Microfinanzas e inclusión

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Las Instituciones Microfinancieras (IMFs) nacieron con el objetivo de ofrecer servicios financieros básicos, fundamentalmente microcréditos, a los sectores normalmente no atendidos por la banca tradicional, como eran los microempresarios de la economía informal y, en general, a la población excluida del acceso al capital que “pudiera poner en marcha pequeños negocios que generasen ingresos con los que pudieran mejorar su nivel de vida y el de sus familias” (Cumbre del Microcrédito, 1997).

Los primeros en incursionar en el rubro en Perú fueron las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que a partir de la década de los 90 se fueron convirtiendo paulatinamente en Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa (Edpymes), luego a Financieras y, en un caso puntual, en Banca.

En pocas palabras, la misión primigenia de las IMFs fue contribuir a la reducción de la pobreza, a través de la inclusión al sistema financiero de aquellas personas de bajos ingresos del ámbito rural marginal y urbano, cuya fuente de fondeo lo constituían los prestamistas informales (agiotistas).

Para una mejor evaluación de su misión, las IMF medían su desempeño a través de dos parámetros: el alcance y la sostenibilidad.

El alcance estaba relacionado con el desempeño social de las IMFs, es decir, con su compromiso con la reducción de la pobreza, medido a través del impacto en los ingresos, el empleo y bienestar de sus clientes.

Por su parte, la sostenibilidad tenía que ver con los asuntos financieros, es decir, con generar la eficiencia operativa y rentabilidad necesaria (ROE y ROA) para su continuidad en el mercado.

Todo esto bajo la premisa, de que la sostenibilidad de las IMFs era un medio, más no un fin en si mismo; que permitía la estabilidad a largo plazo pero sin menoscabar el fin último de las IMFs que era atender a los más pobres.

Lamentablemente, tan loable misión, para bien o para mal, a la fecha se ha trastocado. Actualmente, muchas IMFs miden el alcance únicamente a través del número de personas atendidas por la entidad. No existen estudios de reducción de pobreza en los clientes, por ser la medición de estas variables, cara y difícil. Lo más que se hace es incrementar la cobertura geográfica, aprovechando el Decreto Supremo 134-2006-EF de Perú que creó el “Programa Especial de Apoyo Financiero para la Micro y Pequeña Empresa – PROMYPE”, que permite, a través de una alianza público/privada, que las entidades de microcrédito, entre otros puntos, utilicen la infraestructura del Banco de La Nación, en las plazas donde es la única oferta bancaria o donde la oferta bancaria es insuficiente; aprovechando la escasa competencia, para cobrar tasas sobre el promedio cobrado a los microempresarios de las zonas urbanas, a pesar de ocupar las instalaciones y recibir el apoyo de la banca estatal.

La prioridad es ahora la sostenibilidad.

Por ejemplo, al cierre del año anterior, el banco de las microfinanzas alcanzó un ROE del 35.07%, muy por encima del promedio de la Banca Múltiple (24.53%) y sólo por debajo del BBVA Banco Continental (36.54%) e Interbank (36.75%).

El microcrédito es visto actualmente como un segmento rentable, sobre el cual se puede obtener utilidades extraordinarias, bajo el paradigma de que es de “alto riesgo”, lo que “permite” a las IMFs cobrar tasas de interés activas por encima del promedio del mercado, a pesar de que los ratios de cartera atrasada de las microempresas bordean entre el 4% y el 5% (dependiendo del tipo de IMF).

Uno de los principales motivos para que esto suceda es la aún incipiente competencia en el segmento, a pesar del aumento del número de actores registrado en los últimos años. Por lo que, el aparente poder de mercado que ostentarían las IMF se vería reflejado en la rigidez de las tasas de interés que cobran a los microempresarios, traducidas finalmente en ROE’s extraordinarios.

Otro punto, igual de determinante, lo constituye la asimetría de información por el lado de la demanda y la escasa cultura financiera de los microempresarios, que desconocen en muchas ocasiones, las tasas de interés que pagan, peor aún, la diferencia entre tasa de interés efectiva anual (TEA) y tasa de costo efectivo anual (TCEA).

Para corregir esto, no basta con que el ente supervisor implemente íconos en su página web donde se pueda comparar las tasas de interés cobradas por las diferentes IMF; ignorando que los microempresarios difícilmente ingresarán para su revisión. No es suficiente que se concentre tan sólo en brindar toda la información posible, pasando olímpicamente por alto que quizá ni siquiera sea revisada por los microempresarios; y de ser así, probablemente, no pueda ser interpretada, por su escasa educación financiera. Es necesario educar, utilizando los espacios que ofrecen las asociaciones, gremios, Cámaras de Comercio, Colegios Profesionales, etc.

Finalmente, es preciso, sensibilizar a las IMF, apelando al cumplimiento de su misión primigenia: atender a la población excluida del acceso al capital, pero sin dejar de lado el alcance. La sostenibilidad es favorable para la permanencia en el mercado, pero no debe la única guía. Los microempresarios se lo agradecerán.

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Lozano Flores Iván. (2010, julio 2). Microfinanzas e inclusión. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/microfinanzas-inclusion/
Lozano Flores, Iván. "Microfinanzas e inclusión". GestioPolis. 2 julio 2010. Web. <http://www.gestiopolis.com/microfinanzas-inclusion/>.
Lozano Flores, Iván. "Microfinanzas e inclusión". GestioPolis. julio 2, 2010. Consultado el 22 de Enero de 2017. http://www.gestiopolis.com/microfinanzas-inclusion/.
Lozano Flores, Iván. Microfinanzas e inclusión [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/microfinanzas-inclusion/> [Citado el 22 de Enero de 2017].
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