Por primera vez en cincuenta años, Colombia se encuentra ante la posibilidad de firmar un acuerdo de Paz y entrar en un periodo de postconflicto el cual invita a la reconciliación nacional y la recuperación del tejido social. Sin embargo, desde antes de que iniciara el conflicto los colombianos ya convivíamos con el flagelo de la corrupción, el cual nos ha acompañado desde tiempos coloniales. Pensarse y construir un país en paz y reconciliado, no es posible sin antes frenar la corrupción. Casos como el de Agro Ingreso Seguro (12,700 millones), el de la Empresa de Energía de Pereira (64,700 millones), el Transmilenio de la Calle 26 (156,000 millones), la vía Bogotá – Girardot (170,800 millones), CAPRECOM (559,500 millones) y el de SALUDCOOP EPS (1.7 billones), entre otros, no se pueden seguir repitiendo en un país con paz, justicia y equidad, como el que nos proponemos construir.
Para entender un poco el fenómeno de la corrupción en Colombia es importante entender sus orígenes, razón por la cual, es importante traer a colación la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, contenida en el libro “Herederos del mal: clanes mafias y mermelada”. En este estudio se resalta que a pesar de los esfuerzos de diferentes sectores del país por desenmascarar a los políticos aliados social y jurídicamente con grupos criminales, la ciudadanía de algunas regiones sigue votando por los mismos candidatos con oscuros orígenes. La conclusión es dolorosa: 70 parlamentarios elegidos para el periodo 2014 – 2018, tienen serios cuestionamientos. Muchos de ellos son herederos directos de la parapolítica; la mayoría utilizaron grandes sumas de dinero provenientes de los cupos indicativos para hacerse elegir y algunos son señalados de presuntos nexos con estructuras ilegales vigentes. Lo anterior se debe principalmente a que en varias zonas del país existen problemas serios de democracia local y no existen alternativas políticas diferentes a las tradicionales. Por ejemplo, en el departamento de Bolívar, las principales 4 casas políticas tenían a sus jefes en la prisión. Estos problemas de democracia local se derivan por la forma como está diseñado el funcionamiento del Estado a nivel local, en donde el candidato a una Alcaldía o Gobernación debe negociar el aval del partido con el jefe político regional de la colectividad, que generalmente está encabeza de un senador en ejercicio. Luego de negociar el aval acude donde contratistas, ya sean legales o ilegales, para que estos financien sus campañas, a cambio de que una vez gané les retribuirá esa ayuda en contratación. El mandatario que triunfa debe distribuir el gabinete de acuerdo a los apoyos políticos y financieros.
Lo anterior concuerda con el artículo de la revista Semana: “En las entrañas del monstruo”. La conclusión es muy similar a la anterior, el origen de toda la corrupción está en la campaña electoral. Los contratistas durante la campaña electoral dan dinero a los candidatos o dinero y votos, con el fin de someter al candidato después de elegido. El artículo nace de una entrevista a uno de los hombres que mejor conoce este cartel de políticos y contratistas el cual afirma: “El contratista es la mano amiga: da para recibir. Si yo le doy 100 millones al candidato, él me revierte como alcalde con un contrato de 1.000 millones, y de ahí uno se puede quedar hasta con el 40 por ciento o más”. “Cuando el candidato es elegido, ya la contratación la tiene empeñada con el contratista. Ya después ganar los contratos es fácil, el alcalde pone al secretario a disposición de los contratistas. Muchas veces los pliegos de licitación los diseña el contratista en su misma casa. Y los diseña de tal forma que así venga la multinacional más berraca se lo gana. Un Perico de los palotes le puede ganar a Odebrecht, basta con poner que se necesita que sea una fundación de la localidad y ya quedó descalificada la mejor empresa del mundo.” “El interventor suele ir amarrado al contrato, pero si no va, se lleva el 5 por ciento.” La entrevista concluye diciendo: “Ahora es más rentable ser corrupto que ser narcotraficante. Hay unos 50 combos de contratistas. Hay unos combos que son más ricos que los narcos. Hay otros que tienen contratos en todo el país, pero no se meten en los contratos grandes para no hacerse visibles. Ahora los contratistas arrodillaron a los políticos.”
Los orígenes de la corrupción en el país se encuentran en las campañas electorales, y en un año de elecciones regionales el peligro que llegue al poder los carteles de políticos y contratistas es inminente. Un primer aviso la Misión de Observación Electoral – MOE, en su último informe del 1 de junio de 2015, en el cual llamo la atención sobre 93 municipios que tienen al menos el doble de la tasa promedio nacional de inscripción de cédulas. Encabeza la lista el municipio de Castilla la Nueva en el Meta que tiene una tasa por mil habitantes de 212,96 inscritos mientras que el promedio nacional es de 26,24. Los otros municipios que están entre los 10 de más alta tasa de inscripción son La Jagua De Ibirico (Cesar), Guamal (Meta), Guavatá (Santander), Becerril (Cesar), Cabuyaro (Meta), San José De Pare (Boyacá), El Dorado (Meta), La Jagua Del Pilar (La Guajira), San Carlos De Guaroa (Meta). Además existen 32 municipios que están tres veces por encima de la tasa promedio nacional (78,72).
La máxima expresión de la democracia es el voto, y son en estas elecciones regionales en las que se escogerán los gobernantes locales que pondrán la primera piedra en la construcción de un país en paz. Si se pretende construir un país diferente no se pueden replicar los mismo modelos y dejar que los mismos carteles de políticos y contratistas lleguen al poder y renueven el ciclo de corrupción en el que nos encontramos inmersos. Por lo tanto, el llamado debe ser a concientizar a la sociedad civil sobre la importancia del voto en las elecciones regionales del 25 de octubre como mecanismo primario para atacar el flagelo de la corrupción.
