Procedencia o no para desaplicar normas legales por la administración municipal
Durante la gestión diaria pueden ocurrir situaciones en las que la instancia administrativa puede tomar decisiones que afecten los intereses de terceros, bien sea otra persona pública o particular; un ejemplo de ello es cuando un órgano – en ejercicio de competencias otorgadas por normas de rango nacional, estada o local – actúa dentro de las que le corresponden a otro.
Si una autoridad nacional concede una licencia de funcionamiento para un establecimiento comercial podría incurrir en una ilegalidad, de no cumplir con el procedimiento establecido para ello; por ejemplo, en materia de control urbano, ya que le compete al ámbito local o cuando no se cuenta con la licencia para el ejercicio de actividades económicas.
Si se toma el caso de una casa de juegos (bingo o casino) se puede entender mejor el planteamiento.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) asigna al Poder Nacional la legislación en materia de loterías, hipódromos y apuestas en general, correspondiéndole a la Asamblea Nacional aprobar los textos normativos en referencia con estas materias, conforme el procedimiento constitucional.
Por otra parte, la misma Carta Fundamental le permite al municipio dentro del elenco de ingresos propios, gravar la actividad de juegos y apuestas lícitas. Ello significa que los concejos municipales pueden aprobar ordenanzas en este sentido sin que implique interferencias entre ambos poderes.
Ahora bien, como quiera que los juegos y apuestas generen enriquecimientos que tienen su origen en las ganancias fortuitas, esto conlleva a una coexistencia con el Poder Nacional, puesto que a éste le compete gravarlas; tal es el caso del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Impuesto sobre Juegos y Azar (2007)
La Ley de Impuesto sobre la Renta (2007) establece gravamen para los juegos y apuestas, imponiendo la obligación al pagador de entregar al contribuyente, junto con el pago de las ganancias, un recibo en que conste el monto total de lo ganado y el impuesto retenido. En el mismo acto, entregará al contribuyente el comprobante de la retención respectiva; de igual forma, los responsables pagadores de dichas ganancias, deberán enterar en una receptoría de fondos nacionales el monto de la retención al siguiente día hábil a aquel en que se percibió el tributo.
Asimismo, el legislador nacional aprobó una Ley de Impuestos a las actividades de Juegos de Envite y Azar (2007), la Ley Nacional de Loterías (200/) y la Ley para el control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (1997); por vía de Ley Habilitante el Presidente de la República dictó el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley que suprime y liquida el Instituto Nacional de Hipódromos y regula las actividades hípicas (1999). De esto último existe la discusión doctrinaria acerca del carácter deportivo o lúdico de la actividad.
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) desarrolla postulados acerca del control urbano o tributación local.
Si la autoridad administrativa nacional en materia de casinos o bingos, siguiendo con el ejemplo, otorgara una licencia para funcionar a un establecimiento de estos sin que se cumplan con las exigencias legales para hacerlo en lugares con declaratoria como turística, fuera de hoteles con características especiales para ello, distancia de escuelas, hospitales, iglesias, entre otras; o no llevara a cabo la consulta pública, ¿Podría exigir la comunidad, un vecino o la autoridad municipal que se ordene el cese de ese comercio? ¿El amparo constitucional sería la vía idónea? ¿Cuál sería de no serlo? ¿Cómo se catalogaría el acto que permitiese eso?
