La realización de una investigación administrativa, exige para quien la ejecuta, amplios conocimientos en esta materia, como fórmula para el desenvolvimiento irrefutable de la actuación. La formación profesional y el conocimiento de las técnicas de la investigación son requisitos necesarios que debe reunir un investigador administrativo al servicio de un órgano de control fiscal.
1. Introducción
La realización de una investigación administrativa, exige para quien la ejecuta, amplios conocimientos en esta materia, como fórmula para el desenvolvimiento irrefutable de la actuación. La formación profesional y el conocimiento de las técnicas de la investigación son requisitos necesarios que debe reunir un investigador administrativo al servicio de un órgano de control fiscal. La labor del investigador administrativo consiste en comprobar la transgresión de una norma legal o sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la determinación de las acciones fiscales tales como reparos, imposición de multas y declaratoria de responsabilidad administrativa.
2.- Órganos Competentes para Realizar Investigaciones
La Contraloría General de la República, la Contraloría de los Estados, de los Distritos, Distritos Metropolitanos y de los Municipios; la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional y las Unidades de Auditoría Interna, son órganos de control fiscal con competencia para realizar investigaciones administrativas cuando a su juicio, existan suficientes elementos para ello.
Cuando se practica una investigación y se requiera tomar declaración a cualquier persona, o ampliar las ya prestadas, el órgano de control fiscal le ordenará comparecer mediante oficio que se notificará a quien deba rendir la declaración. Los funcionarios públicos o los particulares podrán también ofrecer la declaración, la cual debe ser aceptada de inmediato, siempre que guarde relación con el sumario o la investigación.
3. Prueba Testimonial
Si en el curso de la investigación administrativa se requiere tomar declaración a cualquier persona, se ordenará su comparecencia, mediante oficio que se notificará a quien deba rendir la declaración.
El deber de concurrir y de declarar ante el órgano de control fiscal, recae sobre todo habitante del país, y está garantizado por las sanciones señaladas en el artículo 94, ordinales 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que prevé una multa de 100 a 1.000 unidades tributarias para quienes no comparezcan sin motivo justificado o dificulten, entraben o impidan el ejercicio de las funciones de control.
3. 1. Práctica del Interrogatorio
Un investigador administrativo experimentado debe saber que un buen interrogatorio debe revelar el conocimiento del testigo; cuando, como y donde ocurrió el hecho administrativamente irregular; cuando, como y donde lo conoció. Si al testigo se le pregunta simplemente si le consta o conoció determinado hecho, lo más probable es que manifieste que sí o que es cierto sin dar explicaciones sobre el asunto; el testimonio rendido de esta manera no servirá para probar el hecho investigado y conducirá forzosamente a un mal resultado.
La recepción del testimonio deberá sujetarse a las siguientes reglas:
- El investigador interrogará al testigo, en primer lugar, acerca de su nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, edad, profesión u ocupación, estado civil, domicilio y estudios que haya cursado y demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad; a continuación ordenará al testigo que haga una narración de los hechos, objeto de la declaración.
- El investigador exigirá al testigo que exponga las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la declaración se refiere a expresiones que el testigo hubiere oído, o contiene conceptos propios, el investigador le ordenará que explique las sucesos que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance.
- El testimonio debe ser exacto y completo. El investigador no debe admitir como respuesta la simple expresión de que es cierto el contenido de la pregunta, ni la reproducción del texto de ella.
- En cualquier momento el investigador podrá ampliar los interrogatorios y exigir al testigo aclaraciones y explicaciones.
- Las preguntas y las respuestas se colocarán en el acta en sus palabras originales.
- Concluida la declaración, el testigo sólo podrá ausentarse cuando el investigador lo autorice para ello.
- De todo lo ocurrido se dejará constancia en el acta, que deberá firmar el testigo, previa lectura y aprobación de su dicho. Si el declarante no ratifica sus respuestas en la forma que hubiesen sido redactadas y leídas y tuviese algo que enmendar o agregar, se harán constar las nuevas declaraciones o enmiendas al final del acta, sin alterarse lo ya escrito.
3. 2 El lugar del Interrogatorio
Uno de los principales inconvenientes que se presentan en un interrogatorio, es el lugar donde éste debe efectuarse.
Los órganos de control fiscal deben acondicionar oficinas especiales para la realización de los interrogatorios, pues no cualquier lugar es bueno. Estos espacios deben estar libres de cosas que distraigan la atención del interrogado, tales como cuadros llamativos, fotos de familiares de funcionarios, vidrios o puertas que permitan ver hacia otras dependencias, etc. El interrogatorio realizado en la sede del organismo, colocan al interrogado en situación desventajosa, pues se siente como un extraño, mientras el investigador se siente sosegado en un ambiente con el que está familiarizado.
Frecuentemente la declaración es tomada a través de computadoras operadas por funcionarios del organismo. El investigador debe impedir que estas personas emitan opiniones en torno al asunto que se investiga. Un comentario producido por cualquier persona extraña durante el interrogatorio, puede desconcentrar al investigador y desconcertar al testigo, produciendo en él un estado de inseguridad y desconfianza que podrían inducirlo a no seguir declarando y alegar motivos justificados para no hacerlo.
No debe olvidarse que el expediente es secreto hasta el momento en que se formule en forma concreta a alguna persona los cargos existentes en su contra. La obligación de mantener dicho secreto se extiende tanto al investigador que sustancia el procedimiento como a todo el personal que intervenga en su tramitación y al que por cualquier motivo tenga conocimiento de hechos o circunstancias vinculadas al mismo.
En todo caso, si uno de estos funcionarios da información sobre las actuaciones, es decir, si viola este secreto, el superior jerárquico del órgano de control fiscal, debe aplicar la sanción disciplinaria a que hubiere lugar.
Además, existen sanciones penales quienes sin justo motivo, revelen un secreto cuya divulgación pueda causar algún perjuicio, y del cual tenga conocimiento por razón de su estado, funciones, profesión, arte u oficio.
Bibliografía
Arteaga Sánchez, Alberto. Los Delitos Contra la Cosa Pública en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Colección Textos Legislativos Nº 2. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1983.
Baptista, Clevy Guerrero de. Curso de Averiguaciones Administrativas y Sustanciación de Expedientes.
Brewer-Carías, Allan. La Responsabilidad Administrativa de los Funcionarios Públicos. Colección Textos Legislativos Nº 2. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1983.
Diestien, William. Manual Técnico del Investigador Policiaco. México. Ed. Limusa/Noriega. Editores 2000 – 245 pp. (14º reimp).
Horgan, Jhon J. Biblioteca de Investigación Penal. Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V. Cuarta Impresión 1987. 4 Tomos.
Orlando, Freddy J. La Potestad Inquisitiva de los Órganos de Control Fiscal y la Determinación de la Responsabilidad Administrativa de los Funcionarios Públicos. Universidad Católica Andrés Bello. Primera Edición 2004, Caracas, Venezuela.
Russián Uzcátegui, Clodosbaldo. Informe de Gestión 2004 a la Asamblea Nacional. Página Web www. cgr.gov.ve/
Sánchez Falcón, Enrique. Contribución al Estudio de la Potestad Investigativa de la Contraloría General de la República. Revista de Control Fiscal Nº 77. Ediciones de la Contraloría General de la República.
Instrumentos Jurídicos
Código Civil de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 2.990 Extraordinaria de fecha 26 de julio de 1982.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999.
Código de Procedimiento Civil .Gaceta Oficial Nº 4.209 Extraordinario de fecha 18 de septiembre de 1990.
Código Orgánico Procesal Penal. Gaceta Oficial Nº 5.558 de fecha 14 de noviembre de 2001.
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Gaceta Oficial Nº 5.017 de fecha 13 de diciembre de 1995.
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Gaceta Oficial Nº 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Gaceta Oficial Nº 37.169 de fecha 29 de marzo de 2001.
Reglamento Interno de la Contraloría General de la República. Resolución Nº 01-00.116 de fecha 23 de diciembre de 2003. Gaceta
Oficial Nº 37.881 de fecha 17 de febrero de 2004.
Dictámenes Jurídicos de la Contraloría General de la República. Publicaciones de la Contraloría General de la República.
Colaboradores
Abogados: Nemías Rubio – Jeffry Leal.
Lic. Flor Romero Olivares. Contralora Municipal de Maracaibo. Edo. Zulia. Venezuela.
Lic. Hugo Acuña Esis. Contralor Municipal de Valmore Rodríguez. Edo. Zulia. Venezuela.
Econ. Argenis López Núñez. Director Técnico. Contraloría Municipal de Maracaibo. Edo. Zulia. Venezuela.
