Convocatoria a Asamblea Constituyente en Venezuela. Ensayo

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UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL
FRANCISCO DE MIRANDA
VICERECTORADO ACADEMICO
DECANATO DEL AREA DE POSGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÌA EN GERENCIA PÙBLICA
UNIDAD CURRICULAR: ETICA Y GOBIERNO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Autora:
Ing. Maglys Ybáñez
JUNIO, 2017. CORO-ESTADO FALCÓN.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Históricamente Venezuela, ha logrado constituirse como un país
democrático, cuyos fundamentos radican en los argumentos constitucionales,
carta magna de nuestra nación, Guastini (1999) instituye que la “constitución
denota un cierto conjunto de normas jurídicas: (…) el conjunto de normas (en
algún sentido fundamentales) que caracterizan e identifican todo
ordenamiento.” P.162. de aquí derivan las demás leyes que legislan y
regulan el comportamiento de una nación, en el sentido más amplio y
“originario el concepto liberal de constitución fue puesto en claro por el
artículo 16 de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano
(Déclaration des droits de l`homme et du citoyen) (1789), cito: “Una sociedad
en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la
división de poderes, no tiene constitución” (Guastini, 1999, p.163)
En este sentido se alude que:
Un estado puede llamarse constitucional o provisto de constitución, si y
solo si satisface dos condiciones (disyuntivamente necesarias y
conjuntivamente suficientes): a) Por un lado, que estén garantizados los
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el estado; b) por otro
que los poderes del estado (el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o de
gobierno, el Poder Judicial) estén divididos y separados (o sea que se
ejerzan por órganos diversos). (Guastini, 1999, p.164)
Estos textos nos permiten tener un conocimiento más amplio a lo que
refiere a la constitución, sintetizando podemos atribuir (de manera
conceptual) que la constitución no es s que el conjunto de normas
fundamentales en sentido genérico que regulan las relaciones entre el
estado y los ciudadanos, tanto a nivel organizacional como el ejercicio
de los mismo.
Asimismo es oportuno señalar que las constituciones, gozan de un régimen
jurídico especial; en este sentido ellas no pueden ser abrogadas, derogadas,
alteradas o modificadas, empleando métodos o técnicas simplistas, es decir
que una constitución para poder cambiar su contenido taxativo, debe valerse
de ciertas reglas y habilidades pragmáticas; esta reforma permite darle cierto
grado de flexibilidad a la máxima norma jurídica de una nación de allí que
deriva el nombre de constituyente, término empleado para referirse a la corte
o parlamento convocado para redactar o reformar la constitución del estado;
para Quintana citada por Zúñiga (2013) nos induce que la constituyente "es
la facultad inherente a toda comunidad soberana a darse su ordenamiento
jurídico-político fundamental originario por medio de una constitución, y a
reformar a ésta total o parcialmente cuando sea necesario.
De modo que nuestra constitución amparada en lo descrito anteriormente en
su capítulo III, De la Asamblea Nacional Constituyente, en el artículo 347,
textualiza: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente
originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea
Nacional Constituyente con el objeto de transformar el estado, crear un
ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución.” El presidente
Venezolano Nicolás Maduro mediante decreto Nº 2.830 de fecha 01 de mayo
de 2017, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, justificando este
decreto bajo los siguientes objetivos:
1) La paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación, el proceso
constituyente es una gran convocatoria a un diálogo nacional para contener
la escalada de violencia política, mediante el reconocimiento político mutuo y
de una reorganización del Estado, que recupere el principio constitucional de
cooperación entre los poderes públicos, como garantía del pleno
funcionamiento del Estado democrático, social, de derecho y de justicia,
superando el actual clima de impunidad.
2) El perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela
Potencia, concibiendo el nuevo modelo de la economía post petrolera, mixta,
productiva, diversificada, integradora, a partir de la creación de nuevos
instrumentos que dinamicen el desarrollo de las fuerzas productivas, así
como la instauración de un nuevo modelo de distribución transparente que
satisfaga plenamente las necesidades de abastecimiento de la población.
3) Constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas,
desarrollando el Estado democrático, social, de derecho y de justicia, hacia
un Estado de la Suprema Felicidad Social, con el fin de preservar y ampliar el
legado del Comandante Hugo Chávez, en materia del pleno goce y ejercicio
de los derechos sociales para nuestro pueblo.
4) La ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar
la impunidad de los delitos, especialmente aquellos que se cometen contra
las personas (homicidios, secuestro, extorsión, violaciones, violencia de
género y contra niños y niñas); así como de los delitos contra la Patria y la
sociedad tales como la corrupción; el contrabando de extracción; la
especulación; el terrorismo; el narcotráfico; la promoción del odio social y la
injerencia extranjera.
5) Constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa
y protagónica, a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del Poder
Popular, tales como las Comunas y Consejos Comunales, Consejos de
Trabajadores y Trabajadoras, entre otras formas de organización de base
territorial y social de la población.
6) La defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección contra
el intervencionismo extranjero, ampliando las competencias del Estado
democrático, social, de derecho y de justicia para la preservación de la
seguridad ciudadana, la garantía del ejercicio integral de los derechos
humanos, la defensa de la independencia, la paz, la inmunidad, y la
soberanía política, económica y territorial de Venezuela. Así como la
promoción de la consolidación de un mundo pluripolar y multicéntrico que
garantice el respeto al derecho y a la seguridad internacional.
7)
Cuadro Comparativo:
Objetivo de la Constituyente
Rango Constitucional
Análisis
1) La paz como necesidad, derecho y anhelo de la
nación, el proceso constituyente es una gran
convocatoria a un diálogo nacional para contener la
escalada de violencia política, mediante el
reconocimiento político mutuo y de una reorganización
del Estado, que recupere el principio constitucional de
cooperación entre los poderes públicos, como garantía
del pleno funcionamiento del Estado democrático,
social, de derecho y de justicia, superando el actual
clima de impunidad.
Artículo 3: El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el
desarrollo de la persona y el respeto a la dignidad y el ejercicio
democrático y la voluntad popular, la construcción de una
sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento
de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados
en esta Constitución. La Educación y el trabajo son procesos
fundamentales para alcanzar dichos fines.
Todos estos
objetivos están
contenidos en
nuestra
constitución,
pues su
contenido es
genérico y a
partir de los
tácitos
constitucionales
se derivan las
leyes que
deberán regir a
la nación.
Siendo el Estado
el primer
promotor,
responsable y
2) El perfeccionamiento del sistema económico
nacional hacia la Venezuela Potencia, concibiendo el
nuevo modelo de la economía post petrolera, mixta,
productiva, diversificada, integradora, a partir de la
creación de nuevos instrumentos que dinamicen el
desarrollo de las fuerzas productivas, así como la
instauración de un nuevo modelo de distribución
transparente que satisfaga plenamente las necesidades
de abastecimiento de la población.
Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de la
ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus
aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser
instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social
y político del país, así como para la seguridad y soberanía
nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el
Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional
de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado
deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el
cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir
las actividades de investigación científica, humanística y
tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar
cumplimiento a esta garantía.
demás órganos
competente en
velar por
cumplir y hacer
cumplir las
leyes.
Esto aplica a
todos los
objetivos de la
constituyente.
3) Constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones
Socialistas, desarrollando el Estado democrático, social,
de derecho y de justicia, hacia un Estado de la Suprema
Felicidad Social, con el fin de preservar y ampliar el
legado del Comandante Hugo Chávez, en materia del
pleno goce y ejercicio de los derechos sociales para
nuestro pueblo.
Artículo 102: “La educacn es un derecho humano y un deber
social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El
Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés
en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del
conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de
la sociedad. La educación es un servicio público y está
fundamentado en el respeto a todas las corrientes del
pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo
de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en
una sociedad democrática basada en la valoración ética del
trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los
procesos de transformación social consustanciados con los
valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana
y universal. El Estado, con la participación de las familias y la
sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de
acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la
ley “.
4) La ampliación de las competencias del Sistema de
Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos,
especialmente aquellos que se cometen contra las
personas (homicidios, secuestro, extorsión, violaciones,
violencia de género y contra niños y niñas); así como de
los delitos contra la Patria y la sociedad tales como la
corrupción; el contrabando de extracción; la
especulación; el terrorismo; el narcotráfico; la
promoción del odio social y la injerencia extranjera.
Artículo 26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos
de administración de justicia para hacer valer sus derechos e
intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de
los mismos y a obtener con prontitud la decisión
correspondiente. El Estado garantizara una justicia gratuita,
accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma,
independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones
indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
5) Constitucionalización de las nuevas formas de la
democracia participativa y protagónica, a partir del
reconocimiento de los nuevos sujetos del Poder
Popular, tales como las Comunas y Consejos
Comunales, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras,
entre otras formas de organización de base territorial y
social de la población.
Artículo 62: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho
de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o
por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La
participación del pueblo en la formación, ejecucn y control de la
gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo
que garantice su completo desarrollo, tanto individual como
colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar
la generación de las condiciones más favorables para su práctica.
6) La defensa de la soberanía y la integridad de la
nación y protección contra el intervencionismo
extranjero, ampliando las competencias del Estado
Artículo 11: La Soberanía plena de la República se ejercen en los
espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial,
áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas
democrático, social, de derecho y de justicia para la
preservación de la seguridad ciudadana, la garantía del
ejercicio integral de los derechos humanos, la defensa
de la independencia, la paz, la inmunidad, y la
soberanía política, económica y territorial de
Venezuela. Así como la promoción de la consolidación
de un mundo pluripolar y multicéntrico que garantice
el respeto al derecho y a la seguridad internacional.
dentro de las líneas de bese rectas que ha adoptado o adopte la
República; el suelo y subsuelo de estos; el espacio aéreo
continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se
encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies
migratorias, sus productos derivados y los componentes
intangibles que por causas naturales allí se hallen. El espacio
Insular de la República comprende el archipiélago de los Monjes;
archipiélago de las aves; Archipiélago de los Raques; archipiélago
de la Orchila; , Isla las Tortugas, Isla La Blanquilla, archipiélago los
Hermanos, isla de Margarita, Cubagua, Coche, archipiélago de los
Frailes, isla la Sola, archipiélago de Los testigos, isla de Patos e
isla de Aves; y, además, las islas, islotes, cayos y bancos situados
o que emerjan dentro del maro territorial, en que cubre la
plataforma continental o dentro de los límites de la zona
económica.
Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima
contigua, la plataforma continental y la zona economica
exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y
jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que
determinen el derecho internacional y la ley. Corresponde a la
República derechos en el espacio ultraterrestre supra yacente y
en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la
humanidad, en los términos, extensión y condiciones que
determinen los acuerdos internacionales y la legislación Nacional.
7) Reivindicación del carácter pluricultural de la Patria,
mediante el desarrollo constitucional de los valores
espirituales que nos permitan reconocernos como
venezolanos y venezolanas, en nuestra diversidad
étnica y cultural como garantía de convivencia pacífica
en el presente y hacia el porvenir, vacunándonos
contra el odio social y racial incubado en una minoría
de la sociedad.
Artículo 98: La creación cultural es libre…
Artículo 99: Los valores de la cultura constituyen un bien
irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental
que el Estado fomentará y garantizará, procurando las
condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos
necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración
cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado
garantizará la protección y preservación, enriquecimiento,
conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e
intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que
constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables,
imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las penas y
sanciones para los daños causados a estos bienes.
Artículo 121: Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y
desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores,
espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado
fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones
culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a
una educación propia y a un régimen educativo de carácter
intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades
socioculturales, valores y tradiciones.
8) La garantía del futuro, nuestra juventud, mediante la
inclusión de un capítulo constitucional para consagrar
los derechos de la juventud, tales como el uso libre y
consciente de las tecnologías de información; el
derecho a un trabajo digno y liberador de sus
creatividades, la protección a las madres jóvenes; el
acceso a una primera vivienda; y el reconocimiento a la
diversidad de sus gustos, estilos y pensamientos, entre
otros.
Artículo 20: Toda persona tiene derecho al libre
desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que
las que derivan del derecho de las demás y del orden público y
social.
Artículo 87: Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de
trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas
necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener
ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y
decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin
del Estado fomentar el empleo. La ley adopta medidas
tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de
los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de
trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley
establezca. Todo patrono o patrona garantizará a sus
trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y
ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y
creará instituciones que permitan el control y la promoción de
estas condiciones.
Artículo 75: El Estado protegerá a las familias como asociación
natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el
desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se
basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el
esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco
entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la
madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o
criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen.
Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior,
tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la
ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se
establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de
conformidad con la ley La adopción internacional es subsidiaria
de la nacional.
Artículo 82: Toda persona tiene derecho a una vivienda
adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos
esenciales que incluyan un bitat que humanice las relaciones
familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de
este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y
ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará
prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y
especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las
políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o
ampliación de viviendas.
Artículo 57: Toda persona tiene derecho a expresar libremente
sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o
mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para
ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que
pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho
asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se
permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los
mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia
religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o
funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus
responsabilidades.
9) La preservación de la vida en el planeta,
desarrollando constitucionalmente, con mayor
especificidad los derechos soberanos sobre la
protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de
una cultura ecológica en nuestra sociedad.
Este objetivo no aplica ya la que el termino planeta involucra una
diversidad de ámbitos en los cuales nuestra constitución no tiene
ningún tipo de injerencia, ya que cada nación tiene sus propios
derechos y deberes, ahora bien pudiera ser aplicable si el
objetivo citase: “La preservación de la vida en Venezuela,…
Artículo 127: Es un derecho y un deber de cada generacn
proteger y mantener el ambiente en beneficio de misma y del
mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y
colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro,
sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el
ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los
procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos
naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El
genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se
refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una
obligación fundamental del Estado, con la activa participación de
la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un
ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los
suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas,
sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.
Del análisis comparativo-deductivo del cuadro anterior surge una interrogante
¿Es pertinente la actual Convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente?
podemos expresar abiertamente que no es relevante, en este ambiente de
contiendas cuyo clímax se ha intensificado, no es la salida ni una respuesta
asertiva para poder calmar la tención que enfrenta nuestra nación, de darse
esta constituyente estaremos propensos a enfrentarnos a el fenómeno del
fraude constitucional que ante mano pone de manifiesto el enfrentamiento
y la confrontación, en determinadas circunstancias, entre la reforma, en
cuanto actividad amparada por el sistema de legalidad y el orden de valores
y principios en que descansa el sistema de legitimidad. Este conflicto no
constituye una mera hipótesis, demostrado el hecho de la aplicación del
ordenamiento constitucional actual es el más eficiente hasta los momentos.
Cuando, por el contrario, se entiende que el concepto de Constitución no es
un concepto político y axiológicamente neutral y en consecuencia, cualquier
acción de reforma ha de verse limitada por el sistema de valores del propio
ordenamiento jurídico, en cuanto aparato formal, tiene la misión de proteger,
la posibilidad de destrucción del Estado Constitucional, con el simple ejercicio
de la legalidad se convierte en una hipótesis irrealizable. Paradójicamente,
reconocer la existencia de límites implícitos arraigados en nuestra carta
magna, supone impedir que la legalidad del Estado Constitucional
Democrático pueda emplearse como arma arrojadiza contra el mismo, hasta
el punto de convertirla en instrumento legitimador del golpe de Estado.
REFERENCIA ELECTRÓNICA
Guastini, R. (2007). SOBRE EL CONCEPTO DE
CONSTITUCIÓN. CUESTIONES CONSTITUCIONALES, (001).
Documento digital disponible en:
http://revistas.unam.mx/index.php/cuc/article/view/1985/1547
Zúñiga Urbina, F. (2013). NUEVA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN
CONSTITUYENTE: ALGUNAS NOTAS DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL Y DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE. Estudios constitucionales, 11(1), 511-540.
Documento digital disponible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071852002013000100014&script
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Ybañez Maglys. (2017, junio 12). Convocatoria a Asamblea Constituyente en Venezuela. Ensayo. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/convocatoria-asamblea-constituyente-venezuela-ensayo/
Ybañez, Maglys. "Convocatoria a Asamblea Constituyente en Venezuela. Ensayo". GestioPolis. 12 junio 2017. Web. <https://www.gestiopolis.com/convocatoria-asamblea-constituyente-venezuela-ensayo/>.
Ybañez, Maglys. "Convocatoria a Asamblea Constituyente en Venezuela. Ensayo". GestioPolis. junio 12, 2017. Consultado el 22 de Junio de 2018. https://www.gestiopolis.com/convocatoria-asamblea-constituyente-venezuela-ensayo/.
Ybañez, Maglys. Convocatoria a Asamblea Constituyente en Venezuela. Ensayo [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/convocatoria-asamblea-constituyente-venezuela-ensayo/> [Citado el 22 de Junio de 2018].
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