Durante los últimos doce años, el sistema político y de partidos en México ha dejado entrever las debilidades institucionales y de la sociedad misma, para afrontar los procesos electorales a nivel federal y local, lo que ha puesto en duda la confiabilidad de los resultados electorales, sobre todo aquellos en los que se elige al presidente de la republica y gobernadores.
Después de la reforma electoral del 2007, la cual dejo de lado temas tan importantes como la posibilidad de reelección inmediata en diputados locales, federales, senadores y presidentes municipales; la segunda vuelta electoral; la figura de jefe de gabinete y la creación de un nuevo organismo electoral que asuma la responsabilidad de organizar y llevar a buen término los procesos electorales a nivel federal y locales, se presenta una nueva oportunidad para fortalecer ese largo proceso de democratización en México.
Desafortunadamente, sabemos que estas reformas de gran calado no están exentas de las negociaciones políticas y del cabildeo por parte de los partidos políticos, de diputados y senadores, así como de los gobernadores de los estados, quienes buscan incidir de manera directa en la conformación del nuevo orden político y de partidos de nuestro país.
Esta nueva reforma, debe impulsar entre otros temas:
1. El fortalecimiento de la institución encargada de organizar las elecciones a nivel federal, ampliando aún más sus facultades fiscalizadoras, para controlar los dineros públicos que reciben los partidos; endurecer los requisitos para la obtención y mantenimiento del registro de los mismos, con la finalidad de evitar “partidos sanguijuelas”, que se sirvan con la cuchara grande a costa de las contribuciones de todos los ciudadanos. Al respecto, es indudable que avanzará la propuesta de que los partidos que haga mal uso de los recursos públicos pierdan su registro y sus candidatos sean inhabilitados.
2. En el ámbito de la creación de un nuevo organismo autónomo que se encargue de organizar las elecciones, seguramente avanzará la propuesta de ampliar el número de consejeros electorales de 9 a 11 y de ser este nuevo organismo el que avale el nombramiento de los consejeros electorales de los organismo electorales locales, con la finalidad de disminuir el grado de influencia de los gobernadores en el nombramiento de los mismos.
3. La creación de la figura de jefe de gabinete, como una opción para mejorar la administración pública federal. Esto en razón de iniciar un proceso de transición de un sistema puramente presidencial a uno semipresidencial, entendiendo a este como “Aquel sistema donde el presidente es autónomo, pero comparte el poder con un primer ministro o jefe de gabinete; a su vez, el cual procede del Parlamento y debe conseguir su apoyo continuamente. Así, el primer ministro o jefe de gabinete, está comprometido en la lucha política cotidiana, de la cual está exento el presidente, porque el jefe de Estado mantiene una relación no conflictiva con los dirigentes de los partidos contrarios y favorece el compromiso, la negociación y la moderación de las fuerzas en pugna. Por ello, desempeña una función de árbitro.”
Sin duda, existen otros temas que son importantes y que deben incluirse en esta reforma político-electoral, como la propuesta de conformar un Comité de Evaluación conformado por el INEGI, el INEE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que evalúe a los aspirantes del nuevo Instituto Nacional Electoral, que se propondrán en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, es importante logra la homologación de los calendarios electorales, a fin de lograr la concurrencia de los comicios para el primer domingo de julio. Otro elemento es la creación del Tribunal de Justicia Electoral como única instancia jurisdiccional competente para la resolución de los conflictos electorales, eliminando a los tribunales de los estados y cuya función será resolver los procedimientos sancionadores ante las faltas cometidas por los partidos políticos, que actualmente le compete al Instituto Federal Electoral.
En cuanto a la participación ciudadana, se deben fortalecer las instituciones y ampliar la participación de los ciudadanos en la vida democrática del país, fomentando la democracia deliberativa que permita un mayor involucramiento de los ciudadanos en la toma de las decisiones del Gobierno.
Sin duda, la propuesta de ratificar a los Secretarios de Hacienda, de Relaciones Exteriores y del Comisionado Nacional de Seguridad Pública por parte del Congreso, son asuntos torales que deberán ser abordados en la discusión de esta reforma.
Como podemos observar, el objeto de esta reforma que hasta el momento cuenta con el apoyo de los tres partidos mayoritarios en el Congreso, es lograr elecciones libres y justas, que terminen con vicios y prácticas del pasado; facilitar la construcción de mayorías legislativas a fin de que los Poderes de la Unión funcionen en un esquema de cooperación; el fortalecimiento del quehacer administrativo del Gobierno Federal a través de la creación del Jefe de Gabinete y el fortalecimiento de la ciudadanía, otorgándole mayores oportunidades para participar en la toma de decisiones de sus gobiernos.
Si el nivel de compromiso de nuestros legisladores es real para con los ciudadanos, la reforma político-electoral deberá ver la luz en las primeras dos semanas de diciembre. Los temas antes señalados no son nuevos, solo han sido postergados por los niveles de compromiso de la clase política en el poder, dejando de lado la consolidación democrática de nuestro país.
Solo impulsando una nueva reforma en materia político-electoral habremos de fortalecer la calidad de la democracia de nuestro país. México necesita instituciones fuertes y funcionales. Instituciones electorales que administren e impartan justicia con un nuevo entramado jurídico que permita resolver los conflictos postelectorales que brinden mayor certeza jurídica a los implicados.
La democracia mexicana ha transitado por un largo proceso de más de treinta años. El camino aun es largo, pero habremos de pasar a una nueva etapa en la que el sistema político y de partidos debe evolucionar con miras a crear un Estado más democrático, incluyente y equitativo.
