INTRODUCCIÓN:
La apertura de los monopolios en poder del Estado ha sido por varios
años un tema de discusión diaria, tanto en la clase política, como
social de este país. Están por un lado los que aprueban y abogan por que
dicha figura se lleve a cabo y por el otro los que la desaprueban. Cada
sector expone las razones que justifiquen su punto de vista y los
motivos por los cuales se aferran a sus ideales. Con el presente trabajo
pretendemos dar una visión panorámica más amplia de lo que significaría
una apertura en algunos servicios como telecomunicaciones y seguros y de
las consecuencias positivas y negativas que de ello se derivarían. Más
que el punto de vista de políticos o de la clase sindical de Costa Rica,
que no hacen otra cosa que defender sus intereses, queremos que el
lector tome como referencia ambos puntos de vista con sus
correspondientes razonamientos y llegue a sus propias conclusiones. Al
fin y al cabo creemos que es usted, amigo lector y ciudadano quien paga
por un servicio, es el que debe valorar si el mismo se le está dando de
la forma idónea de acuerdo a sus necesidades y quien debería, en
circunstancias normales, ser tomado en cuenta a la hora de que se tomen
las decisiones trascendentales que afectarán al país, como es el caso
que desarrollamos a continuación.
CAPITULO I
1.1 RESEÑA HISTÓRICA
1.1.1Creación del ICE e INS
Los monopolios en Costa Rica tienen su origen a partir de la primera
mitad del siglo 20 con la creación de instituciones como el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Nacional de Seguros
(INS), como fruto de un afán reformador de las personas que tuvieron a
su cargo dicha tarea y que, en su oportunidad, consideraron que lo mas
conveniente era que éstas entidades estuvieran en manos estatales. Lo
anterior sumado a la necesidad de satisfacer las exigencias de un pueblo
que requería un mejor servicio por el cual pagaban y del que no estaban
satisfechos y que estaba en manos de compañías extranjeras, en el caso
del servicio eléctrico.
Fue así como la creación del ICE en 1949, representó en su oportunidad
la culminación de una larga lucha librada por varias generaciones de
costarricenses en procura de una solución definitiva al grave problema
de la escasez de energía eléctrica y pérdida de soberanía nacional en el
campo de la explotación de los recursos hidroeléctricos del País. Desde
1928 la Electric Bond and Share, una compañía transnacional con sede en
Nueva York, se había adueñado de las tres empresas que prestaban el
servicio eléctrico en el valle Central. En ese momento se levanta un
clamor popular acaudillado por destacados intelectuales que alertan a la
población ante la apropiación de un recurso nacional estratégico por
parte de una compañía extranjera. Estas fuerzas se aglutinaron en torno
a la Liga Cívica Nacional. Uno de los principales líderes de este
proceso fue el expresidente don Alfredo González Flores. Sin embargo no
es sino hasta la creación del ICE, que se logran las condiciones para
rescatar la soberanía nacional en el campo de la explotación de los
servicios eléctricos.
Durante 20 años de control extranjero del recurso eléctrico,
prácticamente no se construyeron nuevas plantas hidroeléctricas en el
país para responder al crecimiento de la demanda. Como resultado de esta
situación el país entero se ve sumido en una crisis de constantes
apagones y congelamiento de servicios nuevos, lo que se convierte en
motivo de descontento popular. El camino a seguir lo señala la comunidad
de Heredia cuando en Cabildo Abierto el pueblo determina que la solución
es no depender de la empresa extranjera y construir su propia planta
hidroeléctrica, se decide así la construcción de la planta Carrillos de
Poás. La construcción de esta planta, que estuvo a cargo del Ing. Jorge
Manuel Dengo quien fuera más tarde fundador y principal ideólogo del
ICE, demostró que los costarricenses estaban en capacidad de asumir la
solución al problema eléctrico. En 1949 el Ing. Dengo junto con un grupo
de profesionales proponen a la Junta Fundadora de la Segunda República
la creación de un Instituto Costarricense de Electricidad para la
recuperación de la soberanía nacional y la solución del problema
eléctrico. Don José Figueres Ferrer (don Pepe) -Presidente de la
Junta-apoya la idea y el 8 de abril de ese año se aprueba la creación de
una entidad que se comprometería a resolver el problema eléctrico, a
“hacer de sus procedimientos técnicos, administrativos y financieros,
modelos de eficiencia que no solo garanticen el buen funcionamiento del
Instituto, sino que puedan servir de norma a otras actividades
costarricenses”. (Ley Constitutiva del ICE). A partir de este momento se
echa a andar un plan nacional de 30 años en el campo de la
electrificación, mismo que llega a cumplirse al pie de la letra. Desde
entonces el país será testigo de un proceso ininterrumpido de
construcción de plantas hidroeléctricas, La Garita en 1958, Río Macho en
1963, Cachí en 1966, Tapantí en 1972 y así sucesivamente. Es por medio
de una gestión de trabajo sostenido y planificado como logró el ICE
resolver el problema eléctrico y desterrar una larga noche de 20 años de
oscuridad y pérdida de la soberanía nacional en el ámbito estratégico de
la producción de energía eléctrica.
En cuanto al Instituto Nacional de Seguros, éste se creó según la Ley
No.12, del 30 de octubre de 1924. En su creación tomaron parte algunos
de los estadistas más connotados de nuestro país: el Lic. Ricardo
Jiménez Oreamuno, Presidente de la República en tres ocasiones y el Lic.
Tomás Soley Güell, Secretario de Hacienda y Comercio, en su tercera
administración.
Don Tomás Soley redactó la Ley de Seguros, que el Presidente Jiménez
Oreamuno envió al Congreso Constitucional. Primero comenzó sus
operaciones como Banco de Seguros y, en 1948, se convirtió en el
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. El INS se fundó con el propósito de
responder a las necesidades de protección de la sociedad
costarricense. El 05 de noviembre de 1925 se puso a la venta nuestra
primera póliza: el Seguro de Vida. El 17 de febrero de 1926, se autoriza
al Banco a manejar el Seguro de Incendio y en junio de ese mismo año,
por medio de Decreto Ejecutivo No.16, asumimos la administración del
Seguro sobre Accidente del Trabajo. Estos fueron los tres primeros
productos que el INS puso a disposición de los costarricenses.
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
El espíritu innovador y la visión fue lo que animó a algunos insignes
ciudadanos a introducir tempranamente en nuestro país aspectos como la
educación pública universal y gratuita, la creación del Banco Nacional,
la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social y, como forma de
ejemplo para otras naciones, a la abolición del ejército. Han existido
en Costa Rica a lo largo de su historia, sin duda, inspirados dirigentes
políticos, dignos de encomio y de emulación por su espíritu
patriótico. Los monopolios del Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE) y del Instituto Nacional de Seguros (INS) fueron frutos de ese
afán reformador. Durante décadas, ambas instituciones esparcieron
progreso por el país y cumplieron con gran eficiencia las funciones que
les fueron atribuidas por sus fundadores. Las grandes realizaciones de
un país son motivo de satisfacción y orgullo para los ciudadanos que lo
conforman. No obstante es hora de reconocer que los tiempos han cambiado
y que hoy son otras las necesidades y las posibilidades del país. La
revolución informática y la globalización económica avanzan cada día
más. Ya no basta con instalar teléfonos públicos en las zonas rurales.
Si se quiere competir en el ámbito internacional, si se pretende atraer
inversiones extranjeras capaces de potenciar nuestro desarrollo, si se
desea que la economía crezca en forma sostenida y se reduzca la pobreza,
es preciso contar con servicios de calidad mundial, con teléfonos
celulares que no enmudezcan, con conexiones de Internet confiables y a
bajo costo, y con seguros cuyo cobro no sea una pesadilla kafkiana. No
debería existir mérito alguno en negarse, por apego emocional o
prejuicio ideológico, a que la competencia y la inversión privada
coadyuven a mejorar servicios que evidentemente resultan inadecuados
para satisfacer las aspiraciones de desarrollo que tenga un país
determinado. Lo anterior ha originado que en el país se entre a debatir
desde hace algunos años sobre la conveniencia o no de que haya
competencia en los servicios de telecomunicaciones y de seguros en Costa
Rica y que tan conveniente, sana y beneficiosa para los consumidores
sería la misma.
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
1.3.1 Objetivo general:
Presentar, en forma detallada, la conveniencia para el país de la
apertura de sus monopolios, las razones que justifican el cambio así
como sus consecuencias, tanto positivas para los impulsan la apertura
como las negativas para los que se oponen a esta posibilidad.
1.3.2 Objetivos específicos:
· Establecer qué es un Monopolio y cómo opera el mismo.
· Determinar las ventajas y desventajas de la apertura de acuerdo a los
diferentes líneas de pensamiento.
· Indicar porqué las empresas en poder del Estado presentan problemas de
funcionamiento.
CAPITULO II
2.1 CONCEPTOS DE MONOPOLIO:
Un monopolio existe cuando la ley impone un único proveedor de algo.
Pero si alguien controla todo el mercado, el consumidor está a su merced
y puede imponerle altos precios y mala calidad.
Situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor
o productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para
cubrir sus necesidades en dicho sector. Para que un monopolio sea eficaz
no tiene que existir ningún tipo de producto sustituto o alternativo
para el bien o servicio que oferta el monopolista, y no debe existir la
más mínima amenaza de entrada de otro competidor en ese mercado. Esto
permite al monopolista el control de los precios.
Monopolio se puede definir cuando en un mercado económico en la que hay
un único vendedor o productor que oferta un producto para cubrir las
necesidades de dicho sector. Para tener éxito se debe tomar en cuenta de
que no debe de existir la amenaza de entrada de otro competidor en el
mercado.
2.2 ¿PORQUÉ DEBE DARSE LA APERTURA DE MONOPOLIOS?:
A continuación se detallan una serie de razones por los cuales se hace
necesaria la apertura de los Monopolios en Costa Rica, de acuerdo al
punto de vista de los sectores que apoyan dicha propuesta:
a-Los Monopolios afectan el precio de los productos o servicios:
Cuando en un mercado, hay solo una empresa, es muy probable que la
empresa pueda fijar libremente sus precios. Podemos imaginar que el
monopolista elige el precio y deja que los consumidores decidan la
cantidad que desean comprar de ese bien. Esto representa una composición
poco óptima e ineficiente, ya que los consumidores pueden perder
recursos gracias a las utilidades extraordinarias que le pueden
representar a la firma. Por esto, en economía, la estructura monopólica
de mercado no es eficiente y existe el concepto de que es indeseable.
El monopolio establece un precio mayor y ofrece una cantidad menor que
la competencia perfecta. El costo social del monopolio en relación a la
competencia perfecta, es la diferencia de cantidades y la diferencia de
precios.
En un mercado perfectamente competitivo, a cada comprador se le cobra el
mismo precio por cada unidad del bien particular (corregido por las
diferencias de calidad y de los costos del transporte). Puesto que el
producto es homogéneo y como, además suponemos perfecta información por
parte de los compradores, no pueden existir diferencias en el precio de
unidades de calidad constante. Cualquier vendedor que tratara de cobrar
un precio mayor que el precio corriente, se encontrará con que nadie le
compra el producto. Sin embargo, un monopolista puede estar en la
capacidad de cobrarle a diferentes personas diferentes precios y/o de
cobrar diferentes precios unitarios por unidades sucesivas adquiridas
por un comprador determinado.
Una fuente del monopolio se encuentra en el costo de establecer una
planta de producción eficiente, sobre todo en relación con el tamaño del
mercado. Esta situación surge cuando el costo promedio mínimo de
producción ocurre a una tasa de producción más que suficiente para
abastecer a todo el mercado a un precio que cubra el costo total.
El precio de monopolio, que no es constante como en la competencia
perfecta, es superior al ingreso marginal a diferencia de lo que ocurría
en aquella. De otro lado, el monopolista maximizador de beneficios
siempre se situará en el tramo elástico, colocando en el mercado un
volumen de producción inferior a la abcisa para la que se anula el
ingreso marginal.
En el monopolio no existe curva de oferta en el sentido de que
desaparece la relación biunívoca entre cantidad y precio (dos o más
precios para un mismo volumen de producción, o dos o más outputs para un
mismo precio).
A largo plazo el monopolista no necesariamente alcanza la escala óptima,
ni utiliza la planta de que dispone en su óptimo; pero lo lógico es que
con entrada bloqueada puede obtener beneficios extraordinarios también a
largo plazo.
El monopolista con dos plantas establece los volúmenes producidos a
través de la condición ingreso marginal igual a coste marginal en cada
una de las plantas; el precio se estable sobre la función de demanda y
oficina central computa los beneficios.
Se denomina discriminación de precios a cualquier práctica que permita
vender unidades iguales de un mismo bien a dos o más precios distintos.
Se dice que se da discriminación de precio de primer grado, cuando se
vende cada unidad del bien o servicio en cuestión a un precio distinto.
La curva de demanda de mercado se convierte para el monopolio
discriminante de primer grado también en la curva de ingreso marginal.
El monopolista discriminador obtiene para si el excedente del
consumidor. El monopolista discriminador lanza al mercado una cantidad
mayor que el monopolista puro.
Generalmente un monopolista puede obtener una ganancia mayor practicando
la discriminación de precios, sin embargo para hacer esto se requiere
que olas clases de consumidores sean identificables y separables y que
aquellos que compran el producto un menor precio no lo puedan revender a
aquellos que lo tendrían que comprar, de otra forma, a un precio mayor.
El ingreso marginal del monopolio es mayor en el largo plazo que en el
corto plazo, puesto que a los compradores les toma tiempo responder a
cambios de los precios.
La combinación de precio y producción que maximiza las ganancias se
encuentra hallando la tasa de producción a la cual el ingreso marginal
es igual al costo marginal y determinando entonces el precio máximo al
cual puede venderse dicha cantidad, el cual a su vez, se obtiene a
partir de la curva de demanda.
El monopolista no posee una curva de oferta, esta ultima se define como
el lugar geométrico de los puntos que muestran los precios mínimos a los
cuales se ofrecerán para la venta determinadas cantidades. Cualquier
precio particular de monopolio puede resultar en una amplia variedad de
tasas de producción y el producto generado dependerá de la forma y la
posición de la curva de demanda.
En general, podemos predecir que un monopolio generará una menor tasa de
producción y venderá a un mayor precio que una industria competitiva,
ceteris paribus. Además, el monopolista generalmente no operará a una
tasa de producción a la cual los costos medios de largo plazo sean
mínimos.
b-La apertura de los Monopolios facilita la libre competencia:
En todos los mercados, la competencia es el mejor acicate para que los
que en él participan, mejoren sus servicios. Una empresa monopólica,
propietaria de un mercado cautivo, no gana nada al aumentar su
eficiencia de cara al público. Por el contrario, una empresa en
competencia, tiene que superarse día a día, para evitar que sus clientes
emigren hacia sus competidores. Tal sucedió con la banca estatal
costarricense y en el proceso no sólo ganaron los clientes de los bancos
privados, sino que más ganaron los sufridos clientes de los hasta
entonces monopolios estatales quienes experimentaron de la noche a la
mañana una gran mejora en la atención al público. Se espera que una
situación similar se produzca cuando servicios como las
telecomunicaciones y seguros se abran a la competencia. Claro está que
no se ganaría mucho si se pasara de un monopolio estatal a uno privado o
a un oligopolio mixto, o peor aún a un oligopolio estatal. La actual
competencia de RACSA con él ICE, por ejemplo, no beneficia en nada al
cliente ya que cobran idénticas tarifas por idénticos servicios, sin
opción alguna. Por lo mismo tampoco se ganaría nada, si se autorizaran
más empresas estatales, municipales o de capital mixto -pero con control
estatal- a participar en el mercado en áreas geográficas definidas Nos
encontraríamos en la peor de las hipocresías: diciendo que tenemos un
mercado abierto, cuando en realidad lo que tendríamos sería la
segmentación territorial del monopolio.
c-La corrupción en el Sector Público y el mal manejo de los recursos
propiedad del Estado:
Una razón poderosa para privatizar lo constituye el abuso que muchos
jerarcas y políticos han cometido con las empresas estatales. Los
saqueos han estado a la orden del día en los últimos años. Los dineros
públicos que se han esfumado son de pertenencia de todos los
ciudadanos. Los gobernantes de turno obligan a empresas estatales a
comprarle bonos cuyos intereses pagan también con bonos. El propósito
del Gobierno Central es obtener dinero inmediato para cubrir parte del
déficit fiscal. Obviamente, esos bonos jamás se traducen en dinero
constante y sonante. Quedan en papeles que aumentan cada vez más la
obligación de pagar la deuda interna, cuya cancelación de intereses y
principal supera los mil millones de colones (más de un billón de
colones). A las empresas estatales -por el mismo hecho de ser del
Estado- no les importa burocratizarse y hacer gastos superfluos,
construir enormes edificios -a veces innecesarios-, acondicionar lujosas
oficinas, y comprar autos de último modelo. Todo eso son costos que
pagará, al final de cuentas, el consumidor o usuario de los servicios.
Si se tratase de empresas privadas, se cuidarían mucho de incurrir en
esos gastos, pues podrían quedar fuera de mercado al tener rendimientos
más costosos en su producción o funciones.
d-Lo avances tecnológicos:Otro aspecto oportuno de señalar es lo
relacionado con la agilidad o la actualización de cara a los avances
tecnológicos. Las empresas estatales han demostrado haberse quedado
rezagadas en un mundo donde la globalización exige telecomunicaciones
con tecnología de punta, y donde la energía es clave en la producción de
bienes y servicios, y por eso debe haber una apertura más amplia -por no
decir total- en la generación de electricidad.
El precio del petróleo se sufre en estos momentos, sube en forma
constante, lo cual encarece la producción y los servicios. Costa Rica,
que no cuenta con yacimientos de crudo, está obligada a acelerar su
producción eléctrica, pues de lo contrario se quedará atrás. Para lograr
eso se requiere la participación de la empresa privada en ese campo.
e-Los privilegios de que se goza en algunas instituciones del Estado:
Los vicios enquistados en las empresas estatales también golpean los
bolsillos de los ciudadanos. Las convenciones colectivas, los
privilegios que se arrogan los grupos sindicales, las prerrogativas que
se recetan camarillas de profesionales dentro de esas empresas públicas,
ocasiona que se eleven las tarifas. Muy diferente sería si estuvieran en
manos privadas, donde no es posible que se otorguen sumas de dinero a
los empleados solo por el hecho de contraer matrimonio, así como sobre
otras obligaciones o decisiones personales cuyo costo se le traslada a
todos los costarricenses. Ese conjunto de limitaciones y vicios, tiene
además una consecuencia muy grave: el alejamiento de compañías
internacionales que han venido a ver si se pueden instalar en Costa
Rica, pero como los servicios claves están atrasados o son ineficientes,
y como se colocan a costos muy elevados -muy por encima al de otras
naciones-, pues prefieren no establecerse aquí, perdiendo así el país la
oportunidad de obtener mayor riqueza y empleo. Una razón más: mientras
otras naciones ajustan sus economías, para hacerlas más dinámicas y
eficientes, la de Costa Rica permanece con la distorsión de las empresas
estatales -la distorsión de los monopolios-, lo cual significa que cada
día nos habremos de quedar más atrás -con mayor pobreza-, en tanto que
otros países, que contarán con más ventajas para colocar sus productos y
ofrecer sus servicios, nos sacarían del mercado internacional, o al
menos nos reducirán las oportunidades para vender nuestros artículos.
f-La apertura mejora y abarata productos y servicios:
Es necesaria la libre competencia en sectores actualmente monopolizados,
tales como hidrocarburos, seguros y telecomunicaciones, a fin de mejorar
la calidad y abaratar los productos y servicios. Es un imperativo moral
para respetar derechos fundamentales como la libertad de elegir y la
libertad de empresa. Es un imperativo económico si pretendemos el
mejoramiento del sistema productivo nacional y el beneficio de los
cuatro millones de costarricenses. No se debe seguir condenando a Costa
Rica al subdesarrollo. En hidrocarburos, el país se ha quedado rezagado
hasta el punto de que los precios plantel de RECOPE en gasolina superan
a los de la mayoría de países centroamericanos, a la vez que los
cuestionamientos sobre la calidad del producto y su impacto sobre el
ambiente siguen aumentando. En seguros, las encuestas han confirmado
continuamente la aceptación de la apertura entre la población en
general, pero aún más en el sector empresarial, ya que el costo de los
seguros es muy alto, lo que perjudica a agricultores, industriales y
demás sectores productivos.
La apertura en telecomunicaciones es necesaria cuando se demuestra que
el monopolio no tiene fundamento legal alguno sino que existe de facto,
como han demostrado recientemente varios juristas. Mantener un monopolio
no autorizado por ley violenta la libertad de elegir de los
consumidores, la libertad de empresa de los costarricenses y, aún más,
el derecho a la información y la libertad de expresión a través de
cualquier medio que prometimos defender al firmar la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La apertura en telecomunicaciones es
necesaria para que Costa Rica tenga competitividad en una economía
globalizada que gira en torno al conocimiento y a la información. Todas
las empresas y todos los ciudadanos necesitan y merecen
telecomunicaciones de excelente calidad. Esta es una de las razones por
las que se ha suscitado un apoyo masivo del pueblo a la apertura,
confirmado por las encuestas y por los pronunciamientos diarios de más y
más sectores en este sentido. La apertura fortalecerá al ICE y lo
volverá eficiente, como ocurrió con la banca estatal cuando se realizó
su apertura. El ICE posee una gigantesca capacidad instalada que le da
ventajas competitivas sobre las empresas que vengan posteriormente. Aún
más, el ICE podrá cobrar "peaje" a las demás empresas que deseen
interconectarse con su red, lo que traerá recursos frescos al ICE. Todo
esto sin quitar ni un clavo ni un tornillo de la institución. El ICE se
verá obligado a eliminar la corrupción interna para ser competitivo, de
modo que deberá eliminar el multimillonario gasto superfluo denunciado
por el Presidente de la República en febrero del 2003, tendrá que
revisar contratos obscuros con las SALES, etc.
2.3 ¿PORQUÉ LOS MONOPOLIOS DEL ICE E INS NO SON CONVENIENTES PARA EL
PAÍS?:
ICE:
Es una institución monopólica. El ICE funciona bajo un régimen de
monopolio. No hay nadie más que brinde servicios telefónicos en Costa
Rica, solo el ICE. Ante la ausencia de otros proveedores de servicio, el
ICE no se ve obligado a mejorar continuamente, porque no hay nadie que
le quite clientes. Las mejoras que realiza no responden a una amenaza de
competencia, sino simplemente a pura necesidad. Lo peor es que el
monopolio del ICE es legalmente respaldado: no es que el ICE sea el
mejor competidor del mercado, es simplemente que la ley no permite que
nadie más brinde servicios telefónicos. Puede haber una compañía privada
que brinde más servicios, más rápido y a menor costo, y la ley no la
deja venir a Costa Rica a servir a los costarricenses porque hay que
proteger el poder absoluto del ICE.
Responde a las leyes del sector público. Como institución pública que
es, el ICE debe regirse por la filosofía del sector público. Mientras
que en el sector privado la regla general es "la ley dice que no se
puede hacer y el resto es permitido" en el sector privado la regla es
"la ley dice que se puede hacer y el resto es prohibido". Esto significa
que para poder realizar compras de equipo y nueva tecnología debe
recurrir a licitaciones complicadísimas, lidiar con las quejas de los
perdedores de la licitación, y sobre todo someterse a la todapoderosa
Contraloría General de la República. No es nada raro que el ICE tenga ya
lista la compra de un nuevo equipo telefónico, y que de repente venga la
Contraloría y eche todo abajo... como el ICE es institución pública, no
puede hacer nada al respecto.
Es fuente de financiamiento para los políticos. Cuando se dice que el
ICE es la "caja chica del Estado", no se está exagerando. El ICE en
estos momentos financia muchos proyectos gubernamentales que no tienen
que ver con telecomunicaciones ni electricidad, no porque quiera sino
porque al ser estatal está obligado a hacerlo. El gobierno le quita al
ICE continuamente fondos que deberían ser reinvertidos en expansión de
capacidad y atención para usarlos en otro lado... y el ICE no puede
decir nada, porque es público.
Se encuentra plagado por sindicatos. Montones de ellos... ANTTEC, FIT,
ASDEICE, la lista es interminable. Estos sindicatos tienen un solo
objetivo en mente: defender los "derechos" de los trabajadores
afiliados. Entre estos "derechos" resulta estar el derecho a no trabajar
como se debe, el derecho a que no puedan ser despedidos si no sirven, el
derecho a declararse en huelga cuando les dé la regalada gana, y una
serie de derechos y privilegios que simplemente no deben existir en
ninguna institución, pública o privada. Los sindicatos se dedican a
meter ruido y distorsiones a los diferentes procesos de transformación
del ICE, y terminan haciéndolas imposibles o extremadamente difíciles de
realizar.
No tiene propietarios. El hecho de que el ICE sea público no significa
que sea del pueblo, significa que no es de nadie, salvo los que estén en
su dirigencia. Al no ser de nadie, nadie puede reclamarle nada ni puede
tomar acciones contra él. En una empresa privada hay propietarios que en
caso de que la empresa comienze a fallar pueden tomar su dinero e irse
de ahí. En el ICE no. Ningún costarricense, por más impuestos que pague
y por más patriota que sea puede llegar, tomar su parte del ICE y
cambiarla por otro bien que le sea más beneficioso. Por supuesto, como
nadie puede decir "esto no sirve, me voy", el ICE no siente ninguna
presión por dar un mejor servicio a los costarricenses.
Tiene que satisfacer a todo el mundo, todo el tiempo. Lo cual resulta
completamente ilógico en una empresa, especialmente de
telecomunicaciones. Si tengo una cubeta de pintura, puedo pintar una
pared con ella. Si empiezo a hacer la capa de pintura más delgada, puedo
pintar más. Si pongo una capa micrométrica de pintura sobre la pared,
puedo pintar toda una casa. Claro, mi capa micrométrica va a verse
horrible, pero pinté toda la casa. Lo mismo ocurre con el servicio
telefónico. El ICE, como es una institución pública, tiene que
aguantarse las necesidades de los 4 millones de costarricenses que viven
en el territorio nacional. Eso significa que si hay cuatro gatos
hermitaños en la montaña más alejada del área metropolitana que quieren
un teléfono, el ICE tiene que darles un teléfono, y pasarle la factura
al resto de los costarricenses. El ICE debe repartir sus limitados
recursos entre todos los costarricenses, lo cual significa que a cada
uno nos toca menos de todo, para que todos, incluso los que no necesitan
para nada un servicio pero de todos modos lo quieren, puedan tener.
Entonces al final los que realmente necesitan un servicio del ICE tienen
que aguantarse un servicio a medias, para que aquellos que no lo
necesitan para nada pero quieren tenerlo también puedan tenerlo.
INS:
Juega con el futuro de las personas. Todos estamos suceptibles en algún
momento a sufrir las consecuencias del juego del destino.
En algún momento dado, se inventaron las aseguradoras, que compran el
riesgo de las personas y lo distribuyen entre un grupo, el cual en dado
caso que un riesgo tenga efectos sobre alguien se encarga de pagarle un
cierto monto preestablecido.
Desafortunadamente en Costa Rica el Estado decidió que iba a sacar del
mercado a todas las aseguradoras privadas, y que a partir de un cierto
momento solo el Instituto Nacional de Seguros estaba autorizado para
emitir pólizas y aseguramientos.
El resultado? Pólizas carísimas, que pierden su valor ante la inflación
descontrolada del país en muy pocos años, un servicio lento e
ineficiente y miles de millones de nuestro dinero quemándose en los
infiernos de las cuentas bancarias del INS.
Los seguros es un mercado que debe abrirse lo antes posible. No puede
ser que una sola institución tenga el poder absoluto sobre el riesgo de
los costarricenses. Existe gran cantidad de aseguradoras en el planeta
que pueden brindar un mejor servicio, mejores beneficios y a menor costo
que como lo hace el INS, y todos los costarricenses deben tener derecho
a venderles su riesgo. El Estado no tiene por qué andar metido
vendiéndole seguros a las personas, y mucho menos haciéndolo a la fuerza
mediante monopolios creados.
CAPITULO III
3.1 ¿PORQUÉ NO DEBE DARSE LA APERTURA DE MONOPOLIOS?:
Al igual que en el punto anterior, se detallan una serie de razones por
los cuales se considera que no es conveniente para el país la apertura
de los Monopolios, de acuerdo al punto de vista de los sectores que no
apoyan dicha propuesta.
3.2 CONSECUENCIAS DE LA APERTURA DE LOS MONOPOLIOS PÚBLICOS:
Los procesos de privatización tienen su punto de partida desde hace ya
muchos años en el marco de las políticas de Ajuste Estructural y bajo
las cuales se vendió la idea del desarrollo con equidad.
Los primeros servicios públicos en ser privatizados fueron el sector
eléctrico y de telecomunicaciones. Principalmente por su alta
rentabilidad ya que es un mercado que se caracteriza por presentar una
demanda cautiva. Con la privatización de los
servicios públicos se nos ofrecieron beneficios; tarifas accesibles (con
tendencia a la baja por la competencia de mercado), incremento en la
cobertura (principalmente en las zonas rurales) y mejoras en la calidad
del servicio por la inversión en alta tecnología. Por lo que era
necesario la apertura a la inversión de capitales transnacionales
asegurando que no existieran restricciones de ningún tipo (ejemplo Marco
Regulatorio efectivo y transparente).
Lo que realmente ha sucedido es otro escenario muy diferente del
propuesto en un inicio...
Siendo la transferencia de monopolios públicos a monopolios y/u
oligopolios privados, generando una concentración de capitales
empresariales dominantes.
Incrementos inmediatos de las tarifas de energía eléctrica hasta de 80%
en el sector residencial. Además de la venta de activos para la
generación; utilizando procedimientos oscuros y poco transparentes que
posibilitan manoseos y componendas políticas y económicas.
Privatización de servicios claves dentro del sector a empresas privadas.
El establecimiento de un marco regulatorio débil y con poco o nulo
poder, así como una autoridad reguladora sin autonomía y bajo
condiciones de dominio empresarial.
Y por supuesto, los conocidos abusos e irregularidades cometidos por el
sector eléctrico y de telecomunicaciones, debido a vacíos legales y
regulaciones inadecuados que favorecen los intereses empresariales sobre
los intereses de los
consumidores.
Ante el incremento excesivo de las tarifas y la presión ciudadana los
gobiernos se han visto obligados hasta de aprobar acuerdos ejecutivos
con el propósito de subsidiar la tarifa eléctrica para el sector
residencial, estableciendo precios
máximos por rango de consumo; sin embargo la tarifa eléctrica continua
mostrando alzas crecientes. Un ejemplo claro de esto es nuestro vecino
centroamericano El Salvador.
El proceso de privatización es un movimiento que va contra la
continuidad histórica y es parte de un esfuerzo general para subvertir
el orden social existente vinculado a la seguridad social, la economía
mixta y los movimientos sociales.
La privatización de empresas públicas y recursos ha alcanzado
proporciones de epidemia en América Latina. Las políticas privatizadoras
no sólo impactan sobre la economía sino en toda la sociedad: el sistema
político, la estructura de clases,
el mercado interno y comunicaciones.
Una razón básica para privatizar es poner fin a los monopolios públicos,
con el fin de estimular la competencia y con ello reducir precios y
ganar en eficiencia. Sin embargo, lo cierto es que hay un trecho muy
grande entre dicho y hecho. Los
compradores de los monopolios públicos son dueños de monopolios
privados, inversionistas a gran escala que simplemente suman más a su
imperio. Junto con la desregulación de los precios que acompaña a la
privatización, los nuevos monopolios incrementan los precios y recortan
los servicios para aquellos que no pueden pagarlos, con lo que se crea
ineficiencias en términos de no cubrir la demanda real. Por otro lado la
competencia no ha sido un resultado de la
privatización: simplemente ha concretado la propiedad en manos privadas.
El precio al que se venden las empresas públicas por lo general es un
“precio político”, nunca alcanza su posible valor en el mercado.
Justo antes de la venta de las empresas públicas, el Estado deja de
invertir, lo que provoca el deterioro en el servicio que proporcionan,
lo que trae consigo la insatisfacción del público usuario con el sector
público y el apoyo hacia la privatización. El estado sume el costo de
los insumos y proporciona subsidios, lo que hace que los compradores
adquieran empresas con costos de producción y laborales bajos. Una vez
que la privatización se lleva a cabo, de inmediato aparece el repunte en
la actividad, lo que parece resultado de la privatización y no producto
de una política deliberada del Estado que trabaja en concertación con la
ética privatizadora.
El sector privado no tenía la capacidad o no estaba dispuesto a
financiar e invertir lo suficiente (y producir a nivel de costo) para
satisfacer las necesidades crecientes de las nuevas clases productivas.
El incremento en los precios de los servicios, energía eléctrica,
transporte, etc. que acompañan a la privatización, ha causado una caída
en los niveles de vida para los trabajadores asalariados, mientras que
ha incrementado los beneficios para los
monopolios privados que se han apropiado de los públicos.
El segundo impacto más importante de la privatización es el que se da en
el sistema político. El vínculo estrecho entre monopolios privados y
beneficios de la privatización con el poder ejecutivo de un gobierno ha
sido la principal razón de
que los poderes legislativo y judicial hay han sido los grandes
perdedores en el cambio a la economía de libre mercado. Las
instituciones representativas han sido rebasadas en el proceso de
transferencia de la propiedad pública a la privada. Las decisiones
importantes se toman en otro lado: en las habitaciones amplias de los
bancos extranjeros, mientras que los parlamentos o congresos simplemente
reaccionan a medidas ya tomadas.
El resultado final de la privatización es el debilitamiento de la
democracia y pérdida del poder de vigilancia que tiene el legislativo
sobre el funcionamiento esencial de los sectores económicos. La primera
responsabilidad de las empresas privadas es hacia su consejo directivo
que la mayoría de los casos ni siquiera está en el país.
En términos de impacto económico en primer lugar, la privatización le
quita a la economía nacional una fuente lucrativa de acumulación.
Segundo el Estado pierde una palanca estratégica, al desviar las
ganancias hacia sectores de la economía que posiblemente no resulten
lucrativos de manera inmediata.
El impacto de las privatizaciones en los servicios públicos a nivel
mundial ha sido unos de los problemas que diversos sindicatos algunos
partidos políticos y por supuesto que la población desean solucionar,
esto debido a que las experiencias
vividas con monopolios u/o oligopolios privados las han considerado como
negativas al no haber provocado un bienestar palpable a los consumidores
finales, esto al reducirse el empleo, elevarse el costo de la vida y
profundizarse la crisis fiscal, entre otros.
3.2.1 LA PRIVATIZACIÓN DE MONOPOLIOS
La privatización de monopolios, con su poder para fijar precios no
restringido por la competencia, está llena de problemas especiales y
pone de relieve la necesidad de esquemas normativos confiables.
Cuando los gobiernos transfieren empresas estatales al sector privado,
generalmente tienen una serie de objetivos: mejorar la eficiencia,
reducir las obligaciones fiscales del estado, suministrar mejor servicio
a los clientes, obtener beneficios de las ventas y sentar las bases para
una economía de mercado competitivo.
Sin embargo, pueden haber conflictos entre los objetivos. Por ejemplo,
puede aumentar el beneficio de la venta para el gobierno si éste vende
una empresa grande como una entidad única, mientras que si se
reestructura la empresa en unidades más pequeñas aumenta la
competitividad del sector y la economía, pero se reduce el beneficio de
la venta. Los dilemas inherentes a la privatización de los monopolios
son aún más complejos. Dado que el abuso del poder del monopolio lleva a
precios más elevados para los consumidores y a la subutilización de un
bien o servicio, los gobiernos a menudo intervienen mediante la
reglamentación de los mercados de los monopolios o, lo que es más común
en muchas partes del mundo, suministran el servicio directamente por
medio de una empresa estatal autoreglamentada. La privatización de tales
empresas se critica con frecuencia por convertir un monopolio público en
un monopolio del sector
privado, donde hay riesgo de posibles abusos adicionales.
En algunos casos se puede reestructurar los monopolios en unidades más
pequeñas con lo que se erosiona su poder en el mercado. Los gobiernos
también pueden crear un mercado más competitivo aplicando leyes
antimonopolio y revocando la capacidad legal que sirvió para crear y
apoyar el monopolio.
Para determinada clase de monopolios, sin embargo, la reestructuración
no tiene los mismos efectos saludables. Estos son los llamados
"monopolios naturales", que existen cuando las economías de escala son
tan importantes que el tamaño óptimo de una empresa es mayor que el
mercado mismo. De hecho, con los "monopolios naturales" sólo hay cabida
en el mercado para una firma; la competencia no es factible o eficiente.
Ejemplos tradicionales de monopolios naturales son las "industrias de
redes", como las de los servicios públicos de energía,
telecomunicaciones y transporte. La privatización de los monopolios
naturales requiere que los gobiernos se aseguren cuidadosamente de
restringir el poder de monopolio de la firma para que no pueda ser
abusado por el sector privado.
3.2.2 RAZONES PARA NO PRIVATIZAR
La privatización en América Latina no es una idea económica aislada, por
el contrario, está vinculada con fuerzas políticas más amplias que
actúan a través de aparatos coercitivos locales, que no son producto de
la “racionalidad” del mercado.
El crecimiento de las empresas públicas fue una respuesta al fracaso y
crisis de regímenes de libre mercado anteriores. Es decir, el desarrollo
de la empresa pública fue principalmente una respuesta pragmática ante
la crisis y la necesidad, más que producto de consignas ideológicas.
La crisis de la empresa pública es, en gran medida, un producto del
fracaso de las corporaciones del sector público al no satisfacer la
demanda, y del estilo político capitalista.
La privatización se basa en dos cambios: el ideológico y la estructura
de clase. Su impacto ha minado los gobiernos representativos locales y
ha disparado el autoritarismo.
La privatización en lugar de “corregir” los males causados por la
intervención del Estado (monopolios y costos del servicio elevados) los
ha profundizado al crear una estructura económica ajena a las
necesidades de los usuarios nacionales y los grupos menos favorecidos de
la “sociedad civil”.
3.2.3 ORÍGENES DE LA PRIVATIZACIÓN
La privatización no es un fenómeno resultante de las circunstancias
locales en un marco de tiempo limitado (como fue el caso durante las
décadas de 1960 y 1970).
En este momento hay que entender la privatización como parte de una
estrategia mundial que tiene sus raíces en el ataque a la sociedad civil
y las políticas democráticas. Hoy día, la privatización se desarrolla
con la égida de los bancos “internacionales” que están bajo el control
imperial, de sus asesores y agencias gubernamentales, que son quienes
idean los programas, deciden los precios e identifican a los compradores
potenciales. El marco temporal y alcance de la privatización está
dictado por los superpoderes económicos imperiales cuya prioridad es
culminarlos a toda costa, para que, en el menor tiempo posible, se
transfiera toda propiedad; de tal manera que la transición hacia el
capitalismo neoliberal sea irreversible. La privatización es ante todo
una acción política, que tiene poco o muy poco “valor intrínseco” como
estrategia económica nacional, por lo que, en efecto, no hace nada para
generar nuevos empleos ni incrementar el nivel de ahorro e inversión, y
no crea nuevas fuerza productivas. La estrategia privatizadora del
centro imperial tiene como primer objetivo homogeneizar cada región de
la economía mundial sujeta a su penetración, a la vez que diferencia el
acceso al mercado mundial de acuerdo con la capacidad productiva de cada
región. Entonces, el proceso de privatización no es principalmente o
inicialmente un medio para apoderarse de las empresas y penetrar en los
mercados, sino eliminar estructuras de producción alternas que pudiesen
competir o incluso desafiar al imperio en su dominio mundial. Esta es la
razón por la cual el comportamiento tan desastroso de las economías
privatizadas no resulta molesto para los que tienen a su cargo, en el
imperio, no sólo el diseño de políticas, sino el tiempo y alcance de la
privatización. Una vez que se tiene una economía
privatizada, se puede cosechar el fruto de esa política, esto es, las
cerezas, que no son otra cosa que empresas lucrativas o la captura de
mercados, sin temor a los “nacionalistas” o a la “resaca socialista”.
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