Título preliminar del código civil peruano de 1984

Autor: Fernando Jesús Torres Manrique

Otros conceptos de economía

16-06-2010

Artículo I.- Abrogación de la ley

La ley se deroga sólo por otra ley.

La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla.

Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado.

Este artículo se aplica a todo el ordenamiento jurídico peruano, es decir, se aplica a todo el derecho privado, público y mixto, lo cual trae como consecuencia que se aplica a todas las ramas del derecho.

Existen diversos tipos, clases o variedades de derogación, siendo algunas las siguientes: derogación total y parcial, y a la primera de las mencionadas se conoce también o en forma mas adecuada con el nombre de abrogación, sin embargo, este término jurídico es poco conocido en el derecho perauno.

Un ejemplo de derogación es el artículo 2113 del código civil peruano de 1984, el cual deroga expresamente el código civil peruano de 1936.

Artículo II.- Ejercicio abusivo del derecho

La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso.

Este artículo hace referencia al ejercicio y omisión abusivos del derecho, cuyo texto estudiado fue introducido por una modificación legislativa del código procesal civil peruano de 1993, el cual establecía que “La ley no ampara el abuso del derecho. El interesado puede exigir la adopción de las medidas necesarias para evitar o suprimir el abuso y, en su caso, la indemnización que corresponda”. Sobre este tema existe poca información en el derecho peruano, y la jurisprudencia y ejecutorias peruanas han sido muy reacias a su aplicación, lo cual ha motivado que existan muchas injusticias, lo que no ocurre en el derecho español, en el cual los estudios y aplicación de esta institución como es por cierto el abuso del derecho se encuentran mas desarrollados. Este artículo también se aplica a todas las ramas del derecho.

Artículo III.- Aplicación de la ley en el tiempo

La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú.

En este artículo se hace referencia a ley, es decir, incluye todos los dispositivos legales o normas legales, las cuales sólo se aplican para el futuro y no para el pasado, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política peruana vigente, como es por cierto la de 1993, sin embargo, debemos precisar que la constitución vigente al momento de entrar en vigencia el código comentado era la de 1979, lo cual dejamos constancia a efecto de tener en cuenta que la norma legal de mayor jerarquía en el derecho positivo peruano o legislación peruana ha sido sustituida. El artículo comentado se entiende mas fácilmente en el derecho penal, dentro del cual las sanciones se aplican para el futuro y no para el pasado.

Artículo IV.- Aplicación analógica de la ley

La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía.

La analogía no se utiliza en la interpretación, sino en el caso de la integración, es decir, en el caso de vacío legal, y lo mismo ocurre en los vacíos de otras fuentes del derecho, dentro de los cuales podemos citar el caso de los vacíos jurisprudenciales, vacíos de ejecutorias, vacíos de doctrina, sólo por citar los mas conocidos. Por lo tanto, debemos precisar que de los mencionados los supuestos de vacíos de ley son los casos mas importantes de casos en los cuales es de aplicación la analogía. La cual consiste en aplicar una norma u otra fuente del derecho o fuentes del derecho que se encuentran previstas para casos parecidos o semejantes.

Artículo V.- Orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico

Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres.

Es necesario dejar constancia que la nulidad es de dos clases que son las siguientes: nulidad absoluta y nulidad relativa, y en todo caso se aplica a todos los actos jurídicos, y en todo caso este tema encuentra amplia regulación en el libro del acto jurídico del presente código sustantivo.

Artículo VI.- Interés para obrar

Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral.

El interés moral autoriza la acción sólo cuando se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley.

En cuanto a este artículo debemos precisar que estamos acostumbrados a que el mismo se aplique y estudie sólo en el derecho judicial, sin embargo, esto no es correcto porque el mismo también abarca al derecho arbitral, dentro del cual existe demanda arbitral y contestación arbitral. Además se aplica para proponer excepciones, reconvenciones y cualquier otro medio de defensa. En consecuencia también se aplica en sede procesal penal.

Artículo VII.- Aplicación de norma pertinente por el juez

Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda.

Según este artículo los jueces se encontrarían sometidos a las leyes, aún en el caso de no haber sido citadas, lo cual debe ser estudiado junto con el delito de prevaricato, que es un delito previsto y penado por el Código Penal peruano de 1991, el cual es el código penal vigente, que también se encontraba previsto y penado en el Código Penal peruano de 1924.

Consideramos que el artículo comentado debe ser modificado para aplicarse a todos los trabajadores de la administración pública, es decir, no sólo a jueces, por lo tanto, debe ser de aplicación a fiscales, directores, presidentes regionales, alcaldes, regidores, registradores, ejecutores coactivos, entre otros tantos, sin embargo, existe otra corriente por la cual se ha llegado a sostener que los jueces no son meros aplicadores de las normas legales, sino que deben interpretar en forma adecuada, no para aplicar las leyes, sino mas bien para administrar justicia, lo cual es conocido por algunos como brindar el servicio de justicia.

Artículo VIII.- Obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley

Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.

En este caso debemos tener en cuenta que los jueces a que hace referencia este artículo son de todos los niveles y la ley a que hace referencia son las normas legales o dispositivos.

Los principios generales del derecho constituyen el substrato de todo el ordenamiento jurídico, es decir, de todas las leyes, normas legales o dispositivos legales, en todo caso, los indicados constituyen junto con la analogía el derecho supletorio, al cual se acude en caso de vacío de fuentes, dentro del cual un supuesto es el vacío de ley o vacío legal, el cual no debe confundirse con los vacíos del derecho, los cuales son totalmente diferentes, llegando incluso a sostenerse que no existen estos últimos.

Artículo IX.- Aplicación supletoria del Código Civil

Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza.

Es decir, el código civil peruano de 1984 como tronco dentro del derecho positivo peruano se aplica supletoriamente a las otras normas peruanas y lo mismo ocurre en otras fuentes del derecho. Es aceptado casi por todos que el derecho civil constituye la rama mas importante dentro del derecho.

Artículo X.- Vacíos de la ley

La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los vacíos o defectos de la legislación.

Tienen la misma obligación los jueces y fiscales respecto de sus correspondientes superiores.

El Tribunal de Garantías Constitucionales a que se hace referencia en el artículo comentado debe entenderse en estos tiempos dentro del derecho peruano al Tribunal Constitucional, según la denominación incorporada al derecho positivo peruano en la Constitución Política peruana de 1993.

Además queremos sostener que esta norma debería ser de aplicación también a otras autoridades y en todo caso ha merecido escasa atención y reducida aplicación, porque los órganos jurisdiccionales y fiscalías se encuentran saturados de trabajo, lo cual les impide cumplir con esta norma, y en todo caso no tienen personal que pueda encargarse de tal función a dedicación exclusiva.

Es decir, en el derecho peruano las personas que tienen iniciativa legislativa son pocas, lo cual tiene como ventaja que el congreso tenga poca carga procesal, pero tiene la desventaja que pocas personas pueden aportar a favor de una mejor legislación, por ejemplo las universidades se encuentran recargadas de muchas propuestas adecuadas, sobre todo para el derecho peruano, lo cual debe ser aprovechado por parte del parlamento y en todo caso no es la única institución que aprueba normas, sino que también existen otros legisladores, dentro de los cuales podemos citar el caso de los ministerios.

En cuanto al segundo párrafo se hace necesario destacar que la norma debe ser modificada en el sentido que los jueces y fiscales pueden efectuar propuestas legislativas directamente a todos los legisladores, sin intervención de la Corte Suprema de ningún tipo, porque con la actual redacción de la norma es claro que se recarga de manera excesiva la labor de la indicada y además se genera fuertes incentivos para que los conocimientos de los jueces y fiscales no sean aprovechados a favor de la legislación peruana.

Es decir, con la redacción actual del artículo comentado el congreso peruano desaprovecha los conocimientos de casi todos los peruanos y debemos precisar que en este proceso legislativo, el cual es conocido como proceso de gestación de normas no podemos darnos estos lujos. En tal sentido, debe modificarse esta norma a efecto de que todos los ciudadanos puedan efectuar propuestas legislativos incluso por correo electrónico.

La norma analizada es necesario que sea interpretada junto con el Reglamento del Congreso, debiendo esta última ser modificada en el mismo sentido, a efecto de poder actuar con mayor justicia para todos.

Fernando Jesús Torres Manrique - fhernandotorresarrobahotmail.com

Ex Juez Titular Decano. Ex Registrador Público Titular. Ex Jefe Titular de Registros Públicos. Consejero de la Revista Jurídica Derecho y Cambio Social. Maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios parciales de Doctorado en Derecho en la misma universidad.

Autor del tratado titulado: “Derecho Empresarial”.

El tratado mencionado lo estará terminando de redactar posteriormente, y con el mismo esperamos contribuir con el derecho empresarial. Estudios parciales de maestría en derecho empresarial en la Universidad Católica de Santa María. Ha recibido una serie de diplomas, felicitaciones, entre otros tantos reconocimientos. Ha cursado abundantes diplomados, especializaciones, y postgrados al igual que una serie de otros estudios, tanto en el territorio peruano, como en el extranjero.

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