Desde la primera nota publicada bajo la pluma de OlgaK y denunciando
públicamente el affaire, la primera impresión que brinda el asunto del
asalto de comandos armados contra edificios de habitación, retrotrae
directamente a situaciones dentro del mismo contexto en cuanto a las
expectativas de potencialidades en el mercado, frente a los desempeños
de un nuevo gobierno de supuestos inexpertos de finales de la década de
los cincuenta y principios de los sesenta.
Sólo que hoy, cincuenta y un años después no puede ser ni es la misma
situación, y en todo caso ésta se presenta en condiciones
significativamente mucho más graves.
En aquel momento, derrocado el gobierno militar del general Marcos Pérez
Jiménez, nacía en la población la expectativa de un gobierno civil con
la pretensión de organizar un desempeño democrático del poder; hoy, por
el contrario, derrotada por las carencias de una dirigencia esa supuesta
expectativa de democracia, estamos en presencia de esa rara expresión de
neopopulismo militarista de izquierda, y viviendo los convulsivos
estertores del más ilustrativo e impresionante de los fracasos políticos
que haya conocido la historia en todas las centurias del gentilicio
venezolano.
Saltan a su vez las preguntas:
¿Es realmente un nicho de mercado existente, o se está en proceso de
creación de uno?
¿Cuál es esa nueva gama de productos y de negocio privados nacionales o
trasnacionales, que ingresan y tratan de invadir y de consolidarse en el
mercado venezolano?
¿De dónde y por qué tanta precisión en ese estimado de creación de
300.000 nuevos puestos de trabajo para una ganancia esperada de 300
millones de dólares. En otros términos: mil dólares por cada puesto de
trabajo creado?
Veamos:
Esto de los continuados asaltos contra edificios de habitación, donde un
grupo de unos muy bien organizados, pertrechados, disciplinados y
controlados operadores, con un inaudito despliegue de signos exteriores
muy particulares: Pautadas, rígidas y gráficas expresiones de violencia
mas no de real aplicación.
Que toman por asalto edificios y habitantes de conjuntos residenciales y
en la medida que avanzan en el tiempo y en la operación, capturan uno a
uno y a todos los moradores de la edificación seleccionada, luego
sometidos por un escenificado despliegue de armas, de actitudes, de
expresiones verbales y gestuales de amenazas de muerte o daño físico
contra civiles desarmados, en especial menores, discapacitados,
ancianos.
Todo en medio de pautas y conductas de organización en nada similares a
aquellas propias y conocidas de las bandas de delincuentes llamadas
comunes.
Delincuencia nada casual menos aún, común
El asalto, toma y secuestro de los habitantes de cada edificio demuestra
la ejecución de toda una operación “comando” con un expreso y
evidenciado esmerado control, soporte y apoyo externo a la edificación;
despliegue de precisas capacidades, de oportunidades, de habilidades y
de precisos objetivos manifiestos en la dirección, en las
comunicaciones, en medios de transporte y en la demás parafernalia del
antes del durante y del después muy, pero muy propias al mundo de las
operaciones militares o militarizadas; puesto que capturan, someten y
neutralizan a sus víctimas y las confinan amarrados o no en un lugar
bajo su directo control armado, para luego paulatinamente penetrar en
cada vivienda y saquearla a su antojo.
Eso, sin que esto haya producido hasta ahora, muertes, lesiones o daños
físicos en la población afectada; aún cuando en algunos casos, puedan
existir declaraciones de víctimas donde se señalen lesiones o
violaciones.
Todo esto para empezar, no tiene visos de delincuencia común, jamás.
Los tiene si, de acuerdo a las pocas versiones de las víctimas hechas
públicas, por sus detalles operativos muy especiales y que, en el menor
de los casos, requieren para su comprensión y tratamiento, de un visión
o perspectiva libre de pasiones o de angustias, y propias a un enfoque
muy sereno del asunto, puesto que se trataría de una mezcla de intereses
privados donde se juntan intereses políticos de gobierno, con otros de
muy diversos géneros.
Business is business
Comenzando por cierto por recordar, expresiones materiales de esa mezcla
del hacer del delito donde se entrelazan por un lado, las incapacidades
manifiestas, reales o supuestas en el desempeño técnico de los órganos
del Estado con la ausencia en la organización política y social de la
comunidad tanto para exigir y demandar de ese Estado el cumplimiento de
sus funciones como para dilucidar y comprender algunas agresivas
campañas de marketing, que por otro lado sacan ventajas de la falta de
información; manipulan situaciones y oportunidades con la creación o
aprovechamiento criminal de las condiciones políticas, jurídicas,
sociales y técnicas para asegurar la prospección y ulterior inversión en
uno de los más grandes negocios que puedan ser concebidos en momento
dado en una cualquiera sociedad sujeta a un régimen absolutamente
incapaz de ejercer como gobierno: La seguridad para las vidas y los
bienes de los habitantes de un territorio.
Perfectamente establecido ha quedado en estos diez años, la incapacidad
del gobierno de turno para atender el severo problema de la inseguridad
en Venezuela.
Es ese mismo escenario donde las policías han sido absolutamente
desnaturalizadas mientras han sido adaptadas para la siembra del terror;
actúan sin control ni supervisión alguna y como órganos de un partido,
de una facción y de los intereses privados de individualidades y
colectivos a su interior, que transitan y se instalan como bandas
interconectadas de delincuentes con placa, ávidos todos del dinero fácil
en manos de las víctimas reales y potenciales del crimen y de los
criminales.
De incompetentes y de comerciantes
Salvo las rimbombantes declaraciones de uno y otro funcionario
responsable o no por la seguridad pública, no existen ideas claras,
desempeños consistentes, menos aún política alguna que articule, imponga
y mantenga medidas concretas en el uso de los recursos disponibles;
menos aún, desempeños individuales y colectivos que demuestren en cada
caso, al menos, que los responsables designados por el gobierno en todos
y cada uno de los mandos políticos y técnicos de la policía están
suficientemente capacitados, que asumen el compromiso, cumplen con sus
obligaciones y rinden cuenta de los resultados.
En definitiva, de la actividad de un funcionariado que entiende la
magnitud y la gravedad del problema. Mas si existen, en la acera de
enfrente, aquellos que por años han venido afinando el olfato para los
grandes negocios y las grandes ganancias esperadas y muy a pesar de las
significativas coimas, comisiones y de porcentajes de participación en
acciones que tengan que pagar o comprometer con diputados, miembros del
gabinete de gobierno, de partidos, jefes de policías –nacionales,
regionales o locales–, y a uno que otro fiscal o juez si fuere el caso.
Brindan una buena muestra de lo estamos tratando: Más de 130 asesinados
por cada 100.000 habitantes en diez años, nada más en la ciudad capital
y de los cuales sólo el 7% de los casos eventualmente llega a los
tribunales, donde menos del 3% llega a una sentencia condenatoria,.
Nada nuevo
No menos de quince (15) edificios de habitación han sido asaltados y
parte importante de los apartamentos y familias que lo habitan, han
sufrido los derivados de un acto o secuencia de actos en extremo
violentos, con la amenaza directa, real, indubitable a las vidas y a la
integridad física de todos y cada una de los habitantes de la
edificación: Entre las víctimas afectadas, los infantes, menores,
ancianos, discapacitados y enfermos están incluidos.
La última incursión, en los conjuntos residenciales Juan Pablo II y
Montalbán III, donde una treintena de sujetos armados entre las 20:00 y
las 03:00 horas de un jueves para viernes se repartieron en los
edificios e interceptando a mano armada a los vecinos que llegaban a los
estacionamiento los capturaban y luego a voluntad saquearon unos y otros
apartamentos, para después de ello, llevarse los vehículos.
Por cierto, días después de este evento, en un enfrentamiento entre
policías de distintos cuerpos sale a la luz que miembros de distintos
organismos policiales civiles y militares, Guardia Nacional incluida: “…
decidieron enfrentarse a tiros por el reparto de un botín producto de
unos asaltos cometidos en condominios…” (El Universal 031109)
Lo más significativo del asunto a estas alturas, resulta ser el especial
impuesto silencio en todos y cada uno de los funcionarios responsables
por la seguridad pública en Venezuela, obligados a informar tanto a las
víctimas como a la opinión pública.
En lo técnico, silecio de los jefe de los cuerpos policiales, civiles y
militares, cuyos subalternos integraban ese particular “Comando
Unificado del Crimen”; mas aún, en lo político, silencio del de sus
jefes, presidente, ministros y alcaldes; silencio de los mecanismos
institucionales de control de desempeño de las dependencias de gobierno:
Asamblea Nacional, Fiscalía del Ministerio Público, Defensoría del
Pueblo y tribunales.
Privatizando lo público
En los iniciales años de esta llamada democracia, luego de la huída de
Marcos Pérez Jiménez, algunas situaciones puntuales en la seguridad
pública, fueron los derivados de definidos intereses privados de algunos
aventureros dispuestos a todo –en tiempo y lugar– en aquella coyuntura y
en función de crear las condiciones necesarias para ganar buen dinero
con la realización de uno u otro negocio y para el posicionamiento de
uno u otro producto y servicio en el potencial y emergente mercado de
consumo.
Aquel primer extraño asalto armado a una oficina bancaria en el centro
de Caracas. Un sujeto entró en la oficina de un banco y empuñando un
arma obligó a uno de los cajeros a entregarle el dinero de la taquilla;
hecho esto, con el dinero en la mano, salió del banco en carrera y tomó
a pié hacia la zona de La Pastora. Un vigilante de tránsito de guardia o
servicio en el área, alertado sobre el asunto, salió a perseguirlo y
logró alcanzarlo, dominarlo y detenerlo. El individuo, uno de origen
cubano, desempleado y contratado para ese fin en las calles de Miami y
recién llegado al país.
Para aquel momento, finales del año 1959, Carlos Andrés Pérez ejercía
como Ministro del Interior y a su lado, su siempre presente jefe de
seguridad, el cubano Orlando García Vásquez. Justamente, por intermedio
de quien, Luís del Pino Tous había estado afanoso tramitando la
posibilidad de abrir en Venezuela una filial de la empresa
norteamericana de transporte de valores Brinks.
Muchas gestiones y reuniones con diputados, miembros de partidos de la
coalición de gobierno, ministros, jefes policiales y potenciales
inversionistas, sin mayores resultados. Hasta ese primer extraño atraco
a una oficina bancaria, el primero en ocurrir en territorio venezolano.
Sorprendidos por el asunto, se despierta el interés del gobierno de
turno y de Carlos Andrés Pérez en especial, acicateado por su sempiterno
jefe de seguridad. Llaman a reunión al interesado, Del Pino Tous, y
recibe de éste en sus manos un primer informe de trabajo sobre el tema y
ya redactada la dispositiva Ejecutiva que legalizaría la actividad
privada de Transporte de Valores y de Vigilancia Privada en Venezuela.
He allí el verdadero origen del Decreto 599 dictado en aquella época por
Carlos Andrés Pérez, el Ministro del Interior en funciones.
Ese Decreto apenas mantuvo su vigencia por una semana. Revisado como
fueron en sus detalles en la Ciudad Vacacional Los Caracas por una
comisión del partido de gobierno tanto el informe privado como la norma
dictada, ésta fue sustancialmente modificado y dictado uno nuevo como
Decreto 699.
El mismo Decreto que desde aquella época a esta parte, ha regido la
actividad tanto de las empresas dedicadas a la Vigilancia Privada, como
de aquellas en la especialidad comercial del Transporte de Valores.
Decreto que como queda asentado, y pese a cualquiera sea la opinión en
contrario, no tuvo como origen la iniciativa de un gobierno en función y
en presencia de sus atribuciones y responsabilidades, sino más bien
sujeto a los intereses crematístico de particulares en aquel momento.
Otros parecidos desempeños
Pocas personas recordarán las verdaderas empresas endógenas venezolanas
dedicadas a la fabricación, envasado, distribución y venta de refrescos.
Para aquella misma época, posesionadas en el mercado venezolano existía
tres refrescos, una colita cuyo nombre no recordamos, la Grapette en
varios sabores y la Green Spot.
La característica distintiva de estos productos, eran sus particulares
envases de vidrio: Botellas pequeñas de no más de 300 cc de contenido; y
la Green Spot por su parte, una botella pequeña y de boca muy grande: Su
flanco más débil frente al nuevo producto que ingresaba y pretendía
consolidarse en el mercado.
La guerra de las botellas.
Los dueños de esa nueva franquicia, dispuestos a todo por capturar sino
el total buena parte del mercado de refrescos en el país.
Es así que, bandas contratadas expresamente a ese fin, en cualquier
paraje solitario de la ciudad interceptaban los camiones de las colitas,
de Gapette y de Green Spot, bajaban a los conductores y ayudantes que
mantenían apartados bajo amenaza de armas y de violencia, y procedían a
romper una por una cajas y cajas de botellas; asaltaban depósitos con el
mismo fin.
Así sacaron del mercado a la colita, la Grapette y la Green Spot y se
impondría como refresco en todo el territorio, la marca importada.
Sólo cuando otra franquicia importada de refresco con capital y
capacidad de disuasión suficiente para contener los desempeños
criminales del marketing de la marca en cuestión, dentro y fuera del
país, se impuso una obligada división del mercado de refrescos en el
país.
Otra área de mercado donde vale al efecto mencionar se impusieron
condiciones con tendencia monopolista, recordamos, fue aquella de las
pequeñas granjas avícolas. Fueron inversiones y actividades de
producción y comercio que fueron sujetas a condiciones adversas a su
plena libertad de ejercicio en una actividad económica, por su
dependencia en exclusiva de un solo y excluyente proveedor interno de
alimentos y otros insumos. Marketing-Mix de aquel complejo comercial
nacido e instalado en Venezuela desde la época de Isaías Medina
Angarita.
Inseguridad y negocio
En los inicios de la década de los ochenta comenzó una actividad de
marketing-Mix en el área de seguridad privada y de muy particular
desempeño en la ciudad de Caracas y que nos la recuerda precisamente,
estos nuevos desempeños con las tomas y asaltos a edificios de
habitación.
En aquella época los fines de semana, sujetos desconocidos penetraban
subrepticiamente en algunos edificios de habitación u oficinas y
procedían a romper por la parte inferior y a golpes de martillos o de
mandarrias o con pata de cabra las esquinas, ángulos, parte inferior y
áreas de bisagras de las puertas y rejas de entrada de algunos
apartamentos donde, luego de tocar con persistencia timbres y puertas,
quedaba evidenciado que sus habitantes no estaban para el momento de la
acción.
En algunas ocasiones, de acuerdo a las condiciones del momento,
penetraban a las viviendas, registraban todo, habitaciones, escritorios;
especialmente revolvían enseres, ropa y demás bienes; en ocasiones se
robaban algunas prendas y dinero efectivo si lo conseguían y se
retiraban del edificio sin ser vistos por otros habitantes del lugar.
Cuando regresaban los propietarios, constataban los hechos y entre unos
y otros vecinos, afectados o no, trataban de reconstruir los eventos,
sacar la cuenta de las pérdidas y a denunciar en los cuerpos de
seguridad la incursión de ladrones.
Hasta allí nada anormal desde cualquiera fuere la óptica de observación:
Unos ladrones aprovechando la ausencia de los moradores, penetraban a
varias viviendas y robaban.
Lo interesante a los efectos ejemplarizante, y de esta nota en el
particular momento de esta serie de asaltos a los edificios de
habitación, es lo que sucedía –y pareciera es acontecer– en los días
subsiguientes en todos y cada una de esas edificaciones asaltadas:
a) La policía, si bien recibía la denuncia, no prestaba absoluta
atención y jamás investigaba con pertinencia estas incursiones.
b) Al siguiente día y en los subsiguientes, por debajo de cada puerta de
cada apartamento de cada edificio, en los buzones o cualquiera fuere el
soporte que lo permitiera, aparecía el catálogo de las nuevas cerraduras
de seguridad disponibles en el mercado.
c) Paralelamente en la prensa diaria de circulación nacional, regional o
local, páginas enteras con la publicidad sobre las bondades de los
nuevos equipamientos de seguridad para las puertas de entrada de los
apartamentos
d) Luego, solicitada o no por los afectados de uno u otro edificio, la
visita de dinámicos y parlanchines promotores para explicar de viva voz
las ventajas de las nuevas cerraduras con dispositivos que bloqueaban
las puertas con tres gruesos pasadores arriba, abajo, de un lado y del
otro, lo que impedía que la puerta pudiese ser abierta de ninguna otra
forma que no fuese con la especial llave de seguridad.
e) Si la puerta original del apartamento no permitía la adaptación del
nuevo sistema de cerraduras de seguridad, simplemente se le ofrecía al
potencial cliente una puerta y una reja nueva, fabricada bajo pedido, a
gusto y especificaciones.
Marketing-mix
Sin temor a exageraciones o especulaciones no sustentadas ni
sustentables, una vez que hemos recibido y detallado las informaciones
de prensa sobre los asaltos a edificios y, luego los derivados
comentarios del experto en seguridad Marcos Tarre Briceño sobre las
recientes ofertas que ingresan al mercado de la seguridad en Venezuela,
para el ciudadano común queda en el aire las posibilidades, remotas
quizás, que relacionan el asunto.
Que sea o no una situación similar a la descritas y sucedidas en el
pasado, cuando las precarias condiciones del ejercicio de un nuevo
gobierno eran si no evidentes perceptibles, no estamos en condiciones de
asegurarlo, pero por aquello de la experiencia y de aquel decir popular
“… piensa mal y acertarás”, no podemos negarnos a comentar la especie.
No existe un Congreso independiente y capacitado para asumir con
propiedad el control del desempeño del Ejecutivo; tampoco existe una
Fiscalía técnicamente capacitada como para entender y abordar las
interioridades técnicas de una investigación de este tipo; tampoco
existe un Poder Judicial independiente ante quien acudir a dirimir la
especie en cuestión; por su parte, para la Defensoría del Pueblo en la
seguridad todo se resume a las sensaciones individuales y colectivas y
en todo caso, sólo defiende a quien le dio el cargo y le paga su sueldo
y demás canonjías.
En todo caso, aún siendo el objeto de las dudas, correspondería a
quienes tienen la específica responsabilidad en los órganos de ejecución
material de las medidas y operaciones de policía, investigar e informar
a plenitud si existe o no nexo en el asunto del asalto a los edificios
de habitaciones con estas evidenciadas deficiencias del Estado en la
prestación de su principal actividad y, ello, su correlato: Las nuevas
ofertas en el mercado.
Significativa la expectativa de la demanda:
“… Las policías municipales evalúan las propuestas presentadas por las
comunidades de varios sectores de Caracas… Transmisores que permitan una
rápida comunicación con los cuerpos de vigilancia, anillos de seguridad
de colores, uso de pitos y sirenas, cámaras, software especial en los
celulares y el botón del pánico son algunas de las iniciativas… ‘Es una
defensa creativa ante el miedo que genera la inseguridad’, dice la
psicóloga María Urreiztieta… Los vecinos de varios sectores de Caracas
han decidido organizarse y prepararse para contrarrestar la acción de
los delincuentes, que cada vez están mejor equipados. Las propuestas de
seguridad que las comunidades han presentado a sus respectivas policías
municipales incluyen desde pitos hasta dispositivos tecnológicos… En los
últimos 4 meses han sido perpetrados en la capital al menos 15 asaltos a
edificios…” (El Nacional 011109)
Significativo también, el desempeño de la oferta:
“… La semana pasada se celebraron en paralelo, en el hotel Tamanaco
Intercontinental de Caracas, el Congreso Internacional Seguridad
Electrónica y Tecnologías Globales de Seguridad y Protección Cisel 2009
y la exposición Segur Show 2009, patrocinados ambos por la Asociación
Venezolana de Ejecutivos de Seguridad, AVES, la Academia Superior de
Estudios de Seguridad y otras instituciones…”
“… Algunas de las conferencias dictadas fueron: Nuevos Paradigmas en
Monitoreo para Sistemas Electrónicos de Seguridad en Gran Escala… El
Rol de las Estaciones de Monitoreo en Países de Criminalidad Avanzada…
Transmisión de Video Vía IP y las Ventajas Tecnológicas para
Video-Vigilancia con Aplicaciones en Ciudades de Alto Riesgo… Los
Sistemas Inteligentes de Protección Integral y la Automatización para el
Diseño de Grandes Centros Comerciales… Las Ventajas de la Protección
Ejecutiva y los Sistemas de GPS… Los Sistemas de Integración Adaptables
a Grandes Corporaciones con Alto Riesgo en los Procesos…
“… se realizó una rueda de negocios con empresarios del sector de
Argentina y Brasil, para estrechar aún más los negocios y oportunidades
comerciales con los fabricantes de equipos y sistemas integrales de
seguridad… Valdemar López, organizador y alma de ambos eventos,…
Optimista como siempre, Valdemar López señaló: ‘Tendremos el escenario
indicado para fortalecer la industria de la seguridad integral en
tiempos de crisis global, y a la vez promover el crecimiento del sector
que anualmente importa equipos, sistemas, tecnologías y accesorios por
el orden de los 300 millones de dólares, generando a su vez más de
300.000 empleos en el país’…” (Marcos Tarre Briceño, El Nacional 011109)
Potencial: 300 millones de dólares al año
Si bien es cierto e indudable que el mercado potencial tenga ese valor
fijado o asomado por los expertos en Marketing-Mix, también es cierto
que, al igual o semejanza de uno cualquiera de los grupos armados que
operan libremente en el país, llámense ellos Carteles de la Droga, FARC,
ELN o FBL, quienes en sus áreas de asentamiento, como ha quedado
suficientemente comprobado, ejercen las actividades de seguridad que los
funcionarios públicos del régimen no se atreven a ejercer por cobardía,
o no deben ejercer o permitir que se ejerzan en función de las ganancias
económicas que les reportan, también se impondrá y será cierto entonces
la situación en las ciudades: Privatizando la seguridad, hay no menos de
300 millones de dólares a repartir; para empezar.
Y ese dinero sólo saldrá de los bolsillos de las clases altas y medias,
y por ahora y mientras puedan pagarlo y así, el resto de la población
queda desamparada en lo absoluto puesto que, cada ministro, diputado y
jefe de policía, ayer y hoy, recibiendo su parte, estará allí, en su
importante cargo, para evitar investigaciones, juicios y menos aún
condenas a quienes dirigiendo y dinamizando el nuevo nicho de negocios,
les garantizan ahora y después, la rentabilidad futura de su parte de la
torta y la presente del negocio con sus periódicos constantes y sonantes
pagos líquidos disponibles para su uso, o reservados para el cómodo
retiro.
Indiscutible, ayer, privatizando lo público, se aseguraron unos y otros
–funcionarios y particulares un futuro sin privaciones puesto que, se
dispararon las oportunidades y las grandes ganancias líquidas a
repartir; hoy, frente a la impunidad y la expresamente dirigida y
sustentada ineficiencia de los órganos de seguridad del Estado, si bien
no lo podemos asegurar sin pruebas, tampoco podemos negar el vínculo sin
pruebas irrefutables: Y Eso está por verse.
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