Teoría de política fiscal y su aplicación en Venezuela

LA POLÍTICA FISCAL
1. Introducción.
No cabe duda que la política económica es el argumento fundamental del
Estado para justificar la función reguladora y estabilizadora que este cumple en las
naciones que poseen economías modernas; fijando las políticas impositivas,
monetarias y cambiarias, así como diseñando las reglas del juego; permitiendo
que el mercado actúe libremente pero respetando estas reglas.
Es la intención de este material representar de la forma más sencilla posible lo que
representa la política fiscal, la cual comprende la función impositiva y reguladora
del Estado en las economías modernas; y especialmente nos referiremos a la
Política fiscal aplicada en Venezuela.
Comenzaremos con un breve análisis de la política económica y sus objetivos e
instrumentos, para de esta manera comprender lo que significa la política fiscal
como parte de la política económica de una nación. Luego analizaremos con
detalle el significado de la Política Fiscal, destacando sus componentes como los
son el gasto publico y la gestión tributaria o función impositiva. Analizaremos los
antecedentes de la Política Fiscal en Venezuela y daremos un breve panorama de
las expectativas del Programa económico del actual gobierno para el año en
curso.
Pasaremos luego a describir los instrumentos fiscales utilizados en la recaudación
impositiva, especialmente los utilizados en Venezuela. Igualmente se presenta un
análisis de la política aplicada en las aduanas venezolanas. Finalmente
analizaremos las consecuencias que puede tener una política fiscal mal aplicada o
desarrollada haciendo referencia a los acontecimientos económicos ocurridos en
el segundo mandato del Presidente Carlos Andrés Pérez entre 1989-1993
2. La Política Económica.
Para hablar acerca de lo que es la Política Fiscal, debemos de entender primero lo
que es la Política Económica. El ultimo objetivo de la economía es desarrollar
políticas que puedan resolver nuestros problemas. Las políticas económicas sirven
para mover la curva de demanda en la dirección que se necesite para alcanzar el
pleno empleo y para que esto suceda, el Estado puede usar 2 instrumentos
(medidas) principales para regular la demanda agregada. La política fiscal y la
política monetaria.
La política económica es una rama dirigida hacia el acondicionamiento de la
actividad económica para evitar que ocurran fluctuaciones en los niveles del
empleo y de los precios, así como para condiciones necesarias para el desarrollo.
Para lograrlo, la política económica recurre a las ideas elaboradas en el campo de
la teoría económica ya que a través de los principios, de las teorías, de las leyes y
de los modelos ofrecidos por esta última, los resultados de las acciones prácticas
desarrolladas adquieren mayor confiabilidad, seguridad y certeza. La formulación
de la política económica comprende 2 procedimientos interdependientes:
1) La determinación de los principales objetivos que se quieren alcanzar,
necesariamente interrelacionados y cuantificados.
2) La elección de los instrumentos de acción que se utilizarán para la consecución
de los objetivos determinados.
Principales objetivos de la política económica
Desarrollo Económico
Estabilidad Económica
Eficiencia Distributiva
1) Desarrollo Económico:
Es la búsqueda obstinada del desarrollo.
2) Estabilidad Económica:
Reúne 3 objetivos básicos que son de importancia vital.
a.- Mantenimiento del pleno empleo.
b.- Estabilidad general de los precios.
c.- Equilibrio de la balanza de pagos internacionales.
3) Eficiencia distributiva:
Lo que busca es disminuir las desigualdades en la distribución del nacional entre
las unidades familiares.
Instrumentos o Políticas de Acción en la Política Económica.
Para la consecución de los diferentes objetivos que acabamos de mencionar, la
política económica cuenta con un conjunto de instrumentos de acción. Estos
instrumentos o políticas provienen de la teoría económica cuyo objetivo es la
consecución de los fines relacionados con los principios teóricos del análisis
macroeconómicos y son los siguientes:
1. La política monetaria: Es el control de la banca y del sistema monetario por
parte del gobierno con el fin de conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar
una balanza de pagos adversa, alcanzar el pleno empleo y buscar el estado de
liquidez de toda economía.
2. La política fiscal: El gobierno gasta a través de inversiones públicas, gastos
públicos y obtiene ingresos a través de los impuestos sobre las actividades de
producción y de circulación de mercancías, sobre los ingresos y ganancias de
cualquier otra naturaleza.
La Política Fiscal.
La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el estado
para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector
publico. Se produce un cambio en la política fiscal, cuando el Estado cambia sus
programas de gasto o cuando altera sus tipos impositivos. El propósito de la
política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo
que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. Como hemos dicho
anteriormente la Política Fiscal tiene 2 componentes, el gasto publico y los
ingresos públicos.
3. Gasto Publico
En cuanto al gasto público, este se define como el gasto que realizan los
gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público
producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el
efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto
publico para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad
deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar
cumplimiento a los objetivos de la política económica.
El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas Económicos
establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintos maneras pero
básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones
del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto
Primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de
intereses y comisiones de deuda publica, este importante indicador económico
mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión
gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la
venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su
costo.
Gasto Programable: es el agregado que más se relaciona con la estrategia para
conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la
política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se
destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así
como a producir bienes y prestar servicios.
La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas
específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector
público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto
corriente y gasto de capital. Estos componentes a su vez se desagregan en
servicios personales, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro,
y en inversión física y financiera dentro del segundo.
Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto
corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las
erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así
como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En
el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de
legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales,
principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos
presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración
gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y
desarrollo social.
Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la
adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La
venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su
viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura.
Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que
contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, a como a
incrementar el patrimonio del sector público. Como gastos; gastos de Defensa
Nacional, también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas,
Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos
eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la
productividad para promover el crecimiento que requiere la economía.
4. Gestión Tributaria o Ingresos Públicos
La Gestión Tributaria mide el conjunto de acciones en el proceso de la gestión
pública vinculado a los tributos, que aplican los gobiernos, en su política
económica. Los tributos, son las prestaciones en dinero que el Estado, en su
ejercicio de poder, exige con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de
sus fines.
La Gestión Tributaria es un elemento importante de la política económica, porque
financia el presupuesto público; Es la herramienta más importante de la política
fiscal, en él se especifica tanto los recursos destinados a cada programa como su
financiamiento. Este presupuesto es preparado por el gobierno central y aprobado
por el Congreso, es un proceso en el que intervienen distintos grupos públicos y
privados, que esperan ver materializadas sus demandas. Es un factor clave que
dichas demandas se concilien con las posibilidades reales de financiamiento, para
así mantener la estabilidad macro económica. La pérdida de control sobre el
presupuesto es fuente de desequilibrio e inestabilidad con efectos negativos
insospechados. Es importante mencionar que los ingresos y gastos
gubernamentales se ven afectados por el comportamiento de otras variables
macro económicas, como el tipo de cambio, los términos de intercambio, el
crecimiento del PBI, etc.
Además la Gestión tributaria puede incentivar el crecimiento a determinados
sectores, por ejemplo, otorgando exoneraciones, incentivos. De este modo la
gestión tributaria es un elemento importante porque va ayudar a crecer, mantener
o decrecer la economía en la medida que los indicadores de gestión se hayan
llevado en forma eficiente a través de estrategias (Recaudación, presentación de
la Declaración Jurada, para detectar el cumplimiento de los contribuyentes). La
gestión tributaria optima es aquella en la que la política fiscal es estable y el
Sistema Tributario eficiente(diseñado para nuestra realidad). Si la gestión tributaria
es optima atrae inversión.
5. Política Fiscal en Venezuela.
Antecedentes.
Lamentablemente para nuestro país, la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo
de muchos períodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado de
implantar paquetes económicos que reactiven la economía venezolana, pero
lamentablemente fallan al no poder controlar el Gasto Público y mucho menos se
ha creado una cultura tributaria en los ciudadanos y empresas Venezolanas.
Durante los períodos de bonanza petrolera que vivía el país y hasta la llegada del
viernes negro, la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme gasto
público producto de un abultado número de subsidios y regalías; y una política de
endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por concepto de
exportaciones petroleras eran suficientes para cubrir el gasto público, realmente
no se desarrollo nunca una política económica y menos una política tributaria
eficiente y adaptada a la realidad del país y modernizada. La modernización llegó
muy tarde, hace apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales utilizados en
las políticas económicas eran pocos, mal implantados y muy difíciles de controlar,
obteniéndose una gran perdida por los altos niveles de evasión fiscal que se
presentaban.
Luego del viernes negro, y por causa de políticas económicas que no han sido
diseñadas para adaptarse a la realidad de nuestro país, la política fiscal ha sido
mal planteada y mal ejecutada. Se ha intentado aplicar serias medidas en materia
económica pero han perdido efecto; primero por falta de continuidad en las
políticas aplicadas, es decir, muchas veces dentro de un mismo periodo
gubernamental hemos visto cambios en las políticas aplicadas, y apenas toman
control los nuevos gobiernos inmediatamente son cambiados los planes
económicos, con esto solo se logra un sistema inestable que no es capaz de
asimilar un lineamiento cuando se le impone una nueva dirección. En segundo
lugar por carecer de un planteamiento que busque primero, controlar el gasto
público a través del mejoramiento y simplificación del sector blico y crear un
Sistema Tributario eficiente, para luego poco a poco pero con paso firme y
sostenido lograr la reactivación económica que tanto requiere Venezuela.
En Venezuela, la posibilidad de un Estado como el que tuvimos en las últimas
décadas ya no es viable, por la sencilla razón de que el país no se puede permitir
ese lujo. La sinceración de la economía es y seguirá siendo la única salida. Los
controles excesivos, los subsidios, el proteccionismo, el paternalismo estatal y el
Estado empresario, conllevan altos grados de ineficiencia y terminan imponiendo
un elevado costo a la sociedad. Esos costos tienen que salir de alguna parte
(endeudamineto). Las políticas económicas que caracterizaron la política
económica venezolana entre 1974 y 1994 arrojaron una hiperinflación alimentada
por un drástico y continuado deterioro en el valor de nuestro signo monetario.
6. Política Fiscal Actual.
El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una
reducción del gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto
corriente, a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para
hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de
capital, para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación
económica. El presupuesto fiscal del año 2000, tiene un nivel de gasto total
acordado de Bs. 17.878 millardos, equivalentes al 24,2% del PIB, aumentando su
nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999. De este total de
gasto, el 84,5% se concentra en los siguientes ministerios: Finanzas, del Interior y
Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Salud y Desarrollo Social, Infraestructura y
Defensa.
En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una
orientación que está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este
Programa Económico. Los gastos corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718
millardos, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB
con respecto al año precedente. Los de capital, se sitúan en Bs. 2.967 millardos,
equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto
presupuestado del año 1999, y por último, las aplicaciones financieras, dentro de
las cuales se encuentran la amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs.
2.192 millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una variación con
respecto al año pasado de 0,1 puntos del PIB.
Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del
actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para
aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación
de una serie de instrumentos de recaudación que permitan reducir el déficit fiscal.
En este sentido, el presupuesto fiscal para el año 2000, fija como meta en los
ingresos ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561 millardos,
equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando su participación en 5,7
puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos
fiscales originados por la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al
Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), se estiman en
Bs. 4.211 millardos, equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.
Esto luce muy bien en el papel, pero ha sido un factor común observar excelentes
propuestas económicas por parte de los distintos gobiernos venezolanos que
luego se pierden en la intrincada e ineficiente red burocrática, o simplemente no
son capaces de cumplir las metas que son trazadas, en otras ocasiones, y debido
a nuestra gran dependencia de las exportaciones petroleras, los planes se ven
afectadas por variaciones en los precios del petróleo, e incluso por crisis ocurridas
en otros países que crean un efecto dominó, afectando a las economías más
vulnerables como la nuestra.
7. Instrumentos Fiscales.
Los economistas de finanzas públicas consideran que el sector público tiene tres
ramas de actividades o tres funciones principales:
1) La función de estabilización y crecimiento, que se interesa en mantener el
balance macroeconómico a fin de prevenir tanto grandes inclinaciones en el
empleo y la actividad económica y severos ataques de inflación, así como
asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico;
2) La función de distribución, que se refiere a la adecuada distribución de la renta
entre los diversos grupos de la economía y,
3) La función de asignación, que se relaciona con la eficiente asignación de
recursos en toda la economía. Cada una de estas funciones representa no
solamente un objetivo legitimo de política gubernamental sino también un
importante aspecto de desarrollo económico.
Las tres metas del sistema tributario señaladas anteriormente, con frecuencia
están en conflicto, particularmente cuando se deben mantener los ingresos
globales, forzando así a los formuladores de políticas a escoger entre las mismas
al tomar sus decisiones de política tributaria. Más importante en ese respecto, es
el conflicto entre un sistema tributario eficiente o uno que interfiere menos con el
comportamiento económico y crean un menor impacto sobre las decisiones para
trabajar o ahorrar o invertir, y un sistema tributario de distribución deseable o uno
que logre mejor los objetivos de equidad de la sociedad.
Por ejemplo generalmente se considera que los impuestos sobre la renta sirven a
los objetivos de distribución bastante bien, ya que la renta constituye una buena
medida de la capacidad de pagar y los impuestos sobre la renta pueden ser
prontamente adaptados a las circunstancias individuales y graduados de acuerdo
con la renta, las altas tasas marginales de impuestos, sin embargo, pueden tener
efectos de incentivos adversos, haciendo los impuestos sobre la renta menos
favorables en términos de eficiencia. Los impuestos a las ventas se perciben con
efectos contrarios. Un IVA, que se aplica de manera uniforme a todas las formas
de consumo puede tener una puntuación alta en lo que respecta a la asignación
pero una baja calificación en lo que respecta a distribución, ya que afectaría más
fuertemente a las personas y familias de bajos recursos.
Además los instrumentos tributarios también difieren en las demandas que se
hacen a la administración tributaria así como en la característica de cumplimiento.
Los impuestos basados en transacción tienden a ser más fáciles de administrar
que los impuestos que requiere complejas reglas de medición de renta para ser
aplicadas. Igualmente, los impuestos que pueden ser recaudados a través de
retención serán más fácilmente administrados que aquellos que requieren la
presentación de declaración de impuestos.
En caso de incumplimiento, factores tales como la oportunidad de evadir
impuestos, las ganancias de la evasión tributaria, los riesgos de detección, y las
sanciones aplicadas, se detecta que pueden variar de un impuesto a otro.
Los formuladores de políticas generalmente recurren a dos tipos de acciones al
tratar de manejar el problema de conflictos entre las metas. En primer lugar,
pueden escoger una mezcla de impuestos. Segundo pueden adoptar
disposiciones particulares dentro de la estructura de cada tipo de impuestos en un
intento por resolver los conflictos de metas.
Los economistas generalmente dividen los impuestos entre directos e indirectos.
Las diferencia entre los dos es que los impuestos directos (renta, patrimonio,
bienes inmuebles) se recaudan de las personas que se presumen deben pagar el
impuesto, mientras que los impuestos indirectos se presume sean transferidos a
los consumidores. Siguiendo el análisis de la sección anterior, la selección entre
los instrumentos tributarios probablemente deben reflejar, al menos en parte, sus
efectos fundamentales sobre la estabilización económica, asignación de recursos
y la distribución de la renta. Aunque los principios detrás de estas tres funciones
del sistema tributario puedan servir de base al debate de política en los países en
desarrollo, una consideración adicional, menos frecuentemente reconocida,
también explica el patrón de tributación directa e indirecta observado en la
práctica. Esta consideración adicional es la facilidad de administración de cada
impuesto y el grado de cumplimiento de cada uno.
La importancia de los impuestos indirectos en los países de rentas bajas se debe
en gran medida a aspectos de administración y cumplimientos tributarios. Resulta
significativamente s sencillo administrar y recaudar impuestos indirectos que
administrar impuestos sobre la renta. Los derechos de aduana, por ejemplo, son
relativamente fáciles de recaudar, por que todos los bienes entran al país a través
de un puerto que puede ser controlado por los administradores tributarios. A los
importadores que no cumplen con los derechos de aduana (o no proporcionan
garantía suficiente) no se les permite retirar sus bienes. El impuesto sobre la renta,
por otro lado, es mucho más difícil de administrar debido a que el impuesto no
puede ser recaudado a través de controles físicos. Las autoridades más bien
requieren que se presente una declaración y deben invertir recursos para verificar
la renta declarada. La única excepción es la renta sujeta a impuesto mediante
retención, pero aun en este caso las autoridades tienen que supervisar a los
agentes de retención para garantizar la transferencia al gobierno de los impuestos
retenidos. La solución de política a estos problemas igualmente consta de tres
partes: Primero, un reconocimiento de que la adaptación del sistema tributario
para lograr algún balance preciso de los objetivos sociales y económicos es
necesaria, segundo no se puede lograr algunas ganancias cambiando la
combinación de impuesto directos e indirectos, pero que cada instrumento de
ingresos específicos debe mantenerse relativamente bien definido; tercero, el
entendimiento de que una estructura tributaria sólida sin adecuada atención a la
administración tributaria no constituye una política tributaria deseable.
Instrumentos Fiscales Utilizados en Venezuela.
El sistema impositivo venezolano muestra una marcada dependencia con respecto
al petróleo. Tal afirmación se hace evidente al constatar que los ingresos
petroleros en 1989 representaban un 60% de los ingresos fiscales totales. El
impuesto sobre la renta aplicada a personas naturales apenas contribuye con un
2.5% de lo recaudado, mientras que otros impuestos como los que pechan a
licores, cigarrillos, fósforos, sucesiones etc., apenas aportan un 2% de lo
recaudado.
En un intento por disminuir la dependencia fiscal con respecto al petróleo, se han
utilizado distintos tipos de impuestos entre los cuales se encuentran el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre las Ventas (ISV), el Impuesto sobre las
Ventas al Mayor y al Consumo Suntuario (ISVM), el Impuesto a los Activos
Empresariales (IAE), y el Impuesto al Débito Bancario (IDB), esto supuso la
modernización del sistema tributario venezolano, junto con la creación del Servicio
Nacional Integrado de Administración Tributaria. Luego de la Apertura Petrolera,
los niveles de recaudación de impuestos no petroleros han aumentado
considerablemente llegando a representar un 50% del total de ingresos
recaudados y llevando los ingresos petroleros a un nivel del 35% del total de los
ingresos.
Actualmente en el país se aplican los siguientes impuestos (no petroleros).
IVA (Impuesto al Valor Agregado)
IDB (Impuesto al Débito Bancario) (De aplicación temporal)
ISLR (Impuesto sobre la renta)
IAE (Impuesto a los Activos Empresariales)
IAEA (Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas)
ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Ramos Conexos)
TF (Timbres Fiscales)
ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura de Tabaco)
EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta Nacional Fósforos).
8. Politica aduanera
¿Qué es una Aduana?.
Antes de entrar en materia de política aduanera, debemos explicar lo que
son las aduanas. Una Aduana es un ente público de carácter nacional prestador
de servicios, y cuyas actividades de control están destinadas a lograr que el paso
por el territorio nacional de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas
se realice conforme a la normativa legal. La Circunscripción Aduanera es el
territorio aduanero delimitado para cada aduana principal dentro de la cual ésta
ejercerá la potestad aduanera. (Art. 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de
Aduanas).
La circunscripción aduanera está integrada por las respectivas oficinas, patios,
zonas de depósitos, almacenes, atracaderos, fondeaderos, pistas de aterrizaje,
avanzadas y en general por los lugares donde los vehículos o medios de
transporte realizan operaciones inmediatas y donde las mercancías que no hayan
sido objeto de desaduanamiento quedan depositadas.
Funciones de las Gerencias de Aduanas.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 118 de la Resolución Nº 32
del Ministerio de Hacienda, las funciones de las Gerencias de Aduanas Principales
son:
1) La aplicación de las normas y disposiciones que regulan las obligaciones
de la renta aduanera, los procesos de administración, recaudación, control,
liquidación de los tributos aduaneros dentro de la circunscripción que le
corresponda, en el ejercicio de la potestad aduanera de acuerdo con la normativa
vigente.
2) El cumplimiento de las funciones administrativas, relacionadas con los
asuntos del Servicio Regional de Administración Tributaria y las unidades adscritas
a su Región Administrativa que garanticen el funcionamiento y logro de los planes,
programas y demás instrucciones que establezca el SENIAT.
3) La aplicación de los sistemas administrativos y financieros, de acuerdo a
las normas y procedimientos establecidos por el nivel central o normativo y demás
disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico.
4) Las demás que se les atribuyan por Resolución.
La Gerencia de Aduanas, como unidad ejecutora de la política aduanera nacional,
procura el cumplimiento de la legislación aduanera y del mejoramiento de los
procedimientos aduaneros, para responder a los problemas planteados ante las
metas de recaudación fiscal por este ramo, vinculadas a la superación de los
niveles de evasión fiscal, los niveles de protección a las industrias, los obstáculos
del comercio, los desequilibrios de la balanza comercial y las reservas
internacionales.
Para ello es necesario paralelamente, con el apoyo de la inversión privada y de los
organismos multilaterales, acometer mejoras inmediatas en la infraestructura
portuaria y aeroportuaria, revisar las alícuotas de los tributos aduaneros y afinar
los mecanismos de recaudación de otros tributos conexos a la actividad
importadora, simplificar los trámites aduaneros in situ y ampliar la fuerza del
control posterior, actualizar la legislación vigente de acuerdo a parámetros
medibles en base al manejo de sistemas informáticos, y lo más importante,
mejorar continuamente y mantener en altos niveles de motivación y calidad en el
servicio a los funcionarios contratados por la Administración Tributaria.
Política Aduanera Venezolana.
Es el conjunto de ideas basadas en los principios de la Política Fiscal, sobre las
cuales descansan las normas y los procedimientos administrativos que emplea el
Estado para obtener los medios que regulan los asuntos económicos provenientes
del intercambio de bienes y/o servicios con otros países, a través de las relaciones
internacionales que se establecen para lograr la fluidez del comercio exterior.
Mediante las relaciones internacionales que se establecen entre los países, se
logran suscribir Acuerdos, Pactos, Tratados, Convenios, procesos de integración y
otros mecanismos de negociación que permiten facilitar el comercio internacional
en pro de la globalización de la economía mundial.
La Política Aduanera tiene como uno de sus propósitos la organización de
sistemas y procedimientos para facilitar las operaciones a través del servicio
aduanero, controlar los flujos de comercio exterior, ponderar el impacto de los
derechos aplicables a los productos importados, dar cumplimiento a las normas
sanitarias, ambientales y de seguridad de las personas y establecer los incentivos
o estímulos a los productos exportables con la finalidad de fomentar el desarrollo
interno del país.
Asimismo, la Política Aduanera está dirigida a cumplir funciones de orden fiscal
para procurar la gestión del tributo, el control posterior, la represión del
contrabando, contrarrestar la evasión y lograr la recaudación efectiva de la renta
aduanera.
La Política Aduanera Como Instrumento de Negociación:
En este sentido, la política aduanera actual se aparta cada vez más del espíritu
meramente fiscalista, para introducir en sus principios elementos económicos que
permitan lograr un equilibrio en la distribución de bienes y servicios que
obedezcan a la oferta y demanda del mercado, compensando de alguna manera
el sacrificio fiscal que hace el Estado para beneficiar al consumidor final, alcanzar
la fluidez del aparato productivo y obtener la recaudación efectiva de los
impuestos aduaneros correspondientes, como componentes del total de los
ingresos fiscales que soportan al presupuesto de la nación.
La Política Aduanera Como Instrumento Jurídico:
Las operaciones de comercio exterior que se materializan como tales a través del
servicio aduanero, desde el punto de vista de la Administración, se tratan de una
serie de procedimientos administrativos distintos que están regulados por una ley
ad hoc, sin afectar el carácter orgánico y muy específico de la normativa aduanera
como parte de la legislación fiscal venezolana.
Sin embargo, existen otros instrumentos jurídicos que son superiores en jerarquía
a la Ley Orgánica de Aduanas, tales como el nuevo Código Orgánico Tributario y
las normas supranacionales y de Derecho Comunitario como principales ideas de
la estructura del sistema jurídico-tributario nacional, que afectan a la materia
aduanera.
Esas ideas pueden ser expresadas, mediante las facultades que la Ley otorga a
tan importante instrumento, para mantener una estructura real donde no prive el
interés particular sobre el interés colectivo, y puedan existir actuaciones basadas
en la justicia de un órgano tribunalicio o judicial que se pronuncie con verdadera
competencia sobre materias tributarias.
Por ello, estas normas debidamente adaptadas a nuestra realidad jurídica pueden
mejorar nuestras relaciones comerciales internacionales, incluso lograr una
transformación en las formas de negociación. Algunos países consideran los
tratados o convenios internacionales, una fuente jurídica más importante que sus
leyes internas, sólo apenas inferior a su Constitución Nacional.
De los varios acuerdos, tratados y convenios que existen, se puede mencionar
como uno de los más trascendentes el Acuerdo General de Aranceles y Comercio
GATT, cuya característica más sobresaliente en su historia es el hecho de que,
desde la Segunda Guerra Mundial y por primera vez en la historia de la
humanidad, determinados países aceptaron un código de normas prácticas y
equitativas para el comercio internacional, cooperando todos en la reducción de
los obstáculos a sus intercambios comerciales, lo que se ha considerado como
una cooperación de carácter global cuyos objetivos fundamentales son:
Contribuir al mejoramiento de los niveles de vida.
Procurar el pleno empleo.
Aprovechamiento cualitativo de los recursos mundiales.
Desarrollar la producción en economías de escala.
Estimular el intercambio especializado de mercancías.
Fomentar el crecimiento y el desarrollo económicos.
En los últimos años se ha hecho más hincapié en el desarrollo del comercio
internacional y la supresión de los obstáculos que se oponen al comercio y a los
problemas comerciales que enfrentan los países menos desarrollados. De hecho,
los convenios internacionales son también instrumentos jurídicos que regulan la
actividad aduanera, y son de obligatorio cumplimiento.
Al señalar las bondades de las normas supranacionales evidentemente estamos
señalando las ventajas de una Política Aduanera convenientemente instrumentada
que pretende para sus miembros los siguientes propósitos:
Mejorar las relaciones de intercambio.
Aumentar el poder de negociación.
Conquistar nuevos mercados.
Equilibrar las relaciones de poder o diferencias económicas
Proteger a los productores eficientes.
Reducir el consumo suntuario.
Brindar seguridad jurídica.
Ayudar a la distribución de los recursos.
Fomentar la industrialización.
Expandir la producción.
Aumentar el ahorro de divisas.
Mejorar la balanza de pagos.
Reducir el índice de desempleo.
Elevar el bienestar social.
Estabilizar el aporte de la renta aduanera en los ingresos fiscales.
9. Repercusiones de la Política Fiscal en Venezuela.
Definitivamente que la política económica aplicada en cualquier país tendrá
una repercusión positiva o negativa sobre la sociedad que conforma dicho país,
incluyendo empresas, ciudadanos, industrias, etc. En el caso de Venezuela,
lamentablemente es necesario reconocer que las políticas económicas y por ende
las políticas fiscales aplicada a lo largo de los últimos 50 años, no han sido más
que incoherentes medidas contrarias a lo que aconseja la Teoría económica
positiva, al contrario solo han logrado arrastrar al país a un profundo
estancamiento del cual resulta muy difícil, pero no imposible de salir
Para explicar las consecuencias que puede tener una política fiscal mal
aplicada sobre la sociedad tomaremos como ejemplo las políticas aplicadas
durante el segundo período presidencial Carlos Andrés Pérez, el cual es
tristemente recordado como un período de profunda crisis económica en el país y
de gran inestabilidad política que tuvo como resultado los sucesos ocurridos el 27
y 28 de Febrero de 1989, el 4 de Febrero y 27 de Noviembre de 1992 y finalmente
la destitución del Presidente en 1993.
La Venezuela de 1989 era muy distinta a la de 1974, cuando la bonanza
petrolera ocasionada por la crisis de los países árabes nos colocó como el único
proveedor seguro de petróleo para las naciones occidentales. Por el contrario el
país encaraba el dilema de cómo resolver el déficit del sector público, la deuda
pública externa superaba en relación de 4 dólares a 1 los niveles de las reservas
internacionales, el gobierno anterior había suscrito un acuerdo de refinanciamiento
de la deuda que obviamente resultaba imposible de honrar.
La inflación se acercaba al 30%, reflejando la artificialidad de la economía
venezolana, producto del estricto control de precios que existía más un sinnúmero
de subsidios. Era evidente que esos mecanismos eran ya insostenibles, pues ni el
Estado poseía los recursos para seguir otorgando subsidios, ni las empresas
privadas estaban en capacidad de subsistir bajo el régimen de control de precios,
al cual estaban siendo sometidas.
Por último el signo monetario venezolano padecía las consecuencias de
sucesivas devaluaciones. Se había impuesto un estricto control de cambios
administrado por RECADI, que se caracterizaba por los más increíbles niveles de
corrupción. A finales de 1988 la tasa de cambio preferencial era de Bs. 14,50 por
Dólar; en tanto que en el mercado libre o paralelo, el Bolívar llegó a cotizarse a la
cifra de Bs. 40 por Dólar. Bien la realidad de la crisis económica venezolana para
ese momento habría obligado a cualquiera a asumir una serie de medidas
orientadas a resolver esa situación. El país tendría que pagar las consecuencias
de las irresponsabilidades cometidas durante los 20 años anteriores, “las leyes
económicas son duras, pero son leyes” había que apretarse el cinturón.
El tren ministerial estaba formado por excelentes profesionales los cuales
diseñaron las políticas económicas que se aplicarían en el período, en materia
fiscal llamado Programa de Ajustes Macroeconómicos.
Se tomó la decisión de liberar los precios del mercado, ya que era
imposible mantener los subsidios que permitían este estricto control sobre los
precios, esto ocasionó inmediatamente una tendencia alcista muy difícil de
asimilar para la población.
La progresiva devaluación del signo monetario se traducía en un
incremento en los precios y por consiguiente un aumento en los costos de
producción, sin embargo los recursos provenientes de la devaluación fueron el
principal mecanismo para la reducción del déficit fiscal. Se cree sin embargo que
no se debió devaluar en forma tan agresiva la moneda venezolana, y tratar de
reducir el déficit fiscal contrayendo al máximo el gasto publico, cosa que no se
tomó muy en cuenta; ya que la devaluación equivale a la aplicación de un
impuesto indirecto, altamente regresivo que afecta a todos los sectores del país.
Se trazó la meta de modificar la estructura tributaria del país orientándola
hacia una reducción de las tasas máximas aplicables por concepto del impuesto
sobre la renta, además se anunciaba la intención de aplicar un impuesto indirecto
sobre el valor agregado, esto representaba claramente una orientación hacia las
políticas de oferta. Sin embargo, la tardanza en el Congreso para aprobar el
impuesto al valor agregado, obligó al Gobierno a incurrir en las devaluaciones
antes mencionadas para cubrir sus déficits, fiscales, esto representa claramente
una medida coyuntural relativa a políticas de demanda.
Esta contradicción entre la política expansiva del gasto público y las
políticas restrictivas, obliga al BCV a la aplicación de medidas como la emisión de
Bono cero cupón y el aumento del encaje legal de los bancos, a fin de absorber el
excedente monetario derivado de esta situación, trayendo nuevos ingredientes a la
ya insostenible situación del estado.
Para evitar un poco esta situación se inicia en el país un proceso de
privatización de algunas empresas del Estado, caracterizadas por arrojar
solamente perdidas en lugar de ganancias, esto tiene como finalidad reducir el
déficit del Estado, ahorrando de esta manera millones de dólares en inversiones
que no tienen ningún sentido al gobierno y transfiriendo esos activos
improductivos a manos privadas. A su vez las empresas que continuaban en
manos del Estado se vieron en la necesidad de sincerar las tarifas de sus bienes y
servicios, incidiendo nuevamente en el alza de los precios y la inflación.
En esa época aparece una nueva crisis petrolera, al estallar la Guerra en el
Golfo Pérsico, los ingresos petroleros aumentaron considerablemente originando
una acción expansiva que financió el déficit interno de la economía, teniendo un
efecto expansivo sobre la demanda agregada, generando más presiones alcistas
sobre los precios, lo que obligo a instrumentar políticas monetarias de signo
contrario, causando un alza en las tasas de interés con el consiguiente efecto
restrictivo sobre la inversión privada.
Estos y muchos otros factores de carácter no fiscalista, sino monetarios,
financieros, sociales y políticos, así como la aparente falta de interés por parte del
Jefe del Estado por atender los asuntos internos de su política económica fueron
creando un nivel de angustia general, que resultó en el estallido social de Febrero
de 1989. Creando más inestabilidad para desembocar en los sucesos del 4F y
27N de 1992, todo esto solo logró llevar a Venezuela a una situación peor de la
que se encontraba en ese momento. Llevándonos por caminos jamás vistos en
Venezuela en los años de Democracia, como lo fue la posterior destitución del
Presidente en 1993.
La política económica aplicada por el Gobierno del Presidente Pérez, si bien
tenía serias contradicciones internas, podría de alguna forma mejorar la situación,
o por lo menos detener el proceso negativo de la economía, sentando las bases
para iniciar el crecimiento económico; sin embargo; el Presidente Pérez no se
preocupó por convencer a su partido, a la oposición ni a la sociedad de la
necesidad de la aplicación de estas medidas, no se ocupó de poner el ejemplo,
reduciendo el tamaño del Estado, o por lo menos racionalizándolo para hacerlo
más efectivo, cometió el gran error de todos los Gobiernos anteriores, tratar los
excedentes petroleros originados por crisis pasajeras como si fueran eternos,
incurriendo así en mayores déficits e inflación, en fin el Gobierno del Presidente
Pérez aplicó medidas necesarias pero no explicó la necesidad de las mismas, lo
que ocasionó graves repercusiones sobre la sociedad venezolana, sobre la
industria y sobre la economía en general.
10. Conclusiones y Sugerencias.
Podemos concluir que la Política Fiscal es de gran importancia para el desarrollo
económico de cualquier nación, esta debe ser adaptada a las realidades de cada
nación, cuidadosamente estudiada y ser aplicada con la más estricta disciplina, a
fin de lograr los objetivos de crecimiento económico y desarrollo que persigue la
Teoría Económica.
Hemos visto como la política fiscal puede estar orientada hacia dos corrientes
principales; las políticas de demanda o teoría Keynesiana; y las políticas de Oferta
defendida pos Friedman, ambas, sin embargo, buscan el equilibrio
macroeconómica necesario para lograr el crecimiento sostenido y el desarrollo de
las naciones, aunque a través de distintos métodos.
El Keynesianismo, se concentra en medidas coyunturales, es decir, de políticas
intervencionistas del Estado, a fin de generar un desplazamiento de la curva de la
demanda agregada, con el fin de equilibrar la situación económica y lograr la
situación de pleno empleo. Sin embargo por tratarse de medidas coyunturales,
estas pueden y deben ser reducidas gradualmente, una vez alcanzado el fin
deseado debe dejarse nuevamente en manos del mercado el destino económico,
el Estado sólo debe intervenir cuando el mercado no logre por si solo equilibrar la
situación, sin embargo una vez logrado el equilibrio, el Estado debe retirarse
nuevamente a sus funciones de supervisión y dejar que las fuerzas naturales de
oferta y demanda del mercado sigan su curso.
Las políticas de oferta por su parte arguyen que las políticas de demanda generan
un efecto devastador a largo plazo como lo es la inflación y el endeudamiento, así
como una nueva plaga económica: la estanflación, producto de la excesiva
aplicación de políticas de demanda las cuales auspician un incremento en el gasto
público del Estado con el fin de activar el crecimiento económico, aunque se
incurra en déficits fiscales. La estanflación, reúne todas las características del
estancamiento económico (desempleo, industria paralizada) junto con la ya
referida inflación producto del aumento de los precios generados por los
incrementos en la masa monetaria de creados en las políticas keynesianas. Las
políticas de la oferta proponen un control estricto sobre la oferta monetaria, a fin
de que este posea una tasa de crecimiento constante que; sin generar inflación
logre los propósitos del crecimiento económico y desarrollo perseguido, para evitar
el estancamiento de la economía.
Las políticas de oferta se orientan a flexibilizar las reglas del juego dentro de la
economía, evitando las presiones sobre los distintos componentes del sistema
productivo, aspirando a constituirse en una acción coherente encaminada a
propiciar el natural discurrir de las fuerzas que actúan en el mercado. En fin al
contrario de las medidas coyunturales de las políticas de demanda, la política de
oferta se traza a muy largo plazo, para lograr el equilibrio.
Con referencia al caso venezolano, siempre hemos estado conscientes del
gran potencial económico que tiene nuestro país, enormes reservas petroleras,
auríferas y mineras parecen inagotables, igualmente contamos con grandes
posibilidades en materia agrícola, turística y manufacturera. Lamentablemente la
excesiva aplicación de las políticas de demanda que arrastraron a nuestra
economía hasta la actual situación permitió que se creara en nuestro país una
mentalidad de que no somos capaces de lograr ningún avance si el Estado no
interviene, es cierto que debido al enorme déficit fiscal y nivel de endeudamiento,
el Estado no puede, ni debe continuar con políticas expansionistas y
proteccionistas, debemos abrir nuestra economía a la inversión proporcionando
seguridad en materia jurídica y fiscal, atraer las inversiones para desarrollar y
explotar nuestro enorme potencial.
Esto solo se logrará a medida que se logre un equilibrio económico y los
frutos de ese proceso no se observarán de inmediato, debemos asumir la
responsabilidad por tantos años de despilfarro económico e intervención del
Estado en los asuntos económicos, dejar que poco a poco sean las fuerzas
naturales del mercado las que logren la reactivación económica de nuestro país.
Pero antes debemos asumir los riesgos y sacrificios que esto representa en
aras de obtener un mejor futuro; no se puede ser pesimista y pensar que la
situación no tiene salida, solo debemos asumir el reto, sincerando nuestra
economía, creando una disciplina fiscal acorde a las necesidades, reduciendo el
tamaño del Estado y evitando el intervencionismo del mismo, propiciar la
aplicación de la economía de mercado, eliminar las medidas proteccionistas,
eliminar trabas y controles innecesarias en la actividad económica, aplicar políticas
de flexibilización de precios y salarios, establecer límites al crecimiento monetario
y propiciar la movilidad y capacitación de la fuerza laboral.
Este conjunto de medidas no dará sus frutos inmediatamente por el
contrario representan un lento pero continuo mejoramiento de la economía
venezolana hasta lograr su total recuperación, esperemos que nuestros
gobernantes actuales y los futuros logren entenderse unos con otros y trabajar en
conjunto para lograr el recuperamiento de la economía Venezolana.
11. Bibliografía y Material de Investigación.
Toro Hardy, José: Fundamentos de Teoría Económica. Un Análisis de la Política
Económica Venezolana, Editorial Panapo, Caracas 1993.
Gonzalez, Domingo/ MEZA, Antonio: Tratado Moderno de Economía General.
South Western. México.
Favela, Miguél: Política Fiscal, Internet.
Vilca, Gladys: Política Económica y Gestión Tributaria, Internet.
Red Platino: Plataforma Nacional de Información Oficial del Estado Venezolano.
(www.platino.gov.ve)
Seniat: Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria. Internet;
(www.seniat.gov.ve)
Cordiplan: Programa Económico 2000. Ministerio de Planificación y Desarrollo.
www.cordiplan.gov.ve
Venezuela Analitica: Research. El comportamiento de la economía en el 2000.
(www.analitica.com)
Resumen: La política fiscal es el instrumento mediante el cual el Estado realiza
sus funciones de gasto público, impuestos, estabilización y planificación de la
política económica de la nación. La política fiscal aplicada en Venezuela, ha sido
mal manejada a través de los años, como consecuencia hoy en día el país
presenta una de los déficits fiscales más altos de Latinoamérica y se encuentra en
un proceso de estancamiento e inflación del cual resulta difícil, mas no imposible
salir. Presentamos un análisis de la política fiscal actual y sus componentes.
Autor:
Gonzalo Eduardo Castillo García
23 años
Estudiante de 3er Semestre de Administración de Empresas
Instituto Universitario Mariscal Sucre
Caracas, Venezuela

Compártelo con tu mundo

Cita esta página
Castillo García Gonzalo Eduardo. (2001, diciembre 18). Teoría de política fiscal y su aplicación en Venezuela. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/teoria-de-politica-fiscal-y-su-aplicacion-en-venezuela/
Castillo García, Gonzalo Eduardo. "Teoría de política fiscal y su aplicación en Venezuela". GestioPolis. 18 diciembre 2001. Web. <http://www.gestiopolis.com/teoria-de-politica-fiscal-y-su-aplicacion-en-venezuela/>.
Castillo García, Gonzalo Eduardo. "Teoría de política fiscal y su aplicación en Venezuela". GestioPolis. diciembre 18, 2001. Consultado el 1 de Agosto de 2015. http://www.gestiopolis.com/teoria-de-politica-fiscal-y-su-aplicacion-en-venezuela/.
Castillo García, Gonzalo Eduardo. Teoría de política fiscal y su aplicación en Venezuela [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/teoria-de-politica-fiscal-y-su-aplicacion-en-venezuela/> [Citado el 1 de Agosto de 2015].
Copiar
Imagen del encabezado cortesía de kennyvivas en Flickr