Reflexiones sobre armonización contable en Colombia.

CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Alisis y enunciación de las falencias del anteproyecto de ley de
INTERVENCIÓN ECONÓMICA para la adopción de ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y CONTADURÍA.
El presente documento pretende poner sobre la mesa de discusión algunos
elementos o disposiciones contenidos en el anteproyecto de ley, que, creo,
merecen ser considerados con detenimiento, puesto que de su aplicación pueden
derivarse perjuicios tanto para el profesional contable nacional como para el país
entero.
Para mejor ordenamiento del análisis, voy a dividir la exposición en tres acápites
así: Análisis de la exposición de motivos, Análisis de los títulos I y II y Análisis del
titulo III.
I- ANÁLISIS DE LA PRESENTACIÓN O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
1. Se adopta una actitud, frente al fenómeno de la globalización, que la reconoce
como base de desarrollo equitativo, a partir del cual el país debe establecer unas
medidas de apertura ilimitada que, supuestamente le permitirán participar, de
manera ventajosa en la dinámica económica mundial. Por ello se acepta sin
crítica ni comentario la participación en el apoyo a la asociación mundial para el
fomento de un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,
previsible y no discriminatorio1, para lo cual deben establecerse reglas de juego
homogéneas para los diferentes actores de los mercados financieros.
1 Proyecto de ley de Intervención Económica por medio del cual se señalan los mecanismos por los
cuales se adoptan los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría, se
modifican el Código de Comercio, la normatividad contable y se dictan otras disposiciones
relacionadas con la materia. Presentado por el Comité Interinstitucional. Secretaría Técnica:
Superintendencia de Valores. Bogotá, Diciembre 10 de 2003.
Se da por aceptado que Colombia es un actor válido en los grandes mercados
financieros mundiales, por lo que debe adoptar el mismo estándar contable, de
información, de control y profesional. Nada más alejado de la realidad. Nuestra
actividad bursátil no tiene ningún significado ante las astronómicas cifras que
mueven los actores verdaderamente válidos, en tales mercados. Nuestras
empresas que corresponden al escenario denominado de interés público”, no
alcanzan a 1.000 en el país, de un total superior al millón de entidades nacionales.
Es decir, menor al 1 por mil, a más de que la importancia de tales empresas es
mínima o insignificante frente a las cifras que se transan en tales mercados.
De otra parte, los contables sabemos que la información contable se mueve en un
entorno de “asimetría de información”, por lo que los datos derivados del proceso
informativo no son igualmente equitativos, claros y transparentes para todos los
usuarios. Cuando adoptamos un modelo, cuyo objetivo es la protección del capital
financiero, sus datos favorecen tal objetivo frente a otros posibles. En Colombia
adolecemos de estudios empíricos que hayan determinado unos objetivos de
información contable que representen los intereses de la mayoría de los partícipes
en la dinámica económica nacional, por lo que no es raro legitimar que tales
objetivos son coincidentes con los del gran capital financiero internacional. Esto es
equivocado. Hemos dicho en alguna ocasión “La norma contable no es inocua. Su
papel consiste en sustentar la elaboración de información orientada a determinar
la magnitud de la riqueza creada en los procesos productivos y en establecer la
asignación de tal resultado entre los diversos agentes participantes en el proceso
de distribución.”2 Establecer tal coincidencia implica poner al servicio del interés
financiero mencionado la información contable y el trabajo profesional de los
contadores del país.
2. La exposición de motivos, en su segundo párrafo, se refiere a que la
comunidad internacional ha reconocido la necesidad de “armonizar” las distintas
2 Álvarez H., Adopción o armonización de la normativa contable. Cuadernos de Administración.
Facultad de Ciencias de la Administración, Diciembre de 2002, 28. Universidad del Valle, Cali.
Pág. 140.
normas de información financiera para alcanzar altos grados de calidad,
transparencia y comparabilidad en la información preparada por los entes
económicos, independientemente de su país de origen, pero más adelante y
dentro del articulado del proyecto se utiliza, con más acierto, el término de
“adopción”. Para algunos colegas la discusión entre si se armoniza o se adopta
no tiene importancia ni fundamento. No es un discusión bizantina. De la aplicación
de una u otra dinámica, se derivarían diferentes productos. La adopción
correspondiente con la estandarización se orienta a “eliminar todo el contenido
regulativo nacional concerniente a una temática, en este caso la contable, y, en su
reemplazo, validar como un todo la normativa internacional”3. “El término
armonización, opuesto al término estandarización, implica la reconciliación de
puntos de vista diferentes. Esto a su vez representa un enfoque más práctico que
la estandarización, particularmente cuando esta última quiere significar que los
procedimientos de un país deberían ser adoptados por todos los demás. La
armonización se convierte en un asunto de mejor comunicación de información en
una forma tal que se pueda interpretar y comprender internacionalmente”4. Belkoui
agrega: “Esta definición de armonización es más objetiva y presenta una mayor
probabilidad de ser aceptada que la estandarización. Todos los países tienen sus
propias normas, filosofías y objetivos a escala nacional, cuyo objetivo es proteger
o controlar los recursos naturales. Este aspecto del nacionalismo surge de normas
y medidas particulares que finalmente afectan el sistema contable de un país. La
armonización consiste en reconocer tales idiosincrasias nacionales e intenta,
como primer paso, reconciliarlas con los objetivos de otros países. El segundo
paso es el de corregir algunas de esas barreras con el fin de conseguir un grado
aceptable de armonización5
De lo citado antes podemos inferir la gran importancia que implica tener clara la
diferencia entre si el proceso es de adopción o de armonización normativo y las
consecuencias que de ahí podemos derivar. En páginas subsiguientes, Belkoui
3 Ídem, pág. 161.
4 Wilson, J.A., The need for Standarization of Internatinal Accounting, Touche Ross Tempo (Winter,
1969), p. 40. Nota citada en Belkoui R.H., Accounting Theory. Academic Press, London, Third
Edition, 1992. Págs. 479-480.
5 Ídem, pág 480.
anota: ”se sabe que las políticas contables deben ser adecuadas para poder
alcanzar objetivos políticos o económicos compatibles con el sistema político o
económico propuesto por cada país. Como no existe la posibilidad de tener un
solo sistema político o económico internacional, entonces se puede esperar que
las diferencias en los sistemas políticos o económicos continuarán actuando
como una barrera contra la armonización contable internacional”6. De aquí
derivamos que si los objetivos políticos y económicos del país son totalmente
coincidentes con los del entorno internacional, debería estandarizarse o adoptarse
el modelo internacional; pero si tales objetivos no son coincidentes, debe
adelantarse un proceso de armonización, que garantice la presencia y
mantenimiento de tales objetivos como orientadores del proceso informativo y de
control contable. Ello significa que el modelo contable debe ser desarrollado
conforme a las necesidades del entorno, dentro de las que, de alguna manera
amplia o menos amplia, dependiendo de las circunstancias particulares del
entorno, aparecerán consideradas las necesidades del entorno internacional, y en
tales circunstancias el modelo contable incluirá algunos de los procesos,
mediciones y dinámicas informativas impulsadas por el entorno internacional,
como parte del modelo contable nacional.
3. En el mismo segundo párrafo de la exposición de motivos se afirma que se
busca construir una información de la “más alta calidad, transparente y
comparable”. Los dos primeros términos involucran dos juicios de valor que
merecen una mínima discusión.
La más alta calidad está relacionada con que la información está dotada de
características que la califican para ser tomada por el usuario con confianza para
fundamentar en ella sus decisiones, podría decirse, en principio, que es una
información objetiva. Los contables sabemos que el hecho contable puede tener
diversas presentaciones, dependiendo del contenido regulativo al que obedezca el
proceso de medición-valoración que subyace al trabajo contable. No existe en
6 Ibídem, pág. 651.
general una verdad absoluta, menos en estas actividades que dependen
fundamentalmente de las perspectivas social, económica y contable, y éstas,
también lo sabemos, varían de entorno en entorno. Por ello, mientras las ciencias
físicas o lógicas tienden a ser monoparadigmáticas, las socio-humanísticas son
multiparadigmáticas. En estas circunstancias la calidad de la información depende
de los contenidos regulativos y éstos responden a las condiciones del entorno,
dentro del cual se establecen unos objetivos, que como lo citábamos antes, están
relacionados con las condiciones políticas y económicas de tal entorno. De aquí
derivamos que la objetividad que se reclama por la “alta calidad” debe estar
relacionada con cierta correspondencia de la información con los objetivos del
entorno, ya que un objetividad absoluta o general, válida para todos los entornos,
no es posible alcanzar. Deducimos que la más alta calidad implica un objetividad
relacionada con el entorno internacional, en cuya consideración y satisfacción de
necesidades se propone el proyecto y cuyos objetivos no están en
correspondencia total o significativa con los de nuestro entorno nacional. De
donde concluimos que la “más alta calidad” no es una cualidad que garantice la
mejor información para el entono nacional.
En cuanto a la “transparencia” tomada como “la perfecta accesibilidad a la
información en las áreas que competen a la opinión pública”7, se entiende como la
característica de la información contable que garantiza al usuario la libre y total
disposición del dato, completo y fidedigno. Está relacionada esta cualidad con la
objetividad, en tanto ésta no podrá ser completa si no es objetiva y, así mismo, no
podría ser confiable o fidedigna. La información transparente permite su acceso
sin desgaste en el proceso decisional y por ello debe corresponder al desarrollo a
partir de unos fundamentos y bases conocidos y compartidos. Por supuesto que
tal característica coadyuva en el acrecentamiento de la riqueza de algunos
actores, aquellos que con ciertas ventajas actúan en el mercado. Si el mercado es
uno donde dominan las grandes empresas internacionales, la transparencia estará
a su servicio. Ello no quiere decir que tal cualidad no sea deseable para cualquier
7 Definición citada por el diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Edición 1996.
sistema informativo. Es una cualidad ‘sine quanon’ de éstos. Algunas preguntas
que habría de hacerse son las siguientes: ¿las bases que soportan el sistema
informativo y de control internacional, que se adopta en el pre-proyecto, están
garantizando tal transparencia? No parece ser así dadas las recientes
experiencias de grandes empresas de la producción y del control contable, donde
el “buen gobierno” brilla por su ausencia. ¿Dónde está la falla?.
De otra parte hay que considerar que existe una importancia pública de la
información, no en el sentido que adopta el proyecto de tomar “el interés público”
como la sumatoria de los intereses privados de las personas jurídicas o naturales
dominantes en los mercados financieros internacionales, sino en el de la
representación de los intereses generales sociales más amplios y representativos
de la nación. En tal sentido, hablar de transparencia y de libre disposición de los
datos de la nación entera, para ponerlos al servicio de entidades transnacionales,
cuyos fines están dirigidos a acrecentar sus ganancias, sin importar si originan
beneficios o perjuicios al país, no es cosa de poca monta, y es un asunto que tiene
que ver hasta con la seguridad económica y social del país.
4. En el tercer párrafo de la presentación se afirma que la comunidad internacional
y las Naciones Unidas, han reconocido a algunas entidades como emisores de
estándares internacionales y que por ello los estados miembros de la ONU han
iniciado un proceso de adopción en su derecho interno, de los diferentes
estándares emitidos. Aquí también se establece una especie de denominador
común, cuando se considera a todos los países, en igualdad de condiciones.
Obviamente que países con economías desarrolladas podrán adoptar tales
estándares pues se verán interpretados por sus objetivos y dinámicas. Pero tal
circunstancia no es la de Colombia, así se proponga adoptar a partir de ciertos
niveles de escalabilidad, ya que el segundo y tercer nivel estarían soportados en
las normas emitidas por ISAR-UNCTAD, cuya orientación es la misma de los
IFRS, que no responden a los intereses de nuestro entorno, dado el escasísimo
nivel de desarrollo socioeconómico, el que no se va a ver favorecido ni impulsado
por la adopción normativa contable, financiera o económica. Tampoco se
alcanzará el tan deseado incremento en el nivel de desarrollo de un país por su
inclusión de forma no previsiva ni planeada, en los mercados internacionales,
experiencia que estamos viviendo en otros órdenes, diferentes al contable y que
nos aporta datos del escandaloso fracaso de tales medidas, adoptadas en la
pasada década y hoy impulsadas con denuedo por este gobierno. Como ejemplo
de estudio y planeación del proceso de adopción del modelo internacional
contable, no muy cercano por las grandes diferencias en el tamaño y desarrollo de
la economía, se puede tomar el caso de España (la economía española está entre
la diez más grandes del mundo y es siete veces mayor que la colombiana). A
finales de 2002 deciden recomendar la adopción de los estándares
internacionales, luego de un estudio pormenorizado de 18 meses (precedido de 30
años de experiencia en regulación y planificación contables), realizado por un
amplio grupo de expertos, en representación de los diversos grupos de afectados,
pero además de ello, de haber contado con diversos estudios orientados a
establecer las diferencias entre la normativa española y la internacional. También
hay que tener en cuenta que tal decisión se toma por su pertenencia a la UE,
entidad que tiene una gran influencia al interior de los organismos normalizadores
contables, circunstancia que favorece la inclusión de objetivos y criterios que
reflejen el interés de los miembros de la Unión.
En nuestro caso, el estudio se ha hecho a puerta cerrada por un comité
gubernamental sin participación de los afectados por las medidas a tomar. No
constituye el resultado de un proceso de participación, pues las universidades, los
gremios profesionales, los gremios económicos y entidades de dirección y control
profesional, que constituyen el grueso de sectores y organismos interesados en la
profesión contable no han participado en su elaboración. Es un producto
terminado presentado a consulta con escaso tiempo para su conocimiento y
crítica. La participación de una organización en un proceso implica que ésta esté
presente, de forma continua en tal proceso y que se le permita aportar elementos
que deben ser tomados en cuenta en la elaboración del producto, el cual debe
reflejar el resultado de los acuerdos al que hayan llegado el conjunto de partícipes.
En este caso estamos ante un producto que refleja el interés de una sola de las
partes, el gobierno, interesado en imponerlo, para cumplir con sus compromisos,
sin medir las consecuencias para los grupos afectados. No se conocen estudios
de impacto orientados a determinar cuál será el efecto de la adopción en la
economía de las empresas o en la economía del país; tampoco se conoce ningún
estudio que determine cual es la disponibilidad de recursos profesionales idóneos
para garantizar la realización del cambio de las estructuras informativas de las
entidades colombianas; ni cuál es la situación de la universidades y gremios para
calificar a los estudiantes ya los profesionales en la nueva temática. Este es otro
caso de improvisación en el proceso normativo contable y de imposición
inconsulto con los afectados por las disposiciones contenidas en el anteproyecto
de adopción normativa.
5. El cuarto y el quinto párrafos de la exposición de motivos, están dedicados, sin
ningún reato de conciencia de los autores, a exponer la necesidad de adoptar en
Colombia el conjunto de prácticas contables que ha desarrollado la comunidad
internacional para fortalecer el sistema de información de los entes económicos
y aumentar su efectividad en la prevención y solución de crisis asegurando
que se presenta la información de manera precisa y de modo regular acerca
de todas las cuestiones materiales referentes a la situación financiera de la
entidad. El desarrollo y la puesta en práctica de los estándares
internacionalmente aceptados permitirán unos mercados financieros más
sanos y más estables, en consideración al alto grado de calidad y aceptación
de los postulados internacionales” 8
8 El resaltado en negrilla es de mi autoría, con la intención de subrayar las
expresiones más controversiales, dadas las recientes experiencias de escándalos
producidas por la aplicación de ciertos criterios contables y de control por
administradores y directivos de grandes corporaciones y firmas transnacionales de
auditoría, cuyas crisis se adjudican a la adopción de tales criterios, lo
suficientemente flexibles y permisivos.
No hace ni dos años que el mundo financiero y con él las economías de varios
gigantes empresariales y de países desarrollados se estremecieron ante los
diversos escándalos producidos por la “aplicación razonable” de los criterios y
técnicas de medición, información y control derivados de los modelos
anglosajones de contabilidad y auditoría, identificados como NIC, NIIF o IAS,
IFRS, US-GAAP (por sus siglas en inglés), NIA, NAGA o ISA, ISQCAARS(por sus
siglas en inglés), originados en el concierto internacional o en los Estados Unidos
(pero que cada vez se corresponden más, dado el programa de convergencia que
adoptaron los dos frentes de trabajo normativo, desde mediados de la década de
los noventa); todo ello bajo la guía ética contenida en el Código de Ética para
Contadores Profesionales emitido por IFAC.
A la luz de estas normativas se produjeron los atropellos contra indemnes
pequeños propietarios accionarios de las corporaciones, quienes al no contar con
la información privilegiada, de que disponían los accionistas directivos,
perdieron la oportunidad de vender las acciones antes de que la bancarrota se
conociera. Grandes capitales desaparecieron como por arte de magia, pero, así
mismo, grandes capitales fueron a parar a manos de personajes que se
favorecieron por la disposición de información privilegiada y que contaron con la
protección y complicidad de firmas transnacionales de auditoría, como la Arthur
Andersen.
Justamente a raíz de tales escándalos en los Estados Unidos se impulsó la ley
Sarbanes-Oxley que establece un control estatal a las firmas de contabilidad y
auditoría, para evitar que los desmanes y corruptelas empresariales se siguieran
cometiendo. El modelo de información, control y gobierno corporativo anglosajón
está en crisis y sus responsables están sometiéndolo a revisión. La ley
mencionada es una demostración de ello, pues el control corporativo no se deja
sólo en manos de firmas de auditoría privadas sino que se toma desde un
organismo con participación gubernamental.
Si esto es lo que está ocurriendo en el ámbito profesional contable internacional,
me pregunto ¿cuál es la justificación para adoptar sin ningún reparo, el contenido
normativo derivado de IASB-IFAC, que está haciendo crisis? ¿Cómo se puede
afirmar lo citado entre comillas y resaltado en negrilla, en el párrafo precedente,
numerado con 4? Este párrafo es escandaloso porque ignora la realidad que hoy
por hoy se sigue viviendo, como resultado de la aplicación del mencionado
modelo, como nos lo demuestra el caso Parmalat o el de Adeco9.
6. El párrafo sexto se refiere a que el anteproyecto es el resultado de esfuerzo
conjunto de representantes de siete entidades. Yo diría que fue un esfuerzo por
evitar que los interesados en sus efectos se enteraran y se involucraran.
Personalmente fui objeto de una airada advertencia del Dr. Samuel Mantilla, quien
por medio del correo electrónico me reclamó por haber circularizado entre colegas
interesados un borrador del anteproyecto que llegó a mis manos. La misión de los
involucrados era clara: mantener en secreto su contenido hasta que estuviera
completamente terminado. Después de esto y de saber que el señor
Superintendente de Sociedades se expresara, en un evento de la profesión, de
manera desobligante sobre el posible pensamiento en contra del preproyecto, por
parte de buena parte de los profesionales contables, me pregunto: ¿sí hab
disposición del Comité para modificar todo el contenido del preproyecto? Pienso
que admitirán variación sólo de algunas cosas formales, pero el fondo, aunque
perjudique a la profesión y al país, permanecerá inmodificable y sólo los
organismos legislativos y jurisdiccionales podrán variarlo y ojalá hundirlo.
7. El séptimo párrafo se refiere al sometimiento a discusión de todos los
interesados del preproyecto, que fue conocido a mediados de diciembre,
otorgando escasos dos meses para la “discusión”, dos meses atravesados por las
vacaciones y las fiestas decembrinas, recurriendo a la misma estrategia
gubernamental de expedición de las reformas tributarias y los decretos de alzas en
9 Adeco S.A., la mayor empresa temporal del mundo, a raíz de la revelación de sus problemas
contables y de control interno, perdió, en cuestión de minutos, el 35% de su capitalización.
Portafolio, 29-01-04, págs. 1 y 30.
los precios de los bienes y servicios, en momentos en que los interesados están
desinteresados10. Sin embargo conozco varios pronunciamientos y comunicados
de gremios profesionales y de particulares, contentivos de reparos y argumentos
en contra de los planteamientos del anteproyecto que no han merecido respuesta
por parte del Comité Interinstitucional. Lo correcto es que el periodo de discusión
del producto terminado, ya que no hubo participación en su fundamentación,
direccionamiento y confección, fuera, al menos, de igual tiempo al empleado en su
elaboración, descontando el mes de las vacaciones, ello es hasta el 10 de
Noviembre de 2004. Además de la discusión, deben realizarse los
correspondientes estudios de impacto en el medio empresarial, educacional y
profesional contable del país. De otra manera se entenderá que no existe ánimo,
ni en el Comité ni en el Gobierno, para someter a una verdadera discusión y a su
transformación en consecuencia, del articulado del anteproyecto.
8. El octavo párrafo que dice El Gobierno Nacional entiende que si bien es
necesario y urgente realizar el ajuste a los parámetros internacionales, ello
conlleva realizar transformaciones de fondo no sólo en la normatividad sino
particularmente en las prácticas nacionales. El proyecto de ley que se expone
a discusión pública presta especial consideración a ello.11 Parece que el
Gobierno fuera consciente de la magnitud de los cambios que se proponen bajo el
esquema de la adopción y del tiempo que ellos requieren, tanto en la normatividad
como en la práctica profesional, pero cuando uno va al articulado propuesto,
según el artículo 35, para el nivel 1 de escalabilidad, hay menos de dos años y
menos de tres para el nivel 2, concluiría que tal conciencia no existe. ¿Se ha
pensado en la incidencia de estos cambios en el mercado laboral? La adquisición
de un nivel medio de experticia en los fundamentos, procedimientos y técnicas del
modelo de contabilidad, de control y ético internacional que se está pretendiendo
adoptar requiere de un periodo de tiempo mucho mayor que el aquí contemplado,
lo que traería como consecuencia que el mercado, que hoy atienden las firmas
nacionales, no expertas en el modelo, tendería a caer en manos de firmas
10 Este plazo ha sido ampliado hasta el 13 de Abril.
11 Esta nota tiene el mismo sentido que la anterior.
internacionales, extranjeras, ya que los propietarios y los administradores de las
empresas preferirían contratar para estos servicios de asesoría a los contables
más experimentados, sin importar la nacionalidad. ¿Cuál será la incidencia del
cambio propuesto en las empresas, que deben adoptar el nuevo modelo en un
tiempo perentorio? Si se mantiene el plazo, como ya lo observamos, para el nivel
1 de escalabilidad hay menos de dos años y para el nivel 2 menos de tres,
agravando estas circunstancias el hecho de que aun no se conoce el texto
definitivo de la ley, pues ni siquiera ha comenzado su tránsito en las Cámaras
legislativas. ¿Qué contadores y qué auditores les llevarán las cuentas y las
controlarán? ¿Se ha pensado en las universidades y en el tiempo que les llevará
capacitar a sus profesores para que impartan estos conocimientos entre los
estudiantes? ¿Y qué decir de los estudiantes que egresarán en los próximos dos
años, que no han estudiado este modelo, pero que la práctica profesional se lo
exigirá de manera inmediata? “El proyecto que se expone presta especial atención
a ello dice el párrafo citado. ¿Será ello cierto? Si es así, que publiquen los
estudios realizados y las estrategias que se han planeado para solucionar estos
interrogantes y otros que se están haciendo los afectados. De otro modo hay que
entender la situación como el resultado de un plan orientado a causar el mayor
perjuicio a la profesión contable nacional.
Derivado de esto es necesario y obligante preguntarse: ¿Cuál es el impacto
causado en la economía de las empresas nacionales por la adopción del modelo
de información contable internacional? Según el artículo 14 del anteproyecto12,
Fases de transición, se deben cumplir dos fases, una de evaluación y otra de
ejecución. Durante la fase de evaluación los entes económicos y del sector
público deberán comunicara todos los que resultaren afectados por la conversión
del proceso que se inicia, indicando la fecha para la cual se espera
razonablemente cumplir con la transición. Igualmente deberán estimar las
necesidades de recursos humanos y técnicos necesarios para la
12 Resalto en negrilla los aspectos más importantes del artículo relacionados con los análisis y
estudios que deben realizar las entidades nacionales, públicas y privadas, en el proceso de
adopción de la normativa contable internacional.
conversión, así como el impacto de la transición, incluyendo una descripción
de las prácticas contables que deberán ser modificadas, las revelaciones
adicionales que se requieren y señalando el efecto que tendrá la transición en el
patrimonio, en los ingresos netos y en los flujos de efectivo del ente económico o
del sector público. En la fase de ejecución, los entes económicos y del sector
público deberán analizar en detalle las diferencias existentes entre las
prácticas que vienen observando y aquellos que correspondan a los
estándares internacionales de contabilidad y adoptarán las medidas
adecuadas para realizar la transición, tales como identificar la información
contable que deba ser reportada, reconocerán las debilidades que deban ser
eliminadas y determinarán el cronograma de actividades detallado para la
recolección, análisis, cuantificación y registro de dicha información”. Esto significa,
que una vez adoptado el modelo se hará el estudio de impacto y la determinación
de necesidades humanas y técnicas. También se realizará el análisis de las
diferencias entre las prácticas viejas y nuevas. Me pregunto: ¿Estas
consideraciones no deberían resolverse antes de adoptar el modelo? ¿No debería
inducirse a un proceso de capacitación en las universidades y en las empresas,
para luego tomar la decisión de adoptar el modelo contable, si tales estudios lo
avalan como pertinente para la economía de las empresas y la del país en
general? Según lo que parece, el Gobierno se ha comprometido con organismos
internacionales a adoptar el modelo y no ha realizado los estudios de impacto
pertinentes ni ha elaborado ninguna estrategia para enfrentar los múltiples
problemas que la adopción va a generar entre los sectores profesional,
empresarial y educativo afectados. Tal posición es coherente con la política de
apertura económica y de adscripción irrestricta a las orientaciones de la OMC y
de otros organismos internacionales, de apoyo a los tratados de libre comercio,
negociaciones en las cuales el gobierno, según algunos analistas13, ha nombrado
equipos de negociadores académicos, sin experiencia, con conflictos de interés,
que definen posiciones al gusto de la contraparte. Por ello se puede afirmar que el
anteproyecto es una parte de dicha política, pues de esta manera la información
13 Ver artículo de Emilio Sardi, “ALCA y TLC: del fútbol al baloncesto”, Portafolio, 26-01-04, pág. 22
económica y financiera, base importante para el éxito del programa liberalizador,
fluirá de la manera más adecuada para los usuarios partícipes de los mercados
financieros internacionales.
II. ANÁLISIS DE LOS TÍTULOS I y II
TÍTULO I - DE LOS FINES Y ALCANCES DE LA INTERVENCIÓN.
El título primero inicia determinando el ámbito de la aplicación de la ley,
estableciéndolo a partir de la definición de entes económicos, para las actividades
económicas, tanto privadas, mixtas o estatales y de entes del sector público, para
los organismos del poder público, no reconocidos como entes económicos por el
Gobierno Nacional.
El fin de la ley se plantea como la orientación de las actividades de los entes de
acuerdo con prácticas de buen gobierno y el del manejo de la información
financiera en condiciones de credibilidad e igualdad.
Se agrega, entre otros, que el fin de la intervención es el de desarrollar un sistema
comercial y financiero abierto y no discriminatorio, de promover el buen
gobierno empresarial, desarrollar en el interés público un solo conjunto de
estándares de alta calidad, transparente y comparable, cuya credibilidad se
incrementará por la verificación de un profesional independiente y, todo ello,
para contribuir al fortalecimiento de la economía.
Para alcanzar estos fines, se propone adoptar estándares internacionales de
contabilidad, auditoría y contaduría, desarrollados por la comunidad
internacional, y entendidos como el marco conceptual, principios, reglas y
criterios, emitidos por organismos internacionales competentes y reconocidos
en el texto de esta ley.
He resaltado en negrilla los términos que, a mi juicio, son fuertemente
controversiales porque encarnan juicios de valor, y son los términos en los que
descansa la argumentación oficial para justificar la ley de intervención y con esta
la adopción normativa incondicional.
Pasaré, a continuación a desarrollar algunos elementos de juicio frente a tales
términos, eximiéndome de repetir los que ya han sido comentado en la primera
parte de este artículo.
1. Buen gobierno corporativo ha sido un término introducido en el ámbito
nacional recientemente. No es difícil establecer su significado que está
relacionado con el apego de las directrices empresariales a los objetivos
corporativos, a su vez, coherentes con los objetivos del sistema socioeconómico
que cobija a un entorno geográfico dado, en este caso, debería ser a nuestro
entorno nacional. Es un término que cae dentro de los dominios de la ética en
general y, particularmente, dentro de la recientemente desarrollada vertiente de la
ética empresarial o ética de los negocios. Según Adela Cortina14 “la ética de los
negocios puede entenderse como un modo de resolver moralmente conflictos de
acción”. Sirve para tomar mejores decisiones en torno a un deber ser, y para ello,
es preciso contar con propuestas, observaciones, juicios de valor y supuestos. El
problema surge cuando se adoptan como objetivos orientadores de ese deber ser
los que les interesan a las minorías dominantes en el entorno global, como es el
caso que nos ocupa. Así, “el buen gobierno corporativo” se entiende como el
conjunto de acciones que tienden a alcanzar la metas previstas por el gran capital
financiero transnacional orientado por la directriz de obtener la máxima ganancia
con el mínimo costo posible, sin importar que en el camino se ignoren derechos y
se eludan costos que deberían reconocerse y pagarse, de existir un conjunto de
normas y deberes diferentes15. Propulsar el buen gobierno de las empresas, de
14 Cortina A., Ética Aplicada y Democracia Radical, Tecnos, Madrid, 1993, pág. 277.
15 Según S.A. Mantilla, los IFRS, a diferencia de los IAS, abandonan el criterio de mantenimiento
del capital financiero y se orientan hacia la medición del desempeño financiero sobre la base del
valor razonable. (Afirmación contenida en el artículo Aplicación por primera vez de los estándares
internacionales de presentación de reportes financieros. Dic. 2001,
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C Econom y Admon/).
suyo no es un propósito despreciable, es loable en la medida en que tales
directrices se refieran al manejo de los recursos y a la distribución de los
resultados corporativos de forma que beneficie socioeconómicamente los
intereses nacionales por encima de los externos. En este aspecto, como en otros
muchos, no podemos estar de acuerdo con la propuesta del C.P. Samuel Mantilla,
cuando aconseja al país el deber de honrar los compromisos adquiridos en el
plano internacional, a propósito del establecido con la OMC y que originó el
artículo 63 de la ley 550-99, sin importar que tal decisión implique sacrificios y
negativas consecuencias al país.
2. Credibilidad e igualdad, como condiciones de la información financiera,
por supuesto que son dos características deseables para cualquier sistema
informativo, pero como tales características no tienen un referente positivo común,
dado que responden a posibles diversos intereses y condiciones específicas; hay
que preguntarse, igual que los hacíamos antes en los temas de alta calidad y
transparencia: ¿para satisfacer los intereses de quienes? No puede ofrecerse una
información absolutamente neutra que responda al hecho empírico cuya
interpretación, para cualquier observador, sea equivalente. La información es
construida con base en diversos parámetros, hipótesis instrumentales o principios
de contabilidad que son orientados al alcance de ciertos objetivos del sistema
informativo. Unos serán los principios si se trata de informar para mantener el
capital operativo, otros para mantener el capital financiero y otros, si se trata de
favorecer los flujos de capital que circulan en los mercados financieros
internacionales. También se puede decir que tendrán elementos comunes, pero el
énfasis informativo será diferente en cada uno de los escenarios. Por ello hay
establecer que la credibilidad e igualdad no son absolutas, son relativas, y su
utilidad depende de los objetivos del sistema y de su coincidencia o no
coincidencia con los propósitos del interesado. En nuestro caso tales
características responden al último de los escenarios mencionados, que, como ya
hemos afirmado, no es coincidente con el interés de nuestro entorno nacional, ya
que el número y significado económico de las empresas que constituyen actores
válidos en los grandes mercados financieros y de valores es bastante menor del
1%; entonces debemos concluir que tales características del sistema contable
internacional que se pretende adoptar, no favorecen la información financiera
necesaria para impulsar la dinámica económica de los entes nacionales.
3. Uno de los fines propuestos para el sistema comercial que se pretende
impulsar con esta ley, es que éste sea abierto y no discriminatorio. Estos
términos son originarios del discurso neoliberal que promueve la apertura
económica sin límites, una de cuyas consideraciones es la de que, si no se
eliminan los aranceles y las condiciones para la admisión de bienes y capitales
procedentes del exterior, el país estaría oponiéndose al progreso y a las
oportunidades que nos ofrece, a manos llenas, la ola globalizadora de la
economía. Sin detenerme a considerar, por que ya se ha hecho antes, en la
escasa capacidad de nuestras empresas como actores válidos en los escenarios
internacionales, sino a partir de establecer las condiciones de reciprocidad en las
que se plantean tales condiciones del sistema comercial propuesto, quiero analizar
muy brevemente algunos aspectos negativos de tal objetivo, ya que sólo se
mencionan, por sus defensores, el gobierno entre ellos, los positivos. Las
condiciones abiertas y no discriminatorias, como condiciones de las zonas de libre
comercio establecen que todo los participantes actuarán bajo iguales
requerimientos, entre los cuales se considera el arancel cero, la eliminación de
subsidios y la eliminación de cualquier obstáculo a la libre circulación de bienes y
de capitales. El ALCA es el ejemplo más cercano y pertinente para analizar. Se
prevé que la cualidad de “abierto” es una exigencia para algunos y no para todos
los miembros del acuerdo. Mientras a los países débiles, de economías
dependientes, se les obligará por diversos mecanismos a eliminar las barreras
arancelarias, los de economías dominantes, casos de Estados Unidos o Canadá,
mantendrán los famosos subsidios al agro o ciertas condiciones de entrada a los
productos originarios de economías débiles. Y uno de los aspectos que tienen que
ver con este aspecto dentro del proyecto de intervención económica, es el relativo
al libre ejercicio de las profesiones; está contemplado en el artículo 24, parágrafo
3, que establece que el Gobierno Nacional podrá aceptar títulos o certificaciones
expedidos por otros países a extranjeros que deseen ejercer la Contaduría en
Colombia, sin exigir los necesarios convenios sobre reciprocidad de títulos. La
condición de “abierto y no discriminatorio” conlleva, entonces, toda una carga de
inequidad y de preferencias que se mantienen a favor de las economías más
poderosas, que hará aún más difícil y desigual la competencia mercantil para los
países subdesarrollados como el nuestro.
4. .Arriba anoté que para alcanzar los fines de buen gobierno empresarial y
desarrollar en el interés público un solo conjunto de estándares de alta calidad,
transparente y comparable, cuya credibilidad se incrementará por la verificación de
un profesional independiente, el Gobierno propone adoptar estándares
internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría, desarrollados por la
comunidad internacional, entendidos como el marco conceptual, principios,
reglas y criterios, emitidos por un organismos internacionales competentes y
reconocidos en el texto de esta ley. Dado que en las páginas precedentes se
cuestionaron las acepciones que el proyecto da a los términos de interés público,
alta calidad, transparente, comparable, y credibilidad, realizaré un sucinto análisis
de los términos resaltados en negrilla en este párrafo.
La adopción, por el país, de estándares de contabilidad, auditoría y contaduría,
desarrollados por la comunidad internacional y emitidos por organismos
internacionales competentes, conlleva varios mensajes ocultos. Adoptar un
conjunto regulativo, como ya se dijo, es reemplazar el existente por otro, en este
caso el emitido por los mencionados organismos internacionales competentes.
Esto implica un cambio de fondo en el proceso de emisión de normas contables en
nuestro país. Tradicionalmente lo ha hecho el Congreso Nacional o el Ejecutivo,
en uso de facultades otorgadas por la Constitución o la ley. En este proyecto se
propone el reconocimiento de ciertos “organismos internacionales competentes”,
quienes desde que se apruebe esta ley serán los legisladores reconocidos por el
país. Esto quiere decir que Colombia pierde la autonomía en este aspecto y, en
adelante, tendrá que someterse a los dictámenes de tales organismos, determinen
lo que determinen, generalmente en perjuicio de los intereses nacionales. Pero
¿quienes son, cuál es su origen y a quienes representan tales organismos
internacionales? El proyecto identifica los siguientes: International Accounting
Standards Board (IASB), Intergovernmental Working Group of Experts on
International Standards of Accounting and Reporting (ISAR) de la United Nations
Conference un Trade and Development (UNCTAD), el Public Sector Committee
(PSC) de la International Federation of Accountants (IFAC), la International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) de la IFAC, el Institute of
Internal Auditors (IIA), el Ethics Committee (EtC) de la IFAC, el Education
Committee (EdC) de la IFAC y el World Trade Organization (WTO). Los orígenes
de los organismos más importantes, como son el IASB es el Accountants
International Study Group, AISG (que data de 1966), y de IFAC es el Comité para
la Coordinación de la Profesión Contable, ICCAP (que data de 1972), se remontan
a las décadas de los sesenta y setenta, cuando los mercados internacionales,
específicamente los financieros, empiezan a desarrollarse y, así mismo,
comienzan a requerir unos niveles y productos informativos y de control que la
profesión contable debe satisfacer. Estos organismos se crean a instancias de los
gobiernos de los países desarrollados, con Estados Unidos, Gran Bretaña,
Canadá, Alemania, Francia, Holanda, Japón y Australia a la cabeza. La aparición
de México dentro de este selecto grupo es más anecdótico que significativo,
puesto que el norte que han seguido estos organismos ha sido el de reflejar los
intereses de los países del mundo desarrollado, de forma más decidida a partir del
programa de convergencia IASC-IOSCO que se concreta a partir de mediados de
los noventa del pasado siglo, cuyo fin era armonizar las normas internacionales
(NIC) con las norteamericanas (US-GAAP). Al interior de IFAC ocupan un
destacado lugar la Grandes Firmas Transnacionales de Auditoría, por lo que las
orientaciones de este organismo responde a los intereses de tales empresas, que
son coincidentes con los de las grandes organizaciones financieras, de la
producción industrial y de los servicios. En cuanto a la Organización Mundial de
Comercio, se sabe que es una organización que aparece como uno de los
resultados de la Ronda de Uruguay, en 1995, reunión que se realizó dentro de las
actividades del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),
creado en 1947. La OMC es considerada como la organización principal en el
proceso de globalización o de generalización del libre comercio.
Reconocer como “organismos internacionales competentes” para la emisión de
normas contables, de auditoría y de contaduría a los organismos mencionados
arriba es delegar, en contra de la autonomía nacional, el poder de regular estos
asuntos en el entorno colombiano, entregando la soberanía de dirigir el proceso
informativo, de control, educativo y de comportamiento ético profesional y
empresarial a unas organizaciones que representan unos determinados intereses,
muy diferente y distantes de los que puede tener la inmensa mayoría de nuestros
entes empresariales y públicos, supuestamente beneficiados con la adopción
normativa que nos ocupa. En otras palabras se está entregando parte de la
soberanía nacional.
En el artículo cuarto del anteproyecto se determina, a partir del principio de
escalabilidad, una clasificación de los entes económicos en niveles uno a tres. La
importancia de esta clasificación está en que el primer nivel debe adoptar de
manera plena los estándares internacionales en tanto que los otros dos deben
adoptar unos sistemas restringidos de información, muy deficientes incluso
comparándolos con el contenido de la actual regulación contable vigente en
Colombia.
TÍTULO II - DE LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES.
DISPOSICIONES GENERALES
En el artículo 7 del proyecto merecen comentario algunos aspectos que se afirman
son principios que rigen la adopción:
Autonomía: se predica que existe esta cualidad entre quien decide la adopción
(¿el país?), quien supervisa los estándares (¿el auditor?) y quien los aplica (¿la
entidad económica?). Lo que menos se da en este orden de cosas, harto
comentado en páginas precedentes, es la autonomía. Se mencionaba arriba que
se entrega la autodeterminación regulativa en lo contable en beneficio de
entidades regulativas extranjeras que representan intereses extraños a los del
país. ¿Cómo se puede predicar autonomía en este proceso? Por el contrario es un
total sumisión a los dictámenes originados en los voceros del gran capital
financiero internacional.
Independencia entre los contable y lo tributario: en principio es una cualidad
deseable para establecer informaciones que tienen sentidos diferentes, sobre todo
pensando en el impulso al desarrollo económico a partir de la medición adecuada
de los hechos económicos dentro de un sistema de información específico, y los
datos tributarios que se orientan a la determinación de los derechos fiscales, pero
que casi nunca coinciden con el dato económico contable, básico para la toma de
decisiones económico-financieras de los entes empresariales. Sin embargo hay
que hacer una pregunta ¿Se han hecho los estudios pertinentes para determinar
los recursos humanos y financieros que deben dedicar las empresas de los
diferentes niveles de escalabilidad, para satisfacer este requerimiento, cuando en
la actualidad la mayoría de ellas llevan un solo sistema, fundamentalmente de
información tributaria?
Neutralidad: aunque ya me he referido a esto, es necesario recalcar que esta
cualidad sólo aparece cuando ya se han escogido los objetivos del sistema, antes
no. Cuando, como es el caso que nos ocupa, se ha escogido un sistema contable
tal que uno de sus principales objetivos se orienta a privilegiar la información que
permita la reproducción ampliada del gran capital financiero, no se puede predicar
neutralidad de la información financiera en general, sino sólo para los usuarios
contemplados dentro de los objetivos del sistema, como destinatarios de la
información. ¿En tales condiciones ésta es neutral?. No es así. ¿Esa información
le sirve al entorno nacional en igual medida que al capital financiero internacional?
Creo que no, es más, creo que lo perjudica y a partir de ahí pueden perderse
riquezas nacionales acumuladas por largos años de trabajo y ahorro de nuestro
país, circunstancia que ya se ha vivido desde la década pasada, a raíz de la
aplicación de la política de apertura económica irreflexiva.
Debido proceso: es un procedimiento que se lleva por los organismos reguladores
internacionales, ante los cuales no existe posibilidad de representación y que no
observa ninguna garantía para reflejar los intereses de entornos como el de
Colombia. Por ello el “debido proceso” es un adjetivo sin ninguna importancia más
allá del significado que implica el que cuando aparezca un estándar aprobado por
el organismo emisor, el país obedientemente debe aplicarlo si no quiere someterse
al desconocimiento y sanción por parte de las instancias reguladoras del exterior.
DE LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD.
Ya que en páginas precedentes he comentado varios aspectos frente al tema de
este capítulo, sólo estableceré algunos puntos críticos complementarios de
manera sucinta.
1. La adopción de estándares internacionales y el reconocimiento de organismos
reguladores externos al país es la entrega de nuestra capacidad de
autodeterminación reguladora en materia contable y la aceptación de un modelo
contable contrario a los intereses de la mayoría de los entes económicos de la
nación.
2. No se define qué se entiende en el proyecto de ley por ‘interés público’, a partir
del cual se está agenciando el proyecto, y si esa interpretación es acorde con la
filosofía regulativa vigente en Colombia. Personalmente interpreto que el
anteproyecto toma el interés público, como ya se ha anotado antes, como la
sumatoria de los intereses del gran capital financiero privado transnacional que
está a la expectativa de invertir en cualquier parte del mundo para acrecentar el
acumulado y su tasa de ganancia, que le garantice su reproducción ampliada.
Creo que este sentido va en contravía con el criterio de interés público que se ha
adoptado en el país a través de su tradición jurídica, el cual se orienta a identificar
lo público como aquel interés que compete a la sociedad en general, cuyo
representante es el Estado. Por ello, cuando se habla de ‘sector público’, a
diferencia de ‘sector privado’, se hace referencia a los organismos o instituciones
del Estado, que representan los intereses sociales generales. Esta nueva
acepción de ‘interés público’ es de nuevo cuño y tiene su origen en el léxico
neoliberal y trata de justificar la acción que se orienta a favorecer el interés privado
individual o grupal, en este caso el interés del capital financiero internacional,
presentándolo como el interés general de la sociedad colombiana.
3. La alta calidad, la transparencia y la comparabilidad de la información, son
cualidades que son deseables en cualquier sistema informativo para alcanzar sus
objetivos. Si este sistema lo tiene, tales cualidades redundarán en beneficio de los
usuarios representados en los objetivos del sistema, que como hemos insistido, no
son coincidentes con los de los usuarios nacionales mayoritarios, las empresas
grandes, medianas y pequeñas que no cotizan en los mercados internacionales.
4. En el artículo 13 se establecen varios requisitos para los estándares cuyo
cumplimiento es imposible:
a) Reconocer que los estados financieros producidos en concordancia con
dichos estándares revelan las necesidades comunes de información de los
diferentes usuarios. ¿Cuáles serán las necesidades de información comunes entre
un gran consorcio financiero con importancia mundial o continental y una empresa
colombiana, por ejemplo una bolsa ganadera, clasificada en el nivel 1 de
escalabilidad?
b) Parecida observación se puede hacer al numeral 2 de este artículo, con
relación a la información útil, tanto para usuarios nacionales como internacionales,
si es transparente, de alta calidad y comparable.
c) Que la adopción de los estándares internacionales favorece el interés
público. Esto, como ya se ha mencionado, depende de qué entendemos por
interés público, el cual debería cambiarse por interés nacional, en el sentido de
cobijar tanto el interés privado como el público del país.
Respecto al artículo 14 relacionado con las fases de transición, ya hice una
referencia en la página 8 de este escrito.
DE LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (y de la eliminación de la figura institucional
de control en Colombia: la Revisoría Fiscal)
Con relación a este punto, de capital importancia tanto para el ejercicio profesional
como para garantizar la seguridad económica empresarial y, si se quiere, del
patrimonio acumulado nacional, la crítica a los planteamientos del preproyecto
debe partir de la consideración cualitativa del modelo propuesto y de sus
experiencias en las economías donde actúa con amplia libertad.
El anteproyecto se orienta, según su articulado, a conseguir mediante la adopción
de estándares internacionales de auditoría de estados financieros y de auditoría
interna, “altos niveles de calidad y uniformidad de la auditoría que fortalezca la
credibilidad del público en la información financiera auditada y que redunde en una
mejor protección de los propietarios, inversionistas, autoridades públicas,
acreedores y otros tenedores de valores” (Art. 15) También propende por alcanzar
un grado apropiado de independencia entre los administradores, los auditores y
quienes elaboran la información financiera, que permita actuar al auditor de
manera objetiva y crítica, en el mejor interés público.
Para ambientar mi comentario a los planteamientos del preproyecto, transcribo a
continuación unas citas de prensa en un artículo de mi autoría, citado antes, que
se refiere a este aspecto, párrafo que muestra una ínfima parte de las
circunstancias vividas y de las denuncias realizadas por los involucrados en los
permanentes escándalos provocados por la actuación, entre otros, de grandes
firmas de auditoría creadoras y propulsoras del modelo de control que hoy
agencia, para nuestro país, el anteproyecto en cuestión:
Desplome bursátil: Con este título aparece en artículo de la agencia de noticias
Efe y dice así: “Las principales bolsas del mundo registraron la mayor caída de los
últimos meses tras la negativa reacción de Wall Street a los anuncios del
presidente Bush para castigar los delitos financieros, y por el nerviosismo de los
inversionistas ante la aparición, cada vez más frecuente, de escándalos por
manipulación de la contabilidad de la empresas. Por primera vez en muchos
meses, el miedo comienza a rondar por Wall Street de la mano de las últimas
caídas, que han llevado a los mercados a niveles no vistos desde septiembre del
año pasado”. ... “La crisis de confianza de los inversores desatada por los
escándalos contables en E.U. golpeó ayer otros mercados. La bolsa de Londres
se desplomó hasta su nivel más bajo desde 1997” .... “Por su parte la bolsa de
París cerró a la baja por cuarta jornada consecutiva al perder 3,95%, y se situó en
el nivel más bajo desde el 29 de octubre de 1998.” ... “En Frankfort el derrumbe de
las acciones del fabricante de software SAP tras revisar a la baja la facturación
contribuyó con el descenso de 1,7 %, hasta los 4.118,5 puntos, del índice DAX. La
bolsa de Madrid sufrió la reacción de las bolsas internacionales que provocaron el
segundo mayor descenso del año, un 3,15%, y un nuevo mínimo anual de 694,67
puntos. Tokio registró un retroceso de 2,48 % gracias la firmeza del yen frente al
dólar, que reduce los beneficios de los exportadores japoneses”. (Portafolio,
viernes 12.07.02)16.
Las citas anteriores son una mínima muestra de cómo las agencias
internacionales de noticias están registrando el comportamiento de las bolsas de
valores y de las posibles causas de las irregularidades. Se explica la debacle por
la duda fundada en las informaciones contenidas en los estados contables de
grandes corporaciones cuya incidencia en los mercados financieros es
significativa. Las cifras contables, se ha reconocido, han sido manipuladas por los
responsables de llevar la contabilidad, pero ellos no están solos, detrás de ellos
aparecen los altos ejecutivos de las empresas, los miembros de los consejos de
administración y, también aparecen comprometidos, los auditores, generalmente
pertenecientes a las grandes firmas de auditoría que son las cuidadoras de los
capitales de las empresas transnacionales en todo el orbe, y otros personajes
como analistas financieros, agentes de bolsa, inversionistas y políticos, son los
otros eslabones de esta cadena de corrupción.
El problema que se está presentando como una constante en los escenarios
donde se mueve el gran capital financiero, las bolsas internacionales de valores,
radica, de una parte en una crisis interna del modo de acumulación capitalista
financiero que se manifiesta en contradictorios comportamientos éticos, y en
buena medida en la crisis del modelo de control. Parece que todos los intentos de
renovación del modelo de control basado en la metodología de la auditoría
selectiva y posterior no han podido garantizar el anunciado salto de este viejo
modelo a la moderna visión del aseguramiento de la información, y si lo dio no fue
lo suficientemente contundente y cayó en el vacío; no de otra manera se explica la
cantidad de escándalos que a lo largo y ancho del mundo se están sucediendo, en
los que siempre aparecen comprometidas las más importantes firmas de auditoría
internacional. O, también puede ser, que el tan mentado modelo de aseguramiento
de la información no es ninguna panacea y sucumbe ante las triquiñuelas y
16 Àlvarez H., Adopción o armonización... , op. cit. Pág. 147.
connivencias de los administradores y de sus vigilantes, a pesar de las nuevas
tecnologías y métodos de contemplados por la nueva visión de la auditoría o
aseguramiento de la información con responsabilidad social (léase accountability).
“A medida que la informática se ha impuesto, los fraudes conocidos por la SEC se
han incrementado en el 80% en el periodo transcurrido entre 1987 y 1999, y en los
siguientes el incremento es aún mayor. Las limitaciones de cobertura de la
auditoría se complementan con la práctica de pruebas selectivas que permiten
errores o como técnicamente se les denomina, riesgos del trabajo, para su
efectividad, pues la mayoría de las transacciones contables y todas las actividades
no contables, en la consideración de la contabilidad financiera, fundamentada en
flujos de dinero, quedan fuera de tiro para la evaluación, por no ser objeto de
representación contable, porque la auditoría no es control... Los auditores conocen
poco de sus clientes porque su relación es eventual; preliminar y final son las
visitas realizadas; no hay continuidad en las evaluaciones, no hay un verdadero
conocimiento de las características de los negocios auditados, de sus prácticas
administrativas y ello explica la perplejidad de las víctimas de los descalabros
financieros. ‘Nunca escuché tantos no lo recuerdo de tantos graduados de Harvard
con tan alto coeficiente intelectual’ afirma Charles Prestwood mientras mira a los
ejecutivos de Enron ante los congresistas en Washington. Sus acciones pasaron
de valer 1.44 millones de dólares a 6.400 dólares”17 Prestwood es un jubilado de
Enron y había aceptado las acciones como parte de su plan de retiro de la
empresa. Hoy debe vivir con la renta que le producen los US $ 6.400.
Agrega el profesor Franco en páginas siguientes de su Réquiem18 un acápite
titulado ‘Desvanecimiento de la responsabilidad’, en el que parte por establecer
qué es responsabilidad y sus consecuencias civiles, económicas y penales y
determina cuatro formas de evasión de la misma, practicada por las grandes
firmas transnacionales de auditoría y contabilidad. Estas formas son: por
17 Franco R. Réquiem de la Confianza. Escándalos empresariales, negocios y contaduría.
Investigar Editores, Pereira, 2003.
18 Ídem, pág.s, 124 y ss.
estructura, por términos contractuales, por terminología y por desplazamiento. La
evasión por estructura se refiere a que las entidades en cuestión se organizan de
manera tan flexible que finalmente eluden la responsabilidad ya sea por el ínfimo
capital con que se han registrado en algún país o ciudad, o por que son
representadas a partir de concesiones o franquicias, con lo que responden sus
agentes nacionales, quedando así eximida la gran transnacional. Incluso hay
casos de sanciones pecuniarias que pagan las empresas, frente a la sanción de
por vida de los contadores personas naturales, obviamente estos últimos no son
los socios principales de la firma. La evasión por términos contractuales, similar
que las pólizas de seguros, se materializa en que las firmas responden por lo que
se consigna en cláusulas visibles y eluden la responsabilidad a través de cláusulas
marginales. En Colombia es usual reducir la revisoría fiscal a las funciones de
auditoría financiera. La evasión por terminología se incorpora en los informes a
través de un lenguaje vago, laxo y carentes de significado concreto vinculado a
estándares que por su contenido limitan la independencia y la responsabilidad,
con términos como opinión y razonabilidad, ya que son términos carentes de base
empírica, amplios, laxos, que permiten un amplio margen de variación de los
datos, conceptos o posiciones. La evasión por desplazamiento se refiere al
traslado de la responsabilidad a un tercero, en relación con aspectos patrimoniales
o personales. Por ejemplo cuando se establece que la información presentada es
responsabilidad de la administración. Igual cuando se trata de responsabilizar a
las personas naturales pero no a las jurídicas, en caso de litigios. Todos estos
aspectos, resultantes de las actuaciones de las grandes firmas transnacionales de
auditoría, hoy forman parte del modelo de control que se pretende adoptar
oficialmente en nuestro país.
Proponer como objetivo del proyecto, en lo que a auditoría se refiere, la calidad del
servicio para alcanzar la credibilidad del público, la protección de los propietarios,
el grado apropiado de independencia y una actuación objetiva y crítica en el mejor
interés público, aplicando el mismo modelo comentado arriba y fracasado en otros
países, parece una ironía19. Respalda esta hipótesis del fracaso del modelo el
discurso del profesor hindú de la Universidad de Yale, Shyam Sunder, pronunciado
en la VI conferencia Internacional de Contabilidad en Calcuta el 11 de enero de
2003. Se titula ‘La estructura de la Contabilidad y la Auditoría: un
replanteamiento’20. En lo relativo a la Auditoría anota que a finales de la década de
los setenta se eliminaron ciertas disposiciones de los códigos de ética contra la
competencia, que existían para las profesiones en EE.UU. El AICPA modificó en
1979 el Código de Ética, lo que implicó un cambio en la actitud de las firmas de
auditores. La auditoría se convirtió en un mercado presionado por la competencia.
Los precios bajaron a medida que los administradores de las corporaciones
pedían, año tras año, nuevas ofertas a las empresas de auditoría para conseguir
un mejor precio de sus auditores. A estos precios cada vez más bajos, los
auditores no podían seguir haciendo lo que habían hecho durante mucho tiempo
y tener una vida decente. Algo tenía que cambiar y cambió. Para sobrevivir en
este nuevo entorno competitivo que se les impuso, los mismos auditores crearon
un nuevo modelo de negocios. Este tenía tres nuevos elementos: una nueva
combinación de productos, una nueva función de producción y una nueva política
de remuneraciones.”21
El primer elemento se desarrolla a partir de que los auditores sabían que podían
ganar más dinero vendiendo servicios adicionales de consultoría a los clientes que
19 Transcribo, por ser pertinente, los acápites 17 y 18 del literal b, pág. 9, del Derecho de Petición a
los Miembros del Comité Interinstitucional, realizado por el abogado Jorge Eliécer Mantilla Valdés,
relativo al Preproyecto de Ley en cuestión: ”El modelo de control de calidad sobre el cual se
sustenta IFAC, incluido en el anteproyecto de ley como obligatorio, es el mismo que ya fracasó y
que antes se denominaba PEER REVIEW o revisión por pares, el cual consistía en que las firmas
de auditoría se revisaban entre sí, con las consecuencias de los escándalos financieros que hoy
conocemos. Prueba de lo anterior la constituye el hecho de que el control de calidad de Arthur
Andersen, responsable de la auditoría de ENRON, se encontraba a cargo de Deloitte & Touche, y
ya sabemos qué pasó en esta compañía, en la cual acaeció el mayor acto de fraude de la historia
de Estados Unidos, demostrándose así la ineficacia y la corrupción del modelo propuesto en el
proyecto. Como si esto fuera poco, hoy la firma Deloitte & Touche (que recibió la mayoría de los
clientes de Arthur Andersen, tanto en Colombia como en el mundo), también se encuentra
involucrada en distintas investigaciones, la última de ellas en PARMALAT. Este es el modelo que se
quiere imponer en Colombia a través del presente anteproyecto, el que abiertamente contradice las
políticas anticorrupción del Señor Presidente de la República.”
20 Este discurso está disponible en la red en el sitio: www.som.yale.edu/faculty/sunder, o en
http://ssrn.com/abstract_id=413581
21 Sunder, op. cit. pág. 10
auditaban, ofrecieron tales adendos a los contratos, tales como asesoría en
impuestos, en temas laborales, de mercadeo, comerciales, etc. En Colombia se
ofreció (¿aún se ofrece?) el servicio de Revisoría Fiscal como un añadido menor al
servicio principal de auditoría22. Desde aquí todas las firmas salieron al mercado
con portafolios crecientes de servicios sin parar mientes en si tales actividades
eran opuestas o contradictorias en su ejercicio y si comprometían su
independencia o ponían en riesgo su idoneidad. Ya tenían una estrecha relación
comercial con los altos niveles de la gerencia y un conocimiento detallado de las
operaciones, la situación financiera, las fortalezas y las debilidades de las
empresas. La relación de confianza mutua hizo más facil que la gerencia asignase
esa tarea a los consultores colegas del auditor, en vez de buscar un consultor
competente en otra parte. 23 Las ofertas podían cubrir los más amplios espacios
de la gestión organizacional. En las controversias recientes, siempre se ha
culpado a los servicios de consultoría por el colapso de la auditoría”24
El segundo elemento consistió en canjear las costosas pruebas substantivas o
pruebas empíricas de la condición real de la empresa auditada (arqueos,
confirmaciones de cuentas deudoras y acreedoras, pruebas físicas de inventarios
de mercancías y propiedades, avalúos, etc.), en las que generalmente
descansaban las bases del informe, por pruebas analíticas de escritorio, de bajo
costo y rápido resultado.
El tercer elemento de reestructuración de la auditoría para hacerla más
competitiva fue una decisión simple pero efectiva en el desestímulo a la
realización de un tipo de trabajo cualificado e idóneo: la reducción de la
remuneración de los nuevos profesionales de la auditoría.
22 Por supuesto que en estos casos el ejercicio de la Revisoría Fiscal seguramente será concebido
bajo el criterio de su equivalencia con el de la auditoría, salvo en la emisión del dictamen, al cual se
le agregan ciertas observaciones formales contenidas en los artículos 207 y 208 del Código de
Comercio. Sólo así se puede concebir la Revisoría Fiscal como un añadido.
23 Sunder, op. cit. pág. 10
24 Ídem, pág. 10
Los auditores podían esperar que este nuevo modelo de negocios mantuviera la
viabilidad económica de sus empresas. Pero un fue así, porque el viraje de
modelo de negocios tuvo importantes consecuencias que no se habían previsto.
El recorte de la prueba substantiva (los auditores que visitaban las bodegas para
contar los inventarios y pedían confirmación directa de los que supuestamente
adeudaban a sus clientes) dio más oportunidad a los gerentes para que falsearan
sus datos, si lo deseaban, con una menor posibilidad de que los auditores
detectaran la falsedad. El creciente énfasis en la venta de servicios de consultoría
con alto margen de ganancias para las empresas que auditaban, obligó incluso a
los arrogantes socios de las empresas de auditoría a convertirse en vendedores
que suplicaban a las puertas de sus clientes. Era difícil que esos socios pudieran
atenerse a su propio juicio sobre la exactitud de los informes financieros en
jugosas negociaciones con los presidentes y vicepresidentes financieros de las
empresas; de éstos siempre dependía la posibilidad de conseguir otro proyecto de
asesoría. La caída en los precios de auditoría obligó a modificar la función de
producción y la combinación de productos, lo que a su vez redujo la calidad de los
servicios de auditoría. Pero las obligaciones de los auditores no disminuyeron. Las
consecuencias llegarían pronto25
Múltiples y desastrosas para la economía de muchos países y empresas, y
nefastas para la profesión contable han sido las consecuencias de estas
actuaciones de grandes firmas de auditores, de las cuales todo el mundo se ha
enterado en años recientes, que han minado la confianza de inversionistas,
acreedores, trabajadores y público en general; los dictámenes y conceptos
emitidos por este tipo de auditores no constituyen ninguna garantía para las
decisiones de quienes están en posibilidades de arriesgar capital en busca de
rendimientos futuros. La falla no es un asunto formal, es un problema del
estructural del modelo de auditoría anglosajón agenciado por las grandes firmas
de auditoría transnacionales.
25 Ídem, pág. 11.
Proponer cambiar la institución autóctona de control de nuestro país, para adoptar
este modelo en crisis no es una propuesta juiciosa y sospechosa de favorecer
intereses extraños. Es el trueque, en beneficio del interés de las monopólicas
firmas transnacionales de auditoría, de un modelo de control integral, el que hoy
debe ejercerse por ley, la revisoría fiscal, por uno de control posterior y selectivo,
que no garantiza la protección del patrimonio empresarial. El anteproyecto es
discriminatorio con la profesión contable nacional, la del simple contador individual
y la de la pequeña firma nacional, pues obliga a seguir el modelo de estándares
internacionales de IFAC, que, según lo demuestran las recientes experiencias en
el plano internacional, no son de máxima utilidad ni brillan por su efectividad.
(Además, por lo menos en E.U., están en revisión acogiendo una orientación
similar a la de la Revisoría Fiscal, pues se abandona la autorregulación y se opta
por el apoyo de la regulación estatal a través de la ley Sarbanes-Oxley)26.
Esta propuesta está apuntalada en el poder estatal encarnado en los organismos
gubernamentales que integran el Comité Interinstitucional, dos ministerios, tres
superintendencias, la Contraloría General, la Contaduría General (que aunque ha
sido crítica del contenido del ante proyecto sigue participando en su elaboración y
trámite). “Resulta sorprendente además que el proyecto respalde los grandes
conglomerados de las transnacionales de auditoría haciendo fértil y fácil su campo
de acción, al igual que se inmiscuya en la normatividad aplicable por la Contraloría
General de la República; pues en este caso ordena que tal entidad se pliegue a
las instrucciones en materia de control internacional, el que, como se sabe, no es
universal o genérico, ya que el mismo depende del país, tipo de gobierno y su
estructura estatal, circunstancia que lo hace inaplicable en nuestro terruño. Y lo
que es más grave, le hace perder al señor Contralor de la República su autonomía
en este campo.”27
26 Con esto no estoy afirmando que el modelo norteamericano de control sea el mismo que el
agenciado por IFAC, sino que son de índole similar, obedecen a la misma orientación y son
practicados, los dos por las grandes firmas de auditoría, en las tendencias del aseguramiento de la
información y de los servicios de seguridad razonable.
27 Numeral 20 del literal b. Derecho de Petición presentado al Comité Interinstitucional presentado
por el abogado Jorge Eliécer Mantilla Valdés.
De otra parte, y quizás lo más importante para la profesión contable del país, es el
cambio de la función de control adjudicada por ley al contador público, como
revisor fiscal, asimilado a un funcionario público, por el ejercicio de una labor, que
aunque importante como es la auditoría de estados financieros, nunca es
comparable y menos equiparable a la función de dador de “fe pública”. Si bien los
profesionales contables no hemos sabido valorar esta facultad ni aplicarla con la
suficiente idoneidad, no por ello debemos feriarla a cambio de una actividad que
ya desempeñamos y que no constituye el ejercicio fundamental en el interés
público nacional. Por el contrario, esta figura debe ser el objeto de la atención,
tanto del legislador, para darle un cuerpo normativo de funciones técnico y
coherente con el interés económico nacional, de los investigadores contables para
enriquecerla en cuanto a desarrollos tecnológicos, de las instituciones de
educación superior para propiciar dichos desarrollos y difundir entre los
profesionales los avances alcanzados en procesos de educación continuada y de
parte de los profesionales que deben capacitarse y aplicar este modelo de control
en función principal del interés público nacional.
En numerosos escritos recientes el C.P. Samuel Mantilla, coutor-ideólogo del
anteproyecto, ha adoptado el papel de sepulturero de la Revisoría Fiscal (RF).
Varios de estos escritos, hoy compilados en el libro Auditoría / Aseguramiento de
Información. Estructura conceptual de la auditoría: de la revisión al aseguramiento
contienen afirmaciones referidas a la RF como una actividad desueta y a la ‘fe
pública’ como un método de auditoría superado por ‘el interés público’. La única
salida que le da este autor a la RF es la de asimilarse a la auditoría financiera y
seguir los estándares internacionales, es decir desaparecer en su actual acepción
de institución (para algunos órgano) legal de fiscalización de entes económicos
con el propósito de crear confianza pública.
Si se asimila a estándares internacionales, dice el C.P. Mantilla, debe desarrollarse
en cuatro frentes diferentes: RF para empresas que cotizan en mercados de
capitales; RF para PYMES; RF para entes gubernamentales y, RF para entes sin
ánimo de lucro. Buena parte de estos planteamientos se han recogido en el
anteproyecto en cuestión. El primer argumento de esta propuesta descansa
fundamentalmente en que el mundo cambió como consecuencia del fenómeno
económico globalizador; la economía de mercado a diferencia del modelo
esquema normativo precedente, funciona bajo parámetros diferentes relacionados
con la calidad en aras del interés público. La economía de mercado da prelación a
la calidad por encima de las normas. Se favorece la competitividad y la cobertura
de mercados que no son homogéneos; los hay locales, regionales, nacionales e
internacionales, y, por consiguiente, los estándares son correspondientes. Sin
embargo este profesor no reconoce ninguna posibilidad de desarrollo de la R.F., la
condena al atraso y a la desaparición, cuando según muchos estudiosos del país y
extranjeros la proponen como ejemplo a seguir por otros países, dadas sus
características que posibilitan el desarrollo del control integral y permanente de las
organizaciones. Tampoco el profesor le da la más mínima importancia a la ‘fe
pública’ más allá de caracterizarla como un método desueto, que aparece como
necesaria garantía entre el propietario y el tomador de decisiones, mediante la
‘atestación’ o revisión fundada en el análisis de pruebas y en el muestreo
estadístico y no estadístico.
El segundo argumento, para justificar el abandono de la RF, quizás el más
importante esgrimido por el profesor Mantilla, es el de que la soberanía de los
Estados está cuestionada y que se hace urgente disminuir sus tamaños en aras
de posibilitar la existencia de gobiernos eficientes que puedan garantizar el
bienestar de todos28.
Los dos argumentos están relacionados y pueden resumirse en uno: La
globalización impone la economía de libre mercado que garantiza el bienestar de
todos los que acojan sus reglamentos y estructuras. En consecuencia, si Colombia
desea que sus habitantes accedan a tales niveles de bienestar debe eliminar las
barreras normativas y acoger como un todo el nuevo modelo propuesto, en
28 Mantilla S.A., ¿Ha cambiado la Revisoría Fiscal? Documento inédito, Bogotá, 2000. Pág. 4.
general y en los que a contaduría se refiere, en particular. “Definitivamente, la
revisoría fiscal si ha cambiado. Existe un nuevo paradigma que es necesario
adoptar con urgencia. Ello implica abandonar teorías y prácticas obsoletas,
trasnochadas, repetidas innecesariamente... O se adoptan los estándares
internacionales, o se perece”29.
Frente a estos argumentos, hay plantear un debate ideológico-político, a partir de
la confrontación de modelos de desarrollo y de la creencia de que alguno, en este
caso, el modelo único económico que trata de imponerse en el mundo y que está
fundamentado en la teoría económica neoclásica, más comúnmente conocido
como modelo neoliberal, puede garantizar el “bienestar de todos”. Yo diría,
siquiera de la mayoría. Para dirimir si el modelo económico neoliberal
caracterizado por la disminución del tamaño del estado, la eliminación de las
barreras arancelarias, la independencia de la autoridad monetaria de la
gubernamental, incluso la eliminación de las monedas locales, etc., es esa
panacea que nos quiere presentar el profesor Mantilla, no necesitamos ir muy
lejos. Nuestro país es un buen ejemplo del resultado de tales medidas, adoptadas
parcialmente a partir de la década de lo 90. Se disparó el desempleo,
desaparecieron las empresas insignia del país, el crecimiento económico, que
había sido una constante por más de cuatro décadas superando el 4%, se fue a
pique, el agro con el café incluido vive la crisis más grande de la historia reciente;
es decir, el panorama no puede ser más crítico y desolador. Similares ejemplos
pueden encontrarse en nuestro continente, como los casos de Argentina, México,
Ecuador, Bolivia, etc., que viven crisis desesperantes para sus habitantes, luego
de que sus gobiernos acogieran como alumnos aplicados las medidas recetadas
por los organismos multilaterales de financiación, que no reflejan tal
multilateralidad a la hora de imponer sus medidas, ya que sus directrices son
unilaterales y favorecen al gran capital financiero transnacional.
29 Ídem, pág. 10
La propuesta del profesor Mantilla no me parece de confiar y es sospechosamente
coincidente con la posición agenciada por los representantes de firmas
transnacionales de auditoría, siempre presentes cuando de atentar contra esta
figura nacional del ejercicio profesional contable se trata. Recordemos el reciente
debate a propósito del proyecto de Estatuto de la Revisoría Fiscal. Menos
confiable la propuesta del profesor me parece, cuando de ella, plasmada en el
anteproyecto, se derivan consecuencias no previstas para la Contaduría Pública
en general, en lo profesional, en lo educativo, en lo ético y en cuanto a la
responsabilidad social. Como hemos dicho en otras partes de este escrito, aún no
se han realizado los estudios de impacto pertinentes para respaldar la
implantación de los contenidos del anteproyecto.
Además, la revisoría fiscal constituye un rico e interesante campo de investigación
y de enriquecimiento de la figura del control económico-social, cuyas raíces se
hunden en la tradición latina del control público, a diferencia de la Auditoría, que
aunque participa del mismo origen latino de la Revisoría Fiscal, sus modernos
desarrollo la identifican con el modelo anglosajón de control privado que pretende
garantizar el bienestar individual del contratante antes que el social público.
La Revisoría Fiscal es una institución típicamente colombiana pero no única en el
mundo. Desempeña, como actividad central, la auditoría de los estados
financieros en las organizaciones, así como otras funciones derivadas de su
naturaleza de control societario. En el mundo existen instituciones similares,
sobresaliendo los comisarios de cuentas, los auditores, los síndicos y los censores
jurados, entre otros, quienes tienen objetivos parecidos y trabajan con regímenes
reguladores propios. El fenómeno de la globalización ha producido
transformaciones y cambios profundos en todas estas instituciones. En Colombia,
la Revisoría Fiscal nació en la sociedad anónima y se ha ido extendiendo a
prácticamente todos los entes económicos, incluido el sector público.
La Revisoría Fiscal es, en medio de inmensas dificultades y problemas, una
institución de enorme arraigo en la gestión empresarial colombiana. Si bien es
cierto que tiene un origen y una reglamentación legal muy fuerte, también tiene
una caracterización profesional muy arraigada, basada en la práctica profesional
de la Contaduría Pública. Por esta razón, el Contador Público es el único
profesional que puede asumir las responsabilidades derivadas de las funciones de
Revisoría Fiscal y, a la vez, se ve precisado a trabajar en ambientes
interdisciplinarios no siempre carentes de conflictos de interés.
En consecuencia, el actuar de la Revisoría Fiscal en los entes económicos va
mucho más allá de lo jurídico e implica la interacción de cinco componentes
básicos: (1) económico (el negocio); (2) administrativo (la organización); (3)
jurídico (las normas y reglamentaciones); técnico-contable (contabilidad, costos,
control interno y evaluación de riesgos); y (5) operativo (procedimientos y técnicas
de análisis).
La Revisoría Fiscal es una institución de carácter jurídico a la que se le ha
asignado un lugar en los entes económicos (órgano de control) y unas funciones
específicas, entendidas como funciones de auditoría y/o interventoría de cuentas.
Nace en las sociedades anónimas colombianas y se profesionaliza cuando se le
asigna a la Contaduría Pública.. Posteriormente se extiende a diferentes
sociedades mercantiles y a un conjunto de entes económicos, como elemento
necesario para la protección de la estabilidad pública económica.
Con los cambios internacionales en los negocios (economía de mercado;
tecnología de la información) y sus consecuencias en la Contabilidad (ahora:
Sistemas de Información Contable; Sistemas Integrados de Información), la
auditoría (ahora: Servicios de Aseguramiento de la Información), y el Control
(ahora: Autocontrol), las necesidades de elaboración conceptual y de generación
de modelos prácticos se ha acentuado, conllevando a transformaciones
profundas.
La estabilidad pública económica requiere, entre otros, de la institución de la
Revisoría Fiscal, motivo por el cual la sociedad misma la reconoce y valora.
Ello lo ha expresado manteniéndola en el tiempo, extendiendo los entes
sometidos a su trabajo y, en algunos casos, cuestionando su eficacia. La
numerosa legislación sobre el particular, unida a un cúmulo de jurisprudencias, da
prueba de cómo desde los más diversos ángulos de la sociedad se ha ido
reconociendo su importancia.30
He querido apoyarme en este documento de la Universidad Javeriana para
resaltar la importancia que tiene la revisoría fiscal, ya que, sin estar de acuerdo en
todo lo que allí se afirma, veo pertinente su contenido porque aporta razones en
defensa de nuestra figura de control.
En cuanto a la investidura que el legislador le ha otorgado al contador público
como dador de ‘fe pública’, si bien al profesor Mantilla no le merece sino tan sólo
comentarios desobligantes, entre otras porque le adjudica una supuesta
representación del ‘sector político de la contaduría’, hay que decir varias cosas:
a) El legislador ha investido al Contador Público (CP) de una facultad
importante para el adecuado desarrollo de las operaciones mercantiles y para
mantener el equilibrio y el orden económico. Cuando un CP firma un estado
contable se presume, se asume como cierto, digno de fe, el contenido atestado.
30 Los párrafos en cursiva son apartes tomados de un documento de presentación de la
Especialización en Revisoría Fiscal ofrecida por el Departamento de Ciencias Contables de
Universidad Javeriana en 2001, cuando era Director de ese Departamento y de la Especialización
el C.P. Samuel A. Mantilla, hoy ideólogo del anteproyecto en cuestión. El subrayado pretende
resaltar un importantísimo aspecto que es coherente con la posición que he querido mantener en
este artículo en contra de la adopción de un modelo de información y control contable que,
mientras no se demuestre lo contrario, creo que está alejado de los intereses profesionales y
económicos nacionales.
b) Esta es una facultad que en escasas y determinadas circunstancias ha
otorgado el legislador a algún funcionario, como a los notarios dentro del país o a
los cónsules en el exterior. Desafortunadamente esta investidura en muy poco ha
sido apreciada por los profesionales, para resaltar la importancia de su ejercicio,
por la academia para profundizar en su contenido y fortalecer la identidad del
contable desde la aulas, y por los gremios profesionales, que deberían ser los
abanderados en su promoción y defensa.
c) La fe pública no es la confianza pública, pero constituye uno de sus
soportes. La confianza pública es un estado de la realidad social creada por
múltiples personas cuyas acciones tienen trascendencia en un ámbito dado. Los
actos de los gobernantes contribuyen a crear confianza pública. Cuando un CP, en
ejercicio de sus funciones da fe pública de un acto o hecho y esta atestación está
conforme con la realidad, tal acto contribuye a crear confianza pública, la cual
redunda en su beneficio y en el del equilibrio social. ‘Según James Coleman la
confianza es un recurso que emerge en los individuos de los lazos sociales y en
palabras de Pierre Bourdieu la fuente de las ventajas y oportunidades que
obtienen las personas al ser miembros de cierta comunidad; en fin es la moneda
que permite el funcionamiento social, facilita la coordinación y cooperación para
obtener beneficios mutuos. La confianza es motor de desarrollo cuando se
incorpora a las relaciones intersubjetivas e interpersonales, e instrumento de
minimización de regulación legal o contractual de relaciones a las cuales sustituye
por comportar una relación inversa con ellas’31. La ley le ha confiado al CP ser
partícipe en la creación de la confianza social en el ámbito económico, por lo que
debe responder por las consecuencias de sus actos ante la sociedad entera. Hoy
más que nunca el entorno nacional reclama una actitud íntegra del CP que soporte
las decisiones más certeras de los empresarios frente al difícil reto de la
globalización económica.
d) Por lo abordado antes la fe pública implica responsabilidad social. Un acto
de atestación del CP implica consecuencias a través de otros actos realizados por
los usuarios de la información rubricada por el contable. La suma de todos los
31 Franco R., op. cit. Pág 15.
actos de los posibles usuarios conforma un entretejido de decisiones complejo de
consecuencias profundas en el entorno respectivo. La responsabilidad social exige
al CP dirigir sus actos en dirección de un deber ser que proteja el equilibrio y la
equidad del ámbito social donde actúa ejerciendo su función de juez de hechos
económicos y notario de actos contables.
e) La fe pública está íntimamente relacionada con el saber y con la
investigación. No de otra manera puede ser ejercida con propiedad. La realidad
económica en la que actúa el CP es cada vez más compleja y exigen el manejo, si
no el dominio de saberes tecno-científicos para poder dar cuenta y razón de la
misma. El CP debe ser un estudioso y un investigador constante si quiere cumplir
a cabalidad con la calidad de dador de fe pública.
f) La fe pública es concomitante con el comportamiento ético. La ética
constituye un campo de conocimiento y acción intrincado y difuso. Se orienta a
determinar y, a partir de ahí, juzgar la calidad de los actos del hombre, a partir de
un conjunto de normas morales que le sirven de guía. Específicamente en el
campo de acción del CP, nos encontramos con difíciles retos para determinar el
deber ser objetivo al cual deben dirigirse sus actos. Necesariamente nos
adentramos en otro intrincado campo como es el de la ideología, desde la cual se
establecerán los elementos constitutivos del deber ser. En un ámbito ideológico
marcado por el modelo económico neoliberal, los objetivos orientadores dirigirían
al CP a alcanzar las metas propuestas en este modelo. Es lo que pasaría si se
adopta la orientación ética formulada por IFAC. Desde mi punto de vista otro
debería ser el comportamiento del CP si está comprometido con el bienestar social
nacional.
En lo que a auditoría y control de las actividades económico-financieras se refiere,
la adopción del modelo IFAC, complementa la propuesta del Comité
Interinstitucional, de entregar la independencia del país en beneficio de los
grandes capitales financieros internacionales, pues es en su interés que se ha
desarrollado tal modelo de control, coherente con el modelo de información
desarrollado por IASC hoy IASB, ya comentado antes. La adopción de un modelo
de control que ha permitido escandalosos negociados causantes de crisis en
diversos entornos, es lo que nos propone el Gobierno, a través del anteproyecto.
Por supuesto que tampoco se habrá realizado el correspondiente estudio de
impacto que causará tal adopción. Cabe preguntarse igual que lo hice respecto del
modelo de información: ¿Se han hecho los estudios pertinentes para determinar
los recursos humanos y financieros que deben dedicar las empresas de los
diferentes niveles de escalabilidad, para satisfacer este requerimiento de control a
la luz de los estándares internacionales? ¿Qué auditores controlarán las cuentas?
¿Se ha pensado en las universidades y en el tiempo que les llevará capacitar a
sus profesores para que impartan estos conocimientos entre los estudiantes? ¿Y
qué decir de los estudiantes que egresarán en los próximos dos años, que no han
estudiado este modelo, pero que la práctica profesional se lo exigirá de manera
inmediata? Y finalmente: ¿cómo afecta el cambio de modelo de control a la
gestión de las empresas, a su patrimonio y al patrimonio nacional?
Si se piensa responsable y patrióticamente en el porvenir de la nación no debe
avanzarse sin responder este tipo de inquietudes y muchas otras que están
manifestándose al interior de la comunidad contable y de la empresarial del país.
DE LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE CONTADURÍA.
El capítulo cuatro del anteproyecto de ley se refiere a la adopción de los
estándares internacionales de contaduría (direccionados en el artículo 8, numeral
3 del anteproyecto), y con ello se refiriendo a la adopción y aplicación de las
disposiciones emitidas por IFAC relativas a la educación y a la ética; y a las
emitidas por la Organización Mundial de Comercio, las reglas aplicables a la
concurrencia de los mercados de servicios profesionales.
En consecuencia voy a dividir el análisis de este acápite en tres partes así: a)
análisis de la adopción de estándares internacionales de educación; b) análisis de
la adopción de estándares internacionales de ética, y c) análisis de la adopción de
estándares internacionales de ejercicio profesional.
a) Análisis de la adopción de estándares internacionales de educación.
Arriba hemos dicho que el saber contable no es un saber inocuo, pues su práctica
tiene efectos en los procesos de creación y de distribución de la riqueza al interior
de un entorno social. Lo mismo se puede decir de la profesión contable como un
todo. Anotábamos también la importante repercusión social de los actos de los CP
cuando actúan como revisores fiscales y dadores de fe pública; también son
significativos los actos del contable en su ejercicio privado profesional. Estas
circunstancias de ejercicio requieren de una exigente preparación académica, que
permita al CP alcanzar las metas propuestas por el medio en el que actúa. Cabe
aquí preguntarse qué metas son las que propone el entorno social; y, a mismo,
cuál educación, qué tipo de contenidos conceptuales, qué fundamentos, qué
técnicas, qué habilidades, qué competencias soportarán y deberán ser
desarrolladas en el proceso educativo del contable para alcanzar las metas
propuestas por el entorno social.
La discusión toma aquí un derrotero similar al recorrido en páginas anteriores. Es
el modelo socioeconómico el que propone las metas, modelo que debe orientar el
conjunto de acciones sociales productivas y distributivas, a la satisfacción de los
requerimientos de la población. Y dependiendo de tales metas se orientarán los
contenidos educativos.
‘El nuevo modelo económico necesita un buen conocedor de una técnica, de una
disciplina, de un arte, y que realice o ejecute aquello que le compete y para lo cual
fue contratado...El desarrollo científico y tecnológico ha conducido a un tipo de
trabajo que se realiza con procesos y procedimientos mucho más
sofisticados...se requiere cualificar la mano de obra con mayores exigencias en
cuanto a competencias técnicas y conocimientos científicos y tecnológicos se
refiere’...’a cada modelo de sociedad corresponde un modelo económico y como
el sistema educativo es el encargado de preparar a las nuevas generaciones para
su ingreso de una manera productiva a la sociedad de la cual forma parte, al
nuevo modelo económico que se está imponiendo en Colombia debe
corresponderle un nuevo sistema educativo’.32
En coherencia con estos criterios, el Comité de Educación de la IFAC ha
producido, desde los años noventa, varias guías de orientación educativa, que
pretenden constituirse en las bases de formación de los contables en el ámbito
mundial. Entre las más destacadas aparece la guía “Una estructura conceptual
estratégica para educación de pregrado en la profesión contable en el año 2000 y
siguientes”, la guía 9 “Calificación previa a la educación, la evaluación de la
competencia profesional y los requisitos en materia de experiencia de los
contables profesionales” (revisada en 1996), la guía “La tecnología de la
información en el plan de estudios de la contabilidad” (revisada en 1998) y el
documento de educación internacional 2 (IEP 2) “En búsqueda de contadores
profesionales competentes” (Abril de 2003). Por su parte la UNCTAD también ha
producido en 1998 un documento denominado “Plan de estudios para la formación
de contables profesionales”. Todos estos documentos orientadores de la
educación contable en el plano internacional tienen unos denominadores comunes
que los hacen similares en su tendencia formativa: se orientan a hacer del
contable un instrumento de soporte del desarrollo de la economía mundial,
concebida esta como la de los grandes consorcios transnacionales de las
finanzas, de la producción de bienes y servicios y de las economías de las
grandes potencias del mundo desarrollado.
Su énfasis radica en la fuerte preparación técnica en contabilidad, auditoría,
informática, gestión empresarial y mercados. Este modelo educativo se orienta
hacia una preparación académica de tipo técnico funcionalista, caracterizada por
la ausencia de reflexión crítica del quehacer, con los que se garantiza el soporte
32 Lasso A. S., Competencias laborales y desintitucionalización de la formación profesional.
Documentos Sindesena, Bogotá, Junio, 2001.
permanente del sistema económico a cuyo servicio se ha formulado. Cuando se
habla de responsabilidad social se identifica ésta con el interés público, esto es la
suma de los intereses de los inversionistas financieros.
Puntos que brillan por su ausencia en los planes educativos arriba mencionados y
que deben tenerse en cuenta para garantizar el adecuado ejercicio profesional
comprometido con el bienestar social que va más allá del éxito del capital
financiero internacional, tienen que ver con la responsabilidad social profesional,
su papel frente al bienestar comunitario y de control de la riqueza empresarial y
ambiental privada y pública nacionales. Mínimas referencias se hacen al papel de
la investigación como función creadora e impulsora de los nuevos saberes
tecnocientíficos contables; algo similar ocurre con la fundamentación teórica, base
de la incursión hacia la solución de nuevos problemas de la información y el
control de la riqueza, como por ejemplo la contabilidad ambiental y la cultural, que
deben ser el soporte de información, valoración y control del patrimonio nacional.
De lo anterior derivamos la correspondencia del modelo educativo con el sistema
económico que avanza imponiéndose como modelo único en el panorama
mundial. Sin embargo debe tenerse en cuenta que la educación no debe estar al
servicio exclusivo de un patrón. La Universidad encarna la conciencia social, es
atalaya crítica que le indica el camino a seguir a la sociedad por lo que no puede
hipotecar su autonomía y su independencia.
En Colombia viene imponiéndose, desde hace varios lustros, un modelo
económico basado en orientaciones neoliberales, cuyas características más
importantes anotábamos arriba, con resultados catastróficos para el país. Dadas
tales circunstancias que son demostrables en muchos de los escenarios
comerciales internos y externos, financieros, productivos, del empleo, etc., la
educación universitaria, en este caso la educación contable, aplicando el criterio
de la autonomía debe sustraerse al papel de sustentar el modelo económico en
cuestión y, a partir de un profundo proceso reflexivo y crítico, construir un derrotero
que le ofrezca mejores alternativas al contable para desarrollar su rol con
responsabilidad social. En tal sentido los énfasis deben cambiarse, haciendo
primar la fundamentación reflexiva y crítica que propenda por el desarrollo y
aplicación de conocimientos orientados a desentrañar los interrogantes, los
problemas contables de identificación, medición, valoración, comunicación y
control, relativos a los procesos productivos y distributivos concernientes a la
riqueza social creada a través de las organizaciones empresariales y al
mantenimiento de la riqueza ambiental, sin perder el horizonte de su compromiso
con el bienestar social nacional.
Por ello no puede avalarse, sin un examen detenido sobre la orientación de sus
contenidos, las propuestas educativas de organismos internacionales cuyos fines
pocas veces coinciden con las conveniencias nacionales. No se trata de
chauvinismo, de un sentimiento nacionalista irreflexivo, sino de proteger primero el
interés del país, antes que el extraño. Si se trata de avances técnicos,
tecnológicos y científicos que propendan por el avance empresarial y
organizacional sin poner en riesgo la conveniencia social interna, bienvenidos
sean. De lo contrario la profesión contable en general y la academia en particular
está en la obligación de defender el derecho a su independencia y a su
autodeterminación.
b) Análisis de los estándares internacionales de ética.
Aunque inicialmente en la cultura humana el término ‘ética’ deriva de ‘costumbre’,
en la evolución posterior del sentido del vocablo, lo ético se ha identificado cada
vez más con lo moral, y la ética ha llegado a significar propiamente la ciencia que
se ocupa de los objetos morales en todas sus formas, la filosofía moral. Por su
parte ‘moral’, que también se deriva de ‘costumbre’, tiene una significación más
amplia que el de ética.33. Dentro de tales significaciones es útil para el análisis
distinguir, como lo hace Kant, la moralidad de la legalidad. Ésta puede ser, entre
33 Criterios tomados del Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, Alianza Editorial,
Barcelona, 1986. Pág. 1057.
otras, jurídica, científica y moral. ‘En cuanto a la legalidad en sentido moral, su
sentido más estricto es el que encontramos en Kant, quien distingue entre
legalidad y moralidad. La determinación de la voluntad que tiene lugar según la ley
moral se llama ‘legalidad’; sólo la determinación de la voluntad que tiene lugar por
amor de la ley puede llamarse ‘moralidad’. Respecto al deber la legalidad es la
acción conforme al deber en tanto que la moralidad es la acción por el deber, que
es lo mismo que respeto a la ley.’34 El criterio de ley está referido, en el sentido
kantiano, a la universalidad de su forma, por lo que no hay excepciones para las
leyes. Ahora bien, según que la ley tenga que cumplirse inexorablemente o pueda
no cumplirse, puede establecerse una diferencia, siendo la primera de índole
natural (científica) y la segunda, moral (ética). La segunda puede ser pero no debe
ser violada, por ello se expresa en un lenguaje prescriptivo. La propuesta kantiana
es válida para nuestro análisis, dado que aquí se están discutiendo propuestas
que pretenden favorecer a quienes las adoptan, pero que en muchas ocasiones se
valida según la conveniencia de grupos o fines particulares interesados. El criterio
kantiano toma siempre a la persona como un fin en sí mismo y no como un medio.
Toda persona es digna de respeto, sea quien sea y cual sea su situación, por
encima de ello está su condición de persona humana. Cuando se opta por un
entramado normativo que se orienta a favorecer ciertos intereses, como es el caso
que nos ocupa, donde la mayoría de los afectados no tienen ni voz ni voto en las
decisiones que adoptan, no puede la profesión contable ser ajena a las
implicaciones que de tales acciones se derivan. Recientemente, como lo hemos
mencionado en diversos apartes de este escrito, el mundo se ha resentido por los
escándalos empresariales, las quiebras fraudulentas, los convenios subrepticios
entre altos directivos, auditores e inclusos gobernantes, que han dejado sin
recursos a grandes conglomerados de acreedores, inversionistas y a pequeños
propietarios ahorradores, que habían confiado sus riquezas, grandes o pequeñas,
a la organización empresarial.
34 Ídem, pág. 1927
En el escrito de mi autoría de referencia35 incluí un acápite con el título de La
necesidad de volver a los fundamentos éticos en el que anoté ciertos aspectos
pertinentes al tema: ‘El péndulo se mueve hacia el control. EE.UU. reacciona ante
los abusos corporativos’ titula un artículo del Wall Street Journal Americas de
10.07.02; ‘Capitalismo y juego limpio. ¿Hacia el regreso de una mayor acción
reguladora del Estado?’ titula otro artículo del lunes 22 de julio de 2002 en
Portafolio. La orientación más recurrente es la de adoptar normas que impidan
que las grandes corporaciones estadounidenses y, de contera, las más
importantes empresas del mundo, se conviertan en cotos de caza donde impere la
ley del más fuerte, como en el tiempo de los bucaneros. Ya se ha visto como la
autorregulación, tan defendida desde los estrados neoliberales del modelo único,
no es ninguna garantía de transparencia y, a la larga, de seguridad del propio
sistema capitalista de libre mercado. Cuando estas circunstancias de corrupción y
de atropellos se convierten en el diario acontecer del alma del sistema, como hoy
se presenta en los estrados más significativos y representativos como son los
principales mercados de valores del mundo, es necesario un viraje hacia los
fundamentos, un regreso a los principios del sistema para ver si éste tiene
salvación.
Desde hace aproximadamente 25 años el mundo capitalista, liderado por Estados
Unidos, se dejo arrastrar al mundo autorregulado, pero no del fundamentado en
los sólidos principios puritanos y de la ética protestante que guió a los primeros
burgueses que se aventuraron a construir fortuna basados en un comportamiento
prudente, reflexivo, circunspecto, mediante el cual exaltaban el trabajo honesto, la
búsqueda de la ganancia justa que recompensara sus esfuerzos. Por el contrario
la ruta escogida se dirigió por los dictámenes de los ‘nuevos caballeros de
fortuna’, delincuentes de cuello blanco, prototipo del ejecutivo exitoso del mundo
financiero, a quien se le reclama que si tiene oportunidad de volverse rico, sin
importar los medios, la aproveche, pero que no haga el ‘oso’ de aparecer
comprometido en un escándalo y salga igual de pobre que cuando entró como
35 Álvarez, h. op. cit. Pág. 155. Los subrayados no son del original y pretenden resaltar aspectos
importantes para la discusión presente.
ejecutivo de la corporación. En este ámbito se perdona ser ladrón pero no bruto o
ingenuo.
Volver a los fundamentos éticos nos da la oportunidad de esclarecer cuales son
los propósitos de los sistemas políticos y económicos, y de orientar acciones
tendientes a eliminar comportamientos anómalos cuya presencia producen
efectos nocivos para los conglomerados sociales, sobre todo para aquellos que
dependen de las decisiones de los directivos políticos y empresariales, que son la
mayoría de los miembros de la sociedad. Asimismo nos permite determinar cuál
es el papel que juega, así sea en principio, un comportamiento ético de una
empresa, de un profesional, o una orientación ética de una regulación. En la
medida en que adoptemos una ética que cuenta de la búsqueda del bienestar
para la mayoría, estaremos negando la conveniencia de la adopción de éticas
polivalentes, a la luz de cuyos postulados cualquier comportamiento es defendible
y conveniente para el sistema político-económico.
En tal sentido, en un acápite titulado la eficacia del capitalismo democrático’ nos
dice Adela Cortina36 : “En los últimos tiempos un nutrido número de pensadores y
dirigentes del mundo económico y político insiste igualmente en que el capitalismo
no puede subsistir sin una moral adecuada, porque la integración social exige un
arraigado sistema moral (una coherencia moral), que no pueden sustituir ni el
control político-jurídico ni la ingeniería social. Este sistema de valores morales ha
ido evolucionando históricamente desde el puritanismo inicial al hedonismo y el
consumismo, causantes de las crisis actuales, y es hora de destacar las
aportaciones éticas que le son inherentes y que van estrechamente ligadas a sus
logros históricos. ... el capitalismo democrático configurado por la economía de
mercado, la democracia política y el pluralismo cultural, ofrece la mediación más
adecuada para resolver los problemas económicos y políticos básicos (pobreza,
eficacia, bienestar y libertad) y, por tanto, que goza de una innegable superioridad
moral frente al colectivismo e incluso frente a ciertas ofertas de ‘socialismo
36 Cortina A. Ética Empresarial. Editorial Trotta, Valladolid, España, 1996. Págs. 64 y 65.
democrático’, que en bien poco diferirían del capitalismo democrático. El núcleo
moral de este capitalismo, corregido en sentido reformista, consiste en una ética
que defiende la autonomía individual como exigencia de la libertad, unas
instituciones que aseguren la integración en la modernidad capitalista (estructuras
intermedias de la sociedad civil), entre las que destacaría la empresa, y en la
creación desde esas estructuras intermedias de un nuevo ‘hogar público’, capaz
de integrar vital y profesionalmente a los seres humanos de las sociedades
modernas avanzadas.”
Complementariamente a estas ideas que nos presentan una posibilidad de
desarrollo dentro del capitalismo, bastante diferente al comentado en páginas
anteriores, aparece la propuesta del capitalismo social y el management
comunicativo 37
. Está fundamentado en la ética discursiva, que pretende
transformar la racionalidad económica por medio de la racionalidad comunicativa;
intenta corregir el desarrollo económico sistémico desde la perspectiva del ‘mundo
de la vida’ e impulsar así una nueva transformación social del capitalismo, una
economía social, desde un nuevo fundamento normativo, no utilitarista ni
contractualista, sino discursivo, entendido en la práctica como control democrático
por parte de los afectados. Está orientado a mediar entre los aspectos normativos
y los fácticos, entre las ideas regulativas y las propuestas de acción
pragmáticamente realizables, porque las ideas regulativas indican perspectivas
metódicas de progreso económico-social, que van más allá de lo factible
inmediato, pero que no han de considerarse extrañas al mundo, sino más bien
fuerzas innovadoras de progreso histórico.
No se nos escapa que estas propuestas de tipo innovador y, si se quiere,
revolucionario, que pretenden darle al sistema capitalista una nueva orientación
de cara a la solución de los problemas sociales producidos por la distribución
inequitativa de la riqueza, son para muchos, planteamientos utópicos, ya que
hablar de capitalismo y moral es hablar de dos conceptos irreconciliables; la ética
del capitalismo es algo inexistente por cuanto, de existir, el mundo no andaría
37 Ídem, págs. 65 y 66
como está hoy, con más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza, sin
la debida atención en salud, sin educación y sin perspectivas de una vida decente.
Sin embargo el sistema económico capitalista vigente, por su propia conservación
no puede seguir por la ruta que trae, la derivada del modelo único, pues camina
hacia su propia destrucción. Aparece, por ello, la necesidad de construir
alternativas que permitan el desarrollo social en condiciones deferentes, más
equitativas, más humanas que permitan ser defendidas y promovidas desde
estrados que buscan la plena realización del hombre.
En esta misma vía se está desarrollando la perspectiva de la ética empresarial.
Así como se cuestiona la ética del capitalismo, se pone en duda la posibilidad de
la existencia de una ética de la empresa. Suele entenderse que la empresa se rige
por la racionalidad estratégica, en busca de la máxima ganancia sin importar los
medios para lograrlo, en tanto que la ética se dirige por la racionalidad
comunicativa, soportada en normas morales que velan por los intereses de los
afectados. La materialización de la ética del capitalismo pasa por el desarrollo de
una ética de la empresa, por ello es necesario construir un puente entre estos dos
importantes aspectos de la vida social. Esto implica superar un conjunto de
obstáculos derivados de la desconfianza del empresariado en el tema ético y de la
actitud que la misma sociedad tiene respecto del comportamiento empresarial.
El empresario medio piensa que para hacer negocios es preciso olvidarse de la
ética común y corriente, porque los negocios tienen sus propias reglas del juego,
regidas por una ética propia; cree que la misión de la empresa es la de maximizar
la ganancia por cualquier vía, en la medida en que cumpla con los preceptos
legales vigentes en el entorno en el que desarrolla sus actividades. Su máxima ley
es la del libre mercado38.
38 Ídem pág. 76
No se tiene claro si cuando la sociedad reclama mayor ética en los negocios, está
aludiendo a una necesidad, o más bien está tranquilizando su mala conciencia
dando la apariencia de que la ética le parece fundamental en la empresa, igual
que en otros espacios de la vida ciudadana, por que está de moda. Puede incluso
pensarse que imponer un comportamiento ético, de origen polivalente, aquél que
valida toda acción con algún argumento maniqueo, puede ser una estrategia para
sostener un estado de cosas que le conviene a cierto sector de propietarios, los
empresarios, con lo cual se adormecería el reclamo social.
Por otra parte, también existe un obstáculo en el concepto que el ciudadano
común tiene de la ética, como un conjunto de mandatos que deben ser cumplidos
sin atender ni a las circunstancias en el que el sujeto debe actuar, ni a las
consecuencias que previsiblemente se seguirán de la actuación. Quien obra en
contra de esos mandatos, se piensa, actúa en forma inmoral. Y como el
empresario se encuentra en muchas ocasiones entre el deber de cumplir esos
mandatos morales y el deseo de obtener beneficio, podrá obrar moralmente en su
vida familiar, pero no en la empresa. Con lo cual no es posible ser empresario y
obrar moralmente bien, por lo que tampoco tiene sentido hablar de una ética
empresarial.39
Para superar estas dificultades se propone el desarrollo de una ética de la
empresa que esté soportada en una ética de la convicción y una ética de la
responsabilidad, a la manera weberiana, fundamento que orientaría la acción
empresarial en consideración tanto de los medios como de los fines éticamente
válidos. Esta perspectiva casa con la de la ética discursiva, a la manera de Apel,
orientación que propone “que a la hora de actuar es preciso mediar la racionalidad
comunicativa con la estratégica; es decir, que es preciso considerar a cuantos
intervienen en la actividad empresarial (directivos, trabajadores, consumidores,
proveedores) como interlocutores válidos con los que es preciso relacionarse
comunicativamente, de suerte que se respeten sus derechos e intereses, pero a la
vez es necesario recurrir a estrategias para tratar de alcanzar el fin de la empresa,
39 Ibídem, pág. 78.
que es la satisfacción de necesidades sociales a través de la obtención del
beneficio. Cómo articular en los casos concretos ambos tipos de racionalidad es
cosa que la ética empresarial no puede precisar a priori. Su tarea consiste en
dilucidar el sentido y fin de la actividad empresarial y en proponer orientaciones y
valores morales específicos para alcanzarlo; las decisiones concretas quedan en
manos de los sujetos que tienen que ser responsables de ellas y, por tanto, no
pueden tomarlas sin contar con el fin que se persigue, los valores morales
orientadores, la conciencia moral socialmente alcanzada y los contextos y
consecuencias de cada decisión.”40
La orientación hacia una ética empresarial de nuevo cuño arriba reseñada se
desarrolla en la vía de la responsabilidad social de las empresas, si bien no existe
en este sentido una única concepción de responsabilidad social, pasando desde la
consideración de la maximización del beneficio económico como único norte
empresarial, con lo cual se considera que ya ha cumplido su fin social, hasta
aquella posición que concibe a la empresa como una célula de la colectividad, a la
que se debe con preferencia sobre los demás objetivos. Es esta última referencia,
la responsabilidad de la empresa como célula de la colectividad, que ha de
cumplir una funciones y asumir unos deberes sociales claros, es decir, la toma
de decisiones morales, la orientación de la nueva ética empresarial.
Adoptar una orientación ética respetable, moralmente defendible, es una garantía
para la existencia y desarrollo de la empresa y con ella del mismo sistema
económico y social. El mundo actual está mediado por la empresa y cada vez más
representado por la gran empresa. Paulatinamente la empresa transnacional se
va apoderando de los mercados de recursos y productos de consumo final más
allá de las fronteras de sus países de origen, actuando, como decíamos arriba,
como si tuvieran patente de corso. Tal conducta debe ser denunciada y
moralmente condenada. Esta nueva perspectiva de comportamiento moral
empresarial garantiza su desarrollo como entidad productiva, a la vez que
40 Ibídem, págs. 79 y 80.
posibilita la coexistencia de los diversos entornos en condiciones dignas para las
diversas colectividades participantes.
Por ello no se escapa de esta perspectiva que la responsabilidad empresarial va
más allá de la individual, se manifiesta como un deber hacia la colectividad, con
lo que los efectos que sus actos conlleven, deben ser asumidos y debidamente
tratados en beneficio del bienestar social, sean de tipo económico, ecológico,
laboral, etc.
De aquí se desprende que uno de los postulados de la ética empresarial es la del
respeto a las diferencias, a las condiciones jurídicas y legales que adoptan los
diversos países para regir su vida colectiva. Esto, por supuesto, se opone a las
orientaciones del modelo único, que trata de imponer, a través de los organismos
que lo agencian, unas comunes condiciones normativas que hagan posible el
tránsito de la riqueza hacia las arcas del gran capital. El nuevo panorama que se
puede derivar de las condiciones éticas antes anotadas, debe contemplar
preceptos que garanticen el desarrollo económico autónomo de las diversas
colectividades, a partir de la actuación de los múltiples actores, la empresa entre
ellos, con base en unas reglas del juego diferentes, que posibiliten la construcción
productiva de riqueza y de equitativa distribución.
Como hemos dicho en diversos apartes de este documento, las propuestas de
cambio en el comportamiento tanto del sistema económico como del empresarial
parecen estar fuera de tono dado el tremendo dominio que de la economía
internacional detentan las empresas transnacionales y sus respectivos países de
origen. Sugerir un cambio en la estrategia de un contendiente que está ganando el
combate parece lo más inoportuno y fuera de lugar. De aq que el tema de la
ética del capitalismo y de la empresa parece más un interés de diletantes
académicos que sueñan una realidad más justa, jugando idealmente a reformar el
actual sistema económico, que una posibilidad real. Sin embargo, la otra cara de
la moneda, la realidad de los países subdesarrollados, del tercer y cuarto mundo,
es un testigo que no puede y no debe ignorarse por una sociedad que se tenga
como democrática y, moralmente justa. Por ello no dudamos en citar los aportes
de estudiosos de este nuevo reclamo ético, que en alguna medida nos ofrece una
perspectiva de solución al problema aquí analizado.
Así como anotábamos respecto del modelo de auditoría anglosajón, el modelo
ético del mundo capitalista desarrollado también está en crisis, y si este sistema,
como es natural pretende seguir funcionando, debe replantear su comportamiento
y sus directrices desde la estructura. Los valores y el entramado normativo que
hoy está agenciando no constituyen ninguna garantía para su supervivencia y
menos para garantizar el progreso y la justicia social, objetivo que motiva su
existencia, según sus defensores y propulsores.
El imperativo kantiano de tomar a la persona humana por encima de cualquier otra
consideración, a partir del cual se adopte como ley de comportamiento y como un
faro orientador de las decisiones humanas, reclama su presencia en estos
momentos de crisis.
El código de ética formulado por la IFAC para contadores profesionales emitido en
2001, establece ciertas reglas de comportamiento que merecen una detenida
consideración en tanto que se orientan a ciertas modalidades de contratos que no
se estilan en el país (contratos de aseguramiento), además porque tales contratos
pueden ser de dos tipos (nivel alto de aseguramiento y nivel moderado de
aseguramiento), determinándose para cada caso niveles diferentes de
responsabilidad profesional y formas diversas de interpretar la independencia,
siempre dependiendo de las circunstancias y de la manera como un observador
razonable e informado pueda concluir como se han sucedido los hechos. Muchos
de tales estándares son tan gaseosos, tan imprecisos que parece hubieran sido
construidos para ser omitidos aparentando ser aplicados.
Los postulados éticos que propone la IFAC, corresponden a los principios y
orientaciones que han conducido al mundo a esta crisis moral sin precedentes en
el mundo moderno. Y tal conjunto de postulados es el que el anteproyecto
pretende que se adopte como orientador del comportamiento del contable
profesional nacional, así como que sea el fundamento en el cual se formen las
juventudes que cursan sus estudios contables en las universidades colombianas.
No deja de extrañar que críticas a tales orientaciones, del mismo tenor de las que
hemos incluido antes, merezcan alabanzas de nuestro colega hartas veces citado,
el emérito profesor Mantilla; refiriéndose al artículo ‘La amenaza de los contadores
éticos’ (1999), escrito por Ken McPhail de la Universidad de Glasgow, dice,
comentando tal artículo en la presentación del 15 de Cuadernos de
Contabilidad editado por la Universidad Javeriana, lo siguiente: Le sigue un
interesante aporte del profesor Ken McPhail de la University of Glasgow quien, a
partir de una profunda documentación filosófica, muestra cómo el comportamiento
de los denominados contadores éticos no es ni tan ético ni tan inocente como se
ha pretendido mostrar y cómo la educación contable tradicional lo único que ha
hecho es reforzar esos viejos esquemas. Propone un salto cualitativo hacia
posturas más abiertas, más humanas, que den a los contables la posibilidad de
trabajar no como esclavos’ de la gestión del capital sino como constructores de
una sociedad más humana y justa.’ El profesor McPhail critica la formación que
actualmente se imparte en el sistema educativo inglés y acepta conclusiones de
estudios que son desfavorables al comportamiento ético de los contadores
profesionales, dado que en tal esquema lo ético es precisamente el
comportamiento orientado por la racionalidad instrumental al servicio del progreso
del capitalismo, entroncada en el corazón del modelo económico neoclásico. Se
supone que los contadores deben garantizar, a partir de su oficio de informadores
y controladores de la dinámica empresarial, el adecuado funcionamiento de las
organizaciones productivas en donde se reproduce el capital, lo cual deben
hacerlo a costa de los sacrificios de muchos de los actores involucrados en el
proceso. La contaduría, la contabilidad y el modelo específico de utilidad para la
toma de decisiones’ en que se basa la contabilidad convencional en la actualidad
son percibidas como parte de la economía neoclásica. Sin embargo existen otras
posibilidades para direccionar nuestra disciplina y, desde luego nuestra profesión.
El profesor McPhail, con su argumentación respalda esta posición. Veamos un
aparte de su conclusión: Este documento ha intentado estudiar las relaciones
entre poder y ética en la educación contable. Ha provisto un resumen del trabajo
que Foucault realizó sobre la ética e intentó aplicar su trabajo a la educación
contable en orden a estudiar cómo puede operar el poder a través del discurso de
la contabilidad mediante la construcción de las identidades éticas de los
estudiantes de contabilidad. También se sugirió que la educación contable puede
operar de una manera hegemónica al construir individuos que ejercen control
contra mismos de manera tal que sus intereses sirven a los intereses del
capital. También se sugirió que la identidad contable se caracteriza por un modo
de sometimiento instrumental y racional que puede subyugar otras formas de
conocimiento y que reprime otras formas de desarrollo emocional de los
estudiantes, particularmente en la relación con la manera como perciben a los
otros individuos. El documento concluyó extrayendo algo de la ética posmoderna
como una posible base para la resistencia (en el sentido de Foucault) y sugirió
dos maneras prácticas con las cuales los educadores contables pueden comenzar
a conceptuar la manera como tienen que ser capaces de cambiar la hegemonía
de la racionalidad de la educación contable. En su nivel más ambicioso, ese
documento intentó reclamar la importancia de la pedagogía crítica como un
discurso y una práctica eminentemente políticos’ 41
c) Análisis de la adopción de estándares de ejercicio profesional.
El anteproyecto, en el literal c, numeral 3 del artículo 8, dice: (Se reconoce como
entidad emisora y sus estándares) ‘En materia de las reglas aplicables a la
concurrencia en los mercados de servicios profesionales a la World Trade
Organization (WTO) (Organización Mundial de Comercio - OMC), o quien la
41 McPhail K. La amenaza de los contadores éticos. Artículo incluido en Cuadernos de Contabilidad
nº 15. Universidad Javeriana, Bogotá, 2002. Pág. 21 y ss.
reemplace, y los acuerdos de comercio de servicios profesionales de contabilidad
ratificados por el Congreso de la República’. Se agrega en el numeral 3 del
artículo 20 lo siguiente, respecto a los objetivos a cumplir con la adopción de
estándares de contaduría: ‘Asegurar que la profesión sea ejercida de acuerdo con
estándares éticos, técnicos y de calidad reconocidos internacionalmente y que las
medidas relativas a las prescripciones y procedimientos en materia de licencias,
las normas técnicas y las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de
aptitud, no constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios
profesionales relativos a la profesión dela contaduría 42
Una primera pregunta que debe hacerse cualquier interesado en este proyecto de
norma contable es qué entidad es la OMC (WTO) y qué intereses representa.
El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en
inglés) suscrito por un grupo de 23 países en 1947, fue el origen de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), establecida en 1995 como resultado
de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales. Actualmente, los Miembros
de la OMC suman más de 140 y sus reglas cubren la casi totalidad del comercio
internacional de bienes y servicios.
Los resultados de la Ronda Uruguay abarcan un gran número de acuerdos que
superaron ampliamente las reglas iniciales relativas al comercio de productos
industriales. Los acuerdos alcanzados en 1995 incluyeron, por primera vez, temas
como la agricultura, los servicios, los productos textiles y el vestido, aspectos
relacionados con el comercio en materia de propiedad intelectual e inversiones,
así como nuevas reglas en antidumping, subvenciones y solución de diferencias.
La Conferencia Ministerial es el órgano principal de la OMC y debe reunirse al
menos cada dos años. Desde la creación de la OMC se han realizado cinco
Conferencias Ministeriales:
Singapur (diciembre de 1996)
Ginebra (mayo de 1998)
42 El subrayado es mío y pretende resaltar el aspecto más controversial que me propongo
cuestionar.
Seattle (diciembre de 1999)
Doha (noviembre de 2001)
Cancún (septiembre de 2003)
En Doha se lanzó un programa de trabajo muy amplio que abarca una ronda de
negociaciones que deberá concluirse el 1 de enero de 2005.
Estas negociaciones incluyen los temas de agricultura, servicios, comercio y
medio ambiente, trato especial y diferenciado, normas de la OMC (antidumping,
subvenciones y acuerdos comerciales regionales), acceso a mercado para
productos no agrícolas, examen del Entendimiento de Solución de Diferencias y
cuestiones relativas a la aplicación.
El programa de Doha también incluye un programa de estudio dirigido al
lanzamiento de negociaciones futuras en las áreas de inversiones, competencia,
transparencia en la contratación pública y facilitación del comercio. Finalmente, en
Doha se estableció programas de estudio para los temas de comercio y medio
ambiente, comercio electrónico, pequeñas economías, y la relación entre
comercio, deuda y finanzas.
La reciente conferencia de Cancún de septiembre de 2003 terminó en fracaso ya
que no se llegó a ningún acuerdo en cuanto al tratamiento del tema agrícola,
puesto que varios países desarrollados, como los EEUU y la Unión Europea,
mantienen su política proteccionista de subsidiar la agricultura, contrariando las
norma básicas dela OMC y, a la vez, pretenden que otros países, los del tercer
mundo entre ellos, liberen los mercados en su totalidad.
La OMC es considerada la principal institución del proceso de globalización (o de
generalización del ‘libre comercio’). Con la excusa de liberalizar el comercio, la
OMC crea las condiciones para que las grandes empresas transnacionales
(como Nike, Shell, Sony, Mitshubitsi, Elf, Telefónica, British Petroleum, Endesa,
Microsoft, General Electric, etc.) puedan dominar la economía mundial a su
antojo, destruyendo el medio ambiente y perpetuando la pobreza y la miseria, en
su búsqueda de poder y beneficios.
Una vez establecido quien es la autoridad propuesta para regular el ejercicio
profesional de la contaduría en Colombia, es necesario analizar el contenido
subrayado arriba, relativo al libre ejercicio de la profesión: que las prescripciones y
procedimientos en materia de licencias y de títulos de aptitud, no constituyan
obstáculos innecesarios al comercio de servicios profesionales relativos a la
profesión de la contaduría.
Esto se refiere, ni más ni menos, a que el ejercicio de la contaduría, a partir de la
vigencia de la ley de intervención económica puede ser ejercido por cualquier
profesional contable del mundo. Se ratifica esto en el parágrafo 3, numeral 1 del
artículo 24, que dice: El Gobierno Nacional diseñará el método más apropiado
para comprobar que el profesional extranjero cumple con los requisitos señalados
en el presente numeral para acreditarse como Contador Profesional Acreditado,
para lo cual podrá aceptar título o certificados expedidos por otros países. Una
vez acreditado, el extranjero ejercerá en el país con las mismas garantías de las
cuales goza el profesional colombiano.
De aquí resulta una pregunta obvia: ¿tenemos las mismas garantías en los otros
países los contadores colombianos? ¿podemos desplazarnos a otros países a
ejercer, así como los extranjeros lo podrán hacer en Colombia? La respuesta es
un rotundo ¡NO!; a los colombianos hasta para hacer turismo nos exigen visa en la
mayoría de los países del mundo (esta es una consecuencia de la desastrosa
política de relaciones exteriores de los dos últimos gobiernos). Uno de los
inconvenientes que se ha denunciado sobre la asimetría que encarnan las
negociaciones del ‘libre comercio’ es que ni los industriales tienen facilidad de
desplazamiento. ¿Se contempla la figura de los convenios de reciprocidad de
títulos en este anteproyecto? Nuevamente ¡NO! ¿Entonces que consecuencias
para la profesión contable activa y para los estudiantes contables puede traer el
anteproyecto, si se aprueba este articulado? Sencillamente que el oligopolio que
hoy ejercen unas cuantas firmas transnacionales y sus representantes nacionales
se acentuará, seguramente eliminando a tales representantes y a las pocas firmas
nacionales que hoy les hacen competencia. Recordemos que tanto los modelos de
información, como el de control, el ético y el educativo que supuestamente se
aplicarían en Colombia a partir de la aprobación de la ley provienen de las toldas
de estas organizaciones a quienes les interesa que sean profesionales formados y
expertos en tal andamiaje procedimental, quienes dirijan su ejercicio. A la gran
mayoría de los profesionales nacionales, en ejercicio y en potencia, les espera un
triste destino: deberán conformarse con los desperdicios del mercado profesional,
las contabilidades, las declaraciones tributarias, las auditorías de pequeños
negocios. El desempleo profesional, que ya es alto ascenderá de manera
exponencial. Nuestras universidades tardarán mucho en poder ofrecer
profesionales competitivos en estas áreas, además de que, para el país, para la
sociedad colombiana, por lo discutido en los dos acápites anteriores, no sería lo
más conveniente que estas instituciones se dirijan acríticamente a formar a sus
estudiantes bajo esas cuestionadas directrices.
III – ANÁLISIS DEL TÍTULO III
En este título el anteproyecto contempla básicamente dos aspectos coherentes
con lo contemplado en el artículo 38, en el que se suprimen las entidades que hoy
dirigen y vigilan a la profesión: el Consejo Técnico de la Contaduría y la Junta
Central de Contadores.
En este título se crea, por el artículo 27 el Comité Superior Contable, un
organismo figurativo, cuya principal función es ratificar, para el entorno nacional, la
vigencia de las disposiciones aprobadas por los órganos regulativos contables
extranjeros. Es un organismo mensajero, sin autonomía para concebir la
normativa contable, sino tan sólo para posponer la aplicación de algún estándar
que, a su juicio, sea contrario al interés público, no cumpla con los fines,
principios, objetivos y requisitos señalados en esta ley o lesione de manera grave
el conjunto de un sector económico. No puede modificar el contenido de ningún
estándar. Está integrado por personalidades que en su mayoría no serán
contadores; tan sólo el Contador General de la Nación. Sus reuniones previstas
semestralmente constituyen un indicativo de la poca importancia que les merece a
los autores del proyecto lo que este organismo haga o decida. De aquí se
desprende que el actual papel que el Consejo Técnico de la Contaduría está
realizando, como emitir pronunciamientos, orientaciones y conceptos, tampoco les
merece ninguna consideración. A partir de la vigencia de la ley todo será
importado en materia de estándares de contaduría en Colombia, no importa que
su calidad informativa, de control, ética y educativa sea no sea óptima y si los
objetivos de la información se orienten a mejorar la gestión de uno u otro sector de
la economía nacional. Esto es válido tanto para el nivel 1 de escalabilidad como
para los otros, aunque los estándares no sean los mismos. La incipiente
investigación, que desde este organismo oficial contable, estaba siendo impulsada
tiene aquí su punto final. La perspectiva de investigación desde otros estrados,
como las universidades o los centros de investigación también se ve atropellada
por cuanto la aspiración de cualquier estudio es llegar a ser debatido y puesto a
prueba a partir de posibles aplicaciones en el plano empírico organizacional. Si los
estándares vienen como productos terminados, no hay posibilidad de participar en
la discusión, y aunque se conocieran los proyectos, dado el andamiaje que existe
en los organismos reconocidos como emisores de estándares y de los intereses a
que obedecen, poca o ninguna posibilidad habrá de involucrar el interés nacional
en tales productos.
Con relación a la vigilancia del ejercicio profesional, labor que hasta hoy viene
ejerciendo la Junta Central de Contadores, el anteproyecto propone, además de
eliminar la Junta, trasladar tales funciones a la Superintendencia de Sociedades.
Es comprensible en parte, desde la óptica de los autores de la propuesta, la
eliminación del Consejo Técnico y su reemplazo por el organismo mensajero. Pero
eliminar la Junta Central, un organismo que ha venido cumpliendo con sus
funciones cada día con mejores resultados, donde tienen cabida, así sea en
minoría, los representantes de los profesionales vigilados, un organismo
compuesto en su totalidad por profesionales contables para reemplazarlo por una
dependencia de la Superintendencia de Sociedades, es una propuesta que debe
estar motivada por la intención de alejar a la profesión de su propia vigilancia. Los
casos que se consideran y juzgan en el tribunal contable requieren del
conocimiento de pares para determinar la calidad del acto infractor y su respectiva
sanción. Esto no parece merecer ninguna consideración a los proponentes. La
profesión contable para estos señores es una actividad de comercio que puede
ser vigilada por un organismo que tiene a su cargo la vigilancia de un número de
sociedades cada vez menos importantes, puesto que no vigila las financieras, ni
las que tienen inscritas acciones o títulos en las bolsas de valores, ni las
cooperativas, ni las de salud. Parece que se estuviera buscando oficio a la
Supersociedades para evitar que, como a cada rato lo hace este gobierno, la
fusione con otra dependencia o la elimine del organigrama nacional.
Muchos aspectos importantes han quedado por fuera de estas consideraciones,
que pretendo abordar en otro documento. Entrego estas reflexiones al debate, con
la intención de aportar a la mejor solución que quienes tienen el poder decisional,
deban tomar.
Finalmente quiero manifestar ante la profesión contable, a quien represento en el
Consejo Técnico de la Contaduría, que estaré atento al desenvolvimiento de los
acontecimientos relacionados con el anteproyecto comentado y que los puntos de
vista que he incluido aquí, los expondré en su oportunidad en este organismo y en
los foros en donde pueda participar, siempre con el propósito de defender