LA APERTURA DE LOS MONOPOLIOS

Autor: Geovanny Leiton Villalobos

Microeconomía

07-2005

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México

Teléfonos de México -Telmex- fue vendida en 1991 a la sociedad compuesta por Carlos Slim, Southwestwern Bell y France Telecom. El monopolio del servicio de larga distancia fue eliminado en 1997 y se esperaba para 1999 hacer lo mismo
con las llamadas locales.

Unos de los mayores logros de Telmex fue su incursión en Estados Unidos.
El 7 de agosto de 1998 la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) aprobó que Telmex entrara a ese mercado en sociedad con Sprint, a pesar de la dura oposición de las empresas estadounidenses ATT Corp y MCI
Communications Corp, las que sí ya tenían participación en México por medio de Avantel y Alestra. La nueva empresa se llamaría Telmex-Sprint Communications LLC, abreviada TSC; comenzó inmediatamente a dar servicio de larga distancia
entre Estados Unidos, México y otras regiones.

En 1993 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó Imevisión, una pequeña red que fuera adquirida por Ricardo Salinas Pliego -aparentemente no existía parentesco entre ambos-. Esta nueva empresa, que conformaría después
Azteca SA, luchó por quitarle parte del mercado a Televisa, habiendo logrado obtener un tercio de la sintonía mexicana ya para 1997.

En 1998 se descubrió que la electricidad que necesitaba México estaba por encima de las posibilidades de producirla. Se había llegado a tener altos costos por la energía, dando desventajas a las empresas locales, muchas de las cuales con inversión extranjera. Las razones tenían más un fondo político que técnico.

Por una parte el presidente y su secretario de energía impulsaban el hecho que el sector privado financiara, construyera y administrara las nuevas plantas. Por su parte, no cede la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal que
monopoliza la transmisión y distribución de energía, y que hasta 1992 controlaba también la generación.

A finales de septiembre de 1998 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio un plazo adicional de treinta días para licitar en privatización 35 aeropuertos mexicanos, organizados en paquetes: del sureste de México, de la capital, del
centro y del norte del país.


Panamá

En 1997 el gobierno vendió el 49% de las acciones de INTEL -Instituto Nacional de Telecomunicaciones- a la transnacional Cable & Wireless, de Inglaterra, que pagó unos 652 millones de dólares. Otro 2% fue vendido a los empleados. En 1998 la empresa inglesa inició un programa de inversiones por unos 572 millones de dólares para modernizar la red telefónica. El sistema completo padecía de mal servicio y tarifas altas. La parte en manos del Estado sería vendida en el año
2000.

A principios de 1998 recibió unos 26 millones de dólares por concesiones para operar y administrar los casinos de seis hoteles y catorce salas de máquinas de juego. También vendió el derecho a operar las bandas A y B de telefonía celular,
ambas por más de 140 millones de dólares. La banda A es explotada por la estadounidense Bell South y la B por la británica Cable & Wireless Móvil.

El 15 de julio de 1998 se inscribieron 26 consorcios internacionales para participar en la privatización de cuatro empresas generadoras de electricidad. El Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) planeaba ofrecer en licitación las
cuatro empresas el 15 de octubre de 1998, para lo que tuvo que reestructurarse seriamente en 1997/98. Sin embargo, el 10 de septiembre de 1998 inició la licitación de tres de las ocho firmas generadoras en que se había dividido el IRHE.

Se vendería también el 51% de las acciones de tres empresas de distribución de energía.

A los aspirantes que se inscribieron se les exigía como mínimo tener un capital social de 500 millones de dólares. Entre ellos se encuentran Endesa Internacional SA y Unión Fenosa de España; Gener de Chile, Emgesa de Colombia y
Corporación EDC de Venezuela. De Estados Unidos se inscribieron 16: Dominion Energy Inc, Southern Energy Inc, CMS Transmission & Storage y Enron Caribe III, entre otras.

Participaron también Inglaterra, Bélgica, Canadá, Suecia y Suiza. Contrataron al CFI -Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial- para asesoría en el proceso de venta de las acciones de las eléctricas. Se estima que el IRHE tenía unos 4,200 empleados, sobre todo en distribución y comercialización.

Después de las eléctricas, el gobierno de Panamá espera privatizar la compañía de acueductos y alcantarillados, dos ingenios azucareros y el aeropuerto internacional de Tocumen.

Panamá creó un fondo de desarrollo a partir del dinero de las privatizaciones. A mediados de junio de 1998 tenía ya casi 775 millones de dólares, adicionalmente a los 29.4 millones de dólares en dividendos que recibió en esa fecha por su
capital en la telefónica que comparte con Cable & Wireless. Realmente es un fondo fiduciario, porque el gobierno no consume los 775 millones, sino que únicamente los intereses son destinados a obras sociales. Según el ex presidente
panameño Nicolás Ardito Barletta, -un defensor incondicional del proceso- para octubre de 1998 las privatizaciones habían aportado unos mil millones de dólares en los últimos cuatro años.


República Dominicana

La Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) planeaba ponerse en venta a finales de julio o agosto de 1998. Esta empresa realmente había tenido malos antecedentes en sus relaciones con otras exteriores, con una deuda elevada y
siendo hogar de forcejeos políticos.

El paquete de CDE incluía tres distribuidoras y dos generadoras. Se esperaba que por ambas dieran 500 y 1,000 millones de dólares. Estos fondos no irían a dar a manos del estado, sino que se recapitalizarían en cada una de las empresas. Se
realizó una licitación para cada uno de los grupos, con miras a adquirir el 50% de la empresa respectiva. La transmisión y las plantas hidroeléctricas quedaban en manos del estado.

Al momento de la venta el país contaba con deficiencias en el servicio eléctrico y con un déficit en la producción de unos 150 megavatios.


El Salvador

El 51% de la banda celular INTEL fue vendida el 17 de julio de 1998 por US$41,009,900 a Telefónica de España. La nueva presencia se llamaría Telefónica de El Salvador. Hasta ese momento INTEL contaba con nueve compradores -sólo llegaron tres a la apertura de ofertas- y CTE sólo con siete. La venta de CTE fue el 24 de julio de 1998 a France Telecom, quien ofreció 275 millones 111 mil dólares -unos 2,398 millones de colones- por el 51% de las acciones de CTE/ANTEL. El precio base por esa porción fue de 268.8 millones de dólares. La otra oferta fue de Telmex, por 271 millones de dólares, quien se viera
frustrado por segunda vez en El Salvador en el mismo mes.

De los siete interesados inscritos en CTE/ANTEL sólo llegaron dos. El presidente de France Telecom hizo entrega del dinero el 16 de septiembre de 1998, recibiendo a cambio la documentación respectiva de entrega de la institución. Para sorpresa de la mayoría, se supo hasta entonces que dentro de los 275 millones de France Telecom, estaban incluídos 67.3 millones de dólares de inversión local, contando Supermercados Selectos, VISA, Telecorporación Salvadoreña, Banco de Comercio, Grupo Araujo, H. de Sola, Banco Salvadoreño, Fabril de Aceites, TACA, y otros, que en total suman más de 20 personas.
Con este nuevo arreglo se violaba la ley de privatización respectiva, la que establecía que más de la mitad de la telefónica debería quedar en poder de un socio estratégico.

France Telecom, al momento de la adquisición, planeaba invertir 400 millones de dólares en unos cinco años para duplicar el número de líneas en el país, las que entonces eran de 380,000, con una densidad de 6 líneas por cada 100 habitantes.

Los empleados de CTE, que se estimaron en unos 4,800 aparentemente apoyaron en los últimos días la privatización, aunque es difícil saber qué factores impulsarían esta actividad. La compra de acciones de CTE por parte de algunos
empleados ascendió a unos 300 millones de colones, un 10% del total de acciones. Al momento de la venta, CTE contaba con una red digitalizada en un 83%, siendo prácticamente ausente su presencia en zonas rurales y semiurbanas. En el último lustro anterior a la venta, se señaló que el desarrollo de ANTEL era frenado por decisiones políticas, para hacerlo parecer ineficiente y presentarlo como fácil objeto de venta.

Aún en septiembre de 1998, dos meses después de consumada la principal privatización, se discutía sobre el destino de los fondos. Al parecer, después de tanto manoseo político al interior de los partidos de derecha sobre la ley de privatización de ANTEL, no quedaba claro el fin de los fondos. Los expatrulleros del ejército en los ochentas, opinaban ahora que de allí se podía tomar para darles una indemnización por el trabajo que realizaron en forma gratuita -y hasta bajo amenaza- en su momento.

Se mencionaba también acrecentar las reservas, inversión social moderada, y también fines más inmediatos como gastos corrientes, y quien sabe si hasta para financiar la campaña política de 1999.

Por INTEL, Bell South ofreció unos 30 millones de dólares y TELMEX sólo 23 millones. La adquisición la hizo Telefónica de España, la cual ya operaba en Argentina, Chile y Perú. En El Salvador Telefónica de España se convirtió en el tercer operador de telefonía celular y el décimo en llamadas internacionales.

Los ingresos de esa empresa en 1996 en Iberoamérica fueron de más de un billón de dólares, dentro del consorcio denominado Telefónica Internacional. En 1997 obtuvo utilidades netas de 1,254 millones de dólares.

El 49% restante de INTEL se planeaba vender en la Bolsa en dos etapas:

25% en el mercado bursátil el 31 de julio de 1998 y el otro 24% el 31 de agosto de 1999. La primera fecha fue pospuesta ante la inexistencia de autorización de emisión de acciones por parte de la Superintendencia de Valores. Parte del problema surgió a partir del aumento de capital en unos 32 millones de dólares, con lo cual Telefónica se quedó con el 80% y el gobierno con el 20% restante.

Para no afectar la ley, la transnacional cedió parte de sus acciones al gobierno.

El 25 de junio de 1998 comenzó a operar GCA-Telecom como la primera empresa privada con servicios de telefonía, internet, localizadores y larga distancia local e internacional. Al iniciar se estimaba alcanzar un 12% del mercado, aunque desde
meses antes ya estaban trabajando varias frecuencias adquiridas en subastas.

GCA-Telecom se formó de la unión de empresarios salvadoreños con World Access de Estados Unidos, empresa asociada a AT&T , MCI, Sprint y 250 empresas más.

WA trabajaba ya en telecomunicaciones en Brasil, Argentina, Madagascar, Africa, Italia, Inglaterra, Alemania, Taiwan y China.
La principales fechas para la telefonía, en julio de 1998, fueron precedidas por años de forcejeo político.

Así como en otros países, los que apoyaban la privatización de las telecomunicaciones en El Salvador fomentaron desde un tiempo atrás serios cambios en tarifa para acostumbrar a los usuarios a precios propios de un negocio con fines de lucro más voraz. Se elevaron los precios del servicio local y se observó una baja en los costos de llamadas internacionales. En El Salvador se establecieron las fechas de venta habiendo tomado en cuenta 'estratégicamente' la fecha de Telebras, que consideraron algunos «la mayor privatización en la historia del Capitalismo ». Merryl Linch afirmaba que los principales atractivos de Telebras se fundamentaban en que en Brasil sólo se tenían ocho teléfonos por cada cien habitantes.

El 28 de julio de 1998 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió veredicto en que se obligaba, a la Junta Directiva de ANTEL, a pagar a Delta Ingenieros una indemnización por faltar a un supuesto contrato de licitación de noviembre de 1995. Al privatizarse, en los estados financieros de la telefónica no se comprendía la supuesta obligación, por lo que en septiembre de 1998 CTEANTEL llegó a su mayor punto de preocupación. Sin embargo, en el fondo se hacía obvio un intento de estafa, por cuanto se hablaba de la inexistencia de un contrato firmado; por otra parte, al presidente de Delta Ingenieros se le había encarcelado por una estafa de 325 mil colones. Se trataba de una oportunidad única de esa empresa, en cuyo fraguado se implicarían varios funcionarios, ya que de no responder la telefónica por su estado de transición, se cargaría al Estado entre 28 y 51 millones de colones.

En enero de 1998 la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) dio a conocer que invertiría 2.5 millones de dólares -unos 22 millones de colones- en la adquisición del 10% de las acciones del Banco Hipotecario de El Salvador. Para
ello sería necesario una ley específica que permitiera la venta de éste último banco estatal. En marzo de 1996 siete de los once directivos, incluyendo el anterior presidente, habían renunciado por rechazo a la intención del FOSAFFI de
reducir del 25% al 15% las acciones que estarían destinadas a los empleados. Al final, los empleados sólo habían pagado la prima del 17.7% de esas acciones.

La CII asesora a gobiernos para privatización de entes estatales, y a la empresa privada le asesora en reeingeniería y reestructuraciones. En el caso del Banco Hipotecario su aporte en capital ayudaría a la obtención de más recursos, como
tecnología, fondos y especialización.

La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS) y la Empresa Eléctrica de Oriente (EEO) fueron privatizadas a través de una subasta en la que ganó la venezolana Enersal -perteneciente a la Corporación Venezolana EDC-, que adquirió el 75% de las acciones de ambas empresas, quedando el 20% para los trabajadores y 5% para la Bolsa de Valores de El Salvador. Se estima que CAESS costó un poco menos de 300 millones de dólares. La venta del 75% de las cuatro distribuidoras se hizo en enero de 1998 y en total el gobierno recibió unos 586 millones de dólares. El 19 de febrero de 1998 se celebró la primera junta de accionistas de CAESS/EEO, en cuya directiva se hizo obvia la aplastante presencia extranjera.

En cuanto a CEL -la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa-, a mediados de 1998 se dio a conocer el plan de dividir la generación de electricidad en cuatro empresas que competirían entre sí, siendo todas propiedad de CEL. Al parecer, de existir la decisión de vender CEL, sería responsabilidad del gobierno que se eligiera en 1999. Para sorpresa de la clase política y económica, el 24 de septiembre de 1998 el Ministro de Hacienda dio a conocer que se sacaría a licitación las centrales térmicas de Soyapango, Acajutla y San Miguel; también que se subastarían para concesión las geotérmicas de Berlín y Ahuachapán. Esto se realizaría a finales de 1998 y los meses siguientes. El 3 de octubre de 1998 se inauguró la Central Hidroeléctrica Nahuizalco, en Sonsonate. El proyecto es propiedad de Sensunapán, SA de CV, y proveería a CLESA.

Los fondos de pensiones

En cuanto a las administradoras de fondos de pensiones -AFP-, que comenzaran a funcionar el 15 de abril de 1998, en los primeros cien días de operar ya habían formado un fondo de 54.5 millones de colones, sumando aportes patronales y de
afiliados. También a esa altura, las AFPs con mayor afiliación acumulada eran Confía y Previsión. Las siguientes eran Porvenir, Máxima y Profuturo. De los 350,000 afiliados, un 25% pertenecía a la primera, y un 3% a la última.

Con ello se había cubierto ya un 70% del total del mercado. Los primeros datos sobre el rendimiento de las AFPs se darían a conocer hasta junio de 1999.

El privatizado sistema de pensiones en El Salvador fue uno de los más agresivos golpes a los presupuestos familiares. La frontera inicial del 3.5% de comisión sobre el ingreso no causó gracia a nadie. Para quien tenía empleo formal, eso representaba más o menos un descuento mensual equivalente a la suma del servicio eléctrico, telefónico y de agua para el mismo mes, en un caso típico de un empleado de clase media. A ese porcentaje había que agregarle el 1% de ahorro, y considerar que la frontera de 3.5% tenía que ampliarse en los siguientes años.

Pagar un 3.5% para que le cuidaran un 1% congelaba la cara a cualquiera.

Se planteó en los primeros días de operación de las AFPs la idea de un sistema mixto, pero ya era tarde. Los críticos y expertos extranjeros más consecuentes opinaban que si bien el sistema público tenía deficiencias, bastaba con subir un
poco la tasa de cotización tradicional y hacer serias modificaciones a la administración de finanzas de pensiones. En efecto, los defensores de las AFPs se apoyaban en el hecho de que las pensiones que se pagaban hasta 1998 eran miserables. Tenían razón, pero sólo en eso. El sistema de pensiones realmente no estaba en agonía, sólo que tenía pagos muy bajos, pero las instituciones que las manejaban, ISSS e INPEP, mostraban por otra parte estados financieros propios de una institución robusta. Incluso el ISSS en 1998 realizó gastos millonarios en una campaña publicitaria en todos los medios de difusión durante un par de meses para inhibir el apoyo público a la huelga de médicos.

El ISSS, una institución enorme de seguridad social -exclusiva por mucho tiempo para empleados del sector privado-, tenía las condiciones económicas y la estructura para seguir operando las pensiones.

Aunque el INPEP, la institución de pensiones de empleados públicos sí tenía verdaderas dificultades, en los últimos años se habían hecho arreglos para pasar buena carga de éste al ISSS.

En general, el ambiente en que las AFPs se presentaron fue señal de lo que vendría. Fuegos artificiales en San Salvador en la noche del primer día de operación, una campaña publicitaria desbordante comparable sólo a las campañas electorales, gran pompa con visitas de los inversionistas extranjeros al Presidente de la República, una funcionaria de superintendencia con sueldo de récord, edificaciones y equipos nuevos, éxodo de especialistas latinoamericanos en pensiones hacia El Salvador, etc. Los promotores empleados de las AFPs se valían de la confusión y de la obligatoriedad -por la nueva ley- para alcanzar afiliaciones. Aunque los economistas de profesión aconsejaban que no se permitiera que la banca merodeara la manipulación de los fondos, las AFPs abiertamente aceptaban su compadrazgo con instituciones bancarias, como una
forma de mostrar solidez.

Tres recursos de inconstitucionalidad fueron denegados por la Corte Suprema de Justicia el 26 de agosto de 1998, después de dos años de haberse presentado. Es muy conocido el mal del sistema de justicia salvadoreño en dar resoluciones
tardías, si es que se tiene la suerte de que se den. Así como se da una gran cantidad de casos sin definición en los reos comunes, en las altas esferas las demandas y recursos sufren también un gran retraso, que a simple vista es
regulado por la válvula política.

La ley del SAP -Sistema de Ahorros para Pensiones- fue aprobado por la Asamblea el 20 de diciembre de 1996 en medio de un sombrío manejo por parte de la comisión respectiva, en el que se invalidaba el decisivo voto de un diputado de oposición, bajo el pretexto de que no había asistido regularmente. A mediados de agosto de 1998 también se presentaron más de 150 recursos de amparo contra la ley del SAP, aunque casi ninguna tocaba puntos neurálgicos que trajeran abajo
el proyecto completo.

Los únicos que quedaron fuera del SAP eran los militares, que manejaban todas sus prestaciones en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada -IPSFA-, institución que se había fortalecido ampliamente en los ochentas, bajo la premura presupuestaria de la guerra.

En la década de los ochentas, la administración demócrata cristiana del Ing. José Napoleón Duarte estatizó los ingenios El Carmen, La Cabaña, Chaparrastique, La Magdalena, Chanmico y Jiboa. Sólo quedaron en el sector privado los ingenios
San Francisco, El Angel y Central Izalco. La ley de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol fue aprobada en septiembre de 1994, con lo que se tubo en octubre la primera venta, el Ingenio El Carmen, por unos 26 millones de colones.

En 1995 se privatizaron otros tres ingenios: La Cabaña, vendido en 112 millones de colones; Chaparrastique, en 76 millones, y La Magdalena, en 32 millones de colones. En 1996 se intentó vender el Ingenio Chanmico, pero el traslado del
mismo desde La Libertad hacia la zona oriental del país trajo problemas. La venta se realizó después, tomando el 55% los cañeros y 15% los empleados. El último 30% -propiedad del INAZUCAR- fue vendido en la Bolsa de Valores por ¢20,064,867.

En total, el Estado obtuvo por el Ingenio Chanmico 38 millones de colones. Las instalaciones de este ingenio permanecieron cerradas desde 1995, y se utilizaba sólo para proveer repuestos a otros ingenios. El INAZUCAR invirtió para rehabilitarlo, por lo que reinició el 1 de diciembre de 1997.

Finalmente, el Ingenio Jiboa, localizado en San Vicente con un capital social de ¢191,214,900, se pretendió venderse en mayo de 1998. Fue hasta el 10 y 11 de septiembre que se subastaron sus 573,645 acciones -un 30% del total- en un lote
por día, en el SENA de la Bolsa de Valores. Los ingresos mínimos esperados eran unos 77.4 millones de colones, pero las negociaciones se vieron ensombrecidas por la poca demanda de las acciones. La venta del 70% restante comenzó en
fechas semejantes, para trabajadores, productores y cañeros, con una fecha límite de suscripción del 14 de marzo de 1999.

El rubro de los ingenios fue el menos espectacular dentro del proceso de privatización. El gobierno incurrió en gastos elevados para 'hacerlos atractivos' y cubrir las numerosas irregularidades administrativas. Es más, el caso de la planta de alcohol El Carmen fue un triste revés en esta 'dulce historia de la modernización del Estado'. En abril de 1997 la empresa estadounidense Western Petroleum Importers aceptó pagar 4.8 millones de colones -ése era el precio baseen una subasta sin más ofertantes. Como la empresa operaba la planta en concepto de alquiler desde 1992, dejó de pagar la renta a partir de ese momento.

Lo bueno vino cuando tampoco quiso pagar los 4.8 millones. Ya para 1998 estaba clara la incapacidad o falta de voluntad del INAZUCAR y del gobierno para aplicar rigor a aquella empresa, que prácticamente había desaparecido del país.

Otro revés fue el Ingenio El Cármen, que se apuntara antes fue privatizado en 1994. Había sido adquirido por cooperativistas de la Reforma Agraria, que tenían gran experiencia en producción de caña, pero que por su pésima administración,
desfallecieron habiendo operado hasta la zafra 1997-98. Fue retomado por el INAZUCAR para entregárselo al BFA como pago de la deuda de 49 millones de colones de los cooperativistas al banco, para que se rehabilitara y fuera sacado de
nuevo a la venta.

El Puerto de Cutuco fue objeto del estudio «Reactivación de la Actividad Portuaria en Cutuco» por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Resultaron dos alternativas, invertir 101 millones de dólares, y la otra de
sólo 94 millones. El gobierno tomó la segunda alternativa en septiembre de 1998, esperando el financiamiento de Japón. La investigación costó unos 12 millones de dólares, mientras que el diseño otros 5 millones; el proyecto comenzaría a trabajar en el 2005, espezando a operar el puerto en el año 2015. El proyecto incluye la construcción de terminales, carreteras, equipos y una zona franca. Japón ya en 1970 había financiado la construcción del Aeropuerto Internacional de Comalapa.

Parte del estudio comprende la recomendación para privatizar o dar en concesión algunos servicios del puerto, conservando CEPA algunos puntos de administración. El proyecto señala aspectos específicos que deberían privatizarse en el corto y largo plazo, dado que algunas secciones comenzarían a operar mientras avanzara la construcción.

Por otro lado, otro de los proyectos de privatización conocidos en 1998, ya anunciado en la campaña electoral de las elecciones de marzo de 1997, estaba la orientación de la Alcaldía de San Salvador de trasladar algunos puntos del servicio
de recolección de basura a pequeñas empresas privadas. Algo parecido estaba pasando en el Ministerio de Obras Públicas desde hacía unos años. Las obras civiles de mayor y mediana envergadura se asignaban a grandes empresas
privadas de construcción, en e l marco de negociaciones desconocidas a la opinión pública. Con ello se ataba el andamiaje de la inversión pública en infraestructura a la oscura convivencia de altos funcionarios públicos con los intereses del sector
privado.


Nicaragua

En 1998 se comenzó a planear la privatización de los fondos de pensiones, siguiendo el modelo chileno, el cual fuera creado en 1981 y que a fines de abril de 1998 acumulara fondos por unos 31,000 millones de dólares.

Los movimientos de privatización de 1998 en las visitas de funcionarios nicaragüenses a Chile buscaban conocer sobre el modelo y también promover la inversión chilena. La dirección de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) planeó para septiembre realizar una invitación a rias firmas a participar en la venta de un porcentaje de acciones, que incluía
40% para firmas extranjeras, 11% para los empleados y el resto para el gobierno.

La venta de Enitel se planeaba realizar en mayo principios de 1999, esperando recibir unos 250 millones de dólares. La Asamblea Nacional aprobó en junio de 1998 la ley de privatización de la telefónica, por segunda vez.

Ya en 1995 se había aprobado, pero la inestabilidad política había alejado el interés de los inversionistas. El Frente Sandinista introdujo a finales de agosto de 1998 un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para
detener el proceso. Se intentó modificar la ley para lograr la venta completa, conservando el 11% los empleados y el 89% entregándose a la mejor oferta. La turbulencia política atraída por la privatización forzó en parte la renuncia del presidente de la telefónica, aunque el sucesor, ya en la primera semana de septiembre de 1998 apoyó continuar el proceso.

El 21 de octubre de 1998 las autoridades encargadas de la privatización de Enitel dieron a conocer al cuerpo diplomático el estado del proceso. Se supo que un 10% se vendería a sus 3,150 empleados, mientras un 1% se les donaría. Dentro de los
tres años siguientes se privatizaría un 49% en la bolsa de valores o licitaciones internacionales. El 40% restante para la inversión extranjera daría además un período de veinte años de administración, tres años de exclusividad en telefonía
básica y otras licencias.

En 1998 había en Nicaragua unas 140,000 líneas, de las cuales el 96% eran digitales. Se estima que se necesitaba duplicar esa cantidad de líneas.


Guatemala

TELGUA fue subastado por primera vez el 16 de diciembre de 1997, asistiendo Telmex como único oferente -aunque habían precalificado cinco-, ofreciendo 529.1millones de dólares por el 95% de la empresa; Crystal Group de Guatemala estimaba un valor de 800 millones de dólares por la telefónica.

Se declaró fracasado el acto por la inexistencia de más empresas que pujaran. En Guatemala el gobierno proyectaba privatizar unas 56 entidades públicas en total.

TELGUA resultó como respuesta a los problemas legales que enfrentaba la anterior Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL) para su privatización.

Después de observar personalmente la privatización de CTE en El Salvador el 24 de julio de 1998, se aceleró un nuevo intento de subasta para agosto del mismo año, con un mecanismo en el que se ampliaba la participación a consorcios de
inversionistas -antes sólo podían los operadores internacionales- y se conservaba la inexistencia de un precio mínimo, reservándose el gobierno la elección de la mejor oferta. Las firmas presentaban dos sobres: uno con el precio por acción que
deseaban pagar y en el segundo el porcentaje que esperaban comprar, que tenía que ser entre 51% y 95% del total.

En 1998 TELGUA tenía funcionando unas 500 mil líneas, con una demanda insatisfecha de más de un millón. Esperaba obtener en esa venta unos 600 millones de dólares, que servirían para sanear las finanzas públicas, la inversión social y la productividad, según programas establecidos en la firma de la paz de diciembre de 1996.

El gobierno de Guatemala puso fin a ocho años de monopolio que mantenía una empresa privada en la telefonía celular, al dar en concesión tres frecuencias por un periodo de 15 años y un valor de 14.95 millones de dólares, el 13 de agosto de
1998. La Superintendente de Telecomunicaciones dijo que las empresas ganadoras fueron la estatal Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima (Telgua SA) y Paysandú SA, ambas guatemaltecas. TELGUA se adjudicó las frecuencias A1 y B1 a un costo de 4.91 y 6.23 millones de dólares, respectivamente; mientras que la frecuencia G la ganó Paysandú, por 3.81
millones. La empresa Comunicaciones Celulares (Comcel) mantenía en Guatemala, desde 1990, la distribución del servicio celular en todo el territorio nacional.

El 95% de TELGUA fue comprada por más de 700 millones de dólares por el grupo centroamericano -mayormente guatemalteco- Luca, SA. La fecha, el primero de septiembre de 1998. A juicio de los guatemaltecos, fue la mayor privatización
en Centroamérica. Sin embargo, algunos grupos de oposición acusaron de viciado el trato, al existir intereses de familiares del presidente Arzú detrás de Luca, SA., así como manejos dudosos por parte del Ministro de Telecomunicaciones, Fritz
García-Gallont.

La Empresa Eléctrica de Guatemala, SA (EEGSA) fue sometida a una licitación internacional el 30 de julio de 1998, en lo referente a distribución. Se planeó vender primero el 80% de la empresa, cuyo valor total estimado estaba entre 250 y 300 millones de dólares. Entre los interesados se contaban Electricidad de Caracas en sociedad con Houston Industries, AES Americas Inc., de Arlington, Coastal Power Co., de Houston y Enron.

La adquisición del 80% -unos 17.2 millones de acciones- de EEGSA la hizo Iberdrola de España junto a la estadounidense Teco Power Services (TPS) de ultramar y Electricidad de Portugal. El grupo pagó 520 millones de dólares, mientras que el gobierno estaba esperando sólo un poco más de 200 millones. Al momento de la venta solo acudieron otros tres consorcios. Uno de ellos, el integrado por Unión Fenosa Desarrollo/Acción Exterior/Enron Caribe, ofreció 475.5 millones. Los otros dos fueron Energua (Electricidad de Caracas) con una oferta de 319.2 millones de dólares, y AES Corporation con 240 millones de dólares.

El gobierno guatemalteco fue asesorado por Salomon Smith Barney. Al momento de la venta EEGSA tenía una deuda de 43 millones de dólares y distribuía el 70% de la energía de Guatemala, teniendo el resto otra empresa. La deuda debía ser
absorbida por comprador. La empresa había operado con pérdidas en 1995 y 1996, pero a raíz del aumento de las tarifas para 1997 tuvo ganancias netas de tres millones de dólares. Desde 1972 EEGSA pertenecía al Estado en un 96.1%,
mientras la que diferencia de 3.9% estaba en manos privadas.

Las 3.46 millones de acciones restantes de EEGSA, correspondientes al 16.1%, serían colocadas en la Bolsa de Valores Nacional (BVN) en agosto de 1998. Un año antes el gobierno de Arzú había iniciado la privatización, cuando la estadounidense Guatemalan Generating Group adquirió por 30 millones de dólares las dos plantas generadoras de energía de EEGSA. El trato se refería al derecho exclusivo de generar y suministrar electricidad por 18 años, para lo que
invertiría 200 millones de dólares.

En lo que restaba de distribución del INDE -Instituto Nacional de Electrificación- se planeó su venta en noviembre de 1998, quedando en manos del Estado la generación y transmisión. Para ese acto el gobierno contrató la asesoría de Schroders-Citibank, estableciéndose también que esa parte de distribución sería dividida en dos partes, la del Este del país, con unos 200,000 usuarios, y la del Oeste, con más de 375,000 usuarios.

El gobierno de Arzú estuvo de la mano de grandes empresarios guatemaltecos para forzar la privatización -gustaban llamarle desincorporación- y pasar por encima de una gran cantidad de obstáculos, como la oposición política, los grupos sindicalistas, desinterés de la inversión extranjera y las quejas de muchas irregularidades en el proceso mismo de privatización, avalado por el Comisionado Presidencial para la Modernización. El plan contemplaba la concesión de terminales aéreas, puertos marítimos, correos, y los institutos Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y Guatemalteco de Turismo -Inguat-.


Colombia

En 1997 se vendió el 48% de los activos de la Empresa de Energía de Bogotá, que fueran tomados por inversionistas de Chile y España.

El 15 de julio de 1998 el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer la decisión de vender el 65% de las acciones de sus empresas de electricidad de la región Caribe, como son los departamentos del Atlántico, César, Magdalena y Guajira. La
fecha señalada era el 23 de julio de 1998 y se refería al denominado paquete Electrocaribe. En la misma fecha se planeaba realizar igual trato para las empresas eléctricas del norte de Colombia: los departamentos de Bolívar, Córdoba, Magangue y Sucre.

Ambos grupos pertenecían a la Corporación Eléctrica de la costa Atlántica (CORELCA), entidad señalada en el pasado de grandes hechos de corrupción y otras irregularidades, por lo que tuvo que ser sometida a profundas reformas. El proceso de privatización de 1998 siguió el ejemplo de 1997. Los candidatos depositaron sus ofertas en dos urnas; en la primera contenía los detalles técnicos y legales, y las pólizas de seguro. En la segunda urna se depositaban las ofertas económicas, que se supone se mantenían secretas hasta la fase final de la adjudicación.

El 28 de julio de 1998 se planeaba definir la venta del 65% de la electrificadora de San Andrés y Providencia, archipiélago sobre el mar Caribe. El destino de los ingresos de la venta era cubrir los pasivos de éstas empresas. Se pretendía
también con la co-inversión eliminar los déficit con que se había estado operando.

A pesar de la oposición sindical a la venta de la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Colombia (Telecom), se concedieron licencias a operadores privados para competir con los servicios del estado. El servicio telefónico de larga distancia nacional e internacional se planeaba ser abierta en diciembre de 1998 a la competencia privada.


Ecuador

En 1997 el gobierno dividió la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL) en dos sociedades anónimas. ANDINATEL para la sierra andina y la Amazonia y PACIFICTEL para la costa. En noviembre de 1997 se puso a la venta el 35% de las acciones de ambas empresas, pero los inversionistas extranjeros no mostraron interés.

En agosto de 1998 el Consejo Nacional de Modernización dio a conocer la evaluación de un tercer intento de vender la telefonía, probando las bolsas de valores. La presión presupuestaria nacional fue lamentable sobre todo en 1998, ante el hecho de tener en mayor índice de evasión fiscal de Latinoamérica, alcanzando un 70%.

Chile

Ya para fines de los noventas todo lo vendible en telecomunicaciones estaba privatizado. En 1998 se contaban nueve empresas telefónicas matriciales de cobertura nacional e internacional, entre las cuales CTC captaba el 70% del
mercado.

En 1980 comenzaron a operar las administradoras de fondos de pensiones -AFPs-, siendo hasta cinco años después que se les permitió invertir en acciones de empresas que cotizaban en la Bolsa de Valores. Doce años después la
Superintendencia de Pensiones de Chile les autorizó el invertir en el extranjero.

Para 1998 habían 5 millones 300 mil empleados chilenos afiliados al sistema de pensiones, compuesto por unas doce administradoras, equivalente al 95% de la fuerza laboral, A esa altura, los países que trabajaban con ese sistema eran
Argentina, México, Bolivia, Colombia y El Salvador. Julio Bustamante, Superintendente de Pensiones de Chile y furioso defensor del sistema, evaluó los primeros cien días de las AFPs en El Salvador, asistiendo personalmente durante
varios días a la Superintendencia de ese país. 'Dejemos que el sistema funcione' fue su cuña de justificación a ese momento, en que algunos sectores políticos pedían amplias reformas a la ley respectiva.

En el momento en que los chilenos se jactaban de que en El Salvador se había seguido su modelo de pensiones, en Santiago de Chile la Confederación de Trabajadores del Sector Privado (CEPCH) denunciaba serias violaciones
sistemáticas de las AFPs y despidos masivos sin indemnizaciones, dentro de un desorden de malos manejos y una tasa de rendimiento real decadente. Para septiembre de 1998 los proximadamente 30 mil millones de dólares administradas
por las AFPs sufrían cierto desequlibrio que se atribuía a la crisis asiática, habiendo bajado la rentabilidad en un 2.1% a pesar de que sólo una pequeña fracción de los fondos se invertía en el extranjero.

La Cámara de Comercio de Santiago de Chile calculó que las privatizaciones en Latinoamérica alcanzarían en 1998 unos 80 mil millones de dólares, más del doble de 1997. Por otra parte, Securites Data Co calculó en 1998 que las privatizaciones
de 1997 habían llegado a los 31 mil 400 millones de dólares, siendo un incremento del 142.7% con relación a 1996.
El 28 de agosto de 1998 Chile sacó a licitación el manejo de cuatro muelles en los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente-Talcahuano, por los que pasa el 48% de las 22.3 millones de toneladas que transportaba la empresa estatal
Emporchi. Las ofertas fueron recibidas hasta finales de diciembre. Inicialmente se pensó en dar a conocer el ganador en enero de 1999.


Venezuela

El campo petrolero Boquerón, perteneciente a la petrolera estatal PDVSA, fue adjudicada a Union Texas de Estados Unidos en mayo de 1998, en un contrato para operar la extracción durante 20 años. La operación se hizo en conjunto con Preussag de Alemania, que posee el 33.33% del contrato de Boquerón. Con los otros dos tercios de Union Texas, el contrato costó en total US$175 millones.

PDVSA, que había tenido en 1997 una producción de 3.76 millones de barriles diarios, no aspiraba en el momento del contrato a cumplir en 1999 con la meta de 4 millones de barriles diarios.

La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) fue parcialmente privatizada en 1991, mediante una subasta en la que el 40% de las acciones fueron adquiridas por un consorcio formado por GTE y ATT de Estados Unidos, Telefónica de España, y de Venezuela el Banco Mercantil y Electricidad de Caracas. En agosto de 1998 BellSouth de Estados Unidos aumentó a casi el 78% de su participación en Telcel Cellular al pagar 210 millones de dólares por otro 21% de la telefónica celular.

El grupo EDC abarca empresas dedicadas a electricidad, telecomunicaciones, agua y otras actividades. A EDC de Venezuela pertenecen Luz Eléctrica de Venezuela, la Electricidad de Guarenas y Guatire, y Luz Eléctrica de Yaracuy.

En agosto de 1998 el presidente saliente Rafael Caldera intentaba dar un impulso a las privatizaciones que nadie pudiera detener, al fijar el 17 de septiembre siguiente como la fecha del tercer intento de venta de las empresas de aluminio, con un nuevo llamado a subasta a la que únicamente parecían estar interesados Billiton de Gran Bretaña, Kaiser de EEUU y Sural de Venezuela, los que formaban un consorcio. La fecha anterior fracasada fue el 25 de julio de 1998, y la primera el 24 de marzo del mismo año. En ese entonces los interesados habían considerado muy elevado el precio base de 2 mil 100 millones de dólares, de los que el Estado recibiría unos 592 millones, ante la necesidad de pagar una deuda de más de un
mil 100 millones de dólares de la Corporación Aluminio de Venezuela. Este grupo estaba conformado por Alcasa, Venalum, Bauxilum y Carbonorca, cuya privatización fue encomendada al Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV).

El 15 de septiembre de 1998 el gobierno logró privatizar la primera empresa eléctrica, el Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta (SENE), que abastece a las islas de Margarita, Coche y Cubagua, al oriente de Venezuela. Con un precio base de 35 millones de dólares, el contrato para operar por 50 años fue vendido por 90.01 millones al grupo Enelmar, compuesto por CMS Electric & Gas, de Estados Unidos, y las venezolanas Casa Paris y Consultores Occidentales. La entidad a cargo fue el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), estimando como un éxito la operación, después de que serios problemas ocasionaran la huida de nueve de los once grupos calificados.

El otro que se quedó a ofertar fue Fuerza Eléctrica de Nueva Esparta, ofreciendo 52.2 millones de dólares. A eso se añadía la desventaja de la obsolescencia de la red eléctrica.

Enelmar estaba comprando el 70% del SENE, quedando un 20% para los empleados y el 10% restante para el mercado local de capitales.

Según Argentaria de España, en 1998 Venezuela tenía la moneda más sobrevalorada de Latinoamérica, viéndose ante una gran presión a la devaluación.


CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De todo lo expuesto anteriormente puede deducirse que los procesos de apertura de los Monopolios Públicos podrían traer mucho más perjuicios que beneficios a la mayoría pobre del país de no hacerse de una forma estudiada y fríamente analizada. Agregar aún mayores penurias a esa población, enajenar la economía y deteriorar aún más las condiciones de vida, ejercerían sobre el sistema político un indudable efecto desestructurador. Ya sea, por la vía del incremento del autoritarismo que será necesario para controlar la presión o por la aún mayor deslegitimación de los partidos políticos que apoyen dicho proceso.

La privatización de algunos servicios públicos como la electricidad, telecomunicaciones, seguros, etc., no es un fenómeno resultante de las circunstancias locales en un marco de tiempo limitado (como fue el caso durante las décadas de 1960 y 1970), sino, mas bien,.ante todo una acción política, que tiene poco o muy poco “valor intrínseco” como estrategia económica nacional, por lo que, en efecto, no haría nada para generar nuevos empleos ni incrementar el nivel de ahorro e inversión, y no crearía nuevas fuerza productivas si no se aplica correctamente si, como se mencionó anteriormente, la misma no se lleva a cabo como el resultado de un estudio general de las instituciones dueñas de los monopolios que se pretenden abrir y vender a la empresa privada.


RECOMENDACIONES

Quienes elaboramos este trabajo recomendamos que deben darse una serie de situaciones alternas a la privatización en la que las relaciones entre lo público y lo privado resulten compatibles con las necesidades de las mayorías nacionales. O en su defecto, que en la decisión de proceder o no con la apertura de los Monopolios Públicos en poder del Estado no se incluyan solamente las fuerzas políticas y sindicales de este país que, en la mayoría de las ocasiones, no hacen nada mas defender sus intereses personales como es de todos conocido, sino que se tome en cuenta también la opinión de los ciudadanos quienes son los que sufren por un mal servicio por el que pagan y del que no tienen otra alternativa para escoger.

Consideramos también que es de suma importancia de que, en el caso de que se de una apertura, las empresas que vengan a operar en el país lo hagan con la total supervisión del Estado de manera que no se den los abusos que se puedan generar en cuanto a los precios y calidad de servicios. Aún cuando lo anterior suene un poco utópico, por las experiencias vividas en situaciones anteriores.

Se debe pensar en el desarrollo de la nación pero no en detrimento de las clases sociales que son las que la conforman y le dan el soporte para su existencia.

 

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Geovanny Leiton Villalobos

Departamento Administrativo Aduana Central

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