Se hace una reflexión a propósito de la discusión que se presenta sobre la medida de «pico y placa» en la ciudad de Bogotá D.C., en cuanto al derecho de propiedad, frente a los planteamientos de autores como Hardin (1968) y Gluckman (2002).
El excesivo aumento en la adquisición de automóviles, observado en los últimos años especialmente en Bogotá , tal como se muestra en el gráfico, ha hecho necesaria la imposición de restricciones en los horarios de circulación -restricciones que se han extendido progresivamente a la par con el aumento de los automóviles en circulación-.
Estas medidas se han convertido en una de las más importantes razones de la inconformidad de los ciudadanos con la gestión del Gobierno en la ciudad, generando innumerables protestas y discusiones lideradas por los ciudadanos que reclaman la garantía y respeto a su derecho a la libre circulación, y por algunos estudiosos del Derecho, que consideran dichas medidas como una violación de los derechos de propiedad de los ciudadanos.
Si bien las afirmaciones y reclamos de los ciudadanos son razonables, ya que se percibe directamente entorpecido el cumplimiento de los derechos de propiedad y a la libre circulación, es necesario entender el objetivo que en realidad ha motivado la imposición de esta política pública, que más allá de las libertades individuales pretende alcanzar el mejor resultado socialmente posible bajo la agregación de esas libertades, teniendo en cuenta la inherente interacción de individuos que por sí sola implica la existencia de restricciones que permitan garantizar la mayor igualdad posible en el cumplimiento de los derechos de cada ciudadano.
Es necesario entender que la propiedad no otorga completa libertad sobre los recursos en una sociedad en la que conviven muchos individuos que buscan obtener el mayor beneficio, que ejercen sus derechos de forma simultánea y que están además condicionados por la escasez de esos recursos.
La interacción implica reducir beneficios individuales en aras de alcanzar el mejor aprovechamiento posible de los recursos, que en este caso es el espacio público.
Bien lo expresó Gluckman:
“El derecho de propiedad no define tanto los derechos de las personas sobre las cosas, como las obligaciones entre personas con relación a las cosas” (R. Cooter y T. Ulen.113, 2002)
Lo que aplicado al asunto de la movilidad en Bogotá, permite entender que la posesión de un automóvil es más que sólo la tenencia de un bien, es un reconocimiento legal que impone una responsabilidad al propietario, que es parte de una sociedad en la que el objetivo optimo, en este caso, es lograr que cada individuo logre hacer uso del espacio público.
Además del derecho a la propiedad que se discute, está el razonamiento que hace un ciudadano propietario de un vehículo respecto del valor del impuesto a los vehículos , que según cifras de la misma Secretaría de Hacienda de Bogotá, Gráfico No. 2, para el año 2010 ascienden a cerca de $384 mil millones. Con tasas nominales de crecimiento anual del 17% en promedio.
Garantizar este uso equitativo de las vías públicas, teniendo en cuenta el creciente número de automóviles, implica la imposición de restricciones, la coordinación de diferentes horarios y lugares de circulación que permitan una “mejor movilización” a todos los ciudadanos, aunque eso restrinja la libre circulación, pues de lo contrario, se generarían congestiones desmesuradas –peores a las que se presentan hoy en día- que llevarían a la imposibilidad de cumplimiento de los derechos a la circulación, de propiedad e incluso de otros más.
Son varios lo que comparan el pico y placa en Bogotá, con la situación descrita en el artículo escrito por Garrett Hardin en 1968, “La tragedia de los comunes” en el que analiza cómo el ejercicio de la libertad en una situación de crecimiento demográfico, lleva a una “tragedia”: una ineficiente asignación de recursos, generada por la búsqueda individual de maximizar ganancias (cada pastor busca tener el mayor número posible de cabezas de ganado), en un espacio limitado, lo que dicho en palabras de Hardin es:
“Cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a aumentar su ganado en forma ilimitada en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta en la ruina para todos.» (Hardin, “The Tragedy of Commons» en Science,1968, 1243-1248).
El número de automóviles que circulan por las vías de la ciudad, cada vez creciente, en el año 2008 eran 896.443 y para el 2011 de 1.185.610, conforme a los registros oficiales en Bogotá, lo cual representa una tasa de crecimiento cercana al 10% en promedio anual, debido a las facilidades que las entidades financieras ofrecen actualmente que hacen más viable comprar uno, sumado al deseo innato de todo individuo de obtener el mayor bienestar posible del uso de los bienes que posee, son factores que permiten ver que la “tragedia” de Hardin, no es una ilustración alejada de la realidad.
No sería descabellado pensar que bajo el ejercicio ilimitado de la libertad, reforzado por el deseo individual de maximizar ganancias dados unos recursos comunes escasos, se pueda llegar a una situación de “ruina” en Bogotá. Pues aunque la restricción impuesta por el Gobierno –el pico y placa- mitiga los efectos perversos que la búsqueda individual del mayor provecho individual genera sobre el bienestar de la sociedad; no es completamente evitable llegar a una situación en la que se haga imposible ejercer los derechos propios, en la en la que el crecimiento económico y la productividad de la ciudad se vean seriamente obstaculizados, en la que la salud de los ciudadanos se vea afectada debido al deterioro del medio ambiente y las congestiones en las vías públicas se hagan incontrolables, entre otras externalidades negativas que el uso individual y “egoísta” del automóvil, podría generar sobre la sociedad y la economía del país.
La única forma de evitar esta “tragedia” es comprendiendo que en un mundo de recursos escasos, es necesario renunciar a ciertas libertades individuales, aceptar en consenso la responsabilidad que implica la propiedad cuando se convive en una sociedad en la que todos sus integrantes tienen derecho a usufructuar de igual forma los bienes públicos.
Se debe entender que nuestra libertad está condicionada a la de los demás, que dadas las condiciones inminentes de interacción y escasez, el bienestar de uno debe llevar al bienestar de todos, y que alcanzarlo implica sacrificios individuales.
Bibliografía
• HARDIN, GARRETT. “La tragedia de los Comunes”, publicado originalmente bajo el título “The Tragedy of Commons» en Science, v. 162 (1968), pp. 1243-1248..
• R. COOTER Y T. ULEN, Derecho y Economía (2002,FCE), capítulo IV.
• OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ, En , recuperado el 20 de mayo de 2012.
• SECRETARÍA DE HACIENDA DE BOGOTÁ, Base de Información Tributaria; recuperado el 20 de mayo de 2012.
Notas al pie:
1. Los datos son tomados del Observatorio Ambiental de Bogotá
2. SECRETARÍA DE HACIENDA DE BOGOTÁ, Base de Información Tributaria; recuperado el 20 de mayo de 2012.
