Durante décadas en los ambientes académicos, políticos y económicos de los diversos países del mundo se ha debatido sobre la relevancia y eficacia de las políticas sociales de los gobiernos para reducir los índices de pobreza, sobre el particular voy a presentar un análisis del caso peruano.
Según reciente información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) un 23.9% de la población peruana vive en situación de pobreza, y de acuerdo a estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR) si el ritmo de crecimiento de la economía peruana fuera de 5.5% la pobreza retrocedería 1.67 puntos y 433 mil personas dejarían esta condición.
Por otro lado como es de público conocimiento las políticas sociales también contribuyen a reducir la pobreza, pero con un impacto menor en términos porcentuales. De acuerdo a un estudio del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima, que indica que el 94% del retroceso de la pobreza en 1.80% en el 2013 se debió al crecimiento económico mientras que el 6% restante es atribuido a programas sociales.
Bajo el contexto señalado, las actuales políticas sociales por si solas, son insuficientes para seguir reduciendo la pobreza en nuestro país de manera relevante, situación que se agrava si en los programas sociales existen casos de corrupción y negligencia, como los denunciados en diversos medios de comunicación en varias oportunidades, en los últimos años.
En principio, considero que un programa social es útil por un corto y mediano plazo, solo si realmente llega a quienes lo necesitan, con eficiencia y eficacia tanto en oportunidad, calidad como en cantidad, para aliviar las apremiantes necesidades de los pobres. Pero dejando en claro que la verdadera lucha contra la pobreza en el largo plazo es la generación de riqueza en un país.
