En la actualidad encontrándonos en un mundo cambiante e incierto debido a factores económicos y geopolíticos, que afectan a todas las economías del mundo, los inversionistas tanto locales como extranjeros no se limitan a las oportunidades de negocio que se le presentan en una economía con fundamentos macroeconómicos estables, para sus decisiones empresariales, también toman en cuenta otros factores como la estabilidad jurídica de un país, los conflictos sociales, la corrupción, la inseguridad ciudadana, entre otros.
A efectos de analizar uno de los factores que afectan las decisiones empresariales, como es la corrupción, voy a tomar como modelo el caso peruano, a raíz de las recientes decisiones y propuestas sobre cómo combatir este flagelo iniciadas por el poder Ejecutivo.
Recientemente el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski reafirmó su compromiso de combatir la corrupción, tras la aprobación de la Ley de Muerte Civil para los funcionarios públicos, publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado sábado 22 de octubre mediante el Decreto Legislativo 1243 y propuso dar una Ley de muerte civil a los privados que sean cómplices de corrupción.
La corrupción es uno de los grandes lastres que impiden que una sociedad prospere y se desarrolle, y es deber del Estado el combatirla frontalmente y sancionarla, contando con la participación activa de la prensa y la ciudadanía denunciando los casos de corrupción, a fin de que se aplique la Ley.
Lamentablemente la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad, sea en el ámbito privado como en el sector público. Ello afecta la credibilidad de los ciudadanos sobre empresas privadas e instituciones públicas, donde se han detectado casos de corrupción.
Actualmente los artículos 393 y 397 de nuestro código penal, ya condenan la corrupción no solo de funcionarios públicos sino también de personas naturales o empresas:
Artículo 393º.- COHECHO PASIVO PROPIO
“El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36º del Código Penal….”.
Artículo 397º.- COHECHO ACTIVO GENÉRICO
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años….”.
En tal sentido habiéndose emitido ya la Ley de muerte civil para funcionarios públicos me encuentro de acuerdo con la propuesta de muerte civil a los privados que sean cómplices de corrupción, debido a que a fin de ser consecuentes y justos, se debe combatir y sancionar ejemplarmente a los corruptos y a los corruptores, excluir a uno de ellos sería injusto y discriminatorio.
En consecuencia podemos concluir que la corrupción debe de ser combatida frontalmente en toda sociedad para crear un clima de negocios favorable para los inversionistas, tanto locales como extranjeros, para así contribuir al desarrollo de los países en el mundo, pero las medidas a tomarse tienen que ser oportunas y ante todo justas y equilibradas, sin discriminación ni exclusiones, para asegurar su eficiencia y eficacia.
