El papel del estado colombiano en la provisión de bienes y servicios

Autor: Sandra Victoria Serna Velázquez

Comercio internacional

08-2001

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Generalidades: Los valores de convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz, insertos en el preámbulo de nuestra Constitución Política, se armonizan en el artículo 2° de la misma carta, al definir de manera expresa los fines del Estado Colombiano e indicar los cursos de acción que deben seguir los gobiernos de turno, a través del servicio a la comunidad, con el propósito de promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en el estatuto superior.

El cumplimiento de las tareas esenciales que se le han encomendado al Estado, implica despliegue de acciones y desarrollo de actividades diversas, una de las cuales corresponde a la "Provisión de Bienes y Servicios Públicos", que al tenor del artículo 365 constitucional, se considera inherente a la finalidad social del Estado, siendo su deber, el aseguramiento o garantía de su prestación oportuna y eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Dicha actividad inherente al Estado, está sometida al régimen jurídico que establezca la ley, pueden ser suministrados - bienes y servicios - por el Estado, directa o indirectamente, por la comunidad organizada o por los particulares.

Existen unos principios constitucionales sobre los servicios estatales, servicio a la comunidad y sus miembros que debe prestar el Estado; principios que se encuentran en todo el texto de la norma superior y hacen evidente el concepto o noción del "Estado Social de Derecho", que dignifica al hombre ubicándolo por encima del pragmatismo de las actividades económicas.

No obstante lo anterior, nuestra Carta Política es muy específica frente a la regulación de varios servicios públicos tales como: La Seguridad Social, (Art. 48); Atención en Salud y Saneamiento Ambiental (Art. 49); La Educación Pública, que tiene función social, comprometiendo al sector central y territorial en su dirección, financiamiento y administración (Art.67 inc, 1 y 6); Así mismo señala la reglamentación legal del Servicio Público que prestan los Notarios y Registradores. La norma constitucional, también indica las entidades responsables de la prestación de los servicios a través de la distribución de aquellos servicios a cargo de la nación o sector central y las entidades territoriales, (Art. 286, 311 y 356).

Toda la política de Provisión de Bienes y Servicios, está ligada a procesos políticos dentro de un marco legal y jurídico que le es propio al poder público del Estado, que se cumple a través de las decisiones gubernamentales que priorizan los intereses económicos y sociales, entre los cuales actúa o debe actuar el Estado. Es lo que se conoce como Criterio de Fundamentación Política, que es uno de los criterios que se tienen en cuenta para la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado, criterio enmarcado por preceptos ideológicos, filosóficos y deontológicos al mismo tiempo relacionados con la competencia radicada en diversos entes estatales, para su prestación según regulación legal.

Este Criterio de Fundamentación Política no puede estudiarse de manera insular, debe hacerse considerando el Criterio de Fundamentación Económica, donde el Estado conceptúa y clasifica las necesidades públicas que le corresponde atender y satisfacer, calculando los recursos humanos, financieros y económicos que requiere para alcanzar sus fines esenciales, a través de la satisfacción de tales necesidades, tanto las públicas sin exclusión alguna, como aquellas que contienen principios de exclusión - se exige contribución directa o tarifa - a quienes deseen satisfacerlas y se prestan en los términos que lo haría un empresario particular.

Establecida la naturaleza y clasificación de las necesidades públicas, así como las competencias de la nación, entes territoriales, comunidad organizada y los particulares para la prestación de servicios públicos, el Estado puede construir su presupuesto, que en definición de Esteban Jaramillo, es: "El presupuesto del Estado es un acto de la autoridad soberana, por el cual se computan anticipadamente los ingresos y se autorizan los gastos públicos, para un periodo determinado".

Sobre los Criterios de Fundamentación Económica y Política, observemos el concepto de Alvear Ramirez, quien al respecto afirma, que: "La situación de la economía y las opciones políticas predominantes, fijan a cada Estado, su lugar y condición dentro del contexto universal". Tenemos entonces que cuando el Estado capta y gasta gran cantidad de recursos, tal intervención se manifiesta en los niveles y formas de vida de los colombianos; intervención que no es simplista, sino que comprende la utilización de "herramientas" para el control de sus ingresos y egresos, traducidos en el logro y niveles de afectación de las relaciones sociales y económicas, en un momento dado. Herramientas que se conocen como "Política Fiscal", ligada lógicamente al grado de desarrollo y orientación de la sociedad, así como a las exigencias de la coyuntura o tendencias económicas vigentes - globalización - Dicha Política Fiscal, será la manera de regular los procesos económicos y sociales, a través de los objetivos de Estabilización, Desarrollo y Redistribución de la Renta, que servirán de soporte para el cumplimiento de los fines del Estado a través de su "Política de Provisión de Bienes y Servicios Públicos", que se ocupa como se reitera, de satisfacer las necesidades públicas.

Situados en el contexto ideológico de los servicios públicos, la responsabilidad constitucional del Estado en su prestación, y enunciados los Criterios de Fundamentación Política y Económica para la provisión de bienes y servicios públicos, retomaremos los antecedentes sobre el rol del Estado frente a la satisfacción de necesidades públicas, en los términos de influyentes corrientes de pensamiento socio económico.

Teóricos económicos como Wagner (1887), reconocieron que el Estado a través del gobierno, ha venido incrementando sus funciones de manera regular, perfeccionando el logro de sus fines, lo que se traduce en el crecimiento de la cobertura de servicios públicos y la satisfacción cada vez más completa de las necesidades económicas de la población; a su turno Keynes (1929), formula su teoría económica, sobre tres criterios básicos: Racionalización del Gasto, para ampliar la cobertura de servicio; Participación activa del Estado para regular procesos económicos y sociales y el Equilibrio Financiero, que genere margen de endeudamiento y la viabilidad de atender gastos extraordinarios.

En estos intentos por precisar el rol del Estado en la prestación de bienes y servicios, se han discutido diversos y contradictorios conceptos, que subyacen en cada uno de los modelos económicos existentes, pero que coinciden en mayor o menor intensidad en el reconocimiento del papel del Estado a través del gobierno, como protagonista del desarrollo social, reconociendo eso sí, grandes fallas respecto de la eficacia y gestión estatal; se concluye entonces que el rol del Estado en la Provisión de Bienes y Servicios, deberá estar ligada al cumplimiento de sus fines esenciales, pero deberá dinamizar y ajustar dicho rol, según sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, frente a las tendencias económicas globales, para precisar sus funciones básicas y el papel de promotor o gestor del desarrollo, desmontando gradualmente la ineficiencia del recurso humano a su servicio, mediante la adopción de un modelo económico ajeno a situaciones coyunturales y cortoplacistas, que oriente la intervención estatal hacia la prestación de servicios públicos esenciales, básicos e indelegables, como la justicia, seguridad, defensa, salud y educación.

Teorías de los Servicios Públicos.

Concepto o Noción de Servicio Público. A pesar de aparecer profusamente mencionado el concepto, ni la Carta Política, ni la ley, han dado una definición general de servicio público aplicable para todos los efectos jurídicos que conlleva en nuestro ordenamiento jurídico la noción del servicio público. Para definirlo, la doctrina se ha ocupado del asunto, estableciendo su noción genérica, que parece ser la interpretación del artículo 430 del C.S.T., así: "...Se consideran servicios públicos toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas"

Origen y evolución de la noción de Servicio Público. La noción o teoría clásica de servicio público con alcance y contenido jurídico, se desarrolló a partir de la jurisprudencia francesa desde 1873, con el llamado "fallo blanco", que dirimió el conflicto de competencia y régimen jurídico aplicable a la prestación de su servicio público. Posteriormente dicha noción fue acogida por la doctrina como base y fundamente del Derecho Administrativo, naciendo en cabeza de Jéze y Dugüit, la llamada "Teoría del Servicio Público", sobre la noción de una actividad de interés general a cargo del Estado o de las empresas industriales o comerciales que éste constituyera; Los principios generales de la teoría se adoptaron en Colombia en la reforma administrativa de 1.968. 

En Francia ésta teoría fue objeto de amplios debates y finalmente durante el siglo XX, la teoría evolucionó hasta que se origina la "crisis de la noción del servicio público", fundamentada en las fallas del servicio y de los gobiernos, así como la excesiva intervención estatal y la posterior entrega de los servicios públicos a la gestión de los particulares. En nuestro país a partir de la Constitución de l.991, la teoría francesa, perdió importancia, debido a la precisión constitucional y su desarrollo legal, en materia de la competencia de los jueces y el régimen jurídico aplicable en materia del servicio público, al que se le ha fijado consecuencias jurídicas en varios aspectos concretos.

Por otro lado, tenemos la Teoría Anglosajona del Servicio Público, aplicada en EE.UU, donde la noción del servicio público, se desarrolla conforme a las reglas del derecho privado y su prestación corresponde a los empresarios particulares, sin la distinción de la teoría clásica en derecho público y privado. En esta teoría se desarrollan sistemas de regulación general de las actividades consideradas de interés público, a través de los organismos encargados de efectuar tal regulación y con base en antecedentes de decisiones emitidas por las mismas entidades.

Clasificación de los Servicios Públicos. Según los criterios aplicados por la doctrina, los servicios públicos tienen una clasificación bipolar, así:

- Esenciales y No esenciales
- Domiciliarios y no domiciliarios
- Centralizados y descentralizados

Adicionalmente, existe una clasificación, según la competencia de los entes territoriales, siendo entonces servicios públicos nacionales, departamentales, municipales, y de los territorios indígenas.

Servicios Públicos Esenciales: El artículo 56 constitucional dice: "...Se garantiza el derecho de huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador" Aunque no se han definido por la ley, varias normas han desarrollado tal concepto, es el caso de la ley 142/94, sobre servicios públicos domiciliarios a los cuales les da categoría de esenciales.

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Sandra Victoria Serna Velázquez

Luz Elena Pineda Arcila -  Ximena Cardona Mora - James Hery Orejuela Mogollón

jheryarrobatelesat.com.co

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