El narcotráfico en Colombia

Autor: Anonimo

Comercio internacional

01-2001

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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, buscar hacer un pequeño análisis, acerca del fenómeno del narcotráfico en nuestro País, mediante el uso de estadísticas y datos brindados por los diferentes estamentos del País, buscaremos analizar la verdadera magnitud del problema, sus principales causas y las diferentes consecuencias que este fenómeno ha causado en el desarrollo del País y en la evolución misma de su economía.

Sabemos que el fenómeno del narcotráfico es complejo y bastante difícil de entender, pero esperamos que este pequeño análisis pueda servir de alguna manera para entender mejor dicho fenómeno.

1. EL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO

La producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ha alcanzado una magnitud enorme en todo el mundo. En Colombia, el problema ha adquirido connotaciones muy particulares, porque es el mayor traficante de hoja de coca, pasta básica y sobre todo de cocaína.

La ilegalidad de la industria de la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales.

El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Y usa la fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los Estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático. Las drogas afectan a la salud de quienes las consumen, y en particular la de los jóvenes y los niños. Las diversas opciones para combatir la droga se discuten tanto a nivel de los países involucrados, como en el plano internacional. Bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, se esta configurando una política basada en el principio de responsabilidad compartida, en el respeto a la soberanía de los Estados, en la eliminación del uso de la fuerza y en la no injerencia en los asuntos internos de los países, todos objetivos loables pero quizás contradictorios.

La economía de la droga conecta la producción, la comercialización y las finanzas en una intrincada red que hace caso omiso de las fronteras nacionales, y que se extiende a todos los continentes. El carácter clandestino o subterráneo de la economía de la droga, dificulta enormemente el análisis de sus efectos en las sociedades envueltas en la producción, manufactura, tráfico y consumo de estupefacientes.
         
Colombia sufre desde los años setenta el estigma de ser la principal productora y exportadora de cocaína en el mundo. Más allá de la multitud de ideas urdidas al respecto, sin embargo, los efectos económicos, políticos y sociales del narcotráfico en la marcha del país han sido tan enormes como difíciles de evaluar con certeza. [1]

Para algunos especialistas la economía colombiana misma depende ya en cierta medida de los ingresos del narcotráfico, en especial las cuentas externas. Los carteles de la droga se han fortalecido porque han logrado infiltrarse en la estructura política del país. Una parte de los cuantiosos ingresos provenientes del narcotráfico, consideran los estudiosos, se destina a la inversión, genera empleos y contribuye a financiar el creciente déficit externo, mantener la estabilidad cambiaria y contar con altas reservas monetarias, lo cual explicaría la reciedumbre de Colombia frente a problemas financieros internacionales. El reciente "efecto tequila", por ejemplo, tuvo pocas repercusiones en el país, mientras que en otras naciones latinoamericanas obligó a severos ajustes económicos.

Otros analistas, en cambio, aseguran que se ha distorsionado la naturaleza del problema del narcotráfico en Colombia. Por el grado de desarrollo alcanzado por el país, sostienen, la economía no depende tanto de la droga y subsiste la capacidad soberana del Estado para combatirla. También desestiman las bondades económicas del fenómeno al considerar que el desmedido ingreso de narcodólares desequilibra la demanda interna, afecta la producción transable, altera los precios, genera expectativas sin bases sólidas y suscita, a largo plazo, un caos total.

Mediante el presente trabajo buscaremos analizar los diferentes aspectos que influyen en la construcción y el desarrollo de la consolidación del narcotráfico en nuestra sociedad buscando examinar el problema desde el mayor número de perspectivas posibles.

2. LOS DINEROS DEL NARCOTRAFICO[1]

Uno de los primeros obstáculos en el estudio del tráfico de estupefacientes es estimar los montos respectivos y que, según la fuente, muestran grandes variaciones. La diferencia en los cálculos se explica tanto por la incertidumbre en las variables utilizadas cuanto por consideraciones políticas. La lógica carencia de datos confiables sobre la ilícita actividad ha dado paso a estimaciones de todo tipo, bajo la premisa de que todas son válidas pues ninguna es refutable. En 1995, por ejemplo, un subcomité del Senado estadounidense afirmó que el comercio mundial de drogas asciende a 500.000 millones de dólares anuales. A principios de los noventa el Grupo de Estudio de Acción Financiera de la OCDE lo estimó, con base en el gasto realizado en Europa y Estados Unidos en cocaína, heroína y marihuana, en 100 000 millones de dólares al año. La primera suma convertiría al narcotráfico en el segundo mayor comercio en el mundo, sólo abajo del de armamento; la segunda, si bien muy inferior, supera al PIB global de la mayoría de los países latinoamericanos, incluida Colombia, y haría del narcotráfico la empresa ilegal más exitosa del mundo. Un valor anual promedio de 300 000 millones de dólares equivaldría al de la industria petrolera mundial. En las estimaciones de los ingresos del narcotráfico en Colombia se refleja la misma heterogeneidad. Por muchos años se manejaron montos espectaculares que numerosas publicaciones reprodujeron sin recato. Se llegó a afirmar que dichos ingresos sumaban de 18 000 a 25 000 millones de dólares anuales (casi 50% del PIB). Otros precisan que sólo la mitad de ellos regresa a Colombia y el resto se coloca en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Los estudios sobre el fenómeno de las drogas suelen omitir la metodología empleada para calcular los montos y a menudo se basan simplemente en otras estimaciones. Uno de los primeros esfuerzos de análisis serios y sistemáticos del narcotráfico en Colombia, con una metodología rigurosa para evaluar con mayor precisión la producción, el comercio y los ingresos de la actividad y sus efectos en la economía del país, lo realizó el economista colombiano Eduardo Sarmiento Palacio. Previa explicación de su modelo econométrico, Sarmiento concluye que en los años ochenta la participación de Colombia en el tráfico mundial de cocaína fluctuó de 1500 a 4000 millones de dólares anuales, de los cuales ingresaron realmente al país de 900 a 1 300 millones.

2.1 Narcotráfico y lavado de dinero.

Se analiza el problema del narcotráfico desde un punto de vista criminológico[1]

Se afirma que en la última década el fenómeno del narcotráfico presenta tres grandes características: asentamiento geopolítico guiado por el afán de poder; notorio aumento, pese a las política de control social; y utilización de nuevos y más sofisticados mecanismos técnicos para el reciclaje del dinero ilícito proveniente del mismo.

Con relación al reciclaje del dinero ilícito, se plantea que se han dado pasos jurídicos y de implementación técnica muy significativos. Sin embargo, la realidad del aumento de las cifras de lavado de dinero desmienten la eficacia de tales instrumentos normativos e insta a buscar instrumentales preventivos con mayor capacidad operativa para minimizar el fenómeno.

Se señala que un primer aspecto que hay que dilucidar es la correcta comprensión del fenómeno de lavado de dinero. La criminología, en este sentido, puede efectuar un aporte significativo al entregar un concepto de lavado de dinero. Si no se sabe a ciencia cierta en qué consiste el lavado de dinero, las medidas preventivas confundirán el marco objetual de su campo de acción.

En esta perspectiva criminológica, el lavado de dinero se caracteriza por las siguientes notas:

1. Es un conjunto de operaciones, materiales e inmateriales, numerosas y complejas, y estructuradas entre sí;
2. Son efectuadas por una organización de narcotráfico existente al interior de un grupo de poder más fuerte;
3. Mediante las cuales a los recursos ilícitos provenientes u obtenidos del narcotráfico;
4. Se les transforma en lícitos mediante la adquisición de otros bienes, de consumo o inversión que tengan esa calidad;
5. Subyacentes a estas notas cabe reparar en la existencia de un grupo de narcotráfico que obtiene ingresos como producto ilícito de las actividades que realiza, no justificados tributaria ni patrimonialmente y que necesita usarlos para adquirir otros bienes que sean lícitos;
6. A su vez, el narcotraficante dispone de una organización mediante la cual accede a la posibilidad de legitimar los recursos y en el obvio entendido que todo este proceso, como actividad humana que es, está sometido a la contingencia espacio-temporal;
7. La socorridas notas de colocación, dispersión y legitimación, o bien, de transformación del dinero efectivo, concentración de los recursos y legitimación de los mismos, tan usadas por la doctrina especializada, como igualmente los procesos de investigación, de segmentación, selección, clasificación, investigación e intervención, son esquemas operativos para explicar la repetición de la actividad, pero ciertamente no agotan el contenido de la misma.

La búsqueda de un mejoramiento de los controles preventivos y la posibilidad, no utópica sino real, de anticiparse a las operaciones mismas del lavado habría que llevarlas a cabo empírica e interdisciplinariamente, teniendo como punto de partida las notas indicadas, para no correr el riesgo de equivocar el objeto que se pretende controlar.

2.2 ¿Cómo se introducen los narcodólares?

Los medios que utilizan los barones de la droga para llevar sus ganancias al país son difíciles de detectar por su origen ilícito, aunque se reconocen tres vías fundamentales:

i) Las remesas laborales, empleadas por los narcotraficantes desde los años setenta para convertir dólares en moneda nacional.
ii) El comercio exterior, mediante las importaciones colombianas.
iii) La inversión, directa o mediante la colocación de recursos en el sistema financiero.

El lavado de dinero entraña numerosas operaciones que se pueden resumir en las siguientes fases:

i) El dinero se coloca en bancos o se invierte en instrumentos monetarios o títulos de valores que pueden convertirse en efectivo en cualquier parte.
ii) El dinero se fracciona y envía al país por medio de múltiples transferencias electrónicas o de otra índole.
iii)  La fuente original de los recursos desaparece al invertirse éstos en cuentas y empresas en apariencia legítimas. 
 
Más aún, se sospecha que los carteles de la droga cuentan en Colombia con bancos e intermediarios financieros para facilitar el lavado de dinero. Otra forma tradicional y eficaz de "limpiar" los narcodólares es por medio del contrabando, prácticamente incontrolable en el país.
 
3. EL NARCOTRAFICO Y LA LUCHA DEL ACTUAL GOBIERNO

A pesar de otros antecedentes de importancia, como la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, en rigor puede afirmarse que solamente con la Convención de Viena, de 1988 la comunidad internacional pudo acendrar el consenso en torno a la definición de una estrategia uniforme para enfrentar los embates del narcotráfico. A partir de su concepción como delito de carácter transnacional, en lo que tiene que ver con la oferta de sustancias sicoactivas, se hizo evidente la necesidad de que los Estados parte adquirieran el compromiso de armonizar sus ordenamientos jurídicos internos y se hicieran a instrumentos adecuados para someter a un tratamiento similar a quienes se dedican a actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes, evitando así la existencia de países de refugio o de fuga.

El esfuerzo de la actual administración, sin duda impulsado por la posición asumida por los Estados Unidos -como expresión de una diplomacia coercitiva que es injusta en tanto unilateral y desmedida en tanto sus efectos perjudicaron al país entero y no sólo a los narcotraficantes-, ha sido significativo y ya comienza a mostrar resultados.

A continuación se presenta un informe del estado de avance de algunos de los aspectos más trascendentes en esta materia, no sin advertir que en temas como el del control y detección de precursores químicos, Colombia ha actuado de manera mucho más aguerrida que el resto de los países suscriptores de la Convención de Viena, de 1988, al incluir como sustancias controladas químicos e insumos que, en el resto del mundo, se comercializan libremente, y al celebrar acuerdos derivativos de la Convención con varios Estados en los que también se ha ampliado el catálogo de químicos recogidos en otros instrumentos internacionales. Igualmente, ha de destacarse el esfuerzo realizado para remediar factores estructurales que afectan en buena medida el funcionamiento de nuestro sistema de Justicia, como se refleja en las actividades que se vienen implementando para el montaje de unidades especializadas en investigación y juzgamiento -policía judicial y fiscalías- de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
 
3.1 Armonización de las normas penales:

aumento de penas y tipificación del lavado de activos[2]

En nuestro país, la capacidad intimidatoria de las mafias propiciaron la irrupción de figuras e institutos ajenos a la tradición jurídica nacional. Así, frente al asesinato indiscriminado de todo colombiano que se atreviera a denunciar o a perseguir las actividades desplegadas por los carteles, surgió la denominada Justicia Regional o sin rostro, como mecanismo de protección de testigos y funcionarios encargados de investigar y juzgar la comisión de cierta categoría de delitos. Igualmente, y para evitar la creciente impunidad, se adoptaron como propios sistemas a través de los cuales se conceden beneficios punitivos especiales para quienes colaboren eficazmente con la justicia. Pero la bondad de las reformas se perdió por el apresuramiento.

A los autores de la Política de Sometimiento a la Justicia se les olvidó cuantificar la magnitud de la acumulación de los descuentos, que terminaron haciendo irrisorias las condenas impuestas a los narcotraficantes y continuos los reproches de la comunidad internacional. La descalificación de Colombia por las bajas penas y el consecuencial señalamiento como ‘santuario del narcotráfico’, ha conducido a su progresivo aislamiento y a la ausencia de reconocimiento de las acciones emprendidas en los otros frentes de la lucha contra las drogas.

Ante este panorama, se hizo imperativa una nueva modificación de nuestras leyes penales, que apuntara tanto a estandarizar las penas con los parámetros internacionales, como a subsanar los vacíos y deficiencias de las normas que impedían la imposición de condenas por comportamientos claramente delictuales. Con la asesoría de una misión de expertos de Naciones Unidas en el diseño y concepción de las reformas, el Gobierno Nacional impulsó el debate legislativo que culminó con la expedición de la Ley 365 de 1997.

Aparte de aumentar las penas imponibles por la comisión de delitos claramente involucrados con esta actividad, tales como el concierto para delinquir, el favorecimiento y el narcotráfico, y de considerar como agravantes la planeación o comisión de los delitos desde los establecimientos penitenciarios o la promoción o financiación de organizaciones criminales, medidas todas con las que se definió de manera ostensible una política criminal dirigida contra esa expresión de la criminalidad de postrimerías del siglo XX, la ley tipificó como delito autónomo el delito de lavado de activos.

Aunque en la Ley 190 de 1995, conocida como Estatuto Anticorrupción, ya se había intentado la tipificación del delito -siguiendo la tradición italiana incorporada a los ordenamientos jurídicos de varios países latinoamericanos-, lo cierto es que la redacción del tipo penal del artículo 31 del citado Estatuto -que modificó el artículo 177 del Código Penal- sólo permitía condenar por lavado de activos a quien incurriera en ese punible por blanquear recursos en concurso con la comisión de narcotráfico o de otros delitos conexos. En esa dirección, la modificación introducida por la Ley 365 de 1997 es de la mayor trascendencia, en la medida en que, al liberar al Estado de la obligación de probarle a quien se investiga que el origen de los recursos que se blanquean los obtuvo por la comisión de los delitos referidos, se pueden golpear las redes utilizadas por las organizaciones criminales para mimetizar sus beneficios y, de esa manera, desarticular las indispensables fuentes de financiación en líquido del tráfico de narcóticos.

3.2 Acción de Extinción del Derecho de Dominio

La figura de la Extinción del Derecho de Dominio no es una figura novedosa. Mucho tiempo atrás, la regulación agraria tenía prevista su aplicación sobre aquellas propiedades que no cumplieran con la función social asignada por la Constitución Política -más exactamente a partir de la reforma introducida en 1936-. Se trataba, entonces y en esa materia, de impedir la concentración de grandes extensiones de tierra en poder de propietarios que, desconociendo la marcada vocación agrícola de nuestro país y el imperativo de hacer productivos los recursos nacionales para lograr un mayor crecimiento económico, conservaban sus fundos inactivos. Posteriormente, el instituto jurídico se hizo procedente además en asuntos mineros y, más recientemente, ambientales -por la función ecológica que le agregó a la propiedad el artículo 58 constitucional-.

En materia penal y también de tiempo atrás, la Extinción del Derecho de Dominio puede aplicarse respecto de aquellos bienes que hayan sido instrumento o producto de la comisión del delito, siempre y cuando sean vinculados al respectivo proceso penal y el investigado resulte declarado responsable del punible del que provienen los bienes.

Sin embargo, otras disposiciones de nuestro ordenamiento penal -como la extinción de la acción penal por la muerte del procesado o por la prescripción (artículos 76 y 77 del Código Penal), o como aquella expresión introducida al comiso que advierte que sólo podrán ser objeto de la medida los bienes que se encuentren fuera de comercio- terminaron por hacer ineficaces las normas que castigaban los réditos del delito. En efecto, en un país en el que las autoridades deben enfrentarse a sanguinarios aparatos paraestatales de fuerza y en el que la congestión histórica de los despachos judiciales son una constante, lo posibilidad de que acciones penales de especial importancia se extingan por la muerte del procesado o por la verificación del fenómeno de la prescripción es muy alta y, por consiguiente, la de que los bienes vinculados a esos procesos terminen saneados y en manos de los familiares o del propio delincuente.
Pero había otras hipótesis y variables que cubrir. La indolencia ante el avasallador avance del narcotráfico -indolencia del país, en general, y de la clase dirigente, en particular e innegablemente con una cuota de responsabilidad muchísimo mayor-, les permitió a las organizaciones criminales diseñar sofisticadas estructuras para ocultar sus recursos ilícitos en la economía, mediante la vinculación de cadenas de testaferros, el montaje de empresas de fachada, las importaciones y exportaciones ficticias o la corrupción de agentes estatales, para citar sólo algunos ejemplos.

El enfrentamiento, por consecuencia, no podía comprender únicamente a quienes dirigían, hacían parte o delinquían para las organizaciones criminales. Tenía que abarcar a aquellos individuos que, sin dolo evidente, se prestaban para encubrir u ocultar el producido de delitos cometidos por otros, respecto de los cuales la Justicia, en algunos casos, no tenía cuentas pendientes. Las autoridades judiciales, obviamente, requerían con urgencia de instrumentos que facilitaran su labor.

Esas consideraciones, sumadas a la de que nunca serán suficientes los medios para disuadir a las personas de que cometan delitos, imponían a Colombia una regulación que, nutrida por paradigmas surgidos por nuevas corrientes como el análisis económico del derecho, trascendiera el marco de lo punitivo y del tratamiento intramural o penitenciario y se adentrara en la lógica de desvertebrar la estructura financiera del crimen organizado, recuperando para nuestro ordenamiento legal la vigencia del antiguo aforismo latino que expresa que del fraude no nace derecho.

En el trabajo de concepción de la norma se contó también con la asesoría de la misión de expertos de Naciones Unidas, en el marco de la cooperación técnica que recoge la Convención de Viena, que facilitó el conocimiento y estudio de legislación comparada, ya que en algunos países como Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, existían normas substanciales y procedimentales semejantes.

Así, la Ley 333 de 1996 introdujo la posibilidad de extinguir el derecho de dominio sobre bienes de origen ilícito y subsanó los vacíos de legislación al regular una acción que se asienta sobre cuatro pilares fundamentales: su carácter real, según el cual la extinción del dominio procede incluso sin demostrar la responsabilidad personal de quien detente los bienes por la comisión de un delito; su aplicación retrospectiva, que permite su ejercicio sobre situaciones jurídicas que hayan sido constituidas con anterioridad a la expedición de la norma; la posibilidad de declarar la extinción de dominio sobre bienes equivalentes -o bienes por valor equivalente- en los casos en que no haya sido posible localizar los que tuvieron origen ilícito; y, por último, la procedencia de la acción sobre bienes de origen ilícito que hayan sido adquiridos por causa de muerte.

3.3 El Acuerdo Marítimo con los Estados Unidos

Uno de los conceptos jurídicos más confrontados por la definición de la naturaleza transnacional del delito de narcotráfico ha sido el de la soberanía nacional. Tradicionalmente entendido como el territorio allanado por un Estado en el que se tiene la capacidad de hacer regir un orden jurídico y de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza, el concepto de soberanía ha tenido siempre matices que han morigerado sus reales extensión y alcance. Si bien es cierto que la autodeterminación de los pueblos ha sido un principio ardorosamente defendido en el transcurrir de la historia de la humanidad, también lo es que se ha mantenido el concepto de capacidad de negociación y que, por consiguiente, los países más poderosos han impuesto su voluntad a los demás cada vez que sus intereses se han visto perjudicados o vulnerados.

En el mundo contemporáneo, con la profundización del proceso de globalización, producida en esencia por los avances tecnológicos -especialmente en el campo de las comunicaciones-, el fin de la guerra fría, la integración económica regional y el intercambio comercial, la restricción a la soberanía de los países ha sido menos coercitiva, en la medida en que la necesidad de concertación de políticas y estrategias, de armonización de los ordenamientos jurídicos y de los procedimientos, se han ido haciendo inaplazables y dependientes de la voluntad de los gobiernos -como agentes de las reformas por introducir en los regímenes internos-.

Pero ese gran esfuerzo de unificación no se ha detenido en el ámbito de las transacciones internacionales -como el GATT y la OMC-, sino que ha operado en función de la definición del consenso internacional en cualquier área. La demostración de esa afirmación salta a la vista al examinarse instrumentos internacionales como la Convención de Viena, de 1988, en la que, adoptado como consenso el prohibicionismo frente a las drogas, se determinan compromisos para los Estados que la ratifiquen que afianzan la cooperación entre las naciones para su persecución.

En el caso de la referida Convención y con el fin de dotar de eficacia a sus disposiciones, se dejaron previstos mecanismos de actualización y desarrollo de sus contenidos, por los cuales se faculta a los Estados parte para que suscriban acuerdos bilaterales simplificados y complementarios, ejemplo de los cuales es el Acuerdo Marítimo suscrito con Estados Unidos.

En efecto, luego de una ardua negociación que se extendió en el tiempo por la posición de representantes de nuestro gobierno y de la opinión pública que alegaban que el acuerdo vulneraba el ejercicio de soberanía, se impuso el sentido común bajo las consideraciones de que era indispensable hacer efectiva la cooperación internacional en la persecución del tráfico y de que Colombia no disponía de instrumentos ni debía destinar sus recursos para obtener los medios suficientes para vigilar el paso de naves que transiten más allá de su mar territorial.

El texto final del acuerdo, vital para los Estados Unidos en la medida en que se calculaba que sería utilizado como referente de negociación por los restantes países latinoamericanos, contiene un clausulado detallado para regular cualquier evento previsible -suerte de la carga, tripulantes y pasajeros, procedimientos y regímenes de responsabilidad por el allanamiento de contenedores, equipaje y literas- e interpreta adecuadamente el sentido de la cooperación en tanto garantiza un control efectivo de la navegación sin sacrificios de soberanía y bajo la égida de una permanente coordinación del patrullaje y de los operativos de abordaje entre las autoridades marítimas de las dos partes.

3.4 La Extradición

La Extradición es, sin lugar a dudas, el instrumento de cooperación internacional que más controversia ha tenido en la historia jurídica de nuestro país. A pesar de que desde finales del siglo XIX -exactamente en el año de 1898- Colombia suscribió un tratado de Extradición con Gran Bretaña y, por lo tanto, no se trata de una figura novedosa en nuestro ordenamiento, desde la celebración del Tratado con los Estados Unidos, de 1979, se han presentado toda clase de vicisitudes y de posiciones divergentes tanto de los diferentes gobiernos y demás agentes responsables de su implantación, como de la ciudadanía en general.

La intensidad del debate, sin embargo, no se explica únicamente por la disparidad de criterios académicos o jurídicos. Aun cuando existen argumentos válidos para sustentar que la Extradición es un instituto jurídico que trasciende la esfera de lo simplemente procedimental y que puede vulnerar núcleos de derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y -cuando se alega su aplicación retroactiva- el principio de legalidad, es evidente que las razones que encienden los ánimos tienen una explicación que supera el ámbito de lo jurídico.

Nadie en Colombia ignora que la capacidad de los carteles para intimidar con el uso de la fuerza y el terrorismo -como lo hizo el cartel de Medellín- o para corromper los poderes públicos -como lo ha hecho el cartel de Cali- ha impuesto un marco de regulación a través del cual no sólo han evitado que la Extradición rija en nuestro país para el delito de narcotráfico y conexos, sino que, adicionalmente, disfrutan de las ventajas que les brindan un aparato judicial particularmente ineficiente, que es incapaz de probar -sin confesiones o delaciones- las actividades delictivas de sus miembros, y de una legislación penal deficiente que, por la vía de la acumulación de beneficios exagerados y de un régimen punitivo significativamente laxo (recuérdese que, por principio de legalidad, el aumento de penas y la eliminación de beneficios contenidos en la Ley 365 de 1997 no puede aplicarse hacia el pasado), ha terminado haciéndolos acreedores a condenas que no son condignas al daño social causado.

Así, en una clara expresión del desequilibrio en el enfoque de un país que aún no acepta su responsabilidad como nación con los mayores niveles de consumo de drogas, la falta de una definición precisa ha conducido a la exasperación a los Estados Unidos, que, siguiendo consecuentemente su inveterada tradición de tramitar sus conflictos internos y de cohesionar a su sociedad mediante la estrategia de constituir enemigos externos y de declarar guerras lejos de sus fronteras, han logrado estigmatizar a Colombia como amenaza a su seguridad interna y movilizar en buena medida la animadversión de la comunidad internacional por la supuesta resistencia de nuestro país a cooperar decididamente en la lucha contra el tráfico de narcóticos.

En tales condiciones, los colombianos hemos presenciado cómo, en el transcurso del año pasado y en lo que va corrido del presente, el Congreso de la República ha debatido las iniciativas de reforma del artículo 35 constitucional, que van desde la desconstitucionalización de la prohibición a la Extradición de nacionales colombianos, hasta la de una regulación detallada de las condiciones en las que sería procedente su aplicación, contenida en el propio cuerpo de la Carta Política.

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