La reforma del Estado
Uruguay, como otros gobiernos, están encarando la “reforma del Estado”; del Estado paternalista y centralizado, al Estado orientador y descentralizado.
¿Qué aspecto tendrá el paradigma que habrá de orientar las decisiones de los Estados y las sociedades, en materia de políticas sociales y económicas ante la actual situación mundial? Con el buen propósito de alcanzar este cambio sustancial.
Como es obvio, la tarea está plagada de complejidades, pues implica actuar más como adivino que como historiador, pues ella implica la urgente toma de responsabilidad en cuanto a saber comprender -y sopesar con un mínimo de error- el futuro de las políticas sociales y económicas, ya que éstas no están como antaño basadas en teorías que fueron relativamente coherentes y fáciles de identificar, aunque no de compartir por las sociedades.
Uruguay ¿ está capacitado para llevar al éxito este esquema que pareciera estar surgiendo en Iberoamérica?; actitud política que, como ha quedado demostrado en Estados Unidos y la Unión Europea, ha dejado de inspirarse en las tesis de Keynes que alentaba a los gobiernos a incurrir en déficit presupuestarios a fin de estimular la demanda en tiempos de recesión, al igual que con las teorías del lasser-faire de Hayek; y que, según manifiesta Martín Aalborg (Universidad de Stanford), “el hecho de que un número cada vez mayor de actores políticos rechacen tales ideas económicas, constituye un cambio de perspectiva en materia de políticas sociales y económicas”.
Si bien el futuro es incierto -en Uruguay, además, altamente polémico- la reforma del Estado presenta un variado cuestionamiento político que no puede ser ignorado, pues hay que tener en cuenta que cada vez existen más presiones para que se evalúe la magnitud de las consecuencias sociales que, a mediano y a más largo plazo podrán tener las reformas a adoptar. Caso particular: la reforma fiscal y prioritariamente la enseñanza normal y tecnológica.
Y es en este contexto donde aparecen los nuevos términos como “exclusión social”, “descalificación social”, “cohesión social”. Karl Polanyi en su obra “La gran transformación de nuestro tiempo”, señala que cada período de “transformación” crea nuevos conceptos, por cuanto los actores los crean para describir los cambios que surgen en las estructuras y realidades sociales. Realmente: no puede cambiarse de paradigmas sin variar, simultáneamente, los términos que permitan expresar su novedad.
El Estado orientador
Siguiendo a Denis Sain –Martin , “el Estado Inversión Social, (orientador) es una forma institucional y políticamente fuerte apuntalada en el futuro, debido a estar vinculada, entre otros puntos destacables, n a su relación con la economía del saber, cuyo nacimiento pretende facilitar; n a su atención central a las jóvenes generaciones, figura central en torno a la cual se reconstruye la política social; n finalmente, el concepto de inversión implica la esperanza de un beneficio, de una ganancia futura, pues invertir es hacer elecciones, es asumir riesgos.”
Desde hace décadas, considero que la organización geográfica de las actividades socio-económicas, constituye, cualquiera sea el sistema operante, una estructura dentro de la cual las regiones nacionales desempeñan funciones que responden a los intereses globales del sistema. Esta situación no ha sucedido en Uruguay. El dicho común del montevideano : “me voy para afuera”, (¿de dónde? de Montevideo), señala que en su concepción espacial Uruguay se concentra en la megalópolis ciudad-puerto.
En Uruguay, como en el resto de los países de América Latina, el “remanente” del modelo de Estado de Bienestar no consolidado, resultó incapaz de dar soluciones a las crecientes demandas de la sociedad por mejoras en las condiciones de vida, lo que llevó a crear un vacío que empezó a ser cubierto por una emergente sociedad civil que a partir de las dos últimas décadas del siglo pasado pasó a jugar un importante papel.
En el análisis previo para concretar la reorganización del Estado, debe considerarse que la estructura espacial de la economía está constituida por una determinada distribución geográfica y una determinada interrelación funcional entre los recursos naturales y la población, a través del capital social creado en el territorio nacional. En Uruguay tal reorganización sigue secularmente pendiente y sin aún ser encarada seriamente, sin demagogia.
El país se caracteriza por la existencia en su territorio de grandes desequilibrios regionales (la frontera interna se ubica en el río Negro) -en términos sociales y económicos, -ni que hablar en lo relacionado con la educación- en la falta de oportunidades de todo orden para la población en vastas zonas del país y en la existencia de recursos productivos desaprovechados.
Una auténtica reforma global del Estado , debería tomar en cuenta todos esos -y más indicadores- que desde tiempo atrás, han puesto la evidencia de tal realidad, enfatizado por el fenómeno de la creciente concentración en el sur de su territorio; con su carácter acumulativo tiene en términos históricos, y por su tendencia que se ha ido agravando en las últimas décadas, según indican los censos oficiales.
Lo expuesto pone en evidencia la importancia que la tan proclamada “reforma del Estado uruguayo” tiene el enfoque y los instrumentos para abordar el problema nacional. Se trata de plantear una estrategia espacial que no solo debe ser compatible con la estrategia global de desarrollo, sino que debe constituir uno de los componentes importantes de ella, de tal manera que la utilización racional de los recursos regionales apoye el logro de los objetivos nacionales y, simultáneamente, los enriquezca en forma permanente.
Por una estrategia de desarrollo espacial
Ante la decisión política de “reforma del Estado” , es fundamental constituir una estrategia de desarrollo social debe estar acompañada por un desarrollo espacial, ya que éste es el instrumento que explicita la función de la dirección económica y política descentralizada.
El investigador D.Norh, define las instituciones como las reglas de juego que moldean la interacción humana en una sociedad .(USA, 1990). Otorga mucho énfasis a la variación de los costos de transacción de un sistema caduco a uno nuevo, para que se pueda incidir en incrementos de crecimiento económico y por tanto en la reducción de los niveles de pobreza.
North considera que el fenómeno de la pobreza es un concepto relativo porque existe en la medida en que también existe riqueza, lo que conlleva a considerar que el problema real a resolver es el de la distribución equitativa de los recursos que polariza y confronta a las sociedades. La sociedad civil se define como “la esfera de interacción social situada entre la economía y el Estado, compuesta sobre todo por la esfera íntima (la familia), la esfera de las asociaciones, los movimientos sociales y las formas de comunicación pública”.(Cohen y Arato, 1997)
Reitero, brevemente, que cualquier proceso de modernización de un Estado no significa debilitamiento, por cuanto éste debe comprender sus funciones tradicionales de seguridad, impartir justicia, defensa, buenas relaciones exteriores, y otras responsabilidades para el buen funcionamiento de las instituciones públicas.
Por tanto, una reforma del Estado en Uruguay , debe concretar el definitivo acondicionamiento del espacio geopolítico del país, en el cual desde hace dos siglos y medio, predominan las relaciones de dominación ejercida por la región metropolitana sobre el resto de territorio. La funcionalidad de éste debe apoyarse en las diferencias internas que en él existen y que permiten fijar, en base a ellas, desempeños y vocaciones productivas especializadas que determinará en lo político, educacional, tecnológico y económico, una estructura funcional acorde con los tiempos que se viven, no sólo en el mundo sino en la región.