Como es de público conocimiento, considerando el difícil contexto económico y geopolítico actual, las economías de todo el mundo vienen siendo afectadas en mayor o menor medida, lo cual afecta directamente el clima de negocios en los países, bajo este contexto muchos gobiernos vienen aplicando duras medidas de austeridad, pero al igual que los gobiernos también las empresas se ven afectadas y varias adoptan diversas estrategias defensivas para poder sobrevivir y mantenerse en el mercado, siendo una de ellas la de reducción de costos.
Es ahí donde surgen por parte de los sectores empresariales algunas discrepancias con determinados marcos legales de los gobiernos, como ejemplo de ello voy a presentar un caso peruano.
Un tema que viene generando polémica en diversos sectores empresariales y gremios laborales en el Perú, es el referido a los exámenes médicos ocupacionales que deben de tomarse a los trabajadores en virtud a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sobre el particular hay corrientes de opinión de que estos exámenes médicos son una barrera burocrática y onerosa para las empresas, y que afecta de manera sustancial principalmente a las empresas pequeñas y medianas, a quienes dichos exámenes les resulta muy oneroso, motivo que puede derivar en el incumplimiento de la indicada Ley.
Con respecto a estas corrientes de opinión debo hacer énfasis en que el factor humano es el activo más importante en toda organización y que la actual Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo si bien puede parecer demasiado exigente y resultar onerosa a las empresas privadas y entidades públicas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, es necesaria y debe cumplirse a cabalidad, siendo su incumplimiento sancionable.
Como sabemos de acuerdo al artículo 2°, numeral 1 de la Constitución Política del Perú. Toda persona tiene derecho a:
“la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
Asimismo en su artículo 7°:
“Todos tienen derecho a la protección de su salud la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”.
Además ya inmersos en la segunda década del siglo XXI, en el mundo altamente competitivo, cambiante e incierto en cuanto a su evolución económica y geopolítica en el que nos encontramos, solo las organizaciones que administren eficientemente, valoren y respeten a sus recursos humanos podrán ser competitivas y mantenerse en el mercado.
En tal sentido, las corrientes de opinión de que los exámenes médicos son una barrera burocrática y onerosa para las empresas en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no tienen un sustento válido ni legal ni organizacional, de acuerdo a los lineamientos de la gestión moderna de los recursos humanos.
