En la segunda mitad del Siglo XXI en un entorno incierto y cambiante en el ámbito económico y geopolítico, las organizaciones deben adaptarse a los cambios, pero para hacerlo exitosamente deben contar con un Clima de Negocios, que les permita desarrollarse, invertir, fomentar la investigación en el desarrollo de nuevos productos o servicios a efectos de ser más competitivos en el mercado y ser cada vez más eficientes y eficaces.
Sin embargo uno de los grandes problemas que enfrentan las organizaciones en el mundo es la creciente inseguridad ciudadana, dado que esta afecta el Clima de Negocios, al generar sobrecostos a las organizaciones en temas de seguridad a todo nivel, como son sus instalaciones, recursos materiales, recursos humanos, medios informáticos, entre otros, así como influyendo negativamente en la conducta de los consumidores, al limitar la demanda de ciertos productos que consideren pueden ser potencialmente objeto de actos delincuenciales en sus diversas modalidades. Para analizar este tema voy a tomar como ejemplo el caso peruano.
La inseguridad ciudadana es considerada el mayor problema del Perú. La lucha contra la inseguridad ciudadana en nuestro país es una tarea fundamental del Estado peruano, no sólo por cumplir con su deber constitucional de mantener y salvaguardar el orden interno, si no a efectos de crear un clima de confianza en la población y así evitar que influya negativamente en los inversionistas.
Actualmente uno de los temas de mayor debate político en el país es declarar a la ciudad de Lima en Emergencia ante la escalada de violencia delincuencial en sus diversas modalidades, en los diversos distritos de la ciudad Capital.
Con respecto a ello debemos entender que la lucha contra la inseguridad ciudadana parte por enfrentar a la corrupción y contar con la participación activa de la población organizada como apoyo a la Policía Nacional, el fortalecimiento del Serenazgo Municipal y la inversión en tecnologías de punta para vigilar las 24 horas del día las calles.
Asimismo, se debe combatir los casos de informalidad del servicio de vigilancia privada, combatir los focos de informalidad y corrupción en la adquisición o provisión de armas de fuego a los delincuentes y establecer mecanismos para contar con un poder judicial justo en los casos de actos delincuenciales.
Por ello debemos desterrar las corrientes de opinión de declarar en Emergencia a la ciudad de Lima, a fin de que de las fuerzas armadas intervengan en apoyo a la Policía Nacional y se restrinjan o suspendan ciertos derechos constitucionales, como los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Ello sería nefasto para la población y para las empresas, además debemos tener presente que los efectivos de nuestras fuerzas armadas por su formación están preparadas para enfrentar un conflicto externo, mientras que los efectivos de nuestra Policía Nacional están preparados para mantener el orden interno.
Los artículos 165° y 166° de nuestra Constitución establecen específicamente las finalidades de nuestras fuerzas armadas y policía nacional respectivamente. Por lo que legalmente nuestras fuerzas armadas no podrían permanentemente apoyar la labor policial. Una declaratoria de Emergencia no sería la solución para combatir la inseguridad ciudadana de manera permanente y además se expondría a nuestras fuerzas armadas y a nuestra población a lamentables incidentes con pérdidas de vidas de inocentes.
También debemos desterrar los planteamientos de pretender limitar o restringir el uso de armas a la población civil para disminuir los actos delincuenciales, porque además de inconstitucionales estos planteamientos están completamente equivocados, dado que los delincuentes se abastecen de armas del mercado negro, por lo que tal medida solo perjudicaría a los ciudadanos honestos que desean ejercer sus derechos constitucionales como el de la legítima defensa, obteniendo legalmente sus licencias para portar y usar armas de fuego.
En tal sentido, con una estrategia adecuada para enfrentar la inseguridad ciudadana, desterrando planteamientos equivocados que obedecen más a posturas coyunturales de tipo político, que a fundamentos técnicos y legales podremos disminuir los índices de actos delincuenciales en la ciudad de Lima con el consiguiente beneficio de además de dar tranquilidad a la población, crear un Clima de Negocios adecuado y atractivo para los inversionistas tanto locales como extranjeros.
