trate estos temas en el último tercio del siglo XIX, especialmente en los periodos de mayor libertad de imprenta, es decir, durante el Sexenio “democrático” o después de 1883. No obstante, dado que es un diario ultracatólico y nacionalista, arremete tanto contra las empresas trasnacionales (que ellos llaman extranjeras) dado que defienden a los industriales españoles, como contra el judaísmo, ya que como es obvio, es una fe  distinta a la del diario. Además, como es un diario claramente contrario al liberalismo, arremete contra el sistema liberal denunciando la corrupción, la cual la utiliza a modo de arma política para desprestigiar dicho sistema. Aun advirtiendo de los intereses ideológicos que están detrás de tales artículos, no dejan de ser verdaderamente esclarecedores e importantes para este trabajo, ya que arrojan luz sobre los interrogantes estructurales de esta investigación.

En mayo de 1892 el diario El Siglo Futuro en un artículo anónimo que se titulaba “Atmósfera corrompida”, denunciaba las prácticas políticas que ponían en riesgo los intereses generales de la nación, a raíz de la discusión sobre la concesión de los Astilleros de Nervión que se produjo en el Congreso de los Diputados el 4 de mayo de 1892. El autor del artículo defendía que eran muchos los intereses públicos que estaban comprometidos en ese asunto y que no serían pocas las pérdidas que sufriría el pueblo español, dado que, para el autor, dentro del régimen liberal no había solución a tales problemas debido a que los jueces y los políticos eran parte del problema en sí. El articulo denunciaba la falta de imparcialidad de la política española contemporánea a su tiempo, dado los lazos de intereses existentes entre las élites políticas y las grandes compañías de negocios: “es un principio inconcuso de justicia que, aquél que ha de fallar un pleito, ha de ser de todo punto ajeno a las partes que en él contiende, y esta condición esencial no puede hallarse ni en los gobiernos contemporáneos, ni en las modernas Cortes, ligados muchos de los miembros de los unos y de las otros por los lazos del interés con las grandes empresas que se relacionan con los servicios públicos. Esto no es un secreto para nadie, ni aun los mismos interesados se cuidan de ocultarlo y de ello tenemos una prueba reciente en el asunto de los cinco millones entregados a lucro  con interés a la Compañía Trasatlántica por el ministro de Ultramar, accionista de esa Compañía, e interesado, por lo tanto, en la prosperidad de dicha empresa”.

El autor equipara el asunto de la contrata de los Astilleros de Nervión a lo sucedido con la Compañía Trasatlántica de la que era accionista el ministro de La Marina. El artículo argumenta que Astilleros de Nervión cuenta entre los diputados con su director gerente y con el favor del Sr Martos, que además de diputado era el letrado de la compañía (reuniendo la función de contratista del Estado y diputado), algo que trasgrede las leyes, ya que, según denuncia el artículo, estos individuos favorecían a la compañía Astilleros del Nervión resultando los intereses públicos comprometidos. El autor demostraba su teoría con el testimonio que dio el Presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del

Castillo, en el Congreso de los Diputados, llamándole al diputado Martos “diputado contratista”[63] y con la explicita defensa que desarrolló el diputado Martos a favor de la compañía citada en el Congreso de los Diputados.  El artículo hace una denuncia muy contundente, comparando la denuncia que hace el propio Cánovas al diputado Martos, con lo sucedió con el ministro de Marina, Martínez de las Rivas (accionista y cargo de responsabilidad de la Compañía Trasatlántica, a la que favoreció aprovechando su puesto en el gobierno): “Pero también le llamó diputado; ¿y cómo no había de llamárselo si nadie mejor que el señor Cánovas del Castillo sabe que para hacer diputado al Sr. Martínez de las Rivas hubo necesidad de trasformar la razón social de la casa contratista en sociedad anónima y que merced de este subterfugio puede sentarse en el Congreso el Sr. Martínez de las Rivas?”

Tras la acusación al diputado Martos de diputado contratista por Cánovas del Castillo, el diputado Valles y Ribot le advirtió de la enormidad de tal afirmación; ante estas palabras, inmediatamente Cánovas trató de atenuar sus palabras anteriores con sutilezas como la denominación de la empresa como sociedad anónima, pero el autor acto seguido defiende que es de igual modo tan diputado contratista el que pertenece a una empresa cuyo régimen jurídico es sociedad limitada (S.L), como si pertenece a una empresa cuyo régimen jurídico es sociedad anónima  (S.A.), a pesar de que esta última es un refugio legal a la hora de castigar tal práctica: “siempre resultará tan contratista del Estado bajo la denominación de sociedad anónima de los Astilleros del Nervión, como la razón social Rivas Palmers, a quien se adjudicó la subasta de los cruceros”. Nuevamente compara el caso de los Astilleros con el que caso que afectó al ministro de Marina que quedó impune.

El autor denuncia que Cánovas no ha descubierto nada, que están hartos de saber que esa promiscuidad de cargos existe en muchos diputados y senadores.

“Pero por esto, porque existe, es por lo que pudo decir el Sr. Valles y Ribot, lleno de razón y con sus puntas y ribetes de acerba ironía, lo que también vamos a reproducir del mencionado extracto de la sesión de ayer, porque es muy digno de tenerse en cuenta y muy adecuado al concepto que tenemos formado de esas promiscuidades en las que siempre, si no sale perdiendo, se halla muy expuesto el interés público a ser víctima de las codicias del interés particular”[64]. El articulo apunta que a raíz de todas estas pruebas queda demostrado que los asuntos públicos se resuelven dentro del sistema imperante, en una atmósfera mal sana y corrompida. Defiende que para sanar este mal hay que acabar con el sistema (liberal) que engranda, sostiene y alimenta la corrupción.  Una táctica política muy común, la de denunciar la corrupción para desprestigiar a los rivales políticos: “después de haber oído de labios de un jefe de gobierno que dentro del actual sistema es cosa corriente, licita y honesta que los legisladores de la nación se hallen metidos hasta los codos en las empresas que tienen relación con los servicios públicos, después de presenciar la tranquilidad con que el Congreso oyó hablar sin escandalizarse del Sr. Martínez-de las Rivas como contratista y a la vez diputado, ¿quedará todavía alguna alma cándida que suponga puede ser aprobada por unas Cortes liberales la proposición de ley presentada por el Sr. Nocedal, pidiendo la incompatibilidad absoluta del cargo de diputado a Cortes con todo otro empleo del Estado o de empresas relacionadas con los servicios públicos?”75[65].

En resumidas cuentas, el autor utiliza el caso de las influencias de la empresa Astilleros de Nervión y el diputado Martos (denunciado hasta por el todo poderoso Cánovas del Castillo) para cargar contra el propio gobierno de Cánovas del Castillo, haciendo una formidable y pionera crítica al propio gobierno, denunciando que esta práctica aun siendo abiertamente ilegal (en los casos de las empresas contratistas S.L., no en el caso de las empresas S.A. que son una especie de laguna legal), es tan común que a nadie sorprende en el Congreso de los Diputados, cargando contra Martínez-de las Rivas, el Ministro de la Marina y contra todo el sistema liberal en su conjunto.

El 17 de junio de 1896, el diario El Siglo Futuro publicó otro artículo muy interesante denunciando las influencias de las grandes compañías trasnacionales en las élites políticas españolas de la segunda mitad del siglo XIX. El artículo anónimo titulado “Con Permiso de la Unión”, está redactado por un experto en la materia, el autor manifiesta una idea muy importante, que según dice, no ha visto en ningún periódico (carga contra las compañías trasnacionales y su forma de hacer negocios). Pública que el gobierno ha prorrogado la concesión de los ferrocarriles de España a las grandes empresas ferroviarias. El autor sale en la defensa de las compañías españolas, alegando que estas no han recibido subvenciones del Estado y que en muchas de esas compañías nacionales, según él, entre ellas las de Vizcaya, no forman parte de sus consejos de administración políticos con grandes sueldos en contraposición a lo que sucede en las grandes empresas extranjeras. El autor defiende que, si a las compañías extranjeras y subvencionadas se les prorrogan las concesiones, no sería justo, ni equitativo, ni moral, ni patriótico que a las compañías españolas y de capitales españoles se las deje que se arruinen “para enriquecer solamente a los que dan de comer a los holgazanes y parásitos de la política”. El artículo manifiesta que las grandes compañías ferroviarias extranjeras, a pesar de las grandes subvenciones que han recibido (tanto en dinero, como en exacciones y en privilegios) a costa y en perjuicio de los intereses generales de los españoles, siguen reclamando privilegios y los políticos de turno se los siguen dando. Contrapone estos hechos con los que sucede con las compañías nacionales, que según el autor no tienen a sus consejeros de administración  en los ministerios, en el Congreso o en el Senado y señala que las compañías patrias no llevan sus ganancias fuera de España.

El artículo denuncia textualmente que “Y si han de pedir la luna las grandes Compañías, después de habernos costado tantos millones de duros, y equitativamente no se les podrá negar a las demás Compañías cuando lógicamente la pidan, habrá que dar, no la luna, sino el sol y las estrellas, a los industriales, a los agricultores, y los comerciantes, a todos los contribuyentes, que son los que pagan siempre el pato, y a los trabajadores y a todos los pobres que sufren las consecuencias, y a los cuales nadie ha subvencionado jamás, antes entre todos los han despellejado, esquilmado y aniquilado”. El autor cierra su artículo alegando que “esas grandes compañías, presididas por judíos tan calificados como Rothschild y Péreire, vicepresididas por excelentes católicos como el marqués de Comillas y el duque de la Victoria, aconsejadas y protegidas por liberales tan ilustres como Cánovas, Sagasta, Romero Robledo, los dos Pidales, Moret, Canalejas, González D. Venancio, Rodríguez San Pedro, etc., etc., etc., y donde hacen su negocio, muchos judíos, protestantes y católicos, extranjeros y españoles. ¡Que hasta ahí llega la fe que los mestizos tienen…. En las grandes compañías!”[66]

En definitiva con esta pequeña investigación puedo sostener de manera provisional hasta que se hagan nuevas investigaciones, que desde el punto de vista de la esfera pública, el liberalismo español del siglo XIX (todas las familias ideológicas que lo engloban), es decir, tanto los conservadores como los progresistas, demócratas y republicanos en el último tercio del siglo XIX, percibían con total normalidad que los Diputados se sentaran en los consejos de administración de las grandes compañías de negocios, el tráfico de influencias, la prevaricación etc. Las críticas a tales prácticas, que hoy en día tachamos de absolutamente corruptas e inadmisibles, provenían paradójicamente de los antiliberales, es decir, de los periódicos ultracatólicos próximos al Carlismo. Debido a que utilizaban las prácticas clientelares desarrolladas por las élites políticas liberales españolas, para desprestigiar al sistema liberal y cargar políticamente contra el gobierno. El Siglo Futuro denunciaba claramente que estos hechos suponían un perjuicio importantísimo para los intereses generales de la sociedad española, incluso llegando a tildar a los “políticos promiscuos” españoles de holgazanes y parásitos de la política. Además, cargaba contra los judíos y las compañías extranjeras.

Curiosamente el fundador de El Siglo Futuro, Ramón Nocedal, hijo de Cándido Nocedal, es decir, el encargado de llevar en enero de 1866 la Ley de Incompatibilidades Absolutas que afectaba, tanto para los funcionarios, como para los contratistas y todos los que tuvieran lazos de interés con estos. Cosa que remarcan las publicaciones expuestas anteriormente a finales de la década de 1890 en el diario El Siglo Futuro.

La contradicción a dichas prácticas, es que las diferentes culturas políticas liberales siempre actuaron bajo la idea legitimadora del interés general, algo que entronca estructuralmente con uno de los pilares de la Ilustración, la idea del interés general defendida por Rousseau.

No obstante, tras el pequeño análisis de fuentes que he realizado concluyo de forma provisional a la espera de nuevas investigaciones, que la percepción que la esfera pública decimonónica tenía sobre el soborno y el tráfico de influencias, al menos, a partir de la década de 1860 se equipararon a una concepción similar a la que se tenía de la corrupción, la cual invitaba a la denuncia y a la indignación. De igual manera, la percepción cultural y moral de los llamados en la época como “diputados contratistas” era sin duda peyorativa, inmoral y desleal, por lo menos para los antiliberales, debido a que atentaban contra los intereses generales de la nación.

Desde al menos la década de 1850 se llevaron a cabo iniciativas legislativas, como las leyes de incompatibilidades para evitar que los diputados tuvieran otros intereses que los de defender y velar por los intereses generales de la nación. Sin embargo, una cosa es lo que acontece en el campo de la teoría y de las ideas, y otra lo que sucede en la práctica. La historia ha demostrado que tanto las élites de los principales partidos políticos españoles, como de otras instituciones como el Banco de España, etc., se sentaron en los consejos de administración de las grandes empresas trasnacionales, cobraron numerosos sobornos o recibieron acciones de dichas empresas por sus servicios prestados. Ya fueran de la casa Rothschild, de la Péreire o del grupo BNP (así como en algunas grandes empresas españolas, cosa que no he comprobado).

Esto fue posible, como he podido deducir a través del artículo de El Siglo Futuro de mayo de 1892 expuesto recientemente, a través de una “argucia legislativa”, era legal que los diputados fueran consejeros de las grandes compañías trasnacionales cuyo régimen jurídico fuera de S.A. No obstante, las Leyes de Incompatibilidades no especifican nada de eso. Por ello, esta afirmación es como he remarcado más arriba, a modo de aproximación, hasta que se realicen nuevos estudios que deberán dar una respuesta definitiva a esta cuestión, analizando obligatoriamente el Código Civil y el Código Penal, de esta forma, sabremos realmente si consistía en un delito o no.

Lo que sí parece claro es que este tipo de prácticas clientelares contó con cierto consenso entre la clase política liberal española del siglo XIX y con el de la sociedad; sin olvidar que en esta época una gran parte de la población española era analfabeta y la libertad de prensa rigió poco tiempo en el siglo XIX (Sexenio y el periodo posterior a 1883). Esto puede ayudar a explicar, en parte, el por qué estas prácticas fueron tan escasamente denunciadas, estando ausentes del debate público al menos hasta la década de 1890 como he podido saber a través de una larga búsqueda por las hemerotecas. Estos hechos conectan con los escándalos de corrupción política publicados en la prensa europea en la década de 1870-1880, como sostiene el equipo interdisciplinar francés dirigido por Dard Oliver, Engels Jens Ivo, Fahrmeir Andreas, Monier Frédéric, defienden que sumado al avance de la alfabetización, hicieron que aumentara el público informado, consiguiendo un aumento en la percepción de la corrupción en la sociedad.

Como última idea de esta parte del trabajo quisiera dejar claro, que las influencias entre el mundo de los negocios y las élites políticas no eran cosa exclusiva de la dinámica política española, como sostiene el equipo interdisciplinar francés dirigido por Olivier Dard, Jens Ivo Engels, Andreas Fahrmeir y Frédéric Monier, a pesar de las diferencias hay muchas similitudes en las prácticas clientelares entre el mundo de los negocios y las élites políticas en Alemania, Francia, Gran Bretaña; así como pautas muy comunes en la guerra contra la corrupción política (entendida por estos estudiosos como la interferencia de los intereses privados en la esfera política). Por ejemplo con las reclamaciones de nacionalización de los ferrocarriles después de la oleada revolucionaria de 1848 en Francia o en Alemania por parte de los sectores más progresistas, denunciando que las empresas privadas ferroviarias extendían la corrupción sobre la clase política. Por el contrario en Gran Bretaña los sectores más críticos con estas prácticas defendieron que el Estado inglés se mantuviera estrictamente al margen de la construcción de la red ferroviaria. Ambas iniciativas buscaban apartar a los parlamentos de las influencias corruptoras de las grandes redes de negocios capitalistas[67].

4 CONCLUSIONES

A pesar de las grandes dificultades para llevar a cabo esta investigación, sobre todo debido a la búsqueda de fuentes, a la necesidad de traducir la correspondencia (del francés al castellano) y por la casi la inexistencia de estudios antecesores. Con la documentación estudiada, he podido llegar a la conclusión (provisional) de que sin duda, la red de negocios Rothschild influyo de forma significativa en la política española, debido a que contó tanto con influencias en amplios sectores de la vida política. Tal es el caso del Partido Moderado, del Partido Liberal e incluso del Partido Republicano, cosa novedosa que demuestra esta investigación, gracias a la correspondencia que mantiene con Emilio Castelar. Además, esta investigación también demuestra que como publicó López Morell, Venancio mantuvo estrechos lazos con la red Rothschild.

Otra cosa que queda demostrada tras esta investigación, es que, no solo establecieron lazos clientelares con políticos, sino que también con hombres importantes, es decir, con aristócratas, tal era el caso de la familia Medina-Sidonia, o con personajes que contaban con un puesto de trabajo de gran responsabilidad. Como el caso del vicepresidente del Banco de España, González Breto, del que obtenía información privilegiada a cambio de unos favores (por lo que se deduce de la documentación analizada). Esta información privilegiada, facilitaba a la casa Rothschild hacer tan beneficiosos negocios, ya que partía con ventaja a la hora de entablar negocios con el Banco de España y en consiguiente, con la Hacienda pública española.

Mención aparte, tiene la red de informadores Rothschild, los cuales permitieron a la Casa tener acceso a una información verídica y casi instantánea, las cual les posibilitó incluso adelantarse a los propios gobiernos. Esto lo demuestra la información tan exclusiva que he encontrado en el Banco de España, en la cual se observar como James Rothschild le narra a su amigo González Breto, movimientos que se están produciendo en el frente de la Guerra Ruso-otomana.

Respecto al análisis de la esfera pública decimonónica española, puedo decir que el liberalismo español del siglo XIX (todas las familias ideológicas que lo engloban), es decir, tanto los conservadores como los progresistas, demócratas y republicanos en el último tercio del siglo XIX, percibían con total normalidad que los Diputados se sentaran en los consejos de administración de las grandes compañías de negocios, el tráfico de influencias, la prevaricación etc. Las críticas a tales prácticas (que hoy en día tachamos de absolutamente corruptas e inadmisibles), provenían paradójicamente de los antiliberales, es decir, de los periódicos ultracatólicos próximos al Carlismo. Debido a que utilizaban las prácticas clientelares desarrolladas por las élites políticas liberales españolas, para desprestigiar al sistema liberal y cargar contra sus adversarios políticos. El Siglo Futuro denunciaba claramente que estos hechos suponían un perjuicio importantísimo para los intereses generales de la sociedad española, incluso llegando a tildar a los “políticos promiscuos” españoles de holgazanes y parásitos de la política. Además, también cargaba contra los judíos y las compañías extranjeras.

Otra conclusión provisional que he podido deducir a través del artículo de El Siglo Futuro de mayo de 1892 expuesto anteriormente, es que, a través de una “argucia legislativa”, era legal que los diputados fueran consejeros de las grandes compañías trasnacionales cuyo régimen jurídico fuera de sociedad anónima (S.A.). No obstante, las Leyes de Incompatibilidades no especifican nada de eso. Por ello, esta afirmación es a modo de aproximación provisional, hasta que se realicen nuevos estudios que deberán analizar oel Código Civil y el Código Penal, de esta forma, sabremos realmente si consistía en un delito o no de una forma más rotunda.

Lo que sí parece claro es que este tipo de prácticas clientelares contaron con cierto consenso entre la clase política liberal española del siglo XIX y con el de una gran parte la sociedad. No es de extrañar que si observamos el urbanismo de Madrid, podamos percibir claramente como el poder económico, está muy cerca del político, no es una casualidad que tanto la Bolsa, como el Banco de España se sitúen tan próximos al Congreso de los Diputados, este patrón se repite en otras ciudades como París.

Con este trabajo no se ha aspirado a ofrecer una síntesis definitiva sino más bien a abrir algunas puertas que den paso a nuevas investigaciones de cara al futuro.

*Urbanismo de Madrid. La agencia Rothschild estaba también muy próxima a este centro de toma de decisiones.

Por ello considero que la historia de la corrupción política es un tema de gran interés y que merece la pena abordar dados los escasos trabajos de investigación que hay al respecto. Aun así queda todavía mucho por profundizar. De ahí que el próximo 14 y 15 de diciembre, se celebre en Barcelona, el primer congreso internacional de corrupción política española.

5 BIBLIOGRAFÍA:

-FUENTES PRIMARIAS

  • -Rousseau: El Contrato Social; Libro II, cap III
  • *Archivo Histórico del Banco de España: Secretaria, Signatura antigua: leg. 592 Sit.
  • *Archivo Histórico Nacional: Diversos-Títulos Familias, caja 2216 a 2216.

*Prensa:

  • Eldiario.es,       19,      de       julio       de       2016,       PÉREZ       CEJUELA,         Laura,
  • http://www.eldiario.es/economia/Barroso-Goldman-Sachs-escandalogiratorias_0_538596250.html
  • La       Vanguardia,        30       de        junio       de        2016,       Riquer       I       Permanyer,         Borja
  • http://www.lavanguardia.com/opinion/20160630/402855081751/estudiar-y-denunciar-lacorrupcion.html
  • La Iberia, 22 de febrero de 1878.
  • El Fígaro, 8 de noviembre de 1883.
  • La República, 6 de octubre de 1885.
  • El Imparcial, 28 de octubre de 1883 -La República, 2 de febrero de 1888.
  • El Motín, 17 de diciembre de 1890.
  • El Nuevo Régimen, 6 de septiembre de 1991.
  • -El Siglo Futuro, 5 de mayo de 1892.
  • -El Siglo Futuro, 17 de junio de 1896.

*Diario de Sesiones de Cortes:

  • -Diario de Sesiones de Cortes (DSC), 26 de abril de 1864, pp. 1697-1698 y pp. 17011702, respectivamente.
  • La Proposición de Ley en DSC, 10 de febrero de 1866, Apéndice 8 al núm. 25.
  • -Proyecto de Ley en Diario de Sesiones de Cortes (DSC), 7 de marzo de 1864, Apéndice 4 al núm. 78.
  • -El dictamen de la Comisión en DSC, 2 de abril de 1864, Apéndice al núm. 92.
  • – La Ley en DSC, 23 de junio de 1870, Apéndice 13 al núm. 313.
  • -Ley en DSC, 30 de diciembre de 1878, Apéndice 1 al núm. 157.
  • -Dictamen de la Comisión en DSC, 26 de junio de 1890, Apéndice 1 al núm. 130.
  • -El dictamen de la Comisión en DSC, 2 de abril de 1864, Apéndice al núm. 92.

-FUENTES SECUNDARIAS

BILBIOGRAFÍA:

  • -DENOËL, d´Yvonnic, GARRIGUES, Jean, LECADRE, Renauld, PELLOLI, Mattiheu,
  • FHILIPPE, Jean-Paul, PONS, Nöel, STEFANOVITCH, Yvan, VEME, Jean-Michel: Histoire Secrète de la Corruption, Sous la V République, París, Nouveau Monde éditions, 2014.
  • -TORTELLA, Gabriel, NÚÑEZ, Clara Eugenia: El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial, tercera edición 2011, pp. 31-265.
  • -SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010.
  • -MALUQUER DE MONTES, Jordi.: La economía española en perspectiva histórica, Barcelona, Pasado y Presente, 2014, pp. 70-135.
  • -LÓPEZ MORELL, Miguel Ángel: La Casa Rothschild en España (1812-1941), Barcelona, Marcial Pons, 2005, pp. 350-466.
  • -TORTELLA CASARES, Gabriel; NADAL OLLER, Jorge: El Banco de España, una historia económica, Madrid, Ferreira S.A., Artes Gráficas, 1970.
  • ALBERT CARERRAS, Xavier: Historia económica de la España contemporánea (1789-2009), Barcelona, Crítica, 2010, pp. 120-150.
  • -DE RIQUER, Borja: Cambó en Argentina, Buenos Aires, Edhasa, 2016, pp. 525-535.
  • -CORTÁZAR ECHEVARRIA, Guillermo: Alfonso XIII, Hombre de Negocios, Madrid, Alianza Editorial, 1986.
  • -MORENO LUZÓN, Javier: Romanones. Caciquismo y Política Liberal, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p.p. 13-21, 441-455.
  • -DARD Oliver, ENGELS Jens Ivo, FAHRMEIR Andreas, MONIER Frédéric: Scandales et corruption à l’époque contemporaine. Les coulisses du politique dans l’Europe contemporaine, París, Armand Colin, 2014. Pp 11-24.
  • -URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008.
  • -LLORCA, Carmen: Emilio Castelar 1832-1899. Precursor de la democracia cristiana, Alicante, Instituto de Cultura de la diputación de Alicante, 1999.
  • -SUDRIÀ TRIAY, Carles; BLASCO-MARTEL, Yolanda: La pluralidad de emisión en España. 1844-1874, Bilbao, Editorial fundación BBVA, 2016.

ARTÍCULOS DE REVISTA:

  • -PAN-MONTOJO, Juan: “Poderes privados y recursos públicos. Redes sociales, grupos de interés y políticas económicas, 1844-1975”, Ayer, nº 66, (2007), pp. 11-26.
  • -LÓPEZ-MORELL, Miguel Ángel, O´KEAN ALONSO, José María: “La red de negocios de la Casa Rothschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión empresarial”, Revista de la historia de la economía y de la empresa, (2008), pp. 41-64.
  • -ESCUDERO, Antonio: “Leyes mineras y grupos de presión. El coste de oportunidad de la política fiscal en la minería española”, Revista de Economía Aplicada, Nº 3, (1993), p.p. 75-94.
  • -Pro Ruiz, Juan: “Poder político y poder económico en el Madrid de los moderados (18441854)”,  Ayer Nº 66, (2007), p.p. 27-55.
  • GARCÍA GARCÍA, Carmen: “Intereses públicos, intereses privados: Los Péreire y sus aliados españoles (1856-1868)”, Ayer Nº 66, (2007), pág. 59.
  • -Martykánová, Darina; Peyrou, Florencia; “La historia trasnacional”, Ayer  Nº 94, (2014), pp. 13-22.

[1] Eldiario.es, 19, de julio de 2016, PÉREZ CEJUELA, Laura, http://www.eldiario.es/economia/Barroso-

Goldman-Sachs-escandalo-giratorias_0_538596250.html

[2] PAN-MONTOJO, Juan: “Poderes privados y recursos públicos. Redes sociales, grupos de interés y políticas económicas, 1844-1975”, Ayer, nº 66, (2007), pp. 11-26.

[3] DENOËL, d´Yvonnic, GARRIGUES, Jean, LECADRE, Renauld, PELLOLI, Mattiheu, FHILIPPE, Jean-Paul, PONS, Nöel, STEFANOVITCH, Yvan, VEME, Jean-Michel: Histoire Secrète de la Corruption, Sous la V République, París, Nouveau Monde éditions, 2014, página 6.

[4] La Vanguardia, 30               de     junio       de       2016,    Riquer            I    Permanyer,   Borja

http://www.lavanguardia.com/opinion/20160630/402855081751/estudiar-y-denunciar-la-corrupcion.html

[5] La Vanguardia, 30               de     junio       de       2016,    Riquer            I    Permanyer,   Borja

http://www.lavanguardia.com/opinion/20160630/402855081751/estudiar-y-denunciar-la-corrupcion.html

[6] TORTELLA, Gabriel, NÚÑEZ, Clara Eugenia: El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial, tercera edición 2011, pp. 31-265.

[7] LÓPEZ-MORELL, Miguel Ángel, O´KEAN ALONSO, José María: “La red de negocios de la Casa Rothschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión empresarial”, Revista de la historia de la economía y de la empresa, (2008), pp. 41-64.

[8] MALUQUER DE MONTES, Jordi.: La economía española en perspectiva histórica, Barcelona, Pasado y Presente, 2014, pp. 70-135.

[9] LÓPEZ MORELL, Miguel Ángel: La Casa Rothschild en España (1812-1941), Barcelona, Marcial Pons, 2005, pp. 350-466.

[10] TORTELLA CASARES, Gabriel; NADAL OLLER, Jorge: El Banco de España, una historia económica, Madrid, Ferreira S.A., Artes Gráficas, 1970.

[11] ALBERT CARERRAS, Xavier: Historia económica de la España contemporánea (1789-2009), Barcelona, Crítica, 2010, pp. 120-150.

[12] Riquer I Permanyer,Borja (30 de junio de 2016) http://www.lavanguardia.com/opinion/20160630/402855081751/estudiar-y-denunciar-la-corrupcion.html

[13] DARD Oliver, ENGELS Jens Ivo, FAHRMEIR Andreas, MONIER Frédéric: Scandales et corruption à l’époque contemporaine. Les coulisses du politique dans l’Europe contemporaine, París, Armand Colin, 2014. Pp 11-24.

[14] http://dle.rae.es/?id=B0dY4l3  (05/08/ 2016).

[15] DENOËL, d´Yvonnic, GARRIGUES, Jean, LECADRE, Renauld, PELLOLI, Mattiheu, FHILIPPE, Jean-Paul, PONS, Nöel, STEFANOVITCH, Yvan, VEME, Jean-Michel: Histoire Secrète de la Corruption, Sous la V République, París, Nouveau Monde éditions, 2014, pp. 5-10.

[16] Rousseau: El Contrato Social; Libro II, cap III

[17] DENOËL, d´Yvonnic, GARRIGUES, Jean, LECADRE, Renauld, PELLOLI, Mattiheu, FHILIPPE, Jean-Paul, PONS, Nöel, STEFANOVITCH, Yvan, VEME, Jean-Michel: Histoire Secrète de la Corruption, Sous la V République, París, Nouveau Monde éditions, 2014, pp. 547-557.

[18] DE RIQUER, Borja: Cambó en Argentina, Buenos Aires, Edhasa, 2016, pp. 525-535.

[19] CORTÁZAR ECHEVARRIA, Guillermo: Alfonso XIII, Hombre de Negocios, Madrid, Alianza Editorial, 1986.

[20] MORENO LUZÓN, Javier: Romanones. Caciquismo y Política Liberal, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p.p. 13-21, 441-455.

[21] MALUQUER DE MONTES, Jordi.: La economía española en perspectiva histórica, Barcelona, Pasado y Presente, 2014, p.p. 70-135.

[22] ALBERT CARERRAS, Xavier: Historia económica de la España contemporánea (1789-2009), Barcelona, Crítica, 2010, pp. 120-150.

[23] TORTELLA, Gabriel, NÚÑEZ, Clara Eugenia: El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial, tercera edición 2011, pp. 31-265.

[24] ESCUDERO, Antonio: Leyes mineras y grupos de presión. El coste de oportunidad de la política fiscal en la minería española, Revista de Economía Aplicada, Nº 3, (1993), p.p. 75-94.

[25] LÓPEZ MORELL, Miguel Ángel: La Casa Rothschild en España (1812-1941), Barcelona, Marcial Pons, 2005, p.p. 449-466.

[26] LÓPEZ-MORELL, Miguel Ángel, O´KEAN ALONSO, José María: “La red de negocios de la Casa

Rothschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión empresarial”, Revista de la historia de la economía y de la empresa, (2008), p.p. 41-64.

[27] Pro Ruiz, Juan: Poder político y poder económico en el Madrid de los moderados (1844-1854)Ayer Nº 66, (2007), p.p. 27-55.

[28] GARCÍA GARCÍA, Carmen: “Intereses públicos, intereses privados: Los Péreire y sus aliados españoles (1856-1868)”, Ayer 66, (2007), pág. 59.

[29] García García, Carmen: “Intereses públicos, intereses privados: Los Péreire y sus aliados españoles (1856-1868)”, Ayer 66, (2007), pp.57-84.

[30] Martykánová, Darina; Peyrou, Florencia; “La historia trasnacional”, Ayer 94(2014), pp. 13-22.

[31] DARD Oliver, ENGELS Jens Ivo, FAHRMEIR Andreas, MONIER Frédéric: Scandales et corruption à l’époque contemporaine. Les coulisses du politique dans l’Europe contemporaine, París, Armand Colin, 2014. Pp 11-24.

[32] URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid,  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 208. 33 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid,  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 245. 34 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid,  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 262. 35 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid,  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 325. 36 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid,  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 192. 37 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid,  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 345. 38 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid,  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 305.

[33] LÓPEZ MORELL, Miguel Ángel: La Casa Rothschild en España (1812-1941), Barcelona, Marcial Pons, 2005, pp. 449-466.

[34] López-Morell, Miguel Ángel, O´Kean Alonso, José María: “La red de negocios de la Casa Rothschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión empresarial”, Revista de la historia de la economía y de la empresa, (2008), p.p. 41-64.

[35] Foto de Ignacio Baüer.

[36] ANEXO I

[37] Archivo Histórico Nacional, Diversos-Títulos Familias, caja 2216.

[38] LLORCA, Carmen: Emilio Castelar 1832-1899. Precursor de la democracia cristiana, Alicante, Instituto de Cultura de la diputación de Alicante, 1999.

[39] Archivo Histórico Nacional, Diversos-Títulos Familias, caja 2216.

[40] SUDRIÀ TRIAY, Carles; BLASCO-MARTEL, Yolanda: La pluralidad de emisión en España. 18441874, Bilbao, Editorial fundación BBVA, 2016.

[41] Archivo Histórico del Banco de España, Secretaria, Signatura antigua: leg. 592 Sit.

[42] ANEXO II

[43] Pro Ruiz, Juan: “Poder político y poder económico en el Madrid de los moderados (1844-1854)”,  Ayer Nº 66, (2007). Pp. 27-55.

[44] García García, Carmen: “Intereses públicos, intereses privados: Los Péreire y sus aliados españoles (18561868)”, Ayer 66, (2007), pp.57-84.

[45] Diario de Sesiones de Cortes (DSC), 26 de abril de 1864, pp. 1697-1698 y pp. 1701-1702, respectivamente.

[46] La Proposición de Ley en DSC, 10 de febrero de 1866, Apéndice 8 al núm. 25.

[47] SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 217-218. 55 SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 274-280.

[48] Proyecto de Ley en Diario de Sesiones de Cortes (DSC), 7 de marzo de 1864, Apéndice 4 al núm. 78.

[49] El dictamen de la Comisión en DSC, 2 de abril de 1864, Apéndice al núm. 92.

[50] La Ley en DSC, 23 de junio de 1870, Apéndice 13 al núm. 313.

[51] Ley en DSC, 30 de diciembre de 1878, Apéndice 1 al núm. 157.

[52] Dictamen de la Comisión en DSC, 26 de junio de 1890, Apéndice 1 al núm. 130.

[53] SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010, página 307.

[54] SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010, página 398.

[55] SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010. Pp. 303-317, 375-442.

[56] El dictamen de la Comisión en DSC, 2 de abril de 1864, Apéndice al núm. 92. 65 La Iberia, 22 de febrero de 1878.

[57] El Fígaro, 8 de noviembre de 1883.

[58] La República, 6 de octubre de 1885.

[59] El Imparcial, 28 de octubre de 1883.

[60] La República, 2 de febrero de 1888. 70 El Motín, 17 de diciembre de 1890.

[61] El Nuevo Régimen, 6 de septiembre de 1991.

[62] DENOËL, d´Yvonnic, GARRIGUES, Jean, LECADRE, Renauld, PELLOLI, Mattiheu, FHILIPPE, Jean-Paul, PONS, Nöel, STEFANOVITCH, Yvan, VEME, Jean-Michel: Histoire Secrète de la Corruption, Sous la V République, París, Nouveau Monde éditions, 2014, p.p. 5-10.

[63] “Esta promiscuidad de cargos este asumir una misma persona el carácter de diputado de la nación y a la vez contratista, es cosa realmente escandalosa y hasta contraria a las leyes vigentes, con no ser muy escrupulosas en materia de incompatibilidades parlamentarias” El Siglo Futuro, 5 de mayo de 1892.

[64] El Siglo Futuro, 5 de mayo de 1892. 75 El Siglo Futuro, 5 de mayo de 1892.

[65] ANEXO III

[66] El Siglo Futuro, 17 de junio de 1896.

[67] DARD Oliver, ENGELS Jens Ivo, FAHRMEIR Andreas, MONIER Frédéric: Scandales et corruption à l’époque contemporaine. Les coulisses du politique dans l’Europe contemporaine, París, Armand Colin, 2014, p.p. 11-24.

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Torres García Moisés. (2017, enero 26). Influencias entre las grandes familias de negocios trasnacionales (ROTHSCHILD) y las Elites Políticas Españolas (1860-1899). Recuperado de https://www.gestiopolis.com/influencias-las-grandes-familias-negocios-trasnacionales-rothschild-las-elites-politicas-espanolas-1860-1899/
Torres García, Moisés. "Influencias entre las grandes familias de negocios trasnacionales (ROTHSCHILD) y las Elites Políticas Españolas (1860-1899)". GestioPolis. 26 enero 2017. Web. <https://www.gestiopolis.com/influencias-las-grandes-familias-negocios-trasnacionales-rothschild-las-elites-politicas-espanolas-1860-1899/>.
Torres García, Moisés. "Influencias entre las grandes familias de negocios trasnacionales (ROTHSCHILD) y las Elites Políticas Españolas (1860-1899)". GestioPolis. enero 26, 2017. Consultado el 21 de Febrero de 2019. https://www.gestiopolis.com/influencias-las-grandes-familias-negocios-trasnacionales-rothschild-las-elites-politicas-espanolas-1860-1899/.
Torres García, Moisés. Influencias entre las grandes familias de negocios trasnacionales (ROTHSCHILD) y las Elites Políticas Españolas (1860-1899) [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/influencias-las-grandes-familias-negocios-trasnacionales-rothschild-las-elites-politicas-espanolas-1860-1899/> [Citado el 21 de Febrero de 2019].
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