Garantías individuales en el derecho mexicano

  • Otros
  • 1 hora de lectura
GARANTÍAS INDIVIDUALES
Derecho Positivo Mexicano el Derecho es importante tanto para cada individuo y sociedad,
pero, a veces suelen ocurrir una discrecionalidad de los individuos, en donde como
sociedad, es importante reconocer a cada individuo como persona la cual tiene actividades
en específico. En este proyecto de trabajo el lector podrá conocer la importancia de nuestra
Constitución, en donde más que nada se trata de hacer una investigación sobre la
EXPLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN, en
donde trata de ofrecer al lector una gran gama de información con respecto al trabajo, ahora
el objetivo de este trabajo es en que el lector conozca y tenga un aprendizaje significativo
ya que es al leer este PROYECTO... Debemos comprender que las actuales relaciones entre
los pueblos requieren un sistema muy rígido del derecho en México el cual se dice que es
más completo y a la vez flexible, a través del tiempo o su Historia, en donde gracias a este
trabajo el lector se va impresionar de mi lenguaje cultural apoyándome en tesis y
profesionales en la materia en donde los aspectos importante es el proporcionar
información que le interese al lector, que no se aburra, que saboree cada argumento
canalizado por mis facultades e ideas investigadas, y conozca por su puesto que es evidente
que a través del tiempo se ha ido disminuyendo en importancia al ir menguando las
actividades de los filibusteros, por lo que constituye una lectura esencial para todos
aquellos que deseen enriquecerse de cultura o ser un apoyo para el estudio de las leyes y
derecho dentro del Trabajo. Por lo que se invita al profesor y a los padres de familia a
conocer sobre estos dos artículos curiosos, en donde el trabajo es un derecho que dignifica
y enaltece; permite la realización personal, brinda seguridad a la familia y contribuye al
desarrollo de nuestra sociedad. Este trabajo ayuda al lector tanto en beneficiarnos y en
darles apoyo, con el conocimiento de los delitos, ahora bien lo importante es que en esta
investigación sujeta a elaborar una gran información y dar de forma suave y no prosaica al
lector información que enaltezca este tema investigado y elaborado con una fina y rigurosa
calidad que vale oro. Este trabajo, por lo que se ha dicho por pioneros lectores a superado
las perspectivas y de forma clara los delitos y responsabilidad profesional, en donde de
forma rápida y dinámica el lector va disfrutar el leer este trabajo de investigación, en
donde de forma paradigmática logra aportar ideas y aprendizajes significativos, me apoyo
en una gran variedad de argumentos de grandes hombre dentro del campo jurídico, durante
el contenido podemos encontrar autores prestigiados y reconocidos como grandes
escritores, que son el apoyo para una calidad y por lógica en la CONSTITUCIÓN
POLÍTICA, y son información 100% actualizada, con el fin poder brindar al lector los
cambios jurídicos que se realizan diariamente en México. Este tipo de temas se eligen con
el propósito de que el lector conozca la importancia de los temas seleccionados e
investigados, en donde este trabajo de investigación suministra una profunda evaluación de
los grandes cambios benéficos en las leyes en los cuales son cambios en nuestra sociedad,
y traza clara directrices de transición para los lectores que deseen ser conocedoras, en
donde nos proporciona una nueva óptica para observar mejor que esta sucediendo en el
campo jurídico y el laboral. Por lo tanto, se invita al lector por su profundo análisis del
tema investigado, por lo que es sencillo, amplio, concreto, imaginativo y práctico; además
está libre de falacias y muy bien escrito. A lo largo de nuestra vida vivimos grandes
experiencias, ya que en una ciudad en donde como todo ciudadano tenemos derechos y
obligaciones, pero lo curioso de todo nos topamos mucho con la palabra “SEGURIDAD”,
en donde la seguridad personal es un derecho que amparan nuestras leyes para que el ser
humano, niño o adulto, mujer u hombre pueda vivir en un ambiente de paz. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan la protección de la persona, la familia
y las propiedades. El espíritu de la Constitución es brindar a todos, sin distinción, el
derecho a vivir bajo el amparo de las leyes y la protección legítima de las autoridades, esto
deriva las llamadas Garantías de Seguridad. Derecho es una materia importante que como
se puede ver es un conjunto de normas que interactuan en la sociedad y en el hombre, el
derecho positivo se derivan varias áreas las cuales se pueden clasificar en Público y
privado, ahora bien dentro del derecho público se encuentra el derecho Constitucional este
se define como el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las
funciones de sus órganos y a las relaciones de éstos entre sí y con los particulares. Las leyes
no sólo amparan al individuo reconociéndole sus derechos, sino que también le señalan
obligaciones, a él y a todos los grupos. Todo aquello con el fin de que la sociedad viva en
un ambiente de respeto, solidaridad, confianza y tranquilidad. Por lo que en este trabajo se
invita al lector a conocer muy afondo y profundo análisis sobre dos artículos de las
garantías de seguridad, los cuales estamos hablando del artículo 14 y 16 constitucional, los
cuales velan porque los derechos de los ciudadanos no resulten afectados debido a
procedimientos ilícitos cometidos por la autoridad. Y entender la importancia de las
garantías dentro de la constitución con el fin de conocer y comprender el artículo 14 en
donde sus garantías son importantes dentro de la Seguridad Jurídica y el artículo 16 que
goza de garantías de seguridad lo cual nos ayuda a todo a vivir con seguridad y paz en la
sociedad. Utilizo varias vías informáticas como libros de derecho, enciclopedias Manuales,
la INTERNET y CD ROM los cuales son enciclopedias que ayudan a una formación de
visión futurista, pero principalmente me baso en libros de autores muy reconocidos
doctores prestigiados, en el mundo jurídico, los cuales nos aportan grandes riquezas
culturales para que nosotros podamos conocer más de este tipo de temas los siguientes son
fuentes de información que utilizó, y no olvidemos de antemano que por lógica utilizó
nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ya que va a fin al proyecto, Iván Escalona
Moreno.
DERECHO CONSTITUCIONAL
- GARANTÍAS INDIVIDUALES -
Derecho para todo individuo
Hombre y mujer = ante la ley
Protección a los indígenas
12. NO reconocimiento de títulos nobiliarios
13. Todos iguales frente a la ley
2. Prohibida la esclavitud
4. Planificación familiar
5. De trabajo
6. De expresión
7. De imprenta
8. De petición
9. De asociación y reunión
10. De posesión y portación de armas
IGUALDAD
LIBERTAD
11. De tránsito
12. De religión 28. De comercio
14. Irretroactividad de la Ley
Derecho de audiencia, de ser juzgado por tribunales y con un procedimiento conforme a las
leyes ya expedidas
15. No extradición de reos políticos
16. FUNDAMENTACIÓN y motivación de actos de
autoridad
17. Justicia pronta y gratuita
18. Prisioneros
19. Detención de 3 días ante juez para proceso penal
20. Garantías mínimas en proceso penal
21. Competencia exclusiva del poder judicial para imponer
penas
22. Pena de muerte y prohibición de penas humillantes
27. Derecho de propiedad
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.
BURGOA DICE “Se que nos declaremos adictos a las tesis aristotélicas elemental en
materia política, es decir, aquella que asienta que el hombre es un ser esencialmente
sociable (zoon politikon), o sea que aceptemos la doctrina de Rousseau, para quien la
existencia aislada e individual del ser humano precede a la formación social, lo cierto es
que no se puede concebir al sujeto fuera de la convivencia con sus semejantes. Por ende,
podemos decir que la vida en común que la convivencia humana, son sinónimos de
relaciones sociales entre los miembros de una determinada sociedad. La soberanía, cuyo
término deriva de la conjunción “super-omnia”, o sea sobre – todo, es un atributo del poder
del Estado, de esa actuación suprema desarrollada por y dentro de la sociedad humana, que
SEGURIDAD JURÍDICA
PROPIEDAD
supedita todo lo que en ella existe, que subordina todos los demás poderes y actividades
que se despliegue en su seno. La soberanía, en cuanto a sus notas de titularidad y
radicación, y por lo que concierne a sus implicaciones de autonomía (auto limitación y
autodeterminación e independencia, históricamente no aparece la misma en los distintos
regímenes sociales y políticos que se han sucedido. El concepto de soberanía, tal como lo
forjan los autores modernos como Jellinek, Posada, etc., se encuentra en todo sus términos
en nuestra constitución de 1917. En efecto, al constituiste el pueblo mexicano con
personalidad real de la soberanía. Pues bien, la FUNDAMENTACIÓN real de la soberanía,
como poder social supremo, que ficticiamente se imputa al Estado, que es la forma en que
se organiza política y jurídicamente una sociedad humana, se atribuye por el artículo 39
constitucional al pueblo mexicano. Las facultades de autodeterminación y de
autolimitación, que son las capacidades siempre coexistentes del concepto de soberanía
popular y que participan, por ende, de su carácter de inalterabilidad, también están
implicadas en nuestro orden constitucional. Por otra parte, e independientemente de las
consideraciones anteriores las garantías individuales, que con mejor denominación deben
llamase “garantías del Gobernado”, denotan esencialmente el principio de seguridad
jurídica inherente a todo régimen democrático. Dicho principio no es sino el de juridicidad
que implica la obligación ineluble de todas la autoridades del Estado en el sentido de
someter sus actos a Derecho. (LIBRO DE BURGOA, pag. 155 – 161)
DELGADILLO DICE: “Las garantías individuales, como ya se indicó, la dualidad
autoridad libertad ha hecho necesario establecer cuáles son las libertades que los
individuos, como miembros de un Estado, tiene, y que, además, constituyen un límite al
ejercicio de la autoridad. Corresponde a los revolucionarios franceses de 1789 el mérito de
haber redactado e impuesto a la autoridad la “Declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano”, que han sido reconocidos por todas las naciones del planeta, y que se expresan
fundamentalmente como derechos de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. La
garantía de igualdad, Los artículos 1º, 2º, contiene la garantía que se concreta en el
propósito de evitar privilegios que provoquen injusticias entre los hombre en razón de raza,
posición política o económica, religión, etc. Ya que frente a la ley cualquier persona debe
tener las mismas ventajas que tiene las demás. Es convenientes aclarar que el principio de
igualdad no puede traducirse en tratar igualar a todos, puesto que no todos los individuos
tiene las mismas características, son en tratar igual a los que se encuentran en igualdad de
condiciones, ya que si se tratara igual a un ignorante que a un profesional, el trato sería
injusto; por tanto, el principio se enunciará en trato igual a los iguales y desigual a los
desiguales. La garantía de libertad, las ideas desarrolladas durante la Revolución Francesa
de 1789 de que todos los hombre nacen libres e iguales, pero para la mejor realización de
sus fines limitan su esfera de libertades e instituyen la autoridad, ha hecho necesario el
establecimiento del mínimo de libertades en el texto de la Carta Fundamental, que en el
caso de nuestro país se encuentran consagradas en los artículo 2º, 4º, 5º, , 8,º 9º, 10, 11,
24 y 28. La libertad de expresión se encuentra consagrada en los artículos y con la
sola limitación de que con su ejercicio no se afecte a otras personas, y la libertad de
petición a las autoridades que establece el artículo 8º, sujeta a que se realiza por escrito y de
manera pacífica y respetuosa, los cual obliga a resolver lo que proceda en un breve término,
mismo que la Suprema Corte ha interpretado que será el máximo de 90 días.”1 (pág 95 -
100)
Art. 1 Constitucional “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las
garantías que otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino
en los casos y con las condiciones que ella misma establece” BURGOA DICE: Consagra
una garantía individual específica de igualdad, puesto que considera posibilitados y capaces
a todos los hombres, sin excepción, de ser titulares de los derechos subjetivos públicos
instituidos por la propia Ley fundamental, el alcance personal de esta garantía específica de
igualdad se extiende, como dice el constitucional, a todo individuo; es decir, a todo ser
humano independientemente de su condición particular congénita (raza, sexo, etc.) o
adquirida. Ahora bien el propio artículo de la Constitución declara que las garantías
individuales sólo pueden restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que
dicho ordenamiento supremo establece, por lo tanto, implicando la abolición de las
garantías individuales una transformación radical del sistema jurídico estatal, puesto que se
erigiría el Estado en totalitario en el sentido actual del vocablo, el Congreso de la Unión y
la Legislaturas de los estados no tiene facultad para suprimirlas; puede, sí, modificarlas o
restringirlas pero siempre conservando su finalidad tutelar esencial. (261 y 265)
1 Delgadillo, Introducción al Derecho positivo Mexicano” Segunda edición, Editorial: Limusa, México, 1994, pág 95.
BURGOA DICE: Artículo segundo constitucional: El contenido dispositivo de este
precepto consagra otra garantía específica de igualdad. Establece en efecto tal artículo
“Está prohibida la esclavitud en los Estados Unido Mexicanos. Los esclavos del extranjero
que entren al territorio nacional, alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección
de las leyes”- La esclavitud, es en términos generales, una situación en la que un individuo
ejerce sobre otro un poder de hecho ilimitado, en virtud del cual este último se supedita
incondicionalmente al primero. El esclavo, de esta guisa, no tiene ningún derecho frente al
amo. (266)
Cabe concluir, por ende que el artículo 2 constitucional es trasunto de la tendencia
humanista que siempre ha caracterizado al constitucionalismo mexicano frente al infame
tráfico de negros que varios países, durante el siglo antepasado, auspiciaban o toleraban,
haciendo subsistir la esclavitud. (272)
El artículo 4 constitucional: 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera
libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda
persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de ésta Constitución. Toda familia tiene
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Es deber de los padres preservar el
derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental.
La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las
instituciones públicas- BURGOA DICE: El artículo 4 de la Constitución, según quedó
concebido por el mencionado decreto, establece los siguientes: “El varón y la mujer son
iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”, “Toda
persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y
el espaciamiento de sus hijos”, la disposición constitucional transcrita es justificadamente
criticable por diferentes razones que vamos a exponer como la igualdad jurídica entre el
hombre y la mujer ha existido en México desde hace varios lustros, por lo que su
proclamación en la Ley Fundamental de la República resultó innecesaria. En efecto, desde
el punto de vista civil, político, administrativo y cultural, la mujer ha tenido los mismo
derechos y obligaciones que el varón, bastando la simple lectura de diferentes
ordenamiento concernientes a dichas materias para corroborar este aserto. (275)
El mismos artículo constitucional contiene, además, la declaración de queToda familia
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” previniendo que será la ley
secundaria la que establezca “los instrumentos o apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo.
BURGOA DICE: El artículo 12 constitucional. Este precepto consigna otra garantía
específica de igualdad al disponer que “en los Estados Unidos Mexicanos no se concederán
títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los
otorgados por cualquier otro país” La prevención constitucional transcrita implica la
negación de la diferencia entre los individuos integrantes de la población mexicana
proveniente de una artificiosa jerarquía social. La garantía individual que consagra el art.
12 constitucional implica la obligación para el Estado y sus autoridades de reputar a todo
sujeto, en cuanto hombre, situado en la misma posición que los demás, sin qie sea dable
otorgar prerrogativas ni privilegios a unos en detrimento de otros, o viceversa. (278 – 279)
BURGOA DICE: El artículo 13 constitucional. Para delimitar el alcance de la primera de
las garantías de igualdad que comprende el artículo 13 constitucional, hay que precisar el
concepto fundamental que se emplea en su redacción: en donde toda disposición legal
desde el punto de vista material, es u acto jurídico creador, modificativo, extintivo o
regulador de situaciones jurídicas abstractas, esto es, impersonales y generales. Por ende, el
acto jurídico legislativo establece normas que crean, modifican, extinguen y regulan de
cualquier modo estados generales, impersonales, es decir, sin contraerse a una persona
moral o física particularmente considerada o a un número determinado de individuos. (281)
LIBERTAD. La libertad social u objetivo del hombre se revela como la potestad
consistente en realizar trascendentalmente los fines que él mismo se forja por conducto de
los medio idóneos que si arbitrio le sugiere, que es en lo que estriba su actuación externa, la
cual sólo deber tener las restricciones que establezca la ley en aras de un interés social o
estatal o de un interés legítimo privado ajeno.
Artículo quinto constitucional. Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode, siendo lícitos. El
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se
ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado
del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada
Estado cuales son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones
que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá
ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cuál se
ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que
establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los de jurados, así como el desempeño
de los cargos concejales y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciona
electorales y censales, tendrán carácter obligatorio y gratuito. Los servicios profesionales
de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las
excepciones que esta señale. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún
contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el
irrevocable sacrificio de la libertad de la persona, ya sea por causa de trabajo, de
educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de
ordenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan
erigirse. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o
destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada
profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio
convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del
trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de
cualquiera de los derechos políticos o civiles.
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, solo
obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda
hacerse coacción sobre su persona.
BURGOA DICE: La libertad de trabajo es una de las garantías que más contribuyen
a la realización de la felicidad humana, en lo que se resuelve toda la teleología del
hombre dentro de un terreno de normalidad. En efecto, generalmente el individuo
suele desempeñar la actividad que más esté de acuerdo con si idiosincrasia, con sus
inclinaciones naturales e innatas, Es por esto que la libertad de trabajo, concebida
como la facultad que tiene el individuo de elegir la ocupación que más le convenga
para conseguir sus fine vitales.
Artículo constitucional. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral,
los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a
la información será garantizado por el Estado.
Ésta es otra garantía específica de libertad que consagra nuestra constitución en el
artículo 61, que dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los
derecho de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público”. La libertad de
expresión del pensamiento es la amenaza que más temen los autócratas y oligarcas de
cualquier tipo contra el mantenimiento coactivo y represivo del estado de cosas que se
desempaña por conservar. (348 – 349)
Artículo 7 constitucional. Artículo 7 Es inviolable la libertad de escribir y publicar
escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa
censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta,
que no tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En
ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes
orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de
las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros",
operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito
denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos.
BURGOA DICE: Libertad de imprenta, esta libertad específica es uno de los derecho
más preciados del hombre por medio de su ejercicio no sólo se divulga y propaga la
cultura, se abren nuevos horizontes a la actividad intelectual, sino se pretenden
corregir errores y defectos de gobierno dentro de un régimen jurídico. La libertad de
imprenta es una conquista netamente democrática. (358)
Artículo 8 constitucional. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán
el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera
pacifica y respetuosa pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los
ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en
breve termino al peticionario.
BURGOA DICE: Libertad de petición, esta es otra garantía específica de libertad es
la que se conoce con el nombre de derecho de petición, y que está consagrada en el
artículo 8 constitucional, la existencia de este derecho como garantía individual es la
consecuencia de una exigencia jurídica y social de un régimen de legalidad. En efecto,
sociología e históricamente el derecho de petición se revela como la exclusión p
negación de la llamada vindicta privada. (375 – 376)
Artículo 9 constitucional. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la
República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna
reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerara ilegal, y no podrá ser
disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una
protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se
hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el
sentido que se desee.
BURGOA DICE: Libertad de reunión y asociación, esta garantía individual se refiere
a dos especies de libertades: la de reunión y la de asociación. Por ende, hay que
delimitar a ambas, fijando sus características y diferencias. Por derecho de asociación
se entiende toda potestad que tiene los individuos de unirse para constituir una
entidad o persona moral. (380)
Artículo 10 Constitucional. Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos
Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legitima
defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el
uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal
determinara los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrán autorizar a los
habitantes la portaron de armas.
BURGOA DICE. Libertad de posesión y portación de armas, la libertad de posesión
de armas de cualquier clase para la seguridad y legítima defensa de un sujeto,
contenida en el original artículo 10 constitucional a título de garantías individual,
implicada la obligación para el Estado y sus autoridades, consistente en respetar al
poseedor de las misma su posesión, no despojándolo de dichos objetos. La portación
de armas este acto implica una tendencia concreta, circunstancial, de tales objetos.
(394 – 395)
Artículo 11 constitucional. Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la
República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de
carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio
de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los
casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo
que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y
salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el
país.
BURGOA DICE: Cabe advertir que la libertad de transito, que como garantía
individual instituye el precepto constitucional que comentamos, únicamente se refiere
al desplazamiento o movilización física del gobernado. Por ende, dicha libertad no
comprende la prestación de ningún servicio, ni excluye la potestad de las autoridades
federales o locales. (399)
Artículo 24 constitucional.
BURGOA DICE: La libertad religiosa, comprende dos libertades propiamente dichas;
la mera profesión de una fe o una religión como acto ideológica de sustentación de
determinado principios, ideas, etc. Respecto de Dios y de la conducta humana frente a
Él, y la cultural, traducida en una serie de prácticas externas que tiene como fin
primordial la veneración divina y el perfeccionamiento religioso-moral del individuo.
(405)
Artículo 28 constitucional. La libre concurrencia es un fenómeno económico a virtud
del cual todo individuo puede dedicarse a la misma actividad perteneciente a un
determinado ramo, que aquella a cuyo desempeño se entregan otras personas. La idea
de libre concurrencia descarta la del exclusivismo de una función económica, esto es,
implica la prohibición de que una persona o un grupo de individuos determinados
tengan el privilegio o la prerrogativa de desplegar una cierta actividad, sin que ésta
sea susceptible de ejercitarse por otros sujeto. (411)
SEGURIDAD JURÍDICA.
Al empezar a desarrollar primero se debe tener idea sobre la seguridad jurídica, en
las relaciones entre gobernantes, como representante del Estado, y los gobernados, se
suceden múltiples actos, imputable a los primeros, que tienden a afectar la esfera
jurídica por unos segundos. En otras palabras, el Estado, en ejercicio del poder de
imperio de que es titular como entidad jurídica y política suprema con substantividad
propia, desempeña dicho poder sobre y frente a los gobernados por conducto de sus
autoridades. El estado, al desplegar su actividad de imperio, al asumir su conducta
autoritaria, imperativa y coercitiva, necesariamente afecta la esfera o ámbito jurídico
que se atribuye a cada sujeto como gobernado, bien sea en su aspecto de persona física
o de entidad moral. FAGOTHEY DICE: Todo acto de autoridad, emanado por
esencia del Estado y desempeñado por los diferentes órganos autoritarios estatales
creados por el orden de derecho, tiene la finalidad inherente, a imponerse a alguien
diversas maneras y por distintas causas; es decir, todo acto de autoridad debe afectar
a alguna persona moral o física en sus múltiple derecho: vida, propiedad, libertad, etc.
Fagothey indica “la libertad igual para todos, en este caso los derechos están limitados
a actos externos, la legalidad está separada de la moralidad, que es la única que le
confiere sentido; todos los derechos pueden renunciarse libremente, y podemos tener
el derecho de realizar actos a condición que no perjudiquen a otro”2
Artículo 14 constitucional.
RICARDO SOTO dice: Garantías de Igualdad. Jurídicamente todos los seres
humanos somos iguales, esta garantía se pueden encontrar en los artículos, 1, 3, 4, 12,
13 y 123 de la constitución mexicana. Garantías de Libertad. – el valor inseparable del
ser humano que nos permite realizar lo que deseamos por medio de la voluntad, pero
sin perjudicar o coaccionar la libertad de los demás. En esta garantía se puede
encontrar en los artículos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 24 y 123. Garantía de Seguridad.- El
2 Fagothey Austin, “Ética teoría y aplicación”, Editorial: Mc Graw Hill, México, 1992, Pag. 190
respeto a la integridad física, mental y espiritual, es el principio básico de toda una
perfecta convivencia en sociedad, en esta garantía se encuentran los artículos 4, 10, 14,
15, 16, 17, 22 y 23 de nuestra constitución. Garantías de Propiedad. En donde el
estado reconoce y respeta. Es esta garantía se encuentra en el artículos 27 de nuestra
constitución. En el
ARTICULO 5, toda profesión, industria, comercio o trabajo ilícitos no gozan de la
protección constitucional, por lo que su ejercicio puede y deber ser impedido, en
beneficio de la sociedad, lo que un individuo se ha ganado con su trabajo merece el
respeto y la protección de las leyes y de las autoridades, pero hay ocasiones en que su
afectación se encuentran perfectamente injustificada. Las leyes no sólo amparan al
individuo reconociéndole sus derechos, sino que también le señalan obligaciones, a él y
a todos los grupos. Todo aquello con el fin de que la sociedad viva en un ambiente de
respeto, solidaridad, confianza y tranquilidad. México es una República
representativa, democrática y federal, gobernada bajo las leyes de la Constitución
promulgada en 1917, esto esta escrito en el artículo 40 de nuestra constitución. La
forma de gobierno en México es republicana, la nación es una sociedad natural de
hombre con unidad de territorio, origen, costumbres, idioma, religión, tradiciones,
historia, formas de vida y aspiraciones. Estos son lazos sociológicos que la unen y la
proyectan a un destino común. Por lo que México jurídicamente es un Estado porque
tiene una población que posee un territorio y reconoce un gobierno que lo presenta y
dirige. Entonces hay que mencionar la importancia ya que es el uno de los elementos
del estado que es el gobierno. La sociedad necesita de una voluntad que la guíe, por lo
que haciendo uso de su soberanía, crea el gobierno, como un elemento de poder, de
dirección, de realización y de control de los fines del Estado, asó como para detectar
necesidades y planificar y organizar actividades que beneficien a la población en todos
los aspectos. El gobierno organiza la vida en común, haciendo uso del poder que el
pueblo le ha otorgado. El gobierno debe velar por la protección y seguridad de los
habitantes del país. Sufragio Universal dice Soto Pérez “Consiste en conceder la
intervención en la función electoral a todos los nacionales de un país que hayan
llegado a la mayoría de edad, sin importar su sexo, raza, instrucción, etc. Privándose
del voto solamente a aquellos que por alguna causa legal tengan ese derecho en
suspenso”3 La federación; es una entidad mayor (Los Estados Unidos Mexicanos),
formada o compuesta por entidades federativas (Aguascalientes, Colima, Chihuahua,
Guerrero, Durango, etc.) unidas mediante un pacto (La Constitución política) que
firman sus representantes Las garantías individuales que consagran, Dentro de este
artículo encontramos cuatro garantías: la de irretroactividad de las leyes, la de
audiencia, la de legalidad en materia civil y la exacta aplicación de la ley en materia
penal”. Al hablar entonces de la garantía de irretroactividad estamos hablando de que
las leyes prohiben que, por virtud de una nueva ley, puedan afectarse situaciones o
derechos constituidos conforme a una ley anterior. El artículo 16. Este artículo
prohibe a las autoridades a inferir a los particulares todo género de molestias
(aprehensión, cateos, visitas domiciliarias, etc.) a menos que se llenen determinadas
exigencias que así lo justifiquen y siempre que se realizasen cumpliendo con los
requisitos establecidos por el referido artículo. (47 – 61). BURGOA DICE “Ideas sobre
la Seguridad Jurídica. En las relaciones entre gobernantes, como representante del
Estado, y los gobernados, se suceden múltiples actos, imputable a los primeros, que
tienden a afectar la esfera jurídica por unos segundos. En otras palabras, el Estado, en
ejercicio del poder de imperio de que es titular como entidad jurídica y política
suprema con substantividad propia, desempeña dicho poder sobre y frente a los
gobernados por conducto de sus autoridades. El estado, al desplegar su actividad de
imperio, al asumir su conducta autoritaria, imperativa y coercitiva, necesariamente
afecta la esfera o ámbito jurídico que se atribuye a cada sujeto como gobernado, bien
sea en su aspecto de persona física o de entidad moral. Todo acto de autoridad,
emanado por esencia del Estado y desempeñado por los diferentes órganos
autoritarios estatales creados por el orden de derecho, tiene la finalidad inherente, a
imponerse a alguien diversas maneras y por distintas causas; es decir, todo acto de
autoridad debe afectar a alguna persona moral o física en sus múltiple derecho: vida,
propiedad, libertad, etc. Dentro de un régimen jurídico, esto es, dentro de un sistema
que impere el derecho, bien, bajo un carácter normativo legal o bajo un aspecto
consuetudinario que opera en el status de cada gobernado, debe obedecer a
determinados principios previos. (504) EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL,
3 Soto Pérez, Nociones de Derecho Mexicano, Segunda edición, Editorial: Esfinge, pag. 66
BURGOA ORIHUELA: Este precepto reviste una trascendental importancia dentro de
nuestro orden constitucional, a tal punto, que a través de las garantías de seguridad jurídica
que contiene, el gobernado encuentra una amplísima protección a los diversos bienes que
integran su esfera de derecho. (505)
El problema de la retroactividad legal se conoce también como conflicto de leyes en el
tiempo, o sea, que se traduce en la cuestión consistente en determinar, en presencia de dos
leyes, una antigua, que se supone derogada o abrogada, y otra nueva o vigente, actual, cuál
de las dos debe elegir a un hecho, acto, fenómeno, estado, situación, etc. (506)
Sin embargo el principio de la no retroactividad de la ley es más fácil de enunciar, su
aplicación real resulta complicada, pues en vista de multitud de situaciones prácticas que en
la vida jurídica pueden presentarse y de hecho acaecen, es una cuestión no poco ardua
determinar en qué casos una norma legal es retroactiva. (507)
TEORÍA CLÁSICA, para brindar un criterio con el fin de determinar cuándo una ley es
retroactiva en las hipótesis en que no se trate de hechos a actos simples (sin consecuencias
jurídicas de realización constante y reiterada) y ya consumados, la teoría clásica, que sobre
el particular se ha elaborado y cuyo principal exponente es BLONDEAU, parte de la
distinción entre derechos adquiridos y las meras expectativas de derecho. (508)
Por otra parte, aplicando en su rigor las ideas sostenidas por la teoría clásica, un derecho
condicional, como lo hace notar PAUL ROUBIER, siempre sería afectado por una ley
nueva, no vigente en el momento en que el acto causal se hubiese celebrado, sin ser
retroactiva. (509)
BONNECASE aduce un criterio para resolver la cuestión de la retroactividad de las leyes,
partiendo de su tradicional distinción entre situaciones jurídica abstractas u situaciones
jurídicas concretas. (510)
Una ley será retroactiva cuando se aplique a un hechos realizado durante su vigencia, para
cuyo examen de justificación o injustificación tenga que recurrirse al acto que le dio origen,
el cual se supone tuvo verificativo bajo el imperio de la ley anterior. Por el contrario, una
ley no será retroactiva cuando se aplique a un hecho realizado durante su vigencia, para
cuya justificación no se tenga que acudir al acto generados celebrado bajo el imperio de la
norma abolida. (511). Aplicando la reglas generales mencionada acerca de cuándo una ley
puede reputarse como retroactiva. Coviello consigna una especia de clasificación de
diversos grupos de normas jurídicas por lo que concierne a su aspecto de retroactividad
cuando obran hacia el pasado (512). Se expresa así el mencionado autor (PAUL ROUBIER)
“La base fundamental de la ciencia de los conflictos de leyes en el tiempo, es la distinción
entre efecto retroactivo y el efecto inmediato de la ley- El efecto retroactivo es la aplicación
al pasado; el efecto inmediato es la aplicación al presente.” (523)
Es evidente, como los sostiene ROUBIER, que los hechos plenamente consumados antes de
la vigencia de una norma jurídica no puede ni deben se regidos por ésta, sino por una ley
que hubiere estado en vigor en la época que haya acaecido, según el principio tempus regit
actum. (514)
Pues bien suele darse el caso muy frecuente en la realidad, de que el efecto o la
consecuencia de un acto causal se produzca bajo el imperio de una ley distinta de la que
regía en el momento en que éste se realizó. (515). La misma Suprema Corte ha establecido
una excepción importante en lo que toca a la retroactividad de las leyes, dentro del mismo
criterio de los derechos adquiridos, al asentar que, cuando éstos se encuentren en pugna con
el orden público” o con el “interés general”, pueden ser afectado por una ley nueva.
Además, tratándose específicamente de la leyes agrarias, la Sala administrativa de dicho
alto tribunal ha considerado que si aplicación no adolece del vicio de retroactividad aunque
lesiones derechos adquiridos o afecte situaciones creadas con anterioridad a tales
ordenamientos. (516 – 517)
Ahora bien, cuando se trata de disposiciones que no proclamen los postulados
fundamentales que caracterizan el espíritu económico, social, político y cultural de la
Constitución su respectiva reforma sólo debe regir hacia el futuro. (518)
La idea central que involucra tal criterio consiste en que cuando el gobernado haya estado
desempeñado una actividad sin restricción o normalicen laguna y por efecto del principio
que enseña “los particulares puede hacer todo aquellos que la ley les prohiba o impida
(519)
La no retroactividad legal se ha consignado en nuestro artículo 14 constitucional como
contenido de un derecho público subjetivo derivado de la garantía correspondiente. Ese
derecho tiene como obligación estatal y autoritaria correlativa, la consistente en que toda
autoridad del Estado será impedida para aplicar la ley retroactivamente en perjuicio de una
persona. (520)
Por último, para que la aplicación retroactiva de una ley implique la contravención a la
garantía individual relativa es menester que los efectos de retracción originen un perjuicio
personal. Por ende, interpretado a contrario sensu el primer párrafo del artículo 14
constitucional. (521)
En cuanto al antiguo DERECHO ESPAÑOL, encontramos el principio de la
irretroactividad de las leyes en caso todos los ordenamientos constitutivos de un sistema
jurídico positivo (522)
En el DERECHO ANGLOSAJÓN, a través de los diferentes estatutos que, en unión del
derecho consuetudinario, lo integran, descubrimos también el principio de la
irretroactividad de las leyes. (523). La garantía de audiencia, una de las más importantes
dentro de cualquier régimen jurídico, ya que implica la principal defensa de que dispone
todo gobernado frente a actos del Poder Político que tiendan a privarlo de sus más caros
derechos y sus más preciados intereses, está consignada en el segundo párrafo de nuestro
artículo 14 de la Constitución el cual dice: “Nadie puede ser privado de la vida, de la
libertad, de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”4. La garantía de
audiencia está contenida en una fórmula compleja e integrada por cuatro garantías
específicas de seguridad jurídica, a las cuales posteriormente nos referiremos, y que son: La
de que en contra de la persona, a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos
tutelados por dicha disposición constitucional, se siga un juicio. Que tal juicio se substancie
ante tribunales previamente establecidos. Que en el mismo se observen las formalidades
esenciales del procedimiento.
Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o
circunstancia que hubiere dado motivo al juicio. El hablar de la rigidez de la disposición del
segundo párrafo, concebida en sus propios términos en el proyecto de Constitución
elaborado por Venustiano Carranza. La garantía de audiencia en nuestro art. 14
constitucional se integra, según se ha afirmado mediante cuatro garantías específicas de
seguridad jurídica, los cuales son; el juicio previo al acto de privación; que dicho juicio de
haga ante los tribunales previamente establecidos, el cumplimiento de las formalidades
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Editorial: Porrúa, México, 1992, Pag. 13.
procesales esenciales; y la decisión jurisdiccional ajustada a las leyes vigentes con
antelación a la causa que origine el juicio. La definición del concepto de “derecho
subjetivo” ha dado lugar en la Filosofía del Derecho a diversas teorías. (525 547). LAS
GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA INTEGRANTES DE LA AUDIENCIA,
hemos afirmado que la garantía de audiencia se compone, en los términos del artículo 14
constitucional, de cuatro garantías específicas, necesariamente concurrentes, y que son: el
juicio precio a la privación; que dicho juicio siga ante tribunales establecidos con
antelación; que en el mismo se observen las formalidades procesales esenciales, y que el
hechos que diere origen al citado juicio se regule por leyes vigentes con anterioridad (548 –
549) Ahora bien, desde el punto de vista de los efectos del acto de privación, dicho
procedimiento de los efectos del acto de privación, dicho procedimiento puede sibtanciarse
ante autoridades materialmente jurisdiccionales o materialmente administrativas, o formal y
materialmente judiciales. (550)
No debe confundirse la preexistencia de la oportunidad legal defensiva al acto de
privación, con la impunidad de éste mediante recursos que consignen las leyes normativas
de dicho acto. (551) En resumen, cuando se trate de acto administrativos de imperio que se
deban realizar frente al gobernado y que tiendan a privarlo de alguno de los bienes jurídicos
protegidos por el artículo 14 constitucional, el “juicio a que este precepto alude, puede
traducirse en un procedimiento legal que se substancie ante la misma autoridad de la que
emanen los citados actos o ante su superior jerárquico como ya lo dijimos. (552)
Ante autoridades judiciales que los sean formal o materialmente hablando, cuando el bien
materia de la privación sea la vida o la libertad personal y, en general, cuando se trate de
la matera penal, con apoyo en los previsto por el artículo 21, primera parte de la
Constitución. El concepto de Juicio que no ha sido explicado por la Suprema Corte en
términos claros y precisos para fijar su alcance como primera garantía específica
constitutiva de la de audiencia, según puede observarse de las transcripciones anteriormente
hechas y que según nuestra opinión debe traducirás en los diversos procedimientos. A
través de la segunda garantía específica de seguridad jurídica que concurre en la integración
de la de audiencia, el juicio cuya connotación hemos delineado, debe seguirse ante
tribunales previamente establecidos. Esta exigencia corrobora la garantía implicada en el
art. 13 constitucional, en el sentido de que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales
(o por comisión), entendiéndose por tales los que no tienen una competencia genérica, sino
casuística, o sea, que su actuación se contraiga a conocer de un determinado negocio para
el que se hubieren creado exprofesamente. Por tanto, el adverbio “previamente”, empleado
en el segundo párrafo del art. 14 constitucional, no debe conceptuarse como significativo de
mera antelación cronológica, sino como denotativo de la preexistencia de los tribunales al
caso que pudiese provocar la privación, dotados de capacidad genérica para dirimir
conflictos en número indeterminado” (553 - 555). ALGUNA EXCEPCIONES A LA
GARANTÍA DE AUDIENCIA. Como toda la de audiencia no opera por modo absoluto.
Ellos quiere decir, que por regla general todo gobernado, frente, La garantía de audiencia,
una de las más importantes dentro de cualquier régimen jurídico, ya que implica la
principal defensa de que dispone todo gobernado frente a actos del Poder Político que
tiendan a privarlo de sus más caros derechos y sus más preciados intereses, está consignada
en el segundo párrafo de nuestro artículo 14 de la Constitución el cual dice: “Nadie puede
ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones, propiedades o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho”5. La garantía de audiencia está contenida en una fórmula compleja e
integrada por cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, a las cuales posteriormente
nos referiremos, y que son: La de que en contra de la persona, a quien se pretenda privar de
alguno de los bienes jurídicos tutelados por dicha disposición constitucional, se siga un
juicio. Que tal juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos. Que en el
mismo se observen las formalidades esenciales del procedimiento. Que el fallo respectivo
se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere
dado motivo al juicio. Al entender o tener un concepto intuitivo de Tribunales no debe
entenderse como su aceptación meramente formal, o sea, considerarse únicamente como
tales a los órganos del Estado que estén constitucional o legalmente adscritos al Poder
Ejecutivo federal o local, sino dentro de dicho concepto se comprende a cualquiera de las
autoridades ante las que deben seguirse el juicio” de que habla el segundo párrafo del art.
14 constitucional. El Juicio, esta se puede decir como la primera garantía específica
constitutiva de la de audiencia, en donde se puede decir que son un elemento previo al acto
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Editorial: Porrúa, México, 1992, Pag. 13.
de privación, Juicio es por tanto una institución o conjunto de actos solemnes, detallados en
la ley, a través de los cuales se resuelven los conflictos de intereses entre las partes, en
presencia de una autoridad judicial que decide, previa presentación ante la misma de las
alegaciones y pruebas de sus respectivos asertos. Dichos actos se consideran de iniciación,
de desarrollo y de conclusión, pero no es posible indicar una idea general del juicio porque
ésta varía en función de una tipología concreta. En el segundo párrafo menciona la palabra
privación, ya que esta utilizada en el segundo párrafo del art. 14 constitucional es sinónima
de la siguiente expresión: “por medio de”. Por tanto en el juicio de que se habla es un
medio para privar a alguna persona de cualquier bien jurídico, es decir, si la “privación”, es
el fin, obviamente el procedimiento en que aquél se traduce debe preceder al acto privativo.
Los tribunales establecidos, estos están integrados en la garantía de audiencia, no debe
entenderse en su acepción meramente formal, o sea, considerarse únicamente como tales a
los órganos del Estado que estén constitucional o legalmente adscritos al Poder Ejecutivo
federal, sino que dentro de dicho concepto se comprende a cualquiera de la autoridades
ante las que debe seguirse el “juicio” el cual se menciona en el segundo párrafo del art. 14
constitucional.
En el art. 14 también menciona que, esto se deben cumplir formalidades esenciales, estas se
encuentran su razón de ser en la propia naturaleza de todos procedimiento en el que se
desarrolle una función jurisdiccional, esto es, en el que se pretenda resolver un conflicto
jurídico, bien sea que éste surja positivamente por haberse ejercitado la defensa respectiva
por el presunto afectado, o bien en el caso de que se haya otorgado la oportunidad de que se
suscite sin haberse formulado oposición alguna. En la garantía de audiencia falta mencionar
el cual es conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, Montiel dice este
apartado como esta garantía específica corrobora la contenida en el párrafo primero del
art. 14 constitucional, o sea, la de la no retroactividad legal y, por tanto, opera respecto a las
normas substantivas que deban aplicarse para decir el derecho en el conflicto jurídico, pues
por lo que concierne a las adjetivas, éstas, en la mayoría de los casos, pueden dotarse de
eficacia retrospectiva” Por lo que falta mencionar que como toda garantía individual, la de
audiencia no opera por modo absoluto. Ello quiere decir, que por regla general todo
gobernado, frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los
bienes jurídicos tutelados por el art. 14 constitucional, goza de derecho público subjetivo de
que se le brinden las oportunidades defensivas y probatoria antes de que se realice en su
prejuicio el acto privativo. (558 – 573)
GARANTÍA DE LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.
Esta garantía de seguridad concebida en los siguientes términos: “En los juicios del orden
criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena
alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate”6
Burgoa dice “Dicha garantía tiene como campo de vigencia la materia procesal penal e
implica el tradicional principio de legalidad que se enuncia nulla poena, nullum delictum
sine lege, Este postulado establece la bifurcación de la legalidad sobre dos elementos: los
delitos y las penas.”7 En el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, habla sobre el
llamado Juicios del orden criminal, dicho principio de legalidad, en la estimación delictiva
de un hecho humano, no se contiene expresa y directamente. Sin embargo, por inferencia
jurídica, a través de la interpretación del concepto legal de “delito”, podemos considerarlo
involucrado en la mencionada disposición constitucional. Ahora bien, en el Código Penal
dice: “delito es todo acto u omisión que sancionan las leyes penales”, Ahora bien, el
artículo 14 constitucional en su tercer párrafo, remite, a través del término delito, al
concepto legal de hecho delictivo contenido en el art. 7 del Código Penal, así como
ordenamientos penales materiales, según sea el caso. Pero además, el principio de legalidad
en materia penal no sólo intenta el aspecto indicado en cuanto a la concepción delictiva de
un hecho, sino que se refiere también a las penas. De conformidad con tal postulado, bajo
este segundo carácter, está prohibida la aplicación de una sanción penal si no existe alguna
disposición legal que expresamente la imponga por la comisión de un hecho determinado.
En otras patabras, para todo delito la ley debe exprofesamente señalar la penalidad
correspondiente, principio que se encuentra en el tercer párrafo del artículo 14 de la
constitución. Ahora bien voy a explicar sobre en la parte del párrafo tercero del art. 14
constitucional el prohibir la imposición de penalidad por simple analogía y aun por
mayoría de razón; en este acto en el producto de la aplicación por analogía de una cierta
penalidad legal. Toda ley tiene un determinado objeto de regulación, el cual está constituido
por el hecho, acto, situación jurídica que norma. . Entonces al hablar de la regulación
6 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Porrúa, pág. 13
7 Burgoa, Garantías individuales, Cuadragésima edición, Editorial: Porrúa S.A., México, 1998, pág. 574
analógica que una ley establece, se traduce en la circunstancia de que ésta se hace extensiva
a aquellos casos concretos que no están en ellas previstos, pero que presentan con la
hipótesis expresamente reguladas cierta similitud. La aplicación analógica, dice Tena
Ramírez “de la ley tiene lugar cuando ésta se atribuye efectos normativos sobre casos reales
que no están previstos en ella, pero que guardan con las hipótesis expresamente reguladas
no una semejanza absoluta sino una similitud relativa, o sea, en cuanto aspectos o
elementos comunes”. La Mayoría de razón, como viene escrito en el tercer párrafo del art.
14 constitucional esto quiere decir que puede suceder que un caso concreto revele los
atributos de los factores de motivación y de teleología de una ley, genéricamente
considerado, con mayores proporciones o mayor magnitud. Entones, tomando la causa final
de la norma jurídica con vista a tales atributos y la presencia de éstos en el caso concreto, la
regulación legal puede imputarse a éste, lo que implica una aplicación por mayoría de
razón. Entonces se puede decir que al prohibir la mayoría de razón, impide que la ley que
contenga la sansión penal se haga extensiva a hechos que, aunque de mayor gravedad,
peligrosidad o antisocialidad, etc., que el delito previsto, no estén comprendidos en ellas
mediante tal prohibición la efectividad del principio. (574 – 579)
GARANTÍAS DE LEGALIDAD EN MATERIA JURISDICCIONAL CIVIL.
En este párrafo del art. 14 constitucional dice: “En los juicios del orden civil, la sentencia
definitiva deberá ser conforme a las letras o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de
ésta, se fundará en los principios generales del derecho”. Ahora bien es este párrafo lo
primero que haremos la explicación es sobre la sentencia definida, la cual Montiel la define
como “Garantía de legalidad, o sea, la resolución jurisdiccional que dirima el conflicto
jurídico substancial o fundamental en un juicio”, entonces al hablar de esto se entiende eso
por la sentencia; pero, el acto de autoridad condicionado por ella, es decir, la sentencia
definida, debe versar sobre un juicio lato sensu, esto es, sobre juicios civiles estricto sensu,
y sobre juicios mercantiles.
Ahora bien, puedo afirmar que dicha garantía de seguridad jurídica es la que en pocas
palabras rige a toda materia jurisdiccional, con excepción de la penal, traducida aquélla en
los diversos procedimientos contenciosos que se ventilan ante las autoridades judiciales
propiamente dicho o ante los órganos formalmente administrativos, como son las juntas de
Conciliación y Arbitraje. La Garantía de legalidad se puede decir que consagrada en el
cuarto párrafo del art. 14 constitucional, cuyo acto de autoridad condicionado estriba en
cualquier resolución jurisdiccional dictada en un procedimiento judicial civil, establece
como exigencia que debe cumplir la autoridad que la pronuncie, la consistente en que tal
decisión se ciña a la letra de la ley aplicable al caso de que se trate o se base en la
interpretación jurídica de la misma. La interpretación literal, de la ley implica la
extracción de su sentido atendiendo a los términos gramaticales en que su texto está
concebido. La solución de las controversias de derecho en muchas ocasiones no pueden
lograrse mediante la invocación de ninguna norma jurídica que prevea el caso concreto en
derredor del cual surge el conflicto. Esta situación ha dado un origen a uno de los
problemas más arduos con que se ha enfrentado la llamada Filosofía Jurídica y se conoce
con el nombre de lagunas de la ley. Mancilla Ovando dice “Si el texto de la ley es equívoco
o conduce a conclusiones contradictorias o confusas, su letra no debe ser la fuente de
decisiones jurisdiccionales, sino que éstas deben fundarse en su interpretación jurídica,
según ordena el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional” por lo tanto la garantía de
legalidad en materia civil, esta impone a las autoridades judiciales la obligación de fundar
sus sentencias en la letra de la ley o en la interpretación jurídica de la misma o, en último
caso, en los principios generales de Derecho, y la garantía de exacta aplicación de la ley en
materia penal, dispone que sólo podrán imponerse las penas señaladas por la ley para
diversos delitos, debiendo aplicarse precisamente la que esté prevenida para el caso, no otra
similar. (579 - 584). EL ARTÍCULO 15 CONSTITUCIONAL. Este precepto dispone: “no
se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la que de
aquellos delincuentes del orden común que hayan reunido en el país donde cometieron el
delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren
las garantías y derechos establecidos por esta constitución para el hombre y el ciudadano”
La prohibición que el transcrito artículo 15 establece, se decreta para las autoridades del
Estados que constitucionalmente deben internar en la celebración de tratados o convenios
internacionales. La extradición es el acto por el cual un Estado hace entrega a otro estados
que la reclama, de una persona a quienes se imputa la comisión de un delitos dentro del
territorio en la entidad reclamante, para juzgarla por este motivo. Ahora bien, dicho acto no
puede acordarse en ningún tratado o convenio internacional si el delito, por el que se
pretenda extraditar a su autor, es de carácter político. El artículo 15 de la Constitución
también prohibe los tratados de extradición del delincuente del orden común que haya
tenido la condición de esclavo en el país donde hubiese cometido el delito.
(pág 584 - 588)
EL ARTÏCULO 16 CONSTITUCIONAL
El artículo 16 de nuestra constitución es uno de los preceptos que imparten mayor
protección a cualquier gobernado, sobre todo a través de la garantía de legalidad que
consagra, la cual dadas su extensión y efectividad jurídicas, pone a la persona a salvo de
todo acto de mera afectación a su esfera de derecho que no sólo sea arbitrario, es decir, que
no esté basado en norma legal alguna, sino contrario a cualquier precepto,
independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento que este pertenezca. La
titularidad de las garantías consagradas en la primera parte del art. 16 constitucional, esto
se refiere en pocas palabras al hablar del término “nadie”, que es el que demarca desde el
punto de vista subjetivo la extensión de tales garantías individuales, es equivalente a
“ninguna persona”, o sea a todo individuo se refiera. B. El acto de autoridad
condicionado por las garantías consignadas en la primera parte del art. 16 constitucional,
esto se refiere al término que utiliza que es el de molestia, ya que se entiende molestia por
un perturbación en el campo de los bienes jurídicos. “Por lo que puedo decir que los actos
de autoridad que necesariamente deben supeditarse a las exigencias que establecen las
garantías consagradas en la primera parte del art. 16 constitucional, son todos los posibles
imaginables”
C. Los bienes jurídicos preservados por las garantías individuales, el decir “nadie puede
ser molestado”, significa que en cualquiera de este tipo de actos puede afectar de modo
parcial o total a una determinada persona, pero más hay que mencionar los bienes jurídicos
que menciona el art. 16 constitucional los cuales son: a su misma persona, a su domicilio,
a sus papeles o a sus posesiones. La Persona jurídicamente hablando se refiere conforme a
las investigaciones realizadas e llegado a la conclusión de que si se molesta un persona no
solamente en físico sino en su personalidad jurídica. La Familia, debe necesariamente
recaer en los elementos del gobernado, entendiéndose por tales todos lo que conciernan a su
estado civil, así como a su situación de hijo, madre, padre, etc. El domicilio, define Ponce
en su libro como Uno de sus bienes que en las diversas instituciones jurídicas de distintos
pueblos, es su propio hogar, cuya preservación, por otra parte, se establece amplia y
eficazmente a través del elemento de “posesiones” a que se alude en la constitución” Los
llamados papeles al cual se refiere el art. 16 constitucional, se puede entender partiendo de
la premisa el cual se refiere a simple hecho de decir que son los apreciados documentos de
una persona, es decir, todas las constancias escritas de algún hecho o acto jurídico” como
lo indica la Enciclopedia, por lo que se dice que los papeles gozan de un régimen propio de
un de preservación constitucional. Las posesiones, como uno puedo decir de forma vulgar
y prosaica, las posesiones es todo aquellos que le pertenece a una persona, por lo que el art.
16 respalda este tipo de elementos.
Garantía de legalidad Se dice que la garantía de mayor protección imparte al gobernado
dentro de nuestro orden jurídico constitucional, es sin duda, la de legalidad consagrad en el
art. 16 constitucional, esta contiene a la parte que dice del primer párrafo el cual es
fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Fundamentación,
significa de acuerdo lo que dice Montiel es “La fundamentación legal de la causa del
procedimiento autoritario, de acuerdo con el espíritu del legislador de 1857, consiste en que
los actos que originen la molestia de que habla el art. 16 constitucional, deben basarse en
una disposición normativa general, es decir, que esta prevea la situación concreta para la
cual procede realizar un acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice” Motivación,
este indica las circunstancias y modalidades del caso particular, estos debe encuadrar dentro
del marco general correspondiente establecido por la ley. Por lo que puedo decir que
implica una necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma de molestar.
Causa legal del procedimiento significa el acto o la serie de actos que provocan la molestia
en la persona, familias, domicilio, papeles o posesiones de un gobernado realizados por la
autoridad competente, este debe ser en pocas palabras legal, con lo que se entiende que
debe ser fundado y motivado en una ley Garantía del mandamiento escrito Este se refiere
se refiere al llamado y mencionado mandamiento escrito, significa que en virtud de este
punto que proviene de la autoridad competente, es como se va a presentar con firma, debe
ser auténtica, en donde este mandamiento va ser un orden de mucha importancia. Garantía
de competencia constitucional Basándome como lo indica Burgoa esto se refiere a la
mencionada Autoridad competente, y se puede decir como un tipo de “competencia” como
lo puede ver el art. 16 constitucional. Ahora bien, la garantía a que se refiere este artículo,
se puede decir como lo indica Burgoa “concierne al conjunto de facultades con que la
propia Ley Suprema inviste a determinado órgano del Estado, de tal suerte que si el acto de
molestia emana de un autoridad que el dictarlo o ejecutarlo se excede de la órbita integrada
por tales facultades, viola l expresada garantía, así como el caso de que, sin estar habilitada
constitucionalmente para ello, causa una perturbación al gobernado en cualesquiera de los
bienes jurídicos señalados en dicho precepto”8 a define a la llamada competencia ordinaria
y especialmente a la jurisdiccional, como “el conjunto de facultades con que la ley
secundaria inviste a una determinada autoridad, conforme la jurisprudencia”. Como nota se
puede decir que la garantía de competencia constitucional excluye la legitimidad o
competencia de origen de las autoridades. (589 – 614)
II. PARTE Ahora bien, el artículo 16 constitucional en su segunda parte establece “No
podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y que sin que preceda
denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito
sancionado, cuando menos, con una pena privativa de libertad y existan datos que acrediten
el cuerpo del delito y que hagan aprobable responsabilidad del indicado. La autoridad que
ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez,
sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad”9, en la inteligencia de que “La
contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal” Orden de aprehensión,
significa que por medio de la orden de la autoridad judicial, en donde la libertad de la
persona detenida es de forma parcial, o sea la privación libertaria como un hecho
preventivo. Como se habla de la autoridad judicial se debe entender como aquel órgano
estatal que forme parte del poder judicial, este puede ser tanto local como federal. Pero en
esta garantía de seguridad jurídica existen dos excepciones o salvedades tal como lo indica
Burgoa; “el caso de delito flagrante y el caso urgente”10 Ahora bien debemos entender lo
que es delito flagrante. El caso de delito flagrante o infraganti, se entiende por todo hecho
delictivo cuya ejecución es sorprendida en el preciso momento de estarse realizando o en el
supuesto de que sea autor sea perseguido inmediatamente después de cometerlo. El usar el
término sin que preceda renuncia, es otra de las garantías del artículo 16 constitucional, en
8 Burgoa, Op.cit, pág. 601
9Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Editorial. Delma, 1995, Pág. 7
10 Burgoa, Op.cit, pág. 615
donde la autoridad judicial nunca deber preceder de oficio al dictar una orden de
aprehensión, sino que debe haber primero unadenuncia, acusación o querella”, en donde
la ley debe señalar como delito, en pocas palabras de un carácter delictivo, en donde la
autoridad judicial se va encargar de dar un pequeño castigo privatorio de la libertad y
reconocer los tipos de datos que existan en esta parte. En la parte en donde dice La
autoridad que ejecute la orden judicial de aprehensión, deberá llevar al inculpado con el
propio juez, esto significa que, la autoridad judicial deberá llevar al malhechor, pero no es
simple hecho de llevárselo a cualquier lado, sino en la orden, la autoridad judicial tiene la
obligación y el deber de llevar al delincuente antes las grandes autoridades las cuales se van
a encargar de dar lo que le corresponde, o sea, aplicarles su castigo, realizar
investigaciones, por lo que es importante decir como lo indica el artículo en la parte que
dice que sin dilación alguna y bajo las más estricta responsabilidad, esto quiere decir que
no importando la situación, la hora, si se va ir a su casa, la autoridad judicial debe de llevar
sin excusa ni pretexto al juez, por lo que si no lo cumple; estará violando el artículo 16
constitucional y por lo tanto como lo indica será sancionado por la ley penal por no cumplir
por su responsabilidad. En los casos de delitos flagrantes como ya se explicó, en la parte de
este párrafo dice en forma clara de que cualquier persona puede aprehender al delincuente
y a sus cómplices, que un persona puede detener al ratero, ya que esto significa que
solamente tratándose de delitos contra la seguridad pública y en contra de la vida de la
personas, uno puede solamente detener a la persona que viole las garantía de seguridad.
Poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata, esto quiere decir que la
autoridad administrativa podrá decretar la detención de la persona poniéndolo, dentro de 24
horas a llevárselo al Ministerio Público, y este como lo indica la parte de este artículo, se va
encargar de dar una sanción, claro pues, por medio del juez. El caso urgente, en este párrafo
es fácil de explicar de manera formal, en donde esta facultad está sometida a varias
condiciones, en donde los delitos graves de la ley son clasificados por la ley, en donde más
gravedad del delito más pena se le aplica al individuo, en este caso el Ministerio Público
tiene la obligación de fundar y expresar los motivos indiciarlos que en pocas palabras
demuestren la urgencia, pero, bien cuando sucede la orden de aprehensión, el indiciado no
puede ser retenido por más de 48 horas, este es un plazo en donde se puede dar su libertad o
ser llevado ante la autoridad judicial, y como se llega a ver casos en los caso de los
llamados delincuencia organizada, en donde varios individuos se ponen en un acuerdo
para cometer un delito, por consecuente puede llegar a ser grave, sólo en este caso; el plazo
su tiempo de retención será duplicado. (614 - 626)
III. TERCERA PARTE. Se puede decir que la tercera parte dispone que: “En toda orden de
cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar
que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetivos
que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla
un acta, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia”11.
En la parte del artículo 16 constitucional se trata y habla sobre él cateo, o sea, el registro o
inspección de sitios o lugares con el fin de descubrir ciertos objetos para evidenciar
determinadas circunstancias, de aprehender a algún sujeto o de tomar posesión de un bien.
La primera garantía de seguridad jurídica que condiciona el acto de orden de cateo se puede
decir que es la orden respectiva debe emanar de autoridad judicial en el sentido formal del
concepto, es decir, de un órgano autoritario constitutivo del Poder judicial, bien sea local o
federal.
En decir será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, esto quiere decir en
pocas palabras que en cuanto se puede decir su forma, dicha orden debe constar por escrito,
por lo que un cateo ordenado o dictado verbalmente es violatorio de esta tercera parte del
art. 16 constitucional, siempre al orden de cateo debe estar escrita en documento que sea
válido y vigente la cual tenga los datos suficientes para determinar si se realiza la orden de
cateo o no. Al decir la persona o personas hayan de aprehenderse y los objetos que se
buscan a lo único que debe limit arse la diligencia esto significa que la orden de cateo
nunca debe ser general, estos es, tener un objeto indeterminado de registro o inspección,
sino que debe versar sobre las cosas concretamente señaladas en ella y practicarse en un
cierto lugar. Además, cuando la orden de cateo lleve aparejado un mandamiento de
detención o aprehensión la constancia escrita relativa debe indicar expresamente la persona
o personas que han de ser sujeto de estos dos últimos actos. Por último, la tercera parte del
art. 16 constitucional contiene ya no como meras garantías de seguridad jurídica a que se
debe condicionar él cateo, sino como obligación impuesta a las autoridades que lo practica,
11 Parte tercera del artículo 16 constitucional, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos” pág. 14
el hecho de que, una vez concluida la diligencia respectiva, se levantará una acta
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o
en su ausencia o negativa por la autoridad” que verifique aquella. (626 – 627)
ANALISIS DE LAS GARANTÍAS QUE CONTIENE
“La autoridad podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se
han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y
papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales,
sujetándose, es estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los
cateos”12 La Autoridad podrá practicar visitas domiciliarias, esto significa que si hablamos
de la autoridad estamos hablando sobre que la autoridad es la única capaz de realizar las
investigaciones, las cuales sólo ellos son los único que podrán realizar este tipo de prácticas
llamadas visitas domiciliarias. permisión constitucional de las visitas domiciliarias
practicables por la autoridad administrativa, se establece únicamente bajo la circunstancia
de que dichos actos que tengan por objeto la constatación del cumplimiento o
incumplimiento de los reglamentos de la policía y un buen gobierno por parte de los
particulares o del acatamiento o desobediencia de las disposiciones fiscales”, esta parte se
puede leer claramente como tiene relación con la parte del artículo 16 que habla sobre las
visitas domiciliarias, las cuales se puede decir que son inspecciones que se realizan en
donde se encargaran de ver si se cumplió lo que está escrito en el artículo 16 constitucional.
El decir el exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que
se ha atacado las disposiciones fiscales, esto significa que si hablamos de disposiciones
fiscales, derivamos que las autoridades fiscales, estos tiene la facultad para exigir la
exhibición de libros y papeles con el fin también exclusivo de comprobar el cumplimiento
de estas disposiciones, del artículo 16 constitucional. Las leyes respectivas y a las
formalidades prescritas para los cateos, se refiere en pocas palabras en donde la ley se
debe cumplir ya que si no se cumple con este se viola la parte del artículo 16 constitucional,
en donde los cateos sólo puede expedir un juez o tribunal. (628 629) “La
correspondencia que bajo cubierta circule las estafetas estará libre de todo registro, y su
violación será penada por la ley”13 Esta parte pequeña se refiere a la comunicación en la
12 “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos” pág. 14
13 “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos” pág. 15
cual se manejan en otros artículos de la constitución. La correspondencia, significa que el
documento que corresponde a determinado órgano, la cual este mandado (circule) y este
vigente para dar confirmación de la libertad del individuo a liberar, ya que si este no se
cumple o no se obedece se estará violando esta parte del artículo 16 constitucional.” Esta es
la último párrafo del artículo 16 constitucional la cual se puede considerar la sexta parte,
para una mejor, precisa y concisa explicación sobre la parte de esta garantía que dice “En
tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la
voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán
exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca
la ley marcial correspondiente”14, En tiempo de paz, esto significa que no hay ningún tipo
de intervención de ataque de otro país en México, ya que lo contrario a tiempo de paz se
puede decir que es el tiempo de guerra y es donde México debe tener apoyo de las fuerzas
armadas, “La defensa de la soberanía del pueblo debe darse en principio en la conciencia de
las nuevas generaciones sembrando en ellas: amor a la patria” en donde derivamos al
ejército. Ningún miembro del ejército puede alojarse en casa particular contra la voluntad
del dueño, esto quiere decir que si en México está en tiempo de paz y un integrante del
ejército quiere asilo y el dueño se niega, pero aferrado el miembro del ejército, está
violando esta parte del artículo 16 de la constitución, sólo en tiempo de guerra es como el
miembro puede alojarse en un casa particular. En tiempo de guerra los militares podrán
exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones significa, que cuando se trate
tiempo de guerras, los militares pueden exigir de los gobernados ciertas donaciones ya
mencionadas siempre en forma gratuita, y a un en contra de la voluntad de los mismos,
siempre y cuando sea marcado por la ley marcial, si el dueño de la casa no quiere dar asilo
al del ejercito y si México esta en Guerra el dueño está violando el artículo 16
constitucional, ya que es obligación por la ley marcial. La ley Marcial, dice Mancilla “es la
que constituye o constituirá parte integrante de la legislación de emergencia general, que el
Ejecutivo federal puede dictar con fundamentos”15, por lo que debe ser en un carácter
correspondiente en ese caso. (633 – 634)
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia
para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
14 Último párrafo del artículo 16 constitucional, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos” pág. 15
15
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes
federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede
ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
este precepto de nuestra Ley fundamental encierra tres garantías de seguridad jurídica que
se traducen respectivamente, es un derecho público subjetivo individual propiamente dicho.
(635) En la última parte del artículo 17 constitucional consagra la manera gratuita de
desempeñar la función de desempeñar la función jurisdiccional. En vista de esta
declaración, ninguna autoridad judicial puede cobrar a las partes remuneración alguna por
el servicio que presta, lo que traduce en la prohibición constitucional de las costas
judiciales. Esta manera gratuita de prestas el servicio público jurisdiccional no siempre ha
existido como garantías de las partes en juicio. Antiguamente los jueces tenían el derecho
de percibir honorarios por la función que desempeñaban, tal como en la actualidad sucede
con los árbitros, lo cual propiciaba la mercantilización de la justicia. (639)”16 Soto Pérez da
como conclusión en este párrafo como “Esta garantía se ha establecido con el objeto de
proteger el patrimonio y la libertad y comodidades de los paisanos, poniéndolos a salvo de
los desmanes o abusos que eventualmente pudieran cometer los miembros de las fuerzas
armadas. Dicha protección comprende no sólo el tiempo de paz, sino también las
circunstancias de la guerra, ya que en este último caso las prestaciones e incomodidades
que sea necesario imponer a los civiles deberán encontrase apoyadas por los preceptos de
una ley de emergencia que al respecto se dicte”17
Artículo 18. Solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva.
El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán
completamente separados. Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el
sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la
capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del
delincuente. Las mujeres compurgaran sus penas en lugares separados de los destinados
a los hombres para tal efecto. Los gobernadores de los Estados, sujetadores a lo que
16
17
establezcan las leyes locales respectivas, podrán celebrar con 1a Federación convenios de
carácter general, para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan
su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal. La Federación y los
gobiernos de los Estados establecerán instituciones especiales para el tratamiento de
menores infractores. Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando
penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus
condenas con base en los sistemas de readaptación social previstos en este articulo, y los
reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden federal en toda la
República, o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados al país de su
origen o residencia, sujetadores a los tratados internacionales que se hayan celebrado
para ese efecto. Los gobernadores de los Estados podrán solicitar al Ejecutivo Federal,
con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del orden común en dichos
tratados. El traslado de los reos solo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.
BURGOA: Este precepto dispone en su primera parte: Sólo por delito que merezca
pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva, en sus dos
periodos indicados, se manifiesta en la privación de libertad que sufre el sujeto desde
que es aprehendido por mandato del juez a disposición de éste, hasta que recae
sentencia ejecutoria en el proceso respectivo. (639 – 640)
Artículo 19. Ninguna detención podrá exceder del termino de tres días, sin que se
justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresaran: el delito que se impute al
acusado; los elementos que constituyen aquel, lugar, tiempo y circunstancia de ejecución,
y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar
el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. La infracción de esta
disposición hace responsable a la autoridad que ordene la detención o la consienta, y a los
agentes, ministros, alcaides o carceleros que la ejecuten. Todo proceso se seguirá
forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión. Si en la
secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se
persigue, deberá ser objeto de acusación separada, sin perjuicio de que después pueda
decretarse la acumulación, si fuere conducente. Todo maltratamiento en la aprehensión o
en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución,
en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las
autoridades.
BURGOA DICE: hace referencia mas que nada, a un procepto invocado que ordena
que “Ninguna detención podrá exceder del término de setenta y dos hora sin que se
justifique con un auto de formal prisión”. Esta prevención indica que nadie puede
permanecer privado de su libertad, por más tiempo del citado plazo, si no se ha
dictado el mencional proveído judicial, cuya falta origina la liberación del detenido en
todo caso. (645 – 646)
Artículo 20 Atendiendo la circunstancia, y por constituir las garantías insertas en el
artículo 20 de la Constitución elementos procesales en materia penal, en realidad el
estudio de su contenido desde los diferentes puntos de vista doctrinal, exegético. Legal,
pertenece a la disciplina jurídica denominada DERECHO PROCESAL PENAL. (647)
Artículo 21 La garantía de seguridad jurídica que estriba en que la imposición de las
penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, adolece de una importante
excepción constitucional, en el sentido de que “Competente a la autoridad
administrativa la aplicación de sanciones por infracciones de los reglamentos
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por
36 horas. (pag 649)
Artículo 22 constitucional Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa
excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales. No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o
parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la
responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o
multas, ni el decomiso de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos
del articulo 10º. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en
cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al
parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario,
al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.
DERECHO A LA PROPIEDAD
BURGOA DICE: faculta a las autoridades federales o locales, según el caso, para
sancionar con la pena de muerte únicamente a aquellos delitos que el mismo precepto
enumera, y que son: traición a la patria, o sea, el atentado cometido por un mexicano
contra la indecencia de la República, se soberanía, su libertad o la integridad de su
territorio, en los que toca a este delito, sólo puede aplicarse a su autor cuando el país
esté en guerra; parricida, esto es, el homicidio de ascendientes en línea recta, sean
legítimos o naturales, siempre y cuando el autor de aquel hecho conozca el
mencionado parentesco; homicidio con alevosía, premeditación y ventaja, que son
calificativas definidas; acto delictivo cometidos mediante el incendio, plagio o secuestro
en términos del art. 366 del Código Penal, piratería, la cual es definida en el art. 146 y
al final los delitos graves del orden militar, previsto en el Código de Justicia Militar.
(662 – 663)
BURGOA DICE: DERECHO DE PROPIEDAD, El constituyente de Querétaro
plasmó en el artículo 27 constitucional la esencia de una de las grandes inquietudes
que desencadenó la Revolución Mexicana de 1910: la tenencia de la tierra, con un
sentido social. La influencia del pensamiento liberal que impedí durante todo el siglo
pasado había dado lugar a grandes injusticias en el campo, en particular por la
concentración de la tierra en pocas manos, con la consecuente miseria de la población
rural, por lo que el triunfo de la Revolución resultó indispensable preservar la
estabilidad del campo y establecer las bases para que la propiedad de la tierra se
regulara con un sentido social. La importancia jurídica de la indemnización, además
de ser una condición constitucional sine qua non, del acto expropiatorio, se destaca
como factor claramente distintivo de este y la confiscación, la cual consiste en el
apoderamiento, por parte del Estado, de bienes de particulares, sin otorgar a éstos
ninguna contraprestación. La confiscación, que equivale a la incautación, esta
determinantemente prohibida por el art. 22 constitucional, salvo los casos en que se
trate de la aplicación total o parcial de los bienes de una persona “hecha por la
autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión”
(475), El artículo que habla sobre el Derecho de la Propiedad es Este artículo dice:
Artículo 27 La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad
privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y
mediante indemnización.
Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares
para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros
propósitos. El uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos. La Nación
ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a
este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del
Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas,
medidas a partir de la linea de base desde la cual se mide el mar territorial. En
aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas
exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la
medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá
por las siguientes prescripciones: I. Sólo los mexicanos por nacimiento ó por
naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de
las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas
o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que
convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto
de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo
que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en
beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud de lo mismo. En
una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas,
por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras
y aguas. El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de
reciprocidad, podrá a juicio de la Secretaria de Relaciones, conceder autorización a
los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia
de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para
el servicio directo de sus embajadas o legaciones;
II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no
podrán en ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes
raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por si o por
interpósita persona, entraran al dominio de la Nación concediendose acción popular
para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será
bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto
público son de la propiedad de la Nación, representada por el Gobierno Federal,
quien determinará los que deben continuar destinados a su objeto. Los obispados,
casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o
cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración,
propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego, de pleno
derecho, al dominio directo de la Nación, para destinarse exclusivamente a los
servicios públicos de la Federación o de los Estados en sus respectivas
jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público, serán
propiedad de la Nación;
III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el
auxilio de los necesitados,la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la
ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir
mas bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediato o directamente
destinados a él; pero podrán adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre
bienes raíces, siempre que los plazos de imposición no excedan de diez años. En
ningún caso las instituciones de esta índole podrán estar bajo el patronato, dirección,
administración, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de
ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque estos o aquellos no estuvieren en
ejercicio; Las sociedades comerciales, por acciones, no podrán adquirir, poseer o
administrar fincas rústicas. Las sociedades de esta clase que se constituyeren para
explotar cualquiera industria fabril, minera, petrolera, o para algún otro fin que no
sea agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la
extensión que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los
objetos indicados, y que el Ejecutivo de la Unión, o de los Estados, fijarán en cada
caso; V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones
de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas de
acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o
en administración mas bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto
directo;
VI. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV y V, así como los
núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o de los
núcleos dotados, restituidos o constituidos en centro de población agrícola, ninguna
otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por si bienes raíces o
capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios destinados
inmediata y directamente al objeto de la institución. Los Estados y el Distrito
Federal, lo mismo que los Municipios de toda la República, tendrán plena capacidad
para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.
Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones,
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad
privada, de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración
correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se
basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales
o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o
simplemente aceptado por el de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones
con esta base. El exceso de valor o el demerito que haya tenido la propiedad
particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la
asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y
resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no
este fijado en las oficinas rentísticas. El ejercicio de las acciones que corresponden a la
Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el
procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los
tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las
autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración,
remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en
ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que se
dicte sentencia ejecutoriada;
VII. Los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal,
tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les
pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren. Son de jurisdicción federal
todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales, cualquiera que sea el
origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de
población. El Ejecutivo Federal se abocará al conocimiento de dichas cuestiones y
propondrá a los interesados la resolución definitiva de las mismas. Si estuvieren
conformes, la proposición del Ejecutivo tendrá fuerza de resolución definitiva y será
irrevocable; en caso contrario, la parte o partes inconformes podrán reclamarla ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin perjuicio de la ejecución inmediata de
la proposición presidencial. La ley fijará el procedimiento breve conforme el cual
deberán tramitarse las mencionadas controversias; WOLFGANG FRIEDMANN
dice: “La Constitución de los Estado Unidos Mexicanos tiene dentro de éste, garantías
individuales, las cuales nos sirven en la sociedad. - En esta idea, significa que en
nuestra Carta Magna existen determinado artículos, desde el primer artículo de
nuestra constitución, hasta el 23, estas garantías son con el fin de dar derechos y
obligaciones a las personas y que la autoridad no abuse de ellas, esta se dividen en 4
grupos muy conocidos: de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica.
Las garantías individuales para un mejor desarrollo competente se ha dividido en
diferentes garantías, ahí es en donde derivamos la garantía de seguridad jurídica
- Las individuales son esenciales para cada individuo, en donde se garantiza los derechos
que todos tenemos en la sociedad, estas nos defienden a los individuos de los abusos del
gobierno o la autoridad, esta se ha divido en de igualdad, o sea, todos somos iguales sin
importar raza o sexo, la otra es de libertad, en donde una de las más importantes es la que
está prohibida la esclavitud y la de seguridad jurídica en donde los individuos gozamos los
más importante como el art. 14 y 16 constitucional. La garantía de irretroactividad es
necesaria para evitar injusticia y tratar de beneficiar a los individuos - Este punto dentro del
art. 14 constitucional es muy importante, ya que gracias a esta garantía se va a evitar que
afecten a las personas, y en este se puede afirmar que sirve para el beneficio de los
individuos, en donde el art. 14 no permite la retroactividad en perjuicio de una persona. La
garantía de audiencia nos indica que nadie puede ser privado de la vida y nuestros bienes.-
Este es de vital importancia tomar en cuenta, ya que el decir que nadie, nos referimos a que
todos nosotros, nadie nos puede privar por el simple hecho de un acto, la vida, la libertad,
posesiones y derechos que tenemos todos los ciudadanos ya que nuestros bienes son de
mucha importancia dentro de la esfera jurídica. El juicio es importante para la garantía de
audiencia, ya que en este se resuelven procedimientos legales y problemas El juicio
considerado como un acto solemne es de vital importancia dentro de la garantía de
audiencia contenida en el art. 14 constitucional, ya que gracias a este nos vamos a basar en
resolver casos en donde se tiene que hacer a fuerzas procedimientos legales. El decir
NADIE, nos referimos a que ninguna persona, no importando como sea, no puede ser
privado de sus bienes jurídicos. La palabra nadie puede ser privado en sus bienes jurídicos,
no importando el delito o acto si haya sido grave, primero debe haber un juicio ante los
tribunales previamente establecidos. Los bienes jurídicos tutelados son considerados: la
vida, la libertad, la posesión y los derechos del gobernado. - Estos bienes son los que todos
los individuos gozan, como la vida; la vida es un bien y un don que todos tenemos, la
libertad es de vital importancia para la voluntad, en donde gracias a la libertad podemos
expresarnos y ser libres, las posesiones son lo que es de nosotros, por lo que debemos
respetar las posesiones de los demás y los derechos que gozamos en la sociedad. Los
tribunales son de mucha importancia dentro de la garantía de audiencia En estos tribunales
son en donde se van a realizar los procedimientos importantes, ya que en estos tribunales
dentro del derecho van a ser de mucha ayuda para aplicar las penas y castigos, estos
tribunales son previamente establecidos. Sólo se puede aplicar penas que son reconocidas
y aplicadas por la ley Las penas sólo se pueden aplicar a delitos que la ley esté
reconociendo, con el fin de evitar la prepotencia, y la injusticia, ya que no se puede aplicar
a alguien un castigo el cual este castigo la ley no lo reconozca. La sentencia debe estar
siempre escrita o dictada o sino puede basarse en las ideas de los Principio generales del
Derecho. Cuando se aplica la sentencia, esta debe estar escrita y por lo tanto reconocida
con la ley, esto con el fin de evitar injusticia departe de las autoridades, pero llega a ser a
confundir que se deben basar en los Principios Generales del Derecho. La garantía de
legalidad es la garantía de mayor protección dentro del art. 16 constitucional Esta se refiere
a que están prohibidos los actos de ejecución de la molestia, que ocasiones los particulares,
o las autoridades sobre los particulares, es considerado así porque ninguna autoridad podrá
molestarnos, a salvo que traigan consigo una orden de cateo. Para que la autoridad pueda
hacer acto de molestia debe tener un documento que lo permita. Este se refiere como ya
mencionado documento orden de cateo el cual mediante este la autoridad podrá realizar
investigaciones en las casas de los particulares, el cual se puede considera como un acto de
molestia, pero siempre y cuando la orden sea escrito. La orden de aprehensión sólo la
puede ejecutar la autoridad judicial. La orden de aprehensión sólo la autoridad judicial
puede liberar, o sea que ninguna persona que no sea autoridad judicial podrá liberar esta
orden de aprehensión, con el fin evitar el abuso de autoridad o engaños hacia las personas
con el fin de molestar a su persona. El delito flagrante se refiere al delito que llega a ser
infraganti. Este caso, se refiere cuando un individuo ve claramente cuando una persona
está cometiendo un delito, o sea infraganti por lo cual esta persona puede detener
temporalmente al raterillo. Primero debe haber una acusación antes de la orden de
aprehensión. Antes de que una autoridad judicial detenga a una persona o sea, aprehende a
esa persona, primero debió antes hacer escuchado una acusación y esta acusación debe estar
bien hecha, declarando los hechos, personas y el porqué siempre con la verdad.
El documento para entrar a inspeccionar dentro de una casa con el fin de investigar sobre
casos de personas u objeto a buscar es la orden de cateo, El orden de cateo, como ya se
mencionó es un documento, importante ya que con este documento la autoridad judicial
sólo podrá inspeccionar dentro de una casa, en donde esta orden debe contener en su escrito
el lugar a inspeccionarse, la persona o personas las cuales se suponen que se van a detener y
los objetos que se necesitan encontrar siempre acompañado de dos testigos y firma. El
documento para entrar a inspeccionar dentro de una casa con el fin de inspeccionar los
reglamentos sanitarios es la visita domiciliaria, Esta se puede decir que equivalen a las
inspecciones que se puede practicar las autoridades administrativas, en donde de forma
sencilla y con un documento se va a encargar de inspeccionar las necesidades sanitarias en
el ámbito fiscal. Tenemos derecho a la información y al respeto de no ser violada la
correspondencia, - Esta es la parte en donde la garantía de la circulación de la
correspondencia postal libre es importante, ya que esta se dice que es libre de todo registro,
o sea ni la autoridad ni otras persona nos pueden negar a la información, ya que todos
tenemos derecho a la información. En tiempo de Guerra debemos apoyar al ejército con
necesidades vitales. - Nosotros como Mexicanos en tiempo de guerra debemos apoyarnos
mas que nunca con el fin de ayudar al ejército para que tenga una mejor instancia siempre
cuando los integrantes del ejército estén luchando y México esté en tiempo de guerra, ya
que ni negamos este tipo de bienes a los militares estamos violando el último párrafo del
art. 16 constitucional.”18
MEDIOS INFORMÁTICOS.
Derecho mexicano, ordenamiento jurídico por el que se rige la República de México.
De acuerdo con la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, México es
una República representativa, democrática y federal, constituida por Estados libres y
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una
federación establecida según los principios de esta ley fundamental recogidos en el
artículo 40, es decir, es la reunión de 31 Estados y un Distrito Federal. Fuentes del
Derecho mexicano: La ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios
generales del Derecho. Como tales fuentes del Derecho, en ocasiones pueden tener
fuerza obligatoria; pero dentro de este ámbito existe una preeminencia de unas
fuentes respecto a las demás. México es un país de Derecho escrito y por este motivo
las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la
ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley, como determina el artículo 19 del
Código civil, se resolverán conforme a los principios generales del Derecho. En los
supuestos en que se produzca un conflicto de derechos, a falta de ley expresa que
resulte aplicable, la controversia se decidirá, de conformidad con el artículo 20 del
Código civil, a favor del que trate de evitar perjuicios y no favor del que pretenda
obtener lucro. El párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución, dice: "En los juicios
del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la ley o la interpretación
jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios generales de Derecho".
La jurisprudencia y su valor
La jurisprudencia es la interpretación jurisdiccional del Derecho positivo que,
conforme la legislación mexicana, sólo pueden realizar los tribunales federales. Para
que pueda considerarse que existe una jurisprudencia aplicable, es necesario que la
interpretación de la ley se ejecute sobre casos concretos, se repita al menos en cinco
18 Wolfgang Friedmann “La nueva estructura de las garantías individuales”, Primera edición,
Editorial: Trillas, México D.F., 1967, pag. 120 – 125.
ocasiones y siempre en el mismo sentido, y dicha práctica adquiera un valor general.
La ley de amparo establece como jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia las
ejecutorias o sentencias de la misma, funcionando en pleno siempre que lo resuelto en
ellas se encuentre en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y que
hayan sido aprobadas por lo menos por 14 ministros. La jurisprudencia de la Corte
puede interrumpirse o modificarse por resoluciones del mismo tribunal. Para que tal
modificación surta efectos de jurisprudencia, se requiere que se expresen las razones
que se tuvieron para variarla, las cuales deberán referirse a las que tuvieron presentes
para establecer la jurisprudencia que se modifica. En México, la jurisprudencia de la
Suprema Corte se convierte en obligatoria para todos los tribunales inferiores de la
República, que deberán acatarla y aplicarla.
La Constitución, ley fundamental de México. Toda la organización política responde al
siguiente principio: la supremacía de la Constitución. Esto implica que ningún poder
en México puede hallarse sobre la Constitución: ni el Gobierno federal, ni los Estados,
ni los órganos de los gobiernos federal o local. Por el contrario, toda autoridad está
limitada por esta ley fundamental y a ella sometida. La Constitución es la norma
suprema del país y todas las autoridades, sea cual fuere su jerarquía, deben ejercer su
actividad de acuerdo a los mandatos y en concordancia con los principios que en ella
se establecen. La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en la
actualidad fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 1 de mayo de ese
mismo año. Está integrada por dos partes: la dogmática, que trata de los derechos
fundamentales del hombre y contiene las limitaciones de la actividad del Estado frente
a los particulares; y la orgánica, que tiene por objeto articular y estructurar el poder
público, señalando las facultades de sus órganos. La Carta Magna de México
garantiza y protege en sus primeros 28 artículos los derechos fundamentales,
contenidos en el título primero, capítulo uno de la Constitución Federal. El artículo
primero de la Constitución declara: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo
gozará de las garantías (derechos fundamentales) que otorga esta Constitución, las
cuales no podrán suspenderse, ni restringirse sino en los casos y con las condiciones
que ella misma establece". Este artículo garantiza la igualdad de los individuos para
ser protegidos por la ley. Mediante los derechos fundamentales consagrados en la
constitución la ciudadanía hace valer sus derechos frente al poder del Estado,
trazando los límites de actuación del Estado frente a los particulares y consisten en el
respeto a los derechos del hombre, que a su vez están constituidos por la facultad de
los individuos para disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la propiedad y de la
seguridad.
El juicio de amparo o juicio de garantías supone un medio de control de la
constitucionalidad confiado a órganos jurisdiccionales. Trata de proteger a los individuos
cuando la autoridad ha violado las garantías individuales. La figura del amparo en la vida
jurídica es de gran importancia, ya que mediante la misma, como se indica en los artículos
103 y 107 de la Constitución, los particulares no quedan desamparados a merced de las
autoridades, toda vez que el objeto de esta clase de juicio es resolver todas aquellas
cuestiones que se susciten por leyes o actos que violen las garantías individuales; por leyes
o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; y por
las leyes o actos de autoridades locales que invaden la esfera de la jurisdicción federal.
En el ordenamiento jurídico mexicano existen otras normas de rango inferior respecto a la
Constitución, sobre las que deben tenerse en cuenta los extremos que siguen. Las norma
jurídicas individualizadas son aquellas que se refieren a situaciones jurídicas concretas o
particulares. Para algunos autores no se trata de normas jurídicas en realidad, sino de
actos jurídicos regidos por normas jurídicas. Se consideran normas jurídicas
individualizadas, los contratos, los testamentos, las sentencias y las resoluciones
administrativas.19
Derechos humanos
Derechos humanos
Aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo. Son inherentes a la persona y se
proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder
político. Unas veces se considera que los derechos humanos son plasmación de ideales
iusnaturalistas (de derecho natural). Existe, sin embargo, una escuela de pensamiento
jurídico que, además de no apreciar dicha implicación, sostiene la postura contraria. Para
19"Derecho mexicano",
Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98
©
1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
algunos, los derechos humanos son una constante histórica, con clara raigambre en el
mundo clásico; para otros, son fruto del cristianismo y de la defensa que éste hace de la
persona y su dignidad. Para los más, los derechos humanos aparecen, como tales, en la edad
moderna. Como hecho histórico, esto es incontestable.
Evolución de las declaraciones de los derechos: Se pueden diferenciar tres fases en este
proceso. La declaración de derechos nace, por regla general, como un conjunto de teorías
filosóficas. Son universales por lo que al contenido respecta y porque se refieren a
cualquier hombre, abstracción hecha de tiempo y lugar; son sobre todo muy limitadas en
lo que a eficacia se refiere, al ser (como mucho) propuestas para futuras e hipotéticas
leyes. Más tarde y en algunas ocasiones, las declaraciones de derechos llegan a plasmarse
en las constituciones, con lo cual ganan en concreción lo que pierden en universalidad,
quedando protegidos como verdaderos derechos subjetivos, pero sólo en el ámbito del
Estado que los reconoce de forma efectiva. No son así, en consecuencia, derechos del
hombre, sino del ciudadano, es decir, derechos del hombre en cuanto que derechos del
ciudadano de un Estado concreto. Con la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 comenzó una tercera fase donde la afirmación de los citados derechos se quiere a un
tiempo universal y positiva. Universal, porque los destinatarios son todos los hombres y no
tan sólo los ciudadanos de uno u otro Estado. Positiva, porque se entiende que emprende
un proceso, concluido el cual los derechos humanos no sólo serán proclamados, sino
protegidos de un modo material, incluso contra el propio Estado que los viole.20
Libertad, capacidad de autodeterminación de la voluntad, que permite a los seres humanos
actuar como deseen. En este sentido, suele ser denominada libertad individual. El término
se vincula a de la soberanía de un país en su vertiente de ‘libertad nacional’. Aunque
desde estas perspectivas tradicionales la libertad puede ser civil o política, el concepto
moderno incluye un conjunto general de derechos individuales, como la igualdad de
oportunidades o el derecho a la educación.
La libertad y sus límites Como es lógico, el reconocimiento de una libertad ilimitada haría
imposible la convivencia humana, por lo que son necesarias e inevitables las restricciones
20"Derechos humanos",
Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98
©
1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
a la libertad individual. La libertad se define como el derecho de la persona a actuar sin
restricciones siempre que sus actos no interfieran con los derechos equivalentes de otras
personas. La naturaleza y extensión de las restricciones a la libertad, así como los medios
para procurarlas, han creado importantes problemas a los filósofos y juristas de todos los
tiempos. Casi todas las soluciones han pasado por el reconocimiento tradicional de la
necesidad de que exista un gobierno, en cuanto grupo de personas investidas de autoridad
para imponer las restricciones que se consideren necesarias. Más reciente es la tendencia
que ha subrayado la conveniencia de definir legalmente la naturaleza de las limitaciones y
su extensión. El anarquismo representa la excepción a todo esto, al considerar que los
gobiernos son perversos por su propia naturaleza, y sostener que es preferible su
sustitución por una sociedad ideal donde cada individuo observe los elementales
principios éticos. El equilibrio perfecto entre el derecho del individuo a actuar sin
interferencias ajenas y la necesidad de la comunidad a restringir la libertad ha sido
buscado en todas las épocas, sin que se haya logrado alcanzar una solución ideal al
problema. Las restricciones son en no pocas ocasiones opresivas. La historia demuestra
que las sociedades han conocido situaciones de anarquía junto a periodos de despotismo
en los que la libertad era algo inexistente o reservado a grupos privilegiados. Desde estas
situaciones hasta su evolución hacia los estados de libertad individual cristalizados en los
gobiernos democráticos, conocidos en algunos círculos como ‘la menos mala de las
soluciones’ respecto a ese deseo natural del hombre por ser libre.21
BIBLIOGRAFÍAS
- Burgoa Orihuela, Ignacio, “Las garantías individuales”, Trigésima primera edición,
Editorial: Porrúa S.A., México, 1995, 815 P.p.
- Carrillo Zalce, Ignacio, “Apuntes para el curso de Introducción al estudio del derecho”,
décima edición, Editorial: Banca y comercio S.A. de C.V., México, 1994, 236 P.p.
- Constitución política de los Estado Unidos Mexicanos, Vigésima edición, editorial:
Delma, Edo. de México, 1994, 180 P.p.
21"Libertad",
Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98
© 1993-1997
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
- Cruz Gamboa, Alfredo de la, “Elementos básicos de derecho”, quinta edición, Editorial:
Cátedra editores, México, 1996, 190 P.p.
- Delgadillo H. Luis, Introducción al derecho positivo Mexicano”, segunda edición,
tercera reimpresión, Editorial: Limusa, México, 1994, 265 P.p.
- “Enciclopedia Microsoft Encarta 98, quinta edición, Editorial: Microsoft, Estados Unidos,
1998, Tomo I, CD I
- Fagothey Austin, “Ética, teoría y aplicación”, Quinta edición, Editorial: Mc Graw Hill,
México, 1994, 415 P.p.
- García Máynez Eduardo, “Introducción al estudio del derecho”, Cuadragésima octava
edición,
Editorial: Porrua S.A., México, 1996, 435 P.p.
- García Ramírez, Sergio, “Derecho constitucional”, Vigésimo tercera edición, Editorial:
UNAM, 1991, 459 P.p.
- “Grolier: Enciclopedia multimedia”, versión 9.0, Editorial: Grolier Interactive, Mindscape
INC, 1997, CD I.
- Gurrola Castro Gloria, “Educación cívica”, Primera edición, Editorial Patria S.A. de C.V.
México 1994, 250 P.p.
- Historia de México” Cuarta edición, Editorial: Salvat Mexicana de Ediciones, S.A. de
C.V. Edo de México, 1978, Tomo XIII. 3110 P.p.
- Lozano, José María, “Estudio del Derecho Constitucional patrio. En lo relativo a los
derechos del hombre”, Cuarta edición, Editorial: Porrúa S.A., México, 1987, 507 P.p.
- Mancilla Ovando, Jorge Alberto “Las garantías individuales y su aplicación en el Proceso
Penal. Estudio Constitucional del Proceso Penal”, Cuarta edición, Editorial: Porrúa S.A.
México, 1992, 259 P.p.
- Montiel y Duarte, Emilio, “Estudio sobre las garantías individuales”, Vigésima tercera
edición, Editorial: Porrúa, México, 1982,
- “Nueva Enciclopedia Temática”, Trigésima segunda edición; quinta reimpresión,
Editorial: Cumbre S.A., México, 1989, Tomo VII, 585 P.p.
- Pina, Rafael de “Diccionario de Derecho”, Vigésimo cuarta edición, Editorial: Porrua,
México, 1997, 520 P.p.
- Ponce Castillo Rodolfo, “Fundamentos de Derecho”, Segunda edición, Editorial: Banca y
Comercio, México, 1999, 265 P.p.
- Rabasa Emilio, “El artículo 14 y el juicio constitucional”, Quinta edición, Editorial
Porrúa, México, 1985, 353 P.p.
- Ruíz Massieu, José Francisco, “Nuevo derecho Constitucional Mexicano”, Primera
edición, Editorial: Porrúa S.A., México, 1983, 626. P.p.
- Silva Juárez, Ernesto, “Apuntes de nociones de derecho Positivo Mexicano”, Centro
Escolar Atoyac, México, Septiembre 1999.
- Soto Pérez, Ricardo, Nociones de derecho positivo Mexicano”, vigésima séptima
edición, editorial: Esfinge, Edo. de México, 1999, P.p. 176.
La constitución es muy importante, ya que es una necesidad del hombre, ya que este en
México es de mucha importancia ya que gracias a la Constitución es donde encontramos
las garantías, la palabra garantías significa algo que protege contra algún riesgo. Así, las
garantías individuales consisten por la facultad de los individuos, en donde dichas
garantías se clasifican en de Igualdad, Propiedad, Libertad, Seguridad, las de seguridad
son en donde se encuentran el artículo 14 constitucional y el artículo 16 constitucional.
En donde este trabajo fue consistir en explicar el artículo 14 constitucional, en este
artículo en pocas palabras prevé cuatro garantías individuales: De irretroactividad, esta
no puede aplicarse una ley hacia el pasado si perjudica a una persona, si la beneficia
tiene aplicación. Ahora bien, otra garantía del art. 14 es la de Audiencia, en este nadie
puede ser condenado si antes no ha sido escuchado y vencido en juicio. Otra es De
legalidad, esta conforme a la cual las sentencias en material Civil deben dictarse conforme
a la ley o a la jurisprudencia, y a falta de ambas conforme a los principios generales del
derecho. Por último, la de la exacta aplicación de la ley penal, en virtud de la cual, no
puede imponerse una pena por analogía ni por mayorías de razón, las penas deben estar
consignadas expresamente en la ley y exactamente aplicables al delito de que se trate.
Ahora bien el otro artículo explicado fue el artículo 16 constitucional, en este artículo
como lo indica la constitución nadie puede ser molestado en su familia, persona, domicilio,
posesiones o derechos, sino mediante mandamientos por escrito, de autoridad competente
y que éste este fundado y motivado en pocas palabras. Ahora bien Sabido es que el Estado
expresa su voluntad a través del acto administrativo, el cual es un acto de molestia, y que
el Estado tiene todo el derecho de realizarlo, siempre que lo haga satisfaciendo los
requisitos constitucionales de este artículo. Este artículo señala también que sólo las
autoridades judiciales pueden expedir órdenes de cateo, por escrito, señalando el lugar
que van a catearse, así como los objetos que se buscan, y sólo a eso debe limitarse el ateo.
Debe levantarse un acta debidamente circunstanciada; es decir, un acta donde se asiente
paso a paso, detalladamente, lo que sucede en el cateo. Por último, corresponde a la
autoridad administrativa expedir las órdenes de visita domiciliaria, para comprobar si se
ha cumplido con los reglamentos de gobierno o de salubridad y exigir la exhibición de la
contabilidad y demás documentos que comprueben el cumplimiento de las disposiciones
fiscales. Es su último párrafo establece que toda persona es libre de catearse, o tener
correspondencia con otras personas con la seguridad de que las autoridades no va a
revisarla.
Datos acerca del Autor:
Autor: Iván Escalona M.
Ocupación: Estudiante
Materia: Derecho

Hazle saber al autor que aprecias su trabajo

Estás en libertad de marcarlo con "Me gusta" o no

Compártelo con tu mundo