La discusión sobre el juego en línea en México cambió de terreno. Durante años giró alrededor de una pregunta jurídica, la de si una ley de 1947 alcanzaba para cubrir plataformas que ni existían cuando se escribió. Desde enero de 2026 la conversación es fiscal y operativa: quién cobra el impuesto, quién reporta las transacciones y qué pasa con los operadores que atienden a usuarios mexicanos desde el extranjero.
El punto de quiebre está fechado. El 7 de noviembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con entrada en vigor el 1 de enero de 2026. La tasa aplicable a juegos con apuestas y sorteos pasó de 30 a 50 por ciento y, por primera vez, el texto menciona de forma expresa los juegos realizados por internet, incluidos los que ofrecen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país cuando el usuario se encuentra en territorio nacional. Como detalló EY México al analizar el Paquete Económico 2026 para el sector de plataformas digitales, la iniciativa venía acompañada de obligaciones de información y de retención pensadas para intermediarios digitales, no solo para el operador final.
Ese ajuste llega a un consumidor que ya vive conectado. La ENDUTIH 2025 del INEGI, publicada en junio de 2026, estimó 104.9 millones de personas usuarias de internet de seis años y más, equivalentes a 86.1 por ciento de ese grupo de población, con 78.3 por ciento de los hogares ya conectados. El entretenimiento digital regulado compite por ese tiempo y ese presupuesto con el streaming, los videojuegos y las redes sociales, y en esa competencia la información de cumplimiento se volvió un criterio de elección. Este enlace, por ejemplo, ordena por mercado a los operadores de casinos en línea disponibles para México y muestra licencia, métodos de pago y plazos de retiro de cada uno, que es justamente el tipo de dato que permite distinguir una oferta autorizada de otra que opera al margen.
La conectividad explica el tamaño, no la regulación
Vale la pena separar dos fenómenos que suelen mezclarse. El crecimiento del ocio digital en México responde a la penetración de internet móvil y a los métodos de pago locales, no a un cambio normativo que lo haya impulsado. En 2015, 39.1 por ciento de los hogares tenía conexión; diez años después son 31.1 millones de hogares y 78.3 por ciento del total. El grupo de 15 a 24 años usa internet en 97.6 por ciento de los casos, según la misma encuesta, y la brecha entre ciudad y campo bajó de casi 32 puntos porcentuales en 2017 a 13.7 en 2025.
La regulación llegó después, a corregir una asimetría. Los establecimientos físicos tributaban y reportaban bajo reglas conocidas, mientras que buena parte del consumo migraba a aplicaciones. De acuerdo con lo reportado por el diario Vanguardia, desde noviembre de 2023 no se pueden instalar nuevas máquinas tragamonedas ni renovar los permisos de las existentes en casinos físicos, una restricción que aceleró ese desplazamiento hacia plataformas. Para quien analiza el sector desde la economía industrial, el caso se parece al de otras industrias que se digitalizaron antes de que el marco fiscal las alcanzara, un proceso que ya se había descrito al revisar el aporte económico de la industria de los casinos online.
Qué cambió en 2026 y qué sigue igual
| Elemento | Antes de 2026 | Desde el 1 de enero de 2026 |
|---|---|---|
| Tasa de IEPS a juegos con apuestas y sorteos | 30 % | 50 % |
| Tratamiento del juego por internet | Sin mención expresa en la ley | Regulado de forma explícita en el texto |
| Operadores extranjeros sin establecimiento en México | Fuera del alcance práctico del gravamen | Obligados cuando el usuario está en territorio nacional |
| Autoridad que otorga permisos | Secretaría de Gobernación | Secretaría de Gobernación, sin cambio |
| Ley marco del sector | Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 | La misma ley, ajustada por vía fiscal |
La lectura de la tabla es más interesante que sus celdas. México no reescribió su ley de juegos: usó el instrumento fiscal para hacer lo que la reforma integral no logró en varias legislaturas. Eso resuelve la recaudación y deja pendiente lo demás, empezando por un registro público y consultable de permisionarios que hoy no existe con esa claridad.
Lo que revisa un usuario informado
Para el lector de negocios el ejercicio es doble, porque las mismas señales que protegen al consumidor sirven para evaluar la solidez de un operador:
- La licencia bajo la que opera y la autoridad que la emitió, dato que las plataformas serias muestran en el pie de página.
- Los métodos de pago locales aceptados, porque la integración con bancos y comercios del país supone acuerdos que un operador informal difícilmente sostiene.
- El plazo declarado de retiro y si coincide con lo que reportan los usuarios.
- La verificación de identidad, obligatoria para mayores de 18 años y primer filtro de cualquier operación formal.
- Los términos y condiciones de las promociones, donde suelen concentrarse las condiciones que cambian el valor real de una oferta.
Cómo leer el sector de aquí en adelante
Una tasa de 50 por ciento sobre el valor de las apuestas no es neutral. Presiona los márgenes, empuja la consolidación entre operadores pequeños y abre la duda, planteada por despachos como BDO México, sobre si el diseño resiste una revisión constitucional en materia de proporcionalidad tributaria. También traslada parte del costo al usuario, en promociones más discretas y condiciones más estrictas.
Para quien estudia mercados digitales en América Latina, México quedó como un caso a seguir: un país que digitalizó el consumo antes que la norma y que después ajustó la norma por la vía del impuesto. Los datos de recaudación de los próximos ejercicios dirán si el cálculo funcionó o si empujó parte de la demanda hacia operadores que nadie fiscaliza.