Mercado de trabajo en Tucumán Argentina 1800 – 1870

Trabajo y Sociedad pretende constituirse en un espacio de las ciencias sociales para la publicación de artículos y textos sobre los problemas del desarrollo de las sociedades latinoamericanas, particularmente los referidos al estudio de las articulaciones del mundo laboral con la estructura social, el sistema productivo y las prácticas culturales y políticas. Esta revista electrónica es publicada por el Programa de Investigaciones sobre Trabajo y Sociedad (PROIT) de la Maestría en Estudios Sociales para América Latina de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) en Argentina. Sus integrantes son académicos que realizan sus tareas en vinculación con la UNSE y con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El Programa es financiado por el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CICYT-UNSE) y participa de las actividades de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET) y de la Latin American Studies Association (LASA).

En otros trabajos he formulado una serie de hipótesis intentando explicar la formación y el funcionamiento del mercado de trabajo en Tucumán en la segunda mitad del siglo XIX (Campi, 1991a, 1993a, 1993b). En ellos se sugiere que la revitalización de arcaicos mecanismos de represión social (persecución a “vagos” y “malentretenidos”) y de captación y retención coercitiva de la mano de obra (instrumentación de la papeleta de conchabo y del peonaje por deudas) que se observa desde la segunda mitad de la década de 1850 perseguía el objetivo de disciplinar y acelerar la proletarización de las masas rurales, crear un flujo estable de trabajadores acorde con la creciente demanda de trabajo –generada, básicamente, por el incremento sostenido de plantaciones de caña de azúcar e ingenios– y evitar el alza de los salarios.

Se señala en esas contribuciones, asimismo, que los objetivos del Estado y de la élite tucumana no fueron coronados totalmente por el éxito, ya que se enfrentaron a diversas modalidades de resistencia de los trabajadores, en particular a través de las fugas de sus lugares de trabajo, alentados por la competencia entre los mismos patrones, quienes no dudaban en contratar de manera ilegal peones prófugos.

Como resultado de esas conductas transgresoras de los reglamentos de policía[i][1] y –a partir de 1888– de la ley de conchabos, el mercado de trabajo se desarrolló de un modo muy dinámico, desbordando las rígidas pautas con las que dichos instrumentos legales pretendían encorsetar las relaciones entre patrones y trabajadores.[ii][2] Así, junto a los segmentos legales del mercado laboral en formación (el de trabajadores calificados, que no estaban obligados a contratarse bajo el régimen de la papeleta de conchabo; el de los conchabados con papeleta y el de los licenciados temporalmente por patrones que tenían “derechos” sobre ellos), se desarrolló un segmento de trabajadores “prófugos”, en un buen porcentaje con fuertes deudas por anticipos de salarios, que se contrataban con nombres supuestos o cuyas contrataciones no eran denunciadas por los patrones. En ese marco, los costos derivados de las fugas de peones endeudados (costo privado) y del sistema represivo (costo estatal y privado), como un aceptable nivel alcanzado en el disciplinamiento de la mano de obra, apuraron la derogación del sistema coactivo, que decidió la legislatura tucumana por unanimidad a mediados de 1896.[iii][3]

Como se ha dicho, en este proceso jugó un papel decisivo la demanda de trabajadores por la expansión del cultivo de la caña de azúcar, observable ya en las décadas de 1860 y 1870, pero que se tornó explosiva entre 1880 y 1895, años en los que aparece constituido en la provincia un importante segmento de peones y jornaleros de acuerdo a las fuentes (censos nacionales de 1869 y 1895, padrones varios –electorales, de la Guardia Nacional–, documentación policial, etc.).[iv][4]

Con relación a la formación de este sector asalariado, la historiografía ha señalado insuficientemente los diferentes niveles y etapas de implantación de la actividad cañera desde el punto de vista espacial.[v][5] En sus orígenes, las plantaciones y los primeros ingenios se localizaron en los alrededores de la ciudad, en el Bajo (en lo que fue luego el Parque 9 de Julio), El Alto (el Oeste) y en La Banda (el margen oriental del Río Salí), instalándose también algunos en las tierras de piedemonte que rodeaban la villa de Lules.[vi][6] Es la Capital, entonces, el departamento clave a observar si se pretende estudiar el desenvolvimiento del mercado de trabajo en las décadas de 1860 y 1870.

Pero las carencias más notorias de los estudios sobre los trabajadores y el mercado de trabajo en el siglo XIX tucumano radican en tres cuestiones que están entre las grandes asignaturas pendientes de la historiografía regional: a) el origen (socio-ocupacional y geográfico) de los trabajadores que se conchababan en ingenios y plantaciones de caña de azúcar en las décadas de 1860, 1870 y 1880; b) la función desempeñada por las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas en el proceso; c) la incidencia en el mismo de la dimensión cultural (representaciones y conductas; adaptaciones y resistencias). Estas notas tienen por objeto realizar sólo una primera aproximación a tales cuestiones con el propósito de reflexionar sobre algunos problemas pendientes antes que ofrecer respuestas a los mismos.

Se ha caracterizado a la formación social tucumana previa al “despegue” azucarero como propia de un “capitalismo incipiente” (León, 1993).[vii][7] Se trataba, como se desprende de las fuentes y del relato de contemporáneos, de una sociedad con una economía fuertemente mercantilizada, con una sólida implantación de actividades manufactureras de base agrícola y ganadera. El cuadro de Maeso, reelaborado por Giménez Zapiola (1975: 89), sobre producción, consumo y exportaciones tucumanas hacia 1853, da cuenta de una economía que exporta (al Litoral, a las provincias vecinas, a Cuyo y Chile y a Bolivia) el 51,5 % del valor total de su producción. El tema que surge aquí es la relación existente entre la esfera comercial y la productiva. Como lo había señalado ya a principios de siglo Denis (y esto también es retomado por Giménez Zapiola), el papel desempeñado por la ciudad de Tucumán como bisagra que articulaba los mercados del Norte, los del Litoral y los de Cuyo y Chile, brindaba excelentes oportunidades para el desarrollo de ciertas actividades manufactureras, las que podían aprovechar las tropas de mulas y carretas que atravesaban la geografía provincial para abastecer mercados distantes.

“[…] más que de la ganadería –decía Denis–, Tucumán vivía de la gran ruta del Perú, en la cual constituía la etapa principal, por ser el punto de contacto entre la planicie y la montaña […] Sus principales industrias, como la fabricación de arneses para los arrieros de la montaña, y la construcción de carretas para los troperos del llano, se vinculaban estrechamente con las actividades de esa ruta comercial. El camino del Perú y las gentes que por ella circulaban constituían el mercado para su agricultura, sus trigos y su harina. Gran parte de Bolivia bajaba para aprovisionarse en las tiendas de Tucumán, y los comerciantes de la ciudad aceptaban en consignación los minerales bolivianos, cuyo destino era la exportación. El Tucumán antiguo es, por lo tanto, un excelente ejemplo de ciudad caminera; a semejanza de ciertas regiones de Europa como Flandes y Picardía, donde la activa circulación comercial fuera la causa determinante del desarrollo de una gran industria, la influencia de ese factor no fue menor aquí en el nacimiento y localización de la industria azucarera.” (Denis, 1992: 14-15).

La ciudad capital, a su vez, constituía un mercado importante que debía ser abastecido de hacienda y otros alimentos. Allí se concentraban las tiendas y almacenes, la confección de cigarros, de pellones y de calzado y, en sus suburbios y alrededores, los ingenios-destilerías y la mayor parte de las curtiembres, lo que implicaba también una gran demanda de insumos.[viii][8]

Las pequeñas y medianas explotaciones se insertaban en esta economía mercantil, particularmente a través del tabaco y los cueros, en tanto estos productos (el tabaco en hoja o en cigarros; el cuero curtido) constituían rubros de primera importancia en las exportaciones provinciales. Con relación al tabaco, los padrones de contribuyentes dan cuenta que su producción se llevaba a cabo en explotaciones que llegaban excepcionalmente a dos cuadras cuadradas. La producción ganadera, a su vez, era encarada por un gran número de pequeños y medianos “criadores” (4.828 en 1874, Terán, 1875), siendo escaso el número de grandes hacendados.[ix][9]

No se ha estudiado la relación de estos pequeños productores agrícolas y ganaderos con los comerciantes-acopiadores (seguramente de subordinación, como lo era la relación de los últimos con las grandes casas mayoristas de Buenos Aires),[x][10] ni tampoco tenemos elementos para determinar el grado de integración a la economía mercantil del segmento más pobre de los pequeños productores agrícolas. Según el informe de Juan M. Terán,

“La labranza de trigo, cebada, maíz, alberjas [sic], porotos, papas, batatas y maní, la practican generalmente las gentes pobres, en mayor o menor escala, según el número de personas hábiles de ambos sexos que componen la familia, en terreno propio, la generalidad, o adquirido de otros propietarios con el cargo de prestar a estos su servicio personal por uno o dos meses anuales en la época que designan convencionalmente en las labores de aquellos.” (Terán, 1875)

La categoría “labrador-peón” que aparece en las planillas del censo del departamento de Monteros –no así en el resumen editado–, quizás haga referencia a esos labradores pobres que pagaban el arriendo con servicios personales.[xi][11] Por otra parte, es muy probable –considerando los datos del censo de 1869, de los que se desprende la presencia de un alto porcentaje de mujeres dedicadas a las actividades textiles y a la costura en las áreas rurales– que la producción de bienes para el consumo se combinara en estas pequeñas unidades de producción campesinas con la venta al mercado de excedentes y de producción artesanal, además de la de fuerza de trabajo. Al respecto, cabría hacer dos consideraciones. Tales productores se integraban a la economía mercantil por lo menos vendiendo de un modo sui generis su fuerza laboral. En cuanto a los artesanos y artesanas, siendo las caracterizaciones del censo de 1869 más profesionales que sociales, no sabemos si se trataban de trabajadores independientes  o asalariados, o –inclusive– si se había desarrollado en Tucumán un  sistema de producción doméstico controlado por comerciantes-manufactureros. En ese sentido no está claro en qué medida en el área rural de Tucumán, en los años previos al auge azucarero, se combinaban –como agentes económicos– el individuo y el grupo doméstico, el trabajo asalariado y la mano de obra familiar, la producción para el mercado y el autoconsumo.

Sin embargo, la definición de los rasgos capitalistas de la economía tucumana, el paso del “capitalismo incipiente” a un estadio más desarrollado, tiene que ver con el desarrollo de una actividad cuyas unidades de producción exigían una inversión en factores (tierra, capital y trabajo) en magnitudes notoriamente superiores a las que se requerían para el cultivo de cereales y  tabaco o la explotación ganadera. Nos referimos, obviamente, al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar, que fue acompañada por a) la constitución de una clase empresaria decididamente implantada en la producción agrícola y manufacturera; b) la mayor concentración de capitales invertidos en los emprendimientos productivos; c) la expansión de las relaciones laborales bajo la forma salario.

La comparación entre el cuadro agrícola de los departamentos de Río Chico y Graneros y de la localidad de Yerba Buena con un padrón de patentes de la Capital, da una idea de las diferencias de escala –y de la naturaleza de los modos de producción, del fundado en la inversión de capitales en tierras, útiles y mano de obra asalariada y de aquel en el que la fuerza de trabajo la constituía esencialmente el grupo familiar del productor– que ya se presentaban entre la producción cerealera y tabacalera y el ascendente cultivo de la caña de azúcar.[xii][12]

Cuadro Nº 1: Esquema de la estructura agrícola del departamento de Río Chico (1861) (*)

(*) Para 1863 De Moussy (1864, III: 248) estimó en 9.000 los habitantes del departamento. En 1869 el censo nacional contabilizó 8.687.

(**) 76 individuos tributaron como productores ganaderos.

(***) El mínimo y el máximo de cuadras cuadradas por productor era de 0,25 y 3 para el maíz; 0,5 y 2 para el arroz; 0,5 y 6 para el trigo y 0,25 y 2 para el tabaco. Considerando el conjunto de productores, la superficie mínima bajo producción registrada era de 0,25 cuadras y la máxima de 8. De los padrones se desprende que la explotación de la caña de azúcar era muy incipiente en el departamento.

Fuente: elaboración propia a partir de Chalfon et al, 1995.

Cuadro Nº 2: Esquema de la estructura agrícola del departamento de Graneros (1869) (*)

(*) El departamento contaba, según el censo nacional de ese año, con 8.534 habitantes.

(**) 187 individuos tributaron como productores ganaderos.

(***) El mínimo y el máximo de cuadras cuadradas por productor era de 0,5 y 3 para el maíz y 0,5 y 1,5 para el trigo; los cuatro productores de tabaco tributaban por media cuadra cada uno.

Fuente: elaboración propia a partir de Avila et al, 1996.

Cuadro Nº 3: Esquema de la estructura agrícola de la localidad de Yerba Buena,  departamento La Capital (1874) (*)

(*) Yerba Buena se situaba a unos diez kilómetros al oeste de San Miguel, al pie del cerro San Javier.

(**) El mínimo y el máximo de cuadras cuadradas por productor era de 1/4 y 4 para el maíz y 1/4 y una para el tabaco; los dos productores de arroz tributaban por media cuadra cada uno.

Fuente: elaboración propia a partir de un padrón de contribuyentes al impuesto a los cereales. Archivo Histórico de Tucumán, Comprobantes de Contaduría, Vol. 185, ff. 52-55.

Cuadro Nº 4: Esquema de la producción cañera del departamento La Capital (1865)

(*) De los cuarenta productores que pagan patente por “fábricas de destilación”, sólo ocho tienen plantaciones cañeras menores a cinco cuadras cuadradas. El mayor productor, Wenceslao Posse, era propietario de una plantación de 38 cuadras cuadradas. No están incluidos los productores cañeros que no poseen trapiches y demás equipamiento para la producción de aguardiente y/o azúcar.

Fuente: Elaboración propia a partir de un padrón de patentes de La Capital. Archivo Histórico de Tucumán, Comprobantes de Contaduría, Vol. 164, f. 429.

Es suficientemente conocido como, primero lentamente y luego de un modo vertiginoso, la azucarera se constituyó en la principal actividad económica de la provincia. A fines de siglo, los cañaverales y las chimeneas de los ingenios eran el signo distintivo del paisaje rural tucumano, aunque no habían desaparecido las otras actividades que a mediados de la década de 1870 otorgaban a su perfil productivo un carácter diversificado (Terán: 1875).

Sobre el proceso de acumulación de los capitales que se invirtieron en el “despegue azucarero” y la formación de la clase empresaria que aparecerá como la gran protagonista de la expansión económica tucumana se han formulado sólidas hipótesis, aunque falta desarrollar todavía muchas investigaciones de base para corroborarlas suficientemente (Cf., Giménez Zapiola, 1975; Balán, 1978; Guy, 1981; Pucci, 1988; Campi, 1996). Al contrario, la constitución de la masa de peones y jornaleros que ocuparon sus brazos en plantaciones e ingenios no ha merecido mayor atención por parte de los historiadores, echándose de menos –para los años previos al “despegue”– aproximaciones sobre la demanda y la oferta de trabajo, sobre el nivel y evolución de los salarios, etc.[xiii][13]

Siendo la azucarera una actividad que conjugaba diversas tareas durante la zafra –el corte, la recolección, el transporte y el procesamiento de la caña en los ingenios–, se distinguía de las otras producciones por el uso intensivo que hacía de la mano de obra. Según Kaerger, hasta los “pequeños campesinos” debían contratar por lo menos dos trabajadores por cuadra cuadrada durante la cosecha (Kaerger, 1901: 361). Por lo tanto, uno de los prerequisitos para el desarrollo de la actividad era disponer de un sector de la población que careciera de medios alternativos de subsistencia, que los mismos fuesen lo suficientemente precarios como para impulsarlo a vender su fuerza de trabajo, o contar con una zona expulsora de población en la cual proveerse de trabajadores a costos asequibles.

Los testimonios de los años previos al boom del azúcar son elocuentes. El ritmo de la expansión azucarera –y la consecuente demanda de trabajadores–, creó pronto un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra. La élite atribuyó este desfasaje a la combinación de factores de orden subjetivo con otros referidos a la estructura de la tenencia de la tierra. Aunque se responsabilizó de la “falta de brazos” por sobre todo a la “vagancia” y a la “holgazanería” de las masas indigentes (males contra los cuales sólo era posible perfeccionar los mecanismos coactivos para “moralizarlas”),[xiv][14] algunos, como Bousquet, fundaron el insatisfecho “hambre de brazos” de los grandes propietarios en la extrema fragmentación de la tierra:

“Puede decirse con toda verdad que no hay en la campaña una sola familia que no sea propietaria de un pedazo de terreno y de unas cuantas cabeza de ganado vacuno o lanar que les asegure la subsistencia. De ahí proviene, sin duda alguna, de que nuestras jentes [sic] de campo sean tan aficionadas a sus hogares, lo que ocasiona a veces perjuicios a nuestros industriales, quienes se ven a menudo privados de brazos para la atención de sus establecimientos, porque la gente pobre ama tanto su independencia y se contrae a cuidar su hacienda con tanto esmero, y los trabajos de agricultura que establecen como accesorios.” (Bousquet, 1882: 441)

Sin duda, ambos argumentos son complementarios antes que contradictorios. El primero hacía hincapié en la resistencia de los sectores populares a renunciar a un sistema de valores y hábitos reñidos con las nuevas exigencias del capitalismo azucarero, cuyo origen estaba, según la visión de la élite, en la “perversión” y “corrupción” innatas de los sectores populares;[xv][15] Bousquet, por su parte, ponía énfasis en factores de orden objetivo, en la estructura de tenencia de la tierra, de la que se originaba un fuerte sentimiento de independencia en la “gente pobre”.[xvi][16] Sin embargo, de ningún modo, como demuestran censos y padrones, “todas” las familias del Tucumán rural poseían un “pedazo de terreno” y “unas cuantas cabezas de ganado”, por lo menos en una escala que les permitiera subsistir sin tener que vender su fuerza de trabajo de modo permanente o eventual. Por el contrario, de acuerdo a la información de que disponemos, existía ya a principios de siglo un incipiente sector de jornaleros –es decir, de productores separados de los medios de producción, que se distinguían de “labradores”, “agricultores” y “criadores”–, que iría incrementándose con el correr de los años.

El censo de 1812, del que se conservan los registros de dos cuarteles de S. M. de Tucumán, los de Río Chico, Los Juárez y un curato de Burruyacu, da un 5,7% de “peones” y “gente de servicio” en la campaña y un 6,3 % de “conchabados”, “peones” y “criados” en la ciudad (si se suman a éstos los “agregados”, los porcentajes de dependientes se elevan a 14,6 y 9,4 %, respectivamente) (Parolo: 1995).[xvii][17] A su vez, un padrón masculino de dos cuarteles de la ciudad, de 1818, con 453 individuos con oficios declarados, indica que el 11,2 % de estos eran peones (AHT, SA, Vol. 126, ff. 249-260).[xviii][18] Pero en 1834, en un padrón general de población de “Los Valdeses”, departamento de Burruyacu, la participación en la estructura socio-ocupacional del segmento de los que se puede presumir asalariados se incrementa de un modo considerable. Con 1.159 registros y 497 oficios declarados, se contabiliza un 32,6 % de jornaleros (121 varones y 41 mujeres) en la población en edad laboral, frente a un 35,6 % de labradores y un 15,5 % de criadores.[xix][19] Es muy difícil inferir en qué medida estos datos expresan algo más que una situación muy localizada y hasta qué punto son representativos de un proceso social a escala más vasta. No obstante, no dejan de ser un indicador de un intenso fenómeno de “proletarización” (¿no sería más apropiado decir “asalariamiento”?) que se estaría verificando en ciertas áreas de la provincia.[xx][20]

¿Tiene que ver esto con el “notable impulso” de la producción azucarera que se advierte en esa década y que recibe un decidido apoyo del gobernador Alejandro Heredia, quien dictó medidas para su fomento y protección y que estimaba en seiscientos los hombres empleados en la actividad en 1833? (Pavoni, 1981: 8).

“En 1838 –afirma esta autora- hay nueve fábricas de destilación de aguardiente y treinta y dos ingenios; establecimientos que en su mayoría se encuentran en los alrededores de la ciudad capital. En ese año, también, el azúcar y el aguardiente de caña producidos en la provincia comienzan a figurar en las guías de exportación. A comienzos de 1839 se calcula que, con la nueva industria, ‘la provincia de Tucumán tiene en el día cincuenta mil pesos más de producción por año’” (Pavoni, 1981: 10).

Según Heredia, la actividad incentivaba la llegada de inmigrantes y capitales. En su mensaje a la legislatura de octubre de 1838, decía:

“Con los progresos de la agricultura ofrecemos ocupación lucrativa á los hijos de las provincias hermanas, y á los estrangeros [sic] medios de ejercer su industria. Asi nuestra población crece y aumenta rapidamente. Un gran numero de familias de las provincias limitrofes pueblan nuestros campos, y vosotros sabeis que en el aumento de poblacion consiste la verdadera riqueza y fuerza de un Estado.” (Pavoni: 1981: 11)

Sin embargo, pese a ello, a fines de esa década de 1830 había en la ciudad capital y alrededores una fuerte demanda insatisfecha de jornaleros, si nos atenemos a lo que alegaba el gobernador Piedrabuena en 1839. En los considerandos de un proyecto en el que proponía declarar “ciudadano benemérito” al futuro obispo Colombres afirmaba: “[…] Se echan de menos los brazos de labor agrícola; cuando antes los miserables jornaleros los tendían en vano en busca de ocupación y alimento […]” (Schleh, 1921: 31).

En consecuencia, el número de jornaleros no crecía al ritmo que demandaban las actividades económicas de la provincia, la que atravesaba una coyuntura económica muy favorable por el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires,[xxi][21] o –por circunstancias sobre las cuales hoy sólo podemos especular– la simple existencia de una masa de asalariados no se correspondía con la demanda de mano de obra. No creemos que el origen de esta situación pueda relacionarse con la escasa calificación laboral de los trabajadores. Es más probable que este problema tuviera que ver con su “indisciplina”, lo que podría haber dificultado la provisión regular de trabajo.[xxii][22] Quizás esto explique que en la década de 1830 los gobiernos y las legislaturas pusieran mayor empeño (con relación a las década de 1820 y de 1840) por reformular y poner en vigencia las normativas sociolaborales coercitivas (Cf. Campi, 1993a). Obviamente, son estas simples conjeturas que oportunamente habrá que intentar verificar si se supera el obstáculo de la carencia de datos para indagar sobre esta materia. Sobre que la extendida presencia de las pequeñas unidades de producción tenía una relación directa con la “independencia” (no sólo económica, sino también en valores y conductas) de la población rural que tanto desvelaba a las clases propietarias, tenemos menos dudas.

Como vimos, hay suficientes pruebas de que esa debilidad en la oferta local de trabajo fue compensada recurriendo a trabajadores de provincias vecinas. De acuerdo a una información oficial de fines de diciembre de 1845, sólo en ese año se habrían “establecido” en la provincia 650 individuos, 44 “extranjeros” (todos franceses con oficio) y 606 “americanos”, 548 de los cuales, el 90,4%, fueron registrados como “gente de servicio”.[xxiii][23] No olvidemos que en las fuentes se denomina al mismo segmento de la población, indistintamente, “gente de servicio”, “gente de proletaria”, “gente de conchabo”, “jornaleros”.

Aunque debemos ser cautelosos por el carácter fragmentario de estos datos, a partir de los mismos podemos sugerir algunas hipótesis, a corroborar en futuras investigaciones:

1) Muchos años antes del “despegue” azucarero se habría estado formando en Tucumán el sector social caracterizado por la élite como “gente jornalera”, “gente proletaria” o “gente de servicio” (y paralelamente, desarrollándose una demanda de trabajo que absorbía e incentivaba su crecimiento) a la que se apelará en los 70 y los 80 para satisfacer las necesidades de mano de obra de plantaciones e ingenios y para la construcción de canales de riego, obras civiles, caminos y vías férreas.

2) El crecimiento natural de la población no fue condición suficiente para satisfacer la demanda de trabajo de una economía en expansión.[xxiv][24]

3) Siendo Tucumán la provincia más densamente poblada del país (con valores diez veces superiores a la media del conjunto que luego sería la Argentina en 1801 y cinco veces a la del litoral a comienzos del despegue azucarero) (Pucci, 1992: 10), podría atribuirse esa insuficiencia no a la “carencia de brazos”, sino a la resistencia de un sector de la población a aceptar la radical transformación de hábitos de vida y pautas culturales que demandaba el trabajo asalariado en ingenios, curtiembres, plantaciones, etc.[xxv][25]

4) Aunque un buen porcentaje de la población se encontrara imposibilitada de atender su subsistencia como productores independientes (o sólo como productores independientes), la fuerte presencia en el paisaje social tucumano de pequeñas unidades de producción agrícolas y/o ganaderas, habría hecho más difícil la erradicación o rápida moderación de los hábitos de libertad e independencia de la población rural, los que fueron asimilados por la élite como manifestaciones de “indisciplina”, “ociosidad”, “vagancia”, “vicios”, “inmoralidad”, “desorden”, etc., rayanos con el delito.

5) En consecuencia, hubo que apelar a migrantes de provincias vecinas (los “americanos” del informe de 1845), por lo que el sostenido crecimiento demográfico tucumano de los dos primeros tercios del siglo XIX no habría sido “esencialmente, producto del crecimiento natural”, como afirma Pucci (1992: 14), sino que se habrían sumado a éste importantes aportes migratorios. Porque los componentes que determinan el crecimiento natural (tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad) no pueden responder a corto plazo a las coyunturas económicas favorables (aumento de la demanda de trabajo y de salarios), a diferencia de las migraciones, que sí lo hacen.

6) La explicación del “máximo nivel” en el crecimiento demográfico tucumano, que se habría verificado entre 1845 y 1858, con una tasa anual del 28,6 por mil, encontraría así una explicación más coherente, al asociárselo “con la coyuntura global de idéntico signo [favorable] que vivía la provincia”. (Pucci, 1992: 14)

7) Por último, el apego a la “independencia” de la población rural, conjugado con una demanda intermitente de mano de obra, sometida a la estacionalidad propia de la agricultura y la ganadería, hizo que la provisión de trabajo adquiriera algunas formas particulares, aunque no privativas del caso tucumano. Por ejemplo, el usufructo de parte de un fundo para criar unas cuantas cabezas de ganado y cultivar una chacra a cambio de prestaciones personales durante determinados períodos del año (lo que todavía hoy se practica en algunos puntos de la montaña tucumana y se denomina “obligación”). Modalidad que, además, ofrece la ventaja al propietario de tener que atender la alimentación del trabajador durante un pequeño período anual y descargar sobre los mismos los costos de la reproducción social.

Las cédulas censales de 1869 demuestran la importancia del aporte migratorio interno mucho años antes del auge azucarero, uno de los elementos en que se fundan estas conjeturas. Según las mismas, en 1869 se registra como “peones” al 61% de los varones mayores de 16 años de la zona rural del departamento Capital (inclusive la mayoría de los niños a los que se les consignan ocupaciones figuran como tales). Un 32,5% de esos peones, además, son nativos de Santiago del Estero o Catamarca. Ello compone un panorama que contrasta con el del ámbito rural del departamento de Monteros, en el que sólo el 3% de lo que podríamos asimilar (con obvias precauciones al tratarse de una sociedad latinoamericana del siglo XIX) a la PEA masculina está compuesto por “peones”, aunque este porcentaje podría elevarse al 22,1 % si se toma en cuenta la categoría “labrador-peón” (Campi y Bravo, 1995: 149-151). Llama la atención la correspondencia en la Capital entre el desarrollo del segmento de peones y la presencia de migrantes santiagueños y catamarqueños, lo que indicaría que la zona azucarera por excelencia de Tucumán ya estaría operando, varios años antes de la llegada del ferrocarril, como un imán de mano de obra a escala regional. Diez años antes del censo, en 1859, Burmeister se había percatado del fenómeno:

“La clase más pobre de la población –decía el sabio alemán refiriéndose a Santiago del Estero– vive, en su mayoría, de las provincias vecinas y especialmente de Tucumán, a donde acuden muchos santiagueños en la época de la zafra”. (Burmeister, 1944: 119)

No puede deducirse de lo anterior que en la constitución del mercado de trabajo tucumano la presencia de peones y jornaleros santiagueños fuera cuantitativamente más importante que la de peones y jornaleros tucumanos a partir de los años 40. Sí que es indudable que –con las dificultades inherentes de una masa laboral todavía no disciplinada– varias décadas antes del “despegue azucarero” se había desarrollado en la provincia un sector de la población que en 1869 los censistas denominaron “peones”, “jornaleros”, “sirvientes”, y que se insertaban en el proceso productivo en el marco de relaciones salariales.[xxvi][26] Los orígenes de este sector se remontan a la colonia y huelga decir que tampoco en este período el proceso ha sido estudiando suficientemente.

Indígenas, “españoles” pobres (es decir, blancos pobres), mestizos y “castas” componían el pequeño segmento de “jornaleros” de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX (López de Albornoz, 1993). Si no se ha estudiado el mundo agrario tucumano, sus estructuras familiares y sus unidades productivas,[xxvii][27] menos aún se han indagado las vías y los mecanismos de la “proletarización”, el surgimiento de un sector de la población que se veía obligado a vender de forma permanente o eventual su fuerza de trabajo para atender su subsistencia. Los estudios de estos procesos han hecho referencia a la desestructuración de las economías campesinas. En rigor, el concepto pone énfasis en la expropiación del producto, a raíz de la cual el productor “deja de poseer los materiales con que trabaja o el producto acabado de su trabajo y, en realidad, no vende un producto, sino la fuerza de trabajo” (Rule, 1990: 37). Desconocemos si en Tucumán los asalariados surgían como producto de la descomposición de unidades de producción campesinas, de su desaparición por efecto de coacciones y despojos por parte de la élite o si las familias campesinas producían un “excedente” de brazos que engrosaban el sector de jornaleros. Seguramente no existió sólo una de estas “vías”. Diversas coyunturas históricas en un proceso que abarcó varias décadas y situaciones locales muy diferenciadas deben haber  generado también una diversidad de necesidades y estrategias por parte de los actores sociales, cuyos resultados seguramente fueron variados. Lo que sí está claro es que el campesinado tucumano perduró con mayor éxito que en otras regiones del país, que en algunas áreas bonaerenses, por ejemplo, donde algunos factores, conjugados, “[…] conspiraron contra la subsistencia de esa débil clase de agricultores, e impidieron la continuidad de su participación en los diversos avances hacia el sur de la frontera que tuvieron lugar durante el siglo XIX […]” (Míguez, 1993: 192).

Si bien es cierto que a partir de la década de 1830 la élite comercial tucumana desarrolló estrategias de adquisición de tierras a partir de las cuales diversificaba sus actividades económicas e intereses; y que el monto de los capitales invertidos en esas operaciones fue en ascenso, el proceso no adquirió intensidad en toda la primera mitad del siglo XIX (Fandos y Fernández Murga, 1996). Pero también es cierto que la documentación demuestra que la élite utilizó el poder que recayó en sus manos con la independencia para apropiarse de tierras de comunidades indígenas, cuyas familias luego de los despojos (aprobados y legalizados por el naciente Estado republicano) tuvieron que convertirse en arrendatarios de los nuevos propietarios o satisfacer las necesidades de mano de obra de las haciendas.

Con relación al despojo de las tierras de los pueblos indígenas de la llanura tucumana, hay evidencias de que, avanzado el siglo XIX, no había concluido. Por ejemplo, luego de la independencia, en la década de 1820, el gobierno tucumano decide subastar públicamente las tierras del pueblo de Naschi (AHT, SA, Vol. 32, f. 71); a mediados de siglo, a su vez, los indios de Marapa eran todavía propietarios de esa estancia, aunque desde el ámbito oficial se maniobraba para forzar su venta a particulares (AHT, SA, Vol. 70, f. 391).[xxviii][28]

Hasta el presente no se ha hecho referencia a la “expropiación” de otro tipo de campesinos, aunque la casi violenta expansión del área bajo cultivo de la caña (1.687 hectáreas en 1872, 6.636 en 1882, 12.768 en 1888 y 40.724 en 1895) (Schleh, 1921: 246-247) puede haber significado la desaparición de pequeñas explotaciones, cuyos tenedores, campesinos sin títulos, habrían engrosado el ejército de “conchabados”.[xxix][29]

Al respecto, no hay dudas de que el “hambre de brazos” de la élite no fue acompañado –por lo menos en intensidad– por un similar “hambre de tierras”. Quizás la gran disponibilidad de tierras que sucedió a la expulsión de los jesuitas (propietarios de grandes potreros en las zonas serranas y grandes latifundios en las mejores tierras de la provincia), y las muy favorables condiciones que se dieron para adquirirlas, hayan “saciado” ese hambre. Muchas familias de la élite adquirieron ex haciendas jesuitas en los remates llevados a cabo por la Junta de Temporalidades (o luego de los mismos), dentro de las cuales más tarde se fundarían ingenios y se extenderían las plantaciones de caña de azúcar.

Asimismo, no podemos dejar de recordar que, en buena medida, el problema de la insuficiencia de brazos y de provisión de materia prima se solucionó durante los años del auge azucarero incorporando a la producción cañera a pequeños productores agrícolas. “Ello posibilitó la expansión del área cultivada de caña para alimentar las bocas molienda de los ingenios en momentos en que muchos de éstos, poseedores de grandes extensiones en las mejores tierras de la provincia, no podían extender los cañaverales por falta de trabajadores, como lo hizo notar Rodríguez Marquina en 1890” (Campi, 1993a: 67).

Sin embargo, también éstas proposiciones deben ser verificadas con un sistemático trabajo sobre fuentes primarias. El gran obstáculo para avanzar en la dilucidación de estos problemas es la ausencia casi absoluta de investigaciones sobre historia agraria tucumana de la primera mitad del siglo XIX.[xxx][30] Por ejemplo, poco y nada conocemos sobre cuáles eran las formas jurídicas de tenencia de la tierra de los pequeños productores. ¿Propietarios, arrendatarios, condóminos, medieros, agregados, ocupantes sin títulos? Seguramente coexistían diversas situaciones y arreglos, aunque no podamos todavía definirlos y determinar su difusión.[xxxi][31] Las fuentes mencionan esporádicamente a los “arrenderos”. Diversa documentación da cuenta de ellos. Sólo a modo de ejemplos, se podría mencionar un padrón de 1812 de Burruyacu –elaborado para la recaudación de un empréstito con fines militares–, que contiene un completo listado de propietarios y arrendatarios (AHT, SA, Vol. 23, f. 147 y ss.); otro de 1832, con una lista de arrenderos de Colalao (AHT, SA, Vol. 39, f. 179; hasta llegar al censo de 1896, que registra 2.361 arrendatarios y 528 “medianeros” frente a 7.099 propietarios (Correa y Lahite, 1898: 12). Se trata, está claro, de una seria carencia que los historiadores debemos intentar superar si aspiramos a reducir los numerosos conos de sombras que dificultan el buen conocimiento de la historia tucumana.

Otra cuestión sobre la cual debe indagarse es la relación de las pequeñas explotaciones y la oferta de mano de obra. Se ha enunciado ya la hipótesis de que, probablemente, las tradiciones de libertad propias de los productores independientes (¿podríamos indagar sobre la existencia de una cultura agraria relacionada con esas tradiciones?) dificultaron el “disciplinamiento” y “moralización” de los trabajadores, por lo menos al ritmo y con las pautas exigidas por una explotación capitalista agroindustrial en expansión, como fue la del azúcar.[xxxii][32] Sin embargo, también se ha advertido sobre la relación funcional que habría existido en Tucumán (y que todavía pervive) entre el minifundio y la demanda de trabajo de ingenios, fincas y plantaciones.

Siguiendo a Domínguez y Hervás (1970), Pucci intentó sintetizar esta peculiaridad de la producción azucarera tucumana en relación con otras zonas productoras: “Allí donde impera, la plantación se acompaña de una constelación de minifundios subordinados, cuya existencia en torno a la gran propiedad se explica porque funcionalmente le es útil y necesaria: el minifundio constituye la reserva de fuerza de trabajo y la fuente complementaria de subsistencia de esa misma reserva, que la gran propiedad tiene a su disposición” (Pucci, 1989: 30).

Por supuesto, es necesario determinar el momento en que se establece esta relación entre el minifundio cañero y la gran plantación[xxxiii][33] y estudiar en qué medida ese papel de “reservorio” de mano de obra de la pequeña explotación –y de los ingresos salariales como fuente complementaria de subsistencia de la misma “reserva”–, era previo al auge azucarero. En otras palabras, en qué medida las pequeñas unidades de producción agrícolas y ganaderas fueron uno de los factores de retención de una mano de obra a la que podía apelarse en los picos de la demanda de trabajo presente en la diversificada economía tucumana, mano de obra que –en otras condiciones de mercado– habría sido expulsada, tal como ocurrió en Santiago del Estero.

Reflexiones finales

Las condiciones en las que se fue gestando el mercado de trabajo en Tucumán durante el curso del siglo XIX otorgaron al proceso características muy peculiares, comparadas con las de otras regiones del país. No existía una frontera abierta y, por consiguiente, disponibilidad de tierras casi ilimitada como en el caso pampeano. Por otro lado, la expansión económica tucumana no recibió el aporte de mano de obra europea, masivo en el litoral y significativo en Mendoza, ni tampoco los importantes contingentes de indígenas chaqueños y trabajadores bolivianos que arribaron a las áreas azucareras de Jujuy y Salta a principios del siglo XX.[xxxiv][34]

Como compensación, la provincia tenía una gran dotación demográfica, lo que ha sido destacado por Pucci como una de las precondiciones del auge azucarero del último cuarto del siglo XIX. Sin embargo, pese a ello, hay testimonios acerca de que ya en la década de 1830 se presentaba un fuerte desequilibrio entre oferta y la demanda de jornaleros, el que fue subsanado con migrantes de las provincias vecinas, en particular de Santiago del Estero, tradicional zona expulsora de población. Mucho podríamos avanzar si se remediara la ausencia de conocimientos sobre el crecimiento natural de la población tucumana durante el período. Pero, ello no bastaría, pues la constitución de un ejército de asalariados no es una simple “consecuencia” del crecimiento demográfico. La “proletarización” es también un proceso cultural, de transformación de representaciones, conductas y hábitos colectivos a nuevas exigencias, valores y pautas, en el que las condiciones de mercado se articulan con elementos de orden subjetivo, los que definen una compleja ecuación de imposiciones, resistencias y adaptaciones.[xxxv][35]

En ese sentido, investigaciones sobre la población rural tucumana del siglo XIX desde una perspectiva cultural nos permitirían introducirnos en un ámbito clave para estudiar la formación del mercado de trabajo. Las diversas manifestaciones de resistencia, individuales y colectivas, de los trabajadores tucumanos de la segunda mitad del siglo XIX, que se incrementaron notablemente durante la década del 80 a la par de la expansión azucarera, el crecimiento de la demanda de trabajo, la maquinización de la industria, la imposición de nuevas modalidades y ritmos laborales y las presiones de los sectores propietarios y del Estado para “disciplinarlos” y “moralizarlos”, tienen sobrados antecedentes en las décadas previas, en los 60 y los 70, como consta en la documentación policial. Nada, o casi nada, sabemos de este juego disciplinamiento-resistencia en las décadas previas; de las formas con las que los trabajadores enfrentaban (o se adaptaban) al propósito de la élite de acotar –y de suprimir, si era posible– sus “espacios de libertad”, como caracteriza María Angélica Illanes a los ámbitos de sociabilidad de las clases populares y a las circunstancias en que daban rienda suelta a sus necesidades recreativas lejos del control y la vigilancia de los sectores dominantes (Illanes, 1990: 10-11); ni de las diversas estrategias –más allá de la coacción– utilizadas por la élite para vencer la resistencia y acelerar la adaptación, entre ellos los incentivos monetarios.[xxxvi][36] En fin, sin la más elemental aproximación a este territorio de la cultura, de las representaciones mentales, el estudio sobre la formación del mercado de trabajo será una construcción desde una perspectiva que desconoce que todo proceso humano es el resultado de una sumatoria de percepciones, decisiones,  estrategias, esperanzas y temores, más o menos conscientes.

Ahora bien, es indudable que no pueden estudiarse los sistemas de representación y las conductas al margen de las condiciones materiales de existencia, del vínculo de hombres y mujeres con los medios de subsistencia, etc. En ese sentido, como ya he anticipado, habría que indagar las probables conexiones entre las modalidades de tenencia de la tierra con esos hábitos de independencia de la población rural que la élite asociaba a la indolencia, al “vicio” y a la “vagancia”. Pero, ¿cómo estudiar la percepción que sobre sus derechos de usufructuar los recursos naturales, de disponer libremente de su tiempo, de fijar el precio de su trabajo, de la propiedad, etc., tenían los pequeños productores y los trabajadores sin tierras del campo tucumano, si poco y nada sabemos sobre las unidades de producción en las que laboraban?; ¿sobre la productividad de la tierra y del trabajo?; ¿sobre la tecnología agraria que aplicaban?

Se observará que estas notas son, a la vez que un apretado estado de la cuestión, la justificación de un programa de trabajo. Se han enunciado muchos problemas, a partir de cuya resolución tendríamos un panorama de la sociedad tucumana del siglo XIX menos fragmentario y con menos lagunas de conocimiento. Queda pendiente el problema de las fuentes. Al respecto solo diré que del rico acervo documental del Archivo Histórico de Tucumán los historiadores se han ocupado básicamente de la Sección Administrativa; menos han utilizado la Sección Protocolos y casi nada las diferentes series de la Tesorería (Comprobantes, Manuales y Mayores de Contaduría) y la Sección Judicial. Indagar sobre éstas con una nueva batería de preguntas nos daría sin duda una visión renovada no sólo de la gestación del mercado de trabajo, sino de todo el siglo XIX tucumano.

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Autor. Daniel Campi
Conicet-Universidad Nacional de Tucumán

Aportado por: Revista Trabajo y Sociedad, Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas.

Trabajo y Sociedad pretende constituirse en un espacio de las ciencias sociales para la publicación de artículos y textos sobre los problemas del desarrollo de las sociedades latinoamericanas, particularmente los referidos al estudio de las articulaciones del mundo laboral con la estructura social, el sistema productivo y las prácticas culturales y políticas. Esta revista electrónica es publicada por el Programa de Investigaciones sobre Trabajo y Sociedad (PROIT) de la Maestría en Estudios Sociales para América Latina de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) en Argentina. Sus integrantes son académicos que realizan sus tareas en vinculación con la UNSE y con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El Programa es financiado por el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CICYT-UNSE) y participa de las actividades de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET) y de la Latin American Studies Association (LASA).

Una versión previa de este artículo fue publicado en Poblacion y Sociedad, Revista Regional de Ciencias Sociales, Nº 5, Octubre de 1998, Fundación Yocavil, Tucumán.

NOTAS

[i][i][1] Hasta la derogación de la ley de conchabos, en 1896, las relaciones laborales eran una cuestión de orden público. En consecuencia, el Jefe de Policía en la ciudad capital y los comisarios de campaña se desempeñaban como jueces del trabajo.

[ii][2]           Algunos autores creen ver en esas leyes un reflejo de la estructura social (García Soriano, 1960; Rosenzvaig, 1987). Mi percepción es que, por el contrario, las leyes de conchabo antes que un reflejo del ordenamiento social eran una representación ideal de la sociedad, un instrumento de acción sobre las relaciones sociales, un “deber ser” antes que “el ser”.

[iii][3]          La derogación, votada en mayo, entró en vigencia en diciembre.

[iv][4]          Según el censo nacional de 1869, los jornaleros constituían en toda la provincia el 12,48 % de la fuerza de trabajo, considerando ambos sexos; de acuerdo a los registros del censo de 1895, el agrupamiento de “jornaleros” y “sin profesión” (24.741 y 8.233 individuos, respectivamente) constituía el 30,69 % de la misma (Bravo, 1992: 34).

[v][5]           Una excepción es el breve artículo de Bosonetto (1951). Ver, también, Gaignard (1964).

[vi][6]          En la década de 1860 se habían instalado, también, pequeños ingenios en los departamentos de Monteros, Chicligasta, Río Chico y Burruyacu.

[vii][7]         Algunos autores la han denominado, hasta muy avanzado el siglo XIX, “neofeudal” y hasta “semiesclavista”, en función de la presencia de normativas sociolaborales coercitivas.  García Soriano (1960: 24) considera que los trabajadores sometidos a las leyes de conchabo estaban bajo una “perpetua servidumbre”, aunque de su texto se desprende lo contrario; Rosenzvaig (1987: 27) habla de un “neofeudalismo”, en el que se “insertaría” la manufactura del azúcar, “no para negarlo, sino todo lo contrario, para otorgarle nueva vida” (una revisión crítica de estas caracterizaciones en Campi, 1991b). No es oportuno reeditar –a partir del caso tucumano– discusiones superadas en los 70. Bastaría señalar que estamos en presencia de una sociedad que casi no conserva vestigios de los modos de producción que Samir Amin (1986) ha denominado genéricamente “tributarios”, entre los que se incluye el feudal. Ruggiero Romano, fundamentando la pertinencia de su expresión “feudalismo americano” para caracterizar las sociedades coloniales americanas, apela a las restricciones de los asalariados para ingresar y salir libremente del mercado de trabajo por la existencia del endeudamiento y de la “tienda de raya”. Al respecto, en Tucumán, donde se reconocían por ley los “derechos” de los patrones sobre los trabajadores endeudados, e independientemente del apego a arcaicos mecanismos de dominación social que tenían las clases propietarias, de ningún modo puede afirmarse que “[…] En realidad, los peones no eran libres: una vez que habían entrado en el circuito de trabajo bajo el dominio de un señor, difícilmente escapaban de él. El sistema que creó su dependencia era simple: el endeudamiento. […] El endeudamiento era crónico y se transfería de padres a hijos […]” (Romano, 1992: 10). Por lo tanto, la expresión “capitalismo incipiente” nos parece apropiada para caracterizar a la sociedad tucumana de mediados del siglo XIX, en tanto los rasgos que distinguen a una sociedad capitalista ya estaban presentes, aunque de un modo rudimentario si se los compara con los niveles de evolución que alcanzarían a partir del auge azucarero. Obviamente, se tratará de un capitalismo sui generis, propio de una región periférica de un país periférico.

[viii][8]         El censo nacional de 1869 consigna, para la ciudad capital y el resto de la provincia, respectivamente, 593 y 308 comerciantes; 732 y 346 cigarreros y cigarreras; 931 y 489 pelloneras; 790 y 434 zapateros, boteros y remendones. En una población total de 109.000 habitantes, San Miguel de Tucumán tenía entonces 17.500 almas.

[ix][9]          “La cría de ganado vacuno […] está tan repartida entre todos los habitantes de la campaña, que son contados los hacendados que tengan 6.000 cabezas de ganado”, afirmaba Bousquet en 1882 (Bousquet, 1882: 441).

[x][10]         “El consignatario que adelantaba fondos en Buenos Aires, cobraba comisión de venta, comisión de compra, garantía e interés de los capitales que adelantaba. El comerciante de las provincias se encontraba esquilmado. Para todas las operaciones necesitaba un intermediario, es decir, una comisión a pagar” (Quesada, 1942: 353). La relación entre los grandes mercaderes porteños con el interior a fines del período colonial ha sido tratada recientemente por Gelman (Gelman, 1996).

[xi][11]        En las décadas de 1880 y 1890 la categoría “peón-arrendero” denominaba a productores sin tierra que pagaban los arriendos de pequeñas parcelas con trabajos personales.

[xii][12]        El tamaño de las explotaciones cerealeras y tabacaleras de Río Chico, Graneros y Yerba Buena no difiere básicamente de las de los otros departamentos y localidades de la provincia (es excepcional el caso de un productor que, en 1874, tributa por una explotación de 15 cuadras en las “Chacras al sud” de la ciudad capital). Al respecto es pertinente efectuar algunas aclaraciones. Los cuadros 1 y 2 y 3 no reflejan con exactitud el número de productores agrícolas. Las leyes de patentes eximieron del pago del canon, entre 1855 y 1872, a las explotaciones de menos de media cuadra cuadrada (una hectárea, aproximadamente), aunque en el padrón de 1861 de Río Chico se incluyeron a productores de 1/4 de cuadra. A su vez, en tales cuadros  se contabilizan dos veces a aquellos que cultivan maíz y trigo o maíz y tabaco. Por otro lado, no todos los que tributaban por pequeñas explotaciones agrícolas eran necesariamente “pequeños” productores. Algunos pagaban también la “contribución moviliaria” por ganado (cincuenta contribuyentes en Río Chico y veinte en Graneros) y había unos cuantos pulperos. Sin duda, el caso de Enrique Erdman, de este último departamento, era excepcional: tributaba en concepto de “patentes” 95 $ por una curtiembre de primera clase, 50 $ por un ingenio de caña de azúcar y 15 $ por ganado; por “contribución territorial” 40 $ por su “establecimiento de caña”, 4 $ por su vivienda y 8 $  por una estancia; por “contribución moviliaria” 15 $ por ganado, y un peso y cuatro reales por tres cuadras de maíz (Avila et al, 1996).

[xiii][13]       Para los años del “auge azucarero” un estudio precursor fue encarado por Jorge Balán (Balán, 1976)

[xiv][14]       Ello explicaría la energía con la que a partir de la segunda mitad de la década de 1850 se instrumentan las normativas sociolaborales coactivas (persecución de la “vagancia”, exigencia de la papeleta de conchabo, etc.).

[xv][15]        Esta valoración se fundaba en una visión dualista de la sociedad, constituida por dos esferas, una “bárbara” y “corrompida” y otra “civilizada” y “decente”. Está claro que el esquema sarmientino de “civilización o barbarie”, más que inspirar esa representación, fue su más brillante formulación sociológica. De allí deviene, en gran medida, la trascendencia que adquirió en la historia cultural y política argentina.

[xvi][16]       Esta relación entre el acceso directo a los recursos y la resistencia a la proletarización ha sido señalada para otros casos. En 1906, en un informe que intentaba explicar las dificultades de las empresas mineras de la sierra peruana para estabilizar sus planteles de trabajadores, se afirmaba: “La población obrera ocupada en las minas, no es en Perú estable, porque el indio sólo ocurre a los centros mineros en busca de trabajo para complementar sus entradas en períodos de tiempo determinados, pero no para dedicarse exclusivamente a la minería pues su natural indolencia, sus chacaritas y sus pequeños rebaños le permiten vivir más o menos miserablemente, sin sujetarse a la dura necesidad de trabajar diariamente para otros, por horas fijas, por salarios generalmente mezquinos” (citado en Bonilla, 1974: 36).

[xvii][17]      Parolo agrupa bajo la denominación de “dependientes” a “peones”, “conchabados”, “gente de servicio”, “agregados”, “sirvientes”, etc., (advirtiendo que se trata de un “universo difuso”) en tanto los contemporáneos consideraban que los que recibían esa denominación se diferenciaban claramente de los clasificados como “labradores” y “criadores” (Parolo, 1995: 24).

[xviii][18]      Información proporcionada por María Paula Parolo.

[xix][19]       AHT, SA, Serie Complementaria, Caja IX, Expte. 8. Las estimaciones pertenecen a María Paula Parolo, quien está analizando el padrón.

[xx][20]        En ese mismo año de 1834, una ley sobre aranceles eclesiásticos aprobada por la legislatura establecía la gratuidad de los matrimonios celebrados entre “personas asalariadas que no tienen otro modo de vivir” (Pavoni, 1981: 31).

[xxi][21]       Tucumán y Corrientes, por la índole de sus producciones, en las que artesanías y manufacturas tenían una alta participación relativa, fueron especialmente beneficiadas por los bloqueos que flotas extranjeras establecieron sobre el puerto de Buenos Aires (Cf. Nicolini, 1992 y Rosal, 1995).

[xxii][22]      En 1800 un reo acusado de “vago y ladrón” declaraba: “[…] dijo que es mestizo, soltero, que no tiene oficio, qe. lo prendió Dn. Eugenio Rojas y qe. la causa de su prisión la presume sea por qe. haviendose conchabado con el tropero Dn. Ramón Guevara, y recibido salario, no lo sirbió […] Preguntado si siempre ha estado conchabado dijo qe. no, y qe. suele andar en su pago sin trabajar. Preguntado por qe. no se ha conchabado, cuando manda qe. ninguno viva ocioso dijo qe. no se ha conchabado porque así suele andar […]” (AHT, Sección Judicial del Crimen, Caja 3, Expte. 8).

[xxiii][23]      AHT, Sección Administrativa, Vol. 63, f. 385. Se trata de un resumen elaborado con información sobre nacimientos y decesos remitida por “los señores curas” y datos policiales sobre ingresos y egresos de personas a la provincia. La misma ley que mandaba levantar el censo de 1845 establecía para el Jefe de Policía la obligación de elaborar en diciembre de cada año un “extracto” demográfico. En el que nos ocupa, los “naturales” que habían salido “del país”, por “negocios” y  para “volver”, eran 429 (41 comerciantes; 7 dueños de tropas; 28 capataces; 31 ayudantes; 41 boyeros; 234 picadores y 47 “peones de servicio”). La acepción “americanos” requiere otra aclaración. En una época en la que los conceptos “Argentina” y “argentinos” recién comenzaban a generalizarse, como “americanos” se englobaba tanto a los originarios de las actuales provincias argentinas como a los de los (hoy) otros países latinoamericanos. La información nos fue facilitada por María Paula Parolo.

[xxiv][24]      Los estudios sobre el crecimiento natural en Tucumán en el siglo XIX son prácticamente inexistentes, salvando algunos aportes muy puntuales. Cf., por ejemplo, Caillou de Sierra y Caponio, 1989. Para el siglo XX, cf. Ortíz de D’Arterio y Caillou, 1996).

[xxv][25]      Al respecto es significativo un decreto de 1850, dirigido a limitar las fiestas religiosas y toda manifestación de esparcimiento popular en el ámbito rural: “[…] se prohibe [exceptuando `los días de fiesta de ambos preceptos´] toda reunión después de la misa […] concluida ésta, todos los circunstantes deberán retirarse a sus ocupaciones respectivas […] los que infringiesen el artículo anterior serán reputados por vagos, y remitidos a la Capital a trabajar en obras públicas […]” (AHT, SA, Vol. 70, f. 456).

[xxvi][26]      Está claro que las de “peones” y “jornaleros” no son las únicas ocupaciones que denotan la condición de asalariados de los encuestados, pero las características del censo, que registró “ocupaciones” y no categorías sociales, impide determinar con precisión el porcentaje de población que vendía su fuerza de trabajo por un salario. De todos modos, entre los asalariados los trabajadores no calificados eran mayoritarios –algo propio de las primeras etapas de expansión de las economías capitalistas– y su crecimiento como segmento del mercado laboral es un muy buen indicador de la expansión de ese tipo de relación social.

[xxvii][27]     Es necesario aclarar que los aportes de Cristina López de Albornoz sobre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX son prácticamente los únicos con los que se atenúa este grave déficit. Cf., de esta autora, por ejemplo, “Productores rurales de San Miguel de Tucumán. Fines del siglo XVIII”, en Ana María Lorandi (Comp.), El Tucumán colonial y Charcas. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 1997.

[xxviii][28]    “El cese de la legislación de indias dejó en una situación de total indefensión a los pueblos indios que presionados por los terratenientes, en muchos casos, comenzaron a pagar arriendo para el uso de sus propias tierras de comunidad, lo que inmediatamente implicó la pérdida de esas propiedades. Así, en la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad y la producción indígena comunal prácticamente habían desaparecido en el noroeste argentino” (López de Albornoz, 1996: 414). Esta autora realiza en el trabajo citado una breve reseña del despojo de las tierras de las comunidades de La Ramada, de Naschi y de Colalao y Tolombón. Cf., también, Díaz Rementería, 1988. Las investigaciones que se están desarrollando sobre estrategias de la élite comercial hacia la tierra (Cf. Fandos y Fernández Murga, 1996) deberían contemplar este tipo de acciones, ya que no sólo se trató de una inversión racional de capitales, sino de la utilización de todo el peso de la ley y del aparato represivo del Estado para hacer valer “derechos” frente a comunidades indígenas y campesinas. No podemos dejar de advertir, sin embargo, que nuestra impresión es que considerando el conjunto de las tierras sobre las que la élite tucumana fundó (junto a las actividades comerciales y manufactureras) su poderío económico, las adquiridas a través del despojo de las comunidades indígenas constituyeron sólo un pequeño porcentaje.

[xxix][29]      La única descripción de este tipo de desaparición de pequeños fundos campesinos la encontramos en una obra literaria, La Malhoja, novela de Alberto Córdoba, Buenos Aires, Raigal, 1952.

[xxx][30]      Uno de los desarrollos más estimulantes de la historiografía argentina en la última década es el referido a la historia rural pampeana. Tanto por su calidad como por su número, los aportes localizados a fines del período colonial y principios del siglo XIX son particularmente importantes. En Tucumán (y en el noroeste argentino en general) la irrupción de los nuevos enfoques y preocupaciones que caracterizan este movimiento son todavía incipientes (Cf. Garavaglia y Gelman, 1994;  Fradkin, 1993 y Bonaudo y Pucciarelli, 1993).

[xxxi][31]      “El padrón de 1799, aunque sólo puede ser tomado como indicador de la situación del área rural tucumana, es ilustrativo de la diversificación de niveles de producción en la región y de la diferenciación existente entre los productores rurales con respecto al control sobre las tierras, la producción agrícola y ganadera, los sistemas laborales en vigencia. Es posible entonces confirmar que existía una campaña poblada no sólo de grandes terratenientes y sus peones, sino que junto a ellos convivían los pequeños y medianos estancieros, hacendados, labradores, criadores, pastores, campesinos y también aquellos que no contaban con ningún bien propio y vendían su fuerza de trabajo, además de los agregados, criados, sirvientes libres, huérfanos y esclavos. Las múltiples y circunstanciales relaciones entre ellos (estacionales o permanentes), reflejan la complejidad del sistema productivo rural colonial” (López de Albornoz, 1997: 165-66).

[xxxii][32]     No está demás aclarar que, en el mundo rural tucumano, pequeños productores independientes y jornaleros no habrían constituido segmentos tajantemente separados (a lo largo del siglo XX, por ejemplo, los minifundistas pobres se desempeñaron como jornaleros y peones en fincas e ingenios). Y aunque sea posible diferenciarlos por el tipo de vinculación con los medios de producción, desde una perspectiva cultural esa diferenciación es en gran medida artificial. Como han demostrado muchos estudios de historia rural rioplatense, el mismo individuo caracterizado en un padrón como “peón” o “jornalero”, con el correr de los años es registrado en otros como “labrador”, lo que está relacionado con la constitución de un grupo familiar que le permitía acceder a un pedazo de tierra como productor independiente o como “agregado”. En consecuencia, es muy improbable que en el siglo XIX tucumano hayan construido identidades diferenciadas; por el contrario, con seguridad, peones (asalariados) y pequeños productores independientes deben haber estado inmersos en un mismo universo cultural.

[xxxiii][33]    Los conceptos de “pequeña”, “mediana” y “gran propiedad” cañeras han sufrido modificaciones con el correr de los años y al influjo de las diversas coyunturas por las que atravesó la actividad. En los años 60 de este siglo se estimaba que el mínimo de superficie requerida para una explotación  racional y rentable para un grupo familiar oscilaba entre las 14 y las 20 hectáreas (Delich, 1970: 37). En esa misma década Gaignard dividía a las explotaciones cañeras en cinco rangos: las de menos de 5 hectáreas (80 % del total con el 25 % del área bajo cultivo) ; las de 5 a 25 (14,5 y 16,5 %); las de 25 a 100 (2,2 y 12 %); las de 100 a 300 (0,8 y 18 %) y aquellas que superaban las 300 (0,4 y 33,5 %) (Gaignard, 1964: 24). En cuanto al número de minifundios, en 1945 se contabilizaron unas 13.500 explotaciones que no superaban las 4 hectáreas y unas 3.800 que, superando las cuatro, no pasaban las diez (Diz, 1963).

[xxxiv][34]    Cf. Míguez, 1993; Salvatore, 1986. Un estudio comparativo entre el caso tucumano y el salto-jujeño durante el auge azucarero en Campi y Lagos, 1995.

[xxxv][35]     “La proletarización no se localiza ya en el terreno de la propiedad y de la violencia unidireccional, sino en el de la cultura y de las relaciones conflictivas de poder. En este terreno, el proceso deviene contingente e indeterminado. En tanto la efectividad de las instituciones disciplinarias está limitada por la resistencia de los (reales o potenciales) trabajadores y la hegemonía de los discursos disciplinarios encuentre obstáculos irreductibles en el lenguaje popular, la historia de la proletarización será una historia combinada de éxitos y fracasos, una historia inconclusa” (Salvatore, 1992: 28-29).

[xxxvi][36]    Al respecto, una investigación sobre la evolución de los salarios, que no debe encararse al margen de la evolución de los precios de los productos básicos de una canasta de bienes de las clases populares, sería de preciosa utilidad.