Influencias de la política neoliberal y keynesiana en el gasto público de México

Autor: Joaquín Perea Quezada

Fundamentos de economía

16-01-2008

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El gobierno mexicano sigue al pie de la letra las indicaciones de la OMC y FMI en la aplicación de las bases del neoliberalismo. Ha vendido la mayor parte de las empresas que se encontraban en manos del estado.

Se ha ocupado a ciegas del control de la inflación sin importar los efectos sociales que puede traer la contracción monetaria. Estimula la presencia de un tipo de cambio sobrevaluado favorable a los importadores de la nación. Descuida en forma absoluta la creación de empleos en el país. Fomenta compromisos con políticas protectoras de los derechos de los mexicanos ilegales en el exterior. Alienta en forma permisiva la desatención a las leyes antimonopolio permitiendo la presencia exagerada de violaciones a los derechos de mercado con ganancias extraordinarias y acumulación desmedida de capitales en perjuicio de los consumidores. Se ha limitado a las tareas básicas de la administración de la nación y a la realización de obras de infraestructura al servicio de los mexicanos y principalmente al fomento de las actividades de las empresas impulsando sus márgenes de rentabilidad. El apego exagerado a los principios neoclásicos lo ha llevado a adoptar los postulados keynesianos ocupándose de estimular la demanda efectiva y regalar dinero a la población marginada, para estimular el consumo a través de la creación de empleos improductivos.

El objetivo del presente trabajo es mostrar que el gobierno mexicano ante las empresas es promotor de la acumulación de capital incentivando los monopolios extranjeros y nacionales. Respeta los principios del neoliberalismo y a la vez es creador de la demanda efectiva al repartir dinero a través de la creación de empleos improductivos mediante el pago de salarios, subsidios becas y pensiones que bajan la presión del desempleo y evitan el desplome de la demanda efectiva que atenta con frenar el proceso de acumulación y concentración de capital de los monopolios nacionales y extranjeros.

Marco Teórico

El neoliberalismo se presenta como evolución de la teoría económica clásica y da respuesta a los problemas actuales, enfrentado al estado democrático a través de la imposición de sus objetivos primordiales como el individualismo, la atomización social y el predomino de las elites, sin preocupación alguna por la justicia social. Los supuestos de un escenario neutral donde interactúan iguales con especial atención al bienestar social es una falacia ante la presencia de monopolios que expresan la avaricia del capital en el control de los mercados.

Como una posible solución al problema del desempleo es la flexibilización laboral con la total libertad en el mercado del trabajo sin las presiones sindicales ni normativas legales o intervenciones estatales, reguladoras de las relaciones a la explotación excesiva de los recursos naturales y la mano de obra en beneficio de las élites monopólicas.

El control de la inflación se convierte en prioridad para el estado al demostrar que su presencia es desquiciadora de los nichos de las empresas para hacer negocios y que el dinero y la ganancia son asuntos demasiado importantes para dejarlos exclusivamente en manos del estado.

Al quedar fuera de los negocios productivos, generadores de ganancias, a cargo exclusivamente de las empresas, el Estado debe ocuparse de garantizar la seguridad de la propiedad privada, administración de la justicia, construcción y mantenimiento de obras públicas que al no ser rentables pero necesarias, garantizan el proceso de concentración de capital y el progreso social . El liberalismo económico se justifica en función de los intereses de la élite empresarial como grupo social dominante donde los intereses de la sociedad en general son irrelevantes.

No obstante que el neoliberalismo impone una reforma política para minimizar el estado y excluir su injerencia en el proceso económico privatizando todos sus activos y contrayendo drásticamente el gasto social, se identifica con tres “tipos de políticas : la económica orientada a la expansión de mercado de bienes y capitales, la gubernamental ocupada en reducir áreas consideradas irrelevantes para la continuidad del desarrollo capitalista, y la cultural ocupada del fortalecimiento de los valores “posmateriales”, como la autonomía, la autorrealización, el cultivo de los valores tradicionales, el patriotismo, la ética convencional de la familia y la cultura popular. Esta última como condición indispensable en la población trabajadora para renovar la fuerza de trabajo, dispuesta a aportar valor y calidad al consumidor en los bienes y servicios que produce, como requisito fundamental en el proceso de concentración de capital.

El neoliberalismo impone una economía de mercado interna, a través de la liberalización de precios y de mercados; y externa, basada en la apertura comercial y financiera. En las relaciones laborales el trabajo se reorganiza alrededor de la flexibilidad del salario conforme a sus pautas, hecho que impone a las empresas a través del estado la necesidad de neutralizar a los carteles sindicales y la reducción de la clase obrera, como realidad político-organizativa, de una fuerza de trabajo, a un agregado de individuos.

La subordinación del estado y la sociedad ante el neoliberalismo puede ser de dos tipos. La positiva cuando el sistema administrativo crea las mejores precondiciones oportunas para el desarrollo económico social y político y la negativa cuando la administración se relaciona con el sistema capitalista de un modo que limita el crecimiento económico y social y aísla de dicho sistema el progreso y el desarrollo.

El estado mexicano influido por esta tendencia acató fielmente el acuerdo realizado con el FMI en 1982 y se dispuso a vender las empresas públicas. Esta decisión lo llevó a reducir el gasto programable de Organismos y empresas de control presupuestal del 15.7% sobre el PIB en 1981 al 6.22% en el año 2006.

Además de la venta de algunas empresas y el desmantelamiento de otras como las agroindustrias y financieras agrarias que desaparecieron en manos de los líderes agrarios, los recortes realizados por el Estado en la inversión a las empresas de control presupuestal fue evidente. De la misma forma, las inversiones realizadas por las diferentes Secretarías de Estado se vieron disminuidas como se evidencia en el gasto programable del Gobierno Federal que en 1981 representaba el 15.17% fecha en que inicia su descenso hasta detenerse en el 7.89% en el año 1990. A dos años del sexenio del Presidente Salinas la participación del gasto del Gobierno Federal inicia un tibio ascenso en los siguientes 15 años hasta situarse en el 12.25% sobre el PIB en el año 2006.

La compra de las empresas privadas por el estado para estimular la demanda efectiva se consideró necesaria en su momento como una alternativa para impulsar el empleo y organizar las actividades empresariales en el país, al liderar la inversión, como estrategia que impulsara la demanda efectiva. Hecho suficiente para suponer que las políticas de intervención del estado en la economía eran avaladas por las teorías keynesianas.

Es conveniente señalar que el supuesto de intervención del estado en la economía como inversionista único o socio no es el objetivo de la teoría keynesiana, ya que “no es la propiedad de los medios de producción lo que le conviene asumir al Estado. Si este es capaz de determinar el monto global de recursos destinados a aumentar estos medios y la tasa básica de recuperación de quienes los poseen, habrá realizado todo lo que le corresponde… sin necesidad de romper con las tradiciones generales de la sociedad”

Una vez logrado el pleno empleo se restituyen los principios neoclásicos, pero si los controles centrales logran establecer un volumen global de producción correspondiente a la ocupación plena tan aproximadamente como sea posible, la teoría clásica vuelve a cobrar fuerza. y a reinstalar sus postulados.

El Estado mexicano no solo se ocupa de generar empleos temporales en situación de crisis para estimular la demanda, sino que asume la responsabilidad de crear empleos de planta y garantizar el crecimiento de la actividad económica incorporando en el ingreso público los ingresos de las empresas propiedad del Estado y en sus gastos presupuestales los egresos exigidos por las empresas públicas para solventar sus necesidades cotidianas.

El objetivo central de la posición keynesiana es el crecimiento del producto nacional y de las variables que lo determinan al afirmar que cuando aumenta la ocupación aumenta también el ingreso global real de la comunidad. Cuando el ingreso real aumenta, el consumo total crece, pero no tanto como el ingreso.

Así, los empresarios resentirán una perdida si el aumento total de la ocupación se destina a satisfacer la mayor demanda de artículos de consumo inmediato. Para justificar cualquier cantidad dada de ocupación debe existir cierto volumen de inversión suficiente para absorber el excedente que arroja la producción total sobre lo que la comunidad consumirá cuando la ocupación se encuentre a dicho nivel.

Las tareas incorporadas al Estado al asumir una responsabilidad compartida con la iniciativa privada garantizaban la creación de empleos, el sostenimiento del gasto del Gobierno Federal, el gasto de los organismos y empresas de control presupuestal con recursos propios y la consolidación del control sobre la actividad económica nacional y la fuerza sindical.

El principio medular de la teoría keynesiana es la afirmación de que el ingreso depende del empleo, el empleo de la demanda efectiva, y la demanda efectiva del consumo y la inversión. Por lo tanto, el ingreso depende del consumo y la inversión. Los hombres se encontrarán involuntariamente sin empleo en el caso de que la oferta total de mano de obra dispuesta a trabajar por el salario vigente sea mayor que el volumen de ocupación existente.

La transición del Estado mexicano en 1982 de un sistema nacionalista protector de la actividad política, económica y social de la nación a un sistema de libre mercado que se caracteriza por la liberalización del comercio exterior, el sistema financiero y la inversión extranjera, tiene como objetivo una economía orientada hacia los mercados externos, la privatización de las empresas publicas y la desregulación de la actividad económica.

La estricta disciplina fiscal que busca el equilibrio ingreso gasto publico, que cancela el papel activo de la política fiscal para regular el ciclo económico, la erradicación de los desequilibrios fiscales previos mediante la reducción de la inversión y el gasto publico, elimina programas de fomento económico generales y sectoriales con una reforma fiscal orientada a reducir tasas marginales de impuestos a los ingresos mayores ampliando en contrapartida la base de contribuyentes y un adecuado marco legislativo institucional para resguardar los derechos de la propiedad.

Al inicio de su gobierno, el Presidente Miguel de la Madrid recibe un total de 1155 empresas, un gasto programable del Gobierno Federal como porcentaje del PIB del 12.19% y un gasto de organismos y empresas de control presupuestario del 15.7% Al final de su sexenio conserva solo 412 empresas vendiendo las desincorporadas como la automotriz, hoteles, tabaco, refrescos, restaurantes, textiles y farmacia entre otras. A partir de 1988 se procede a privatizar las empresas más grandes, entre las que sobresalen: PEMEX, CFE, CLYF, Fertimex, DINA, Sidena, Concarril, Sicartsa, AHMSA, Fumosa, Azúcar,S.A., Ferronales, FFCC del Pacífico, FFCC Chihuahua pacífico, FFCC Sonora Baja California, Capufe, Aeroméxico, ASA, Proformex, Fovigro, Propemex, Inmecafé, Conasupo, IMCE, Lotería, Pipsa, IMSS, ISSSTE, FUS, Indeco, D.D.F., Telmex, Metro, AHMSA, Mexicana de Aviación, Minas, y Siderurgia, Teléfonos de México, Nafin, Banrural, Banobras, Bancomext, Banpesca, Fina, Fira, Fomex, Fonei, Fogain, Fonep, Ficart, Prodel, Banca Múltiple y a febrero de 1990 se habían desincorporado 891 empresas conservando solo 264 . El gasto programable del Gobierno Federal reduce a esta fecha su participación en el PIB al 6.4% y el gasto programable de organismos y empresas de control presupuestario aun no detiene su caída al mantener para el año 2006 una participación sobre el PIB del 6.22%. El gasto programable presupuestal devengado por el sector público que se integra del gasto programable del gobierno federal, de organismos y empresas de control presupuestario del 24.58% ejercido sobre el PIB en 1980 inicia el descenso y se detiene hasta el año 1991 con una participación del 15.75%. Su comportamiento errático e inestable en los siguientes 6 años los lleva al 15.46% en el año 1999 iniciando su ascenso hasta el año 2003 con el 18.01% donde nuevamente inicia su caída al 15.39% en el año 2006 (véase cuadro No. 1).
El gasto no programable devengado del sector público presupuestario representó el 6.7% sobre el PIB en el año 1980, con una tendencia ascendente hasta alcanzar el 22.5% en 1987. En 1990 representaba el 12.75% y para 1991 se había desplomado al 8.34% continuando su descenso hasta concluir con el 6.0% en el año 2005 y 6.22% en el año 2006.

El gasto neto devengado por el sector público presupuestario calculado con la suma del gasto programable del Gobierno Federal, Gasto programable de organismos y empresas de control presupuestario y el gasto no programable, representó el 30.75% del PIB en 1980 hasta alcanzar en su mejor año, 1987 el 41.79%. Inicia su estrepitosa caída que no se detiene hasta el año 1998 con una participación del 21.58% sobre el PIB similar a la alcanzada en el año 2006 con variaciones poco relevantes en años intermedios. (véase cuadro No. 1).

La venta de las empresas públicas eliminó parte del gasto programable asignado a organismos y empresas de control presupuestal, pero también contrajo el gasto programable del gobierno en la inversión asignada a las Secretarías de Estado. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) que en 1980 ocupaba el 9.64% del gasto neto devengado por el sector público, para 1987 su participación baja al 5.92%. Con un comportamiento inestable en los siguientes 19 años la SEP alcanza para el año 2006 una participación del 6.72%. En 1990 la SEP contaba con 156589 escuelas y para el año 2000 el número alcanzaba las 213011. De las 56422 escuelas nuevas 25104 fueron para nivel preescolar, 16728 para primaria, 9125 para secundaria y 3721 para bachillerato. En los últimos seis años se han abierto solo 22983 escuelas de las que 14906 son para preescolar, se cerraron 981 primarias no obstante que el número de maestros en este nivel se incrementó en 14807. Se abrieron 4435 secundarias y 3573 Bachilleratos. Es evidente que el incremento de escuelas en preescolar indica un número razonable de alumnos que emigraron de preescolar a primaria de 1990 al año 2006, sin embargo no aparecen en la matrícula en las escuelas primarias ya que el numero de alumnos por maestro disminuyó de 23 en 1990 a 19 en el año 2006 y el número de escuelas también. Es evidente que las inversiones en escuelas primarias no aparece no obstante la demanda, sin embargo el número de maestros ha crecido, de la misma forma que el gasto por alumno. En 1990 la educación de cada alumno costaba al Gobierno Federal mil doscientos pesos. Para el año 2006 el costo sube a 16 mil pesos con un peso mayor en la educación superior donde cada alumno cuesta al Gobierno 48 mil ochocientos pesos anuales. Es manifiesta la crítica al nivel de formación de los alumnos en México y al proceso de deterioro continuo de la calidad educativa frente al nivel alcanzado por otras naciones no obstante el menor numero de alumnos por maestro y mayor el gasto presupuestal por alumno alcanzado. (Véase el cuadro No. 2).

Algo similar sucede en la Secretaría de Salud que en 1980 participaba en el Gasto Neto devengado del Sector público presupuestario con el 1.35% y en el año 2005 con el 1.70% (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información de la SHCP 2006,2007). Mantiene del año 2000 al año 2005 un incremento del 1.9% en el número de camas censables y del 4.5% en las camas no censables.(véase cuadro No. 3).

Un renglón que ha cobrado fuerte dinamismo en el Gasto Neto devengado del Sector Público son las Aportaciones a la Seguridad Social. En 1982 representaba el 0.8%, para 1990 ya alcanzaba el 1.74%, para 2000 se multiplica en 4 veces participando con el 6.93% y para el año 2006 se gasta en esta tarea el 8.97%. (Evolución del Gasto Público publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información de la SHCP 2006,2007).

Se puede afirmar que las inversiones productivas realizadas con gasto publico se han estancado, sin embargo, los empleos improductivos creados para impulsar la demanda efectiva aparecen en todas las secretarías incluida la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con su programa Procampo que apoya con subsidios y créditos a fondos perdidos a las zonas rurales. El plan de subsidios a los trabajadores que ganen menos de $ 7382.34 pesos, deducibles por los patrones de las declaraciones del impuesto sobre la renta que presenten al SAT a partir del año 2008.

El gobierno no se caracteriza por ser buen administrador, el derroche de recursos es una de sus cualidades. Al presupuestar cada uno de los órganos que lo componen generalmente solicitan más recursos de los que esperan utilizar. Si se tienen problemas para ocupar el total de los fondos asignados, no faltarán formas de justificar el gasto antes de aceptar que hubo excedentes en el presupuesto. Estos hechos provocarían recortes presupuestales en los años siguientes argumentando mala planeación o problemas en la ejecución de obras más que suponer eficiencia en la utilización de los mismos.

Las prácticas propuestas por Keynes ofrecen la oportunidad de impulsar la demanda efectiva con emisión primaria de dinero capaz de lograr la creación de empleos productivos y el crecimiento del ingreso nacional, sin embargo, el Gobierno Federal lo esta haciendo a través de la recaudación de impuestos que frenan la inflación y limitan el gasto de la población trabajadora e impulsan el consumo de la población improductiva. Es evidente que el objetivo no es lograr el crecimiento económico, ya que se inhibe la inversión y el consumo a través de los impuestos impulsando el consumo improductivo, sobre todo, de productos importados generadores de desempleo.

Esta tarea es necesaria para dar estabilidad a la economía sin inflación y a la vez ofrecer a las empresas oportunidades de crecimiento sobre todo al enfrentarse a mercados de consumidores potenciales carentes de capacidad de compra por falta de empleo en una economía definida como neoliberal globalizada controlada por monopolios, oligopolios, monopsonios y oligopsonios.

El artículo 28 constitucional establece la prohibición de los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. De igual forma, la concentración y acaparamiento en unas pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener alza de precios…con una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Sin embargo, la presencia de empresas que realizan impunemente estas prácticas con envidiables beneficios para sus empresarios es una práctica cotidiana en México.

The Economist del 30 de noviembre 2007 señala que los monopolios en México de mayor concentración se encuentran en las telecomunicaciones donde Teléfonos de México domina ampliamente el sector. En la misma situación se encuentran la cerveza, cemento, energía, bebidas suaves, televisión, transporte, banca, petróleo, medicina, distribución y venta de tortillas, controlados por monopolios o por pocos jugadores que ponen precios altos con grandes beneficios para los protagonistas ante la tímida intervención del gobierno creando enormes atrasos en el desarrollo nacional.

CONCLUSIONES

El Gobierno Federal ha incrementado el gasto público y ha intensificado los subsidios tratando de incrementar la demanda efectiva y el crecimiento del ingreso nacional. Es evidente la aceptación de la propuesta keynesiana para impulsar la actividad económica, sin embargo, se carece de un plan que imponga orden en el logro de los objetivos nacionales y regule el proceso de monopolización de capital nacional y multinacional. Se quiere crecimiento sin inflación, sin embargo, se impulsa la demanda efectiva pero se ata a la creación de empleos improductivos financiados con impuestos que limitan la capacidad de crecimiento de los sectores dinámicos con posibilidades de generar empleos productivos.

Los impuestos reducen la capacidad de compra de los consumidores pero pueden generar incrementos en el ingreso nacional si se invierten productivamente. La tarea de gastarlos en empleos improductivos sólo representa una reasignación del gasto pero no estimulan el crecimiento del ingreso. La propuesta de Keynes para lograr la expansión del ingreso no es regalar dinero proveniente de la recaudación de impuestos, sino de la emisión monetaria de pesos nuevos que permitan libremente el crecimiento marginal de la demanda generadora de empleos productivos. El riesgo que implica la emisión monetaria como detonador de la inflación ante un gobierno derrochador es evidente, sin embargo la experiencia sufrida en el pasado puede garantizar al Banco de México el nivel de expansión de la oferta monetaria, suficiente para permitir un crecimiento sin inflación.

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Joaquín Perea Quezada

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