En los último años hemos venido escuchando por diversos medios tanto internos como externos de que el Estado debe reducirse solo a labores democráticas y sociales, otros los más radicales van más allá de ello, piden prácticamente que desaparezca su participación e interacción con el mercado y del entorno empresarial, para ello nos han vendido la idea de planteamientos de lograr eficiencia en los servicios, una sustancial reducción en el tamaño del Estado, el desmantelamiento de regulación y control de precios, la ampliación de la participación de la competencia y una reducción de la corrupción oficial, pero no se ha dicho el verdadero objetivo oculto de la privatización, la de Aumentar los ingresos del sector oficial para que pueda mejorar los desembolsos de intereses de la deuda externa.
Muchas saltaran a la palestra y dirán que no es cierto pero la realidad nos viene demostrando la real, desnuda y cruel que es la neoliberalidad del mercado en la vida social de un país como el nuestro y la renuncia tácita de un Estado a llevar a cabo su verdadero rol de promover el desarrollo y crecimiento de una nación a que sea justa, sana y humana, pero ello no solo fue error del Estado, ya que tampoco no fue percibida su impacto socioeconómico por los organismos sociales, laborales, etc., hoy vemos que la desmedida privatización ha conllevado a nuestro país a una situación de seudo desarrollo y mayor pobreza aparte de su aberración conceptual en lo que a conducción política se refiere, que incluye algunos efectos de hondo impacto, como el aumento del desempleo, la pobreza, inseguridad ciudadana, el analfabetismo y la informalidad; la concentración de capital en manos de pocos monopolios financieros nacionales y un aumento exponencial en la riqueza de las multinacionales que deciden participar con gran ventaja en la subasta y remate de los activos estatales, cuyos hechos han sido denunciados por la misma Cepal.
Más aún somos participes de una inhumana política denominada libertad laboral, la que consiste simplemente en golpear o eliminar los derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de muchos años de lucha, especialmente a nivel sindical. Y si bien es cierto que muchos sindicatos de trabajadores han sido prácticamente colonizados por actores o pensadores de ideas extremas, desvirtuando con ello lo que debería ser la función esencial de su existencia, no es menos cierto que ellos han protegido en cierta forma a quienes los integran, de la voracidad insana de muchísimos empleadores que quisieran haber vivido en los siglos del feudalismo.
Para ahondar este escenario negativo, las medidas del Banco Mundial pretenden dar mayor autonomía a los empleadores, ofreciéndoles la posibilidad de entregar menores beneficios salariales y de mayores recortes de prestaciones de protección y seguridad social a los trabajadores. Asimismo, cada día se fortalece el subempleo disminuyendo el costo de la mano de obra a niveles incipientes. Un ejemplo más dramático de esto se encuentra en nuestro país en el sector industrial, civil, público, manufacturero, agroindustrial y de la salud, en donde sus trabajadores, han venido perdiendo sus prestaciones, sus niveles de ingreso y su misma posición social, al considerarse al sector como una enorme fuente de ingresos para el grupo de capitales nacionales y extranjeros.
A ello también se suma en el encarecimiento de los servicios públicos, con una fachada de la optimización de los ingresos del Estado que se encuentra en el aumento en los costos de los servicios públicos y en las reformas tributarias que cada vez arrancan una mayor parte de los magros ingresos de todos aquellos que no pueden ocultar sus ingresos, como los trabajadores dependientes. La elitización resultante es también evidente. Uno de los impuestos que más ha golpeado a las clases media y popular es el IGV.
Siendo en resumen, con el socorrido argumento de la modernización y la privatización, organismos internacionales como el Banco Mundial con la complicidad de gobiernos débiles e ineficientes pretende arrancar los pocos recursos de los gobiernos para cancelar deudas de usura sin prestamistas mundiales.
Pero ya se ha hecho una mala costumbre de la extrema derecha y de sus beneficiados, que cuando alguien intenta criticar los sistemas económicos que atentan contra la dignidad y el respeto de la persona como ente humano y pensante, se lo acusa de «comunista» y apátrida, incluso he recibido misivas de personas que me acusan de subjetivo, falto de estadística y sin un piso matemático para sustentar estos argumentos, como si no existieran en diversos organismo tanto nacionales como internacionales la abundancia de semejantes documentos.
No obstante, existen doctrinas tan importantes como la de la Iglesia Católica que han planteado la obligación social del Estado en aspectos tan importantes como el bien común, la solidaridad, la sujección de los medios de producción al trabajo humano ( y no a la inversa) y la dignidad humana por encima de cualquier tipo de beneficio mezquino de algunos pocos.
Existen documentos tan trascendentes como las Encíclicas Quadragesimo anno (Pío XII 1931), Pacem in terris (Juan XXIII 1963), Populorum progressio (Paulo VI 1967) y Centrodimus Annus (Juan Pablo II 1991), son solamente algunos de los que defienden el bienestar y bien común por encima del beneficio particular y privado de grupos específicos que han precipitado con su inhumano egoísmo y desaforado apetito económico y de poder una desigualdad social que solamente culminará en una desgracia para todos.
Repasemos y observemos el horizonte hacia los países que han sufrido la desmedida locura neoliberal veremos una imagen social poco alentadora, por ello es importante mencionar el planteamiento de la Comisión de Deuda Social del Parlamento Latinoamericano, cuyos miembros han urgido la necesidad de una «mejor distribución de la riqueza», pues los fenómenos de la globalización han pauperizado y afectado negativamente a quienes constituyen los elementos más débiles de la sociedad, especialmente las mujeres y los niños. Todo esto, para mostrar la vergüenza de la impresionante cifra de ciento diez millones de pobres absolutos en nuestro continente.
Ante tan triste y volátil escenario, preocupados los ideólogos neoliberales por el polvorín social que implica y conllevaría esta situación, se ha hablado de una inversión social, creando fondos y empresas que en lugar de acabar con la pobreza, simplemente la administran, con criterios asistenciales transitorios y fines clientelistas del ejecutivo, como vemos en los programas manejados por el Ministerio de la Presidencia y el de la Mujer.
En nuestro país, el gobierno de Fujimori fue la plataforma que ha llevado al desastre económico actual, ahondado por la torpeza de este gobierno actual. El Neoliberalisno es el culpable real de gran parte de los problemas sociales que hoy nos aquejan, al lograr incentivar y empujar a la miseria absoluta a más del cincuenta por ciento de nuestra población, con sus consecuencias, de fortalecimiento de la delincuencia, desigualdades sociales, discriminación y del ahondamiento en la pérdida de valores y de dignidad que durante mucho tiempo acompañaron a nuestra sociedad.
El neoliberalismo extremo es el peor enemigo de la sociedad latinoamericana, de su conglomerado desprotegido y de las políticas sociales que intentan aliviarlo. Un economista chileno Manfred Max-Neef (Premio Nobel alternativo de economía) ha expresado: «…La política neoliberal que están adoptando la mayoría de los países latinoamericanos, los llevará directo al colapso…»
El neoliberalismo económico, puesto de manifiesto en los eventos de la vida nacional en los últimos años, representando una de las ideologías más peligrosas que han conocido los países del tercer mundo, debido a las profundas repercusiones sociales que las medidas de gobiernos que, como el del presidente Fujimori el de Toledo, tomaron en favor del capital internacional y en desmedro de la calidad de vida de los pobres peruanos.
Muchos economistas neoliberales pregonan el resurgimiento del poder del mercado, con la eliminación o reducción del papel del Estado en el plano económico y social, con sus consecuencias de re-evaluación del concepto de soberanía para cambiarlo por el de globalización y la evidente abusiva prevalencia de lo privado sobre lo público.
Una de las ciencias que etiquetan es la macroeconomía son los encabezados y defensores de un aumento del crecimiento económico (Ellos equiparan crecimiento con desarrollo), un aumento de las exportaciones, preferiblemente de materia prima poco elaborada (minera) y que requiere de mano de obra barata, un absoluto control de la inflación y una reducción sistemática del ingreso real de la población. Para ello preconizan una reducción del déficit fiscal mediante el recorte del gasto público y la eliminación de la inversión y subsidios, esencialmente para aumentar la posibilidad del pago de la deuda externa y el enriquecimiento de las transnacionales y de los monopolios nacionales y extranjeros
Una de la fuentes modernas del neoliberalismo se encuentran en la escuela monetarista del economista Milton Friedman, quien expresa que la desigualdad es positiva en tanto contrarresta la centralización del poder político y, al mismo tiempo, incentiva al individuo en originalidad y producción. Y en su contraparte europea, la denominada «escuela austríaca», representada por Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, quienes afirman que el capitalismo eleva el nivel de vida de todos, incluyendo los más pobres, pues el aumento en la riqueza aumenta el altruismo individual.
Veo con temor y asombro afirmaciones como la del «libertario» Robert Nozick, quien sin ruborizarse plantea que «Nadie puede exigir un derecho al ingreso por el simple hecho de necesitarlo para sobrevivir, pues al hacerlo, se coarta la libertad de alguien más». E incluso los extremos de otros libertarios extremistas, como Murray Rothbard y David Friedman, para quienes los pobres tienen la culpa de su propio destino.
Tengamos en cuenta que detrás del planteamiento neoliberal se encuentra, en esencia, el clamor de la Banca Internacional por cobrar su deuda a los países del Tercer Mundo.
El Consenso de Washington, en 1993, planteó de manera muy específica una serie de pasos para conseguir estos propósitos:
- Luchar por el apoyo político para la reforma neoliberal, aún a sabiendas del efecto desastroso sobre la población.
- Garantizar la estabilidad macroeconómica del país para que produzca un excedente fiscal.
- Impulsar y Favorecer la privatización.
- Facilitar la inversión y el crecimiento económico.
No olvidemos que las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en el Perú, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. A lo anterior se suma el concepto de las funciones económicas del sector público, que incluyen la procura de la eficiencia económica, la redistribución de la renta, la estabilización de la economía y el establecimiento de sus políticas específicas.
Los visionarios de la privatización plantean el retiro del Estado de la arena económica del mercado, dejándolo esencialmente como un pequeño regulador entre particulares. Pretenden entonces que el ente social coloque en venta los bienes escriturados a la nación para poderlos explotar en el escenario de la economía de mercado, con el objeto de volverlos eficientes y eficaces para, en esa forma, obtener ganancias que reviertan hacia quienes se han tomado la molestia de volverlos rentables. Quienes apoyan la privatización hablan de ella como la única vía al crecimiento económico, al mejoramiento de la eficiencia empresarial, la creación de nuevos empleos, la promoción de la competencia, el desarrollo de mercados de capitales, la liberalización de los recursos estatales y la reducción de la presión fiscal.
Pero el problema no es simplemente la torpeza e ineficiencia del Estado. Lo que subyace en el fondo es la impresionante corrupción gubernamental a través de enormes aparatos burocráticos, desfalcos de cantidades inimaginables, tráfico de influencias, desvío de fondos hacia manos privadas y otros fenómenos que simplemente llevan a un camino común: El desprestigio del aparato estatal por efecto de sus mismos agentes.
Sin embargo, un aspecto que no ha sido suficientemente analizado, es el origen de los entes que ocasionan la corrupción del Estado y sus agentes. Y es innegable que la principal fuente de corrupción estatal se encuentra en la misma empresa privada, ávida de los recursos oficiales y para quien «fuera del erario público no hay salvación». El interés público que debería constituir la razón de ser del trabajo estatal, se ve influenciado por las presiones de empresas productoras que consideran al Estado como su mejor y más adinerado cliente. Y a través de sobornos, influencias, recomendaciones y toda clase de manipulaciones, se apoderan de jugosos contratos y se benefician del enorme desvío de recursos que acompaña a la ya tradicional «comisión de servicios».
En nuestro país el Estado ya se encuentra privatizado, debido a varios aspectos, entre otros la corrupción de los funcionarios que benefician a las empresas privadas, el clientelismo burocrático, la egocéntrica avidez de algunos sindicatos, asociaciones de empresarios y el respaldo estatal a empresas esencialmente privadas.
Conllevando a que el costo de los servicios públicos se ha incrementado casi en un ciento por ciento, convirtiéndose en fuente de uso de una élite económica privilegiada que puede pagarlos, la concentración de riqueza se ha concentrado en manos de unos; la pauperización de grandes masas de población ha alcanzado niveles insostenibles para cualquier gobierno (Sesenta por ciento de los latinoamericanos en la miseria absoluta).
Recordemos lo que decían algunos neoliberales, a principios de los 90, no solo en el Perú, sino en toda América Latina. Y agregaban: los que se oponen a la globalización y privatización son dinosaurios que aún no han salido de Jurassic Park (Daniel Hokama ex Ministro de Energía y Minas del Perú).
El escritor y periodist del Diario La República Humberto Campodónico, nos recuerda en su columna que la realidad es otra ya que EEUU subsidia al Pentágono y la NASA, que a su vez contratan a Boeing y Lockheed, mientras que los europeos subsidian al Airbus, que beneficia a sus empresas. Asimismo, ambos lados del Atlántico subsidian a sus agricultores con miles de millones de dólares. Y hace unos meses, la estatal china CNOOC no pudo comprar a la petrolera Unocal, debido a la fuerte oposición del Congreso de EEUU. La lista de intereses nacionales que defienden los Estados es, en verdad, interminable.
Pero en el Perú buena parte de la clase política, del empresariado y de los medios de comunicación sigue pensando que el Estado es el demonio. Hemos llegado a tal punto que la Constitución de 1993 dice que no debe haber empresas públicas (Art. 60). Si algunas aún no se han vendido, eso se debe al rechazo de la población, mas no a la voluntad gubernamental. Lo que es peor. No las dejan invertir y desarrollarse, lo que nos perjudica a todos. Es el caso de ENAPU y las grúas en el Callao; de EGEMSA y la II Etapa de la central de Machu Picchu; de Petroperú en la Refinería de Talara. Yo pongo como ejemplo la diversidad de proyectos viables que se encuentran durmiendo el sueño de los justos que las pocas empresas estatales que a pesar de todos los obstáculos y medidas que le han venido poniendo para su gestión y desarrollo autoridades del Estado que vienen de ellas mismas a través de sueldos, aportaciones, dietas, etc., aún ante ello arrojan utilidades y coadyuvan a controlar los desmedidos apetitos de las empresas privadas, como por ejemplo en el sector energético.
Otra es el dogma anti-Estado no significa que se haya dejado de usarlo para hacer negocios: si no revisemos como nos trae a recordar es el DS 120 94; exoneraciones tributarias; contratos de estabilidad tributaria. En una palabra, el “buen” Estado es el que está al servicio de los intereses privados.
Hoy en día somos participes y testigos preferentes de la ambición de nuestros recursos por otros países como nuestro mar y de nuestro gas en el denominado “anillo energético” -que solo es venderle gas a Chile a cambio de nos pague con energía eléctrica el precio que ellos dispongan. Encima no tenemos para garantizar el abastecimiento interno y pretendemos regalarles a otros.