El narcotráfico en Colombia

EL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, buscar hacer un pequeño análisis, acerca del fenómeno del narcotráfico
en nuestro País, mediante el uso de estadísticas y datos brindados por los diferentes
estamentos del País, buscaremos analizar la verdadera magnitud del problema, sus
principales causas y las diferentes consecuencias que este fenómeno ha causado en el
desarrollo del País y en la evolución misma de su economía.
Sabemos que el fenómeno del narcotráfico es complejo y bastante difícil de entender, pero
esperamos que este pequeño análisis pueda servir de alguna manera para entender mejor
dicho fenómeno.
1. EL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO
La producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ha alcanzado una magnitud enorme en
todo el mundo. En Colombia, el problema ha adquirido connotaciones muy particulares,
porque es el mayor traficante de hoja de coca, pasta básica y sobre todo de cocaína.
La ilegalidad de la industria de la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen
organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales. El narcotráfico
ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las
redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Y usa la
fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los Estados e imponer sus
propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la
permanencia del sistema democrático. Las drogas afectan a la salud de quienes las
consumen, y en particular la de los jóvenes y los niños. Las diversas opciones para
combatir la droga se discuten tanto a nivel de los países involucrados, como en el plano
internacional. Bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, se esta configurando una política
basada en el principio de responsabilidad compartida, en el respeto a la soberanía de los
Estados, en la eliminación del uso de la fuerza y en la no injerencia en los asuntos internos
de los países, todos objetivos loables pero quizás contradictorios.
La economía de la droga conecta la producción, la comercialización y las finanzas en una
intrincada red que hace caso omiso de las fronteras nacionales, y que se extiende a todos los
continentes. El carácter clandestino o subterráneo de la economía de la droga, dificulta
enormemente el análisis de sus efectos en las sociedades envueltas en la producción,
manufactura, tráfico y consumo de estupefacientes.
Colombia sufre desde los años setenta el estigma de ser la principal productora y
exportadora de cocaína en el mundo. Más allá de la multitud de ideas urdidas al respecto,
sin embargo, los efectos económicos, políticos y sociales del narcotráfico en la marcha del
país han sido tan enormes como difíciles de evaluar con certeza. 1[1]
Para algunos especialistas la economía colombiana misma depende ya en cierta medida de
los ingresos del narcotráfico, en especial las cuentas externas. Los carteles de la droga se
han fortalecido porque han logrado infiltrarse en la estructura política del país. Una parte de
los cuantiosos ingresos provenientes del narcotráfico, consideran los estudiosos, se destina
a la inversión, genera empleos y contribuye a financiar el creciente déficit externo,
mantener la estabilidad cambiaria y contar con altas reservas monetarias, lo cual explicaría
la reciedumbre de Colombia frente a problemas financieros internacionales. El reciente
"efecto tequila", por ejemplo, tuvo pocas repercusiones en el país, mientras que en otras
naciones latinoamericanas obligó a severos ajustes económicos.
Otros analistas, en cambio, aseguran que se ha distorsionado la naturaleza del problema del
narcotráfico en Colombia. Por el grado de desarrollo alcanzado por el país, sostienen, la
economía no depende tanto de la droga y subsiste la capacidad soberana del Estado para
combatirla. También desestiman las bondades económicas del fenómeno al considerar que
el desmedido ingreso de narcodólares desequilibra la demanda interna, afecta la producción
1[1] Fuente: Roberto Steiner Sampedro, “Los ingresos de Colombia producto de la exportación de Drogas
ilícitas, “Coyuntura Económica Vol 26 No 4 Diciembre de 1996
transable, altera los precios, genera expectativas sin bases sólidas y suscita, a largo plazo,
un caos total.
Mediante el presente trabajo buscaremos analizar los diferentes aspectos que influyen en la
construcción y el desarrollo de la consolidación del narcotráfico en nuestra sociedad
buscando examinar el problema desde el mayor número de perspectivas posibles.
2. LOS DINEROS DEL NARCOTRAFICO2[1]
Uno de los primeros obstáculos en el estudio del tráfico de estupefacientes es estimar los
montos respectivos y que, según la fuente, muestran grandes variaciones. La diferencia en
los cálculos se explica tanto por la incertidumbre en las variables utilizadas cuanto por
consideraciones políticas. La lógica carencia de datos confiables sobre la ilícita actividad ha
dado paso a estimaciones de todo tipo, bajo la premisa de que todas son válidas pues
ninguna es refutable. En 1995, por ejemplo, un subcomité del Senado estadounidense
afirmó que el comercio mundial de drogas asciende a 500.000 millones de dólares anuales.
A principios de los noventa el Grupo de Estudio de Acción Financiera de la OCDE lo
estimó, con base en el gasto realizado en Europa y Estados Unidos en cocaína, heroína y
marihuana, en 100 000 millones de dólares al año. La primera suma convertiría al
narcotráfico en el segundo mayor comercio en el mundo, sólo abajo del de armamento; la
segunda, si bien muy inferior, supera al PIB global de la mayoría de los países
latinoamericanos, incluida Colombia, y haría del narcotráfico la empresa ilegal más exitosa
del mundo. Un valor anual promedio de 300 000 millones de dólares equivaldría al de la
industria petrolera mundial. En las estimaciones de los ingresos del narcotráfico en
Colombia se refleja la misma heterogeneidad. Por muchos años se manejaron montos
espectaculares que numerosas publicaciones reprodujeron sin recato. Se llegó a afirmar que
dichos ingresos sumaban de 18 000 a 25 000 millones de dólares anuales (casi 50% del
PIB). Otros precisan que sólo la mitad de ellos regresa a Colombia y el resto se coloca en el
extranjero, particularmente en Estados Unidos. Los estudios sobre el fenómeno de las
drogas suelen omitir la metodología empleada para calcular los montos y a menudo se
2[1] Tomado del Artículo "Colombia, mitos y realidades económicas del narcotráfico de Alfredo Castro
Escudero redactor de la revista "Comercio Exterior" No 4 Abril de 1997.
basan simplemente en otras estimaciones. Uno de los primeros esfuerzos de análisis serios
y sistemáticos del narcotráfico en Colombia, con una metodología rigurosa para evaluar
con mayor precisión la producción, el comercio y los ingresos de la actividad y sus efectos
en la economía del país, lo realizó el economista colombiano Eduardo Sarmiento Palacio.
Previa explicación de su modelo econométrico, Sarmiento concluye que en los años
ochenta la participación de Colombia en el tráfico mundial de cocaína fluctuó de 1500 a
4000 millones de dólares anuales, de los cuales ingresaron realmente al país de 900 a 1 300
millones.
2.1 Narcotráfico y lavado de dinero.
Se analiza el problema del narcotráfico desde un punto de vista criminológico3[1].
Se afirma que en la última década el fenómeno del narcotráfico presenta tres grandes
características: asentamiento geopolítico guiado por el afán de poder; notorio aumento, pese
a las política de control social; y utilización de nuevos y más sofisticados mecanismos
técnicos para el reciclaje del dinero ilícito proveniente del mismo.
Con relación al reciclaje del dinero ilícito, se plantea que se han dado pasos jurídicos y de
implementación técnica muy significativos. Sin embargo, la realidad del aumento de las
cifras de lavado de dinero desmienten la eficacia de tales instrumentos normativos e insta a
buscar instrumentales preventivos con mayor capacidad operativa para minimizar el
fenómeno.
Se señala que un primer aspecto que hay que dilucidar es la correcta comprensión del
fenómeno de lavado de dinero. La criminología, en este sentido, puede efectuar un aporte
significativo al entregar un concepto de lavado de dinero. Si no se sabe a ciencia cierta en
qué consiste el lavado de dinero, las medidas preventivas confundirán el marco objetual de
su campo de acción.
3[1] PAMPILLÓN Rafael y VERNA Gerard , Ley de Mercado y Narcotráfico ;El caso de Colombia.
Febrero 28 de 1995.
En esta perspectiva criminológica, el lavado de dinero se caracteriza por las siguientes
notas:
1. Es un conjunto de operaciones, materiales e inmateriales, numerosas y complejas, y
estructuradas entre sí;
2. Son efectuadas por una organización de narcotráfico existente al interior de un grupo de
poder más fuerte;
3. Mediante las cuales a los recursos ilícitos provenientes u obtenidos del narcotráfico;
4. Se les transforma en lícitos mediante la adquisición de otros bienes, de consumo o
inversión que tengan esa calidad;
5. Subyacentes a estas notas cabe reparar en la existencia de un grupo de narcotráfico que
obtiene ingresos como producto ilícito de las actividades que realiza, no justificados
tributaria ni patrimonialmente y que necesita usarlos para adquirir otros bienes que sean
lícitos;
6. A su vez, el narcotraficante dispone de una organización mediante la cual accede a la
posibilidad de legitimar los recursos y en el obvio entendido que todo este proceso, como
actividad humana que es, está sometido a la contingencia espacio-temporal;
7. La socorridas notas de colocación, dispersión y legitimación, o bien, de transformación
del dinero efectivo, concentración de los recursos y legitimación de los mismos, tan usadas
por la doctrina especializada, como igualmente los procesos de investigación, de
segmentación, selección, clasificación, investigación e intervención, son esquemas
operativos para explicar la repetición de la actividad, pero ciertamente no agotan el
contenido de la misma.
La búsqueda de un mejoramiento de los controles preventivos y la posibilidad, no utópica
sino real, de anticiparse a las operaciones mismas del lavado habría que llevarlas a cabo
empírica e interdisciplinariamente, teniendo como punto de partida las notas indicadas, para
no correr el riesgo de equivocar el objeto que se pretende controlar.
2.2 ¿Cómo se introducen los narcodólares?
Los medios que utilizan los barones de la droga para llevar sus ganancias al país son
difíciles de detectar por su origen ilícito, aunque se reconocen tres vías fundamentales:
i) Las remesas laborales, empleadas por los narcotraficantes desde los años setenta para
convertir dólares en moneda nacional.
ii) El comercio exterior, mediante las importaciones colombianas.
iii) La inversión, directa o mediante la colocación de recursos en el sistema financiero.
El lavado de dinero entraña numerosas operaciones que se pueden resumir en las siguientes
fases:
i) El dinero se coloca en bancos o se invierte en instrumentos monetarios o títulos de
valores que pueden convertirse en efectivo en cualquier parte.
ii) El dinero se fracciona y envía al país por medio de múltiples transferencias electrónicas
o de otra índole.
iii) La fuente original de los recursos desaparece al invertirse éstos en cuentas y empresas
en apariencia legítimas.
Más aún, se sospecha que los carteles de la droga cuentan en Colombia con bancos e
intermediarios financieros para facilitar el lavado de dinero. Otra forma tradicional y eficaz
de "limpiar" los narcodólares es por medio del contrabando, prácticamente incontrolable en
el país.
3. EL NARCOTRAFICO Y LA LUCHA DEL ACTUAL GOBIERNO
A pesar de otros antecedentes de importancia, como la Convención Única sobre
Estupefacientes, de 1961 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, en rigor
puede afirmarse que solamente con la Convención de Viena, de 1988 la comunidad
internacional pudo acendrar el consenso en torno a la definición de una estrategia uniforme
para enfrentar los embates del narcotráfico. A partir de su concepción como delito de
carácter transnacional, en lo que tiene que ver con la oferta de sustancias sicoactivas, se
hizo evidente la necesidad de que los Estados parte adquirieran el compromiso de
armonizar sus ordenamientos jurídicos internos y se hicieran a instrumentos adecuados para
someter a un tratamiento similar a quienes se dedican a actividades relacionadas con el
tráfico ilícito de estupefacientes, evitando así la existencia de países de refugio o de fuga.
El esfuerzo de la actual administración, sin duda impulsado por la posición asumida por los
Estados Unidos -como expresión de una diplomacia coercitiva que es injusta en tanto
unilateral y desmedida en tanto sus efectos perjudicaron al país entero y no sólo a los
narcotraficantes-, ha sido significativo y ya comienza a mostrar resultados.
A continuación se presenta un informe del estado de avance de algunos de los aspectos más
trascendentes en esta materia, no sin advertir que en temas como el del control y detección
de precursores químicos, Colombia ha actuado de manera mucho más aguerrida que el resto
de los países suscriptores de la Convención de Viena, de 1988, al incluir como sustancias
controladas químicos e insumos que, en el resto del mundo, se comercializan libremente, y
al celebrar acuerdos derivativos de la Convención con varios Estados en los que también se
ha ampliado el catálogo de químicos recogidos en otros instrumentos internacionales.
Igualmente, ha de destacarse el esfuerzo realizado para remediar factores estructurales que
afectan en buena medida el funcionamiento de nuestro sistema de Justicia, como se refleja
en las actividades que se vienen implementando para el montaje de unidades especializadas
en investigación y juzgamiento -policía judicial y fiscalías- de actividades relacionadas con
el tráfico de estupefacientes.
3.1 Armonización de las normas penales:
aumento de penas y tipificación del lavado de activos4[2]
En nuestro país, la capacidad intimidatoria de las mafias propiciaron la irrupción de figuras
e institutos ajenos a la tradición jurídica nacional. Así, frente al asesinato indiscriminado de
todo colombiano que se atreviera a denunciar o a perseguir las actividades desplegadas por
los carteles, surgió la denominada Justicia Regional o sin rostro, como mecanismo de
protección de testigos y funcionarios encargados de investigar y juzgar la comisión de
4[2] TOKATLIAN JUAN G. - BAGLEY BRUCE (Compiladores) Economía y Política del Narcotráfico.
Ed CEREC Ediciones Uniandes Universidad de los Andes, Bogotá.
1990
cierta categoría de delitos. Igualmente, y para evitar la creciente impunidad, se adoptaron
como propios sistemas a través de los cuales se conceden beneficios punitivos especiales
para quienes colaboren eficazmente con la justicia. Pero la bondad de las reformas se
perdió por el apresuramiento.
A los autores de la Política de Sometimiento a la Justicia se les olvidó cuantificar la
magnitud de la acumulación de los descuentos, que terminaron haciendo irrisorias las
condenas impuestas a los narcotraficantes y continuos los reproches de la comunidad
internacional. La descalificación de Colombia por las bajas penas y el consecuencial
señalamiento como ‘santuario del narcotráfico’, ha conducido a su progresivo aislamiento
y a la ausencia de reconocimiento de las acciones emprendidas en los otros frentes de la
lucha contra las drogas.
Ante este panorama, se hizo imperativa una nueva modificación de nuestras leyes penales,
que apuntara tanto a estandarizar las penas con los parámetros internacionales, como a
subsanar los vacíos y deficiencias de las normas que impedían la imposición de condenas
por comportamientos claramente delictuales. Con la asesoría de una misión de expertos de
Naciones Unidas en el diseño y concepción de las reformas, el Gobierno Nacional impulsó
el debate legislativo que culminó con la expedición de la Ley 365 de 1997.
Aparte de aumentar las penas imponibles por la comisión de delitos claramente
involucrados con esta actividad, tales como el concierto para delinquir, el favorecimiento y
el narcotráfico, y de considerar como agravantes la planeación o comisión de los delitos
desde los establecimientos penitenciarios o la promoción o financiación de organizaciones
criminales, medidas todas con las que se definió de manera ostensible una política criminal
dirigida contra esa expresión de la criminalidad de postrimerías del siglo XX, la ley tipificó
como delito autónomo el delito de lavado de activos.
Aunque en la Ley 190 de 1995, conocida como Estatuto Anticorrupción, ya se había
intentado la tipificación del delito -siguiendo la tradición italiana incorporada a los
ordenamientos jurídicos de varios países latinoamericanos-, lo cierto es que la redacción del
tipo penal del artículo 31 del citado Estatuto -que modificó el artículo 177 del Código
Penal- sólo permitía condenar por lavado de activos a quien incurriera en ese punible por
blanquear recursos en concurso con la comisión de narcotráfico o de otros delitos conexos.
En esa dirección, la modificación introducida por la Ley 365 de 1997 es de la mayor
trascendencia, en la medida en que, al liberar al Estado de la obligación de probarle a quien
se investiga que el origen de los recursos que se blanquean los obtuvo por la comisión de
los delitos referidos, se pueden golpear las redes utilizadas por las organizaciones
criminales para mimetizar sus beneficios y, de esa manera, desarticular las indispensables
fuentes de financiación en líquido del tráfico de narcóticos.
3.2 Acción de Extinción del Derecho de Dominio
La figura de la Extinción del Derecho de Dominio no es una figura novedosa. Mucho
tiempo atrás, la regulación agraria tenía prevista su aplicación sobre aquellas propiedades
que no cumplieran con la función social asignada por la Constitución Política -más
exactamente a partir de la reforma introducida en 1936-. Se trataba, entonces y en esa
materia, de impedir la concentración de grandes extensiones de tierra en poder de
propietarios que, desconociendo la marcada vocación agrícola de nuestro país y el
imperativo de hacer productivos los recursos nacionales para lograr un mayor crecimiento
económico, conservaban sus fundos inactivos. Posteriormente, el instituto jurídico se hizo
procedente además en asuntos mineros y, más recientemente, ambientales -por la función
ecológica que le agregó a la propiedad el artículo 58 constitucional-.
En materia penal y también de tiempo atrás, la Extinción del Derecho de Dominio puede
aplicarse respecto de aquellos bienes que hayan sido instrumento o producto de la comisión
del delito, siempre y cuando sean vinculados al respectivo proceso penal y el investigado
resulte declarado responsable del punible del que provienen los bienes.
Sin embargo, otras disposiciones de nuestro ordenamiento penal -como la extinción de la
acción penal por la muerte del procesado o por la prescripción (artículos 76 y 77 del Código
Penal), o como aquella expresión introducida al comiso que advierte que sólo podrán ser
objeto de la medida los bienes que se encuentren fuera de comercio- terminaron por hacer
ineficaces las normas que castigaban los réditos del delito. En efecto, en un país en el que
las autoridades deben enfrentarse a sanguinarios aparatos paraestatales de fuerza y en el que
la congestión histórica de los despachos judiciales son una constante, lo posibilidad de que
acciones penales de especial importancia se extingan por la muerte del procesado o por la
verificación del fenómeno de la prescripción es muy alta y, por consiguiente, la de que los
bienes vinculados a esos procesos terminen saneados y en manos de los familiares o del
propio delincuente.
Pero había otras hipótesis y variables que cubrir. La indolencia ante el avasallador avance
del narcotráfico -indolencia del país, en general, y de la clase dirigente, en particular e
innegablemente con una cuota de responsabilidad muchísimo mayor-, les permitió a las
organizaciones criminales diseñar sofisticadas estructuras para ocultar sus recursos ilícitos
en la economía, mediante la vinculación de cadenas de testaferros, el montaje de empresas
de fachada, las importaciones y exportaciones ficticias o la corrupción de agentes estatales,
para citar sólo algunos ejemplos.
El enfrentamiento, por consecuencia, no podía comprender únicamente a quienes dirigían,
hacían parte o delinquían para las organizaciones criminales. Tenía que abarcar a aquellos
individuos que, sin dolo evidente, se prestaban para encubrir u ocultar el producido de
delitos cometidos por otros, respecto de los cuales la Justicia, en algunos casos, no tenía
cuentas pendientes. Las autoridades judiciales, obviamente, requerían con urgencia de
instrumentos que facilitaran su labor.
Esas consideraciones, sumadas a la de que nunca serán suficientes los medios para disuadir
a las personas de que cometan delitos, imponían a Colombia una regulación que, nutrida
por paradigmas surgidos por nuevas corrientes como el análisis económico del derecho,
trascendiera el marco de lo punitivo y del tratamiento intramural o penitenciario y se
adentrara en la lógica de desvertebrar la estructura financiera del crimen organizado,
recuperando para nuestro ordenamiento legal la vigencia del antiguo aforismo latino que
expresa que del fraude no nace derecho.
En el trabajo de concepción de la norma se contó también con la asesoría de la misión de
expertos de Naciones Unidas, en el marco de la cooperación técnica que recoge la
Convención de Viena, que facilitó el conocimiento y estudio de legislación comparada, ya
que en algunos países como Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, existían normas
substanciales y procedimentales semejantes.
Así, la Ley 333 de 1996 introdujo la posibilidad de extinguir el derecho de dominio sobre
bienes de origen ilícito y subsanó los vacíos de legislación al regular una acción que se
asienta sobre cuatro pilares fundamentales: su carácter real, según el cual la extinción del
dominio procede incluso sin demostrar la responsabilidad personal de quien detente los
bienes por la comisión de un delito; su aplicación retrospectiva, que permite su ejercicio
sobre situaciones jurídicas que hayan sido constituidas con anterioridad a la expedición de
la norma; la posibilidad de declarar la extinción de dominio sobre bienes equivalentes -o
bienes por valor equivalente- en los casos en que no haya sido posible localizar los que
tuvieron origen ilícito; y, por último, la procedencia de la acción sobre bienes de origen
ilícito que hayan sido adquiridos por causa de muerte.
3.3 El Acuerdo Marítimo con los Estados Unidos
Uno de los conceptos jurídicos más confrontados por la definición de la naturaleza
transnacional del delito de narcotráfico ha sido el de la soberanía nacional.
Tradicionalmente entendido como el territorio allanado por un Estado en el que se tiene la
capacidad de hacer regir un orden jurídico y de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza,
el concepto de soberanía ha tenido siempre matices que han morigerado sus reales
extensión y alcance. Si bien es cierto que la autodeterminación de los pueblos ha sido un
principio ardorosamente defendido en el transcurrir de la historia de la humanidad, también
lo es que se ha mantenido el concepto de capacidad de negociación y que, por consiguiente,
los países más poderosos han impuesto su voluntad a los demás cada vez que sus intereses
se han visto perjudicados o vulnerados.
En el mundo contemporáneo, con la profundización del proceso de globalización,
producida en esencia por los avances tecnológicos -especialmente en el campo de las
comunicaciones-, el fin de la guerra fría, la integración económica regional y el intercambio
comercial, la restricción a la soberanía de los países ha sido menos coercitiva, en la medida
en que la necesidad de concertación de políticas y estrategias, de armonización de los
ordenamientos jurídicos y de los procedimientos, se han ido haciendo inaplazables y
dependientes de la voluntad de los gobiernos -como agentes de las reformas por introducir
en los regímenes internos-.
Pero ese gran esfuerzo de unificación no se ha detenido en el ámbito de las transacciones
internacionales -como el GATT y la OMC-, sino que ha operado en función de la definición
del consenso internacional en cualquier área. La demostración de esa afirmación salta a la
vista al examinarse instrumentos internacionales como la Convención de Viena, de 1988, en
la que, adoptado como consenso el prohibicionismo frente a las drogas, se determinan
compromisos para los Estados que la ratifiquen que afianzan la cooperación entre las
naciones para su persecución.
En el caso de la referida Convención y con el fin de dotar de eficacia a sus disposiciones, se
dejaron previstos mecanismos de actualización y desarrollo de sus contenidos, por los
cuales se faculta a los Estados parte para que suscriban acuerdos bilaterales simplificados y
complementarios, ejemplo de los cuales es el Acuerdo Marítimo suscrito con Estados
Unidos.
En efecto, luego de una ardua negociación que se extendió en el tiempo por la posición de
representantes de nuestro gobierno y de la opinión pública que alegaban que el acuerdo
vulneraba el ejercicio de soberanía, se impuso el sentido común bajo las consideraciones de
que era indispensable hacer efectiva la cooperación internacional en la persecución del
tráfico y de que Colombia no disponía de instrumentos ni debía destinar sus recursos para
obtener los medios suficientes para vigilar el paso de naves que transiten más allá de su mar
territorial.
El texto final del acuerdo, vital para los Estados Unidos en la medida en que se calculaba
que sería utilizado como referente de negociación por los restantes países latinoamericanos,
contiene un clausulado detallado para regular cualquier evento previsible -suerte de la
carga, tripulantes y pasajeros, procedimientos y regímenes de responsabilidad por el
allanamiento de contenedores, equipaje y literas- e interpreta adecuadamente el sentido de
la cooperación en tanto garantiza un control efectivo de la navegación sin sacrificios de
soberanía y bajo la égida de una permanente coordinación del patrullaje y de los operativos
de abordaje entre las autoridades marítimas de las dos partes.
3.4 La Extradición
La Extradición es, sin lugar a dudas, el instrumento de cooperación internacional que más
controversia ha tenido en la historia jurídica de nuestro país. A pesar de que desde finales
del siglo XIX -exactamente en el año de 1898- Colombia suscribió un tratado de
Extradición con Gran Bretaña y, por lo tanto, no se trata de una figura novedosa en nuestro
ordenamiento, desde la celebración del Tratado con los Estados Unidos, de 1979, se han
presentado toda clase de vicisitudes y de posiciones divergentes tanto de los diferentes
gobiernos y demás agentes responsables de su implantación, como de la ciudadanía en
general.
La intensidad del debate, sin embargo, no se explica únicamente por la disparidad de
criterios académicos o jurídicos. Aun cuando existen argumentos válidos para sustentar
que la Extradición es un instituto jurídico que trasciende la esfera de lo simplemente
procedimental y que puede vulnerar núcleos de derechos fundamentales como el debido
proceso, el derecho de defensa y -cuando se alega su aplicación retroactiva- el principio de
legalidad, es evidente que las razones que encienden los ánimos tienen una explicación que
supera el ámbito de lo jurídico.
Nadie en Colombia ignora que la capacidad de los carteles para intimidar con el uso de la
fuerza y el terrorismo -como lo hizo el cartel de Medellín- o para corromper los poderes
públicos -como lo ha hecho el cartel de Cali- ha impuesto un marco de regulación a través
del cual no sólo han evitado que la Extradición rija en nuestro país para el delito de
narcotráfico y conexos, sino que, adicionalmente, disfrutan de las ventajas que les brindan
un aparato judicial particularmente ineficiente, que es incapaz de probar -sin confesiones o
delaciones- las actividades delictivas de sus miembros, y de una legislación penal deficiente
que, por la vía de la acumulación de beneficios exagerados y de un régimen punitivo
significativamente laxo (recuérdese que, por principio de legalidad, el aumento de penas y
la eliminación de beneficios contenidos en la Ley 365 de 1997 no puede aplicarse hacia el
pasado), ha terminado haciéndolos acreedores a condenas que no son condignas al daño
social causado.
Así, en una clara expresión del desequilibrio en el enfoque de un país que aún no acepta su
responsabilidad como nación con los mayores niveles de consumo de drogas, la falta de una
definición precisa ha conducido a la exasperación a los Estados Unidos, que, siguiendo
consecuentemente su inveterada tradición de tramitar sus conflictos internos y de
cohesionar a su sociedad mediante la estrategia de constituir enemigos externos y de
declarar guerras lejos de sus fronteras, han logrado estigmatizar a Colombia como amenaza
a su seguridad interna y movilizar en buena medida la animadversión de la comunidad
internacional por la supuesta resistencia de nuestro país a cooperar decididamente en la
lucha contra el tráfico de narcóticos.
En tales condiciones, los colombianos hemos presenciado cómo, en el transcurso del año
pasado y en lo que va corrido del presente, el Congreso de la República ha debatido las
iniciativas de reforma del artículo 35 constitucional, que van desde la
desconstitucionalización de la prohibición a la Extradición de nacionales colombianos,
hasta la de una regulación detallada de las condiciones en las que sería procedente su
aplicación, contenida en el propio cuerpo de la Carta Política.
A estas alturas, la reforma ha superado la primera ronda de debates en el seno de las
Comisiones Primeras de ambas Cámaras y en sus respectivas plenarias y se apresta ahora a
iniciar el segundo período de sesiones ordinarias, como lo exige el trámite previsto en el
artículo 375 de la Constitución. Respecto a la oportunidad de la reforma y al texto
aprobado mismo, son necesarias algunas precisiones.
En primer término y en cuanto a la oportunidad, dado que la Extradición supone una
sustitución de jurisdicción, era indispensable que antes de hacer aplicable la figura se
fortaleciera nuestro aparato de Justicia y que los Jueces dispusieran de herramientas para
imponer sanciones ejemplarizantes. En ese sentido, acertó el Gobierno Nacional al definir
el orden de la agenda legislativa contra el crimen organizado, pues de haberse promovido
primero la reforma constitucional del artículo 35, muy seguramente se habría desviado la
atención del poder legislativo y de la opinión pública en las leyes de extinción de dominio
de bienes ilícitos y aumento de penas, y el país habría perdido, una vez más, la posibilidad
de utilizar esos valiosos instrumentos para disuadir a su delincuencia.
En segundo lugar, a pesar de que el Ministro de Justicia y del Derecho de entonces había
sometido a la consideración del Consejo Superior de Política Criminal -como órgano asesor
del Ejecutivo en el diseño de dicha política- y éste había aprobado un texto que promovía la
derogatoria simple de la prohibición a la Extradición de nacionales y su aplicabilidad en los
términos que definieran una ley posterior y los tratados públicos celebrados por Colombia,
del primero de los debates -el surtido en la Comisión Primera del Senado- surgió un
extenso artículo que fue el finalmente aprobado en el primer período de sesiones ordinarias.
A grandes trazos, aunque la reforma admite la Extradición de nacionales colombianos por
delitos cometidos total o parcialmente en el exterior, mantiene restricciones absurdas que
permiten eludir su aplicación: prohibe la Extradición de aquéllos que se sometan a la
justicia y, quizás sea éste el condicionamiento que más debate ha suscitado, hace
irretroactiva su aplicación.
En cuanto a la imposibilidad de que la Extradición proceda respecto de quien se ha
sometido a la justicia, las suspicacias tienen cabida toda vez que no se señalan las
condiciones en la que ha de darse el sometimiento mismo. En principio, si no se exigiera
que el solicitado en Extradición se mostrara objetivamente dispuesto a colaborar con la
justicia antes de que la solicitud se hiciera oficialmente, la figura podría hacerse inoperante
en tanto siempre existiría la posibilidad de que el capturado con fines de Extradición se
mostrara dispuesto a confesar a las autoridades judiciales colombianas los delitos por los
que se le encausa en los tribunales extranjeros.
Y, en lo que se refiere a su aplicación irretroactiva, el revuelo se produce, más allá de si la
naturaleza de la Extradición es sustancial o adjetiva, por la insistencia de sectores políticos
y de opinión colombianos y de los Estados Unidos para que la Extradición opere con
nombre propio, posición que tiene soporte en el hecho de que la actual regulación contenida
en el Código de Procedimiento Penal tiene prevista la procedencia de la Extradición
diferida, en virtud de la cual Colombia podría conceder en Extradición a una persona para
que fuera juzgada en el país que la solicita, una vez cumpliera la condena que le ha sido
impuesta por los Jueces colombianos, siempre que se trate de delitos diferentes a los que
han sido objeto de juzgamiento en el país para evitar así la violación del viejo principio del
non bis in ídem (‘nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos’).
No obstante, el texto que hace curso ahora en el Congreso es susceptible de interpretaciones
que apuntan a señalar que la Extradición es aplicable hacia el pasado y desde el momento
en que hayan cobrado vigencia internacional los tratados celebrados por Colombia en esa
materia, interpretación que, de cualquier modo, ha de ser matizada porque, para que la
figura sea aplicable en nuestro país se requiere, además de la vigencia del tratado mismo,
de la ley que incorpore el tratado a la legislación interna, oportunidad que bien podrá ser
aprovechada para salvar ejercicios de hermenéutica y, por consiguiente, distanciar el
proceso de certificación -habida cuenta de la advertencia de los Estados Unidos en el
sentido de que esperan una legislación de Extradición sin restricciones.
4. EFECTOS ECONOMICOS DEL NARCOTRAFICO
No pocos analistas consideran que la evolución, en general, aceptable de la economía
colombiana en los últimos tiempos, el equilibrio de sus cuentas externas, la estabilidad
cambiaria y la fortaleza de sus reservas internacionales se deben, fundamentalmente, a los
ingresos del narcotráfico. Desde esta perspectiva, la eliminación de tales recursos originaría
un verdadero caos económico.
En los años ochenta casi todas las economías latinoamericanas perdieron dinamismo y
algunas experimentaron una franca recesión, así como hondas dificultades de liquidez y
financiamiento externo que abrieron paso a severos programas de ajuste y devaluaciones.
Colombia sorteó con éxito esa crisis regional. De 1981 a 1990 el crecimiento acumulado de
su PIB fue de 43.6%, frente a 12.4% del conjunto de la región. En ese lapso el país no tuvo
problemas serios de liquidez y mantuvo una aceptable captación de recursos del exterior, lo
que le permitió contar con reservas suficientes, mantener firme su moneda y no aceptar
condiciones duras en el financiamiento externo.
Sin duda, el narcotráfico explica en gran medida la afluencia de divisas a Colombia. En los
años noventa estos flujos han contribuido al importante superávit en la cuenta de capitales
de la balanza de pagos, vía inversión y endeudamiento de largo plazo; ello ha hecho posible
financiar el creciente déficit en cuenta corriente (sobre todo por el saldo comercial
desfavorable) sin alterar el nivel de las reservas internacionales.
El déficit en cuenta corriente es más o menos reciente. De 1986 a 1990 se obtuvo un saldo
superavitario equivalente a 1.8% del PIB, en promedio anual. En 1991 llegó a casi 8% del
producto global, pero a partir de 1992 la situación empezó a cambiar. En 1993 y 1994 se
registró un déficit en cuenta corriente equivalente a 5% del PIB. "Ninguna otra de las
principales economías de la región sufrió un deterioro tan severo en tan corto tiempo." En
1995 y 1996 el déficit creció 32 y 13 por ciento, respectivamente, en lo cual pesó mucho el
fuerte incremento de las importaciones.
4.1 El efecto monetario
Los crecientes flujos de capitales asociados al narcotráfico se beneficiaron con la apertura
económica, ya que con la eliminación de aranceles y la liberación de las importaciones, se
hizo más fácil importar, y una fuerte cantidad de divisas provenientes del narcotráfico
pudieron ingresar al país, aunque como es obvio, no todos los flujos de cxapitales
provenian del narcotráfico , si ingresaron al país grandes montos provenientes de
actividades ilícitas donde acumulando los factores estructurales, el consecuente aumento de
las reservas internacionales incidió de diversas maneras en la política monetaria y la
evolución del tipo de cambio, al punto de obligar a las autoridades colombianas a
instrumentar medidas para controlar el ingreso de divisas.
En 1990, en el marco de una política antiinflacionaria, con base en la apertura económica y
la liberalización de los mercados, se estableció un mecanismo de devaluación periódica de
la moneda a fin de impulsar las exportaciones. Empero, la creciente entrada de divisas y el
incremento de las reservas internacionales presionaron al alza los precios por vía del
aumento de la emisión primaria. Ante ello las autoridades tuvieron que reorientar su política
a favor de la apreciación de la moneda, al tiempo que se buscó controlar los flujos de
capital.
En 1991 el Banco Central adoptó una política de esterilización por medio de operaciones
de mercado abierto. Los certificados de cambio bonos en dólares y redimibles en pesos
fueron los instrumentos más utilizados. Además, el Ministerio de Hacienda congeló
créditos obtenidos por 682 millones de dólares y aplicó impuestos adicionales de 3% a
todas las operaciones cambiarias.
La estrategia esterilizadora no logró frenar los ingresos externos, ya que las tasas de interés
se mantuvieron elevadas y siguieron atrayendo recursos del exterior. En diciembre de 1991,
por ejemplo, dichas tasas ascendieron a 38.5%, casi nueve puntos porcentuales más que en
el primer trimestre del mismo año. "Se llegó a un círculo vicioso: los diferenciales de las
tasas de interés fueron superiores a 30 puntos porcentuales (a favor de los activos internos),
lo que reforzó los flujos de capital."
Por lo demás, la estrategia de esterilización resultó financieramente onerosa porque la
institución rectora pagaba una tasa de interés sobre sus pasivos mayor que la percibida por
la inversión de las reservas. "La pérdida del banco central fue de 0.8% del PIB en 1991 y
alcanzó su máximo nivel (1.2%) en 1993, cuando gran parte de la deuda maduró."
En 1993 las autoridades decidieron sustituir la esterilización por otras medidas. El Banco
Central instituyó un encaje de 47% (no remunerado), con un plazo inferior a 18 meses.
Como esta medida se consideró insuficiente, en marzo de 1994 el requisito se extendió a
créditos con vencimientos inferiores a 36 meses. El requisito de encaje, empero, tenía un
gran número de exenciones que le restaron eficacia.
En ese mismo año la institución central instauró un sistema de banda cambiaria de 14%,
aunque se reservó la prerrogativa de intervenir en ella. Hasta la fecha la tasa de cambio ha
tendido a permanecer en el piso de la banda, salvo en ocasión de la incertidumbre inicial
del "efecto tequila" y del escándalo político por el supuesto financiamiento del narcotráfico
de la campaña presidencial de Ernesto Samper (en agosto del mismo año), que presionaron
momentáneamente el tipo de cambio al alza. La intervención oportuna del Banco Central y
el continuo flujo de capitales externos, a transferencias, inversión y endeudamiento,
evitaron la devaluación de la moneda y la merma de las reservas internacionales.
Si bien los controles instrumentados en los años noventa para disminuir el ingreso de
capitales no cumplieron su objetivo, se logró inducir una recomposición de las obligaciones
externas en favor de los vencimientos a largo plazo que resguarda al país en caso de una
reversión brusca de los flujos de capitales.
4.2 El narcotráfico y el empleo.5[1]
El complejo proceso de producción y distribución de drogas encierra muchas fases que
requieren el trabajo de un número indefinido de personas: el cultivo de la hoja de coca y de
la amapola en miles de hectáreas de Bolivia, Perú y Colombia; el traslado de la materia
prima a cientos de laboratorios en el país y en el extranjero para su transformación; el envío
de la droga por todos los medios y rutas imaginables hasta los ercados de consumo,
5
principalmente los de Estados Unidos y Europa; la distribución al mayoreo y al menudeo en
dichos mercados, etc. Si además se considera a los participantes en las tareas de lavado del
dinero y a quienes laboran en los negocios legales de los carteles, sobre todo en el sector
servicios, resulta obvio que el narcotráfico es un importante generador de empleos tanto en
Colombia cuanto en el extranjero. Según algunas estimaciones, de 500.000 a un millón de
personas intervienen de una u otra manera en el negocio del narcotráfico en el mundo.
Para quienes sostienen que el tráfico de drogas beneficia a la economía colombiana, la
cuestión del empleo es una clara evidencia, pues aunque se desconoce el número exacto de
participantes no hay duda de que se trata de miles de colombianos de diversos estratos
sociales. La actividad ilícita, así, impide que la tasa de desempleo aumente en demasía y
representa una válvula de escape de las tensiones sociales, en particular en el campo.
Otro efecto socioeconómico del narcotráfico concierne a las inversiones en la
infraestructura en diversas zonas del país, sobre todo en las de mayor atraso relativo. Ya sea
por conveniencia propia o por "generosidad", los carteles colombianos han financiado
proyectos de vialidades, escuelas, sistemas de drenaje, viviendas, etc. Con esto también han
conseguido el respaldo de comunidades beneficiarias e, incluso, cierta "legitimidad social".
5. EFECTOS NEGATIVOS DEL NARCOTRÁFICO
Los especialistas que desestiman las su-puestas bondades del narcotráfico en Colombia
plantean la necesidad de analizar sus efectos económicos de largo plazo. Para ellos es
fundamental justipreciar el fenómeno y atisbar más allá de las repercusiones actuales, con
base en un examen de causas, límites y perspectivas más importantes.
5.1 La inversión y el consumo
Un indicador del efecto económico de los narcodólares es, desde luego, su destino final.
Gran parte de los ingresos de la droga se utiliza para cubrir gastos de operación, materia
prima, transporte, salarios, sobornos, lavado del dinero, etc. Se estima que en Colombia
más de 60% de los ingresos brutos de la cocaína, por ejemplo, se reinvierten en el propio
negocio. Es decir, este dinero beneficia ante todo a los carteles de la droga y sus socios, e
indirecta y marginalmente a la economía del país.
Para cubrir sus actividades irregulares, los carteles invierten en negocios legítimos, que
entrañarían una aportación efectiva a la economía colombiana. Empero, un examen más
detallado muestra que las repercusiones reales en la producción son muy relativas. Según
un estudio del economista Mario Arango, a finales de los ochenta 75% de los
narcotraficantes prefería colocar su dinero en bienes raíces (departamentos, casas, ranchos,
etc.), mientras que pocos (si acaso algunos) se interesan por sectores productivos
tradicionales, como minería, textiles o manufacturas.
Las inversiones legales del narcotráfico incluyen actividades de uso dual (dual-use):
empresas con un giro comercial común (laboratorios farmacéuticos, electrónicos, etc.), pero
con áreas productoras de productos químicos y accesorios para obtener la droga. En los
sectores agropecuario y pesquero operan empresas exportadoras de camarón, pulpa de
fruta, flores cortadas y otros cultivos, entre cuyos contenedores se esconde el producto
ilícito. Otra parte de los ingresos netos del narcotráfico se destina a la compra de
propiedades y bienes suntuarios (joyas, oro, autos, yates, etc.), por lo que su efecto como
inversión también se diluye.
De hecho, el gran flujo de capitales externos hacia Colombia en los últimos años,
engrosado por los provenientes del narcotráfico, coincide con el debilitamiento del ahorro
interno y el magro crecimiento de la inversión. Más que fortalecer la estructura productiva
y alentar un proceso vigoroso de capitalización, los dineros del narcotráfico repercuten en
el consumo, muchas veces con efectos inflacionarios.
Además, el narcotráfico exige destinar crecientes partidas del gasto gubernamental para
combatirlo, en detrimento de la inversión pública en actividades productivas. En 1995
dichas erogaciones sumaron más de 1 000 millones de dólares, alrededor de 2% del PIB.
El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria estima que en 1994 los carteles de la droga
controlaban directa o indirectamente de 8 a 11 por ciento de las tierras cultivables del país.
A lo largo de la costa norte, en las planicies orientales y en la zona amazónica, la actividad
del narcotráfico desplaza cada vez más a las ocupaciones tradicionales de labranza,
pastoreo, minería y pesca. "La introducción de la economía comercial de la droga ha
removido al campesino de la agricultura de subsistencia y lo ha transformado en jornalero
rural."
Los carteles de la droga reclutan en el campo con gran facilidad la fuerza de trabajo
necesaria para atender los plantíos de coca, amapola y marihuana, en razón de los atractivos
pagos que ofrecen. Por ejemplo, "un agricultor que cultiva algo más de una hectárea de hoja
de coca puede ganar el equivalente a varios miles de dólares al año, en un rango de diez a
cien veces más de lo que podría ganar con cualquier cultivo legal".
La política de apertura, fue aprovechada por el narcotráfico, para comprar tierras a los
agricultores arruinados por los efectos negativos que tuvo la apertura en el campo.
El remplazo de los cultivos tradicionales y el desvío de la fuerza de trabajo hacia las redes
del narcotráfico socavan la economía agropecuaria de Colombia, como lo sugiere el fuerte
incremento de las importaciones de alimentos y la reducción de tierras de cultivos
transitorios (arroz, maíz, trigo, frijol y soya, entre otros). De persistir la conversión de las
tierras de labranza en campos de hoja de coca, amapola y marihuana, así como el
reclutamiento de campesinos para la siembra ilegal, las repercusiones para la agricultura de
Colombia en el largo plazo pueden ser desastrosas e irreversibles.
5.2 La enfermedad holandesa
A primera vista parece axiomático que la bonanza exportadora de un producto primario
contribuye al crecimiento económico de una nación, pero no siempre es así e, incluso,
puede retardar dicho crecimiento.
El ingreso desmesurado de recursos por las ventas externas de un producto primario suele
producir fenómenos que en la literatura económica se conocen como enfermedad holandesa
(Dutch disease): el ingreso extraordinario se vierte sobre una demanda de bienes y servicios
no transables (transporte, servicios públicos, bienes inmuebles), en detrimento de los
productos transables. "Los precios elevados de los servicios no comerciales y las ganancias
del fuerte intercambio extranjero fuerzan a incrementar las tasas de intercambio, la que a su
vez reduce los incentivos para producir bienes exportables e importables." La revaluación
del tipo de cambio, fruto del intenso flujo de capitales, desestimula la producción
exportable, alienta las importaciones y presiona los precios internos al alza. Colombia no es
un caso típico de dependencia de los ingresos de un producto, como los casos clásicos de la
"enfermedad holandesa", pero los ingresos extraordinarios por el comercio ilegal de drogas
han propiciado algunas de las condiciones de ese fenómeno económico, lo cual se
manifiesta en los siguientes aspectos:
Los ingresos de la droga en Colombia se han reflejado en una mayor demanda de bienes
transables y, principalmente, no transables. Si bien la de los primeros se puede cubrir en
general con importaciones, la de los segundos requiere una mayor producción interna a
costa de la de mercancías comercializables. Así, "el ingreso de la droga configura un sesgo
en contra de las actividades transables, en particular de las legales transables. A la larga
conduce a una especialización creciente en la droga y en actividades ilegales. De hecho,
constituye una limitación para la industrialización, la modernización y la inserción
internacional."
Con la concentración de las inversiones de los carteles de la droga en las ramas de bienes
de consumo, inmuebles y la construcción, "se induce una restricción para el desarrollo de
actividades exportadoras y de sustitución de importaciones".
Por un largo tiempo los flujos constantes de narcodólares han presionado el tipo de cambio
a la baja, lo que ha desalentado la producción de bienes exportables, abaratado las
importaciones y propiciado el contrabando. La "enfermedad holandesa" afecta la evolución
de las actividades económicas más dinámicas y estables, principalmente la producción de
bienes transables, y a largo plazo tiende a estimular la dependencia de la economía
colombiana de las exportaciones ilegales.
Los flujos de capital en Colombia han limitado la política monetaria y generado fuertes
presiones inflacionarias. La creciente demanda de bienes no transables se ha manifestado
en una burda inflación en el valor de la tierra, propiedades, algunas mercancías y diversos
servicios. Ello es más evidente en los lugares donde los barones de la droga han sentado sus
reales: Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá.
Sin duda, los principios de la enfermedad holandesa están presentes en la economía
colombiana por los cuantiosos ingresos del narcotráfico. De ahí que las autoridades deben
mantener e incrementar sus esfuerzos para controlar el creciente flujo de narcodólares al
país, así como instrumentar medidas que promuevan la inversión productiva.
De no cambiar las circunstancias que han permitido el desarrollo de este fenómeno, la
estructura productiva y exportadora de Colombia se debilitará cada vez más en perjuicio de
las posibilidades de desarrollo integral del país.
Tras este breve examen de los efectos generales del narcotráfico en la economía
colombiana, se puede concluir que los aparentes beneficios (financiamiento de las cuentas
externas, fortaleza de la moneda, elevadas reservas internacionales, generación de empleos,
etc.) pueden desembocar en una crisis de magnitud imprevisible. Los costos del tráfico de
drogas, en el mediano y largo plazos, pueden anular por completo los efectos "positivos"
actuales.
6. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
El nuevo Gobierno y estrategia contra el narcotráfico.
6.1 Fenómeno.
La nueva administración en Colombia, a cargo de Andrés Pastrana, ha traído consigo una
gran expectativa para ese país en el tema del combate al narcotráfico, entre ellas, las más
importantes son : la "desnarcotización" de las relaciones con EE.UU y la no
estigmatización de Colombia frente a la comunidad internacional. Sin embargo, el
escenario en el que se presentó este cambio de mando fue bastante dramático, siendo las
guerrillas las principales protagonistas y que hasta el momento, se mantienen presentes
hasta que un eventual acuerdo de paz se concrete.
6.2 Erradicación.
La Policía Nacional viene adelantando una intensa campaña de fumigación en el sur de
Bolívar, especialmente en la Serranía de San Lucas, para acabar con los narcocultivos que
existen en esta subregión. Así lo dio a conocer, en el mes de marzo en Cartagena, el
comandante de la Policía, Gral. Rosso José Serrano Cadena, quien dijo que las operaciones
también se vienen adelantando en el Norte de Santander. Sin embargo, el eventual uso del
herbicida Tebutiuron, que sustituiría al Glifosato el cual se esparce desde 1985, en el
proceso de fumigación tiene alerta al Ministerio de Medio Ambiente, Greenpeace,
Ecofondo, Fondo Mundial para la Naturaleza, Rapalmira y varias ONG's ambientales del
país y exteriores, puesto que que temen por los estragos que pueda causar en el ecosistema.
No obstante, los riesgos y los resultados de la fumigación son inversamente proporcionales
a la intensidad con que se desarrollan.
Por otro lado, en un 50 % fueron paralizadas las operaciones antidrogas, a raíz de la
decisión de Washington de inmovilizar 36 helicópteros UH-1H por fallas técnicas en el
motor. La base antinarcóticos de San José del Guaviare, centro del programa de
erradicación de cultivos de coca, se encuentra a medio funcionar mientras que las de
Valledupar y Huila, dedicadas a la fumigación de amapola, tuvieron una suspensión total.
Para este año Antinarcóticos tenía previsto fumigar 50 mil hectáreas, dos mil más de las
erradicadas el año pasado. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y a la parálisis
de los helicópteros, esta cifra se reducirá drásticamente.
La diversidad de lugares en los que se siembran los cultivos ilícitos, es una muestra de los
permanentes traslados internos de los cultivos de coca y amapola, lo que tiene como
explicación la fluctuación de mercados, los cambios climáticos, el incremento de la
violencia y la interdicción.
6.3 Ofensiva Guerrillera.
Días antes de producirse el cambio de mando presidencial, Colombia enfrentó una de las
más graves ofensivas rebeldes, atribuidas en gran parte a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Unos 200 militares, policías, civiles y guerrilleros
murieron, otros cien resultaron heridos y s de cien han desaparecido o fueron retenidos,
según informes provisionales difundidos. Los ataques de mayor envergadura tuvieron lugar
en las poblaciones de Miraflores, zona cocalera del Guaviare, donde se registró el mayor
número de víctimas y la destrucción total de la base antinarcóticos, la base militar y una
base de la marina. Riosucio, al oeste de Colombia, fue también escenario de 60 muertes
entre soldados y guerrilleros, en un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y el
ejército colombiano. Se estima que desde hace ocho meses las FARC tienen en su poder a
unos 210 policías y soldados capturados en enfrentamientos, y son unos 700 guerrilleros los
que se encuentran en las cárceles colombianas.
A pesar de que los jefes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se
negaron a negociar con el gobierno saliente, ya han indicado su intención de llegar a un
acuerdo de paz con el nuevo presidente Andrés Pastrana. Por su parte, el Presidente muestra
todas las intenciones de tomar sus propuestas seriamente, dejando en claro que "no será el
sepulturero del imperio de la ley".
La presencia de múltiples actores de violencia es un factor de riesgo para las acciones del
gobierno: el narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia común y los paramilitares. Sin
embargo, el problema estriba en que cada vez más se produce un aumento del conflicto
militar en zonas donde no solamente el Gobierno Colombiano tiene interés, sino también
los EE.UU. Aunque no se puede obviar la presencia específica de las FARC en zonas donde
cobra las famosas "vacunas" por cultivo de coca, los paramilitares y las migraciones,
forzadas por la violencia desatada, están especialmente en la zona del Bajo Putumayo. El
gobierno debe hacer todos los esfuerzos posibles para diferenciar con claridad las acciones
en zonas de cultivos ilícitos de la represión a la guerrilla y a otros grupos irregulares. El
eventual análisis de la "narco guerrilla" trae consigo una serie de problemas que han de
tomarse en cuenta, puesto que frente a dos evidentes situaciones, se tiende a tomar una sola
política; ejemplo de ello son los fondos antidrogas y su desvío a la guerrilla. Frente a esta
realidad son los derechos humanos los que sufren las consecuencias.
7. CONFLICTOS GENERADOS
Desde el inicio del auge del narcotráfico en los años setenta y el consecuente aumento del
consumo de drogas en los países industrializados, se inició una batalla frontal contra la
actividad que a la fecha ha sido impotente no sólo para derrotarla, sino por lo menos
controlarla.
Las estrategias para enfrentar el problema parten de dos percepciones y diagnósticos
generales prácticamente antagónicos. Por un lado, los países consumidores de
estupefacientes, encabezados por Estados Unidos, que consideran la oferta del producto
como la principal causa del mal; por el otro, las naciones productoras que argumentan que
es la demanda la que mantiene y fomenta el fenómeno.
Estos planteamientos encontrados del problema han condicionado la relación entre
Colombia y Estados Unidos en los últimos 30 años. Una de las principales diferencias
radica en los efectos concretos del narcotráfico en esos dos países: "Mientras que para
Estados Unidos el problema es el narcotráfico, para Colombia lo es la narcoviolencia o
narcoterrorismo, es decir, la capacidad de los narcotraficantes de imponer por las armas sus
puntos de vista tanto en sus relaciones internas como frente al Estado y a los movimientos
populares."6[1]
En consecuencia, la guerra en contra de las drogas no es una sino dos, con múltiples
niveles, escenarios, prioridades y objetivos. De ahí su enorme dificultad para coordinarla al
gusto de todas las partes.
6
En Estados Unidos el narcotráfico representa un grave problema, pues implica una
profunda desorganización social y cultural, merced a los millones de jóvenes expuestos a
las drogas y las mafias que crecen y luchan por el control interno del negocio. Asimismo,
representa un gasto brutal de la sociedad en el consumo de estos productos. En febrero
último, el responsable en Estados Unidos de la lucha contra las drogas, Barry Mc Caffrey,
informó que en 1996 sus compatriotas gastaron 49.000 millones de dólares en drogas, de
los cuales 31.000 millones correspondieron a la cocaína.
Para el gobierno de Washington, el narcotráfico representa un asunto de seguridad nacional;
el presidente George Bush lo califi como "el principal enemigo de Estados Unidos". Sus
esfuerzos están encaminados a combatir la oferta donde ésta se genera, por medio de la
destrucción de los carteles de la droga. Sin embargo, este empeño no ha fructificado e
incluso algunas de las estrategias han resultado contraproducentes. Un ejemplo claro de ello
fue la asistencia al gobierno de Bolivia en 1987 de 48 millones de dólares, para erradicar
26.000 hectáreas de plantíos de hoja de coca en los próximos seis años. En ese lapso los
campesinos bolivianos habilitaron en otras zonas del país más de 35 000 hectáreas para la
coca, con lo que afectaron la siembra de otros productos legales.
Diversos analistas sostienen que el enfoque estadounidense en torno de la oferta está no
sólo destinado al fracaso, sino que beneficia la actividad misma que ataca. En la práctica, la
represión de la oferta detiene la caída natural del precio de la droga, considerando que éste,
al igual que el de los productos primarios, es altamente elástico y su demanda inelástica, lo
que implica que el precio tenderá a bajar a menos que suceda un aumento intempestivo del
consumo o una seria represión de la oferta. Es decir, a menor oferta, mayores niveles de
excedente para los narcotraficantes. Por otra parte, las medidas aplicadas hasta ahora para
encarecer los costos de la ilegalidad (confiscación de algunos recursos bancarios,
destrucción esporádica de plantíos y laboratorios, etc.) y combatir a los mecanismos
financieros para el lavado de dinero han sido muy limitados.
El objetivo fundamental de Colombia en su lucha contra las drogas es combatir el
narcoterrorismo. A principios de los ochenta, y en pleno auge del cartel de Medellín, las
autoridades colombianas emprendieron una política de guerra frontal en contra de los
narcotraficantes. A finales de ese decenio los resultados de esta estrategia eran desoladores.
El narcotráfico nunca dejó de crecer, ni tampoco su capacidad de violencia.
En los noventa las autoridades colombianas optaron por la negociación directa con los
carteles, pues la situación era ya insostenible. "La prioridad era contra el narcoterrorismo,
pues con las primeras bombas la opinión pública pedía la cárcel para los narcoterroristas,
con las siguientes pedía la extradición, pero a partir de la cuarta bomba empezaba a pedir
que los indultaran."
A los narcotraficantes que se entregaran y colaboraran, las autoridades ofrecieron no
extraditarlos a Estados Unidos, sentencias reducidas y otras concesiones. La estrategia dio
frutos. La violencia de las drogas se redujo en forma notable y se logró el encarcelamiento
de varios barones de la droga. La contraparte, empero, fueron las sentencias ridículas que se
dictaron y las excesivas comodidades carcelarias que se otorgaron, lo que permitió a los
narcotraficantes seguir manejando sus negocios desde sus celdas. En este sentido, el caso
más extremo fue sin duda el "encarcelamiento" de Pablo Escobar en la prisión La Catedral
en 1991. El capo invirtió alrededor de dos millones de dólares para acondicionar la cárcel y
transformarla en una hacienda de cinco estrellas, con todo el equipo e infraestructura para
seguir dirigiendo desde ahí sus asuntos. Al sentir amenazada su seguridad, Escobar
"escapó" trece meses después: salió caminando tranquilamente y rodeado de su cuerpo de
seguridad.
El gobierno colombiano ha emprendido en los últimos años una gran ofensiva diplomática
en la que insiste en el carácter internacional del problema. Ratifica que la demanda es la
base del negocio y que el país no ha recibido reciprocidad por sus acciones en contra del
narcotráfico, como podría ser la reducción permanente, generalizada y sin condiciones de
aranceles de Estados Unidos y los países europeos, para impulsar las exportaciones legales
del país.
A la fecha, la estrategia colombiana ha sido exitosa en el logro de su principal objetivo: la
reducción considerable del narcoterrorismo. En cambio, ha sido poco eficaz al combatir la
producción y comercialización de las drogas. En realidad la represión de la actividad es un
tanto desorganizada, orientada más a satisfacer a Estados Unidos que a lograr resultados
concretos. Los esfuerzos últimos se han concentrado en la destrucción de la hoja de coca y
en la confiscación del producto final, pero con resultados muy limitados.
8. LA SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LA DROGA
La adicción a las drogas y su tráfico ilícito adquieren proporciones alarmantes, porque están
afectando cada vez más a la juventud y a los niños en edad escolar. La situación deprimida
en que viven amplios grupos sociales indigentes, a los que la sociedad no brinda acceso
regular a sus bienes y servicios, constituye la "mano de obra" de los narcotraficantes,
quienes los comprometen en sus actividades y, al mismo tiempo, los inducen al vicio. En
Colombia, los narcotraficantes son los héroes de una parte de la juventud, e incluso de una
parte de la población en general. En Medellín, Pablo Escobar ha tenido un entierro de
primera, con una muchedumbre de personas llorando su muerte. Fue un bienhechor de los
barrios pobres y el empleador de un gran número de jóvenes.
La proliferación de drogas se incrementó a partir de los años setenta y en la actualidad hay
una mayor variedad de ellas, cada vez de mejor calidad y más potentes. Al contrario, otras
drogas deben su bajo precio a sus peligrosos niveles de impureza, siendo de fácil
adquisición; el bazuco y el crack son ejemplos de estos estupefacientes que ocasionan
daños irreparables al organismo humano7[2].Un estudio de la Universidad de los Andes
realizado en el año 1987 había demostrado que si más del 55 % bebían alcohol y 30 %
fumaban, no había más que un 1,08% para fumar marihuana, 0,64% para tomar bazuco y
0,25 % para aspirar cocaína. El despegue experimentado en los últimos años por el
consumo de narcóticos en el interior de un gran número de los países productores o de
tránsito es un tema de creciente preocupación.
7
En las áreas urbanas, el fenómeno se manifiesta en el llamado "microtráfico", dadas las
características de su organización en células pequeñas, su gran movilidad, y su
concentración por áreas o barrios, a cargo de grupos de pocas personas, casi siempre
jóvenes y niños. Las ventas callejeras de pasta básica, de pitillos o bazucos, de marihuana y
de dosis de heroína atraen a los innumerables desocupados de las capas más pobres, que se
prestan a ejercer esta actividad, más rentable que otras que, por lo demás, no siempre están
disponibles.
La violencia y la criminalidad asociadas con la droga y su distribución causan graves
perjuicios en los barrios que ya se debaten en el estancamiento económico. Las tentativas
de abrir negocios de barrio se ven desalentadas, la asistencia a las escuelas se ve
continuamente perturbada, las salas de emergencia de los hospitales rebosan de víctimas de
dosis excesivas y de tiroteos, los residentes con ingresos estables encuentran razones para
trasladarse a otros lugares y las habilidades y ambiciones que podrían aprovecharse de
forma productiva se desperdician en la búsqueda ilusoria de rápidos beneficios a través del
tráfico de drogas.
En el campo, a pesar de que la economía de la droga ha dado al campesino empleo y
mejores ingresos, estos beneficios inmediatos le han costado muy caros: el costo de la vida
en las zonas cocaleras se ha elevado significativamente, y el pago en efectivo ha sustituido
a las formas tradicionales de trueque en pequeña escala y de apoyo mútuo que eran fuente
de estabilidad y equidad dentro de las comunidades indígenas. En Colombia, decenas de
millares de nuevos "colonos" han emigrado desde las cordilleras hasta los "llanos" para
cultivar la coca, trastornando el equilibrio social anterior. Los productos alimenticios como
las patatas y el maíz comenzaron a escasear a medida que la mano de obra era absorbida
por los cultivos de coca. La economía de auto consumo fue reemplazada por una
mercantilizada, impersonal, muy alejada del espíritu comunitario del campesino.
La repercusión social de la droga también se hace sentir en la estructura del empleo. En
efecto, la industria de la droga es un empleador importante en Bolivia, Colombia y Perú.
Ocupa directamente entre 600.000 y 1.500.000 personas, según diversas estimaciones.
Otras fuentes elevan este número a 1,8 millones, lo cual vendría a representar más de un
4,5% de la población activa, o sea cerca del 3% de la población total de estos tres países.
De ellas, unas tres cuartas partes son agricultores y cosechadores de la hoja de coca; casi
una cuarta parte son "pisadores" que con los pies descalzos mezclan las hojas con
productos químicos no elaborados, como el queroseno, para hacer la "pasta"; unos cuantos
miles trabajan en los laboratorios clandestinos en los que la pasta se convierte en cocaína
refinada, y unos mil, más o menos - entre los que se incluyen los multimillonarios de los
cárteles - dirigen las importaciones y exportaciones y las finanzas. Además, un número
mucho mayor de personas obtiene indirectamente sus medios de vida del efecto
multiplicador que se hace sentir en las economías locales.
Otro efecto social de la droga, fue la aparición del "narcoagro", que ha adquirido particular
importancia en Colombia. Los nuevos “barones” de las drogas hacen su conversión en
neoterratenientes con evidentes efectos en la economía agropecuaria y en el sistema de
tenencia de la tierra. En efecto, los estudios acerca del proceso agrario comenzado por los
narcotraficantes coinciden en describirlo como una "contrarreforma agraria", ya que,
contrariamente a lo buscado por los programas reformistas, ha vuelto a consolidar una
estructura latifundista. Según un estudio (Sarmiento y Morento, 1990), a fines de 1988 los
narcotraficantes poseían un millón de hectáreas, es decir un 4,3% de las tierras productivas.
La intervención de la economía de la droga en el negocio de las tierras repercutió en la
forma de tenencia de ésta, ya que aumentó la propiedad (75% en 1960 y 88% en 1988), y se
redujo el arrendamiento (del 9% al 3,2%) y el colonato (del 14% al 5,6%), en igual período.
Por otra parte, según el mismo estudio, el área de influencia de los narcotraficantes se
amplió con su participación en la producción agrícola nacional y en el crédito destinado a
cultivos comerciales. Lo mismo sucedió en la ganadería, con su participación en el
sacrificio de ganado y el crédito. Entre quienes no les han vendido sus tierras, por un lado,
los terratenientes ricos se enfrentan a mayores costos de producción, en parte por los
mejores salarios que pagan los narcoterratenientes, y, por otro lado, los campesinos pobres
dejan sus tierras o finalmente las malvenden, por la situación de inseguridad y violencia a la
que son sometidos. Junto con ir reemplazando a las antiguas familias terratenientes, el
narcoagro impone un ritmo distinto de cambio y explotación: incorpora la ganadería
selectiva (en detrimento de la intensiva), los cultivos de palma africana, la cría industrial
del camarón, algunos cultivos tradicionales como el arroz y el algodón, y la industria
avícola.
Según lo señala Reyes Posada, (1989), los narcotraficantes "se enfrentan a un doble reto:
establecer por si mismos la dominación social, al legitimarse como élite que reorganiza las
relaciones sociales del campo; y modernizar la producción agropecuaria, mejorando el nivel
de vida a los trabajadores rurales y abasteciendo los mercados internos y externos".
8.1 Colombia: la búsqueda de una política alternativa y de cooperación internacional
Las acciones destinadas al control y gradual reducción del narcotráfico en la región han
sido hasta ahora de carácter eminentemente "cíclico" y represivo, sin que les acompañasen
programas de transformación estructural a largo plazo. Las medidas aplicadas en los
últimos años parecen haber desfavorecido sobre todo a los pequeños agricultores, pero no
han afectado sustancialmente a los cultivadores en gran escala y a los traficantes de droga
responsables de la fuga de capitales y del blanqueo de dinero, auténticos causantes de la
persistencia y agravamiento del problema. En presencia únicamente de medidas de control
y represión se puede asistir a nivel regional a fenómenos como el desmoronamiento del
precio de la droga, la subida del desempleo por pérdida de puestos de trabajo y el retorno a
la miseria de miles de personas. Por otro lado, en el plano nacional, las políticas represivas
no parecen haber contribuido sustancialmente a reducir los volúmenes de producción y
exportación.
Numerosos testimonios recogidos demuestran que los cultivos de cannabis han vuelto a
aparecer en el departamento del Cauca, Caqueta y en la montaña de S. Lucas, pero, y esto
es un fenómeno totalmente nuevo en Colombia, su objetivo no es la producción de
marihuana, sino la extracción de hachís, destinado muy probablemente a la exportación.
Otra razón que explica el alza de los precios de la coca es que una parte de las superficies
en que antes se cultivaba ahora produce opio. Actualmente se estima en más de 20.000
hectáreas la superficie sembrada de amapola en las montañas colombianas, a pesar de las
más de 12.000 hectáreas destruidas mediante fumigación aérea, por el temible insecticida 2-
4D (El muy conocido agente naranja) .
Sin embargo, en los tres países más afectados en la actualidad, Colombia, Bolivia y Perú, se
ha producido una evolución hacia estrategias más integrales y más orientadas hacia el
contexto socio - económico e internacional del problema de la droga que las políticas
meramente policiales o de erradicación. En Bolivia, los campesinos temen ser las únicas
víctimas de la lucha contra los narcotraficantes, lucha que va militarizandose cada día s.
Durante la cumbre de Cartagena, en el año 1991, el presidente boliviano Jaime Paz Zamora
ha declarado : "Debemos luchar contra el narcotráfico, pero no a costa de un
empobrecimiento".
A pesar de millares de millones de dólares invertidos en la lucha contra la multinacional de
la droga, los Estados Unidos han fracasado. Tratan ahora de cortar de raíz, en los lejanos
valles tropicales del Chapare o del Huallaga. Millares de hectáreas plantadas de coca fueron
arrancadas, en Perú, o quemadas en Colombia. Pero, el paradigma de la "guerra contra las
drogas" está basada en fundamentos irracionales que asocian falsamente la coca con la
cocaína, como un fenómeno estricto de causa - efecto. La búsqueda de una erradicación
definitiva del cultivo de la coca es una estrategia que amenaza el tejido cultural de los
usuarios y productores tradicionales de este recurso andino. Después de las primeras
víctimas, los gobiernos fueron obligados a cambiar de comportamiento, ante las amenazas
de levantamiento popular.
El Gobierno colombiano ha reforzado la represión del narcotráfico a través del asalto a los
centros de producción, la incautación de bienes, la captura de los principales traficantes y la
destrucción de sus instalaciones clandestinas. Varios sectores de la sociedad colombiana
han cuestionado abiertamente la estrategia anti - droga vigente por los altos costos humanos
y económicos que ha ocasionado. Se ha argumentado que la estrategia dominante hasta
ahora, la policial, no sólo no ha alcanzado los resultados deseados sino que ha supuesto una
represión exagerada, contribuyendo a alimentar la espiral de violencia.
CONCLUSIONES
1. No es posible hablar estrictamente de una llamada "Narcoeconomía" en Colombia, pero
es indudable que el negocio de la droga le otorga muchas peculiaridades a la Economía
Colombiana.
2. Existen efectos contradictorios para la economía para el desarrollo de la Economía
Colombiana.
3. Los programas de erradicación de cultivos ilícitos han demostrado su ineficiencia, frente
a las ventajas del negocio que se traducen en mejores niveles de ingreso de los habitantes
de dichas regiones, seria mejor pensar en implementar programas de prevención hacia los
cultivos ilícitos apoyando y mejorando las condiciones comerciales de los cultivos de los
productos agropecuarios lícitos.
4. También la fumigación a demostrado su ineficiencias en la lucha antinarcóticos.
5. El auge de la droga ha lesionado el desarrollo de las actividades agrícolas y
manufactureras a casa del efecto de la "Enfermedad Holandesa" ; ha bajado la calidad de
las inversiones puesto que ellas han sido orientadas cada vez más hacia el corto plazo.
6. El narcotráfico contribuye sustancialmente a entrabar las posibilidades de solución de la
crisis política de la que es una expresión la violencia. La sustitución de la elite terrateniente
por narcotraficantes les cambio a los campesinos el escenario de confrontación social, a uno
en el cual el Estado se ve seriamente limitado para hacer reforma agraria.
7. La adicción misma a las drogas en Colombia adquiere proporciones alarmantes, porque
esta afectando cada vez más a la juventud y a los niños en edad escolar, y cada día son más
corrientes los casos de adicción a alguna droga entre las familias de nuestro país.
BIBLIOGRAFÍA
TOKATLIAN JUAN G. - BAGLEY BRUCE (Compiladores) Economía y Política
del Narcotráfico. Ed CEREC Ediciones Uniandes Universidad de los Andes, Bogotá 1990.
 THOUMI FRANCISCO E El país trabado, Articulo publicado por la revista Dinero
en la edición de Marzo de 1995.
CASTRO ESCUDERO Alfredo , "Colombia, mitos y realidades del narcotráfico".
revista Comercio Exterior, Volumen 4, No21, México, Abril de 1997.
PAMPILLÓN Rafael y VERNA Gerard , Ley de Mercado y Narcotráfico ;El caso
de Colombia. Febrero 28 de 1995.
GONZALES Patricio. Lavado de dinero: un desafío criminológico. Revista Chilena
de Derecho. (Santiago, Chile), Vol. 22, Nº 2, 1995. p. 321-324.
 STEINER SAMPEDRO, Roberto “Los ingresos de Colombia producto de la
exportación de Drogas ilícitas, “Coyuntura Económica Vol 26 No 4 Diciembre
de 1996
Colombia frente al Narcotráfico, Un reto de largo plazo, estudio publicado por
fundapresencia, ubicado en www.fundapresencia.org.co.
www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/PUB/narcol-E.html
También en www.memoria.com.co www.semana.com.co
www.eltiempo.com.co www.fundapresencia.org.co

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GestioPolis. (2001, enero 7). El narcotráfico en Colombia. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/el-narcotrafico-en-colombia/
, GestioPolis. "El narcotráfico en Colombia". GestioPolis. 7 enero 2001. Web. <http://www.gestiopolis.com/el-narcotrafico-en-colombia/>.
, GestioPolis. "El narcotráfico en Colombia". GestioPolis. enero 7, 2001. Consultado el 30 de Mayo de 2015. http://www.gestiopolis.com/el-narcotrafico-en-colombia/.
, GestioPolis. El narcotráfico en Colombia [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/el-narcotrafico-en-colombia/> [Citado el 30 de Mayo de 2015].
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