La lectura del artículo refiere para analizar en el ámbito organizacional e institucional las transformaciones relacionadas con la adopción de las nuevas tecnologías en el sector público.
No obstante, según Gasco, 2002, en la administración pública no siempre se ha utilizado el termino gestión para hablar de las actividades que este organismo institucional desempeña, desde esa concepción más amplia, de concebir la administración en el ámbito de gestión, más sustancial, más coherente es que las administraciones publicas se plantearon la necesidad de modificar sus actuaciones.
Sin embargo, aludiendo a lo que actualmente comienza a gestarse, los modelos gerenciales de la Administración pública estaban basados en paradigmas burocráticos, donde la jerarquía, la predictibilidad, la división especifica del trabajo y el desempeño basado en los meritos o en la meritocracia, caracterizaba agudamente la gestión de dichas organizaciones.
Según Gasco, 2002 dicho modelo burocrático funciono ya que “resolvía los problemas que la gente quería ver resueltos”.
Pero, el agotamiento del paradigma previamente mencionado, estuvo a la par de las constantes y crecientes exigencias de la sociedad, de los cambios y la dinámica compleja que impera en los sistemas políticos, económicos, sociales y otros. Por tales razones, las nuevas teorías y los nuevos enfoques han bosquejado la creación de modelos innovadores y creativos, dinámicos que supere el campo de la ciencia administrativa y de paradigmas que no se adaptan a las necesidades de cada entorno, de cada cultura, de cada sistema de cada sociedad.
Con estas nuevas concepciones filosóficas, epistémicos de la Administración pública, surge el nuevo y novedoso concepto de gestión pública, quedando en esta nueva corriente los marcos de actuación y responsabilidad ante los imperantes y abruptos cambios políticos sobre todo. Aunado a ello, la connotación sustancial del término va apoyada en un cambio radical, de forma gradual en la cultura organizativa, aspectos tales como: cultura de responsabilidad, consecución de resultados con eficiencia y eficacia bajo principios éticos y morales del derecho público para la administración y gestión; una cultura que estimule la responsabilidad individual, una cultura con prioridad al servicio del ciudadano.
Ahora bien, con respecto al uso de las innovaciones del sector publico en el marco de las transformaciones de la administración, en el ámbito de la gestión, se debe tener en cuenta la adaptación de las tecnologías de la información y el conocimiento y de la calidad de una infraestructura de la información y de conocimiento (Gasco,2002).
En ese sentido, deviene el aspecto fundamentadle considerar a las tecnologías como eficaces herramientas a la hora de perseguir la Modernización del Estado, que esencialmente implica la reforma de las normas y reglas que determinan los sistemas de incentivos del comportamiento político administrativo (Gasco, 2002, p.11).
La administración pública -caracterizada como la actividad del Estado- tiene por objeto a la sociedad, para la cual labora en su perpetuación y desarrollo. Por consiguiente, dicha administración tiene su origen existencial, así como su legitimidad y justificación, en la perpetuación y desenvolvimiento de la sociedad.
Los planteamientos generados desde los organismos multilaterales, para el establecimiento de las condiciones para el funcionamiento administrativo del sector público en los países en vías de desarrollo, han girado sobre dos cuestiones: la gestión económica y social. Así, los intentos por la transformación de la administración pública y de los aparatos públicos en general de los países de América Latina ha transcurrido en medio de condicionantes de carácter internacional, impactados por las mutaciones en materia económica y las subsecuentes crisis en las estructuras internas de las economías de dichos países (Morin, 2004).
Por ejemplo, las transformaciones administrativas que han tenido lugar en el sector público venezolano producto de la reforma del Estado que se inició con mayor fuerza a finales de 1991 y que se desarrolló con cierto vigor hasta 1998, se promovieron y aplicaron a través de los planteamientos que integran los postulados de la “gerencia empresarial eficiente”, este enfoque lleva consigo que de forma aparente este proceso se le vacíe de su contenido político que le es inherente por su naturaleza, esto es precisamente uno de los aspectos donde los procesos de reforma del Estado en América Latina han mostrado a su mayor debilidad, pues se han convertido en un conjunto de propuestas fundamentalmente técnicas para cambiar estructuras político-administrativas ineficientes por unas que apuntalen la eficiencia, sin observancia de aspectos inequívocos de la naturaleza de la administración pública producto de su proceso histórico-político y socio cultural.
Las fuentes de la ética son la solidaridad y la responsabilidad. De manera que, todas las reformas planteadas, incluyendo la del Estado, requieren una reforma ética que, a su vez, las necesita a ellas. La regeneración ética sólo se puede realizar dentro de un proceso complejo de transformación y regeneración humana, social e histórica. Es en ese proceso donde la regeneración ética puede contribuir con las otras reformas, entre las cuales se encuentra la del Estado.
Muchos especialistas en la última década fundamentan desde diferentes planos de análisis la necesidad de reforma de la Administración Pública como una respuesta a la crisis de legitimidad del estado contemporáneo (Cabrero, 1995). Si se parte de una perspectiva de eficiencia, para dar respuesta prioritariamente a problemas de crisis fiscal, las propuestas se han encaminado ante todo al redimensionamiento del aparato del Estado («downsizing») y la racionalización de todo tipo de recursos, por lo que se recomiendan, políticas de recortes de plantillas de personal, de proyectos y de presupuestos; se promueven procesos de privatización de empresas y «terciarización» de servicios públicos, descentralización y desregulación, entre otras.
De ahí que se haya comenzado a retomar la necesidad de reforzar el rol de Estado, partiendo de que «sin un Estado eficaz, el desarrollo es imposible». (Banco Mundial, 1997). Desde esta perspectiva la Administración Pública se ha convertido en un aparato ineficaz, incapaz de alcanzar objetivos, metas, programas o proyectos.
Se enfatiza entonces en la necesidad de un Estado renovado y eficaz, equidistante tanto del antiguo Estado Benefactor, sobredimensionado, burocrático, lento y centralizador, como del Estado mínimo y mutilado que proclama el radicalismo neoliberal.
