¿QUÉ QUEDA DEL "MOVIMIENTO OBRERO"?

En los años transcurridos desde la instauración democrática en 1983, se han producido en Argentina dos grandes procesos que han cambiado el rumbo del desarrollo político, social y económico del país. En el plano político, han tenido lugar la consolidación de un régimen democrático de gobierno y el concomitante fortalecimiento de la competencia partidaria. En el plano económico, se ha acelerado el reemplazo del anterior modelo intervencionista por un modelo aperturista y desregulador del mercado interno. Este segundo proceso vino acompañado de una novedad adicional: el principal promotor político de la apertura y la desregulación económicas ha sido el peronismo, esto es, uno de los agentes que más había impulsado, en el pasado, el modelo intervencionista.

Los procesos mencionados han tenido consecuencias importantes en el comportamiento del mercado laboral, en la orientación de la política laboral del gobierno y en las formas de acción colectiva de los agentes sectoriales. Durante los últimos años, han cobrado relevancia distintas formas de protesta asociadas a cuestiones laborales que se alejan de las formas "clásicas" de protesta laboral -la huelga y la movilización sindicales-, las cuales, por su parte, predominaron durante el gobierno de Alfonsín. Me refiero, principalmente, a los "estallidos sociales" en el interior del país y a los cortes de ruta^1/. Esta "novedad" fue acompañada por cambios en las protestas sindicales. Ahondando en esta impresión general, me propongo indagar en este trabajo qué hay realmente de nuevo en el mapa de protestas laborales desde 1983 hasta la actualidad.

Entiendo por protestas las manifestaciones colectivas de carácter público, directo y discontinuo que expresan desacuerdo y reclaman soluciones frente a un cierto estado de cosas. Una protesta es de carácter público toda vez que hace visible ante la población civil y/o las autoridades políticas un reclamo o una situación percibida como un problema social por los protagonistas. Tiene carácter directo cuando se expresa mediante algún tipo de acción que implica la interrupción de la actividad cotidiana o habitual de los participantes y/o cuando interrumpe el funcionamiento normal de la vida pública (huelgas, ocupaciones de establecimientos, cortes de ruta, actos y movilizaciones callejeras, etc.). Tiene carácter discontinuo en el tiempo cuando consiste en una acción episódica, aun cuando sea parte de una lucha más amplia o devenga en modalidades de acción y expresión más permanentes (por ejemplo, la protesta puede dar lugar a o ser expresión de un movimiento social con una base institucional y programática estable). Con esta definición se dejan de lado otras múltiples modalidades de acción colectiva, por ejemplo, los emprendimientos cooperativos, los grupos de ayuda mutua o las negociaciones entre empleados y empleadores contempladas en el sistema institucional de relaciones laborales. Entiendo por protestas laborales aquellas cuyo reclamo, demanda o reivindicación se refieren a problemas vinculados al trabajo: el salario, las condiciones laborales, las fuentes de trabajo, el marco regulatorio y demás.

La pregunta por la novedad en las protestas laborales exige adoptar una perspectiva histórica, en función de la cual definiré un repertorio "clásico" de protestas laborales en Argentina. Argumentaré que el mismo obedece a la configuración del peronismo como referente central del reclamo obrero y propondré una interpretación acerca de la emergencia de nuevas formas de protesta laboral fundada principalmente en un análisis político.

Aunque no forme parte de los objetivos de este trabajo, considero pertinente un análisis de la eventual incidencia de las transformaciones en el mercado de trabajo acontecidas entre 1983 y 1997 -en la estructura del empleo, los niveles de remuneraciones, la composición sectorial de la ocupación, el marco regulatorio, etc.- en las formas de protesta laboral. No obstante, pienso que ello no basta para analizar la evolución de las formas de protesta. Ni el descontento ni las formas de expresión del mismo podrían deducirse de datos "objetivos" tales como el aumento del desempleo, la caída del poder adquisitivo del salario o la disminución relativa de los obreros industriales. Tanto como la referencia a la situación socioeconómica de los sectores del trabajo, resulta necesaria una contextualización política de los fenómenos de protesta. La particular conformación histórica de las luchas laborales en Argentina, indiscernible del peronismo, nos impide hacer abstracción del aspecto político de las mismas^2/ No alcanza, entonces, con analizar una evolución de categorías socioeconómicas para comprender la configuración histórica del repertorio de luchas laborales en Argentina; es preciso incorporar la dimensión política. Pues las condiciones y transformaciones socioeconómicas sólo impactan en las formas de protesta bajo la mediación de la arena política en la cual se configuran los intereses, identidades y recursos que orientan la acción colectiva. En este sentido, me propongo realizar un análisis político de la evolución de las formas de protesta en la nueva democracia Argentina que otorgue especial interés al papel del peronismo en las reivindicaciones laborales.

El plan del trabajo es el siguiente. Comenzaré por exponer los conceptos que considero apropiados para analizar la evolución de las formas de protesta en el período estudiado. He hallado útiles las nociones de "repertorio de acción colectiva", "estructura de oportunidades políticas" y "economía moral", desarrollados por Tilly, Tarrow y Thompson, respectivamente. En segundo lugar, definiré las formas de protesta laboral que, por su vigencia histórica, englobo bajo la denominación de repertorio clásico. El mismo está asociado al peronismo. En tercer lugar, expondré, con la correspondiente contextualización, las principales formas de protesta del período 1983-1997: las protestas sindicales, los "estallidos sociales" y los cortes de rutas. En cuarto lugar, analizaré qué hay de nuevo en estas formas en relación al repertorio clásico, hallando que existen razones para afirmar que el repertorio de protestas laborales se ha transformado en el transcurso del período analizado. Por último, me valdré de los tres conceptos expuestos al principio para ensayar una posible explicación de las innovaciones encontradas en el repertorio tradicional.

En términos generales, el problema teórico que enfrento en este punto puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿De qué dependen las formas mediante las cuales que se presenta el reclamo laboral? En otras palabras, ¿cuáles son las variables relevantes para explicar las formas de protesta?

Los enfoques que he tomado en cuenta no son, desde ya, todos los que existen sino aquellos que me parece relevante tener en cuenta en función de mi preocupación teórica particular: ¿cómo se relacionan los cambios en el modelo económico, en las instituciones políticas y en los actores políticos registrados en la nueva democracia argentina con las formas de protesta por los problemas ligados al empleo?

En un trabajo anterior ^3/, he presentado un recorrido por los distintos enfoques teóricos sobre protestas consignados bajo la dicotomía individualismo-holismo. Establecí en aquella oportunidad dos grandes conjuntos de enfoques según propongan explicaciones centradas en el nivel de los individuos o en el nivel de las estructuras o totalidades: a saber, (1) enfoques individualistas y (2) enfoques holistas. Entre los primeros, consideré: los enfoques psicologistas tradicionales y los enfoques utilitaristas. Entre los segundos, el enfoque sistémico clásico y el enfoque de los nuevos movimientos sociales.

Para el análisis de la evolución de las formas de protesta laboral entre 1983 y 1997, me ha resultado imposible optar por uno de los enfoques expuestos, pues considero que todos ellos aportan ideas interesantes como asi también todos presentan puntos vulnerables.

El enfoque psicologista tradicional coloca a los fenómenos de movilización colectiva en el campo de la irracionalidad ^4/. En este terreno operan mecanismos subjetivos (contagio, sugestión, frustración relativa), los cuales son considerados causa eficiente del comportamiento colectivo, sin intervención del cálculo racional de acciones posibles. Por tanto, esta perspectiva excluye la posibilidad de efectuar un análisis estratégico de la acción colectiva. Esto implica una limitación inadmisible para comprender las protestas laborales, las cuales, por lo general, suponen un alto componente de cálculo estratégico. Además, siendo las formas de acción colectiva una preocupación central de este trabajo, este enfoque no aporta elementos que permitan discriminar entre los determinantes de distintas formas de expresión. Pero, no obstante estas insoslayables restricciones, el enfoque tiene la virtud de indicar la existencia de determinantes subjetivos de la movilización colectiva resistentes al modelo utilitarista.

La teoría de la movilización de recursos, deudora de los presupuestos del rational choice: maximización del autointerés como motivación de la acción y cálculo racional de estrategias posibles como método de decisión, provee un enfoque estratégico y utilitarista de las movilizaciones sociales ^5/. Las variables fundamentales para el análisis de este tipo de sucesos son los recursos y las oportunidades para la acción. Los intereses y las preferencias de los actores se asumen como dados desde el punto de vista del análisis de la acción colectiva, siendo éste el punto quizá más vulnerable de la propuesta. Se trata de una perspectiva fértil para explorar la dinámica de movilización ya que presta especial interés a las redes organizativas y a la gestión de la acción.

Pero no ayuda a comprender las apuestas identitarias o de lucha por el sentido de un estado de cosas determinado que se juegan en la protesta. El dispositivo del cálculo racional no puede dar cuenta de la visión de los sujetos acerca de lo que el mundo es ni de lo que tales sujetos creen que debe ser que ellos adhieren a sus actos.

Curiosamente, Smelser (1989) avanza en esta última dirección al incorporar las creencias en la base del comportamiento colectivo. Elabora una teoría ciertamente compleja de los determinantes del comportamiento colectivo. Entre los mismos no solamente contempla la existencia de una tensión, falla, conflicto o disfunción del sistema social sino la propagación de una creencia que vuelva significativo este dato estructural a los ojos de los actores. La creencia tiene la función de identificar la fuente del problema y especificar las respuestas posibles. También esta teoría contempla como determinantes del comportamiento colectivo la dinámica de la propia movilización (los líderes, la organización, etc.), factores coyunturales precipitantes e incorpora el control social y la capacidad de las instituciones para tolerar y canalizar el conflicto social en el análisis del comportamiento colectivo. El problema de Smelser es su consideración del carácter disfuncional (patológico) y, por tanto, no institucionalizado del conflicto social. Coser (1961), sin renunciar al análisis sistémico, asigna funciones positivas al conflicto social en la definición de las identidades.

Los enfoques sistémicos, más allá de sus alzados matices, nos indican que las variaciones en el grado y las formas de movilización social hay que buscarlas en la naturaleza de los cambios a nivel sistémico y en la capacidad de las instituciones para gestionar tal cambio. También el enfoque de los nuevos movimientos sociales sugiere esta misma pista -por esto lo he clasificado entre los enfoques sistémicos-. De este enfoque, me interesa particularmente su orientación a dar cuenta de una novedad en las formas de movilización social.

Surge de la identificación de una situación de quiebre de las identidades tradicionales en las sociedades europeas centrales, la cual colocó a los individuos en la necesidad de construir identidades colectivas sustitutas que hicieran posible la acción colectiva en pos de la defensa de intereses u opciones de vida. El quiebre de las identidades tradicionales (de las identidades de clase, fundamentalmente, propias de la sociedad industrial) es atribuido a diversas causas según los autores. Sin embargo, todos se refieren a cambios globales: para Offe (1988), es la emergencia de la sociedad postindustrial; para Melucci (1994b), la emergencia de la sociedad de la información; para Habermas (1987), la colonización progresiva del "mundo de la vida" por la racionalidad instrumental. Además de la indicación acerca de dónde buscar la novedad, este enfoque aporta al análisis de fenómenos de acción colectiva una noción interesante de identidad colectiva, no antepuesta sino consustancial a la acción. Los estudios realizados bajo este enfoque se han interesado principalmente por la "novedad" de los movimientos estudiantil, feminista y antinuclear (para mencionar los más recurrentemente estudiados) surgidos en los años 80 en Europa. Las dificultades para extrapolar este enfoque a las protestas laborales en un país latinoamericano se muestran por sí mismas.

El esfuerzo de la mayor parte de los autores contemporáneos ha ido en dirección de superar la dicotomía individualismo-holismo que guió la presentación de los enfoques realizada, acordando que la gracia de un "buen" enfoque de las movilizaciones sociales está en resolver el camino que va de la estructura o del sistema a la acción. Hecho el balance, queda desestimar para este trabajo una serie de antinomias: cálculo racional versus irracionalidad, estrategia versus identidad, individualismo metodológico versus holismo metodológico.

Por mi parte, en vistas de abordar el problema que me ocupa en este trabajo y de ser menos injusta con algunos autores, creo que los conceptos de "repertorios de acción colectiva", de "economía moral" y de "estructura de oportunidades políticas", utilizados por Tilly, Thompson y Tarrow respectivamente, pueden ser el puente que necesitamos para poner en relación las formas de movilización con, por un lado, las transformaciones estructurales que implican las políticas neoliberales en Argentina y, por otro, con las transformaciones que ha experimentado el sistema político luego de la instauración del régimen democrático. Argumentaré que estos tres conceptos permiten atravesar la dicotomía metodológica individualismo-holismo, permitiendo sostener un enfoque que no deprecie el componente calculativo de la acción colectiva ni desatienda sus determinantes de tipo sistémico o estructural.

El concepto de repertorio de acción colectiva desarrollado en los estudios de Tilly sobre fenómenos de protesta es especialmente sugerente para este trabajo. Un repertorio de protestas es el conjunto de medios de los que dispone un grupo particular para realizar reclamos, el cual no se explica solamente en términos instrumentales -como el medio más adecuado para alcanzar el fin deseado en una determinada circunstancia-, sino, al propio tiempo, en términos de aprendizaje. Por ejemplo, los obreros utilizan generalmente la huelga como medio de protesta, pero no lo hacen porque éste sea siempre el medio más eficaz para conseguir sus propósitos, sino porque es la herramienta que han incorporado en su proceso de aprendizaje en el ámbito laboral. La vigencia de un repertorio implica los siguientes factores: 1) rutinas cotidianas y redes de organización de la población; 2) experiencia acumulada de acción colectiva, una memoria y un saber; 3) estándares predominantes de derechos y justicia; 4) patrones de expresión. Por todo lo que implica, un repertorio suele ser estable, sirve como un marco definido de interacción social y ha de ser aprehendido tanto en términos estratégicos como culturales. No sólo cabe preguntarse cómo enfrenta la gente instrumentalmente la desocupación u otras situaciones con los recursos disponibles; debemos indagar también en qué horizonte de sentido estas circunstancias son percibidas como intolerables o injustas de modo tal que puedan motivar y justificar el reclamo. Un repertorio consiste en prácticas recurrentes a través del tiempo que logran convertirse en una "institución"; establece reglas que pautan el comportamiento y las expectativas de los actores. El concepto de repertorio no sólo hace referencia a lo que los individuos o los grupos hacen cuando entablan conflictos con otros; también designa lo que ellos saben que tienen que hacer y qué es lo que los otros (los desafiados, por ejemplo) esperan que ellos hagan.

Tilly es un autor significativo para nuestro problema por su manera de relacionar procesos de transformación estructural, coyunturas políticas y protestas sociales. En su libro «The Contentious French. Four Centuries of Popular Struggle», Tilly analiza el devenir de una forma particular de acción colectiva denominada por él "contention" durante cuatro siglos: desde 1598 a 1984. Llama "contention" a las ocasiones en las que la gente actúa conjuntamente en base a sus intereses de una manera directa, visible, y afecta significativamente la realización de los intereses de otra gente. Abarca una variedad de fenómenos: sediciones, motines, tumultos, manifestaciones.

Ahora bien, ¿de qué dependen los repertorios? Cambian en función de las fluctuaciones en los intereses, las oportunidades y la organización [1986:4]. En el libro citado, Tilly se pregunta: en el caso de Francia desde el siglo XVII al presente, cómo el desarrollo del capitalismo y la concentración del poder en el estado nacional afectaron las maneras en que la gente común "contendía", o lo dejaba de hacer, por sus intereses. Tomando un lugar, una población única o un evento no se podría responder a esta pregunta. Pero sí haciendo un estudio comparativo de las contiendas populares en diferentes regiones tomando un período largo de análisis. El primer problema que aborda Tilly en este trabajo con respecto al capitalismo y a la formación del estado nacional es determinar cómo los grandes cambios afectaron los intereses, las oportunidades y la organización de los diferentes grupos populares en los cuatro siglos y luego ver cómo estas alteraciones en los intereses, las oportunidades y la organización repercutieron en las contiendas. Tilly correlaciona la historia de estos cambios estructurales con la historia de las contiendas. Encuentra que las mayores fluctuaciones en estas últimas responde a las idas y vueltas del capitalismo y la construcción del estado nacional. La rápida construcción de un estado beligerante en el siglo XVII incitó la resistencia del pueblo cuyos derechos y recursos el estado comenzaba a afectar. El "boom" de la producción vía disciplinamiento en el siglo XIX produjo la preeminencia de la huelga por establecimiento. Pero no todas las contiendas respondieron tan directamente a los cambios globales. Estas fueron más intensas en el marco de las principales crisis políticas y los cambios de régimen, lo cual habilita a suponer que estos cambios afectaron las oportunidades para actuar. Los cambios estructurales provocados por el capitalismo y el estado nación están en la base de los cambios en el repertorio de acción colectiva al comienzo del estado capitalista moderno. Es decir, los repertorios son tan permanentes que sólo el conjunto de los cambios económicos y políticos que se produjeron en los países occidentales a lo largo del siglo XIX pudo dar lugar a la sustitución del repertorio "tradicional" por el "moderno". El viejo repertorio se caracterizaba por ser, en su alcance: local y, en su orientación hacia los detentadores del poder, "patronizado".

Había estado en vigencia en países como Francia al menos durante doscientos años (desde la desaparición de las grandes revueltas campesinas de corte comunitario, a mediados del siglo XVII). El "nuevo" se caracterizó por ser nacional y autónomo, como corresponde al desarrollo de las nuevas estructuras económicas y políticas de la sociedad capitalista. Al repertorio tradicional corresponde una gama de formas de acción colectiva bien conocidas por los historiadores: los motines de subsistencia y las apropiaciones de cosechas; las invasiones colectivas de terrenos prohibidos, como campos, ríos o bosques; la destrucción de barreras de peaje o de otro tipo; la destrucción de máquinas; las cencerradas y serenatas; las expulsiones de funcionarios encargados del cobro de impuestos; los incendios; el saqueo de casas particulares; la representación de procesos judiciales populares; etc. No menos variadas son las formas del nuevo repertorio: unas estaban relacionadas con los procesos electorales y la acción política (como los mítines públicos, las reuniones y campañas electorales o las marchas de petición); otras con los enfrentamientos económicos con los patrones, como las huelgas o las manifestaciones; un tercer tipo reflejaba el enfrentamiento radical con las autoridades por medio de las ocupaciones de edificios oficiales o las insurrecciones planificadas de grupos revolucionarios.

El concepto de repertorio de acción colectiva, a mi modo de ver, tiende un puente entre la estructura y la acción. Y en ese puente la política tiene su papel. La premisa más importante del enfoque llamado "del proceso político" (del cual Tilly es parte) radica en que los procesos sociales -esto es, estructurales- afectan de manera indirecta, mediante una reestructuración de las relaciones de poder existentes, a la protesta social.

En «La economía "moral" de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII», Thompson argumenta en contra de las interpretaciones que, según él, la mayor parte de los historiadores ha realizado de las causas de los motines de subsistencia en Inglaterra durante el siglo XVIII. Estas asignan al aumento desmesurado del precio del pan (y su efecto: el hambre, dada la importancia de este alimento en la dieta de los sectores populares en ese contexto histórico) eficacia causal en la emergencia de las protestas. Estas son consideradas acontecimientos reactivos y, como tales, irracionales. Thompson, en cambio, caracteriza los motines de subsistencia como una forma compleja de acción popular, disciplinada y con claros objetivos. Por cierto que los mismos motines eran "provocados" por precios que subían vertiginosamente, por prácticas abusivas de los comerciantes o por hambre. Pero los agravios operaban dentro de un consenso popular respecto de qué prácticas eran legítimas en la elaboración y la comercialización del pan. Para Thompson, los hombres y mujeres que constituían el "tropel" creían estar defendiendo derechos y costumbres tradicionales; y, en general, estaban apoyados por el amplio consenso de la comunidad. Este estaba basado en una idea tradicional de las normas y obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad que, tomadas en su conjunto, puede decirse que constituían la "economía moral de los pobres". Un atropello a estos supuestos morales, tanto como la privación en sí, constituían la ocasión para la protesta.

El método utilizado por Thompson para el análisis de los motines de subsistencia, así lo define en un libro posterior [1995:296], consistió en reconstruir un modelo paternalista de la comercialización de alimentos; contrastar esto con la nueva economía política del mercado libre del grano, asociada, sobre todo, con «La riqueza de las naciones» de Adam Smith; y demostrar cómo, en tiempos de precios altos y escasez, la multitud podía recurrir a la acción directa para imponer el control protector del mercado y la regulación de los precios, reivindicando una legitimidad "derivada" del modelo paternalista. La economía moral se revela como tal ante la amenaza ocasionada por los imperativos mercantilistas. En tal sentido, nace como resistencia a la economía del libre mercado [1995:383].

En vistas de explicar las formas de movilización social, me interesa tomar de Thompson que el amotinamiento no tiene por qué ser la forma obvia o única de acción colectiva frente a la situación dada: pueden darse otras respuestas como las peticiones en masa a las autoridades, los días de ayuno, sacrificios y plegarias, visita a la casa de los ricos o la migración de poblados enteros. No hay una única respuesta "animal" al hambre. Tampoco el motín es necesariamente la respuesta más racional. Si así fuese, las modalidades de acción colectiva se explicaría siguiendo un cálculo de eficiencia. Dice Thompson: «El "motín" no es una respuesta "natural" u "obvia" al hambre sino una compleja pauta de comportamiento colectivo, una alternativa colectiva a las estrategias de supervivencia individualistas y familiares. Desde luego, los amotinados a causa del hambre estaban hambrientos, pero el hambre no dicta que deban amotinarse ni determina las formas del motín» [1995:302].

El concepto de economía moral me interesa porque, vía el concepto de legitimidad, establece una mediación entre el sistema de relaciones económicas y las formas de reclamar; porque conduce de la estructura a la acción. Porque permite pensar cómo un modelo económico puede encarnarse en las prácticas de los actores. Y no sólo en el sentido en que las normas que el mismo implica son constitutivas de las prácticas sino, asimismo, en cómo las concepciones valorativas de los actores y sus repertorios estratégicos se configuran al mismo tiempo que el modelo.

El trabajo de Thompson es sumamente sugerente para pensar la evolución de las formas de protesta laboral en Argentina. Porque podemos hablar de la crisis de un modelo de estado -el asistencialista- y de un modelo de acumulación -el mercadointernista- en Argentina y de la emergencia de un nuevo patrón de acumulación -aperturista, de libre mercado, estoy tentada de ver los reclamos laborales anclados en este proceso de transición estructural, que entra en conflicto con los supuestos morales -en términos de Thompson- que sustentaban las relaciones económicas y estructuraban las relaciones políticas en el sistema anterior^6/.

La noción de estructura de oportunidades políticas presenta utilidad cuando se pretende realizar un análisis sistemático del contexto político en el que emergen las protestas o, más genéricamente, las movilizaciones sociales. Según Tarrow (1994), quien ha elaborado sostenidamente este concepto en sus trabajos, las movilizaciones sociales tienen lugar cuando las condiciones políticas disminuyen el costo de la acción colectiva.

Esto es, cuando están dadas las oportunidades para hacerlo. El concepto funciona con la premisa principal de la teoría de la movilización de recursos: intereses conflictivos y razones para reclamar hay siempre, varían los recursos con los que los actores cuentan en cada momento para lanzarse a la acción colectiva como un medio para conseguir mejorar su situación dentro de una determinada distribución de poder. La "estructura de oportunidades políticas" cuenta como dato en los cálculos estratégicos de los actores.

Según Tarrow, las oportunidades resultan (claro que no exclusivamente) de las propiedades del sistema político, el cual tiene que considerarse tanto en su aspecto estructural como en su aspecto dinámico. El primero remite a las características del diseño o arreglo institucional; el segundo, a las posiciones y estrategias efectivas que los actores adoptan en su marco. Tarrow utiliza el concepto de "estructura de oportunidades políticas" para abarcar ambos aspectos de lo que aquí llamaremos sistema político. Las oportunidades de movilización resulta, según este autor, de la apertura o clausura del sistema político; del grado de estabilidad de las alianzas políticas; de la presencia de potenciales aliados influyentes; y de la cohesión o división de las élites dominantes [Tarrow, 1994]. El primer elemento atañe a la estructura institucional de los sistemas políticos y los demás refieren a la configuración del poder entre los actores relevantes para el caso estudiado dentro de dicho sistema.

Está claro que este concepto necesita ser especificado en adecuación al contenido y los objetivos de cada investigación en particular. En nuestro caso, es preciso decidir cuáles son los aspectos tanto "institucionales" como "dinámicos" del sistema político que podrían incidir en las protestas laborales.

Entre los aspectos "institucionales" del sistema político que son relevantes para el análisis de protestas laborales, cuentan el régimen de gobierno y el sistema de relaciones laborales. Llamo institucionales a aquellos aspectos del sistema político que están formalmente reglados o que, aunque no tengan este carácter, su recurrencia y su capacidad de sanción los haga equivalentes a los primeros. Entre los aspectos "dinámicos", son relevantes para este estudio las siguientes variables: 1) La posición del Partido Justicialista en el sistema político, la cual condiciona sus expectativas y sus estrategias políticas y es relevante dado que este partido ha sido históricamente el principal referente político del sindicalismo y del reclamo laboral en general. 2) Los alineamientos políticos (o propiamente sindicales) dentro del sindicalismo; 3) las estrategias tradicionales de las autoridades y de los miembros relevantes del sistema político respecto de los desafiadores en el campo laboral, las cuales definen la medida en que las acciones colectivas desafiantes serán facilitadas o reprimidas y, en consecuencia, las posibilidades de éxito que puedan tener las acciones de protesta. Dicho de otro modo, la mezcla entre facilitación/represión y posibilidades de éxito depende, al menos en parte, de los cálculos estratégicos de las autoridades. Esta mixtura condiciona la serie de opciones estratégicas disponibles para la movilización de los desafiadores, ofreciendo un nexo entre la "estructura de oportunidades políticas" y la decisión de los desafiadores de movilizarse o no, la elección de formas de movilización, la secuencia de los actos a organizar y los destinatarios de los reclamos. O sea, las estrategias de las autoridades o los actores relevantes en cada caso y las de los desafiadores son interdependientes. Ambas constituyen el contexto de interacción en el que se lleva a cabo un desafío específico. La postura de las autoridades frente a los desafiadores no sólo está condicionada por la estructura institucional formal sino también por los procedimientos y estrategias informales empleados de manera regular por las autoridades con respecto a los desafiadores. Estas estrategias pueden ser excluyentes (represivas, confrontadoras, polarizadoras) o integradoras (facilitadoras, cooperadoras, asimiladoras, cooptativas). Estos procedimientos están anclados en tradiciones ^7/.

En el análisis de la evolución del repertorio de protestas laborales entre 1983 y 1997, se utilizarán los tres conceptos expuestos. Para ello, debemos esperar hasta el último punto de este trabajo. Antes, definiré el repertorio clásico, el cual servirá de parámetro para detectar los cambios producidos, y presentaré las formas de protesta laboral, a mi juicio, más relevantes del período 1983-1997.

Poniendo a jugar el concepto de repertorio de acción colectiva expuesto en el punto anterior, creo interesante y adecuado afirmar la vigencia de un repertorio de protesta laboral "clásico" en Argentina.

Con la denominación de "clásico" pretendo hacer referencia a un modelo histórico, no interesándome aquí una explicación genética del fenómeno que se intenta capturar en dicho modelo sino una exposición conceptualmente útil de los rasgos constitutivos del reclamo laboral en Argentina. El relato histórico debe nutrir y dar lugar a la definición del repertorio "clásico" de protesta, el cual funcionará como un parámetro para la interpretación de las novedades y las permanencias en las formas de protesta a partir de 1983.

El repertorio de protestas laborales en Argentina que llamamos "clásico" se asocia a una particular formación histórica constituida por el peronismo como identidad política de los "trabajadores" y por una matriz estadocéntrica de organización y distribución del poder ^8/. Bajo los primeros gobiernos de Perón, el reclamo obrero se constituyó con una determinada forma política e ideológica y se plasmó en una determinada forma institucional.

Tanto la expansión de los sectores laborales en Argentina como su incorporación a la política se dieron en el marco de la "revolución social" llevada a cabo por el peronismo a partir de 1945, a raíz de la cual, como lo escribe Halperín Donghi (1994:26) "todas las relaciones entre los grupos sociales se vieron súbitamente redefinidas". Después de 1945, las protestas laborales llevaron la impronta de una identidad política de los trabajadores hegemonizada por el peronismo.

La forma institucional que adquirió la incorporación de los nuevos sectores laborales en el estado peronista a partir de 1945 moldeó el desarrollo futuro del sindicalismo y las modalidades del reclamo laboral. El decreto 23.852 de 1945 estableció las líneas generales del modelo sindical que recién será puesto en jaque en la década del 90. El mismo puede ser resumido en los rasgos que señalo a continuación.

La sindicalización está basada en el sector de actividad económica (lo que comúnmente se llama la rama económica), esto es, no valen como unidades de encuadramiento sindical el oficio o el establecimiento productivo. A su vez, en cada sector de actividad, sólo un sindicato cuenta con el reconocimiento oficial, el cual lo faculta para negociar con los empleadores de esa actividad. Los patrones se hallan obligados por ley a negociar con el sindicato reconocido, y las disposiciones establecidas por medio de esa negociación se aplican a todos los trabajadores de esa rama. El modelo argentino de organización sindical descansa principalmente en una figura jurídica: la personería gremial, entendiéndose por la misma la capacidad de un sindicato de representar los intereses de una rama de actividad que es otorgada por el estado. El colectivo que representa el sindicato con personería está integrado por todos los trabajadores asalariados pertenecientes a la rama de actividad que sea jurisdicción del sindicato en cuestión, es decir, forman parte del mismo tanto los trabajadores afiliados como los que no lo están. La legislación faculta a cualquier grupo de trabajadores para conformar una organización gremial. Pero, accederá solamente una a la representación monopólica de los trabajadores de la rama de actividad. Además, se crea una estructura sindical centralizada, la cual abarca las ramas locales y asciende, por intermedio de federaciones nacionales, hasta una única central: la Confederación General del Trabajo. Finalmente, por aquel mismo decreto queda establecido el papel del estado en la supervisión y articulación de esta estructura centralizada. Además de asignarle al Ministerio de Trabajo la potestad de otorgar la representación monopólica a un único sindicato por rama, estipula el derecho del estado a supervisar vastas áreas de actividad sindical. La estructura legal asegura a los sindicatos muchas ventajas: entre ellas, derechos de negociación, protección de los dirigentes sindicales frente a la adopción de represalias por parte de sus empleadores, estructura sindical centralizada y unificada, y deducción automática de los sueldos y salarios de las cuotas sindicales. Pero, al mismo tiempo, otorga al estado una alta intervención en la asignación de recursos y en los acuerdos alcanzados por los sindicatos con los empleadores.

Este fue el formato institucional que canalizó la expansión sindical dentro de un modelo de estado, la cual aseguraba el reconocimiento de la clase trabajadora como fuerza social en la esfera de la producción, a la vez que integraba a sus organizaciones al aparato del estado mediante las instituciones que analizamos. La interpenetración entre identidad peronista y sindicalismo, por un lado, y el tipo de vínculo entre el estado y los sindicatos creados por el peronismo en el gobierno, por otro lado, brindaron al sindicalismo un notable grado de cohesión y eficacia en las luchas laborales.

Aparte del tipo de institucionalización del reclamo laboral, es central reparar en la forma ideológica que adoptó el mismo. Si en Argentina tiene sentido referirse a los trabajadores o al movimiento obrero, incluso al pueblo trabajador, como sujetos de acción, es porque ha existido un lenguaje que les ha conferido significado en tanto tales. El peronismo fue decisivo en la aparición y formación de la clase trabajadora argentina moderna. Su existencia y su fuerza identitaria se remonta a los años formativos del peronismo. El apoyo que los trabajadores dieron a Perón no se fundó exclusivamente en su experiencia de clase en las fábricas. Fue también, y fundamentalmente, una adhesión de índole política. En el repertorio "clásico" de lucha laboral tiene una importancia crucial la plaza pública como punto de constitución de la clase trabajadora (Sigal & Torre 1969).

Como lo enfatiza James, "la clase trabajadora no llegó al peronismo ya plenamente formada y se limitó a adoptar esa causa y su retórica como el más conveniente de los vehículos disponibles para satisfacer sus necesidades materiales. En un sentido importante, la clase trabajadora misma fue constituida por Perón; su propia identificación como fuerza social y política dentro de la sociedad nacional fue, al menos en parte, construida por el discurso político peronista, que ofreció a los trabajadores soluciones viables para sus problemas y una visión creíble de la sociedad argentina y el papel que les correspondía en ella" (1988:55-56).

De esta enfatización no deberá deducirse la imagen de la pasividad y la manipulación de una masa en disponibilidad por parte de Perón. También James se encarga de señalar la capacidad del discurso peronista para absorber, resignificar y articular contenidos presentes en la cultura popular previa al peronismo (James 1988:47-5). El atractivo político fundamental del peronismo fue su capacidad para redefinir la noción de ciudadanía existente en el lenguaje político de la época extendiendo su incumbencia desde el campo de los derechos civiles y políticos hacia el campo de lo social. El llamado político que el peronismo dirige a los trabajadores se funda en el reconocimiento de la clase trabajadora como fuerza social. Esta, configurada casi en el terreno de las esencias, solicitaba a través de Perón protagonismo en la vida política; solicitaba representación política en tanto fuerza social excluida de los ámbitos políticos. Esta representación no se consumaría mediante el ejercicio de los derechos formales de ciudadanía y la mediación de los partidos políticos. La clase trabajadora, como fuerza social, tendría que tener acceso directo y privilegiado al estado por medio de sus propias organizaciones: los sindicatos. Entonces, si bien el discurso peronista constituyó a la clase trabajadora como sujeto social, lo hizo en un discurso que la hizo preexistente al peronismo mismo. Perón se postuló en la campaña electoral de 1945-46 como su "vocero", avisando que su éxito sería posible en la medida en que ellos se unieran y organizaran. Afirmaba a los trabajadores como presencia social desarrollando un lenguaje de protesta frente a la exclusión política fundado centralmente en el reclamo de "justicia social" ^9/.

Veamos en qué consiste el repertorio clásico de protesta laboral. El modo de expresión del reclamo laboral claramente predominante ha sido la huelga en sus diversas variantes. Esta no es, por cierto, una especificidad argentina porque es el medio universalmente propio de reclamo laboral en la modernidad. En consonancia con la estructura centralizada del sindicalismo, la actividad huelguística en Argentina ha tendido a estar centralizada. Salvo en períodos de fuerte represión, como el de la Resistencia o la Dictadura. La movilización, marchas y concentraciones en la vía pública, ha sido el otro medio de expresión de los reclamos vinculados a los problemas del trabajo. Estas también han reflejado, en líneas históricas generales, la centralización de la estructura sindical y la prevalencia de los sindicatos como actores "naturales" de las luchas laborales.

Las movilizaciones callejeras son un elemento propio de la tradición peronista. La gran movilización popular del 17 de octubre de 1945 es su sello fundacional. Si bien el carácter de la misma excede con creces el de protesta laboral invitándonos a pensar en términos de un movimiento social, no podríamos comprender las formas de la protesta laboral en Argentina sin tal antecedente fundante. Decíamos que tanto la fábrica como la plaza han sido los ámbitos constitutivos de las luchas laborales. La fábrica remite a la unidad organizativa del campo de la producción, designando el lugar de referencia de las reivindicaciones de los trabajadores. Pero el peronismo ha investido, de entrada, las luchas laborales de un carácter principalmente político.

Desde la institucionalización del reclamo laboral a partir del estado peronista, las organizaciones sindicales se asignan el monopolio de la representación de los trabajadores en el campo de las luchas por sus intereses, constituyendo, por tanto, el actor principal de la protesta laboral. De acuerdo con la forma institucional que ha canalizado el reclamo obrero, los sindicatos han actuado como correas de transmisión entre el estado y los trabajadores. En consecuencia, las protestas laborales han tenido alto grado de institucionalización.

Ahora bien, no alcanza con detectar a los sindicatos al comando de las reivindicaciones laborales para analizar el sujeto de la protesta laboral. Es necesario mirar el sentido de la acción sindical en el marco del discurso peronista y revelar su politización inherente. Los sindicatos se antodesignan como partes del movimiento obrero, el cual constituye la "columna vertebral" del movimiento peronista. O sea que el peronismo como proyecto político es constitutivo del sujeto de la protesta laboral. Reforzando el rasgo fundacional que se analizó anteriormente, en los años 60, el movimiento obrero se fortaleció a medida que fue asumiendo una doble tarea: la lucha reivindicativa sindical y el único canal de expresión política del peronismo, proscripto y sin haber podido reconstruir su organización partidaria desde el derrocamiento de Perón en 1955. Es decir que, a la lucha por el mantenimiento y mejora del nivel de vida de los sectores salariales y la constante búsqueda del fortalecimiento de las organizaciones sindicales, se agregaba la lucha por el reconocimiento del peronismo como movimiento político. En este último sentido, el rol del sindicalismo en el peronismo fue identificado como el de "columna vertebral". A partir del golpe militar que derrocó al segundo gobierno de Perón en 1955, la exclusión del peronismo del campo político legal introdujo una profunda dislocación en la actividad política, lo cual condujo a la configuración de un "sistema político dual" entre 1955 y 1966 (Cavarozzi 1988). El sector popular y el "frente antiperonista" no compartían el mismo escenario político. El primero, principalmente representado por el peronismo, se quedó sin representación en el aparato institucional del estado. En este marco, el sindicalismo peronista se convirtió progresivamente en la expresión organizada más influyente de este sector. Hasta 1966, la política del peronismo y de las organizaciones sindicales (como centralizadoras de la capacidad de sanción del sector popular excluido) fue la desestabilización desde afuera de todos los gobiernos militares o civiles instaurados. El sindicalismo desarrolló una imponente capacidad defensiva anclada en la lucha económica y en la fuerza simbólica de la lucha por el regreso de Perón y su retorno al poder.

La acción de los sindicatos en Argentina ha estado tradicionalmente orientada por dos ejes principales: la demanda económica (mejoras salariales y de condiciones de trabajo) y la búsqueda de ventajas corporativas (O’Donnell 1976, James 1988). Ambas orientaciones forman parte del estilo sindical forjado en la década del 60. El mismo fue caracterizado por James como "pragmatismo institucional" y se encuentra sintetizado en el lenguaje político ordinario bajo la expresión "vandorismo". Este estilo puede ser definido por los siguientes elementos básicos: 1) la supervivencia de las organizaciones como objetivo central de la actividad gremial; 2) la ruptura de la ligazón entre las políticas de corto y largo plazo, siendo la perspectiva de corto plazo la determinante en el diseño de las estrategias de acción. Se trata de aprovechar las oportunidades puntuales que el sistema otorgue, de manera que los fines, objetivos o principios que motorizan la acción gremial aparecen filtrados por el cálculo de lo viable. Los mismos se legitiman en base a este tipo de cálculo. El estilo de liderazgo sindical conformado en esta época se caracteriza por controlar el activismo de base y concentrar las decisiones.

Sin dejar de ser el estilo prevaleciente, el pragmatismo institucional como lógica predominante de la acción gremial en Argentina ha entrado en espirales de crisis desde 1966, lo cual se percibe patéticamente en la experiencia del peronismo en el gobierno en el período 1973-1976 (ver Torre 1989).

Los reclamos economicistas y la búsqueda de ventajas corporativas se expresaron siempre revestidos por la retórica política peronista. Las luchas por ventajas económicas se sostienen en el discurso peronista acerca de los derechos de la clase trabajadora. Y el reclamo de ventajas corporativas encuentra su justificación en papel orgánico de las organizaciones sindicales en la sociedad y el estado asignado por el discurso peronista.

La apelación a la organicidad es un tópico del lenguaje peronista de protesta. El reclamo obrero debe ser tramitado por los canales orgánicos "naturales" que provee el movimiento peronista. Para eso están los sindicatos y también el estado. Las formas del reclamo tienen que ser orgánicas, digamos institucionales. Ningún interés ni ningún grupo o persona puede arrogarse representación por fuera de las organizaciones peronistas.

Resumiendo, la alta institucionalización y politización son los dos rasgos que constituyen juntos e indiscerniblemente los conflictos laborales en Argentina ^10/.

Con el trasfondo del repertorio clásico, expondremos en los próximos puntos las principales formas de protesta laboral del período 1983-1997: las protesta sindicales, los "estallidos sociales" y los cortes de ruta.

Expondré en este punto las líneas generales de la situación y el accionar del sindicalismo entre 1983 y 1997, lo que contribuirá a la mejor apreciación de la evolución de las formas de protesta sindical en el período que se analizarán en los puntos 3.1 y 3.2.

Hacia el final del régimen militar instaurado en 1976, se produce una situación de agitación bautizada como "resurrección de la sociedad civil". O’Donnell y Schmitter (1991) dan este nombre al momento de movilización generalizada que acontece en la sociedad al ritmo de la liberalización política del régimen autoritario, es decir, cuando las autoridades comienzan a otorgar garantías individuales y a negociar con ciertos sectores opositores.

Como bien señalan estos autores, tal renacimiento debe comprenderse sobre el telón de fondo del éxito conseguido por el régimen militar en despolitizar y atomizar la sociedad, durante el cual los individuos se refugiaron en sus ámbitos privados. Por esto, el resurgimiento de identidades colectivas fue de carácter casi explosivo y surgieron demandas que no habían contado con canales públicos de expresión. En este contexto, los reclamos laborales resurgieron amplificadamente a través de huelgas, manifestaciones callejeras y activismo de base, presionando sobre las fronteras del espacio público abierto por el régimen. La reorganización del sindicalismo peronista se dio en este marco de alta movilización social, el cual acompañó la instauración del gobierno democrático y, en gran medida, caracterizó globalmente el período de gobierno alfonsinista.

En 1983, el peronismo perdió en las urnas frente al radicalismo. Esta fue la primera novedad que presentó la nueva democracia: el peronismo podía no lograr la mayoría del electorado y asumir el rol de oposición política en el marco del nuevo sistema institucional.

Para recomponerse de la derrota electoral, el peronismo, en la oposición política, comenzó a fortalecerse desde su núcleo más duro, al menos por ser el que ofrecía mayor capacidad organizativa: el sindicalismo. Apelando al lenguaje reivindicativo de siempre y a los recursos de siempre, el sindicalismo puso en práctica su ejercitado repertorio de protesta: huelgas generales o sectoriales para reclamar, principalmente, mejoras salariales y actualizar la identidad peronista de los trabajadores. La liturgia peronista sumada a las destrezas de las organizaciones sindicales para perseguir sus objetivos recubrieron las numerosas medidas de fuerza que tuvo que afrontar la novata democracia.

El sindicalismo había desempeñado un rol relevante en la apertura política hacia el final del régimen militar, no sólo en tanto sindicatos -vía huelgas y movilizaciones- sino también como artífices de la reconstitución del PJ para las elecciones de 1983. La conducción de este partido, dada la residencia en España de su titular (Isabel Perón), había quedado en manos del dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel, lo cual permitió a los dirigentes sindicales ocupar generosos puestos en las listas de candidatos del PJ para las elecciones generales de 1983.

Debido al protagonismo de los sindicalistas en los preparativos electorales, la derrota del PJ se convirtió en una derrota de los sindicatos, los cuales habían sido el blanco de los ataques al peronismo por parte del candidato a presidente de la UCR.

Sin embargo, ya en 1984 el sindicalismo peronista había recobrado su espacio a través de dos fenómenos concomitantes. Por un lado, el fracaso gubernamental en la sanción de la Ley de Reordenamiento Sindical. El radicalismo se había propuesto cambiar desde el gobierno los patrones de acción del sindicalismo lanzando un programa de democratización de los mecanismos de selección de los cuadros dirigentes instituidos en los estatutos gremiales. Pocos días después de asumir, el gobierno envía al Congreso dicho proyecto de ley. El mismo consistía en la convocatoria a elecciones gremiales con un régimen electoral especialmente diseñado para la ocasión, estableciendo, entre otras cosas, la participación de las minorías en las conducciones sindicales, la suspensión ocasional de las cláusulas sobre antigüedad y avales requeridos para ser candidato a los cargos dirigenciales contemplados por los estatutos electorales de los gremios y la administración de los sindicatos por parte de representantes del ministerio de Trabajo hasta la substanciación de las elecciones.

Habiendo sido aprobado con algunas modificaciones por la Cámara de Diputados, fue rechazado por la Cámara de Senadores, donde la UCR no contaba con mayoría propia. El rechazo fue mayoritario a nivel de la dirigencia sindical y la necesidad de articular la resistencia al proyecto de ley mencionado operó como un imperativo de unificación de la estructura gremial. El sindicalismo cerró sus filas alrededor de dos posturas básicas: la defensa de la unidad del movimiento obrero y la no injerencia estatal en los asuntos gremiales, reclamando la restauración de la situación institucional previa al golpe militar de 1976. Por otro lado, las dificultades del PJ para recomponerse internamente luego de la derrota y las sucesivas fracturas que se producían en su seno colocaron a los sindicatos en un rol político-partidario. La gran cantidad de conflictos liderados por los sindicatos y orientados contra la política oficial los involucraron en un rol opositor que un PJ dividido y en proceso de recomposición interna no lograba cumplir.

Estas fueron las condiciones para el fortalecimiento de la corriente "ubaldinista" dentro del sindicalismo peronista. La recuperación del PJ como alternativa electoral a partir de 1987 significó el debilitamiento de este sector, por lo cual se puede conjeturar que la hegemonía del ubaldinismo en el sindicalismo peronista era tributaria de su rol político de oposición a la política, principalmente económica, del gobierno de Alfonsín. Le sucedió el predominio del "Grupo de los Quince" ^11/, cuya formación fue el resultado de la convergencia entre los intereses del radicalismo en disminuir las chances electorales de la Renovación y de sectores sindicales que habían perdido peso en el PJ y en la estructura sindical vis a vis los sectores renovadores, instalados tanto en el partido como en la estructura sindical.

La estrategia ubaldinista de confrontación con el gobierno tuvo auge mientras el PJ era presa de sus conflictos internos luego de 1983. Los sindicatos liderados por los "renovadores" moldearon sus estrategias al calor de la lucha político-partidaria. Los sectores más "ortodoxos" no se subordinaron a las estrategias de un PJ dirigido por la Renovación pero, en su lugar, encontraron un canal indicado en el sistema político para aliarse con el gobierno y para penetrar nada menos que en su gabinete ministerial (cuando Carlos Alderete fue ministro de Trabajo).

Sólo a fines de 1988, cuando el PJ encaró el tramo final de la campaña que llevaría a Carlos Menem a la presidencia en las elecciones de mayo de 1989, todos los sectores del sindicalismo peronista se subordinaron, unos con más resistencia que otros, a la estrategia partidaria. Lo señalado resumidamente en este párrafo marca la gravitación de la dinámica del sistema político en la vida sindical e indica la importancia del análisis de las oportunidades políticas para la comprensión de las estrategias y las formas de protesta implementadas por el sindicalismo.

La acción sindical durante el período 1983-1989 tuvo tres orientaciones básicas: 1) corporativa: la legalización y la recomposición institucional, 2) económica: la demanda al estado de incrementos salariales y del mantenimiento de las fuentes de empleo, 3) política: el reflotamiento del Partido Justicialista y el liderazgo de la oposición al gobierno radical.

Podemos decir que la demanda de mejoras salariales fue la orientación preponderante de la actividad sindical entre 1983 y 1989. En términos generales, la estrategia de presión del sindicalismo hacia el gobierno por aumento de salarios subordinaba, o daba sentido, al resto de los reclamos. La dirigencia sindical buscó reconstruir su representatividad -y su prestigio- colocándose a la vanguardia de la lucha económica. Para esto, el sindicalismo se aferró a su estilo tradicional de acción: confrontar y negociar para obtener más. Las demandas centrales fueron: mayores salarios y más empleo. El "ubaldinismo", como dije antes, fue la nota característica del sindicalismo durante el gobierno radical. Ubaldini perfila su liderazgo a partir de la apertura de un frente de oposición al gobierno, para lo cual contaba con el vacío dejado por un desestructurado PJ. Las huelgas generales fueron su principal herramienta para, por un lado, lograr la centralización del descontento social -sumando sectores extrasindicales- y, por otro, la unificación de los diversos estratos del aparato sindical y del PJ. La estrategia de reclamo salarial durante el gobierno radical arrojó magros resultados para los trabajadores, dado que los aumentos se mantuvieron por debajo de la tasa de inflación (Godio, 1991). Sin embargo, esta estrategia tenía una orientación doble; apuntaba también a la construcción de un frente político opositor al gobierno, terreno en el cual los reclamos economicistas obtuvieron más éxito. Lo que ganaba en el ámbito político, lo perdía en el orden económico-social; en capacidad de control del mercado de trabajo, de la evolución de los salarios y de las condiciones de empleo.

La constitución del sector sindical en el eje de la oposición al gobierno fue la otra orientación típica de la acción sindical durante el gobierno radical. La orientación política estuvo articulada a las reivindicaciones economicistas y tuvo que ver, al menos en los primeros tiempos, con la crisis de PJ. Las luchas entre los sectores sindical y político del "movimiento justicialista" fueron, hasta los tiempos de Menem, parte indiscernible de esta tradición política. Una mirada global al período 1983-1989 devuelve una visión de la interpenetración entre las estructuras del sindicalismo y del partido justicialistas. En este sentido, las estrategias de acción sindical estuvieron dirigidas a mejorar el posicionamiento de los distintos alineamientos gremiales en la estructura partidaria peronista. En general, los ejes de diferenciación de los alineamientos gremiales estuvieron determinados por los antagonismos generados en la lucha partidaria. Un ejemplo paradigmático fue la división entre cafieristas y menemistas hacia 1988. En términos generales, el sindicalismo obtuvo éxito relativo en la articulación de una oposición al gobierno mientras se hacía cargo del pulverizado PJ. Relativo, porque a pesar de haber logrado ser una expresión importante del descontento popular con la política económica oficial, esto no se tradujo en la construcción de un frente político opositor liderado por el sindicalismo y apoyado por distintas corporaciones o partidos. El peronismo no logra una buena actuación en las elecciones de 1985. El factor dinamizador de la recuperación del PJ como alternativa electoral fue el fortalecimiento de la Renovación Peronista, corriente anclada principalmente en el partido y liderada por sectores "políticos". No obstante, no hay que desconocer el rol del sindicalismo renovador en las luchas internas del PJ que inclinaron la correlación de fuerzas hacia la Renovación. Por último, hacia 1989, el "ubaldinismo" que había sido el referente de aquella estrategia termina el período en la trastienda, opacado por la estrategia electoral de Menem.

Los cambios en el sindicalismo argentino en lo que ha transcurrido de la década del 90 han sido interpretados como un "cambio de época" (Palomino 1995). Interesan principalmente para este trabajo las dos mutaciones siguientes: 1) la ruptura del sistema nacional de relaciones laborales, 2) la pérdida de presencia de los sindicatos en el sistema político. El primero afectó el rol tradicional del sindicalismo como interlocutor del gobierno y los empresarios. En cuanto al segundo cambio, la consolidación del sistema de partidos y el cambio de perfil programático del PJ fueron despojando al sindicalismo de su carácter de "columna vertebral" del peronismo, esto es, de su rol político-partidario. Ambos implican transformaciones profundas en el modelo sindical vigente desde 1945.

El sistema de relaciones laborales desarrollado en Argentina se constituyó y consolidó entre 1950 y 1975. Entre sus principales rasgos cuentan los siguientes: 1) alto grado de intervención y regulación estatal; 2) fuerte centralización de la negociación colectiva por rama de actividad; 3) predominio de determinadas categorías profesionales: obreros y empleados urbanos, industriales y privados; 4) salarios acordados en función de la preservación del poder adquisitivo, regulados por la aplicación diferida de índices oficiales de aumento de precios, e índices globales de crecimiento del PBI para el cálculo de la productividad; 5) organización del trabajo en la industria de tipo "taylorista fordista", el cual se caracteriza por difundir métodos de disciplinamiento y control sobre la fuerza de trabajo y acordar con las patronales ritmos de trabajo y niveles de producción (Novick & Catalano 1992) ^12/.

El eje de este sistema de relaciones laborales es la negociación colectiva centralizada. Las dificultades de funcionamiento de este modelo se reflejaron en la discontinuidad recurrente de la negociación a lo largo de décadas, sea por la suspención de la misma durante los gobiernos militares o porque los gobierno civiles esgrimieron imperativos de orden económico para acotarla. A partir del golpe militar de 1976, se suspendió la vigencia de la negociación colectiva no solamente como un instrumento para restringir la actividad sindical sino, también, como una manera de favorecer la instauración de un mercado laboral "libre", coherente con el pensamiento económico de corte liberal. Entre 1984 y 1987, el gobierno radical mantuvo en suspenso la negociación colectiva alegando su incompatibilidad con los objetivos de la estabilización de la economía. Sólo a partir de 1988, y de manera limitada, se restableció la vigencia del sistema nacional de negociación colectiva, pero en un contexto en el cual las tendencias de la economía y la fuerza de los empresarios fueron imponiendo progresivamente la negociación por empresa. De esta manera, se fue generando una escisión entre las dinámicas de los distintos niveles de representación sindical y entre lo formal y lo que ocurría en realidad ^13/. Si bien se mantiene la vigencia de las leyes que garantizan el lugar de las direcciones nacionales de los sindicatos, la negociación se fue transfiriendo a subsistemas locales de relaciones del trabajo que regulan la cooperación y el conflicto en el plano de las empresas ^14/.

La brecha entre lo formalmente establecido y lo que realmente ocurría se fue agrandando más y más hasta que la voluntad de realizar un vasto programa de reformas laborales por parte del gobierno peronista se presentó con tal claridad y firmeza que puso radicalmente en cuestión la forma institucional que llamamos clásica de gestión del reclamo laboral. Las reformas económicas llevadas adelante por Menem han producido un quiebre del modelo de relaciones laborales definido anteriormente. La desregulación de la economía, las privatizaciones, la apertura y la flexibilización laboral han afectado vitalmente aquel modelo, perfilándose un nuevo sistema, el cual, también según Novick & Catalano (1992), implica: 1) un cambio en los marcos legislativos con la incorporación de nuevas formas de contratación, de la obligación de negociar mejoras salariales por productividad y de la descentralización de los convenios colectivos; 2) una segmentación sectorial amplia en materia de salarios y beneficios sociales; 3) orientaciones estratégicas heterogéneas tanto en el campo empresarial como en el campo sindical. Se ha llamado "flexibilización laboral" al proceso de reforma laboral emprendido, y aún no concluido, por Menem ^15/.

El sindicalismo se halla entonces inmerso en profundos cambios en el modelo sindical originario, los cuales debilitan su poder y comprometen sus estrategias tradicionales. Pero, además de los perjuicios ocasionados por las reformas económicas y laborales, el sindicalismo ha experimentado cambios que obedecen a los efectos asociados a la transformación de su rol en el sistema político. El peronismo en el gobierno siempre complicó las estrategias del sindicalismo peronista, sólo que, en el caso del gobierno peronista actual, se suma una complicación mayor a la presentada por el hecho de ser oficialista: curiosamente, su programa de gobierno no es populista sino neoliberal. Durante el gobierno radical, el PJ mantuvo su adhesión a políticas nacionalistas, estatistas, pro-obreras y redistributivas. En consonancia, la dirigencia peronista entre 1983 y 1989 criticó sin tregua las políticas económicas del gobierno que insinuaron un giro desregulacionista. Tuvieron la posición más dura en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, se opusieron a las privatizaciones y apoyaron los reclamos sindicales. Como ya se señaló más arriba, la influencia de sindicalismo dentro del partido era importante. El giro programático del PJ exigió el replanteo del papel del sindicalismo dentro del partido. Menem y sus colaboradores redujeron la influencia del "movimiento obrero" en el partido ^16/.

Frente al desafío neoliberal, el sindicalismo sufrió importantes divisiones. Desde 1992 hay dos centrales sindicales. Y, si bien la multiplicidad de centrales no constituye una novedad en la vida sindical argentina, quizá nunca la división haya ido tan lejos como esta vez, ya que una central ha renegado de su alineamiento con el peronismo. Desde 1990, la CGT permaneció dividida y el gobierno le otorgó reconocimiento oficial a la central oficialista hasta la unificación de ambas fracciones en 1992, la cual se produjo frente a la amenaza gubernamental de desregular el sistema de obras sociales. En este mismo año surge una central alternativa: el Congreso de los Trabajadores Argentinos. Afilia a dos grandes sindicatos de docentes y estatales y a algunas seccionales de otros sindicatos cuyas conducciones mantienen su adhesión a la CGT y propone una forma de organización diferente a la de la CGT. La afiliación no está restringida a los empleados; pueden afiliarse los desempleados y se permite la doble afiliación. De esta manera, se pretende hacer frente al desgaste que significa el crecimiento del desempleo y el empleo precario para la acción sindical. Esta forma organizacional se asemeja más a la de una organización social que a la de una central sindical (Murillo 1996). Sus dirigentes están vinculados a la oposición política. Cobra protagonismo también un alineamiento sindical que, siendo disidente de la conducción, mantiene su afiliación a la CGT: el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA). Agrupa a los gremios de choferes de colectivos de corta, media y larga distancia, empleados de los subtes porteños, camioneros, aeronavegantes y marítimos.

Tenemos a partir de 1989 un sindicalismo mayoritariamente oficialista y negociador inmerso en un proceso de reforma económica que socava sus bases de sustento, que profundiza la posición de debilidad estructural (fruto de la crisis del modelo de industrialización orientada al mercado interno) que ha tenido que gestionar desde hace décadas. Cabalgando en esta paradoja de identificación política con el peronismo y tradición reivindicativa, el sindicalismo ha enfrentado con su repertorio tradicional de protesta la destrucción del modelo socioeconómico que lo engendró. Esto último no niega el desarrollo de estrategias innovadoras a nivel de la dirigencia sindical porque sólo nos referimos a formas de protesta. El sindicalismo hegemonizado por la CGT ha negociado con el gobierno su participación en la implementación de las reformas económicas a fin de garantizar la supervivencia de sus organizaciones (ver Murillo 1996). Los cambios económicos y políticos del período han afectado enormemente el poder de los sindicatos y éstos se han ido desdibujando como referentes del reclamo laboral.

Para resumir los malos tragos a los que fue convidado el sindicalismo a partir de 1989, se pueden nombrar: la regulación de las huelgas del sector público, la prohibición de los aumentos salariales no asociados a incrementos en la productividad, la descentralización de las negociaciones colectivas, la privatización de las empresas estatales y la flexibilización de los contratos de trabajo. Más allá de los costos reales de estas medidas, es destacable el costo simbólico que la conversión programática del PJ ha tenido para el sindicalismo peronista.

Pasemos ahora a analizar estadísticas disponibles sobre protestas sindicales período que nos permitan percibir tendencias de cambio.

Antes de comenzar, es necesaria una digresión sobre la unidad de análisis utilizada por las fuentes tomadas.

En su base de datos, Ricardo Spaltemberg cubre los "conflictos laborales" entre 1984 y 1994 ^17/. Bajo esta denominación, registró toda modalidad de actividad huelguística en donde la acción consiste en la interrupción del transcurrir habitual del proceso de trabajo. La unidad temporal de la serie es el mes, lo cual significa que los conflictos que continúan más allá del mes de su inicio se vuelven a registrar en el mes siguiente, haciendo incorrecta la suma de los conflictos por mes. En consecuencia, no sería estrictamente correcto referirse con esta fuente al total de los conflictos producidos en el período. La serie que cubre entre enero de 1984 y junio de 1989 (gobierno de Alfonsín) fue tomada por Spaltemberg de la base de datos construida por McGuire, a la cual me referiré a continuación. El período restante fue cubierto con un relevamiento realizado por el propio Spaltemberg basado en las crónicas de los principales diarios nacionales. Como fundamentalmente se trata de un registro de huelgas, presupongo que se trata de protestas sindicales, es decir, de aquellas en las cuales los sindicatos desempeñan un papel central en la coordinación de la protesta. Conversaciones con Spaltemberg habilitan esta presunción.

Mc Guire ^18/ construye su serie temporal desde 1984 a 1993 en base a los registros del Consejo Técnico de Inversiones. La unidad de análisis es claramente la huelga -en sus variantes, claro- y las ocupaciones de lugar de trabajo. No incluye, como lo hace Spaltemberg, el trabajo a reglamento y el quite de colaboración. Esta diferencia no es tan relevante debido a la baja incidencia de estas medidas en el total de la serie de Spaltemberg: 10.5% ^19/. Es importante para la comparabilidad que ambas fuentes consideren el mes como unidad temporal de registro de las huelgas.

También he consultado los datos sobre conflictividad producidos por el CISI ^20/. En lo que respecta a la elaboración de este trabajo, serían estos los datos más adecuados. En primer lugar, porque toma como unidad de relevamiento cada medida de fuerza independientemente de la duración de la misma (es decir, sin cerrar el registro cada mes como lo hacen Spaltemberg y McGuirre). En segundo lugar, registra todo tipo de medida de fuerza, no solamente las huelgas y ocupaciones de lugar de trabajo. Esto último permite contar con la información sobre movilizaciones, cortes de ruta, ollas populares y otras actividades que no suponen necesariamente la realización de una interrupción de la jornada de trabajo. O sea, el relevamiento que realiza el CISI sería para mis propósitos ideal en caso de que cubriera el período 1984-1997. Pero no es así, su registro arranca en 1991. Su actualización es la otra ventaja que tendría esta fuente, dado que llega hasta el primer semestre de 1997 y continúa en elaboración. A pesar de las dificultades evidentes (distinta unidad de registro) de comparabilidad respecto de las dos anteriores que presenta esta fuente, la tendré en cuenta para definir las tendencias de los últimos años.

El dato que más impacta del período de análisis en todas las fuentes consultadas es la disminución de la cantidad de protestas laborales. La serie temporal más larga disponible es la construida por Ricardo Spaltemberg, que abarca desde 1983 hasta 1994. De acuerdo a la misma, a partir de 1991, la actividad huelgística disminuye considerablemente en comparación con la registrada desde 1984. El descenso coincide con la implementación del Plan de Convertibilidad. Los valores más altos del período 1984-1994 corresponden a 1990. A partir de este año, los conflictos disminuyen a la mitad y a veces aún más. De acuerdo a los datos de McGuire, bajo Alfonsín, el promedio de huelgas por bimestre fue 115 y, bajo el primer gobierno de Menem, el promedio cayó a 48 huelgas ^21/. A pesar de coincidir con las fuentes citadas en la tendencia sostenida a la caída de la conflictividad laboral tomando en cuenta todo el período, los datos del CISI muestran una tendencia al aumento de las protestas a partir 1993 (ver cuadro nº 1). Este desacuerdo quizás pueda explicarse por la no coincidencia de la unidad de registro. A partir de 1993 crecen las "protestas" y las "nuevas formas de protesta".

El CISI registra bajo la categoría de "protestas" las medidas de fuerza orientadas principalmente a ganar consenso en la opinión pública que no corresponden a "declaraciones de alerta", "movilizaciones", "paros", ni "ocupaciones de establecimiento". Es el caso de los cortes de ruta, las ollas populares, las huelgas de hambre, etc. Bajo el rótulo de "nuevas formas", consigna las protestas que no tienen antecedente hasta el año anterior a ser registradas, lo cual puede indicar que el desacuerdo se deba al aumento de los tipos de protesta no tradicionales.

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Paros

Movilizaciones

Alertas

Ocupaciones

Protestas

Nuevas Formas

274

159

142

285

173

135

376

224

102

122

434

287

121

126

510

438

108

103

162

186

231

683

697

883

1039

1370

649

La tendencia general que muestra la serie total 1984-94 (Spaltemberg 1996) es el desplazamiento relativo del conflicto laboral desde el área industrial hacia el sector público. Entre 1984 y 1987 (ambos incluidos), la mayor cantidad de conflictos acontece en el sector industrial. La tendencia sólo se contradice apenas en 1986.

Es claro cómo a partir de 1988, hasta 1990, esto se invierte en favor de la administración pública. Entre 1991 y 1993 gana el primer lugar el sector educación. En 1994, la administración pública recupera aún con más fuerza el primer puesto. En los dos primeros años del período, más del 35% de los conflictos se registraron en el sector industrial y primario. El promedio general del período para este sector alcanza el 24,3%, mientras el promedio de los años 1990-94 es 19,3%.

Los conflictos en el ámbito estatal pasan, en constante ascenso, de representar el 44% en el año 1984 a concentrar el 74,7% en 1994 (Spaltemberg 1996). Tendencia confirmada por McGuire.

Se nota un claro predominio de los reclamos de aumentos salariales en todo el período (Spaltemberg 1996). Pero, sobre todo, durante los años de Alfonsín, signados por la alta inflación y la consecuente pérdida constante del poder adquisitivo del salario. A partir de 1990, esta motivación declina sustantivamente y cobran mayor relieve los reclamos por el pago de salarios adeudados y por despidos. En líneas generales, podríamos decir que los reclamos se tornaron más defensivos.

La mayoría de los conflictos tuvo lugar en plantas o empresas, dando un promedio general de 35% (Spaltemberg 1996). En los cuatro primeros años de la serie (1984-87), este nivel era el predominante en relación a los demás. A partir de 1988, el nivel provincial fue el más protágonico. Y, en 1994, es evidente el crecimiento de la conflictividad laboral en general, motorizada centralmente por la crisis de las administraciones provinciales y por la incidencia de las innumerables e interminables huelgas de los docentes y los empleados estatales en todo el país. Los conflictos a nivel de la rama nacional tienden a bajar a partir de 1989, lo cual constituye un dato interesante sobre lo sindical. En el sector privado, el gobierno ha tendido a correrse de un papel activo en la mediación de las relaciones laborales. En el público, los procesos de descentralización administrativa transfirieron el eje de la conflictividad hacia los gremios provinciales y municipales. Creo que el tipo de protestas que representan el giro provincial de la conflictividad durante el gobierno de Menem merecen ser analizado aparte. Su carácter escapa al de las huelgas tradicionales. Por algo han trascendido bajo el nombre de "estallidos sociales". Dedico, por esto, una parte especial de este trabajo a las movilizaciones provinciales contra el ajuste en el sector público.

Las conclusiones más contundentes que se extraen del análisis de los datos sobre protestas sindicales que hemos realizado son dos: han ido disminuyendo y haciéndose más desagregadas. Estas tendencias han progresado a lo largo del período, pero el corte es evidente al contrastar los valores correspondientes a los períodos de gobierno de Alfonsín y de Menem Trataré al final de brindar una interpretación de estos cambios en base a los conceptos que sugerí en el punto 1.

Durante el gobierno radical, la CGT realizó 13 paros generales ^23/, o sea, uno cada cinco meses durante los 5 años y 6 meses que duró este gobierno. En cambio, durante los 8 años y algo más que lleva en el gobierno, Menem ha tenido que enfrentar 8 huelgas generales, es decir, una por año. Si consideramos cada uno de los mandatos del presidente Menem, surge que la frecuencia de paros generales registrados en el segundo mandato se acerca a la del gobierno de Alfonsín.

Tres de los ocho paros generales realizados durante el gobierno peronista fueron convocados por organizaciones sindicales opositoras: el CTA y el MTA ^24/. Es decir que la huelga general ya no consigue diluir las diferencias entre los sindicatos en pos de la acción común sino, más bien, expresa el conflicto existente entre ellas.

No es sencillo conocer el grado de acatamiento obtenido por las medidas de este tipo; no obstante, la tendencia general que se muestra en el informe del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría al comparar el gobierno radical y los gobiernos de Menem es la pérdida de convocatoria -además de a la diversificación de la entidad organizadora. El acatamiento sindical de las medidas de fuerza -según un promedio de estimaciones periodísticas realizado por el mismo centro de estudios- muestra que el único paro realmente total fue el que tuvo lugar en mayo de 1985.

La realización de concentraciones o marchas callejeras para acompañar la jornada de huelga ha sido una característica frecuente en los paros generales desde 1983. Estuvieron presentes en la mitad de los 21 paros realizados desde entonces, siendo por lo general la Plaza de Mayo el escenario de las movilizaciones. En cuanto a la participación popular en las movilizaciones, promediando las fuentes periodísticas, surge que la movilización más importante fue la de mayo de 1985, en la cual hubo 200 mil personas. El acatamiento al paro fue total. En los 3 primeros paros con movilización, la CGT logró reunir 200, 150 y 120 mil personas respectivamente, mientras en los paros siguientes del período de gobierno radical logró reunir como máximo unas 20 mil. Las movilizaciones no fueron lo más frecuente en las huelgas generales realizadas durante los gobiernos de Menem, realizándose solamente en 2 de las 8. Ambas fueron organizadas por la CGT y, según el promedio obtenido de la misma manera que el anterior, reunieron, respectivamente, 40 y 50 mil personas cada una.

Respecto del tipo de reclamo, todos los paros generales realizados durante el gobierno radical apuntaron en general al reclamo salarial y al cuestionamiento de la política económica. El primer paro fue esencialmente salarial, sin una propuesta específica para la política económica (3.09.84). El paro de mayo de 1985, cuya movilización fue la más importante, reclamaba un cambio de la política económica en función del documento de los "Veinte Puntos" que había sido acordado entre la CGT y las 10 entidades empresarias más importantes en el seno del denominado Grupo de los Once. El de agosto de 1985 tuvo como objetivo específico el repudio del Plan Austral, el cual no hacía 2 meses que se había comenzado a implementar. Se reclamaba una reactivación de la economía de acuerdo con el Documento de los "26 Puntos", elaborado por la CGT en reemplazo del anterior y sin contar con el apoyo empresarial. El de marzo de 1986 tuvo como finalidad reclamar por las leyes laborales tradicionales del sindicalismo. El de abril del mismo año pedía un cambio en la política económica y se realizaba en apoyo del paro docente que llevaba 33 días de huelga. El de setiembre del mismo año fue en repudio del Plan Primavera que se había lanzado en julio y el del 12 de setiembre del 88 se realizó en repudio de la represión policial durante los disturbios producidos en el acto anterior.

Las huelgas generales bajo Menem, sin distinción de organizaciones convocantes, se realizaron contra la política económica en general. Pero fueron apareciendo reclamos específicos: la flexibilización laboral y el desempleo. Convertibilidad mediante, desapareció el tópico del reclamo salarial.

El octavo paro (14.08.97) trajo algunas novedades en su formato respecto de los anteriores. La huelga se combinó con múltiples focos de cortes de ruta y ollas populares, en muchos casos con hechos de violencia. Hubo decenas de heridos y detenidos por enfrentamientos con la policía en cortes de rutas, de puentes de acceso a la Capital y hasta de calles en el distrito porteño y 124 colectivos incendiados. Los principales hechos de violencia se produjeron en el Gran Buenos Aires y en la localidad neuquina de Cutral-Có. El Ministerio del Interior consignó 278 detenidos, 77 cortes de ruta y 25 piquetes de huelga en todo el país (La Nación, 15.08.97). Caracterizó a esta jornada de huelga la diversidad de formas de expresión. La combinación con los cortes de ruta obedece a que esta modalidad se había ya impuesto desde los episodios de Cutral Có en el mes de abril. Estos se registraron con intensidad en algunos distritos. Fueron esporádicos en Capital Federal, violentos en el conurbano bonaerense y en Mar del Plata. Hubo también en la autopista Rosario-Buenos Aires y en rutas de Santa Fe, Jujuy, Chaco, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Los accesos a la Capital fueron interrumpidos en el puente Pueyrredón con manifestantes que quemaron neumáticos y se identificaron con las agrupaciones Quebracho, Todos por la Patria y Corriente Marxista Leninista. Los jubilados también realizaron cortes. Patria Libre participó en el corte de Callao y Corrientes, en el centro de la Capital. Como innovación, hubo la nota de un "cacerolazo" frente a la residencia presidencial de Olivos e