EL PLAN COLOMBIA PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL STATU QUO

Autor: Anonimo

Comercio internacional

08-2001

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Los analistas del Plan Colombia presentado por el Gobierno del presidente Andrés Pastrana, no han dejado de insistir en la forma como este es adaptado a las necesidades del posible donante y del público[1][1]. Una cosa es la versión para Estados Unidos que enfatiza en la lucha antinarcóticos[2][2] y otra el discurso ante la Unión Europea sobre inversión social[3][3]. Sin embargo cualesquiera que sea la versión que se estudie es posible descubrir unos elementos centrales:
a) "La implantación de medidas para atraer la inversión extranjera y promover la expansión del comercio"[4][4], fortaleciendo los tratados de protección de las inversiones foráneas y las disposiciones de libre importación de la OMC.
b) Destrucción de los cultivos ilegales en el Putumayo y otras zonas del sur del país y sustitución por "proyectos productivos, principalmente cultivos permanentes....a través de alianzas estratégicas"[5][5] entre inversionistas, grandes y pequeños propietarios que ofrezcan "oportunidades de empleo alternativo y servicios sociales a la población de las áreas de cultivo." El Plan se extendería a otras zonas del país en fases 2 y 3 posteriores.
c) Restablecimiento del control militar en esas zonas[6][6] y "modernización de las Fuerzas Armadas".
d) Reforma institucional general, que incluiría la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
e) La reactivación de la economía.
Una primera gran contradicción de este programa es la que existe entre el mantenimiento y fortalecimiento de los tratados de libre comercio y de protección a la inversión extranjera, con los planes de desarrollo alternativo a los cultivos ilegales y la narcoeconomía. Precisamente esta clase de cultivos y economía se fortalecieron merced a la liberalización del comercio y la economía y, combatirlos dentro del mismo contexto, es simplemente un contrasentido.
Para instaurar planes de desarrollo alternativo se requeriría una modificación sustancial de los tratados comerciales, especialmente si la cocaína continúa siendo ilegal. Es imposible competir con la rentabilidad de la coca y la amapola si no hay mercados seguros para otros productos.
La destrucción de los cultivos ilegales no ha resultado en estos años, ni resultará jamás en su reducción. Al contrario produce su incremento: los propios datos oficiales indican que a pesar de haberse fumigado con herbicidas los cultivos ilegales y haberse utilizado otras formas de erradicación forzada, el área sembrada se incrementó en 200 % entre 1992 y 1999 y solamente ese año creció 20.200 ha.[7][7] Esto se debe a que en su mayoría se trata de cultivos campesinos. La unidad económica campesina[8][8] no busca la rentabilidad en el sentido del empresario capitalista, sino que trata de asegurar en primer lugar la subsistencia familiar. La reacción del campesino fumigado es vender sus mejoras a un rico (a veces un narco) e irse a sembrar coca (o amapola) más lejos. El incremento de los costos lo compensa sembrando una extensión mayor.
Las selvas del sur del país son muy extensas y en la Amazonia quedan 650 millones de hectáreas que puden ser tumbadas por colonos lanzados desesperadamente a ellas. El Plan Colombia dejará siempre zonas muy amplias sin cubrir y los cultivos se extenderán por las selvas y en vez de reducirse en un 50% como supone el Plan, se incrementarán gracias a él. Es el efecto inverso al que produciría la legalización de los cultivos. Esta es la segunda gran contradicción del Plan y la que lo hace ridículo, si se trata de creer en los objetivos que expone.
Distinto es si el Plan se propone "romper los nexos entre los grupos armados y el apoyo que reciben de la industria del narcotráfico"[9][9] y "restablecer el control gubernamental sobre las áreas claves de producción de droga". En este sentido, el general Roca Machel hace unos años ordenó a la Fuerza Aérea Colombiana, transportar laboratorios de narcotraficantes a zonas fuera del control de la guerrilla. La orden se cumplió. Si así funcionara el Plan Colombia, se convertiría en una guerra por el control de la producción de coca; esta es la tercera gran contradicción del Plan, con sus objetivos antinarcóticos.
El desarrollo alternativo propuesto no es otra cosa que el modelo malayo del doctor Murgas Guerrero, exministro de Agricultura del actual Gobierno y asesor del presidente Pastrana, las llamadas "Alianzas Estratégicas" bajo el comando de los grandes propietarios de tierra. Esta alternativa significaría que en las zonas donde sean exterminados los cultivos ilegales a los campesinos e indígenas no les quedaría más remedio que subordinarse a contratos de aparcería[10][10] en gran escala para producir palma de aceite, maderables, caucho, cacao o ganadería.
Es decir una contra-reforma agraria en la cual se sustituiría la producción campesina por el dominio de grandes cultivadores que se beneficiarían de la mano de obra campesina e indígena con renovadas y "modernas" formas de servidumbre.
Los indígenas del Cauca reunidos el pasado 28 de marzo afirmaban que esta era la resurrección del terraje. Tanta lucha por la tierra, para terminar entregándola a los grandes palmicultores, bananeros y ganaderos. Como en la canción de Silvio Rodríguez "Lucho con Serpientes": "la mato y aparece una mayor".
Es el resultado de combinar la estructura más obsoleta, con la última palabra de la globalización neoliberal y su aprovechamiento de las "ventajas comparativas": Violencia y destrucción de recursos naturales renovables, con enriquecimiento para las transnacionales, las grandes promotoras de plantaciones (como la palma africana), la compleja red de la narcoeconomía y los especuladores de la relatifundización, que concentran tierras valorizables en torno a los proyectos de inversión, .  
Frente a la perspectiva de la reactivación económica es muy probable el fortalecimiento de esta estructura. Los representantes de los gremios de empresarios palmeros (Fedepalma), bananeros (Augura) y de los ganaderos (Fedegan) promocionan tal programa. Estos gremios ven en el Plan Colombia una lucrativa oportunidad de catalizar el proceso, mediante el cual se han apoderado históricamente de las zonas de colonización.
Ponen sus ojos en el Putumayo y otros departamentos donde los cultivos ilegales son extensos. Las fumigaciones de los cultivos con herbicidas químicos y hongos se complementarían con la sustitución de los cultivos ilegales por plantaciones donde el gran empresario terrateniente tendría el 80 por ciento y el campesino o el indígena el 20 por ciento. "Alianzas" entre el jinete y el caballo.
Para el Gobierno:
"se impulsarán núcleos productivos agrícolas y forestales, en los cuales se focalicen los esfuerzos de apoyo estatal al desarrollo rural. Estos se entienden como procesos socioeconómicos generados alrededor de una actividad principal en la cual las comunidades rurales se integren con el sector empresarial en alianzas estratégicas dentro de proyectos productivos exitosos ya emprendidos o con altas probabilidades de competitividad... Esta estrategia contará además de los recursos del sector privado, con fondos públicos y originados en el Fondo para la Paz y en cooperación internacional".
"En las regiones donde sea factible se buscará la vinculación de capital privado a través de recursos financieros o tierras para el mejoramiento del acceso al recurso por parte de trabajadores sin tierra bajo la modalidad de un programa de alianzas productivas para la reactivación sostenible del agro que liderará el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Con esta política se pretende convertir el campo en un negocio productivo para todos, impulsando proyectos de inversión descentralizados..."[11][11]
La "actividad principal" son los grandes proyectos de inversión; las "alianzas estratégicas" son las aparcerías en gran escala.
La prioridad para las plantaciones es el sistema tomado de Malasia, Tailandia e Indonesia donde ha tenido terribles efectos ecológicos, destrucción de selvas, contaminación masiva del aire con el humo[12][12] y además, a nombre del "desarrollo", destrucción cultural y étnica de las poblaciones indígenas[13][13].
Para completar, vale decir que en la situación actual los mercados como el de palma africana no tienen un futuro seguro, pues, por ejemplo en el primer trimestre del 99 la producción aumentó 24 % y las exportaciones en 12 %, pero los precios internacionales disminuyeron simultáneamente en 25 % y los precios internos bajaron 31 % durante el mismo período[14][14].
"La caída de tales precios tiene varias explicaciones. Se vislumbra un aumento de 1,8 millones de toneladas de fríjol soya en Estados Unidos frente a la de 1998. También se espera una mayor oferta de aceite de soya y girasol, por cosechas récord en Argentina y Brasil. La producción mundial de aceite de palma superará en 1,3 millones de toneladas a la del año anterior. De otro lado, la gran devaluación de la moneda brasileña, la reducción de impuestos a las exportaciones en Indonesia y las menores compras por parte de China, país que junto con India ha venido participando con 50% del crecimiento de la demanda total de aceites y grasas en los últimos tres años, son factores adicionales que han contribuido a la descolgada de precios.[15][15]"
Pero por sobre la importante discusión sobre las perspectivas económicas de la palma de aceite, lo que primero hay que apreciar, es cuál es la perspectiva de los grandes terratenientes ganaderos y agroindustriales: ahora que las arcas del Estado están vacías por la crisis fiscal y la corrupción política de los líderes de los partidos tradicionales, utilizarán el Plan Colombia, el dinero de la "comunidad internacional", para continuar un sistema histórico de dominación y concentración de la propiedad de la tierra y la economía.
A esa perspectiva hay que agregar la de los inversionistas extranjeros, que complementa y dirige la perspectiva de los terratenientes. La perspectiva de varios de estos inversionistas, por ejemplo las empresas petroleras, es utilizar el "garrote" del Plan Colombia[16][16] para extender "libremente" sus actividades y nuestro temor está en que por experiencia sabemos que esa libertad significa ignorar los derechos de las comunidades locales, pasar por alto de la necesidad de defender el ambiente y los ecosistemas y reducir las regalías y participaciones del Estado.
El Plan Colombia desde este punto aparece así como lo que es, un mecanismo para extender el sistema histórico colombiano al sur del país, asegurando el dominio de los terratenientes sobre zonas que aun no controlan, pero sobre las que rápidamente avanzan, como lo demuestran las estadísticas de concentración de la tierra. Esta "inversión social" resulta peor que la inversión militar y en cierto modo la explica, dándole el pleno sentido de preservación del statu quo mediante la extensión del dominio histórico del esquema latifundista de los gamonales.
Además del desarrollo del papel como latifundista, el sistema de los gamonales se vería fortalecido inmensamente por el incremento de su papel tradicional como agencia de la inversión extranjera, que adquiere fundamental importancia por la "globalización". Los gamonales se ofrecen en el Plan Colombia a abrir más el país a los inversionistas y al comercio extranjeros.
La zona piloto escogida para el Plan Colombia tiene un interés estratégico:

 
 


1. Dentro de ella se encuentran localizados ininterrumpidamente proyectos de exploración petrolera:
 
Contratos petroleros en Putumayo, área de la 1ª fase del Plan Colombia (mapa de Ecopetrol)
2. Es el punto de entrada y control de la Amazonia, con su biodiversidad y multitud de recursos naturales, claves para el planeta;
3. Allí confluyen el megaproyecto de intercomunicación fluvial de Suramérica y la carretera marginal de la selva.
4. Es zona fronteriza con Ecuador, país petrolero en crisis y donde Estados Unidos ha trasladado parte de las instalaciones militares que operaba en Panamá.
Dentro de este contexto que prioriza al Putumayo por razones estratégicas, el presidente Pastrana ha ido más lejos en las ofertas a los sectores privados extranjeros y nacionales: se reunió con los empresarios petroleros y de la electricidad en Houston y el 11 de febrero de 2000 anunció a los empresarios colombianos reunidos en el Congreso de Calidad, que solicitaría el ingreso al NAFTA y propondría una reforma constitucional para dar más libertad a las inversiones. En el caso de México esa reforma, concordante con el ingreso al NAFTA, incluyó la eliminación de la inalienabilidad de las tierras comunales y el subsiguiente levantamiento armado de los indígenas zapatistas.
La prioridad para la inversión extranjera y en particular para la industria petrolera ha sido de hecho exigida en la enmienda al Plan Colombia, propuesta en Estados Unidos por los senadores Dewine, Grassley y Coverdell[17][17]. Este último afirmó además, que la necesidad de proteger los intereses petroleros en Venezuela justificaba la ayuda a Colombia[18][18], con lo cual concordó con la visión del vicepresidente de la Occidental Petroleum, quien afirmó[19][19] que se necesitaba duplicar el Plan Colombia en Norte de Santander (frontera con Venezuela), donde está la explotación petrolera del Catatumbo y la perforación de Gibraltar, en territorio U'wa.
Así, el interés estratégico de Estados Unidos se articula al sostenimiento del sistema histórico colombiano. ¿Existen intereses europeos, japoneses y canadienses que puedan confluir en este esquema? Posiblemente algunos intereses, fundamentalmente privados: en primer lugar las empresa petroleras, que como la BP y Shell, Repsol, Elf y varias empresas candienses tienen inversiones en Colombia; en segundo lugar aquellas empresas involucradas en la privatización de la electricidad (Endesa, Iberdrola) las telecomuniciones (Telefónica de España) y la seguridad social (BBV, Banco Santander). Las petroleras canadienses tienen importancia en la exploración petrolera del Putumayo. El negocio de la venta de helicópteros para la aporte militar del Plan ya está copado por las empresas de Estados Unidos y lo disputan la United Technologies y la Bell.
A estas alturas el Plan Colombia se dibuja como un asunto demasiado privado. La inversión "social", los derechos humanos, la "lucha" contra la corrupción se desdibujan. Aparecen como lo que son para los autores del Plan: adornos para pescar incautos. Si pudiera tener éxito el Plan, significaría petróleo, grandes plantaciones de palma africana...
Sin embargo, la más grande contradicción ocurre entre las expectativas que crea el Plan y la realidad colombiana y en particular la realidad militar. Una operación como la propuesta conduciría a una escalada de guerra. La situación de los últimos años, meses y días, muestra que la tarea militar no tiene ninguna garantía de éxito y es totalmente incierta. Los analistas nunca previeron que después de los acuerdos de paz con parte de la guerrilla en 1990 y 91, las guerrillas incrementarían su poder a los niveles de hoy. Una choque con su base social en el Putumayo podría fortalecer en gran escala su reclutamiento, como ha ocurrido en ciertas áreas de masacres de paramilitares o de fumigaciones y para completar, la guerrilla podría implantarse en las nuevas zonas donde marcharan los colonos en la selva, como ya sucede con en áreas nuevas de colonización donde marchan campesinos desplazados por la violencia o las fumigaciones.
El escenario político regional es otra causa de incertidumbre, en especial la situación de Ecuador. La inestabilidad se extiende ahora a Perú y las movilizaciones populares a Bolivia. Una tempestad continental podría ocurrir, si se tienen en cuenta la insurgencia indígena en México, el fortalecimiento de la izquierda en Uruguay, Salvador, Brasil, y Chile y la nueva estructura política de Venezuela. La escalada militar "antinarcóticos" en el Putumayo, es una aventura de desenlaces impredecibles e inesperados.

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