Relaciones comerciales con el NAFTA y agenda internacional de Colombia 2001

Introducción

El presente trabajo, espera realizar un breve análisis del comportamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, haciendo énfasis en las relaciones comerciales, pero sin olvidar las implicaciones de la agenda bilateral y la realidad que presenta un mundo que se encuentra en una etapa de globalización.

Como sugerencia estratégica hacia el futuro de Colombia, se muestra el caso de México en la globalización, y el caso de la productividad en América Latina.

Así mismo, se hablará del NAFTA, como motor y ejemplo de integración regional, se tocará el tema de las preferencias arancelarias, y se sugerirán alternativas de integración tanto con la economía de los Estados Unidos, como con México y Canadá como bloque.

Las nuevas realidades económicas, hacen necesarias las políticas de integración en los países en vías de desarrollo, nadie puede estar solo y Colombia no ha mostrado ningún avance reciente en este aspecto. Por esto debemos mirar hacia otros mercados, otras culturas y otras realidades para poder enfrentar los retos de las nuevas realidades y llegar mejor al nuevo milenio.

 1. Agenda internacional de Colombia

Las relaciones internacionales vienen atravesando por un estado de transición y hasta de turbulencia, que requieren de una adaptación inteligente y de una buena y oportuna información, para poder desarrollar una política exterior de interpretaciones claras y fines concretos.

Presenciamos la constitución de un nuevo orden, en donde el proceso de internacionalización se acentúa cada día más, haciendo que no exista una actividad en la que de una u otra forma no se sienta la influencia externa. Nunca tanto como hoy, los retos de autonomía y desarrollo de los países, habían estado tan ligados a las variables internacionales. Además, si en años anteriores existía alguna duda sobre la relación que existe entre la política interna de un país y su política externa, hoy en día es un hecho que no admite discusión. El caso de Colombia es palpable. Separar ambas esferas conduce a grandes equivocaciones que van en detrimento de la seguridad e interés nacionales y, desde luego, en el diagnóstico y formulación de una política exterior adecuada.

Los temas prioritarios en materia de política exterior del país no pueden ser sólo los tópicos alrededor de los cuales gira la agenda global, si bien tenemos asuntos en el plano bilateral que deben merecer igualmente toda nuestra atención y recibir un manejo sistemático.

No puede caber ninguna duda de que en los años por venir seguirán destacándose tres temas fundamentales, sobre los cuales continuará centrada la acción de la comunidad internacional: el respeto a los Derechos Humanos, el problema de las drogas ilícitas y conexas, y la protección del Medio Ambiente. En relación con cada uno de ellos existe, y seguirá existiendo, una fuerte presión de los principales actores de la vida internacional para que todas las sociedades cumplan con sus compromisos, libremente aceptados en convenios y tratados.

La conducta doméstica, referente a tales aspectos, va unida a la necesidad de ejecutar una política exterior que sea el reflejo de las actividades nacionales en estos campos. La llamada mala imagen de Colombia en el exterior no es la causa de nuestros males nacionales, sino el resultado de una realidad interna que se ha apartado considerablemente del rumbo que ambicionamos para el país.

Como dicho anteriormente, sobresalen dentro de los temas que hacen parte de la agenda global y que, por lo tanto, Colombia deberá prestarles su mayor atención, los relacionados con el fenómeno de las drogas ilícitas, los derechos humanos y el medio ambiente, prioritariamente. Pero no basta, únicamente, con ocuparse de dichos aspectos a nivel internacional. Se hace indispensable su adecuado manejo interno, en donde se vive un clima de violencia generalizada que afecta no sólo a toda la ciudadanía y su entorno, sino que, naturalmente, tiene efectos más allá de nuestras fronteras y, por lo tanto, las herramientas que ofrece la cooperación entre Estados deben ser ejercitadas apropiadamente.

2. Temas de la agenda internacional de Colombia

2.1. Derechos Humanos.

Sobre la posición colombiana frente a la protección de los Derechos Humanos, es importante que el país abandone definitivamente la errónea idea de que el Estado no es quien está obligado en forma expresa y directa a su respeto y promoción.[1] La Carta Política y los compromisos internacionales adquiridos, tanto aquellos celebrados bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, como las Convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales, obligan a los Estados a ser fieles a su espíritu y letra, haciéndolos cumplir dentro del territorio de su jurisdicción.

Las violaciones de esos Derechos por parte de los ciudadanos, constituyen conductas delictuales que deben ser juzgadas y castigadas por el Estado, sin que pueda alegarse que estas conductas eximen a la autoridad pública de sus obligaciones. No podemos seguir insistiendo en que es injusto que la comunidad internacional censure al Estado colombiano y pase por alto las violaciones cometidas por los ciudadanos y extranjeros en su territorio. Es el Estado el obligado a honrar sus compromisos, no sólo por sus propias acciones y omisiones, sino también por la conducta delictuosa de ciudadanos y cuando ésta no es juzgada y castigada debidamente. Que el desorden social y el estado permanente de conflicto interno dificultan el estricto cumplimiento de los compromisos indelegables de la autoridad pública es innegable, pero este hecho, en ningún caso, desvirtúa la obligación primordial del Estado en esta delicada materia, que continuará figurando en primera línea de los problemas nacionales.

El interés internacional por el tema de los Derechos humanos ya no radica exclusivamente en los gobiernos y en los organismos intergubernamentales. Cada vez es más fuerte la influencia de las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, que se dedican a supervisar la conducta de los países en lo que concierne a la protección de los derechos de los ciudadanos. Es inaplazable la aceptación de esta realidad contemporánea, que debe llevar a un manejo proactivo de las relaciones con este tipo de organizaciones. En general, ellas cumplen con una función necesaria de control a los Estados, señalando los obstáculos que existen para la debida protección de los Derechos Humanos, tanto en la legislación como en la práctica.

Fuera de las críticas dirigidas a Colombia por los hechos que atentan contra la integridad de las personas, entre ellos la aquiescencia de las autoridades con procedimientos irregulares de represión, la opinión internacional censura, con razón, disposiciones legales tan contrarias a los compromisos internacionales del país, como el principio del respeto debido a las órdenes superiores como causal eximente de responsabilidad y los excesos del fuero militar.

En materia de Derechos Humanos, el Estado colombiano está sujeto a un creciente escrutinio internacional y, en especial, por parte de los Estados Unidos. Este hecho se apoya en cambios importantes en la concepción internacional acerca de los compromisos estatales en este campo y en una modificación del concepto de seguridad nacional.

Los frecuentes sofismas oficiales, la minimización de los problemas y las ingenuas y a veces torpes respuestas a los documentos internacionales que nos censuran, convencen a los funcionarios de otros Estados o de Organismos Internacionales, que Colombia no tiene una actitud institucional seria sobre el tema, y que sólo busca ganar tiempo y evitar declaraciones negativas, sin resolver los problemas del país. Por lo demás, la falta de unidad y continuidad en la política estatal, dificulta seriamente la labor. Las acciones para mejorar la protección de los Derechos Humanos en el país, se traban en las mismas instituciones públicas, y la falta de unidad hace imposible planear una acción internacional coherente. Nada más débil e inconexo que el trabajo del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores en este campo.

Por ello, es preciso que la política de Derechos Humanos gravite en un esfuerzo serio, respaldado con verdadero compromiso por el Presidente de la República, para que el Estado colombiano luche eficazmente contra su violación y busque las reformas institucionales necesarias. Es indispensable que esta política se realice con base en una definición de alto nivel que genere una estrategia común. Podría pensarse en crear, para este efecto, una Comisión Nacional de Derechos Humanos compuesta por los ministerios del Interior, de Defensa, de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, así como de las consejerías presidenciales de Derechos Humanos y de Paz, para que presenten un propuesta metodológica sobre las estrategias que seguirá el gobierno en este campo e informen periódicamente acerca de los resultados logrados.

Es importante también, desde luego, reforzar el Ministerio de Relaciones Exteriores formando una Unidad Permanente de Derechos Humanos, con personal especializado, no sujeto a rotación en otros cargos, con el objeto de que desarrolle el conocimiento y la calificación necesarias para cumplir con los compromisos internacionales, presentar los informes periódicos obligatorios, responder los requerimientos de los diferentes organismos políticos y jurídicos del sistema internacional, y atender los procesos que se siguen contra Colombia. Es necesario, igualmente, reforzar otras instituciones en este mismo campo en aras de apoyar desde la institucionalidad esta responsabilidad de la política exterior. Estos funcionarios deberán contar con el acceso a todos los documentos que no estén bajo reserva judicial en el Estado colombiano.

2.2. Narcotráfico.

La política frente a la creciente magnitud de las drogas sicoactivas tiene que continuar bajo el signo de la cooperación internacional, como problema global que es. Sin trasnochados nacionalismos ni falsas afirmaciones sobre una presunta soberanía nacional, cuyas características en las postrimerías del siglo XX nada tienen que ver con los principios que alentaron la conducta internacional en el siglo pasado. El país tiene que orientar sus acciones, por conveniencia propia y por obvias razones de carácter universal. La meta a mediano plazo debe ser la implementación de una legislación internacional, que facilite, por todos los medios, la acción de la comunidad de naciones frente a las actividades delictuosas del tráfico ilícito de drogas y conexos, como el desvío de precursores químicos, el lavado de dinero, el contrabando de armas y explosivos.

Por otra parte, la estrategia de combate al problema de las drogas en la que se plantea una integralidad de las acciones, ha sobredimensionado la respuesta interdictiva al problema. De manera que las estrategias de intervención socioeconómicas y de salud pública frente al problema de la producción y del consumo les asigna una prioridad de segundo orden dentro del contexto nacional y del manejo de la política exterior colombiana frente al tema.

A las circunstancias que a Colombia le han dificultado el manejo de este tema frente a la comunidad internacional, es preciso agregar la fragilidad de su capacidad para generar información exacta que no esté sujeta a cuestionamientos por parte de la comunidad internacional. Se sugiere que Colombia desarrolle los medios necesarios para producir y analizar la información sobre la dimensión del problema al interior del país y los resultados de sus acciones antidrogas.

Adicionalmente, la participación cada vez más activa de las Cámaras legislativas en los problemas de las drogas, no siempre iluminada ni motivada por razones de interés colectivo, han añadido un nuevo factor de confusión en el tratamiento del asunto. Será necesario organizar en forma más eficiente los distintos aspectos de la lucha contra el tráfico de drogas, por medio de una racionalización de las herramientas institucionales y de los recursos humanos y financieros, para evitar que continúe el desorden que ha caracterizado la acción oficial en este campo.

2.3. Medio Ambiente.

El desafío que plantea la protección del Medio Ambiente, exige, igualmente, una visión internacional. Lo que sí es indudable es que los imperativos del desarrollo de los países menos industrializados tienen que conciliarse con el interés doméstico e internacional de preservar los recursos naturales y la biodiversidad. No obstante, los avances realizados en los últimos años por definir los alcances de unas políticas que garanticen el desarrollo sostenible, es decir, aquel que logra un compromiso entre las necesidades del desarrollo y de la protección de la naturaleza, lo cierto es que aún persiste la falta de consenso sobre las implicaciones prácticas de este enfoque conceptual.

El punto de partida de la controversia entre los defensores del Medio Ambiente y quienes anteponen las necesidades del desarrollo a consideraciones ambientales, surgió durante la Conferencia de Estocolmo, de 1972. Sucesivos análisis econométricos han mostrado la correlación existente entre el aumento de los ingresos per cápita y algunos indicadores cuantitativos sobre la mejora de la calidad ambiental. Veinte años más tarde, en la Conferencia de Río, de 1992, los países industrializados, en particular los Estados Unidos, defendieron vehementemente las tesis en favor de las políticas desarrollistas, por no llamarlas neoliberales, en cuanto se relacionan con sus propios intereses. Según sus argumentos, los problemas ambientales, en sentido físico – biótico, sólo pueden solucionarse con la apertura de las economías, el aumento de la competencia y el consiguiente incremento de la productividad, el crecimiento del producto interno bruto y, como consecuencia de todo ello, la disminución de la pobreza. Este modelo, aparentemente simple pero lleno de supuestos de difícil realización, ha tenido graves secuelas para el manejo de la protección ambiental en todos los países, pobres y ricos, debido al consiguiente aplazamiento de la atención a las inversiones ambientales, que deben esperar a que exista un nivel adecuado de ingresos per capita o que se hayan resuelto los problemas que afectan la estabilidad y el ritmo del crecimiento económico.

Para Colombia existen, en la actualidad, dos retos: el primero, consiste en evaluar seriamente las consecuencias que para el desarrollo del país se desprenden de la multitud de compromisos que ha venido adquiriendo en los foros internacionales, en muchos casos sin darse cuenta de sus implicaciones. El segundo, en la necesidad de dar solidez institucional al manejo de la política ambiental, dispersa en la actualidad en varias agencias sin los recursos financieros y humanos indispensables. En relación con este aspecto administrativo, es necesario replantear las funciones de las Corporaciones Regionales frente a las que competen al Ministerio del Medio Ambiente, y definir claramente las obligaciones ambientales de las autoridades locales y regionales.

Obviamente, deberá existir también una estrecha coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Cancillería colombiana, encargada de fijar las políticas internacionales en todos los campos.

3. Organización institucional para el manejo de la política exterior

Varios factores han determinado a través de casi toda nuestra historia republicana el descaecido estado de nuestras relaciones internacionales. La sociedad colombiana, poco homogénea, dividida en múltiples áreas geográficas y culturales y aisladas del resto del mundo, nunca ha asignado mucha importancia a la dimensión internacional de sus problemas y preocupaciones. Como resultado de esta indiferencia ciudadana, los gobiernos, con escasas excepciones, han relegado la política exterior a los últimos lugares de su agenda, como lo comprueba el abandono financiero y de recursos humanos en que siempre han vivido las agencias responsables de la conducción de la política internacional. No es, pues, de extrañar, que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya sido, por tradición, la cenicienta de la Administración Pública.

Para un desarrollo adecuado y coherente de los temas de la Agenda Internacional colombiana, se evidencia cada día más la imperiosa necesidad de contar con una Cancillería fuerte, moderna y altamente profesionalizada, que, además, tenga sólidos y permanentes canales de interlocución a distintos niveles de la Administración Pública.

Frente a la complejidad mundial, quienes tengan la responsabilidad de diseñar y llevar a cabo las políticas del país, deben ser cada vez más especializados. Se requiere, además, una férrea voluntad política para alejar al Ministerio de Relaciones Exteriores de los vicios de la burocratización y la politiquería que han venido siendo tradicionales.

Siguiendo también una línea de conducta tradicional de nuestra vida política, permanentemente estamos cambiando las leyes y regulaciones orgánicas del Ministerio del servicio exterior y de la carrera diplomática, como si las deficiencias crónicas fuesen el producto de normas equivocadas o inconvenientes. No ha habido gobierno en las últimas décadas que no haya decidido inmortalizarse con reformas que, como era natural esperar, nunca han servido para mejorar la prestación del servicio diplomático ni para dar brillo a nuestra política exterior.

El último Decreto Orgánico del servicio exterior de la carrera diplomática y consular, data del 3 de enero de 1992. En el mismo año, por Decreto No. 2126 del 29 de diciembre, se reestructuró el Ministerio y se determinaron las funciones de sus dependencias, creándose entre otras cosas, la Dirección General de la Academia Diplomática de San Carlos, adscrita al despacho del Ministro.

Anteriormente, lo que hoy se denomina Academia Diplomática llevaba el nombre de Instituto Colombiano de Estudios Internacionales y sus actividades se limitaban a la selección de los aspirantes a ingresar a la carrera diplomática y a la preparación de cursos de ascenso para los funcionarios del Ministerio, pues aún no se había establecido el requisito para dichos funcionarios de realizar previamente un curso de un año. Hoy en día, la Academia cuenta con dicho curso, encaminado a preparar a las personas que iniciarán la carrera diplomática o consular e ingresarán al Ministerio, al concluirlo.

En mayo del presente año, se convocó el último concurso de donde se seleccionaron 35 aspirantes, los cuales conformaron el grupo para el curso anual e ingresaron luego a la planta interna del Ministerio en calidad de terceros secretarios. No se puede ocultar, sin embargo, que la verdadera carrera diplomática en el país es aún ineficiente y no ha dado hasta ahora los resultados esperados. Pese a los esfuerzos que se han realizado en ocasiones para compensar tantos años de atraso, sigue prevaleciendo la inveterada costumbre del clientelismo, el cual lleva una ventaja todavía notable sobre el verdadero profesionalismo.

Como lo demuestran fehacientemente numerosos ejemplos de países que han logrado organizar su actividad diplomática, el requisito fundamental es la calidad del personal y la continuidad del esfuerzo, y no el arsenal normativo a que siempre se acude en Colombia. La preparación de quienes se han de dedicar a la vida diplomática y los criterios de selección constituyen la base insustituible de una eficaz acción internacional. En ambos aspectos hemos sido erráticos e indolentes. Los intentos que se han realizado de ir perfeccionando la carrera diplomática han sido tímidos y sin respaldo político y, por lo general, antes de aplicar las normas con decisión y firmeza, se proponen nuevos cambios para subsanar lo que no es subsanable a base de disposiciones legislativas. Un ejemplo elocuente es el proyecto que cursa actualmente en las Cámaras para modificar, por enésima vez, la carrera diplomática, antes de que las normas vigentes hayan sido aplicadas a cabalidad. En Colombia, como se ha dicho hasta el cansancio, hay leyes para todo. Lo que no hay es la capacidad de regir nuestras vidas de acuerdo con esas leyes.

Esta misma obsesión por los cambios normativos permanentes, nos llevó, hace unos treinta años, a alterar radicalmente la composición de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores , que desde su creación a comienzos del siglo había venido prestando muy valiosos servicios al país. La idea original tuvo un exitoso desarrollo en la práctica, que dejó como resultado un acervo de capital importancia en materia de investigaciones y estudios sobre los más disímiles aspectos de la vida internacional del país. Integrada por expertos independientes, fue en realidad un grupo asesor del gobierno, siempre tenido en cuenta en la toma de decisiones en momentos difíciles y para la orientación general de la política exterior del país. Desde que cesó de ser lo que fue durante tantos años, la Comisión, integrada ahora, después de varias reformas, con un criterio eminentemente político, con expresidentes, parlamentarios y representantes políticos del gobierno con sus suplentes, no ha producido un solo estudio que merezca el nombre de tal. Convocada esporádicamente para ser informada ex-post facto de decisiones y posiciones ya tomadas, su contribución no ha pasado de ser una colección de comentarios de sus miembros sobre asuntos de actualidad que no repercuten en la orientación de la política exterior colombiana.

No obstante el error cometido en 1991, sin justificación alguna, al elevar a la Comisión Asesora a órgano constitucional, su composición es determinada por ley. Como la Constitución no dice nada de las funciones, la fijación de ellas también son materia legislativa. He aquí un claro ejemplo de una ley actual, la 68 de 1993, que merece una reforma radical para devolver a la Comisión Asesora las características que nunca debió perder.

Paradójicamente, las reuniones de este Cuerpo Consultivo se denominan “ordinarias o informativas”, lo cual indica, casi con seguridad, que la Comisión Asesora, la cual tampoco escapa a los intríngulis de la política, constituye simplemente, en la actualidad, un cuerpo de apoyo político a decisiones ya tomadas por el Ejecutivo.

En fin, no parecería exagerado concluir que Colombia, en sentido estricto, ha carecido de una estructura institucional que le permita ejercitar su política exterior. En ello van implícitos problemas estructurales y políticos que se hace inaplazable corregir. El país debe, entre otras cosas, contar con planes institucionales a largo plazo que ofrezcan el soporte necesario para generar las condiciones del ejercicio de una política exterior seria. Si bien hay una serie de ajustes institucionales, es también necesario que la Administración Pública pueda retener el personal en que ha invertido tiempo y recursos.

4. Comercio e integración

La liberalización del comercio y la apertura económica han impuesto cambios radicales en la política exterior de todos los países. Colombia tendrá que continuar haciendo grandes esfuerzos para ajustar su política internacional a esas nuevas realidades económicas. La liberalización del comercio ha venido unida a otro nuevo fenómeno, que hasta cierto punto la contradice: la formación de grandes bloques económicos regionales que, de una u otra manera, se protegen de la competencia extra-regional, no obstante su aparente vocación universal. Estos tres bloques regionales, el formado por Estados Unidos, México y Canadá, la Unión Europea y los países asiáticos, hasta el momento encabezados por el Japón, pero con la posibilidad muy cercana de ser dominados por China, constituyen los ejes alrededor de los cuales gira casi la totalidad del comercio internacional.

En América Latina, además de la perspectiva, aún muy lejana, de una integración total, todavía existe la incertidumbre sobre la posibilidad de una ampliación del tratado de libre comercio de América del Norte, que cobije a los demás países del hemisferio, frente a la absorción por parte del Mercosur de algunas economías regionales o una integración lograda, gradualmente, entre Mercosur y el Pacto Andino.

La responsabilidad que ha tenido Colombia en la creación y en el tortuoso desarrollo del Grupo Andino obliga al país a definir una política coherente sobre el futuro de sus relaciones comerciales con sus vecinos. No se puede ocultar el hecho de que la actual Comunidad Andina ha girado, casi exclusivamente, alrededor de los intercambios comerciales entre Colombia y Venezuela, países que han mantenido su impulso y que, sin duda, son los mayores beneficiarios de esta experiencia integradora.

Colombia tendrá que asumir una política interna de desarrollo sectorial, mediante la cual impulse aquellos sectores importantes para el crecimiento económico y la generación de empleo. Esto, a su vez, va ligado con la necesidad de fortalecer una infraestructura productiva acorde con las necesidades económicas del país, para estar en posición de cumplir con unas obligaciones asumidas en materia de integración y de libre comercio, obligaciones que generan unas ventajas que, hasta la fecha, nuestra economía no ha podido aprovechar.

Esto le plantea al país la necesidad imperiosa de fijar prioridades en su política exterior tanto comercial, como en materia de relaciones políticas, ya que no es posible continuar dispersando tantos esfuerzos en querer hacer todo al mismo tiempo, lo que lleva a una enorme confusión de la agenda internacional colombiana. No hemos sabido, hasta ahora, si debemos concentrar esos esfuerzos en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela, en la atención preferente a la Comunidad Andina, en las posibilidades de la integración continental, en el acercamiento a la Unión Europea, en la aún gaseosa realidad de la Cuenca del Pacífico, o en las siempre complejas relaciones con los Estados Unidos. Mientras no haya una clara definición de nuestros intereses prioritarios, no será posible enfrentar seriamente los desafíos de la integración comercial.

Pero no basta con la definición de las prioridades y un mínimo de continuidad en la acción en materia de política comercial con el exterior. Se requiere un manejo institucional coherente y eficaz para obtener resultados satisfactorios. La rapidez con que se impuso la apertura comercial, unida a la tradicional confusión administrativa del país, ha llevado a la proliferación de voceros gubernamentales y privados, con la obvia consecuencia de que ninguna dependencia oficial se siente responsable, en última instancia, de la política comercial. Nunca se ha podido concentrar en el Ministerio de Relaciones Exteriores la coordinación de los diferentes aspectos de la política exterior, incluyendo la política comercial, y ni siquiera la conveniente creación del Ministerio de Comercio Exterior ha servido para aclarar las responsabilidades y establecer una política nacional al respecto, diferente de las políticas divergentes de los distintos ministerios.

 5. Relaciones con los Estados Unidos

No cabe la menor duda de que las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos han sufrido un deterioro, inclusive mayor al experimentado en 1903 con la separación de Panamá, la pérdida del Canal y la vía interoceánica, tan significativa para la inserción del país en el ámbito mundial. Hoy, ad portas del siglo XXI, las tensiones con motivo del problema de las drogas ilícitas y la criminalidad organizada, afectan gravemente las relaciones binacionales y comprometen de forma muy negativa una verdadera incorporación de Colombia en el nuevo mundo que ha surgido como resultado de la terminación de la guerra fría y el avanzado proceso de globalización.

El tema de las relaciones con los Estados Unidos no puede seguir siendo tratado con el emocionalismo inmaduro que ha caracterizado las reacciones oficiales en los últimos años. Tenemos que aceptar el hecho de que esas relaciones siempre han sido, y seguirán siendo, con ciertas modalidades circunstanciales, unas relaciones asimétricas, que deben manejarse con plena conciencia de este rasgo esencial. Sin abandonar jamás el concepto de dignidad nacional, que no puede limitarse a quemar banderas y a la utilización de epítetos injuriosos, tenemos que desarrollar una diplomacia profesional y seria, basada en la colaboración y en la necesidad de encontrar espacios para la defensa de los intereses nacionales. Los méritos de una diplomacia eficiente no se manifiestan en las relaciones con países débiles y de poca influencia, sino con naciones fuertes y con capacidad de determinar el curso de los acontecimientos mundiales.

En lo que concierne a las relaciones con los Estados Unidos, además de este factor de desigualdad, existe la enorme dificultad adicional de la dispersión de los centros de decisión en materia internacional que caracteriza al sistema político norteamericano. Este fenómeno ha llevado, inconscientemente, a actuar con una dispersión semejante en los contactos con los diversos sectores sociales, políticos y económicos del país del norte, que no contribuyen a generar un respeto y una confianza mutuos.

Como la debilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido una constante de nuestra vida política, nunca hemos tenido un organismo orientador y coordinador de nuestra política exterior, y menos con los Estados Unidos, frente al cual todos los personajes nacionales y todos los grupos sociales se sienten autorizados a opinar, con la inevitable perturbación que ello ocasiona.

Nuestras relaciones futuras con dicho país exigen seriedad, investigación, profesionalismo y continuidad. El cambio constante de enviados diplomáticos, la ligereza con que nuestras autoridades opinan sobre esas relaciones y la motivación coyuntural y de pequeña política doméstica que determinan, por lo general, nuestra actitud con los Estados Unidos, constituyen vicios que tienen que cambiar en el futuro.

No obstante, la situación geopolítica de nuestro país indica, por lógica, que la relación comercial y política con Estados Unidos es muy importante. Los Estados Unidos seguirá siendo nuestro mejor comprador y el mejor vendedor y, por ello, debemos seguir desarrollando arreglos económicos que ofrezcan estabilidad a la relación comercial. Debe seguirse estudiando y trabajando la vinculación de Colombia al NAFTA, para, más adelante, llegar con cierta independencia a la integración de las Américas, ALCA.

Pero lo más importante para el futuro de nuestras relaciones con Estados es construir una relación de confianza política e institucional que permita enfrentar los desafíos de una relación compleja de manera más audaz y menos defensiva. En aras de construir una relación de confianza, Colombia, como Estado, deberá promover el estudio del funcionamiento del sistema norteamericano y de su política exterior, para comprender de una manera más integral y acertada las posibilidades de orientar dicha relación bilateral.

 6. Colombia; globalización y realidad mundial

Contrario a lo que ordinariamente se piensa, los procesos de globalización están incrementando la brecha entre los países desarrollados y el mundo subdesarrollado. Se sabe, por ejemplo, que el 80 por ciento del comercio mundial ocurre entre Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, y que los mercados de la periferia, considerada como el «Slum» del mundo, no son interesantes para las grandes corporaciones multinacionales, dada su baja capacidad de consumo.

Es indudable que la construcción de mercados globales corresponde a los intereses de las empresas globales. ¿Pero qué ocurre en el otro extremo de la gama de posibilidades productivas? Millones de medianos, pequeños y microproductores encuentran que el mercado en el cual sus capacidades productivas eran pertinentes ha desaparecido. Producían y comercializaban en y para mercados locales, regionales, nacionales que fueron destruidos, expropiados podríamos decir. Lo que era productivo y competitivo el día de ayer no lo es más hoy. Es decir, lo que era competitivo en un mercado regional o nacional no está resultando serlo en el nuevo mercado globalizado. Lo que está implicando la destrucción masiva de las capacidades productivas que se encuentran en manos de la gran mayoría de los productores y trabajadores de los países periféricos.

Los efectos de la globalización en nuestro país, parecen seguir los mismos parámetros que se han visto en todos los países en vías de desarrollo.

Fuerte caída de los niveles de productividad del aparato productivo nacional, de las remuneraciones a los trabajadores, del consumo per cápita, de la atención que brinda nuestra sociedad a la salud, la educación y, en general de los niveles de bienestar».

Los procesos de globalización que actúan como fuerzas sistémicas en la periferia, erosionan la soberanía del Estado-Nación y su capacidad para tomar decisiones autónomas. Generan la pérdida paulatina del control del Estado sobre la cultura nacional. ¨ La acelerada internacionalización de los procesos económicos; la consolidación del sistema financiero internacional; el uso de nuevas tecnologías de información; nuevas formas de producción; diferentes formas de intervención del Estado, y la conversión de la cultura en un producto y en un factor de producción.

El comportamiento de las localidades está influenciado por el contexto mundial, Lo que hace prácticamente imposible que las regulaciones generales del metasistema permitan pronosticar su funcionamiento en todas las escalas.

La pérdida de importancia de la producción de materias primas frente a la producción de manufacturas y servicios, el predominio del capital financiero «simbólico» como fuerza motriz del sistema, la transnacionalización de la economía y la descentralización de la producción para aprovechar la mano de obra de la periferia (transición del Fordismo al Neo-Fordismo), y una nueva «división internacional del trabajo».

La creencia de que es la propiedad privada la base sobre la cual se debe construir el poder político y toda la organización de la sociedad va en detrimento de la acción de lo público encarnado por el Estado. Es en esta perspectiva en donde se enmarca la crisis del Estado-Nación. Debido a que la globalización viene acompañada de un concepto de modernidad del estado y un movimiento neoliberal basado en la propiedad privada (privatización del estado), se ha erosionado el papel del estado nación.

Tendencia al surgimiento de un derecho transnacional que hace pensar en tribunales globales y un sentido común global. Implica que el ejercicio de la ciudadanía, los deberes y derechos de las personas, tengan un escenario más allá de lo nacional.

Contrario a lo que ordinariamente se piensa, los procesos de globalización están incrementando la brecha entre los países desarrollados y el mundo subdesarrollado. Se sabe, por ejemplo, que el 80 por ciento del comercio mundial ocurre entre Estados Unidos, Japón y la Unión Europea , y que los mercados de la periferia, considerada como el «Slum» del mundo, no son interesantes para las grandes corporaciones multinacionales, dada su baja capacidad de consumo.

El capitalismo global requiere de un mercado global que elimina de paso los mercados nacionales que no pueden competir, o dicho de otra manera, asistimos a la expansión de un capital global que destruye los capitales periféricos.

Es indudable que la construcción de mercados globales corresponde a los intereses de las empresas globales. Pero qué ocurre en el otro extremo de la gama de posibilidades productivas?. Millones de medianos, pequeños y microproductores encuentran que el mercado en el cual sus capacidades productivas eran pertinentes ha desaparecido. Producían y comercializaban en y para mercados locales, regionales, nacionales que fueron destruidos, expropiados podríamos decir. Lo que era productivo y competitivo el día de ayer no lo es más hoy. Es decir, lo que era competitivo en un mercado regional o nacional no está resultando serlo en el nuevo mercado globalizado. Lo que está implicando la destrucción masiva de las capacidades productivas que se encuentran en manos de la gran mayoría de los productores y trabajadores de los paises del tercer mundo.

Nos encontramos desde hace una década ante una fuerte caída de los niveles de productividad del aparato productivo nacional, de las remuneraciones a los trabajadores, del consumo per cápita, de la atención que brinda nuestra sociedad a la salud, la educación y, en general de los niveles de bienestar».

El capital no fluye por el mundo de manera errática. Siempre busca los mejores pastos y los países que quieran «disfrutar» de sus beneficios deben competir por él, No en vano se dice que en el nuevo escenario las ventajas comparativas hay que crearlas, Y paradójicamente algunos países han hecho del empobrecimiento de la población un arma de competencia, de manera que los salarios bajos son una de tales ventajas o estratagemas que han pasado a llamarse el «dumping laboral.

«La influencia de cualquier Estado particular dentro del orden político global, está fuertemente condicionada por el nivel de su riqueza y por la conexión entre ésta y el poder militar», es posible comprender por qué los estados de la periferia son los más afectados. En ellos es más evidente que la globalización está minando su capacidad soberana para tomar decisiones autónomas sobre su ubicación dentro de la economía mundial y sobre la vida cotidiana social, política y cultural de las localidades. El destino de las localidades débiles está siendo determinado no por el Estado-Nación, sino por decisiones, actividades y eventos que ocurren más allá de su jurisdicción territorial.

Las decisiones de los actores claves no estatales como las corporaciones e instituciones transnacionales tienden a no estar relacionadas con su lugar de origen Los estados compiten por la localización de la producción y las multinacionales tienen cada vez más poder, por lo que la soberanía de los estados se hace vulnerable a los deseos de las multinacionales.

Conformación de bloques en el proceso de globalización que alteran los sistemas geopolíticos de seguridad global entonces los intereses de los bloques se anteponen a los de los países pobres. Las nuevas instituciones internacionales «reguladoras» del mercado global dirigidas por los países de mayor desarrollo imponen su legislación y sus sistemas de sanciones. Las decisiones se toman en el centro, es decir, son locales, pero su alcance es global.

Pérdida de Identidad Cultural: La noción de «cultura global» está generalmente asociada con la difusión de los valores y estilo de vida de los países desarrollados de occidente. La posibilidad de los países de la periferia de globalizar su cultura no es tan evidente; las autopistas de la información pueden ser de doble vía, pero el tráfico es más intenso en una dirección. Además la cultura global es una mercancía y la periferia, más que productora es consumidora.

Perjuicio de la Nación por Nuevas Políticas Sociales: Muchos países de la periferia han recibido y aplicado el mensaje de que su camino al desarrollo está marcado por la necesidad de entrar en el sistema de competencia global. De allí que buena parte de su energía la han dedicado a desmontar los viejos modelos de desarrollo y por supuesto, como dichos planes se basaban en la acción del «Estado Asistencialista», entonces lo prioritario ha sido su reestructuración y modernización con estrategias neoliberales como la desburocratización, la privatización y la descentralización. Todo esto no es bueno para los países periféricos que tienen una gran proporción de su población en condiciones de muy bajo desarrollo humano, cuya redención social solo es posible mediante el intervencionismo del estado.

7. México y la integración en el NAFTA

Desarrollo económico vs Desarrollo Social

El caso de la integración mexicana, sus datos y estadísticas, le pueden brindar puntos de referencia al problema de la integración Colombiana.

Desde el 1 de enero de 1994 las relaciones económicas de México con Estados unidos y Canadá han tenido como marco general el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En estos cinco años de vigencia del TLCAN las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron 118.7%, de 43.070 millones de dólares en 1993 a 94.185 millones en 1997, con sendos aumentos de 20.2% en 1994, 28.05% en 1995, 21.6% en 1996 y 16.9% en 1997. La evolución del comercio bilateral también resultó fructífera para Estados Unidos, cuyas exportaciones a México ascendieron de 46.541 millones de dólares en 1993 a 82.002 millones en 1997, lo que conllevo a un crecimiento acumulado de 76.1%.

El primer año de vigencia del TLACN México registró un déficit de 5.136 millones de dólares en el comercio con Estados Unidos, pero luego obtuvo cuantiosos superávit de 12.789 millones en a995, 13.037 millones en 1996 y 12.183 millones en 1997.

Como contrapartida, persistió la concentración del comercio exterior de México con las naciones vecinas de América del Norte, destinatarias de 87.5% de las exportaciones totales del país en 1994, porcentaje similar al registrado durante 1997. En este último año Estados Unidos absorbió 85.4% de los envíos mexicanos, la mayor proporción en la historia del comercio bilateral.

El petróleo, por otro lado, subsiste como uno de los principales productos de exportación de México a sus socios del TLCAN.

En 1997 Estados Unidos absorbió 72% de los envíos totales del hidrocarburo, lo cual contribuyó mucho al superávit de 12.183 millones de dólares en la balanza comercial mexicana con este país y que, sin considerar la factura petrolera, se reduciría a 4.017 millones. Las ventas del energético a Canadá también son importantes y en el mismo año ascendieron a 174.1 millones de dólares, monto equivalente a 8% de las exportaciones mexicanas totales a ese país. Como en el caso del intercambio con Estados Unidos, el saldo comercial también sería favorable para México aun sin considerar los envíos petroleros.

El comercio de México con América del Norte mantiene una tendencia creciente favorecida tanto por la proximidad natural cuanto por el TLCAN, cuya concentración ha generado condiciones más propicias para el intercambio regional y en sus primeros cuatro años de vigencia contribuyó a incrementar 118.8% las exportaciones a Estados Unidos y 38.6% las destinadas a Canadá. En materia de inversión extranjera directa, de estos países provino 61.4% de los capitales recibidos por la economía mexicana.

Entre las maneras que el TLCAN puede estimular el crecimiento del valor agregado en las maquiladoras se encuentra la transferencia de procesos productivos de transformación manufacturera a estas plantas. Esto, a su vez, crea la necesidad de una fuerza de trabajo con mayor capacitación, experiencia, responsabilidad y permanencia en las maquiladoras, debido a que el proceso técnico del trabajo será mas complejo.

Se tiene la preocupación de que el TLC convertirá a todo México en una gran maquiladora y que los salarios de la industria manufacturera nacional descenderán al mismo nivel de aquella, habrá entonces cambios en el sector manufacturero nacional.

Al buscar la firma del TLCAN el gobierno mexicano confiaba en que los capitales extranjeros tendrían incentivos para efectuar inversiones productivas en México debido a las reglas más claras de inversión y comercio, así como a los menores aranceles para la exportación de este país a Estados Unidos y Canadá. Para México, el TLCAN es parte importante de la estrategia para convertir al sector exportador en el motor de la economía.

No es fácil apreciar los efectos del TLCAN en la economía mexicana si se toma en cuenta que entró en vigor el 1 de Enero de 1994 y que en diciembre de este año se desató una grave recesión que dificulta aislar el efecto del TLCAN de otras variables económicas y políticas. Sin embargo, en el primer año de vigencia (1994) el PIB, el consumo total y la formación bruta de capital crecieron con relación a 1993; el efecto en el comercio fue mayor en las importaciones que en las exportaciones, lo que redundó en un mayor desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

En conclusión, al parecer el TLCAN sí influyó en 1994 en el crecimiento de la inversión extranjera directa y ésta en las exportaciones manufactureras, pero fue mayor el efecto de la importación de insumos en las cuentas nacionales, el cual no pudo compensarse con la exportación ni con la entrada de capital, incluyendo el de la cartera.

Es probable que el efecto del TLCAN en las empresas industriales haya sido muy desigual, en virtud de que las exportaciones siguen siendo prerrogativa de unas cuantas empresas; esta situación no cambió siquiera con la gran devaluación de 1995, que abarató los productos mexicanos en el extranjero. Las exportaciones también están concentradas en algunas ramas industriales. En 1996, cuando mostraron un notable aumento luego de las devaluaciones, 67.3% de las ventas externas correspondió a tres sectores: automovilístico y de autopartes, eléctrico y electrónico, y el de maquinaria y equipo especial. Del total vendido al exterior, 80% lo aportan 720 compañías, que constituyen solo 2% de las empresas exportadoras (27.924 en 1996, de un total en el país 2´186.655 establecimientos de todo tipo y 266.033 manufactureros en 1993).

El TLCAN puede estar provocando cambios en las empresas, pero adaptado al sistema mexicano de relaciones industriales, poco protector del trabajador. Las empresas extranjeras llegan a México con modelos de organización innovadores, mezclados con aplicaciones parciales de la calidad total. En esta medida, el cambio esencial de la fuerza de trabajo no se debe a la creación de un grupo importante de trabajadores calificados, sino la incorporación de personal joven, femenino, con alta rotación y salarios y calificación escasa.

El TLCAN ha influido en el comportamiento de la economía y las relaciones laborales e industriales en México; si bien, favorece la llegada de capital productivo extranjero, otros factores macro económicos y las crisis políticas la desalientan, por lo que su arribo masivo no puede garantizarse con el tratado. A la fecha no ha habido una generación importante de empleos ni efectos positivos en los salarios. Con la apertura es probable que las políticas de racionalización de las empresas para ganar competitividad y las del Estado, que considera al salario como variable macro económica de ajuste, así como el sindicalismo, sigan siendo factores importantes que influyen en el salario y el empleo.

Por otra parte, el aparato productivo mexicano ha sido siempre muy heterogéneo. A pesar de la desregulación y de la apertura de la economía, en particular la firma del TLCAN, la mayoría de las empresas no han podido convertirse en exportadoras, por lo que éstas son pocas. Además, tampoco se ha podido establecer estándares productivos importantes para que las grandes arrastren a las pequeñas y medianas por la vía de la sub contratación. En efecto, la modernización de las empresas exportadoras no es tan espectacular como pudiera pensarse.

Para el caso particular de México, país que ha encontrado su vía de desarrollo dentro de un marco de consecutivas políticas económicas orientadas a desregular tópicos tales como el comercio de bienes y servicios, así como los flujos internacionales de capitales; se entiende que procesos integracionistas, en especial el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han estimulado a que se produzca un aumento considerable de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia éste país, en particular de las inversiones japonesas, las cuales intentan utilizar a México como una plataforma de exportación al mercado norteamericano.

En 1996 los flujos de la IED hacia América Latina se concertaron en Brasil (25%) y México (20%). Para México éste interés de los capitalistas extranjeros se traduce en mayores inversiones en el sector manufacturero, (particularmente en el automotriz), y en las actividades de exportación, especialmente en la industria maquiladora.

México fue el principal receptor de IED durante la primera mitad de esta década; concentraba 38% de los flujos hacia los países que integraban la ALADI[2]. Esta posición de primicia era efecto directo de su participación en el TLCAN, lo cual le permitía constituirse como destino privilegiado de las inversiones de las grandes empresas transnacionales manufactureras, principalmente Norteamericanas.

La fuerte devaluación del peso Mexicano a finales de 1994, le permitió ganar competitividad en el Sector de los rubros transables, lo que estimuló las inversiones destinadas a la producción de bienes de exportación.

Durante los años que precedieron a la crisis de la deuda externa en 1982, gran parte de los países deudores de América Latina se encontraron en una situación de incertidumbre, ya que a diferencia de los años setenta en donde entraban grandes cantidades de capital extranjero, (efectos principalmente de préstamos) para la época de la crisis, los flujos internacionales empezaban a escasear. Sin embargo a principios de la década de los noventa, la situación dio un vuelco total, porque los mercados Latinoamericanos se convirtieron en proyectos de inversión rentables, a tal punto que varios de estos países, entre ellos México, se han ganado la calificación de los mercados emergentes más dinámicos del mundo[3].

Con respecto a las condiciones macro económicas Mexicanas, se tiene como consecuencia: el cambio hacia una economía menos protegida por los entes estatales, un proceso de aperturización e inserción a los mercados mundiales y por consiguiente a la competencia internacional, así como una tendencia generalizada a desregular la legislación con respecto a la inversión extranjera junto con la promoción de incentivos a los particulares o empresas extranjeras que decidan formar empresas o ayudar a crearlas.

Se consideró la Inversión Extranjera Directa como una alternativa factible para los grandes capitalistas del mundo y de las empresas multinacionales, que vieron con buenos ojos como México se estaba convirtiendo en un país fundamental dentro del grupo de los Latinoamericanos, así como pieza clave de lo que tiempo después se conocería como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El periodo comprendido entre 1994 hasta la fecha, que se caracteriza por el alto grado de segmentación en los procesos de manufactura y tecnologías, de la incorporación y ratificación a sub regiones producto de acuerdos y tratados, y por la huida de los llamados capitales golondrinas.[4] La mayoría de estos de naturaleza indirecta.

Otros factores que determinan la IED son : la potencialidad de crecimiento del mercado interno del país receptor, el comportamiento de organizaciones multilaterales en cuanto a su estrategia de desarrollo, las expectativas de lo que será el grado de productividad y cambio del mercado, así como la creación de economías de escala en los diferentes procesos integracionistas que se han dado paso recientemente.

De manera adicional, la IED también responde ante cambios en las regulaciones de tipo administrativo y jurídico, alteraciones en la estructura de costos de las empresas del país receptor y ante tasas diferenciales en el costo del capital.

La presencia del capital extranjero en México está transformando el panorama que se tenía acerca de el tópico “Propiedad empresarial”. Las empresas extranjeras estarían aprovechando nuevas oportunidades en los sectores bancarios y alimenticios, que se suman a las importantes inversiones de los últimos años en actividades manufactureras de tipo exportación (especialmente en la industria automotriz y maquiladora).

A pesar del deceso de esta afluencia en los años 1995-1996 con respecto a 1994 fue en los últimos tres años que la importancia de la IED se incrementó notablemente en la economía Mexicana.

El CEPAL atribuye esto a la participación de México en el TLCAN.

El objetivo de la industria que se identifica como maquiladora es el de incorporar mano de obra barata en el proceso productivo para tener una reducción considerable en los costos, así como beneficiarse de otras facilidades en los sectores de transporte, comunicaciones, servicios, trámites, etc.

Esta concepción Mexicana de maquila se identifica con la idea mundial de formas de “sub – contratación de procesos productivos entre dos o varias empresas; comercio intrafirma de las filiales y la empresa matriz ante la posibilidad de segmentar los procesos productivos en otros países ”.[5]

Las actividades maquiladoras en México surgen en 1965, donde se crearon las condiciones que facilitaron la importación temporal de maquinaria, equipo y materias primas a las empresas manufactureras ubicadas a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Hoy en día estas empresas pueden encontrarse en cualquier parte del territorio nacional de México.

La ubicación de la industria maquiladora para la exportación depende de varias variables, una de ellas es la cercanía al país de origen, al dueño del capital o al mercado final; otra es la disponibilidad de la mano de obra, también son determinantes el grado de seguridad para la inversión extranjera, el costo de producción, la legislación y la infraestructura entre muchas otras.

En los años posteriores a la crisis financiera en México, la industria maquiladora tuvo una disminución real en la tasa de crecimiento.

La mayoría del capital incorporado a esta industria en México es prioridad de Estados Unidos, y esto es en parte por el hecho de una proximidad geográfica así como de la incorporación de este al TLCAN.

Sin embargo desde principios de los años setenta, países como Japón y algunos Europeos (así como el mismo México), han invertido en esta actividad, las industrias que más utilizan maquila en México son las de electrodomésticos y accesorios eléctricos, así como la industria de equipos para el transporte.

De esta manera la maquila se ha convertido en un mecanismo propicio para transferir tecnología de los países desarrollados y dueños del capital a México.

Por esta razón es que los Gobiernos e Instituciones Estatales encargadas hacen todo lo posible para darle una estabilidad tanto política como económica a las multinacionales y empresas extranjeras, pues por este camino se consolidan más rápidamente los mercados y el renglón productivo gana mayor competitividad con el exterior.

El surgimiento de la idea de constituir empresas maquiladoras se llevo a cabo gracias a la intervención del gobierno, que vio como las manufacturas Mexicanas no contaban con competitividad internacional.

De esta manera se vino conformando un desarrollo incipiente por medio de la sustitución de importaciones, ya que ingresaban al país temporalmente los insumos y herramientas, para luego reexportarlas como producto manufacturado.

En el caso de las compañías productoras de “COMMODITIES” es decir empresas donde las diferencias en las tasas de ganancias se encuentran en su estructura de costos, ya que producen bienes manufactureros no diferenciados, deberán cumplir con las normas mínimas de calidad para no perder competitividad, se observa que dada la estrategia de competencia que proporcionan las empresas maquiladoras (reducción de costos por mano de obra más barata), se establecieron varias plantas productoras de estos bienes no diferenciados. (“COMODITIES”), en México o simplemente se trasladaron allí los procesos intensivos en mano de obra, lo que permitió disminuir costos (dada la ventaja de salario), y por consiguiente aumentar beneficios.

Esto permite indagar qué ventajas naturales tales como: bajos salarios, abundante mano de obra, etc.; junto con ventajas artificiales como políticas gubernamentales favorables y procesos de integración faciliten entonces que se den condiciones propicias para que empresarios extranjeros encuentren incentivos para invertir. La inversión en la industria maquiladora está muy relacionada con las normas y reglamentos formulados por EEUU u México dentro del Tratado de Libre Comercio. Este tipo de normatividad identifica cuales serían los posibles afectos sobre la IED en el sector. A largo plazo esto dependerá de que tan restrictivas sean las políticas en torno a este tema.

Realidad Industrial en México

En este cuadro se detalla como a medida que se hizo más explícita la integración de México con EEUU (TLCAN), se presenció un cambio positivo en la inversión en el sector a través de construcción de nuevas plantas.

Para 1994 la competitividad en materia de costos y el crecimiento se vieron positivamente afectados por la devaluación del peso Mexicano.

El empleo de la maquiladora se elevó de 123.879 en 1980 a 750.689 en 1996, y el promedio de empleados por planta aumentó de 200 en 1980 a 313 en 1996. [6]

Se entiende entonces que la IED en la industria ha sido cada vez más fuerte lo cual se complementa con el hecho de que las instalaciones aumentaron en tamaño, se incrementó el promedio de trabajadores y en la actualidad las plantas se dedicarán a procesos más complejos, más integrales y de alto grado de diferenciación.

En lo referente a la IED inducida, se comporta como una intermediación para exportar cuando se establecen barreras de tipo proteccionista en un bloque regional (en este caso el TLCAN).

Igualmente a la IED inducida se le considera como una estrategia para evitar que en el futuro surjan diferentes amenazas proteccionistas.

Antes de firmar el TLCAN se tenían expectativas de una no muy favorable IED en México debido a que los incentivos se perdieran. Cuando se procedió a firmar, las expectativas cambiaron.

El flujo comercial de México a EEUU aumentó considerablemente (casi un 85% del total ) y no de manera aleatoria las exportaciones mexicanas a Estados Unidos que tuvieron tasas crecientes conformando los sectores en que la IED japonesa se fijó, destacándose principalmente los bienes eléctricos, el eq2uipo de transporte y los productos químicos.

Si bien es cierto que la integración regional tiende a estimular la inversión extranjera directa, esto no siempre es factible si se cuenta solamente con una disposición política de hacerlo, pasando por alto condiciones determinantes en el proceso tales como incentivos al capital extranjero y la conformación de una normatividad. De esta manera si una integración es “pequeña” entonces la inversión se rezaga debido al alto grado de incertidumbre que se podría generar. Por el contrario si una asociación económica entre países tiene la característica de poseer un cierto control o poderío internacional (como el caso del TLCAN), entonces las expectativas ya no serán de incertidumbre pues los agentes inversores esperan que la unión prospere y produzca beneficios extraordinarios, ya sean del tipo directo o indirecto, jalonando así el sector empresarial.

Tomando el caso específico del proceso de integración regional (como lo es el TLCAN), con sus regulaciones comerciales y de inversión, se observa que de alguna u otra forma se aumentó el valor de la inversión extranjera directa tanto en los Estados Unidos como en México principalmente. Por su parte este flujo de capital genera un mayor comercio entre México (país que lo recibe) y Estados Unidos (país vecino y perteneciente al grupo de Libre comercio). Esto demuestra que los inversionistas japoneses han comenzado a aprovechar las oportunidades de acceso garantizado al mercado y la virtud arancelaria en el comercio entre México y su principal socio comercial (EEUU).

Es evidente que el desarrollo mexicano no es completa, pero; ¿No es mejor hacer para repartir que repartir para hacer? .

8. Conclusiones

Colombia debe buscar un cambio en su agenda bilateral con Estados Unidos, buscando «desnarcotizar» los problemas Colombianos y buscar nuevos aliados con el fin de recuperar y desarrollar la capacidad productiva y social del país.

Colombia es un típico país en vías de desarrollo, que sufre de los efectos negativos del proceso de globalización, debido a su pérdida de competitividad, desindustrialización y vulnerabilidad financiera.

Colombia debe buscar nuevas alternativas de desarrollo, con el fin de aprovechar la apertura de los mercados, sin olvidar el problema social y la preferencia por el bienestar general sobre el particular.

La innovación tecnológica, y el gasto en desarrollo, deben convertirse en los objetivos claves en el desarrollo de nuestro psís.

Como resultado de la crisis fiscal y política del estado en los países periféricos, las presiones externas (flujo de capitales) aumentan su inestabilidad interna.

9. Bibliografía

“Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe”, CEPAL 1996.

CEPAL: Las nuevas corrientes financieras hacia América Latina. Fuentes, efectos y políticas. José A. Gurria.

DIAZ CALLEJAS Apolinar : Relaciones Colombia – Estados Unidos: Perspectiva histórica. Artículo publicado en Internet en www.apolinardiaz.com.co

CAMHI, E. ENGLE «Dinámica de empleo y productividad en manufactura: evidencia micro y consecuencia macro», mimeo, noviembre de 1996, Centro de Economía Aplicada, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.

RAMOS Joseph «Impacto de la Modernización Tecnológica», Revista Capítulos No 51 Julio – Septiembre de 1997. Director de la división de desarrollo de la CEPAL.