Uno de los temas de mayor debate en el ámbito académico y político en los países latinoamericanos que a pesar de la incertidumbre existente ante el riesgo de una recesión mundial, han tenido en los últimos años tasas de crecimiento económico y mantienen proyecciones de que esta situación se mantenga, es el de las acciones que deben tomar los gobiernos ante las demandas de amplios sectores de sus ciudadanos de aprovechar los recursos existentes en una mejor redistribución de los recursos económicos que permitan mejorar su calidad de vida y disminuir las actuales brechas entre los sectores de mayores recursos económicos y los de menores recursos que generalmente representan el mayor porcentaje de la población. Para tratar este tema voy a tomar como ejemplo el caso peruano.
Si bien el contexto geopolítico y económico externo es incierto, ante el riesgo de conflictos regionales que pueden tener trascendencia global, y la crisis económica de la Eurozona y los problemas económicos de Estados Unidos, que agudizan los temores de una recesión mundial, los fundamentos macroeconómicos de nuestro país, y sus expectativas dan al Gobierno actual el respaldo suficiente para ser más redistributivo y poder cumplir con sus promesas electorales, especialmente en lo referente a los aspectos sociales.
Por citar algunos puntos, los ingresos tributarios del Gobierno Central durante el primer trimestre del 2012 ascendieron a 20, 877 millones de soles, registrando un crecimiento anual de 8.2% respecto a similar periodo del año anterior, las reservas internacionales netas según el último reporte del BCR al 27 de Abril ascendieron a 57,261 millones de dólares.
En tal sentido, si bien el contexto externo es un indicador para actuar con prudencia, también es cierto que se cuentan con los recursos necesarios para atender las justas demandas de diversos sectores del país, especialmente de los sectores más necesitados, para ser un elemento que contribuya a generar un clima de estabilidad y minimización de los conflictos sociales y también entre ellos al golpeado sector público que durante muchos años tiene congelado su nivel salarial y limitaciones en su infraestructura e equipamiento, siendo uno de los factores de la fuga de talentos, demandas laborales y que dicho sector no pueda cumplir con sus objetivos institucionales con eficiencia, eficacia y motivación e involucramiento del recurso humano existente.
