La última información sobre la inseguridad en Venezuela, disponible en los medios de comunicación, es el informe “El Delito como factor de inseguridad ciudadana”, y de allí extractamos: “… El 98% de los casos de homicidio [son] con armas de fuego… 60% de los cadáveres [tienen] heridas por más de cinco disparos… En el 36% de los casos registrados las víctimas son jóvenes de entre 15 y 29 años… De mantenerse la tendencia del Primer Semestre 2009, se registrarán unos 18.436 homicidios en el país al final del año… Venezuela tiene una media de 40 muertes diarias y 52 homicidios por cada 100.000 habitantes a final de 2008…” (INCOSEC): Un asesinato cada 37 minutos.
La proyección sensacional
Significa en otros términos que al cierre de este año y según esa
proyección, la tasa en Venezuela será de 68 asesinatos por cada 100.000
habitantes, lo que significará un incremento neto del 30% con referencia
al año 2008.
Siendo así y manteniendo la misma relación y tendencia, de la tasa de
130 homicidios por cada 100.000 habitantes que se registra en la región
capital según Roberto Briceño León, pasaremos a 169 asesinatos por cada
100.000 habitantes.
Es decir, si nos aventuramos en la proyección y manteniéndose sin
mayores modificaciones las tendencias, para el final del año 2010 en la
región capital con una población estimada de 2.163.610, la tasa será de
219 asesinatos por cada 100.000 habitantes y para el resto del país, con
una población estimada en 28.113.041, sin mayores saltos o picos
estadísticos, la cifra será de 88,4 asesinatos por cada 100.000; lo que
arrojaría un total de asesinato igual o mayor a 24.851: Un asesinato
cada 21 minutos.
Al amanecer del primero de enero del 2011, serían un total de 193.287
asesinados si al acumulado existente hoy de 150.000 asesinatos en diez
años, se suman los ocurridos en estos dos últimos años proyectados;
significa sin lugar a dudas, apenas a 152 días más de asesinatos diarios
para alcanzar la cifra de 200.000 asesinados en doce años de revolución
bolivariana.
Es sólo sensación, según el experto
“… Inseguridad ciudadana y show penal: lo mediático sobre lo real; lo
‘urgente y coyuntural’ devora lo importante y trascendental…” subtítulo
del punto 1.3. de las reflexiones del Magna cum Laude UCV, abogado
Keymer Ávila, integrante del equipo de expertos quien, además de
Asistente del Fiscal General de la República, asesora al gobierno en
materia de Policía Nacional.
Afirma en su profundo análisis: “… la Política Criminal, instigada por
los medios de comunicación social, se caracteriza comúnmente por la
búsqueda de respuestas simbólicas e inmediatas a costa de los derechos
humanos… Su objetivo es brindarle a la población la sensación de que se
está haciendo algo… lo importante es el show… Las empresas de
comunicación dieron una impresionante publicidad a cuatro casos…: 1)
Asesinato… en el sector Kennedy…; 2) Secuestro y… asesinato de los
hermanos Faddoul y su chofer; 3) Asesinato… [de] Filipo Sindoni y 4)
Asesinato del sacerdote Jorge Piñango… que alentaba la retoma de
acciones callejeras con fines políticos… Allí se evidenció, nuevamente,
la influencia que tienen las empresas de comunicación en la sensibilidad
de las masas, utilizando como instrumento al fenómeno ‘inseguridad’ para
manejar los miedos colectivos…”
“… ¿Qué tenían en común esos cuatro casos?: 1) El repudio y la
consternación colectiva...; 2) Presunta participación de funcionarios
policiales…; 3) Que las víctimas tenían poder de reclamo social…; 4) La
intencionalidad política de las empresas de comunicación social para
utilizar el dolor y generalizar estos hechos convirtiéndolos en una gran
oleada de ‘inseguridad’…”
“… ¿Qué se buscaba con esto?... 1) Que el gobierno reaccionara de manera
violenta y autoritaria… 2) Dar la mayor publicidad posible al deterioro
y abuso de la institución policial… 3) Que los sectores de la clase
media… crearan desórdenes callejeros… y 4) Llevar al máximo los miedos
colectivos para su manejo político-electoral…” (Revista Electrónica de
Ciencias Jurídicas RECJ.06.02.09)
La línea política
No fue entonces una ligereza la tajante afirmación de la Trabajadora
Social egresada también de la UCV y actual detentadora del cargo de
Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez: “… La idea en este
momento es, primero, reducir la sensación de inseguridad que tiene el
pueblo y darle herramientas como mayor formación de los policías, entre
otras cosas…” (Semanario Informe, viernes 310709).
Esa afirmación oficial de que el problema de inseguridad en Venezuela es
sólo una sensación, tiene entonces, a los efectos, un sustento
pretendidamente técnico y se soporta, como hemos visto, en un
pormenorizado análisis realizado, escrito y publicado en febrero de este
año por un académico de las más altas calificaciones universitarias y
profesionales, quien ejerce como vemos, entre otras actividades, el
cargo de Asistente de la Fiscal General de la República.
Pero… siempre hay un pero
Para cualquiera fuere el ciudadano común, experto o no en la materia,
que pretenda o intente comprender las interioridades del tan complejo y
grave problema de la inseguridad que le afecta a él, a los suyos y a la
comunidad –sea ésta una sensación o no–, frente a un texto supuestamente
técnico firmado por alguien de tan especialmente acabadas calificaciones
universitarias, si bien por una parte le resulta cuesta arriba y casi
imposible poner en duda el contenido en sus términos, análisis, soportes
y conclusiones; por la otra, le resulta muy complejo asimilarlo cuando
algunos factores ajenos a los estrictamente técnicos, expresamente se
introducen o mezclan en el contenido.
Frente a esos iniciales argumentos que hemos extractado del informe, que
si bien pudieren ser muy válidos o validados detalles propios a los
libretos discursivos en el juego políticos, o en descargo ante una
evidenciada o manifiesta incompetencia, difícilmente pueden ser
considerados o tomados en cuenta fuera de ese estricto ámbito: El
político. por tanto, no en el orden técnico, puesto que un informe
pericial de cualquier tipo, independiente de las altas calificaciones
técnicas de su autor, tiene que ser y debe ser técnico; de allí el
cuidado que se debe prestar en cuanto a los esquemas argumentales sobre
los que se pretendan soportar algunos criterios o conclusiones.
El informe sobre la inseguridad, o es técnico o no lo es, y si es
político, como pareciera ser el caso, no necesariamente es y puede ser
considerado técnico. Y esto lo podremos dilucidar, comparando sus
detalles con las realidades que vive a diario el ciudadano, con esos
impresionantes hechos del cotidiano acontecer que le acogotan. Y no
queda otra alternativa: Frente a la argumentación política, la
contra-argumentación en el mismo campo y sentido.
Duda razonable
No estamos al cabo de saber si el asunto o la política de inseguridad de
la cual se trata revela de: a) una secreta competencia revolucionaria
con fines históricos, o más bien, quizás –a lo mejor– b) una
transposición de términos en una dirigida acción revolucionaria y en vez
matar a la pobreza, condicionando el ambiente social se hace la
provisión de los medios necesarios y mediando un alimentado, consciente
y voluntario laissez faire laissez passer se impulsa por una parte la
inseguridad y por la otra, expresamente, se está dejando que los pobre
se maten entre sí –a imagen y semejanza de lo que sucede entre la
población penal recluida en las ergástulas que tienen por cárceles– en
cuyo caso, bien entendido queda, falta mucho cadáver por ver y mucho por
contar.
Fidel Castro, asumiendo por completo responsabilidades y derivados, en
más de 612 meses de vigencia de su revolución, en los
institucionalizados y públicos lugares denominados “El Paredón”, al
mando directo o indirecto (vía Che Guevara) de los pelotones de
fusilamiento y a la voz de fuego, ha llegado a asesinar a un total
aproximado no menor a 20.000 seres humanos: Un promedio de 32 mensuales.
Las cifras de la revolución venezolana salvo este precedente
revolucionario, no tienen otro en toda la historia latinoamericana: En
la revolución de Hugo Chávez, sin nadie que asuma responsabilidades y
derivados, sin “Paredón”, sin pelotones de fusilamiento, y sólo
distribuyendo armas individuales, repartiendo y manteniendo el
suministro de municiones entre los afectos, los allegados, los
asociados, los salariados y los delincuentes comunes –y no tan comunes–,
en menos de un cuarto de ese tiempo, 144 meses contados hasta el
31/12/2010, va camino a multiplicar por diez esa cifra record de
fusilados hasta ahora en manos de Fidel Castro, con un promedio estimado
de 1.342 asesinados mensuales.
Y si fuere el aspecto técnico la consideración
Puesto que el material sujeto a observación versa sobre el tema de la
policía de investigación criminal y con un determinado objetivo
destinado a imponer una futura y forzada adscripción del órgano de
ejecución material de las operaciones y medidas de policía destinadas a
la investigación de los delitos a la Fiscalía General de la República,
bien vale la oportunidad para referir al autor del texto considerado,
algunas acotaciones que, por cierto, siendo política, sin embargo no
parecieran formar parte del interés de los expertos, de la investigación
y del análisis en consideración.
1. La policía, independiente de la especialidad y del órgano de adscripción nacional, regional o local, por específicos principios y específicas normas vigentes en Venezuela, han estado y están adscritos y es función exclusiva de los órganos del poder Ejecutivo.
2. La Fiscalía General de la República o Ministerio Público, no es un órgano del poder Ejecutivo, en el nuevo texto constitucional, órgano del Poder Moral.
3. Las actuaciones o actos ejecutados por los funcionarios adscritos a los órganos de ejecución material de las operaciones y medidas de policía, en cualquiera fuere la situación o circunstancia, no son ni podrán ser consideradas jamás actos jurisdiccionales.
4. Existen diferencias muy substanciales entre la potestad para el misionamiento, mando, supervisión y control del órgano jerárquico de adscripción del funcionario policial actuante en cualquiera sea la circunstancia, y aquellas potestades propias y asignadas a unos u otros sean los órganos que por ley están llamados al ejercicio tutelar de y en las actividades de esos funcionarios de la policía, independiente de su adscripción orgánica.
5. Salvo que se modifique total y absolutamente el marco jurídico vigente, comenzando por el texto constitucional, no existe forma alguna que permita la adscripción de una Policía de Investigación Criminal a la Fiscalía General de la República.
6. La principal y más importante de las causas que han determinado y determinan o conforman la sostenida pérdida en las capacidades del Estado para el ejercicio del ius puniendi, como hemos sostenido por años en múltiples notas –y en la charla solicitada y dictada ante los Fiscales titulares el viernes 23 de mayo de 2003–, radica precisamente en el dirigido, continuo y sostenido solapamiento de actividades y de responsabilidades, donde en definitiva se materializan, toman forma, las tres características del sistema político y de la justicia en Venezuela: a) La evasión al conflicto; b) la ley del menor esfuerzo y c) la ausencia de rendición de cuentas.
Como queda suficientemente sustentado, el problema de la inseguridad en Venezuela, a pesar de todos los sesudos planteamientos, los elaborados informes y las expertas opiniones de los letrados y sus seguidores, es algo más que una simple sensación.
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