La política de la anti política… no pedir… tampoco rendir cuentas

01-04-2008

“… Todo pueblo tiene el gobierno que se merece…” sentencia que algunos ilustrados han atribuido a Jorge Ruiz de Santayana otros, ilustrados o no, al propio Adolfo Hitler. De este último tomemos también la referencia que de él hace el padre de la tercera escuela vienesa de la psicoterapia Victor E. Frankl cuando le imputa haber dicho o anotado en alguno de sus borradores mientras preso en Munich escribía Mein Kampf: “… a nadie le gusta pensar, le gusta que le den todo pensado…”.

Son sanciones de momentos distintos en la historia del hombre y de la política pero que, a los efectos nuestros e independiente de autores, vienen a encajar casi a la perfección tanto en lo que tenemos como manifestación de esto que se dice gobierno, como y en cuanto a lo que se refiere a la expresión y a la reacción de la llamada sociedad civil.

Allí precisamente, en ese inseparable vínculo entre las expresiones materiales de un gobierno y las derivadas equivalentes manifestaciones de los gobernados, mediando o no sus órganos intermedios, donde adquiere brutal vigencia el contenido de una y otra cita con las que se inicia esta nota.

Eventos y derivados

Por razones de espacio y tan sólo para ilustrar el punto, centraremos la atención en quizás una de las más importante y trascendentes de todas las atribuciones y responsabilidades de un Estado occidental en el moderno concierto de naciones y como lo es, la Administración de Justicia. En ese específico ámbito acaba de hacerse público ayer, y puesto sin tapujos al descubierto, el drama del cual todos y cada uno de los que habitamos al interior de estas fronteras, víctimas o no, conocedores o no de la materia, hemos sido testigos por años, y sin que jamás, entiéndase bien, jamás, se hayan producido por parte de la sociedad civil, víctimas incluidas, reacciones individuales y colectivas suficientemente sostenidas y consistentes, como para embalar, perturbar o detener lo que es ya una eficiente maquinaria de delito en manos de delincuentes; menos aún, para poner coto y modificar en lo más mínimo lo que es ya por costumbre una reiterada y reiterativa conducta social; conducta que por la misma y simple dinámica de los hechos ha escalado y ha sido llevada al terreno de: una Política de Estado sino soportada, si tolerada por la sociedad venezolana.

Parodiando en consecuencia una de las sentencias citada, tenemos como derivado entonces: la justicia que nos merecemos. De eso, nadie puede dudar.

Sustentemos la apreciación

Ya en una reciente nota anterior hicimos la comparación entre la carrera del magistrado Iván Rincón Urdaneta quien iniciado en su carrera judicial con el caso de Los Pozos de la Muerte en el Zulia (1985), dieciséis años después ya ocupaba una curul como miembro del tribunal más alto de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y hasta alcanzar no sólo a presidir la Sala Constitucional sino hasta ejercer la presidencia de ese máximo tribunal. Sin embargo, recordábamos que su carrera comenzó justamente dando cumplimiento a cabalidad y desde su posición como recién designado juez de causa, a las precisas, verbales y directas instrucciones políticas del propio jefe del Estado: cerrar el caso Pozos de la Muerte sin señalamiento, mucho menos sentencia. Políticamente negada investigación, juicio y sentencia en contra de los criminales que desaparecieron y asesinaron a múltiples seres humanos, inocentes o no, menores incluidos, quienes fueron secuestrados o desaparecidos, luego torturados, muertos a palos o a tiros y al final de cada orgía criminal, lanzados amarrados y de cabeza, vivos o no aún, al fondo de un aljibe de un radio no mayor a sesenta centímetros y de no menos de treinta metros de profundidad.

Sobre esa reconocida obsecuencia se edificó el mérito de Iván Rincón Urdaneta; el mérito para que esta “Revolución” no más llegar al poder, lo llevase a tan alto cargo y luego, jubilado ya, lo designara Embajador en El Vaticano, cargo que aún desempeña.

Hacíamos esta referencia para sustentar las ya, consecuencialmente, “legítimas” aspiraciones manifiestas por quien durante años ejerciera el cargo de Fiscal General de la República, abogado Julián Isaías Rodríguez Díaz. Y visto que, al igual que el caso anterior citado, su grado de sumisión y de obediencia ante el líder de la “Revolución”, bien se merece tal calidad de reconocimiento o premio a su devoción y sumisión puesto que, no sólo, entre otras, convalidó con su presencia física en la escena del crimen –acompañando tanto al vicepresidente de la República como al más de un ciento de funcionarios de gobierno que se hicieron presentes, pateando, modificando, alterando, sembrando y destruyendo reales y potenciales evidencias desde muy pocos minutos después de ocurrida la detonación e incendio que acabó con la vida del Fiscal en funciones Danilo Anderson, y bajo el argumento que luego, de viva voz, expondría a sus subalternos: “… ya que esa investigación era un problema de Estado…” (Hernando José Contreras Pérez dixit)– el hacer y dejar de hacer técnico necesario, sino que además, ejecutó e hizo expresamente ejecutar por sus subalternos todas y cada una de las tareas necesarias para sustentar y complementar lo que ha quedado evidenciado como una expresa decisión y voluntad política del poder central. Tal como queda al descubierto en el escrito, la reciente comunicación oficial del Fiscal Quincuagésimo Sexto a Nivel Nacional con Competencia, Plena Hernando José Contreras Pérez, fechada en Caracas el día 17 de marzo de 2008.

Aspira Julián Isaías Rodríguez Díaz, tan leal ex funcionario, el merecido premio a su devoción, a ser recompensado por la “Revolución” al igual que lo fuera en su momento Iván Rincón Urdaneta. Premiado con una posición como miembro del máximo tribunal de la República, y con el tiempo, quizás, como debida y agregada recompensa a la obsecuencia que demostrará en sus hechos y sentencias, la presidencia de ese alto tribunal.

Así las cosas

Son muchos los hechos en el ámbito de esta aberrante dinámica que con el tiempo, una tras otro evento, han convertido de hecho y de derecho a la Administración de Justicia en una “justicia administrada” por el Ejecutivo. Y conste que tan sólo hemos mencionado hasta ahora, dos hechos de ocurrencia al interior de la maquinaria. Existen otros de no menor importancia que se gestan y ocurren en su periferia y que nos señalan que si bien el monstruo de la “justicia administrada” se ha movido y se mueve con soltura al interior de los órganos del Estado, también lo hace abierta o soterradamente con igual o equivalente presteza desde fuera de este limitado ámbito.

Una muestra

Recordemos que cuando se organizó la “Comisión Coordinadora de Evaluación y Concurso para Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial”, una de sus primeras actividades fue la publicación de una “Lista Nacional de Jurados” (El Mundo 07/04/00, página 15 Deportes). En esa lista, además de conocidos y respetables juristas, nos encontramos sin sorpresa entre ellos con otros que, pareciera, no lo son tanto. En la línea nueve de la tercera columna se registra el nombre de Horacio Márquez Moreno. Abogado en ejercicio quien para el mes de enero del año 1970 se había ya juramentado y ejercía como titular del cargo de Fiscal Quinto del Ministerio Público. Hasta ahora, nada anormal a señalar en cuanto a los Actos Administrativos del Estado en proceso y ejecución para el mes de abril del año 2000.

Pero, aún y a pesar de las respuestas oficiales a las correspondencias y preguntas, por parte la Comisión y por órgano del Inspector General de Tribunales abogado René Molina Galicia, se desconoce aún quién postuló al abogado Horacio Márquez Moreno para formar parte de esa “Lista Nacional de Jurados”, siendo que, para la fecha en que él ejercía como Fiscal Quinto del Ministerio Público, enero de 1970, la Jefatura de Operaciones de la Disip ordenó y ejecutó su detención policial, por estar el abogado y Fiscal Quinto del Ministerio Público Horacio Márquez Moreno, directamente involucrado, convicto, en la planificación y en el secuestro del menor de trece años León Laurel (“… Tres jefes guerrilleros y un Fiscal del Ministerio Público son los secuestradores…”, El Nacional 27/01/70 página D1). Es más, las investigaciones ulteriores evidenciaron que la noche anterior al día del secuestro, en su propia oficina y escritorio, la Oficina del Fiscal Quinto del Ministerio Público, en presencia y con la coordinación del titular del Despacho, se ejecutó la última reunión de planificación del secuestro; reunión donde participaron los coordinadores de tareas y demás actores del crimen.

Sin embargo, quede también dicho en esta remembranza, Horacio Márquez Moreno y sus cómplices en el secuestro del menor León Taurel, a pesar de haber sido detenidos todos, recuperado el rescate, recopiladas e incorporadas a los informes policiales y las confesiones y declaraciones oficiales de los implicados y testigos, del acumulado de todas las evidencias pertinentes al caso, jamás fueron juzgados, menos aún sentenciados y condenados por ese crimen. Tan es así, que de la detención preventiva y puesta a la orden del Juez de Instrucción competente, la causa se desacelera y de allí, en algunos pocos años, definitivamente mientras el asunto perdía interés y vigencia en los medios de comunicación, tanto el abogado Horacio Márquez Moreno como todos y cada uno de sus cómplices en el secuestro del menor León Taurel, y por expresa decisión política del Ejecutivo, quedaron todos en libertad plena, sin condena, y, como es de observar, en ejercicio pleno de todos sus derechos, hasta el punto de esta evidenciada pretensión del citado Horacio Márquez Moreno, de formar parte de una Junta Calificadora de Alto Nivel Profesional para la verificación de credenciales y selección de candidatos a cargos en el Poder Judicial venezolano.

La Sociedad Civil

Salvo las informaciones de prensa sobre uno y otro crimen y las opiniones que a instancia de los periodistas uno u otro profesional y ciudadano individualmente haya emitido, silencio en la Sociedad Civil; no recordamos reacciones en ese ayer del secuestro del menor León Laurel y de la liberación de los secuestradores; tampoco en aquel de las múltiples desapariciones y crímenes alrededor del secuestro del menor Rafael Antonio “Macho” González, luego de los Pozos de la Muerte, y las ulteriores decisiones ejecutivas tomadas y ejecutadas para silenciar estos crímenes; menos aún recordamos alguna derivada de la designación como miembro y luego como Presidente del Tribunal Supremo de Justicia del abogado Iván Rincón Urdaneta y luego, jubilado éste, con su designación como Embajador en El Vaticano. Insistimos, no observamos ante aquellos hechos reacción adversa alguna en esa llamada Sociedad Civil; pero es que tampoco la observamos en su momento con el brutal asesinato del Fiscal Danilo Anderson y tampoco ahora en este momento, tanto con las evidenciadas manipulaciones de aquellos momentos y por años por parte del titular de la Fiscalía General de la República, como con las más recientes pretensiones manifiestas del ex Fiscal General abogado Julián Isaías Rodríguez Díaz, de ocupar una posición al interior y como miembro del Tribunal Supremo de Justicia.

¿Puede entonces esa Sociedad Civil, pretender y menos aún exigir una justicia distinta a la que a diario queda evidenciada como “justicia administrada” con y en las decisiones del Ejecutivo?

Y “llegamos al llegadero”

Quizás sea éste, entonces, el verdadero fondo del indiscutido asunto de la política de la anti política.

Dijo en su momento Casamayor “… Nadie está dispuesto a acabar con la maquinaria de la cual ha de servirse cuando llegue al poder…”.

Válida en todo su sentido y connotación la expresión, en cuanto a los mecanismos llamados intermedios; aquellos que interpretando y aglutinando intereses comunes vinculan estrechamente a gobierno y gobernados; entre ellos, como los más conocidos y reconocidos actores: los partidos políticos.

Sin embargo, antes que éstos, otros mecanismos intermedios existen y deberemos mencionar; nos referimos a las organizaciones colegiadas, gremiales o profesionales que en toda comunidad humana se estructuran alrededor de muy determinados intereses; si se quiere, específicos en su expresión material. Se trata de las organizaciones colegiadas que aglutinan en su seno a individualidades de una misma profesión, actividad e intereses al interior de la sociedad; que por esa misma razón responden a sus intereses comunes entre ellos y que cooptando los mejores dentro de sus agremiados organizan los mecanismos y medios de acción que tanto les representan como les dan vida pública y política, tanto frente a la sociedad como frente al Estado y más específicamente, frente a las decisiones de sus funcionarios.

Por razones del ámbito del tema nos referiremos a uno en particular, a este tenor nos dice Alberto M Herranz (Omeba III, Buenos Aires, 1992): “… Colegio de Abogados… organismo integrado por abogados que ejercen sus funciones en un determinado ámbito territorial (provincia, departamento, circunscripción, etc.), y que tiene por finalidad la de propender al ejercicio digno, honrado y eficiente de la profesión, cuidando que sus miembros cumplan estrictamente con los deberes y obligaciones que su alto ministerio les impone y propendiendo por todos los medios posibles a la jerarquización del mismo… se asimilaría al Colegio dentro del campo profesional, a lo que es un sindicato dentro obrero… ejercer una cierta función de control sobre el ejercicio de la profesión tendiendo a su práctica honesta, ética y leal… dentro de la tendencia oficialista se asignan a los Colegios funciones importantísimas:… 1 gobierno de la matricula profesional; 2 potestad disciplinaria sobre sus miembros respecto a las faltas de ética en el ejercicio de la profesión…”.

Si el órgano intermedio de relación entre gobierno y gobernados, denominado o registrado como Colegio de Abogados primero, existe en Venezuela; segundo, si uno y otro de los abogados citados están inscritos en una u otra de sus distintas oficinas regionales o centrales; tercero, si los hechos, decisiones, el hacer y el dejar de hacer referido de uno u otro, por cualesquiera sean las circunstancias pudiere ser o fuere considerado, ayer, hoy o mañana, como actos violatorios de principios, normas, acuerdos o de simples y tácitas normas de conducta profesional, resulta evidente que, con sujeción a la definición que hemos trascrito y aceptamos del término Colegio de Abogados, debió existir y debe ahora existir, algún pronunciamiento de quienes, en función de sus intereses profesionales, representan a los ciudadanos que tiene como profesión y actividad, el Derecho.

Esa es cuando mínimo la primera reacción que se espera al interior de una sociedad moderna ante hechos que, además de escandalizarla, en términos generales la lesionan tanto como colectivo, como en las individualidades de cada uno de sus integrantes; más aún, la materialidad de esa grave lesión se expresa definitivamente en una inexistencia del Estado de Derecho; por tanto potencial o realmente, lesionan derechos humanos, políticos, sociales y de cualquiera sea otro el género que podamos seleccionar en la relación del ciudadano con el Estado y de éste con sus gobernados.

En cuanto los partidos políticos, órganos llamados a concitar intereses comunes a un significativamente mayor número de individualidades que aquellos unidos alrededor de los particulares intereses de los Colegios Profesionales y Sindicatos, nos basta con observar el silencio y la incapacidad manifiesta, cuando no la cobardía con la que se presentan y operan al interior de la sociedad y especialmente, frente al Estado y sus funcionarios. La Sociedad Civil espera de ellos, lo que no están, por la propia voluntad de sus dirigentes, en capacidad de dar; no tienen mensaje porque, son y representan quizás, la más depurada expresión de la anti política. Esa es su tragedia, que no comprenden, pero también es cierto no quieren comprender por tanto no pueden explicarse ni explicar. En cuanto a ellos, los partidos políticos, la citada expresión de Casamayor, es la mejor explicación y su mejor definición, sólo que, parodiando la otra cita, les cuesta pensar y prefieren todo pensado. De allí estos partidos políticos y su sempiterna evasión al conflicto y la ya habitual aplicación de ley del menor esfuerzo; si no hay que rendir cuenta, lo demás viene siendo a lo sumo un desempeño exquisito, cuando menos necedad. Juntas, eslabonadas y aplicadas las tres principales características del hacer y del dejar de hacer de la política y del político venezolano contemporáneo.

Y esto vienen impuesto por la aberrante práctica a la cual los partidos políticos, luego de grandes, enormes avances políticos propios a una dirigencia que sabía qué, cómo, dónde y cuando durante el primer período luego de la caída de Pérez Jiménez, substituida esta dirigencia por otros que no calzaron las botas para atender el reto; huérfana la sociedad puesto que sus dirigentes se acostumbraron y es su consistente conducta política tanto de su hacer como de su dejar de hacer frente al país, a no pedir… tampoco a rendir cuenta. Y ese es el texto y el contexto donde se ha movido y se mueve la llamada izquierda venezolana; para limitar geográficamente el tema de la nota.