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LA POLÍTICA INDUSTRIAL COLOMBIANA BAJO EL MODELO DE APERTURA

Autor: GestioPolis.com

Comercio internacional

10-2001

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1.3 REFORMAS APLICADAS CON LA INTRODUCCIÓN DE LA APERTURA 
Las reformas realizadas por el modelo de apertura fueron varias: el primer lugar, se eliminaron las restricciones cuantitativas a las importaciones, se bajaron los aranceles y se acortaron las dispersiones. Al mismo tiempo se liberó el ingreso de capitales, se autorizó la libre convertibilidad de divisas por pesos y finalmente se estableció un tipo de cambio flexible. Los autores de las reformas las presentaron como una forma de insertar la economía Colombia en los mercados internacionales, modernizar el aparato productivo y acelerar el crecimiento económico. Se apostó a que el mercado siempre conduce al estado más conveniente para la sociedad[1].  
A continuación se mostraran los cambios más importantes que se dieron con la implementación del modelo de apertura económica. 
1.3.1 Autonomía del Banco de la República.
Uno de los cambios fundamentales, que trajo consigo las reformas de la década pasada, fue la creación de un Banco Central autónomo, en donde las decisiones de política monetaria se le otorgaron a su junta directiva, buscando primordialmente el control de la inflación y proteger la economía de los problemas que en el corto plazo podría causar una emisión monetaria ordenada por el Gobierno Nacional[2]. 
Hoy, la autonomía del Banco de la República y su mandato constitucional están en entre dicho y sin duda alguna, las políticas adoptadas por la institución han influido sobre la crisis económica actual, ya sea por acción o por omisión. Este hecho se reflejó claramente en la sentencia de la Corte Constitucional de 1999[3], en donde se percibe la idea de que aparte del control de la inflación, las políticas del Banco deberían también enfocarse en la coherencia macroeconómica, el crecimiento y la generación de empleo. El proyecto de reforma Constitucional de 1991 sobre moneda y Banca Central, le ordenó al Banco de la república concentrarse en un objetivo primordial: la regulación monetaria con el objeto de conseguir la estabilidad de precios, en otras palabras, el control de la inflación. 
Las principales reformas que se le hicieron al Banco fueron las siguientes: 
· La consagración en el ámbito constitucional del Banco de la República como Banco Central. A su vez se define que ésta institución de derecho público debe tener un régimen jurídico propio y autonomía patrimonial, administrativa y técnica que le permita reglamentar la política monetaria.  
· Se establece que las facultades en materias de política cambiaria y crediticia corresponden a la junta directiva del Banco, órgano que debe estar integrado por profesionales con la debida independencia.  
· Se establece que la institución debe velar por la conservación del poder de compra de la moneda colombiana. 
· En cuanto a atribuciones de emisión, se prohíbe el otorgamiento de crédito al Gobierno Nacional y a la actividad privada cuando se trate de operaciones distintas de las de liquidez del sector financiero, o de tesorería de corto plazo.  
Dada la naturaleza del dinero de servir de medio de cambio y depósito de valor se realizó la reforma, de manera acorde con las políticas de apertura, dándole al Banco como prioridad el control de la inflación sobre cualquier otro fenómeno económico. Para cumplir el cometido fundamental de buscar y mantener la estabilidad de precios, se necesitaban dos condiciones: Debía contar con la organización y poder decisorio sobre los instrumentos de control monetario, cambiario o crediticio y en segundo término, necesitaría estar dotado de la suficiente independencia institucional que haga posible el uso flexible de dichos instrumentos.  
Colombia, está saliendo de la peor recesión económica de su historia, y parte de la recesión fue producto sin duda alguna de varias decisiones del Banco al buscar bajar la inflación y al defender la banda cambiaria. Sería pertinente recordar el brusco incremento de las tasas de interés que se produjo al defender la banda cambiaria entre 1998 y 1999 que dio como resultado una fuerte desaceleración económica. Era más rentable guardar el dinero en los bancos que hacer actividad económica. El Banco se preocupó más por contener la inflación y cumplir su mandato que por recuperar la actividad productiva.  
En defensa de las políticas del Banco, Roberto Junguito decía que aunque segmentos influyentes de la opinión económica especializada habían venido argumentando que la Junta Directiva del Banco de la República era responsable principal de la recesión económica, esto no era cierto y que el excesivo gasto público y los problemas fiscales eran los que habían causado la recesión de la economía colombiana y afirmaba:  
"La recuperación de la actividad económica debe ser, fundamentalmente, el resultado del programa de ajuste que se ha puesto en marcha y que, según la experiencia, toma algún tiempo en mostrar resultados. La política monetaria que orienta el Banco de la República tiene como objetivo principal la baja de la inflación, cuyo resultado ha sido satisfactorio. No debe caerse en la emisión monetaria para la refinanciación masiva de obligaciones crediticias"[4]. 
Las responsabilidades de dotar de liquidez a la economía y propender por la solvencia del sistema financiero recaen, respectivamente, en el Banco de la República y el Gobierno. Con relación a temas de solvencia y apoyo al sector financiero, de cualquier manera, quedó en evidencia la debilidad del sistema financiero colombiano y en estos momentos una de las preocupaciones del presente Gobierno es el diseño de una estrategia global para el apoyo de las entidades financieras con dificultades.  
Además, la política fiscal puesta en marcha por el gobierno ha tenido como objetivo reducir un desequilibrio creciente en las cuentas del Estado, mediante elevación de la tributación, recortes del gasto público y reformas estructurales en áreas "problema" como la seguridad social y las transferencias regionales.
1.3.2 Reforma Comercial.  
La reforma comercial se anunció en febrero de 1990. El primer paso se dio cuando a finales de 1990 se eliminaron las restricciones cuantitativas y se inició la baja de los aranceles. Posteriormente se avanzó en forma rápida transformando el esquema gradual de apertura en un desmonte masivo. Así, en los siete primeros meses de 1991 el nivel arancelario bajó de 38% a 12% es decir, más de la mitad.
En el fondo las reformas estaban orientadas a bajar las tarifas y recortar su dispersión independientemente de las características de los productos. Sin embargo, la mayor reducción de los aranceles de las materias primas determinó un aumentó de la protección efectiva de los bienes de alto contenido importado y sin quererse, se configuró una estructura que discrimina contra las actividades de alto valor agregado y a la producción nacional.  
El proyecto de Ley Marco de Comercio Exterior presentado por el Ministro de Desarrollo, concretó el nuevo enfoque de comercio internacional de acuerdo con el proceso de internacionalización de la economía. Se orientó a la superación del modelo tradicional de desarrollo fundado en la sustitución de importaciones, la protección a la industria y los estímulos y subsidios a los exportadores. 
El Gobierno propuso los principios básicos para formular la política de comercio exterior y los mecanismos para cumplir con el propósito de convertir al sector externo en motor de desarrollo. La iniciativa presentada en el Congreso, finalmente se concretó en la Ley 7a. de 1991[1]. Esta se basa fundamentalmente en el uso de tres mecanismos: instrumentos de promoción de exportaciones, instrumentos de la política de importaciones, y finalmente cambios y transformaciones institucionales.  
Cabe destacar que se suponía un aumento de las exportaciones, protección a las prácticas de comercio desleales y creación de instituciones enfocadas hacia el exterior. Sin embargo como se mostrará más adelante, los cambios produjeron efectos contrarios: incremento de las importaciones, disminución de las exportaciones y debilidad institucional. 
1.3.3 Libertad Cambiaria y Régimen de Inversiones
La libertad cambiaria constituyó uno de los elementos centrales de la apertura. La política de acuerdo con un enfoque monetario de la balanza de pagos, afirma que la fijación del tipo nominal de cambio conduce a una inflación cercana a cero. Adicionalmente se presumía que el resultado se lograba como simple consecuencia de las fuerzas del mercado[2]. 
La reforma financiera presentada por el Gobierno de Cesar Gaviria, busca supera las limitaciones estructurales del sistema financiero con miras a desarrollarlo de manera que juegue un papel importante en el proceso de apertura.  
Para modernizar el sistema financiero, se promulgan leyes encaminadas a liberar el sistema para hacerlo más amplio, eficiente y competitivo, para que adquiera una mayor capacidad de intermediar el ahorro nacional, con el fin de financiar la inversión productiva a costos razonables[3].  
Dentro de los aspectos fundamentales de la reforma financiera es importante la ampliación de las actividades de los intermediarios financieros, al permitírseles desarrollar a través de sus filiales, actividades de servicios financieros complementarios a la intermediación tales como participación en el capital de sociedades fiduciarias, de leasing, comisionistas de bolsa, almacenes generales de depósito y sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Esto se permite siempre que queden independizados en debida forma los agentes económicos que podrán llevar a cabo estas operaciones y que se canalicen hacia éstas un volumen adecuado de sus activos, sin exceder el monto de su patrimonio. 
Las reformas al sistema financiero, plantearon la completa libertad monetaria, y como se mostró anteriormente, los flujos de inversión que se manejaron fueron muy altos, generando graves distorsiones en el aparato productivo.
1.4 LA REALIDAD PRODUCTIVA 
Independiente a cualquier consideración monetaria, la realidad productiva nos mostró la llamada "terciarización negativa de la economía", con inmensos avances en los sectores de servicios (financieros especialmente) y retrocesos en los sectores productivos e industriales en donde la caída en la actividad productiva y la conveniencia de recuperar la actividad económica han sido un problema y un objeto de todos los países de América Latina 
Las consecuencias para Colombia, no han sido muy positivas, después de presentar tasas de crecimiento del PIB que alcanzaron como promedio anual en los años setenta el 5.8%, el declinamiento en los ochenta es evidente y hoy, nuestras debilidades se pronuncian más con la llegada de la competencia abierta. La economía padece procesos de desindustrialización, y se configura la llamada terciarización negativa de la economía. 
Acerca del ascenso de la "sociedad de servicios", Álvaro Zerda Sarmiento sostiene en el ensayo titulado "Tendencias del Pensamiento Económico sobre Desarrollo Industrial", que la llamada terciarización de la sociedad corresponde en realidad a una profunda transformación que se ha experimentado en décadas recientes a escala mundial del modelo de producción, tanto en los fundamentos tecnológicos de equipos, procesos y productos, como en los principios de gestión de las organizaciones teniendo repercusión en el ámbito laboral, territorial, ambiental y de relaciones entre países.  
En los países desarrollados, este proceso de terciarización aparece como una consecuencia de los aumentos de productividad de mano de obra en la industria, y obedece a la intensidad de mano de obra que requieren los sectores de servicios y en general, la llamada terciarización se caracteriza por un retroceso en el mediano plazo del empleo y del valor agregado industrial en relación con el total del empleo y del valor agregado"[4].  
En el caso colombiano, es evidente que el desplazamiento a los sectores de servicios, no aparece gracias a aumentos de productividad de la mano de obra, sino como consecuencia de la desprotección y falta de competitividad de la industria, con relación a las ganancias fáciles, que en su momento el comercio de importación y la ganancia financiera brindaban a los agentes económicos. 
Además; la competencia desigual entre un sector productivo ineficiente, y mal preparado, con grandes empresas multinacionales, y formas injustas de comercio como el contrabando o la protección disfrazada en licencias o permisos simplemente constituyeron la demostración de que serios problemas de aplicación se dieron a lo largo del proceso, mermando de manera muy apreciable la actividad productiva nacional.  
1.5 APERTURA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO  
La gran desigualdad social ha sido una característica frustrante del desarrollo económico latinoamericano. No en vano América Latina se ha caracterizado por ser la región del mundo con los más elevados índices de desigualdad en la distribución del ingreso[5]. Los niveles de pobreza, aunque inferiores a aquellos típicos de otras partes del mundo en desarrollo, siguen siendo extremadamente elevados y, para el conjunto de la región, se encuentran hoy por encima de los niveles que se observaban antes de la crisis de la deuda.  
Estas son las condiciones que se enfrentan hoy a los nuevos elementos que han alterado la dinámica económica y social de la región. Entre ellos cabe mencionar las reformas estructurales emprendidas en todos los países, el proceso de globalización que las ha acompañado, la recuperación del crecimiento económico y las nuevas reformas iniciadas en el frente del gasto social y de los servicios sociales.
Aunque aún se debate la relación que existe entre los cambios estructurales y los cambios en la distribución de ingresos, parece que la mayoría de los economistas se inclinan por pensar que por lo menos una parte del dete­rioro en la distribución de ingresos observada en los noventa está asociada con la apertura económica y otros cam­bios estructurales[6]. El planteamiento original en materia de distribución de ingresos por parte de quienes desarrollaron las políticas de apertura eco­nómica fue que como resultado de tales medidas debería haber una disminución de la desigualdad por dos razones principales:  
· Porque la apertura, al fomentar la competencia, acabaría con muchas situaciones que generaban ren­tas oligopolísticas o monopolísticas.  
· Porque siendo Colombia un país con ventajas comparativas en productos intensivos en mano de obra, y especial­mente mano de obra con bajo grado de calificación, la apertura debería generar un aumento relativo en la demanda por dicho tipo de factores, en detrimento del trabajo calificado y el capital.  
Los acontecimientos en la primera década de la apertura parecen indicar que los cambios estruc­turales en el sector urbano generaron un estancamiento en la producción indus­trial, aumentaron las importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital y no generaron ningún dinamismo en el sector exportador urbano, que era el que debería haber generado la demanda por trabajo para compensar la pérdida de empleos de los sectores no competitivos. En el sector rural, la apertura hacia el resto del mundo permitió la entrada de productos de bajo costo, a los que la agricultura de cultivos temporales no pudo hacer frente.  
Por otro lado, la nueva inversión nacio­nal y la extranjera, generaron un proceso de cambio tecnológico aumentador de productividad, el cual se materializó en una mayor intensidad de capital y una mayor demanda relativa de trabajo cali­ficado[7]. Esto dio origen a que las diferen­cias salariales entre trabajadores de alta y baja calificación aumentaran, con el consecuente empeoramiento de la distri­bución de ingresos. Lo anterior privó la economía de su más importante herramienta distributiva: su capacidad para generar empleo. Esta capacidad, que fue lo que permitió mejo­rar la distribución en los años setenta y ochenta parece haber sido anulada por la menor elasticidad empleo de producto nacional asociado con la mayor intensi­dad de capital y la menor demanda por mano de obra de relativa baja califica­ción. Jaime Tenjo afirma que desde un punto de vista imparcial que la apertura debería producir importan­tes efectos de tipo transitorio durante el período de transición y de tipo más per­manente una vez se estabilice la nueva situación, y afirma que en Colombia no se ha hecho un análisis para distinguir entre los unos y los otros y casi ninguna atención se ha prestado a las lecciones de la experiencia de otros países que han realizado refor­mas similares. 
1.6 LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE APERTURA 
Después de hacer un breve repaso a las políticas aplicadas con la llegada de la apertura, mostraremos los resultados de dicho proceso en todos los campos posibles. 
1.6.1 Panorama General
Colombia, es una nación, que vive situaciones particulares que no afrontan otros países y que complican y distorsionan el panorama nacional. En Colombia factores como la violencia, la estructura política, la interacción social o un desarrollo insuficiente resultan elementos que se deben considerar dadas las condiciones de un mundo global, que cobra y rechaza los problemas internos de las naciones buscando homogeneizar y jugar con reglas de juego estables y consolidadas.  
En la actualidad, nuestro país, padece de una de las más severas crisis económicas en su historia, con un desempleo en los niveles más altos, recesión económica en muchos sectores y problemas en el sistema financiero y cambiario. La inestabilidad política merma las posibilidades de nuestro país, la guerra e inseguridad nos convierte en un país poco atractivo a la inversión extranjera y en general, la sociedad en general piensa que estamos tocando fondo. 
Sin embargo, en la actualidad, se ven los primeros síntomas de reactivación económica, y se empiezan a mejorar los indicadores de consumo, déficit fiscal y balanza comercial, producto de una mayor competitividad internacional de algunos de nuestros productos, ayudado por el repunte de los precios del petróleo y algunos productos agrícolas. 
Entre las principales características de la coyuntura están las siguientes señales:  
· El pobre desempeño de la economía en materia de crecimiento en los años recientes. 
·    Los grandes desequilibrios fiscal y externo que existen en la actualidad y las dificultades para financiarlos. 
·    La baja absorción de empleo que registran los sectores productivos, debida no sólo a la insatisfactoria dinámica de la producción, sino también a cambios de carácter estructural en el mercado laboral. 
·    El aumento de la violencia e inseguridad. 
·    La inestabilidad política, y el desacuerdo social entre Gobierno, Trabajadores, Centrales Obreras y organizaciones privadas. 
Lamentablemente, en términos generales el balance es desalentador, el desempleo creció, ya que muchas de las firmas tuvieron que reducir su tamaño si no es que quebraron, asimismo la demanda agregada se afecto negativamente, y los mercados se vieron inundados de productos importados, conformando la llamada desindustrialización de los países latinoamericanos. 
Según el Plan Nacional de Desarrollo "Cambio para construir la Paz"[8], en los últimos años, la economía colombiana ha venido perdiendo la dinámica de crecimiento que había registrado en las décadas pasadas. Luego de haber crecido a una tasa anual promedio de 4.6% entre 1991 y 1995, ésta se redujo a sólo 2.3% entre 1996 y 1998, y con crecimiento negativo en 1999. La tasa de crecimiento de largo plazo de la economía fue de 4.5% entre 1970 y 1990.  
El país es uno de ingreso medio bajo y, por lo tanto, plagado por las múltiples necesidades insatisfechas que acompañan a la pobreza. En los últimos años el país ha visto cómo ha ido perdiendo su reputación de ser un ejemplo de estabilidad macroeconómica en el contexto latinoamericano y al país empezó a costarle cada vez más trabajo mantener esa estabilidad. 
En lo que se refiere a la falta de un crecimiento económico sostenido, tanto el crecimiento estructural como el cíclico se han reducido, de modo que el país no ve salidas de corto plazo a sus problemas de pobreza, y ve con alarma que el problema del desempleo se agrava.
La experiencia reciente muestra que, en las acciones de los últimos años para promover el desarrollo, ha habido una serie de errores históricos, tales como el esfuerzo por buscar un mayor crecimiento económico con base en una mayor cantidad de insumos, particularmente de trabajo, sin atender a su calidad y productividad. En particular, ha habido una gran equivocación en mantener una actitud de indiferencia con respecto a la educación, la acumulación de capital humano y la investigación y el desarrollo tecnológico aplicados a la producción. 
La desprotección a la industria, bajo supuestos de libre mercado y libre competencia sin apoyar activamente el desarrollo, la creencia de que el incremento en el gasto público, sin prestar atención a sus efectos sobre el déficit fiscal ni a la eficiencia con que se ejecuta, es una condición suficiente para promover el desarrollo. La mala asignación de los recursos y la debilidad institucional para responder ante los retos de la apertura y la globalización. La falta de cultura política y la desprotección social, que separa a quienes ostentan el poder con la sociedad en general.  
La década de los años noventa ha estado influida en Colombia por una tendencia al aumento del gasto público y del déficit fiscal[1]. Esta tendencia ha estado acompañada por presiones, difíciles de resistir, que han tendido a revaluar en términos reales la moneda nacional. En consecuencia, durante toda la década ha habido una tendencia al deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que en 1997 alcanzó un déficit superior al 6% del PIB.  
La economía colombiana ha sido incapaz de sostener los pocos episodios de crecimiento realmente satisfactorios que ha vivido, generalmente asociados con bonanzas de precios en sus productos tradicionales de exportación. De manera más grave, como las bonanzas se han vuelto fenómenos raros y relativamente modestos en las últimas décadas, desde hace ya unos veinte años la economía colombiana no crece a tasas sobresalientes, por encima al menos del 6% en términos reales. El resultado es que el crecimiento estructural de las últimas dos décadas no ha sido suficiente para atender las múltiples necesidades de los colombianos.

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