Analizando el problema
Según el art. 4 de la ley 27867, ley orgánica de los gobiernos
regionales, establece que éstos tienen por finalidad esencial fomentar
el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión
pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo.
Del lo descrito anteriormente podemos afirmar que en teoría las regiones
deben fomentar el desarrollo en sus respectivas jurisdicciones, para
ello el gobierno central destina una partida presupuestaria anual, de
acuerdo a la cantidad de habitantes de cada región, también se tiene en
cuenta el canon que generan (puede ser canon minero, pesquero,
petrolero, hidroenergético, gasífero y forestal), y los recursos que
generan las propias regiones. El gráfico 1, indica que el presupuesto de
todas las regiones alcanzó unos 10 mil millones de soles; sin embargo,
el gráfico 2 nos demuestra que el promedio de gasto de ese presupuesto
ha sido sólo de 37%, una tercera parte de este porcentaje representa el
gasto corriente (pago de personal), el presupuesto regional del 2007 fue
mayor que el del 2006, el presupuesto del 2008 será de unos 71 mil
millones de soles, mayor que el del 2007, con lo cual se deduce que las
regiones tendrán un mayor presupuesto, para evitar una deficiencia en el
gasto durante el presente año se deben realizar modificaciones en el en
el SNIP, CONSUCODE Y PROINVERSION.
EL SNIP
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un sistema de
administración pública adscrito al Ministerio de Economía que tiene la
función de calificar la viabilidad de proyectos de inversión (un
proyecto de inversión puede ser la construcción de un carretera, un
hospital, refaccionar un colegio, etc.), de los gobiernos regionales y
locales, para lo cual tiene en cuenta la importancia y sostenibilidad
del proyecto de inversión municipal o regional.
El SNIP tiene la finalidad de administrar correctamente los presupuestos
de las regiones, es decir los gobiernos regionales obtienen el dinero
del presupuesto una vez que el SNIP ha aprobado el proyecto. El
economista P. J. Rourke, con cierta ironía fina, decía que otorgar
dinero a un gobernante "es como darle whisky y las llaves del auto a un
adolescente", con lo cual nos advierte del peligro que existe dar dinero
directamente a un gobernante, más aún cuando la nuestra Historia
demuestra que nuestros gobernantes no han sido ajenos a la corrupción,
por lo tanto la función del SNIP resulta ser vital para la eficiencia en
el gasto de los gobiernos regionales.
En este aspecto hallamos un doble problema, la centralización del SNIP,
y el deficiente sustento de los proyectos de inversión. El primero se
explica porque los funcionarios de SNIP despachan en la ciudad de Lima;
por lo tanto se hace complicado analizar un proyecto de inversión con lo
cual no puede existir un verificación personal del proyecto de
inversión, por lo tanto esta entidad debe descentralizarse. Es en el
SNIP dónde se demoran o no se aprueban los proyectos de inversión,
generando la protesta de los gobernantes regionales. El segundo problema
radica en la deficiente sustentación de los proyectos de inversión. Un
presidente regional debe ser ante todo un gerente; es decir una persona
que por profesión o experiencia sabe administrar los activos y activos
que tiene a su cargo; sin embargo, muchas veces los ciudadanos no eligen
a una persona con estas características, ese funcionario que no fue bien
elegido selecciona profesionales no idóneos para la elaboración de
proyectos de inversión, es decir no establecen su análisis de costos, no
proyectan sus ingresos futuros, no plantean las relaciones
costo-beneficio, no realizan la evaluación económica del proyecto;
muchos de los proyectos de inversión sólo establecen montos y la forma
como harán las inversiones, esto no basta, por lo tanto lo más probable
es que no aprueben el proyecto de inversión. El problema se agrava pues
con el “plan de austeridad” muchos gobernantes regionales no pueden
contratar los profesionales idóneos para los proyectos de inversión.
Las soluciones que se plantean, son diversas. Para algunos el Estado
debe crear, al igual que en Francia, una escuela de administración
pública, que inicie capacitando a los funcionarios públicos y luego a
los futuros funcionarios , pero esto solucionaría el plano teórico, por
lo tanto no sería una mala idea establecer que los funcionarios públicos
regionales deben tener una profesión ligada a las finanzas, y tengan una
experiencia previa de unos 5 años de ejercicio profesional. Debemos
entender que sin inversión no hay desarrollo, nuestro país tiene en la
actualidad los recursos que siempre hemos anhelado y no podemos dejar
pasar esta oportunidad.
EL CONSUCODE
El Consejo Superior de Adquisiciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE)
es la entidad adscrita al Ministerio de Economía, cuya finalidad es
supervisar las compras realizadas por las entidades estatales,
incluyendo las regiones y municipios. Su marco legal es la ley 26850,
una ley que contiene 324 artículos, la cuál resulta ser una ley muy
técnica, hace complejo el sistema de compras estatales.
Para describir un poco su complejidad, esta ley establece que cada
entidad debe programar un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
que es el presupuesto inicial aprobado por el titular de la entidad para
la Ley de Presupuesto, de acuerdo al PIA se aprueba se aprueba el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC). También
establece un registro nacional de proveedores (solo pueden contratar con
el Estado quiénes se hallen inscritos), unas cuatro clases de procesos
de selección, procedimientos de compra que con impugnaciones pueden
llegas a durar tres o cuatro meses. El caso que demuestra lo complejo
del sistema de compras es el caso de los patrulleros para el Ministerio
del Interior, que una ves concluido el proceso de compra, ésta se anuló
por deficiencias en el proceso de compra respectivo, en este caso se
mezcla la ineptitud de los funcionarios, complejidad en el sistema de
compras, hasta la actualidad no se ha podido comprar los patrulleros, en
consecuencia la inseguridad ciudadana aumenta y el dinero permanece en
las arcas fiscales.
Las soluciones a este problema complejo no son fáciles, el gobierno ha
propuesto ha propuesto de sea un organismo internacional sea quién
dirija los proceso de compra; en la actualidad se debe aplicar el uso de
la tecnología, ya existe el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado, que mediante a página web www.seace.gob.pe se
realizan las subastas inversas, se llama así porque gana quién ofrece el
menor precio, esta forma de contratación podría implementarse para los
procesos de mayor envergadura. Mi opinión es que los procesos de compra
mayores a los 10 millones de soles sean realizados por consultaras de
nivel internacional porque estas cuentan con los profesionales idóneos,
cuentan con una gran trayectoria y tienen prestigio ganado durante
algunas décadas .
PROINVERSION
Es la agencia gubernamental que tiene la finalidad de captar los
recursos de inversionistas privados para la ejecución de obras con gran
envergadura. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en la Región Piura, en
dónde se ha concesionado el servicio de agua (exclusivo de sedapal) con
buenos resultados; es decir, el Estado al no tener los recursos para
grandes obras permite que éstas lo realicen los agentes privados,
construyen la obra, la usufructúan por una determinada cantidad de años
y luego la revierten al Estado peruano.
Lamentablemente en los últimos años esta agencia no ha logrado fomentar
la inversión privada para determinados proyectos, por ejemplo el
presidente regional de Lambayeque declara para la prensa escrita , que
hace 3 años el gobierno regional encargó a Proinversión la ejecución de
la carretera Cayaltí – Oyotún, la vía tenía por finalidad unir
Lambayeque con Cajamarca, Proinversión hasta ahora no logra concesionar
la mencionada vía.
El problema en este aspecto es la dispersión de las leyes, existen leyes
referidas a concesiones por un lado, por otro a alianzas estratégicas,
join venture. La solución aquí es unificar las leyes referidas a la
inversión privada, en otros países existen las legislaciones de
asociaciones público – privada.
En nuestro país ya tenemos 29200 leyes, lo único que genera es un caos
en la administración pública, corresponde al Congreso unificar las leyes
en materia de inversión pública, de lo contrario el desarrollo no
logrará aliviar la pobreza en la que se encuentra sumergida nuestro
país.
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Director de la revista Law And Management..
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