Finanzas públicas

Autor: Miriam Quintans

Economía pública

02-2004

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Cuando el retiro voluntario no era aceptado por los trabajadores convocados se iniciaba una campaña persecutoria o discriminatoria contra ellos, se los trasladaba a zonas alejadas de sus hogares o a otros sectores de trabajo con tareas desconocidas o disgustantes (para usar un termino utilizado por algunas empresas), o bien colocados en estado disponibilidad sin tarea asignada, con lo que se inducía un gran desgaste psicológico destinado a hacerlos aceptar el retiro "voluntario".

De esta manera se conseguían renuncias evitando los despidos y el costo político que ellos implicaban. El porcentaje promedio de reducción de puestos de trabajo en las principales empresas privatizadas hasta 1997 alcanza el 57%. (Ver cuadro 1 al final del documento).

En tercer lugar, el aumento del horario de trabajo y de los ritmos habituales por medio de introducción de nuevas tecnologías o simplemente imponiendo otras pautas de producción.

En cuarto lugar, se aplican nuevos y diversos contratos flexibles, por tiempo determinado, pasantías, con salarios flexibles que incluyen pagos por productividad, entre otros.

Por otra parte se da un fuerte proceso de tercerización de ciertos sectores de la producción que antes estaban integrados a la empresa, lo cual se constituye en una fuente de fragmentación y precarización del colectivo de trabajo.

Por último, las empresas privatizadas se apuraron la firma de nuevos convenios colectivos que destruyeron viejas conquistas e introdujeron nuevas formas de explotación y control del trabajo como la polivalencia.

Estas son algunas de las cuestiones que hacen a la reconversión de las empresas que afectan directamente las condiciones de trabajo, la salud y la unidad de los trabajadores.

La desnacionalización.

La extranjerización de las áreas privatizadas es muy fuerte y evidente. Las telecomunicaciones quedaron en manos de capitales públicos españoles, franceses e italianos ; la distribución de gas de la Capital en manos británicas ; la generación y distribución de electricidad, capitales provenientes a su vez de la privatización de la seguridad social chilena ; la red cloacal y de agua, franceses. El escritor Eduardo Galano ironizó este proceso de desnacionalización al definir las privatizaciones como "la transacción mediante la cual el estado argentino pasa a ser propiedad del estado español".

Por un lado, las empresas públicas en nuestros países se extranjerizan, y por otro las empresas públicas de los países centrales se amplían y expanden. Según la Corporación Financiera Internacional, las 2/3 partes de las privatizaciones a nivel mundial se realizaron en América Latina.(Ver Cuadro 2 al final del documento)

La desregulación:

En este punto lo central fue introducir el concepto de competencia en el sector. Para eso se busco eliminar la prestación monopólica del servicio creándose un mercado mayorista y otros minorista para la compra-venta del fluido. La desregulación habilita la competencia entre las empresas y lleva a una búsqueda espectacular de reducción de costos. La desesperación por reducir costos sumada a la falta de control efectivo amenaza la calidad y seguridad en la prestación del servicio eléctrico, como lamentablemente hemos podido comprobar en nuestro país. La estrategia de las empresas consistió en obtener ganancias rápidamente sin reinversión.

XV. COMPARACION DE INGRESOS Y EGRESOS


Las privatizaciones en el período 1990-1999
Ingresos totales por privatizaciones nacionales y provinciales

 

Privatizaciones por modalidad de pago
(en millones de dólares)

XVI. CASOS PRÁCTICOS

La Privatización del Sector Eléctrico (SEGBA)

Las características generales del proceso de privatización en el sector eléctrico no escapan de las descriptas a nivel global, pero interesa señalar algunas particularidades.

Hasta 1992, el sector eléctrico estaba conformado por cuatro empresas nacionales y dos binacionales destinadas al aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos. Las empresas nacionales garantizaban el 84% de la generación y eran propietarias del 100% del transporte.

En cuanto a la distribución, esta estaba a cargo de dos empresas nacionales que abastecían el 55% del consumo eléctrico nacional, veintiún empresas provinciales que abastecían el 34% y cuyo límite era el territorio provincial, y cerca de 600 cooperativas privadas que prestaban el 11% restante del servicio en áreas municipales.

Al inicio de la reforma del sistema eléctrico, las empresas se enfrentaban graves dificultades económicas y financieras por causa del endeudamiento al que habían sido empujadas por el desvío de fondos propios para cubrir gastos del presupuesto nacional y por el atraso en las tarifas. Esto derivó en una fuerte reducción de la capacidad de inversión y de mantenimiento y consecuentemente en el deterioro del desempeño técnico.

Esta situación influyó sobre el precio de venta. Como el interés del gobierno era asegurarse la presencia de inversores privados, se dejo en libertad a los oferentes para la fijación de precios. En el caso de las centrales térmicas, se tuvo en cuenta para la cotización la vida útil restante, por lo que fueron cotizadas entre un 10 y un 30% del valor de reposición. En muchos casos el valor base de la licitación no llegaba a cubrir el valor de los edificios y terrenos de la empresa.

En el caso particular de la empresa SEGBA, el gobierno absorbió la suma de 1.480 millones de dólares de deuda, transfirió 330 millones a las empresas adjudicatarias y cobró 1.294 millones por la privatización, con lo que no llegó a cubrir con ese precio ni siquiera el valor de las deudas.

A fin de asegurar rentabilidad y la competencia, la reforma del sistema se encaró en dos sentidos, 

1. separando completamente los distintos procesos de la industria: Generación (producción de energía), Transporte (vinculación de la producción con el consumo), y Distribución (abastecimiento a los usuarios),

2. se procedió a la atomización de empresas definiendo unidades de negocio mínimas.

Así se vendieron las centrales térmicas , las hidroeléctricas, y las líneas de alta tensión se vendieron como unidades independientes ; las líneas de menor tensión fueron agrupadas y vendidas en unidades regionales ; y las dos empresas de distribución, pasaron, una a control provincial, y la otra (SEGBA- que abarcaba el área metropolitana de Buenos Aires), se dividió en tres unidades comerciales privadas (EDESUR, EDENOR y EDELAP).

Las tres empresas distribuidoras y las cuatro centrales térmicas del área metropolitana de Buenos Aires, quedaron en manos de capitales extranjeros en su mayor parte. 

Por otra parte, si se analiza la composición de los grupos que ganaron las licitaciones, resulta evidente que la desintegración a la que apuntó la reforma, se vio deformada con la reintegración provocada por la coincidencia de los propietarios en mas de uno de los procesos de la industria eléctrica. Por ejemplo, las empresas que reúnen el 90% de las acciones privadas de la Central Térmica Costanera, reúnen a la vez el 92% del acciones de EDESUR, a pesar de la expresa prohibición de los Decretos Reglamentarios. Esto mismo se extiende al sector de transporte de alta tensión. 

Esto se logró gracias a que ninguno de los grupos domina en forma total los consorcios de los que forman parte. Esto manifiesta la estrategia integral de estos grupos económicos tendiente a no quedar fuera de ninguno de los negocios altamente ventajosos. De este modo participan de todas las fases del proceso de la industria : generación térmica e hidroeléctrica, transporte y distribución. A ello se suma que varios socios participan activamente del negocio de la industria del gas y del petróleo. Esto significa que la electricidad distribuida en Buenos Aires, por ejemplo, fue generada con algún derivado de petróleo o con gas y luego transportado por las empresas de las cuales participan los mismos grupos económicos. Lo que en apariencia no es un monopolio, el predominio de los mismo grupos en todos los sectores, evidencia que sí lo es dado el grado de integración real que consiguieron.

Efecto de las Privatizaciones Sobre los Usuarios:

Hay tres aspectos centrales para analizar dentro de las consecuencias de las privatizaciones sobre los usuarios:

1) Acceso al servicio
2) Tarifas
3) Calidad

Cada una de ellas, tiene íntima relación con el modo en que se realizó la reforma y los objetivos centrales a los que se apuntaba con el proceso de privatización. Hemos descripto en la parte anterior que dichos objetivos estaban centrados en privilegiar la participación de capitales extranjeros y grandes grupos económicos, así como también dar un marco de garantía a los inversores de las utilidades que generaría su participación en el sector.

Hemos visto además que la intención de promover la competencia dividiendo el proceso de la industria y creando unidades de negocio mínimas, quedó truncada en los hechos desde el momento en que la mayoría de los grupos intervinientes participan de todo el proceso.

Por otra parte, al desaparecer el sistema integrado y considerarse a la electricidad, como un producto mas del mercado sin diferenciarla con otros bienes, se descarta tanto la necesidad de satisfacción de la demanda continua como las ventajas de la producción conjunta, negando con esto el carácter estratégico de la electricidad en las sociedades modernas en que la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana necesitan de la energía eléctrica para llevarse a cabo.

De este modo se altera el concepto de servicio público existente hasta la privatización, considerando sólo la distribución y el transporte como servicio público, quedando excluida de este concepto la generación que se considera de interés general. 

Esto significa que si al generador le resulta antieconómica su empresa puede cerrarla sin que el Estado tenga la obligación de intervenir aunque las consecuencias para los usuarios pueda llegar a ser la falta de suministro.
Asimismo cabe destacar que no se exigieron inversiones forzosas a los grupos adquirentes, solo se les exigía la prestación de un servicio de calidad.

Por otra parte, del análisis del marco regulatorio del sector, surge claramente que los únicos actores reconocidos dentro del mercado eléctrico son los transportadores, generadores, distribuidores y grandes usuarios, con lo cual los pequeños usuarios industriales, familiares o comerciales quedan excluidos.

Tomando en cuenta estos aspectos, podemos decir que la privatización tuvo efectos negativos para los usuario en los tres aspectos señalados.

Respecto al acceso al sistema, la primera medida que tomaron las empresas fue el corte del suministro en forma indiscriminada a las villas de emergencia y barrios pobres que estaban "enganchados" a la red., para reducir las pérdidas en las redes de distribución. El acceso al sistema queda restringido a la posibilidad de pagarlo. El precio de la energía en el mercado mayorista gira alrededor de los 0,03 centavos de dólar el Kw., mientras que los pequeños consumidores abonan entre 0,10 y 0.15 centavos.

En relación a las tarifas se produjo un aumento en el precio del bajo consumo y una baja en el precio del alto consumo. Los consumidores residenciales pagan tarifas mas altas que los grandes usuarios ya que estos últimos tienen acceso directo a comprar en el mercado mayorista.

Por último, respecto de la calidad del servicio, no se registraron mejoras en la atención al cliente y el apagón en la Ciudad de Buenos Aires nos muestra que no se presta un servicio de calidad.

El Efecto de las Privatizaciones Sobre los Trabajadores del Sector Eléctrico:

Reducción de Personal: Se produjo una fuerte reducción de personal. En las empresas de distribución la reducción alcanzó al 30% del personal, en las centrales térmicas superó el 45% y en el área del transporte fue cercana al 25%.

En algunas centrales hidroeléctricas, como la del Chocón, el impacto fue aún mayor, porque a la pérdida del empleo hay que agregarle que los trabajadores debieron entregar las viviendas que ocupaban.

La reducción del personal se basó en el sistema de Retiros Voluntarios a los cuales muchas veces se inducía a los trabajadores a tomarlo con acciones persecutorias o discriminatorias.

Tercerización: El proceso de tercerización de varios sectores de la producción permitió a las empresas reducir los costos laborales y debilitar la unidad de los trabajadores. Los trabajadores contratados en estas empresas son generalmente trabajadores precarios, con condiciones de trabajo mucho mas desfavorables y salarios menores.

Programas de Propiedad Participada: Otro aspecto que fue importante en el sector fue el tema de la aplicación de los Programas de Propiedad Participada. El gobierno reservó el 10 % de todas las unidades de negocio privatizadas para ser adquiridas por los trabajadores de las empresas. En el caso de las Centrales Térmicas e Hidroeléctricas reservó el 2%. Dichos programas intentaron por un lado contener las resistencias de los trabajadores y sus organizaciones a las privatizaciones y por otra parte formaba parte de una estrategia de cooptación de los trabajadores, (ahora "adquirentes"), para obtener de ellos mayor colaboración en los procesos productivos con el propósito de asegurarse el aumento de la productividad.

La Federación sindical-patronal: la federación que nuclea a los sindicatos de la electricidad licitó y ganó tres centrales térmicas (Litoral, Noroeste y Patagónica) y el transporte del Noreste y Noroeste. En algunos casos para la adjudicación capitalizó las deudas sindicales que las unidades de negocio mantenían con ella.

Convenios Colectivos de Trabajo por Empresa: Los nuevos convenios de empresa avanzan en condiciones flexibles de trabajo. La jornada de trabajo quedó establecida en 41,5 horas semanales en turnos rotativos aplicando la Flexibilidad horaria. Se acepto la polivalencia y se destruyo el sistema de categorías fijándose 6 categorías que absorben las doce que establecía el Convenio anterior de las dos distribuidoras.

Se fija el salario básico entre 500 dólares y 780 dólares y se establecen adicionales por productividad que se medirán de acuerdo al rendimiento de la empresa, del sector y del trabajador. Además se bonifica el trabajo nocturno con un 15 %, con lo cual se avanza en la Flexibilidad salarial, tendiéndose a la disminución del costo salarial por el no pago de horas extras.

Se establece un período de prueba para los trabajadores nuevos de hasta 6 meses sin aportes jubilatorios y sin derecho a indemnización en caso de despido, avanzando de este modo en la Flexibilidad Contractual. Dentro de esto mismo, se habilita a la empresa a contratar hasta un 20% del plantel total, con contratos de tres meses renovables hasta dos años. Este tipo de contratos se está extendiendo dentro de la actividad al resto de las empresas.

El Apagón de Febrero de 1999 de EDESUR: Crónica de un Apagón Anunciado.

Resulta importante incluir algunos antecedentes respecto de la calidad del servicio brindado por la empresa antes del apagón.

Según datos oficiales mas del 50% de los reclamos realizados por usuarios ante el ENRE están dirigidos a EDESUR, de los cuales la mayor parte se realizaban por falta de suministro.

En 1993 el Gobierno de la Ciudad publicó una lista de sanciones a las empresas de servicios públicos por roturas en la vía pública, excavaciones realizadas sin permiso, obstrucción de vereda y falta de señalización adecuada de las obras. El primer puesto lo ocupaba la empresa EDESUR. En junio del mismo año varias escuelas del Gran Buenos Aires, debieron suspender las clases como consecuencia del corte de suministro que Edesur había ordenado por falta de pago. 

Posteriormente se constató que la deuda era mucho menor al importe reclamado ya que la mayor parte de las facturas reclamadas estaban abonadas. Edesur culpó al sistema de pagos burocrático de los organismos oficiales.

En diciembre de 1994 un ingeniero que regresaba de su trabajo, cayó en un pozo abierto por una contratista de Edesur sobre una avenida de importante tránsito de la ciudad. Muerte por electrocución. Edesur no cumplió con las normas elementales de seguridad.

Apenas iniciado el año 1995, dos obreros de una empresa contratista de Edesur que estaban trabajando en la reparación de un cable de la red en pleno centro financiero de la ciudad de Buenos Aires, sufrieron una descarga de 13.000 kw lo que les provocó graves quemaduras. Edesur destacó que se trató de un error humano.

En 1996 vecinos del barrio de Ezeiza, se opusieron a la instalación de una torre de alta tensión de Edesur que se situaba a 10 metros de una escuela primaria, solicitando el alejamiento de la misma. En medio de las negociaciones, la empresa cortaba el suministro de luz a los vecinos entre las 18,30 y las 23,00 horas.

En mayo de 1998, una joven de 22 años murió inmediatamente al atender el teléfono de su casa y recibir una descarga eléctrica de 13.200 voltios. Tanto Edesur como Telefónica negaron cualquier tipo de vinculación con el accidente alegando que "por las líneas telefónicas no circula corriente".

En la madrugada del 15 de febrero se produce un incendio en la Subestación Transformadora Azopardo a raíz de un cortocircuito en un empalme de cables de alta tensión que deja sin luz a 250.000 familias en los días mas calurosos del año. El corte se prolongó por 11 días.

Los informes respecto de las causas, que se fueron dando a conocer con mucha demora, indican trabajos de empalme de la red existente con la nueva dentro del túnel de cables por la posibilidad de fallas que puedan afectar las instalaciones preexistentes. Esto regía como norma en la empresa estatal Segba. Edesur respondió que habían desestimado ese riesgo. Se comprobó con datos brindados por expertos en el tema que el hecho de haberlo realizado fuera del túnel hubiera ocasionado un incremento de 1.000.000 de U$S en el costo de ejecución.

En segundo lugar no se realizaron las pruebas de los cables a empalmar con el nivel de tensión especificados en las reglamentaciones obligatorias. Si se hubieran realizado las pruebas de tensión adecuadas se hubieran detectado las fallas a tiempo. En tercer lugar, no existían los elementos de prevención de incendios en el túnel. Si el túnel hubiera sido llenado con arena se evitaba que el incendio iniciado en un empalme, se expanda hacia la línea de alimentación alternativa. Asimismo no había extinguidores fijos ni móviles, no había o no funcionaron los sistemas de detección de fuego o humo.

Sumado a ello, no había personal que supervisara el buen funcionamiento de la instalación recientemente energizada.

Por otro lado, no mantuvo la subestación anterior hasta asegurarse de que la nueva planta funcione.

Por último, y ya en medio del corte, demoró la solución porque se insistió en realizar la reconexión en el lugar del siniestro.

El apagón fue consecuencia de dos cuestiones centrales:

La primera tiene que ver con una estrategia de la empresa tendiente a la reducción de costos y al aumento acelerado de sus ganancias en detrimento de la calidad del servicio y la seguridad de trabajadores y usuarios :

• Intenso proceso de tercerización.
• Reducción de personal y el desmantelamiento de los planteles profesionales estables y experimentados con que contaba el servicio al momento de la privatización.
• Falta de inversión en sistemas de seguridad.
• Ahorro de costos en el diseño y planificación de las obras.

La segunda cuestión tiene que ver con el poder y el desempeño de los entes estatales de control que no cumplieron con su función.

El caso de ENTEL

La privatización de ENTEL fue definida por un decreto presidencial que dispuso una separación de la empresa tanto funcional como geográfica. Funcionalmente fue dividida en servicios básicos, internacionales y competitivos. El servicio básico se dividía a su vez en dos zonas – norte y sur – en la que cada una de las empresas adjudicatarias gozaría de monopolio por siete años con opción a extenderlo tres años más. A su vez se crearon dos empresas denominadas “Sociedad Prestadora de Servicio Internacional” y “Sociedad Prestadora de Servicios en Competencia”. Estas últimas se adjudicarían conjuntamente y por partes iguales a los consorcios que ganaran la licitación del servicio básico.

La privatización se realizó en dos pasos. En noviembre de 1990 se vendió el 60% de las acciones de cada una de las empresas de telefonía básica. Cada consorcio que participaba en la licitación debía tener uno o más operadores de telecomunicaciones que tuvieran al menos 10% del capital del consorcio. Asimismo se impusieron restricciones en cuanto al nivel de activos que cada consorcio debía disponer y en cuanto a ciertos servicios técnicos que deberían garantizar (por ejemplo garantizar que el tiempo de conexiones fuera como máximo de 15 días). Poco antes de la licitación se introdujo un contrato de management entre el operador y los accionistas sobre temas de transferencia de tecnología, de planeamiento, de contratación de personal calificado y de formulación de presupuestos anuales de operaciones. 

Se utilizó un sistema de "doble sobre", por el cual primero se evaluó la capacidad técnica y financiera y luego se permitió realizar ofertas a los grupos precalificados. Una vez que los consorcios calificaban tenían dos meses para preparar sus ofertas. Se fijó un precio base en efectivo de U$S 100 millones para la zona norte y U$S 114 millones para la zona sur. Se estableció que el grupo ganador de la licitación sería aquel que ofreciera el mayor número de títulos de deuda externa argentina. 

Siete grupos se presentaron a la licitación y calificaron, pero una semana antes de la presentación de los segundos sobres se introdujeron cambios de último momento en las condiciones legales (por ejemplo el nivel de activos requeridos) y como consecuencia tan sólo fueron tres las ofertas recibidas en la fase de cotización de precios: la de Telefónica de España, Bell Atlantic y STET/France Telecom. El grupo encabezado por Telefónica de España resultó ganador en ambas zonas. Como los pliegos no permitían que el mismo consorcio obtuviera las dos compañías, Telefónica decidió quedarse con la del sur. La zona norte fue entonces entregada al segundo mejor postor, el grupo de Bell South. Sin embargo, este consorcio no pudo juntar los títulos de deuda que había prometido y aunque le extendieron el plazo se retiró, quedando entonces el tercer grupo como adjudicatario.

La recaudación total fue la parte en efectivo acordada en la licitación más títulos de deuda externa argentina por un valor nominal de U$S 5150 millones, correspondiéndole U$S 2372 millones a STET/Telecom y U$S 2778 millones a Telefónica de España. Dichos títulos cotizaban a un 14% de su paridad. De esta manera se constituyeron las nuevas empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones: Telefónica de Argentina S.A. (Operador: Telefónica de España) y Telecom Argentina S.A.(Operadores: STET y France Telecom). 

El Banco mundial prestó asistencia técnica y financiera para la privatización de ENTEL, ya que dicha venta era una de las condiciones que el organismo exigía al gobierno argentino para otorgarle el “Préstamo para la Reforma de Empresas Públicas”.

La privatización fue completada con la venta de 30% de cada una de las compañías mediante oferta pública de las acciones que mantenía el gobierno. La venta de las acciones de Telefónica de Argentina se realizó en diciembre de 1991 y generó ingresos para el estado por U$S 838 millones. El año siguiente en Marzo se realizó la venta de las acciones de Telecom obteniéndose ingresos por U$S 1.227 millones. El restante 10% de cada una de las compañías fue adquirido por los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.

XVII. ANEXO

Listado de empresas privatizadas y/o liquidadas

Administración General de Puertos - AGP Privatizada
Aerolíneas Argentinas S.E. Privatizada
Aeropuertos Concesionados
Agua y Energía Eléctrica S.E. Privatizada / Sector Eléctrico
Area Material Córdoba Aviones Privatizada
Argentina Televisora Color S.E. LS 82 tv Canal 7 (A.T.C.) Disuelta
Astillero Ministro Manual Domecq García - DOMECQ Disuelto
Astilleros y Fábricas Navales - AFNE S.A. Provincializado
Banco Hipotecario Nacional Privatizado
Banco Nacional de Desarrollo - BANADE Disuelto
Caja Nacional de Ahorro y Seguro Privatizada
Canal 11, Dicon Difusión S.A. LS 84 tv Privatizado
Canal 13, Río de la Plata S.A. LS 85 tv Privatizado
Carboquímica Argentina Sociedad Anónima Mixta Privatizada
Carolina S.A. Minera Disuelto
Compañía Azucarera las Palmas S.A.I.C.A.P.U. Disuelta
Conarsud S.A. Asesoría y Consultoría Disuelta
Consultara S.A. - Consultara de la Armada Disuelta
Corporación Argentina de Productores (CAP) - Disuelta
Empresa Desarrollos Especiales S.A. - EDESA Disuelta
Empresa Líneas Marítimas Argentinas - ELMA Privatizada
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos - ENCOTEL Disuelta
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos - ENCOTESA Privatizada
Empresa Nacional de Telecomunicaciones - ENTEL Privatizada
Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A. - ENACE Disuelta
Establecimientos Altos Hornos Zapla Privatizados
Fábrica Militar de Acido Sulfúrico Privatizada
Fábrica Militar de Tolueno Sintético Privatizada
Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos - ECA Privatizada
Fábrica Militar General San Martín Privatizada
Fábrica Militar Pilar Privatizada
Fábrica Militar San Francisco Privatizada
Ferrocarril Belgrano S.A. Concesionado
Ferrocarriles Argentinos S.A. Concesionado
Ferrocarriles Metropolitanos S.A. Concesionado
Fondo Nacional de la Marina Mercante Disuelto
Forja Argentina S.A. Disuelto
Gas del Estado S.E. Privatizado
Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. - HIDRONOR Privatizado / Sector Eléctrico
Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A. Minera - HIPASAM Privatizado
Hipódromo Argentino Concesionado
Induclor Sociedad Anónima Mixta Privatizada
Indupa S.A. Privatizada
Instituto Nacional de Reaseguros S.E. - INDER Disuelto
Interbaires S.A. Privatizado
Intercargo S.A. Privatizado
Junta Nacional de Carnes Disuelta
Junta Nacional de Granos Privatizada
LR3 - Radio Belgrano Concesionada
LR5 - Radio Excélsior Concesionada
LV3 - Radio Córdoba Concesionada
Llao-Llao Holding Privatizado
Monómetros Vinílicos - Privatizado
Obras Sanitarias de la Nación - OSN Concesionada
Petropol - Privatizada
Petroquímica Bahía Blanca S.A - Privatizada
Petroquímica General Mosconi S.A.I. y C. Privatizada
Petroquímica Río Tercero - Privatizada
Polisur Sociedad Mixta Privatizado
Redes de Acceso a grandes ciudades - Concesionadas
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires - SEGBA Privatizada / Sector Eléctrico
Sociedad Mixta Siderurgia Argentina - SOMISA Privatizada
Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. - TANDANOR Privatizados
Tanque Argentino Mediano S.E. - TAMSE Disuelto
Tecnología Aeroespacial S.A. - TEA Disuelta
Yacimientos Carboníferos Fiscales - Y.C.F. Concesionados
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E. - Y.P.F. Privatizados
 
XVIII. RESUMEN

La aplicación de un programa de privatización de empresas públicas implica una decisión estratégica por parte de un gobierno de retirarse de la actividad económica directa. Uno de los países precursores en adoptar este tipo de programas fue el Reino Unido. A fines de la década del 70, el partido conservador británico puso en marcha un extenso programa de privatizaciones con la idea de reducir la intervención del gobierno en la actividad económica y ampliar la participación del sector privado. En América Latina, el primer país en desarrollar un programa de privatizaciones de gran alcance fue Chile, cuando a partir de 1974 el gobierno militar transfirió a manos privadas la mayoría de las empresas que habían sido nacionalizadas por el gobierno anterior, devolviéndolas a sus antiguos dueños. Unos años después, el programa también alcanzó a las más grandes empresas públicas de infraestructura y transporte.

Más tarde, a partir de mediados de la década siguiente y particularmente a comienzos de los 90´s, estos programas comenzaron a llevarse a cabo en un número importante de países en desarrollo, en especial en América Latina. En estos países, además de perseguir objetivos de largo plazo, las privatizaciones fueron una manera de aliviar los abultados déficits presupuestarios de los gobiernos, en un momento en el que el acceso al crédito era muy restringido. México fue uno de los primeros de la región en emprender un amplio y extenso programa de privatizaciones. Luego de ventas de empresas públicas menores llevadas a cabo a mediados de los ochenta, se privatizaron a fines de la década las dos aerolíneas nacionales y las empresas de telecomunicaciones y, a principios de los noventa, bancos nacionales y empresas mineras y de manufacturas de hierro y acero.

El amplio proceso de privatizaciones encarado por el gobierno argentino a comienzos de la década del noventa se enmarcó en este contexto. En ese momento, se inició en el país un importante proceso de reformas que apuntó a la reestructuración de la economía y a la redefinición del rol del estado en la misma. La privatización de las principales empresas estatales (avalada por la Ley de Reforma del Estado de 1989) constituyó uno de los lineamientos principales de la nueva política económica, cuyo primer objetivo residía en la estabilización de precios, paso primordial para lograr la confianza y credibilidad de los inversores y la subsecuente entrada de capitales necesarios para el crecimiento de la economía. 

Las privatizaciones aliviaron la situación financiera del gobierno en varios sentidos. El ingreso de efectivo sirvió como financiamiento en un momento en el que el acceso al mismo era escaso tanto interna como externamente, y la aceptación de papeles deuda pública como forma de pago permitió mejorar la situación de las cuentas externas y de ese modo, acercarse a un acuerdo con sus acreedores, que desde la década anterior presionaban por la realización de este tipo de operatoria. Por último, se mejoró la situación fiscal ya que el estado se desprendió de empresas que generaban déficit y las nuevas empresas privatizadas generarían futuros recursos tributarios con el pago de impuestos.

La forma en que se realizaron los pagos de las privatizaciones respondió a distintos motivos prioritarios a lo largo del proceso. Los primeros desprendimientos realizados por el Estado Nacional tuvieron como objetivo central reducir la deuda externa y facilitar la regularización de los pagos externos, requisito necesario para generar confianza en la comunidad de negocios y crear las condiciones para lograr el acceso a los mercados de capitales y la estabilidad macroeconómica. Para cerrar el paquete financiero - que concluyó con la negociación del Plan Brady en 1992- el estado necesitaba reducir el stock de deuda a refinanciar a un monto compatible con los fondos disponibles para destinar a la compra de las garantías del nuevo plan de refinanciación.[1] 

Durante los años 1990-1991 fueron vendidos algunos de los activos más preciados del Estado, a diferencia de otros países que comenzaron sus procesos privatizadores con la venta de activos menores. En el año 1990 el valor nominal de los títulos entregados en pago ascendió a U$S 6.343 millones lo que representó un 47% del total para todo el período. A partir de 1992, ya lanzado el plan de convertibilidad, con la mejora en el ordenamiento de las cuentas públicas y con la economía en franca recuperación, las privatizaciones comenzaron a privilegiar la recaudación en efectivo.

Todo este proceso estuvo caracterizado por una amplia participación del capital extranjero llevando a un rápido crecimiento de los flujos en concepto de inversión extranjera directa y de inversión de cartera.

XIX. CONCLUSIÓN

Luego de haber investigado y realizado el presente trabajo pudimos apreciar el sistema de privatizaciones en el mundo y en Argentina. Observamos que el origen del este proceso de privatizaciones fue en Inglaterra, en la década del 80, durante el Gobierno de Margaret Thatcher, producto de su política neoliberal que era la tendencia del mundo en ese momento para fomentar una economía de mercado, y acabar con los monopolios estatales en su mayoría ineficientes y deficitarios.

Esta tendencia se fue propagando en el mundo con el propósito de reducir la deuda pública, tanto externa como interna, (característica de muchos países de América Latina) y lograr un equilibrio presupuestario, ya que en muchos países el déficit presupuestario era persistente. En Argentina ésta fue una de las principales causas, ya que uno de los mayores problemas de nuestro país fueron los ya nombrados persistentes desequilibrios fiscales y la gran crisis de deuda en la que se hallaba el país a partir de la década del 80. Este proceso debería haberse llevado a cabo durante el gobierno de Alfonsín a fin de que la estabilidad económica se consolidara, pero por razones políticas de mayorías y minorías gubernamentales, que superaron las razones económicas, no se concretó este proceso. Como consecuencia el proceso inflacionario se multiplicara y golpeara cada vez más la economía del país.

Finalmente con el gobierno de Menem, que había sido el principal opositor de las privatizaciones, se fue consolidando el proceso de privatizaciones pero no mostraron los resultados esperados, porque no se adecuo la situación para llevarlas a cabo . Si bien estos resultado mostraron indicios favorables en el corto plazo, a largo plazo demostraron sus resultados negativos conduciendo a la ruptura de las bases económicas y de desarrollo de nuestro país.

Tanto los gobiernos de los presidentes Alfonsín como Menem han manifestado una voluntad política de efectuar privatizaciones, pero sin que hayan existido unos planes específicos al respecto plasmados en normas legales, a diferencia de países como México y Chile.

XX. PROPUESTA

Para llevar a cabo el proceso de privatizaciones se debería haber preparado el escenario adecuado, es decir establecer un marco regulatorio en donde las empresas privadas tuvieran limitado el ejercicio de su poder para no controlar nuestra economía y no propiciar la fuga de dinero proveniente de sus ingresos a los distintos países de origen.

Este marco regulatorio, además, nunca debería haber dejado de lado los intereses de los usuarios y de los trabajadores de esas empresa, los que se vieron perjudicados al no ser protegidos por el Estado.

XXI. BIBLIOGRAFÍA

Bocco Arnaldo, “Las privatizaciones y sus consecuencias” en revista argentina Administración y empresas nro. 556, año 1997 (mayo-junio)
Verges Joaquin, “Las Privatizaciones de empresas”, Editorial Eada Gestión
Tesoro José Luis, “La privatizaciones del mundo y en la Argentina”, en revista argentina Administración y empresas nro. 235, año 1989 (octubre-noviembre)
Pagina de internet: monografías.

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Miriam Quintans

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