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Políticas de equidad de género en Perú

75Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
El Pese encuentra lejos de lograr la equidad entre
hombres y mujeres, ni en las leyes y menos en la
práctica. Por ello consideramos que la incorpora-
ción del enfoque de género es fundamental para
lograr un desarrollo humano sostenible, equitativo
e incluyente.
No tomar en cuenta la equidad de género en la cons-
trucción de la equidad social hace de esta una tarea
más difícil y costosa. En consecuencia, se requieren
políticas de redistribución que eliminen la explotación
y pobreza específica de las desigualdades económi-
cas y la abolición de la división de trabajo según gé-
nero, así como políticas de reconocimiento dirigidas
a cambiar las valoraciones culturales que privilegian
la masculinidad y niegan igual respeto a las mujeres2.
Lograr la equidad pasa por el esfuerzo de corregir ex-
clusiones que han hecho de los hombres urbanos, per-
tenecientes a los sectores socioeconómicos medios y
altos, los portavoces casi únicos de la población.
Sobre esta base y tomando en cuenta la Constitución
Política del Pe, las normas legales vigentes y la Con-
vención para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la mujer, se desarrolla la pre-
sente propuesta como insumo para las organizacio-
nes políticas en su trabajo de formulación de planes
de gobierno.
Las mujeres y la participación
política
Hoy en día, las mujeres constituyen el 49,1% de la
población electoral nacional; sin embargo, su pre-
sencia en las instancias de poder sigue siendo poco
significativa (véase el gfico 1), a pesar de la exis-
tencia de mecanismos como las cuotas de género,
establecidas en el sistema electoral desde 1997, pa-
sando de un mínimo de 25% a 30% en el año 2001.
Por otro lado, el proceso de descentralización pro-
mueve la participación ciudadana, abriendo una ven-
tana de oportunidad para la participación equitativa
de hombres y mujeres; orientándose hacia el ejerci-
cio pleno de sus derechos y la igualdad de oportuni-
dades. Asimismo, ofrece espacios institucionalizados
Jennie Dador – ForoSalud
Construyendo la equidad de género: propuestas de
política1
1/ El presente es un resumen del documento homónimo elabora-
do por la autora en el marco del Proyecto Elecciones Perú 2006,
cuyo objetivo es elevar el nivel del debate electoral en el país y
brindar opciones de política para el gobierno 2006-2011. El pro-
yecto cuenta con la participación del Acuerdo Nacional, la Aso-
ciación Civil Transparencia, el CIES, el Instituto de Defensa Le-
gal, el JNE y Propuesta Ciudadana. Pod descargar la versión
completa de este estudio en http://www.consorcio.org/eleccio-
nesperu2006/
2/ Fraser Nancy (1997). Justitia Interrupta. Reflexiones críticas des-
de la posición “postsocialista. Santa de Bogotá, Colombia:
Siglo de Hombres Editores, Universidad de los Andes-Facul-
tad de Derecho.
Gráfico 1
Presencia de mujeres en instancias del poder político
(En porcentaje)
Fuente: ONPE - Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, 2005
Población electoral nacional. Las mujeres constituyen la mitad.
Foto CIES
76 Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
de interacción entre los propios actores regionales y
locales, públicos y privados.
Según el Consejo Nacional de Descentralización,
cerca de 25 mil ciudadanos/as han participado en el
proceso de formulación de presupuestos participati-
vos. Así como, en la definición y aprobación de un
mero importante de planes regionales de salud,
educación y medio ambiente que paulatinamente van
estableciendo instancias e incorporando demandas,
prioridades y propuestas de diversos sectores.
Los partidos políticos
Alcántara y Freidenberg3 destacan que los partidos po-
líticos no son organizaciones homogéneas y que sus
actores internos compiten entre sí para ganar control
e influencia; razón por la cual es necesario analizar
sus componentes, sin perder de vista el conjunto.
La Ley de Partidos Políticos establece una cuota de
30% como mínimo de hombres o mujeres en las lis-
tas para cargos de elección popular y de dirección
de partidos. Sin embargo, los partidos políticos toda-
a tienen tareas pendientes en cuanto a la participa-
ción política de las mujeres y hombres no urbanos, y
no pertenecientes a los sectores medios y altos.
Así, observamos que los partidos cumplen con la
formalidad de incluir la cuota de 30% en las listas
de candidatos, mas no apuestan por estas candida-
turas; lo que se manifiesta en la profesionalización
de las campañas, la asignación y distribución de
recursos, etc.
La condición de indocumentado
Uno de los impedimentos para acceder a la ciudada-
a formal y poder elegir y ser elegido/a es la condi-
ción de indocumentado, ya sea absoluto o relativo4.
Aunque no existen estadísticas actualizadas, se esti-
ma que un 9% de la población mayor de 18 años
es en condición de indocumentado. Por otro lado,
según los datos obtenidos de la sistematización de la
Campaña por el ejercicio de los derechos ciudada-
nos de las mujeres 2005, realizada por Flora Trisn,
el 50% de las mujeres de zonas rurales no cuenta
con documentos.
Hasta el momento se han dado respuestas parciales
a este problema, el Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil (Reniec) estableció la entrega gra-
tuita del documento nacional de identidad (DNI) para
la población indígena y de las zonas rurales y ama-
nicas en situación de pobreza. Asimismo, se reti
la obligatoriedad de presentar la libreta militar para
la obtención del DNI, ahora basta con presentar el
acta de nacimiento.
Opciones de políticas
A continuación se proponen algunas medidas para
promover la participación política de las mujeres.
Dentro de un peodo de cien días, se recomienda:
1) Incluir en el debate del proyecto del Código Elec-
toral, el mandato de posición en las listas para las
elecciones municipales y regionales. Esto evitaría que
las mujeres sean relegadas en los procesos electora-
les. 2) Desarrollar campañas para la inscripción de
nacimientos y la obtención del DNI. 3) Introducir en
los programas sociales, como “Juntos o “A trabajar”,
un componente de capacitación y orientación ciu-
dadana, a cargo de sus propios funcionarios o de un
3/ Alcántara, Manuel y Flavia Freidenberg (2002). Partidos políti-
cos en América Latina. México, D.F.: FCE y Universidad de Sa-
lamanca.
4/ Condición de indocumentado absoluto: siendo menor de edad
carece de acta de nacimiento o siendo mayor de edad carece
de acta de nacimiento y del DNI. Condición de indocumentado
relativo: siendo mayor de edad tiene acta de nacimiento, pero
carece del DNI o aquellos que poseen libreta electoral que ac-
tualmente no tiene validez.
«…el proceso de
descentralización promueve la
participación ciudadana,
abriendo una ventana de
oportunidad para la
participación equitativa de
hombres y mujeres»
Condición de indocumentado. Es un impedimento para acceder a la
ciudadanía formal.
Foto CIES
77Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
equipo de jóvenes voluntarios/as u organizaciones de
la sociedad civil. Simultáneamente, servian para
identificar a las y los indocumentados.
En cuanto a las medidas para el próximo año, se reco-
mienda: 1) Incorporar acciones afirmativas que garan-
ticen la participación equitativa de varones y mujeres
en los distintos niveles de decisión del Poder Ejecuti-
vo Judicial; así como, en las entidades de la adminis-
tración pública. 2) Implementar mecanismos que ga-
ranticen la distribución equitativa intergénero de la
franja electoral al interior de los partidos.
La desigualdad entre hombres y mujeres es estructu-
ral; es decir, va más allá de las normas legales y se
asienta sobre una cultura que le da soporte, por lo
que una medida legislativa es importante mas no su-
ficiente. En ese sentido, algunas medidas necesarias
en los próximos cinco años son: 1) Implementar me-
canismos que garanticen las responsabilidades com-
partidas entre los y las actores/as en el ámbito labo-
ral y familiar. Sigue siendo relevante conocer las res-
tricciones de tiempo y sus incidencias en el tiempo
libre, el trabajo dostico, el cuidado de los hijos,
etc. 2) Elaborar e implementar políticas culturales,
sociales y ecomicas que redistribuyan la sobrecar-
ga de trabajo que enfrentan las mujeres; y que re-
planteen las funciones masculinas.
Violencia de género
De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (Endes) 2000, el 41% de las mujeres alguna
vez ha sido agredida físicamente por su esposo o com-
pañero. Para 2004, la cifra es del 42% para el caso
de las mujeres y 11% para el caso de los hombres.
Por otro lado, siguiendo con los datos de la Endes
2000, de la totalidad de mujeres que reportaron ha-
ber buscado ayuda en una institución (20%), la ma-
yoría acudió a una comisaría (14%). Esta tendencia
se mantiene en la Endes Continua 2004. En el cua-
dro 1 se observan las principales razones que dan las
mujeres para no demandar al agresor o no buscar
ayuda cuando son agredidas.
5/ La violencia sexual incluye figuras como prostitución forzada,
uniones forzadas, esclavitud sexual, abortos forzados, violencia
sexual y desnudos forzados.
Cuadro 1
Principales razones que dan las mujeres
para no demandar al agresor o no buscar
ayuda cuando son agredidas
Motivos 2000 (%) 2004 (%)
No sabe a dónde ir 12,9 14,5
Vergüenza, humillación 14,3 14,4
Ella tenía la culpa 10,5 13,5
Son cosas de la vida 4,1 9,1
Miedo a más agresión 7,5 9,2
De nada sirve 3,9 1,8
No quiere hacerle daño 5,1 9,0
Otros 6,1 8,5
Fuente: Endes 2000 y Endes Continua 2004
Elaboración propia.
La Endes 2004 ha incluido preguntas sobre violencia
sexual. Al respecto, del total de las encuestadas, un
9,8% refirió haber sido forzada a tener relaciones
sexuales; un 5,8%, obligada a pcticas sexuales que
no aprueba; mientras que el 59%, que este hecho
ocurrió bajo el efecto de alcohol-drogas.
Cabe mencionar que según el informe final de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el
81% de los torturados está constituido por hombres
y el 19%, por mujeres. Sin embargo, en el caso de
violación sexual, el 98% de las víctimas registradas
son mujeres. La CVR considera que los delitos de vio-
lación sexual están subregistrados, por lo que las pro-
porciones señaladas no representan necesariamente
lo ocurrido en el universo de casos de este tipo. Alre-
dedor del 83% de los casos de violencia sexual5 es
imputable al Estado y un 11%, a los subversivos.
Opciones de políticas
Para los primeros cien días, se recomienda: 1) Mo-
dificar el artículo del PIR, Ley 28592, incorporando
a la categoría de víctimas a las mujeres abusadas
sexualmente, lo que incluye no solo la violación sino
Desigualdad entre hombres y mujeres. Es estructural.
Foto CIES
78 Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
también todas las formas de violencia sexual identi-
ficadas por la CVR. 2) El mejoramiento de la res-
puestadico legal ante la violencia de género re-
quiere la elaboración, aprobación, implementación
y difusión de protocolos de atención que sean ca-
paces de identificar y traducir la violencia familiar
y sexual, tanto física como psicológica. En el caso
de la violencia psicológica, el protocolo debea
contemplar la posibilidad de su aplicación por pro-
fesionales de la salud no especializados, con el fin
de no limitar el derecho a la salud y acceso a la
tutela jurisdiccional efectiva a las personas que su-
fren violencia familiar.
Dentro del primer año, algunas de las medidas que
se recomiendan son: 1) Realizar el rediseño institu-
cional del Ministerio de la Mujer y Desarrollo So-
cial (Mimdes) para fortalecer la función de rectoría
interinstitucional. Actualmente, los planes en los
cuales han participado los representantes de los sec-
tores, no son asumidos al interior del respectivo sec-
tor. 2) El Estado debe dar respuestas a las mujeres
de las zonas rurales que enfrentan situaciones de
violencia. 3) Aumentar el número de casas de aco-
gida, para acercarse a la meta de una casa por cada
10.000 habitantes.
En los próximos cinco años se sugiere implementar,
entre otras, las siguientes medidas: 1) Énfasis en la
prevención de la violencia. El Estado peruano, a tra-
s del Mimdesórgano rector—, debe cumplir con
adoptar medidas para modificar los patrones socio-
culturales de conducta de hombres y mujeres. 2)
Garantizar el mayor acceso de las mujeres al siste-
ma judicial. El derecho a la tutela jurisdiccional efec-
tiva no se agota en la existencia del órgano jurisdic-
cional o del procedimiento legal, sino que debe ga-
rantizarse que la falta de medios económicos o la
ausencia de asesoría legal no sea sinimo de aban-
donar el proceso.
Mujer y empleo
La reforma laboral marcadamente flexible, implemen-
tada en el Pe en los años 1990, no consiguió el
objetivo de generar puestos de trabajo; por el contra-
rio, se consoli la precarización de las relaciones
laborales, impactando principalmente en el merca-
do de trabajo femenino.
En agosto de 2002, el Comi para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer formuló ob-
servaciones con respecto a la persistencia de la dis-
criminación por motivos de género en el mercado
de trabajo; es decir, un limitado acceso de las mu-
jeres al empleo, la baja calidad del mismo y su ac-
ceso reducido a los recursos y nuevas tecnologías.
Asimismo, expresó su preocupación frente a la dis-
criminación salarial y la segregación vertical y hori-
zontal6.
Del total de la población económicamente activa, las
mujeres representan el 50,8%; el 43,8% de la PEA
ocupada (44,2% en el ámbito urbano y 43,2% en el
ámbito rural) y el 46,2% de la PEA desocupada (a-
se el cuadro 2). Del total de PEA nacional para el año
2002, el 33,8% de la PEA ocupada lo conformaban
los trabajadores familiares no remunerados y de este
total, el 72% eran mujeres.
Por otro lado, para ese mismo período, la tasa de
actividad de las mujeres representó el 58,5%, mien-
tras que la de los varones fue del 79,4%. La expli-
cación de este resultado es que las mujeres son quie-
nes se dedican a las labores domésticas y al cuida-
do de los hijos.
«La reforma laboral
marcadamente flexible,
implementada en el Peen los
años 1990, [] consolidó la
precarización de las relaciones
laborales, impactando
principalmente en el mercado
de trabajo femenino»
6/ Segregación vertical: menos mujeres acceden a puestos de ma-
yor responsabilidad y/o mejor remunerados. Segregación hori-
zontal: alude a la contratación de mano de obra femenina en
sectores menos remunerados.
Calidad del empleo. Las trabajadoras de las MYPE son algunas de las
que más trabajan.
Foto CIES
79Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
En cuanto a calidad de empleo7, las mujeres que más
horas a la semana laboran son las trabajadoras del
hogar, seguidas por los trabajadores de las micro y
pequeñas empresas. El subempleo8 presenta mayores
porcentajes para el caso de las mujeres: casi la mitad
de la PEA en Lima, mientras que para los varones es el
38%. Esto se explica por la alta concentración de mano
de obra femenina en actividades informales, eventua-
les y con mayor grado de precariedad.
En lo referente a la diferencia de ingresos entre lo que
perciben los varones y las mujeres, de acuerdo con
cifras para 2002, los varones percibían ingresos pro-
medio del orden de S/. 949 y las mujeres, solo de S/.
379. Datos para junio de 2003 muestran que la bre-
cha entre las remuneraciones brutas es equivalente,
en promedio, a 21 puntos porcentuales. Esta brecha
se acorta en los hogares pobres, pero se incrementa
en los sectores de mayor nivel educativo. Cabe seña-
lar que en las ramas de agricultura y pesca, la diferen-
cia de ingreso se inclina a favor de las mujeres, donde
perciben en promedio S/. 603 más que los varones.
Finalmente, la promoción de la igualdad de oportu-
nidades y la equidad de género es un mandato que
el Estado peruano tiene que cumplir en sus tres nive-
les de gobierno. Para el caso del empleo, se debe
traducir en medidas que acorten las brechas de gé-
nero y erradiquen las pcticas de discriminación di-
recta o indirecta.
Opciones de políticas
Entre las recomendaciones para los primeros cien
as, tenemos: 1) El Congreso de la República debe
modificar la ley de acoso sexual: la prueba acoso tí-
pico o ambiental y la falsa queja como causa justa
de despido. 2) Igualmente, debe debatir la ley de
igualdad de oportunidades con equidad de género y
garantizar la vigencia y el ejercicio de los derechos
reproductivos y derechos sexuales.
Para el primer año, se sugieren las siguientes medi-
das. En primer lugar, el Ministerio de Trabajo y de
Cuadro 2
Perú: población y fuerza de trabajo según sexo, 20021/
(En porcentajes)
Hombre Mujer Total relativo Total absoluto
Población total 49,2 50,8 100,0 27.259.315
Población en edad de trabajar (PET)2/ 48,5 51,6 100,0 8.610.848
PEA ocupada 56,2 43,8 100,0 12.070.072
PEA desocupada 53,8 46,2 100,0 701.712
Tasa de actividad (PEA/PET) 79,4 58,5 68,6
Tasa de desempleo (PEAdesocupada/PEA) 5,3 5,8 5,5
1/: La información se refiere al área urbana y rural del país.
2/: La población en edad de trabajar (PET) incluye a las personas de 14 años y más de edad.
Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2002-IV trimestre
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales.
7/ Se mide por el número de horas trabajadas a la semana o por el
ingreso percibido por el trabajo realizado.
8/ Medido por las horas trabajadas a la semana o porque se perci-
be un ingreso menor a la canasta mínima requerida.
«…que en las ramas de agricultura
y pesca, la diferencia de ingreso se
inclina a favor de las mujeres,
donde perciben en promedio
S/. 603 más que los varones»
Trabajo femenino. La reforma laboral precarizó los puestos de trabajo.
Foto CIES
80 Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
Promoción del Empleo (MTPE), en coordinación con
el Congreso de la Reblica, debe evaluar el cum-
plimiento de la ley que busca prevenir la discrimina-
ción en el acceso a las ofertas de empleo y a los me-
dios de formación educativa. En segundo lugar, es
necesario desvincular la cobertura de riesgos (salud
y pensiones) de la modalidad de contratación labo-
ral, sobre todo para las trabajadoras de las microem-
presas, garantizando así el derecho de atender su sa-
lud sexual y reproductiva.
Las principales recomendaciones para los próximos cin-
co años son: 1) Reformar la ley antidiscriminatoria me-
diante los insumos y las recomendaciones de la eva-
luación de dicha ley. 2) El MTPE debe promover la trans-
parencia y sinceramiento de las contrataciones: elimi-
nar las formas de enmascaramiento de las relaciones
laborales bajo contratos de locación de servicios (natu-
raleza civil) en los sectores privado yblico.
Mujer y salud
La estastica epidemiológica muestra que la situa-
ción de salud no es buena y que se ha construido
una cultura de la salud con estándares por debajo de
los de muchos otros países. Sin embargo, el patrón
de enfermedad y muerte no solo es fruto de decisio-
nes individuales, sino que existen determinantes que
afectan la salud, tales como la forma en que es or-
ganizada la economía, el ingreso y posición social,
las redes de apoyo, la educación, la política, las rela-
ciones de género en la sociedad peruana; así como,
las características biológicas y la dotación getica.
En ese sentido, el abordaje de la salud desde una
perspectiva de género incluye, pero va más allá de,
una respuesta adecuada a las necesidades asociadas
con las diferencias biológicas entre mujeres y hom-
bres. Exige el reconocimiento y respuesta a las nece-
sidades específicas de cada sexo, que se derivan de
sus relaciones desiguales de poder; así como, una
comprensión apropiada de las formas en que estas
diferencias se manifiestan en los procesos de con-
sumo yproducción de la salud.
Planificación familiar
Entre 1978 y 2000, el uso de métodos anticoncepti-
vos se duplicó de 33% a 68% entre las mujeres en
unión. Para el año 2004, la Endes registra un uso del
70,5%. Si bien la brecha entre la fecundidad desea-
da y la real ha ido cerrándose, para el año 2004, aún
las mujeres siguen teniendo un hijo/as de los/as
que desean tener (véase el cuadro 3). Las mayores
brechas aparecen cuando se toma en cuenta el nivel
educativo y el lugar de residencia.
Cuadro 3
Tasas de fecundidad deseada y real por años
Indicador 1991-1992 1996 2000 2004
Fecundidad real 3,5 3,5 2,9 2,4
Fecundidad deseada 2,0 2,2 1,8 1,5
Brecha 1,5 1,3 1,1 0,9
Fuente: Endes 2004, 2000, 1996, 1991-1992
Elaboración propia.
Discriminación laboral. Se debe evaluar el cumplimiento de la ley
para prevenir la discriminación.
Foto CIES
Ades, existe evidencia que señala que más de la
mitad de los embarazos que terminaron en aborto,
eran no deseados. Por lo tanto, garantizar la provi-
sión y acceso a métodos, desde los servicios del Es-
tado, ayudaría a disminuir el número de abortos y la
tasa de muerte materna en el país.
Muerte materna
Durante los últimos años, la mortalidad materna ha
descendido de 185 defunciones por cada 100 mil na-
cidos vivos, ocurridas durante el período 1994-2000,
81Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
a 164 defunciones por cada 100 mil nacidos en el año
2002. Sin embargo, el riesgo de muerte materna sigue
siendo alto: 1 en 203 mujeres en edad reproductiva.
En Sudarica, el Pe es el segundo país con s
alta tasa de muerte materna, después de Bolivia.
La mayor posibilidad de muerte se encuentra alrede-
dor del parto, el cual aún mantiene una baja cober-
tura. Si bien la última Endes muestra que la cobertu-
ra ha aumentado a un 59,8%, es importante consi-
derar que es necesario mejorar la capacidad resolu-
tiva de los servicios.
Embarazo adolescente
A diferencia de otros grupos, la fecundidad en las
mujeres de 15 a 19 años no ha disminuido y se man-
tiene elevada (12,7%), tal como lo demuestran las
encuestas demogficas en los últimos veinte años,
que señalan ades limitado y discontinuo uso de
métodos anticonceptivos modernos, y alta tasa de
mortalidad materna. Estos problemas afectan mayor-
mente a adolescentes y jóvenes con menor educa-
ción, que habitan en las áreas rurales de la Amazo-
a y sierra.
VIH/SIDA y las infecciones de
transmisión sexual
En 1986, por cada 17 hombres había dos mujeres
infectadas; en 2005, por cada 599 hombres haa 228
mujeres infectadas; es decir, la razón hombres/mujer
pasó de 8,50 a 2,63. El aumento del número de mu-
jeres infectadas tiene que ver tanto con factores de
vulnerabilidad fisiológica, como con construcciones
socioculturales de la sexualidad femenina asociada
a la pasividad. Así, por ejemplo, de acuerdo con la
Endes 2004, más del 50% de mujeres sin educación
y s del 90% de las que tiene educación superior
afirmaron conocer al menos una fuente de provisión
de condones. Sin embargo, cuando se pregunta por
el uso de condón entre las que reportan sexo recien-
te con parejas eventuales, las mujeres con educación
superior alcanzan un tímido 20%.
Opciones de políticas
Para los cien primeros días del próximo gobierno, se
recomienda: 1) Garantizar la permanencia y el forta-
lecimiento de la Unidad de Derechos Humanos, Equi-
dad de Género e Interculturalidad en Salud, en la es-
tructura del Ministerio de Salud. 2) Desarrollar e im-
plementar políticas públicas dirigidas a combatir los
determinantes del nuevo perfil epidemiológico del
VIH/Sida: cada vezs mujeres y más jóvenes.
En el primer año, se recomienda implementar las si-
guientes medidas: 1) El diseño de la oferta y la presta-
ción de servicios debe tomar en cuenta los indicado-
res demogficos. Por ejemplo, la mayor esperanza de
vida de las mujeres y sus necesidades de salud espe-
ficas, tanto las recuperativas como las preventivas. 2)
Evaluar la posible retracción de las mujeres gestantes
para acercarse a los servicios de salud a partir de la
modificatoria de la Ley 26260, que establece la obli-
gatoriedad de la prueba para las mujeres gestantes.
Algunas recomendaciones para los próximos cinco
años de gobierno son: 1) No basta con distribuir ali-
mentos a tras de los distintos programas sociales,
debe considerarse si lo que se ingiere está de acuer-
do con el desgaste que ocasionan las múltiples fun-
ciones que desempeñan los varones y las mujeres, el
mero de hijos/as, el espaciamiento entre cada hijo/
a, la toma de decisiones, el acceso a los recursos,
etc. 2) Promover y monitorear la calidad de la parti-
cipación de las mujeres en la gestión de la salud, ya
sea en el ámbito institucional o en el seno de la fami-
lia y la comunidad.
Educación
La educación es uno de los principales determinan-
tes de la calidad de vida y de las oportunidades de
desarrollo de las personas. Ella condiciona tanto las
posibilidades de ingresar en el mercado laboral como
la calidad del empleo y los niveles de ingreso. La
educación también influye en otros aspectos, como
el desarrollo de relaciones más igualitarias con la pa-
reja, la autonomía, la salud, la nutrición y la partici-
pación en actividades políticas y culturales.
Riesgo de muerte materna. Una de cada 203 mujeres en edad
reproductiva.
Foto CIES
82 Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
Matrícula en la enseñanza primaria
Enrminos de matrícula, las niñas alcanzan el 96%.
En virtud a ello, el Plan “Educación para Todos con-
sidera otras fuentes de iniquidad en la educación
peruana, ades de la de género, como la estratifi-
cación socioeconómica, y la diversidad étnica, cul-
tural y lingüística. Destaca que hay indicios que en
las aulas mixtas, que son mayoría en las escuelas
blicas, se propicia un mayor protagonismo en los
hombres que en las mujeres. Asimismo, culminar la
educación secundaria, debido a los problemas de tras-
lado y alojamiento, representa un factor de riesgo de
violencia sexual para muchas adolescentes rurales.
Esta realidad ha llevado a completar el indicador con
el promedio de años de estudio, la educación secun-
daria y el abandono escolar; pues, a diferencia de lo
que sucede con la cobertura, el déficit en los rendi-
mientos es generalizado, revistiendo importancia no
solo los factores propiamente escolares sino también
aquellos factores ajenos a las características y orga-
nización de la escuela.
La información respecto del analfabetismo constitu-
ye la prueba s significativa de la iniquidad de gé-
nero en la educación nacional: el 75% de las perso-
nas iletradas en el país son mujeres, básicamente parte
de una población adulta, rural y hablante de una len-
gua indígena.
Cuando se cruza la información respecto del acceso
a la educación de las niñas pobres con embarazo
adolescente o mortalidad materna o capacidad de
negociación para el uso del condón, podemos ob-
servar claramente la estrecha relación del abandono
con la imposibilidad de conocer y ejercer derechos,
como los sexuales y reproductivos.
Educación sexual
La educación sexual a los y las adolescentes busca
mejorar sus capacidades para la comunicación, con-
tribuir en la equidad entre los sexos y prevenir o evi-
tar problemas en su salud sexual y salud reproducti-
va. En el Plan NacionalEducación para Todos se
reconoce que la falta de educación sexual, unida a
la carencia de atención afectiva en los hogares, pro-
picia embarazos precoces que son un problema so-
cial al que no se está respondiendo desde la educa-
ción. Pese a ello, en la actualidad no existe un Pro-
grama de Educación Sexual. Como tal, este culminó
sus actividades en el año 2001.
Opciones de políticas
Se sugieren las siguientes medidas para los primeros
cien días: 1) Incrementar el presupuesto del sector
educación, con especial atención en la educación
sica en las zonas rurales, desde la educación ini-
cial. 2) Lanzar la campaña nacional paraMejorar la
Calidad de la educación”. 3) Sensibilizar y capacitar
a los/as docentes en procesos de enseñanza que pro-
picien la participación y permanencia de las niñas
en la escuela. 4) Desarrollar medidas y mecanismos
que garanticen el derecho de las adolescentes y/o
niñas embarazadas o madres a continuar sus estu-
dios en la escuela (difusión de las normas, comis
de vigilancia y denuncia).
En el mismo sentido, se sugieren las siguientes medi-
das para el primer año: 1) Profundizar la formación
docente en equidad de género en el aula y efectuar el
monitoreo del desarrollo de los contenidos curricula-
res pertinentes en su práctica pedagógica. 2) La aten-
ción de niños/as, adolescentes y jóvenes, en situación
de pobreza y pobreza extrema, requiere una atención
integral e intersectorial (salud, trabajo y promoción
social, justicia, mujer y desarrollo social), además de
alianzas con el sector privado. 3) Reactivar los progra-
mas de educación sexual en los centros educativos
nacionales y particulares, que generen nuevas meto-
dologías y contenidos guiados por un enfoque de equi-
dad de género y derechos humanos.
Programa de Educación Sexual. Culmisus actividades en el año 2001.
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Económica Y Social (CIES) Consorcio de Investigación. (2006, junio 2). Políticas de equidad de género en Perú. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/politicas-equidad-de-genero-en-peru/
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. "Políticas de equidad de género en Perú". GestioPolis. 2 junio 2006. Web. <http://www.gestiopolis.com/politicas-equidad-de-genero-en-peru/>.
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. "Políticas de equidad de género en Perú". GestioPolis. junio 2, 2006. Consultado el 24 de Mayo de 2015. http://www.gestiopolis.com/politicas-equidad-de-genero-en-peru/.
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. Políticas de equidad de género en Perú [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/politicas-equidad-de-genero-en-peru/> [Citado el 24 de Mayo de 2015].
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