OBRAS SOCIALES
(Actualización del trabajo de Desregulación de O. Sociales) Autor:
Dr. Antonio P.J. Sirino
Medico Cardo - Angiólogo; Medico Especialista en Medicina Laboral;
Geriatra; Medico Auditor reconocido por SADAM
Ex - Coordinador del Ara de Clínica Medica del Policlínico Ferroviario
Central
Ex -Director Interino del Hospital Municipal "Dr. Raúl F, Larcade"
Ex - Presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos del Personal del
Ferrocarril General Belgrano,
Ex - Gerente General de Prestaciones Médicas de I.N.O.S.
Ex - Delegado Normalizador de Obra Social del Personal de la Actividad
Vitivinícola
Asesor Medico ad Donoren de la Legislatura de la Porteña
Sindico Medico de la Gerencia de Prestaciones de la S.S.Salud.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La afiliación de los obreros a los sindicatos, tiene un paralelismo
directo con las posibilidades de desarrollo industrial del país. Así es
como vemos que en los Estados Unidos las estadísticas nos muestran su
evolución : el numero de afiliados se incrementa desde el año 1900,
manifiesta un progreso lento pero continuo hasta la primer guerra
mundial, luego crece bruscamente durante la misma y se mantiene en los
años siguientes. Sufre rápida caída y estancamiento en los años 20,
vuelve a recuperarse bruscamente durante el periodo del New Deal, que
siguió a la gran depresión y experimenta una gran expansión durante la
segunda guerra mundial, para luego entrar en una meseta de crecimiento.
Esto es lo que ocurre en los países que no solo manejan bien su
economía, sino con sentido de la realidad.
Desde la época colonial donde la expresión "obras de caridad" era la más
adecuada para esta actividad, por la motivación religiosa que la misma
implicaba, se practicaba en forma desinteresada por quienes se dedicaban
a tales actividades a favor de los necesitados, en su mayoría por
iniciativa privada con poca o ninguna participación de Estado hasta la
finalización del siglo XVIII. En dicho período, las cofradías, gremios y
hermandades fueron las primeras formas de previsión y asistencia social
organizada. Todos estos términos han servido solo para presentarnos un
desarrollo constante de la preocupación humana por paliar el sufrimiento
de sus semejantes y ofrecer ésa "protección" para conseguir el bienestar
físico y espiritual de quienes lo necesitan en determinados momentos.
Cada una de estas instituciones ha surgido como un intento de tratar de
mejorar lo existente.
Una segunda etapa se vislumbrará en forma lenta pero ininterrumpida
desde los comienzos del siglo XIX, con una tibia iniciativa Estatal en
Política Social que irá desplazando a la actividad Privada, se crea así
en 1822 la “Sociedad de Beneficencia y nuevos hospitales y asilos”. En
esos momentos se otorgaban "graciosamente" beneficios que implicaban un
intento fugaz de solucionar algo, sin conseguir armar una verdadera
política social estable. No se sospechaba que esa prestación "graciable"
se convertiría, en algún momento, en un derecho del ciudadano, amparado
por leyes e instituciones públicas. Sin embargo, ya comienzan a fijarse
pautas que serían el principio de nuestra legislación jubilatoria:
1.- La cifra de los beneficios en los topes a pagar.
2.- La no acumulación de los beneficios.
3.- El límite en el goce de los beneficios, a excepción de las madres de
los muertos en defensa de la Patria.
Así se llega tras un historial rico en procesos de protección social,
desde el año 1944 donde se transforma la Asistencia Social en Previsión
Social. Fue la Justicia Social la cual se constituyó en el pilar
fundacional de un nuevo derecho basado en la dignidad de la persona para
satisfacer las necesidades básicas indispensables del hombre más
desposeído, y hasta ése momento solo "protegido" por la filantropía, la
beneficencia y la caridad.
Se llega entonces a la constitución de las "Obras Sociales" (OOSS), que
tanto significan en su acepción genérica como en su estructura orgánica
o institucional. Germinal Rodríguez ayuda a la definición considerando
que brindan "mutualismo, cooperación, recreación y ayuda jurídica".
Estas definiciones no son exhaustivas y en la realidad tienden a ser
superadoras.
No se puede dejar de considerar que dada la evolución del proceso, había
llegado el momento de integrar y coordinar esfuerzos entre las
constituidas Obras Sociales Estatales, Sindicales y Asociaciones
Mutuales. Se logra entonces lo que constituyó la acción más adecuada
para colmar esas grandes expectativas, la creación del Instituto
Nacional de Obras Sociales cuya finalidad, objetivos y estructura fue
fijada por la ley No 18.610.
Es ésta entonces, la que en su artículo 12 expresa " el INOS tendrá como
fin Promover, Coordinar, Integrar las actividades de las Obras Sociales,
así como controlarlas en sus aspectos técnicos, administrativos,
financieros y contables". Los artículos lº y 2º referentes a las
actividades asistenciales, se pueden así identificar con lo expresado
anteriormente en su objetivo controlador.
La síntesis apretada de un derecho social de convivencia humanitaria ha
sido el objeto de estas líneas, desechando muchos mojones históricos en
su constitución actual, pero dejando como bagaje esas luchas llevadas a
cabo para favorecer a los desprotegidos de esa globalización que parece
olvidar con desprecio, el bienestar Jurídico y Cristiano que les
corresponde a los que tratan de vivir.
El derecho a la salud
Podemos definirlo como parte sustancial de los derechos humanos y deber
ser respetado sin restricciones quedando al margen de las políticas de
mercado y ajuste.
Así debemos considerar que los derechos de la población referentes a la
salud se pueden enumerar como:
v Del derecho a ser sano: Esto engloba el derecho al trabajo, la
educación y la alimentación.
v Los problemas que entorpecen ese derecho son sociales: Como la
marginación, desempleo, pobreza, y el abandono.
v Derecho a la atención médica oportuna: Que se lo ve entorpecido por
los obstáculos del sistemas de atención médica relacionados con la
accesibilidad y con la cobertura.
v El derecho a participar, en forma colectiva, en la elaboración y
puesta en marcha de programas de salud en defensa de la atención médica
cotidiana y los programas de prevención.
v Derecho a la Atención sobre la mercantilización y a que se efectúe una
prestación solidaria.
v Derecho a ser tratado aplicando los adelantos de la medicina y la
tecnología modernos, y no a ser utilizado como banco de prueba para las
drogas modernas de investigación no probadas aun, sin real
consentimiento previo.
v Derecho a que se utilicen los métodos de diagnóstico, completos sin
estricciones arbitraras, para evitas gastos, que no son tales, por que
en salud no se gasta se invierte, con el solo hecho de prevenir
complicaciones, los recursos correctamente invertidos.
v Derecho a la equidad sobre el pensamiento de la eficiencia. Se debe
aumentar la eficiencia sin prescindir de la eficacia del tratamiento
oportuno. En la atención para la salud publica no se puede basar todo en
la premisa de contener costos y para acrecentar eficiencia, olvidando el
interés superior y fundamental, de mejorar la salud.
Definiciones trascendentales en Política de Salud
Los gobernantes de los países como el nuestro, en vías de desarrollo que
no han asumido aun la responsabilidad que les cabe en garantizar el
derecho a la salud.
Se deberían cumplir con prestaciones básicas brindando un régimen de
asistencia obligatoria monitoreando los progresos desde el Estado.
No se pueden aceptar políticas que conlleven las propuestas veremos que
tienen como objetivo fragmentar la sociedad en grupos con distintas
posibilidades de acceso al sistema de salud, teniendo como único
elemento el respeto al valor adquisitivo y el poder económico. Se debe
tener una planificación tendiente a lograr una cobertura universal.
Debe pergeñarse una política de salud sin iniquidades y sin exclusiones.
Debe ser justa y equitativa y llegar a todos los rincones del país.
En su redacción no pueden quedar a fuera el aumento de la desocupación y
subocupación,
La caída del poder adquisitivo no es solo de la clase media sino de todo
el que trabaje. No se puede soslayar en la redacción de una ley de salud
pública el Colapso provocado de las Obras Sociales y el PAMI, ya sea por
corruptela o inoperancia.
También debe borrarse el concepto del individualismo, el bienestar de la
sociedad no debe estar entra dentro del ámbito de lo privado, siendo el
propio individuo el que debe satisfacer dicho bienestar. La denominada
“igualdad de oportunidades” debe concebirse como además, igualdad de
recursos individuales, deténganse a pensar que no es igual vivir en la
Ciudad de Buenos Aires que en Tilcara. Por mas inteligente que un niño
nacido en una localidad del interior sea, carece de igualdad ya para la
educación, ya para la salud, ya para la salida laboral.
En los fundamentos de una ley de salud, no se deben contemplar
posibilidades individuales, el pensamiento filosófico debe establecerse
en base a practicar la mejor medicina posible, teniendo en cuenta la
escasez de recursos a repartir. Pero de igual manera no seguir
sosteniendo que ante la crisis lo que entra en crisis es un edificio
llamado hospital, lo que entra en crisis es un ser humano llamado
enfermo sin recursos para curar su sufrimiento.
Con las políticas aplicadas hasta ahora, lo que sí se consiguió es la
desigualdad que lejos de actuar como estimulo para el progreso ha
logrado que los que tienen más acrecienten sus ganancias y los que
tienen menos acrecientes sus problemas.
Hoy estamos frente a la realidad del liberalismo económico, y una de las
principales consecuencias es el aumento masivo de la población sin
cobertura social con lo que el Hospital Público se ve desbordado por la
demanda de ese mayoritario grupo poblacional.
Seguir en el rumbo de los últimos diez años, es desconocer el derecho a
la salud, desistir de principios básicos de la solidaridad y la
igualdad, si se sigue mercantilizando el área de la salud y se volverá
al antiguo esquema del asistencialismo caritativo de épocas superadas a
partir de la ley 18.610, es regresar a la época en donde la población
pobre recibía cierta ayuda de parte de la población acomodada
económicamente, sin que esto le signifique ningún derecho adquirido.
Con temor y preocupación observamos hoy que se ubica al ser enfermo como
una mercancía sometiéndola a los vaivenes del mercado. Sabiendo que las
leyes del mercado son de naturaleza netamente individualista en contra
de lo que debe ser un sistema de salud solidario y equitativo. Es
aplicar el fundamentalismo económico y la expresión ciudadano se
transforma en usuario, consumidor, o comprador de servicios. Para los
que defienden estos postulados la solidaridad cuenta poco. Como puede
verse la necesidad de cambio es realmente impostergable hacia un modelo
solidario, ético, equitativo y universal.
PERSPECTIVA ECONOMICA DE LA CRISIS EN SALUD
El país se encuentra inmerso desde hace más de diez años en medio de una
depresión económica: entre el tercer trimestre de 1998 y el primero del
año 2001 la caída en el PBI ha sido mayor al 11%. Por ello, diariamente
nos tropezamos con que en alguna región del país cientos de personas
pasan a aumentar la tasa de desocupación. Consideramos también que
muchas empresas deciden obligadas por las circunstancias finalizar sus
operaciones y pedir la quiebra o entrar en convocatoria de acreedores.
Sin contar con las que deciden rebajas salariales de hasta un 25% del
ingreso del trabajador, justificados o no.
Sumado a esto hemos apreciado el aumento de las protestas sociales,
materializadas en cortes de rutas, huelgas, ocupación de lugares
públicos, etc. Ante la mirada impávida, y la inoperancia de los
gobernantes de turno.
La consultora Nueva Mayoría efectuó un estudio en el que muestra la
evolución mensual de los cortes de rutas y vías públicas desde el año
1997, que vale la pena examinar dado que marcan un franco incremento a
partir de 1998
AÑOS
ANUAL
PROMEDIO MENSUAL
1997
140
11
1998
51
4
1999
252
21
2000
514
42
2001 (hasta Mayo)
323
64
1997-2001
1280
24
El otro indicador que debemos examinar para evaluar el estado del
malestar social es la cantidad de paros generales producidos. Examinado
los por gobierno tenemos que durante el período de Alfonsín se
produjeron 13 paros, con un promedio de uno cada 3 meses, en el gobierno
de Menem 8, que da un promedio de uno cada 15 meses, y durante el último
gobierno frustro de Dela Rúa 6, promedio de uno cada 3 meses.
Otro hecho comprobable es que el primer paro general durante el gobierno
de Alfonsín se produjo luego de 9 meses de gobierno, al gobierno
justicialista de Menem se le produjo el conflicto después de 40 meses; y
el gobierno de De la Rúa pudo manejar la situación por solo 3 meses,
para soportar luego de ese lapso el primer paro general.
CORRELATO ENTRE DESOCUPACION Y POBREZA.
La difícil realidad económica en Argentina se manifiesta también en la
persistente alza de la tasa de desocupación y en los niveles de pobreza
e indigencia. Con una población activa de poco más de 14 millones de
personas, aproximadamente 2 millones se encontraban desempleadas, a la
fecha de esta evaluación. Vemos que este es un deterioro dinámico, ya
que desde mayo de 1991 a octubre de 2000, la tasa de desempleo para todo
el país creció un 113%, de 6,9% al 14,7%. Esto nos dice que más de 1,2
millones de personas han pasado a la categoría de desempleados en nueve
años.
El nuevo escenario social profundizado por la desfinanciación del
sistema de salud y el cambio del rol del Estado, que lleva a la
fragmentación, exclusión social.
Lejos ha quedado el objetivo y el pensamiento de la rica historia de los
procesos de protección social, desarrollado en la Argentina, conseguidos
por luchas individuales y colectivas de las agrupaciones de personas
hasta el año 1944 con lo que se conseguía transformar la Asistencia
Social en Previsión Social. Era la época donde la Justicia Social
constituía el pilar fundacional del nuevo derecho, basado en la dignidad
de la persona con el fin de satisfacer las necesidades básicas e
indispensables del hombre más desposeído, y hasta ése momento solo
"protegido" por la filantropía, la beneficencia y la caridad.
Se llego entonces a la constitución de las OOSSque tanto significaron en
su acepción genérica como en su estructura orgánica o institucional. A
resultas de todo esto se logra la creación del Instituto Nacional de
Obras Sociales cuya finalidad, objetivos y estructura fue fijaba la ley
No 18.610. En su evolución fue reemplazada por la ley 22.269, que si
bien controlaba en forma más estricta el desarrollo de sus actividades,
tenia como hecho fundamental el permitir el manejo de los fondos
inherentes al padrón de afiliados, sin una intervención directa del
tesoro nacional, o de entidades ligadas a el que hacen de la recaudación
una distribución arbitraria.
Con el Decreto Nº 446/2000 del 6/06/00 que modifica las leyes 23.660 y
23.661, y detrás de la cortina de la Desregulación de las Obras
Sociales, se escondía el objetivo real de permitir la penetración de la
doctrina liberal de privatización en el corazón del sistema, cumpliendo
con las exigencias que siempre han venido sosteniendo ante un estado
desarticulado y sin fuerzas económicas ni políticas, como lo fueron el
gobierno del Dr. Raúl R. Alfonsín, en los últimos meses de su mandato, y
el gobierno de Dr. Fernando De la Rúa, frente a los que el Fondo
Monetario Internacional, por intermedio de las estrategias impulsadas
por el Banco Mundial trato de imponer.
Al final de gobierno de Raúl Alfonsín , a solo tres meses de las
elecciones, donde obtuvo el triunfo el Dr. Menem, el Banco Mundial
aduciendo que no se habían cumplido las reformas pactadas lo abandonan
en plena hiperinflación.
Libre Elección De Obras Sociales
Decreto Nº 446/2000 Del 6/06/00 ( modifica las leyes 23.660 y 23.661)
Los principales puntos del nuevo sistema son:
· Se podrá elegir la cobertura médica entre obras sociales , prepagas y
empresas formadas especialmente con ese objetivo.
· En ningún caso se podrá rechazar a ningún afiliado.
· No habrá plazos de espera ni exclusiones para la cobertura medica.
· No habrá pagos extras, excepto para coberturas superiores a la exigida
por la ley.
· Se podrá cambiar solo una vez por año de empresa u obra social.
· En caso de despido la cobertura médica será obligatoria por tres meses
subsiguientes.
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