Se habla mucho en los últimos tiempos de la “responsabilidad social” como de una dimensión ética que toda organización o institución debería tener como visión y promover en su actividad diaria, pero la reflexión acerca de la responsabilidad social recién empieza a darse en el ámbito universitario.
Esta toma de conciencia está ligada a preocupaciones tanto éticas como interesadas. Se trata de una voluntad ética e interesada a la vez de hacer las cosas «bien» para que todos los beneficiarios internos y externos de los servicios de la organización estén «bien». La ética, entonces, no aparece como freno al interés egoísta de la organización sino al contrario como empuje para su provecho. Así se crea una articulación pocas veces practicada entre ética y eficacia.
En base a esta articulación, se definen ciertos principios y valores como parámetros de acción «buena» para la organización. Se incluyen estos en la estrategia global y el funcionamiento rutinario de la organización, para que impregnen todos los ámbitos de las acciones de la organización y sus consecuencias (ámbitos económicos, sociales, laborales y ambientales). Así la acción colectiva de la organización se concibe como un todo complejo regulado y respondiendo por las exigencias y necesidades de todos los afectados potenciales.
La universidad es el lugar en el que se aprende el conjunto de saberes que permitirán al futuro titulado ejercer una profesión o dedicarse al ámbito de la investigación. Sin embargo, no resulta tan obvio que la universidad sea un lugar en el que se aprenda un conjunto de saberes éticos y ciudadanos, donde se gerencian proyectos de envergadura con impacto trascendente y responsabilidad social. En el análisis del artículo, a modo de resumen, se sostiene que una de las funciones de la formación universitaria es de carácter ético y que no puede entenderse una formación universitaria de calidad que no incorpore de forma holística, sistemática y rigurosa situaciones de aprendizaje ético en cuanto a la gerencia de proyectos y la responsabilidad social.
Se argumenta pues, que una formación universitaria de calidad no puede separar la formación profesional de la responsabilidad social y se pudiesen argumentar tres razones: la primera relacionada con el concepto actual de formación universitaria; la segunda con el objetivo de cohesión social y no sólo de competitividad que debería tener como misión la universidad hoy; y la tercera derivada de las investigaciones sobre desarrollo moral y aprendizaje ético, aquí básicamente atendiendo a la gerencia de proyectos.
No obstante, una universidad de calidad y de servicio público –en relación con el programa de estudios-, es aquella que hace más digna la sociedad, convirtiendo a su comunidad en general (personal, docentes, estudiantes, obreros, entre otros) tanto en excelentes empleados, trabajadores y profesionales, como en ciudadanos y ciudadanas cada vez más cultas y críticas. Para su logro, es recomendable que la universidad, el profesorado y sus responsables políticos (gerentes y funcionarios públicos) tengan presente, de manera permanente, que estos resultados se logran cuando se vive en contextos donde la búsqueda de la verdad se practica con rigor; a través de la argumentación, el diálogo y la deliberación abierta; evitando dogmatismos y fundamentalismos, en interacción social y en colaboración con otros y con responsabilidad social.
Se suele llamar responsabilidad social a la carga, compromiso u obligación que los miembros de una sociedad -ya sea como individuos o como miembros de algún grupo- tienen tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. “La responsabilidad social es la teoría ética o ideológica que una entidad ya sea un gobierno, corporación, organización o individuo tiene una responsabilidad hacia la sociedad. Esta responsabilidad puede ser “negativa”, significando que hay responsabilidad de abstenerse de actuar (actitud de “abstención”) o puede ser “positiva”, significando que hay una responsabilidad de actuar.
En el actual contexto sociocultural, la universidad es un óptimo espacio de aprendizaje, no sólo de carácter profesional y cultural en su sentido más amplio, sino también de carácter humano, y por ende, ético y moral. A mi entender, es un error desaprovechar esta función, ya que es un deber promover la potencia pedagógica de la universidad en relación con el aprendizaje y la formación relativas a las dimensiones éticas y morales de los estudiantes, como lo es de toda institución de educación superior con voluntad de servicio público, y por ende en el reforzamiento de la investigación a través de una gestión de proyectos donde la academia, la comunidad se vinculen y se involucren a la solución efectiva de los problemas sociales.
Para avanzar en la cohesión social, en la consolidación de capital social, es necesario retomar las experiencias propias de las comunidades, y desde allí plantear alternativas que devuelvan la esperanza sobre un mejor futuro de nuestra sociedad. Esta esperanza estará basada en la defensa y desarrollo de la gobernabilidad democrática, en la cual la sociedad civil participa como elemento indispensable para la colectivización en la producción de diagnósticos, la identificación de obstáculos y la elaboración de soluciones comunes consensuadas a largo plazo.
En consecuencia, no podrá plantearse una transformación del ciudadano sin una transformación en la educación y eso sólo ocurrirá cuando el ejercicio de la enseñanza deje de ser una competencia profesional específica para constituirse en una práctica que se encarga en cada una de las actividades en las cuales la comunidad aprecia y valora la contribución de esa práctica para el crecimiento y sostenimiento de la comunidad.
Hacia una gerencia social eficiente
Algunas cuestiones claves
El Premio Nobel Amartya Sen señala que ha habido un profundo error conceptual, ya que se ha marginado, postergado, o sacrificado el gasto en lo social en nombre de consideraciones cortoplacistas.
Hay datos crecientes que verifican estos planteamientos, según asevera el autor. Así la inversión en recursos humanos a través de la ampliación y mejoramiento de los niveles educacionales, tiene tasas de retorno macro y microeconómicas de excepción.
El siglo XXI será «conocimiento intensivo», como destaca Lester Thurow, el «conocimiento será la única fuente sostenida de ventajas comparativas». Conocimiento, implica una base de apoyo sólida y creciente en educación. Según sus datos las empresas que invierten en educación de sus integrantes, tienen una rentabilidad.
Por su parte, datos recientes ofrecidos por el Ministerio de Comercio Exterior e Industria del Japón, consideró la falta de modernización de la pequeña empresa como un obstáculo fundamental para el crecimiento, el peso de ese «crecimiento desde abajo» de la economía fue altamente significativo para el crecimiento total.
En el nuevo razonamiento que emerge en el mundo de la globalización, la revolución tecnológica permanente, y la competitividad, comienzan a haber cambios importantes en categorías tradicionales. En lugar de «gasto social», se habla cada vez más de «inversión social».
No obstante, la «inversión social» no es un gasto en consumo, administrada con eficiencia «crea capital», humano y social, y esa acumulación es insustituible para un desarrollo sostenido. Hace falta un enfoque de «gerencia social». No se propone tratar detalladamente el tema, sino presentar una agenda sumaria de algunos de los principales problemas que implica y llamar la atención sobre la necesidad de darle alta prioridad.
Es por ello, que el nuevo enfoque de la gerencia social eficiente, tiene que ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos del Estado y los actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la región, y el mejoramiento del funcionamiento y resultados de la inversión en capital humano y capital social, el autor propone mediante enfoque esencialmente «heurísticos, de allí, las capacidades de liderazgos de los nuevos funcionarios y gerentes públicos.
Por tal razón, la gerencia social significa en la práctica cotidiana enfrentar «singularidades» como entre otras las enunciadas. No es una operación organizacional «tubular», sino otra de índole diferente, mucho más fluida, y de composición interorganizacional.
Bajo estas nuevas concepciones de impacto complejo e impredecible, se hacen necesarias direcciones de trabajo más dinámicas en avance en gerencia social con estilo gerencial que estreche el contacto con la realidad. El análisis debe comprender dimensiones políticas, culturales y sociales y otras junto a las usuales de carácter económico y financiero.
En la realidad cada una de las problemáticas sociales tiene raíces múltiples, y profundamente interrelacionadas. Su superación necesita pasar de una visión sectorial, a una comprensión más integral, más holística, al estilo de la red o trama que señala Capra en sus teorías.
Se trata de hacer «gerencia sinérgica», de aprovechar las potencialidades de complementación, integración, y «externalidades organizacionales» que pueden surgir de la acción conjunta de las organizaciones participantes
Por otra parte, refiere el autor, la descentralización como una «vía regia» para mejorar la gestión social. Implica acercamiento a los asistidos, más alta flexibilidad y agilidad de los actores y de los enfoques aplicados, posibilidad mayor de control de los programas por el conjunto social.
De igual forma, argumenta que, la experiencia internacional reciente demuestra que una de las mejores posibilidades de mejorar la gestión social, se halla en la movilización de «las promesas de la participación» en la formulación, implementación, y evaluación de la misma.
En América Latina, es necesario pasar de la dispersión de esfuerzos, al «tejido» de estas redes. . Esta es una operación de «ingeniería social» con impactos posibles de gran consideración. Las redes deberían a su vez ser operadas en base a criterios de gerencia interorganizacional moderna como los antes comentados.
En síntesis, la gerencia social debe avanzar en la preparación e implantación de modelos que garanticen a la comunidad la plena transparencia, y control sobre la marcha de los programas sociales. En su puesta en marcha pueden jugar un importante rol las organizaciones de la sociedad con mayor comprensión de la trascendencia de la variable gerencial.
Junto al avance en materia de sistemas formadores, será necesario progresar en la profesionalización de la gerencia social, y la conformación en este campo de una comunidad técnica que intercambie permanentemente experiencias y vaya estableciendo criterios orientadores. Al mismo tiempo realizar una activa tarea de investigación y desarrollo en esta área que siga de cerca las experiencias nacionales, y la evolución internacional, y genere propuestas innovativas.
Finalmente, la verdadera y eficiente gestión de programas sociales, requiere como condición necesaria de la preparación orgánica de gerentes sociales. La gerencia por sí sola no solucionará los agudos problemas de pobreza y desigualdad de la región. La concepción de que la inversión social es imprescindible para avanzar un desarrollo sostenido tiene fuertes cimientos en la realidad histórica de nuestros días, y es desde allí, donde verdaderamente emergen los cambios a largo plazo, sostenidos y significativos, en la calidad de vida y en el desarrollo humano de la sociedad.
Política social en Venezuela: 1999-2003
En los últimos años el tema de la política social ha adquirido relevancia en Latinoamérica y, en particular, en Venezuela. Su discusión a nivel de diversos círculos académicos, institucionales, políticos, económicos y sociales, demuestra la preocupación por la dimensión social, asociada en este caso con una de sus áreas de intervención, el incremento significativo de los niveles de pobreza y las consecuencias negativas que acarrea en las diversas esferas de la vida social.
La idea de política social está estrechamente vinculada a la de desarrollo. Pues, la idea de política social expresa cómo dentro de los modelos de desarrollo se encuentran representaciones de “lo social”. No hay una concepción única e inalterable en torno al desarrollo y la política social.
En ese sentido, política social significa “el conjunto de las medidas dotadas de poder soberano, que tienden a resolver directa y rápidamente las deficiencias sociales”; trata de paliar y compensar las mayores injusticias y desequilibrios entre los diversos grupos de la sociedad. Pero la política social reconoce como base de partida el orden social, económico y estatal existente, sobre todo, desde las teorías sociológicas, para que exista un impacto real de la política social, la transformación radical debe y se engendra desde los núcleos familiares, desde la transformación intrínseca de la población.
Los estudios sobre “política”, pueden tener varias dimensiones y responder a propósitos diferentes: históricos, descriptivos, normativos, etc, el análisis de la política social adquiere abordajes diferentes y materias como la historia de las ideas sociales, la cultura, de las instituciones y de los fines sociales, incluso de psicología colectiva, son campos o dimensiones de la política social.
El estudio y fines de la política social suponen, por consiguiente, el examen global e interdependiente de lo económico y de lo social dentro de un proceso integral de desarrollo, aplicando en una sociedad en particular, y más concretamente, la armonización entre el proyecto político, su viabilidad, factibilidad, rentabilidad y los recursos y medios técnicos para hacerlo posible.
La política social es la base de la acción social. En su evolución histórica la acción social ha asumido diferentes formas o modalidades. Estas formas o modalidades pueden englobarse en lo que modernamente y que no es más que el conjunto de medidas previsivas que conducen a garantizar a los habitantes de un país los medios económicos para lograr las condiciones mínimas de comodidad, salud, educación, seguridad, recreación, entre muchos otros necesarias al civilizado.
No obstante, es el Estado asume la responsabilidad de actuar los hechos y fenómenos que causan los problemas sociales. Tal actuación la desarrolla mediante la definición y ejecución de políticas sociales.
A través del análisis de la evolución de las políticas sociales en Venezuela, se puede apreciar que en su etapa inicial, durante los treinta años, las acciones del Estado se orientaran a la formulación de un programa de modernización económica que debía marchar hacia la formulación de un programa de modernización económica que debía en estrechar relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. A partir de los años sesenta, la meta consistió en alcanzar el desarrollo económico que, a su vez, irradiaba sus efectos positivos hacia el bienestar de la comunidad.
Este proceso descansaba en la acción planificada del Estado para promover el modelo de industrialización sustitutiva y la generación de empleo, modelo que en menos de una década comenzó a presentar una serie de limitaciones para el logro de las metas proyectadas.
Es interesante destacar que, tanto en 1936 como en 1959, se estaban estructurando planes de transformación económica que requerían, a su vez, la implementación de políticas sociales, principalmente en educación y salud, acordes con el proyecto económico planteado, simultáneamente los cambios a nivel social constituían en la base de legitimación política para los gobiernos que sucedieron a las dictaduras representadas. Los mayores éxitos logrados a través de los programas puestos en práctica desde 1936, se manifestaron en el área de la salud, mientras que en la década de los sesenta se enfatizo en la educación. En ambos casos, el “Estado social” alcanzo significativos avances, proceso que fue perdiendo, dinamismo en la medida que surgieron elementos que introducían profundos desniveles en la evolución social.
En contradicción con los objetivos trazados en los primeros planes de la Nación, la difusión de la modernización en el sector agropecuario y el proceso de industrialización generaron serias perturbaciones en el ámbito social. Las migraciones hacia las grandes ciudades ocasionaron el acelerado incremento de la población urbana y los consiguientes problemas de hacinamiento, precariedad de la vivienda y saturación de los servicios sociales. De modo que la modernización económica tarjo como contrapartida un retroceso en términos sociales, que se expresaba en el aumento de la tasa de desempleo y el crecimiento de la pobreza. Esta situación se agravo en el marco del proyecto económico contenido en el V Plan de la Nación que, paradójicamente, tras la bonanza petrolera culmino en su desmesurado endeudamiento, déficit fiscal e inflación.
Desde los años ochenta, ante la persistencia de profundos desajustes económicos, se acentuaran los problemas antes mencionados. La estructura social exhibía un alto grado de vulnerabilidad que se tradujo en el incremento acelerado de la pobreza y del empleo informal. A su vez, las políticas de ajuste contribuyeron a ahondar la desigual distribución del ingreso, mientras el gasto público social se redujo drásticamente. En este contexto, fue empeorando la atención de la salud, educación, vivienda y seguridad social, las cuales en la actualidad se encuentran sumergidas en una profunda crisis.
De la tradicional concepción universalista de las políticas sociales se paso a finales de los 80 a la aplicación de programas localizados, con el objetivo de enfrentar de manera directa los problemas más apremiantes, vinculados al área de la nutrición y atención sanitaria básica. En cuanto a sus resultados, los especialistas se refieren a la escasa eficacia de su aplicación a la débil incidencia en cuanto a sus objetivos específicos y a la falta de articulación entre las diversas instituciones involucradas en ese proceso. También se han planteado fuertes críticas a los programas por el mal uso de los recursos, excesiva centralización administrativa, precariedad en la organización de los distintos institutos encargados de enfrentar a la pobreza y ausencia de evaluación de los proyectos.
En síntesis, se plantea el desarrollo de una economía social entendida como la democratización del capital y la expansión de actividades productivas desarrolladas por los sectores socialmente más frágiles; escenario en el cual el Estado debe intervenir con políticas públicas que faciliten el acceso a los recursos financieros, físicos y técnicos, y que promuevan nuevas formas para fortalecer la política y economía social, integrando así el conjunto de la legitimidad de la democracia, la estabilidad política y la eficiencia económica.
