PERSPECTIVAS ACTUALES DE LAS FUNCIONES ESTATALES

Autor: Oswaldo Ramírez Colina

Comercio internacional

08-2002

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1- INTRODUCCIÓN


Hoy parece evidente que las funciones-poderes del Estado están llamadas a una colaboración y a un control recíproco que garantice de forma más adecuada el criterio esencial de evitar la concentración de poder en un sólo órgano por medio de la división de poderes.
Y junto a ello, parece también evidente que la mayor complejidad de la Sociedad actual obliga a postular una ampliación de los órganos del Estado y de los mecanismos que actualizan la división de poderes.
Desde hace siglos el hombre habla de la función jurisdiccional como contralora de los actos de relación jurídico-social de gobernantes y ciudadanos. Es la función que hace del poder judicial el garante del Estado de Derecho, y decir Estado de Derecho no es mencionar una expresión tras la cual los gobernantes finjan someterse a la norma y los ciudadanos, pedir derechos sin contrapeso de deberes.
Existe una tendencia a incluir junto a la división “horizontal” de los poderes una división “vertical” de la descentralización territorial del poder del Estado. Ahora no se trata ya de mantener el equilibrio constitucional a través de la articulación de los órganos del Estado, sino de asegurar la vigencia concreta de la Constitución a través de determinados mecanismos jurídicos.
Función de Control de la Constitucionalidad, esta perspectiva sistemática constituye un substrato dogmático y orgánico que puede permitir una concepción y un funcionamiento más nítidos de la función de la defensa de la Constitución. No cabe una distinción “jurídica” de las funciones de jurisdicción, legislación y ejecución, ya que esto incorpora también una descripción de las funciones sociales que aquellos desempeñan en el contenido histórico.
El contenido jurídico-constitucional de la articulación de las funciones en la figura histórica que se describe no es otro que la aplicación de aquel conocimiento a la realidad social.
Se ha señalado ya con frecuencia y énfasis el riesgo contemporáneo de disolución de la orientación jurídica general del Estado en un conglomerado pluralista, al que se atribuye con buenas razones rasgos neocorporativistas; la división de poderes podría servir de indicador de ese riesgo, en la medida en que es en sí misma resultado de una resuelta orientación jurídico-fundamental.
Y podría hacerlo también respecto de la concentración de poder en el interior de toda una serie de esferas o instituciones, tanto públicas como privadas, en las que ha quedado excluida una plena vigencia de la Constitución, con la consiguiente redacción de la capacidad de esta de impregnar con su contenido jurídico-fundamental todos los ámbitos de la Sociedad y del Estado.
A medida que se acentúa la unidad de la soberanía, la división de poderes tiende a entenderse como una separación estricta entre los órganos superiores del Estado en base a una distinción de las funciones según un criterio material.
Para que el Estado pueda cumplir correctamente con todas sus funciones, hay que resolver los aspectos constitucionales deficientes que provocaron un sistema político que se puede caracterizar como rígidamente representativo y fuertemente centralizado. De allí, que nuestra democracia no tenga elementos participativos sino meramente representativos. Es decir, debemos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, donde la Sociedad Civil tenga cabida como actor social.
 2- LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LAS OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS
  El individuo no sólo tiene necesidades primarias de alimento y habitación, sino que también debe educarse, distraerse, completar su vida con la apreciación y goce de la cultura.
La Constitución, por medio de los principios que consagra, obliga al Estado a la conformación del orden social. Esa función, a la cual está obligado el Estado Social y Democrático de Derecho, se realiza a través de dos formas, principalmente. Por una parte, conformando el orden social y, por la otra, mediante la participación del Estado mismo, o de alguno de sus entes de derecho público o privado, en el orden social y económico.
Pero, frente a estos deberes del Estado, también existen deberes de los particulares, relativos a la asistencia, educación y bienestar, en general, del pueblo.
Estas obligaciones de los particulares, derivadas de la solidaridad social, se expresan en el compromiso de cooperar con la comunidad y con el Estado.
El compromiso que impone la solidaridad social no se queda en una instancia moral sino que el Estado, por medio de las leyes, puede (y también debe) exigir la participación en la resolución de los problemas que derivan de la necesidad de la transformación del orden social.
Las obligaciones de los hombres en razón de la solidaridad social (señala la Constitución) son proporcionales a sus respectivas capacidades.
 
3- REQUISITOS PARA EL DESARROLLO
Existen tres requisitos para el desarrollo óptimo de las funciones estatales:
1. Desarrollo del Estado, es decir de un verdadero Estado de Derecho, en el cual exista una Seguridad Jurídica acorde con las exigencias de la Sociedad.
2. Promoción de la participación ciudadana, un Estado de libre expresión, donde se de la posibilidad de desarrollo de las personas y de los grupos sociales.
3. Clarificación de las reglas de juego en el Campo Económico, para que las economías puedan desarrollarse y saber hacia donde conducirse.
  4- EL NUEVO ESTADO
El desafío principal de reformar al Estado es abrirlo a la sociedad, perfeccionar la descentralización y la redistribución de poder y transformar lo estatal en un asunto efectivamente público. Esto es, valorizar a la sociedad como su fuente originaria de legitimidad. Ello implica un cambio profundo en la cultura organizacional del Estado, mediante el desarrollo de una actitud compartida de servicio público en el funcionariado. Se debe pasar de un Estado estructurado con base en el principio autoritario y jerárquico a un sistema pluralista y flexible de toma de decisiones, que articule distintos mecanismos de conformación de la voluntad colectiva, sin poner en riesgo las bases del orden democrático.
Implica también que dicho Estado garantice un mayor control social sobre su gestión, mejore los medios e instrumentos que hoy existen de representación política y social y establezca otras vías de participación complementarias a las de representación política, que fortalezcan la democracia, descentralizen su poder con las respectivas transferencias de responsabilidades y recursos a las comunidades estatales y locales y, finalmente, mejoren sus estructuras políticas.
El nuevo Estado debe desarrollar una estrategia de acción concurrente y propulsar responsabilidades solidarias tendentes a la protección y al desarrollo de la seguridad ciudadana, la salud, la educación, el deporte, la cultura, el trabajo, y en fin, el bienestar social.
Se requiere de un Estado redimensionado en su ámbito, fuerte en su rol estratégico y armonizador, capaz de actuar descentralizada y coherentemente, en forma coordinada y eficiente en todo el territorio nacional.
La reforma está dirigida a lograr que el Estado asuma otras responsabilidades, además de la diferente ponderación que otorgará a sus funciones tradicionales. A dotarlo de una clara transparencia en todos los asuntos públicos para combatir el flagelo de la corrupción y rescatar la confianza y credibilidad de la comunidad nacional e internacional en el más pequeño de sus actos. En este sentido, se trata de proponer una nueva ética, en la cual la práctica institucional de quienes proponen y ejecutan políticas públicas esté claramente signada por una actitud de servicio y no por la búsqueda de beneficios personales.
 
5- CONCLUSIÓN

Es necesario transformar al Estado para establecer una nueva forma de relación entre él y los individuos, a fin de que puedan desarrollar mejor sus propias iniciativas; lograr una mayor participación de la Sociedad Civil que permita definir y recrear el Proyecto de País.
Se debe transformar al Estado para que sea capaz de garantizar a los ciudadanos la seguridad de la vida y el acceso a la justicia, para que sea eficaz y se acerque más a la gente en la provisión de medios para la educación, la salud, y los servicios sociales; para que administre con eficacia y honestidad la riqueza de todos y para que él mismo sea instrumento del cambio que queremos llevar a cabo.
La transformación del Estado exige un esfuerzo máximo en la lucha contra las formas de corrupción , así como para simplificar y hacer eficaces los procesos administrativos del sector público y de hacer de la Administración de Justicia objeto sustantivo de la reforma.
Si se logra esa transformación las instituciones serán otra vez capaces de fortalecer su legitimidad y de ganar el reconocimiento de la Sociedad, porque tomarán en cuenta las necesidades de la gente. Además todas estás transformaciones permitirán que el Estado cumpla cabalmente con las funciones trazadas dentro de sus objetivos Constitucionales.
 
6- BIBLIOGRAFIA

Oficina de Coordinación y Planificación (Cordiplan). Un proyecto de país. Venezuela en consenso, Documentos del IX Plan de la Nación. 1995.
Comisión para la Reforma del Estado (Copre). Fortalecimiento del Estado de Derecho. Volumen 5. 1990.
José Gregorio Delgado. La Reforma Judicial en la Nueva Constitución. COPRE. 1994.
Julio C. Fernández T. El Sistema Político en el Orden Constitucional Venezolano y su Reforma. COPRE. 1993.
Rafael de Agapito Serrano. Libertad y División de Poderes.. 1994.
Constitución de la República de Venezuela. 1961.
Manuel García-Pelayo. Transformación del Estado Moderno.. Fundación García-Pelayo. 1994.
 Oswaldo Ramírez Colina
osram@telcel.net.ve

 

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Oswaldo Ramírez Colina

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